Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02187-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
7 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01
Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01
Demandante: LUIS EDUARDO HERRERA MONTILLA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento
del derecho.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 15 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:
«(…)
Primero: Amparar los derechos fundamentales del señor Luis Eduardo Herrera Montilla,
conforme a los argumentos expuestos en las consideraciones que anteceden.
Segundo: Dejar sin efectos la providencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicado 76001-33-33-001-2021-00189- 01.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que, en el término de
veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una
nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.
(…)».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Luis Eduardo Herrera Montilla, por medio de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados
por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia de fecha 31 de
octubre de 2022 en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en lo relativo
al reconocimiento y pago del subsidio familiar que debe devengar el actor en su asignación
salarial mensual con fundamento en las disposiciones del artículo 11 del decreto 1794 del
2000.
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se deje sin
efectos la sentencia de fecha 31 de octubre de 2022, en cuanto negó el reconocimiento del
subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.
3. Que una vez se deje sin efectos la providencia judicial, se ordene a la autoridad judicial
accionada, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a que profiera nueva sentencia en la
(sic) se declare que el actor tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado y pagado
conforme lo establece el artículo 11 del decreto 1794 del 2000 desde la fecha en que el actor
consolidó el derecho objetivo de reconocimiento de tal prestación.
4. Que se advierta a las entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el
incumplimiento de la providencia que su despacho profiera”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el derecho a devengar un
subsidio familiar para el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con
unión marital de hecho vigente, la disposición fue derogada con el Decreto 3770
de 2009. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014 ordenó
nuevamente el reconocimiento de dicho subsidio, «pero en una cuantía inferior». El
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 8 de junio
de 2017 declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.
El 17 de mayo de 2012 solicitó al jefe de Desarrollo Humano y jefe de Personal del
Ejército Nacional el reconocimiento del subsidio familiar y la entidad en Oficio
20125590587861 del 22 de junio de 2012, negó la solicitud porque mediante
Decreto 3770 de 2009 se derogó el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
La entidad reconoció el 25 % del subsidio familiar al señor Luis Eduardo Herrera
Montilla, discriminado en: (i) el 20 % por el matrimonio con la señora Sindy Jimena
Aguirre Rosero, según orden administrativa de personal 2024 del 30 de septiembre
de 2014, con novedad fiscal del 12 de julio de 2014; (ii) 3 % por su menor hija
Alisson Gabriela Herrera Aguirre, de acuerdo con la orden administrativa de
personal 2024 del 30 de septiembre de 2014, con novedad fiscal del 12 de julio de
2014 y, (iii) 2 % por su menos hijo Luis Emmanuel Herrera Aguirre, de acuerdo con
la orden administrativa de personal 1556 del 30 de mayo de 2019, con novedad
fiscal del 20 de marzo de 2019.
El 4 de marzo de 2020, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla solicitó al Ejército
Nacional el reconocimiento del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por considerar que le eran aplicables los efectos de la
referida providencia y la entidad, por conducto del Oficial Sección Ejecución
Presupuestal DIPER, en Oficio número 2020311000445721 MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DIPER-1-10 del 11 marzo de 2020, negó la
solicitud.
El señor Luis Eduardo Herrera Montilla ejerció demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo y, a título de
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restablecimiento del derecho, obtener el pago del subsidio familiar conforme al
Decreto 1794 de 2000.
El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, en sentencia del 24 de marzo
de 2022, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que, en atención al
principio de favorabilidad, al actor le era más favorable el subsidio familiar que
devengaba, esto es, del que trata el Decreto 1161 de 2014, porque consagraba un
porcentaje de reconocimiento de la partida superior al previsto en el Decreto 1794
de 2000, es decir, antes del año 2014.
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que se opuso a la
conclusión del juzgado, con fundamento en que el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 otorga un porcentaje y cuantía superior a la que se le reconoció al actor, el
cual es del 62.5 % del sueldo básico percibido por el soldado profesional, mientras
que, el Decreto 1161 de 2014 estableció un máximo de 26 % del sueldo básico, lo
cual era suficiente para promover la demanda.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 31 de octubre
de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia, porque se trató de un soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
debidamente reportada entre el 1 de enero de 2001 -fecha en que entró en vigencia el
Decreto 1794 de 2000- y el 29 de septiembre de 2009 -día anterior a la entrada en vigencia
del Decreto 3770 de 2009-, el parágrafo 1o del Decreto 3770 de 20091, estableció un
régimen de transición a su favor en el sentido de que seguirían percibiendo el
subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento de su salario básico mensual más
el 100% de la prima de antigüedad.
En ese sentido, concluyó que, el actor no tenía derecho al reconocimiento mensual
de un subsidio familiar equivalente al 4 % de su salario básico mensual más el 100
% de la prima de antigüedad, como lo prescribe el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 y sólo desde el 1 de julio de 2014, tiene derecho a que esa prestación se
compute en su asignación básica mensual en un 25 %, según el Decreto 1161 de
2014, tal y como la ha venido pagando el Ejército Nacional, así: 20 % por conyugue,
3 % por el primer hijo y 2 % por su segundo hijo, tal como se evidencia del acto
administrativo demandado.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
el defecto “sustantivo” por desconocimiento de precedente judicial, con fundamento
en los argumentos que se pasan a resumir.
Adujo desconocida la sentencia del 8 de junio de 2017, del Consejo de Estado,
Sección Segunda, concretamente, los efectos ex tunc otorgados a la declaratoria
de nulidad del Decreto 3770 de 2009, punto en el cual reiteró que el contenido del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, del artículo 1 del Decreto 3370 de 2009, de
la parte motiva de la sentencia del 8 de junio de 2017 que declaró la nulidad de este
último decreto, con efectos ex tunc, con fundamento en lo cual afirmó que el señor
1 “Parágrafo primero. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que a la fecha
de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio”.
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Luis Eduardo Herrera Montilla consolidó el derecho al reconocimiento del subsidio
familiar una vez contrajo matrimonio -el 11 de septiembre de 2009-.
Igualmente, mencionó que con la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, este resultaba aplicable a las situaciones jurídicas no consolidadas, en tanto
que, la misma Corporación negó las solicitudes de aclaración y adición de la
sentencia, en el sentido de indicar que los efectos ex tunc operan sobre todas
aquellas situaciones que, al momento de expedición del decreto declarado nulo -
Decreto 3770 de 2009- eran debatidas tanto en sede administrativa, como en instancias
judiciales.
En general, dijo que la providencia cuestionada no interpretó de manera sistemática
las normas que regulan el caso en concreto ni los efectos bajo los cuales se declaró
la nulidad del Decreto 3770 de 2009, mediante la sentencia del 8 de junio de 2017.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 9 de mayo de
2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, como
tercero interesado en los resultados del proceso, asimismo comisionó al Juzgado
Primero Administrativo de Cali, para que notificara a todas las personas que
intervinieron en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 76001- 33-33-001-2021-00189-00/01.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Primero Oral Administrativo de Cali informó que mediante sentencia
042 del 24 de marzo de 2022, resolvió la controversia suscitada entre el señor Luis
Eduardo Herrera Montilla y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
en el sentido de negar las pretensiones de la demanda y en relación con la comisión
para notificar a los intervinientes del proceso ordinario, comunicó que, revisado en
su totalidad el expediente no se advirtió parte adicional que debía ser notificada,
pues los citados conforman la parte activa y pasiva dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.
La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional señaló que la acción de
tutela de la referencia es improcedente porque la apoderada de la parte accionante
planteó en esta sede los mismos argumentos que fueron expuestos y discutidos en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de
junio de 2023, accedió el amparo solicitado, en la medida en que encontró
acreditado que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en la causal
específica de desconocimiento del precedente judicial, porque interpretó de forma
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inadecuada la sentencia del 8 de junio de 2017, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, toda vez que desconoció los efectos ex tunc con los que se
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
Explicó que, el tribunal demandado al resolver el litigio planteado, no tuvo en cuenta
que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, bajo dichos efectos, revivió
las disposiciones normativas del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, lo que
implicaba que para la fecha en que contrajo matrimonio el señor Luis Eduardo
Herrera Montilla, esto es, el 11 de septiembre de 2009, la norma se encontraba
vigente, de ahí que, resultaba aplicable para resolver si aquel tenía derecho al
reajuste del subsidio familiar.
Con todo, dijo que, si en gracia de discusión se admitiera la aplicación de la
segunda regla contemplada en la sentencia del 8 de junio de 2017, esta no se
ajustaría a la situación particular del señor Luis Eduardo Herrera Montilla,
comoquiera que aquel contrajo matrimonio el 11 de septiembre de 2009 y dicha
regla condicionó su aplicación a los soldados profesionales de las Fuerzas Militares
casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada, entre el 30
de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014.
Por tanto, concluyó que el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca no se compadeció con los lineamientos que realizó el máximo tribunal
de lo Contencioso Administrativo en la sentencia del 8 de junio de 2017, pues, al
resolver el litigio no tuvo en cuenta los efectos en los que se declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 y, en esa medida, las normas que debían emplearse para
resolver el conflicto.
8. Impugnación
La Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional impugnó la decisión de
tutela de primera instancia, para lo cual señaló que no está de acuerdo con la
sentencia de tutela de primera instancia, ya que el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca si acogió el segundo de los lineamientos.
Al efecto, se refirió a las tres reglas de interpretación que fijó el tribunal:
«[...] i) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho
vigente, debidamente reportada entre el 1 de enero de 2001 y el 29 de septiembre de 2009, tendrán
derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico
mensual más el 100% de la prima de antigüedad.
ii) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente,
debidamente reportada entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, no tendrán derecho
al reconocimiento mensual de un subsidio familiar porque al haber desaparecido temporalmente del
ordenamiento jurídico no tenían un derecho adquirido ni una expectativa legitima que les permitiera
exigirlo.
iii) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente,
debidamente reportada a partir del 1° de julio del 2014, tendrán derecho al reconocimiento mensual
de un subsidio familiar equivalente al 20% de la asignación básica mensual por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al
literal c. de este artículo, sin que pueda exceder del 26% [...]»
Explicó que, a partir del panorama fáctico, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla
en su condición de soldado profesional casado el 11 de septiembre de 2009, no
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tiene derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar, porque ese
beneficio no estaba previsto en la ley para ese entonces.
Sostuvo que, su situación particular encaja en la segunda regla jurisprudencial
fijada en el acápite que antecede, en la medida que se trató de un soldado
profesional casado entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, que
no percibió el subsidio familiar en vigencia del Decreto 1794 de 2000, por lo tanto,
no tenía un derecho consolidado ni una expectativa legitima, sino una mera
expectativa que ningún tipo de protección estableció en su favor la legislación
estudiada, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Alegó que, si se tratara de un soldado profesional de las Fuerzas Militares casado
o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada entre el 1 de enero
de 2001 y el 29 de septiembre de 2009, el parágrafo 1 del Decreto 3770 de 2009,
estableció un régimen de transición a su favor en el sentido de que seguirían
percibiendo el subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento de su salario básico
mensual más el 100 % de la prima de antigüedad.
Indicó que, a su turno, la Corte Constitucional también estableció respecto del
Decreto 3770 de 2009, que frente a situaciones jurídicas no consolidadas desde el
momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de
2014, se tendría que esta normatividad permanecería en vigor desde su entrada en
vigencia hasta nuestros días, por cuanto no ha sido expulsado del ordenamiento
jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.
En suma, sostuvo que el actor no tiene derecho el reconocimiento mensual del
subsidio familiar equivalente al 4 % de su salario básico mensual más el 100 % de
la prima de antigüedad, como lo prescribe el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
que, solo desde el 1 de julio de 2014, tiene derecho a que esa prestación se
compute en su asignación básica mensual en un 25 %, según el Decreto 1161 de
2014, tal y como la ha venido pagando el Ejército Nacional, así: 20 % por conyugue,
3 % por el primer hijo y 2 % por su segundo hijo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
La Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional impugnó la decisión de tutela
de primera instancia por considerar que, contrario a la conclusión del a quo, la
autoridad judicial demandada acogió la sentencia del 8 de junio de 2017, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, concretamente, el segundo de las reglas
allí fijadas por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en materia de
reconocimiento mensual de un subsidio familiar a favor de los soldados
profesionales.
Quiere decir lo anterior, que el fundamento concreto de la impugnación es que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí aplicó en debida forma los efectos de
la sentencia del 8 de junio de 2017, de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Al efecto, la Sala determinará si se debe o no confirmar la decisión de tutela de
primera instancia, para lo cual, encuentra necesario hacer el análisis del defecto
por desconocimiento judicial invocado, para posteriormente resolver el caso objeto
de estudio. Sin embargo, de manera previa, la Sala determinará si la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de
2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo,
cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos:
(i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce
de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos5.
En el presente caso, se observa que la demandante invocó la protección de
derechos de contenido fundamental y sustentó en debida forma las razones por las
que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en el desconocimiento del
precedente judicial.
Para esta Sala, la acción de tutela cumple con el referido requisito porque la parte
actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones por
las que la decisión afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera
legalidad o económico, los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi
de la decisión atacada, no se proponen argumentos adicionales que no fueron
expuestos en el proceso cuestionado y no se emplea el mecanismo como una
instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
medida en que la decisión de primera instancia negó las pretensiones de reparación
directa con fundamento en razones distintas a las que sustentaron la decisión de
segunda instancia cuestionada, por lo que, no es en estricto sentido una instancia
adicional.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión y
no procede de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos
que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se
satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda
vez que la sentencia de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue
proferida el 31 de octubre de 2022, notificada por correo electrónico el 11 de
noviembre de 2022, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 2 de mayo de
2023.
Adicionalmente, la Sala encuentra satisfechos los demás requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que los accionantes alegan una (iv) irregularidad
procesal que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
5
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio,
la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión
propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de
la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
8
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial invocado.
Del defecto por desconocimiento del precedente judicial6
Lo primero que conviene decir es que, el artículo 11 del Decreto 1794 de 20007,
creó el subsidio familiar a favor de los soldados profesionales, disposición que fue
derogada por el Decreto 3770 de 20098, sin embargo, posteriormente, fue expedido
el Decreto 1161 de 2014, que, a partir del 1 de julio de 2014, creó nuevamente el
subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales en
servicio activo, que no lo percibían a la luz del Decreto 1794 de 2000.
Así, resulta pertinente indicar que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en
sentencia del 8 de junio de 2017, declaró la nulidad total del Decreto 3770 de 2009,
con efectos ex tunc, lo cual generó la reviviscencia de las disposiciones normativas
contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y, que, valga decir, en nada
afecto la vigencia del Decreto 1161 de 2014.
Justamente, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en la
sentencia de 8 de junio de 2017 -que se cita como desconocida y como fundamento de la
impugnación-, en relación con la vigencia de las normas citadas en precedencia,
indicó:
«Para la Sala es claro que los soldados profesionales tuvieron reconocido el derecho objetivo
al subsidio familiar por razón o con ocasión de la previsión contenida en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, y que contrario a lo dicho por las entidades demandadas en sus
escritos de defensa, este derecho fue revertido, eliminado y suprimido por virtud de lo
normado en el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009, acto posterior que al derogar la disposición
que lo reconocía cesó por completo su vigencia al expulsarla del ordenamiento jurídico.
Salta a la vista entonces que las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009, en la
medida en que desalojan del universo jurídico el derecho objetivo a la prestación del subsidio
familiar para los soldados profesionales, constituyen per se un retroceso. Se trata de normas
regresivas que afectan el derecho al trabajo y a la seguridad social de estos integrantes de
las fuerzas militares, y por tanto, deben ser consideradas como inconstitucionales prima facie.
(…)»
En punto, a la aplicación del principio de no regresividad, precisó que:
«La constatación del carácter regresivo de una norma tiene efectos similares a la existencia
de un factor de discriminación de los manifiestamente censurados. Acarreando
preliminarmente una presunción de ilegalidad de la medida, y conduciendo a la realización
6
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente
para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo
caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical,
que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada
jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma
razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No
obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no
es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha advertido que el funcionario
judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y
suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con
anterioridad.
7 Que señalaba que el soldado profesional casado o con unión marital de hecho vigente tiene derecho al reconocimiento mensual de
un subsidio familiar equivalente al 4 % de su salario básico mensual más la prima de antigüedad, al tiempo que, establecía como
requisito para su otorgamiento que «el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando
de la Fuerza».
8 Con lo cual, los soldados profesionales perdieron el derecho a percibir el subsidio familiar.
9
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
de un control judicial más estricto de la razonabilidad, legitimidad y propósito de la norma.
Corresponderá, por tanto, al Estado probar su justificación. En caso de duda habrá que
resolverse contra la validez de la norma regresiva.
(…)
La Corte Constitucional respecto de la aplicación del principio de progresividad y no
regresividad, concretamente tratándose del tema pensional, cuando quiera que ha
encontrado una medida regresiva la ha reputado inconstitucional prima facie y por tanto ha
aplicado el “test de no regresividad”. No obstante, ha valorado si se trata de retrocesos o
normas regresivas que atienden derechos adquiridos o de mera expectativa, concluyendo
en la necesidad de acuñar una categoría intermedia de protección que denominó
“expectativa legítima”9
Fue así como a partir de la Sentencia C-789 de 2002, que la Corte Constitucional admitió
que no solamente era posible aplicar el principio de no regresividad cuando se trataba de
derechos adquiridos y no de meras expectativas, estableciendo la figura de las
“expectativas legítimas”. Concepto que hace alusión a que cuando se trate de un cambio
de legislación abrupto, arbitrario e inapropiado que conlleve a que se vulnere el derecho al
trabajo de manera desproporcionada e irrazonable, es posible aplicar el principio de no
regresividad.
En ese sentido se pronunció la Corte10 :
“Conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no puede transformar de manera arbitraria las
expectativas legítimas que tienen los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales aspiran a
recibir su pensión, como resultado de su trabajo. Se estaría desconociendo la protección que recibe el
trabajo, como valor fundamental del Estado (C.N. preámbulo, art. 1o), y como derecho-deber (C.N. art.
25). Por lo tanto, resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio del reconocimiento
constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el 75% o más del tiempo de trabajo necesario
para acceder a la pensión a la entrada en vigencia del sistema de pensiones, conforme al artículo 151
de la Ley 100 de 1993 (abril 1o de 1994), terminen perdiendo las condiciones en las que aspiraban a
recibir su pensión”.
Acorde con lo dicho, la Corte Constitucional definió el concepto de “expectativa legitima”,
aseverando que estas suponen “una probabilidad cierta de consolidación futura del
correspondiente derecho, si se mantienen las condiciones establecidas en una ley
determinada. Tales expectativas pueden ser modificadas por el legislador en virtud de sus
competencias, si ello se requiere para cumplir fines constitucionales, pero no pueden ser
modificadas de una manera arbitraria en contraposición a la confianza legítima de los
ciudadanos”11.
La tesis de las “expectativas legítimas” a decir de los doctrinantes Uprimny y Guarnizo, se
sustenta en los principios del Estado Social de Derecho, en la seguridad jurídica de las
personas en sus derechos, en el deber del Estado de realizar progresivamente los derechos
sociales y en el principio de confianza legítima. Además de conllevar a un juicio de
constitucionalidad más estricto al tener que valorar si el cambio de legislación fue
proporcional o no12.
En síntesis, toda modificación legal de carácter regresivo debe presumirse prima facie como
inconstitucional. Sin embargo, se debe diferenciar si la modificación trata de un derecho
adquirido o consolidado o si trata de una mera expectativa. En el primer caso, cuando
se trata de un derecho adquirido, el principio de no regresividad se aplica siempre teniendo
en cuenta el artículo 58 de la Constitución Política; pero cuando se trata de meras
expectativas, el juez constitucional tiene que valorar si se trata de una expectativa legítima
o no. Para establecer si se trata de una expectativa legítima se debe analizar si el cambio
de legislación fue desproporcionado, abrupto y arbitrario y no tuvo en cuenta los principios
de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto en consonancia con los
9
Corte Constitucional. Sentencia C-663 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-663 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda.
11
Corte Constitucional. Sentencia C-663 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda.
12
Uprimny, Rodrigo y Guarnizo, Diana. “¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de regresividad? “Un
enfoque desde la jurisprudencia constitucional Colombiana”. En: Http /www.dejusticia.com.
10
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
derechos de confianza legítima (art. 83 de la C.P) y protección especial del trabajo (art. 25
de la C.P.».
En conclusión, sostuvo:
«[…] la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009, que
suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados
profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva
y por tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los
que debería fundarse, sino también porque no es compatible con el contenido esencial de
los derechos a la protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda
vez que su objeto no se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los soldados
profesionales como integrantes de la fuerza pública en una sociedad democrática […]».
Debido a lo anterior, resolvió:
“DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por el cual se
deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, expedido
por el Gobierno Nacional».
Precisamente, con ocasión a los efectos concedidos en la sentencia de nulidad,
dicha sentencia fue objeto de solicitudes de aclaración y adición y, en providencia
de 8 de septiembre de 2017, la Corporación señaló que:
«De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos “ex tunc” del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días,
por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías
legalmente establecidas». (Negrillas y subrayado por fuera del texto)
Del caso concreto
Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala observa que la autoridad judicial
demandada en la sentencia del 31 de octubre de 2022 hizo referencia, justamente,
a la sentencia de nulidad y frente al análisis de la situación del actor, indicó:
«Hasta aquí puede afirmarse que, con la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009, se revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos
normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación
particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento
de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que
permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto no ha sido
expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.
Tomando como punto de partida esa línea de pensamiento, este Tribunal construirá sus
propias reglas jurisprudenciales frente a los soldados que estando en servicio activo
reclaman el reajuste salarial con inclusión del subsidio familiar en los siguientes
términos y condiciones:
i) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente
reportada entre el 1 de enero de 200113 y el 29 de septiembre de 200914, tendrán derecho al reconocimiento
13
Fecha de entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000.
14
Un día antes de entrar en vigor del Decreto 3770 de 2009.
11
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual más el 100% de la prima de
antigüedad.
ii) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente
reportada entre el 30 de septiembre de 200915 y el 30 de junio de 201416, no tendrán derecho al reconocimiento
mensual de un subsidio familiar porque al haber desaparecido temporalmente del ordenamiento jurídico no tenían
un derecho adquirido ni una expectativa legitima que les permitiera exigirlo.
iii) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente
reportada a partir del 1° de julio del 201417, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar
equivalente al 20% de la asignación básica mensual por la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes
a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo, sin que pueda exceder del 26%.
(…)
Dentro del presente proceso contencioso administrativo está debidamente acreditado que el
señor Luis Eduardo, se vinculó al Ejército Nacional como soldado voluntario el 2 de febrero
de 2003 y aún se encuentra en servicio activo.
Contrajo matrimonio con la señora Sindy Jimena Aguirre Rosero el desde el 11 de
septiembre de 2009 y es padre de dos hijos; Alisson Gabriela Herrera Aguirre nacida el 20
de febrero de 2012 y Luis Emmanuel Herrera Aguirre nacido el 6 de enero de 2019.
Según la certificación expedida por el Comando de Personal - Dirección de Personal Ejercito-
19 al accionante se le canceló el subsidio familiar en cuantía del 25 %, conforme al
Decreto 1161 de 2014, que reintrodujo el subsidio familiar.
Por medio de la petición del 18 de mayo de 2012, el demandante solicitó la reliquidación y
pago del salario mensual que devenga, incluyendo el subsidio familiar en 62.5% del salario
básico.
Bajo ese panorama fáctico puede colegirse que, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla en su
condición de soldado profesional casado el 11 de septiembre de 2009, no tiene derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar, porque ese beneficio no estaba previsto en
la ley para ese entonces.
Su situación particular encaja perfectamente en la segunda regla jurisprudencial fijada
en el acápite que antecede, en la medida que se trata de un soldado profesional casado
entre el 30 de septiembre de 200918 y el 30 de junio de 201419, que no percibió el subsidio
familiar en vigencia del Decreto 1794 de 2000, por lo tanto, no tenía un derecho
consolidado ni una expectativa legitima, sino una mera expectativa que ningún tipo de
protección estableció en su favor la legislación estudiada, ni la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
En efecto, pues si se tratara de un soldado profesional de las Fuerzas Militares casado
o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada entre el 1 de enero de
2001 y el 29 de septiembre de 2009, el parágrafo 1o del Decreto 3770 de 2009, estableció
un régimen de transición a su favor en el sentido de que seguirían percibiendo el
subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual
más el 100% de la prima de antigüedad.
A su turno la Corte Constitucional, también estableció respecto del Decreto 3770 de 2009,
que frente a situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación
hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, se tendrá que esta normatividad
permanece en vigor desde su entrada en vigor hasta nuestros días, por cuanto no ha sido
expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.
Esta interpretación no quebranta el derecho a la igualdad porque lo que se busca es proteger
a los soldados profesionales que venían gozando del subsidio familiar en vigencia del Decreto
1794 de 2000; que no se vean sorprendidos con cambios legislativos intempestivos y los
15
Fecha de entrada en vigor del Decreto 3770 de 2009.
16
Un día antes de entrar en vigor el Decreto 1161 de 2014.
17
Fecha de entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014.
18
Fecha de entrada en vigor del Decreto 3770 de 2009.
19
Un día antes de entrar en vigor el Decreto 1161 de 2014.
12
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
despojen de un beneficio que ya formaba parte de su patrimonio, a diferencia de aquellos
militares quienes no la percibían y, por tanto, jamás ingresó a su propiedad.
En resumen: no hay un trato discriminatorio entre la protección que se brinda a un derecho
consolidado en relación con una mera expectativa, que era la que tenía el señor Luis Eduardo
Herrera Montilla, la cual ninguna protección estableció la ley ni la jurisprudencia.
Por lo tanto, el actor no tiene derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar
equivalente al 4% de su salario básico mensual más el 100% de la prima de antigüedad, como
lo prescribe el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Solo desde el 1o de julio de 2014, tiene
derecho a que esa prestación se compute en su asignación básica mensual en un 25%, según
el Decreto 1161 de 2014, tal y como la ha venido cancelando el Ejército Nacional, así: 20%
por conyugue, 3% por el primer hijo y 2% por su segundo hijo, tal como se evidencia del acto
administrativo demandado». (negrita y subrayado fuera de texto).
De todo lo anterior, llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con fundamento en la sentencia del 8 de junio de 2017, del
Consejo de Estado, Sección Segunda, estableció en «sus propias reglas
jurisprudenciales frente a los soldados que estando en servicio activo reclaman el reajuste salarial
con inclusión del subsidio familiar» dentro de las que determinó que: «i) Los soldados
profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente
reportada entre el 1 de enero de 2001 y el 29 de septiembre de 2009, tendrán derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual más
el 100% de la prima de antigüedad».
Adicionalmente, que, encontró como un hecho probado que el señor Luis Eduardo
Herrera Montilla en su condición de soldado profesional «contrajo matrimonio con la
señora Sindy Jimena Aguirre Rosero el (sic) desde el 11 de septiembre de 2009».
No obstante, la autoridad judicial demanda concluyó que la situación particular del
demandante «encaja perfectamente en la segunda regla jurisprudencial fijada en el acápite
que antecede20, en la medida que se trata de un soldado profesional casado entre el 30 de
septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, que no percibió el subsidio familiar en vigencia del
Decreto 1794 de 2000, por lo tanto, no tenía un derecho consolidado ni una expectativa legitima,
sino una mera expectativa que ningún tipo de protección estableció en su favor la legislación
estudiada, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional».
Pues, dado que, el demandante contrajo matrimonio el 11 de septiembre de 2009,
ello implica que, a partir de las «propias reglas jurisprudenciales frente a los soldados
que estando en servicio activo reclaman el reajuste salarial con inclusión del subsidio
familiar» que el tribunal demandado estableció, el actor cumplió los supuestos para
el reconocimiento en vigencia del Decreto 1794 de 2000, el cual estuvo vigente
hasta el 29 de septiembre de 2009, lo cual ubicaría la situación fáctica del señor
Herrera Montilla en la primera “regla” fijada por la propia autoridad demandada y no
en la segunda “regla”.
Sin embargo, al margen de la imprecisión anterior, la Sala observa que, si bien el
actor contrajo matrimonio el 11 de septiembre de 2009, es decir, cuando aún está
vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, lo cierto es que solicitó el
reconocimiento del subsidio por fuera de la vigencia de esta última norma, como
pasa a demostrarse.
20
Esto es, según la cual, “ii) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente,
debidamente reportada entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, no tendrán derecho al reconocimiento
mensual de un subsidio familiar porque al haber desaparecido temporalmente del ordenamiento jurídico no tenían un derecho
adquirido ni una expectativa legitima que les permitiera exigirlo”.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
El señor Herrera Montilla elevó: (i) la primera solicitud de reconocimiento el 17 de
mayo de 2012, que fue negada porque el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
había sido derogado por el Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009; (ii) la segunda
solicitud, el 12 de julio de 2014 -fecha que se indicó como novedad fiscal-21, es decir, una
vez entró en vigor el Decreto 1161 de 2014 -esto es, el 1 de julio de 2014-, en virtud de
la cual se le reconoció el subsidio familiar22 y, (iii) el 4 de marzo de 2020, por
considerar que le eran aplicables los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017
y la entidad negó la solicitud porque ya había reconocido la prestación en vigencia
del Decreto 1161 de 2014. Situación que puede verse con claridad en el siguiente
cuadro:
F 14 de septiembre de 11 de 30 de 17 de mayo 24 de junio 12 de julio de 8 de 4 de
e 2000 septie septiemb de 2012 de 2014 2014 junio de marzo de
c mbre re de 2017 2020
h de 2009
a 2009
H El articulo 11 del Decreto 1794 El señor Decreto El señor Luis El Decreto 1161 La entidad reconoció el 25 El Consejo El señor
del 14 de septiembre 2000 Luis 3770 de Eduardo Herrera de 2014 – a % del subsidio familiar al de Estado, Herrera
e estableció́ el derecho a devengar Eduardo 2009 – Montilla solicitó el partir del 1 de señor Luis Eduardo Sección Montilla
c un subsidio familiar para el Herrera derogó reconocimiento del julio de 2014- Herrera Montilla en Segunda, solicitó el
h soldado profesional de las Montilla subsidio subsidio familiar y creó aplicación del Decreto Subsección reconocimie
o Fuerzas Militares casado o con contrajo familiar para la entidad, en Oficio nuevamente un 1161 de 2014, B, en nto del
unión marital de hecho vigente. matrimo los soldados 20125590587861 subsidio familiar discriminado en: (i) el 20 % sentencia del subsidio
nio. profesionale del 22 de junio de para los por el matrimonio, según 8 de junio de familiar en
s previsto en 2012, negó la soldados orden administrativa de 2017 declaró los términos
el artículo 11 solicitud porque profesionales, personal 2024 del 30 de la nulidad del del artículo
del Decreto mediante Decreto pero en cuantía septiembre de 2014, con Decreto 3770 11 del
1794 del 14 3770 de 2009 se inferior a la novedad fiscal del 12 de de 2009 con Decreto 1794
de derogó el subsidio prevista en el julio de 2014; (ii) 3 % por su efectos ex de 2000, con
septiembre familiar previsto en artículo 11 del menor hija, de acuerdo con tunc. sustento en
2000. el artículo 11 del Decreto 1794 la orden administrativa de los efectos
Decreto 1794 de de 2000. personal 2024 del 30 de de la referida
2000. Es decir, septiembre de 2014, con providencia y
cuando no estaba novedad fiscal del 12 de la entidad, en
vigente el subsidio julio de 2014 y, (iii) 2 % por oficio del 11
porque fue su menor hijo, de acuerdo marzo de
derogado. con la orden administrativa 2020 negó la
de personal 1556 del 30 de solicitud.
mayo de 2019, con
novedad fiscal del 20 de
marzo de 2019.
Lo anterior, implica que la situación en relación con el reconocimiento del subsidio
familiar, previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se resolvió para el
señor Herrera Montilla con el oficio 20125590587861 del 22 de junio de 2012, en el
que la entidad negó la solicitud que elevó el 17 de mayo de 2012, porque mediante
Decreto 3770 de 2009 se derogó el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
Esa decisión administrativa no fue objeto de cuestionamiento, por el contrario, el
actor optó por solicitar nuevamente el subsidio cuando estaba vigente el Decreto
1161 de 2014 y así fue reconocido.
A partir de lo anterior, la Sala estima23 que le asiste razón a la autoridad judicial
demandada al concluir que el demandante no tiene derecho al reajuste del subsidio
familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000, si se tiene en cuenta que los
efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017 solo aplicaban a las
situaciones jurídicas no consolidadas.
21
No se tiene certeza de la fecha exacta de reconocimiento, pero, el paragrafo 2 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014,
dice que «Para los efectos previstos en este artículo los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas
Militares a partir del 01 de Julio de 2014, podrán elevar al Comando de Fuerza la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar
previsto en el presente decreto, y el reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de presentación de la solicitud
de que trata el presente parágrafo, siempre y cuando cumplan con los requisitos para su reconocimiento y pago».
22
Lo anterior, si se tiene en cuenta que, al señor Luis Eduardo Herrera Montilla se le reconoció el 25 % del subsdio famiiar
al amparo del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, discriminado así:
20 % por el matrimonio con la señora Sindy Jimena Aguirre Rosero, de acuerdo con la orden administrativa de
personal número 2024 del 30 de septiembre de 2014, con novedad fiscal 12 de julio de 2014.
3 % por su menor hija Alison Gabriela Herrera Aguirre, de acuerdo con la Orden Administrativa de Personal número
2024 del 30 de septiembre de 2014, con novedad fiscal 12 de julio de 2014.
23
Tal como lo ha señalado en anteriores oportunidades, tal es el caso de la sentencia del 6 de julio de 2023, expediente
número 11001-03-15-000-2023-00787-01, M.P. WILSON RAMOS GIRÓN, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01
Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla
De manera que, los argumentos del escrito de impugnación están llamados a
prosperar y, en ese entendido, se impone revocar el fallo de tutela de primera
instancia del 15 de junio de 2023, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, en su lugar, negar las
pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Luis Eduardo Herrera
Montilla y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de reemplazo, en caso
de que se haya proferido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar el fallo de tutela de primera instancia del 15 de junio de 2023, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar:
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Luis Eduardo
Herrera Montilla.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
15
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