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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02195-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02195-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Cooperativa Multiactiva de Villa de Leyva, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001 03 15 000 2023 02195 00 Demandante: Cooperativa Multiactiva de Villa de Leyva

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02195-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

1 de junio de 2023

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02195 00
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Villa de Leyva

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 11001 03 15 000 2023 02195 00
Actor: Cooperativa Multiactiva de Villa de Leyva
Demandados: Juzgado Quince (15) Administrativo de Tunja y Tribunal
Administrativo de Boyacá
Tesis: Incumple el requisito de relevancia constitucional, la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial si se pretende usar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional dentro del trámite ordinario, al presentar
inconformidades encaminadas a controvertir la valoración del acervo probatorio y la
interpretación de la ley efectuados por el juez natural de la causa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Cooperativa Multiactiva de Villa
de Leyva, a través de apoderado judicial, invocando la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con ocasión de las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Quince (15) Administrativo
de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 24 de octubre de 2016 y el 25
de octubre de 2022, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado nro. 15001 33 33 015 2016 00022 01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La sociedad Cooperativa Multiactiva de Villa de Leyva solicitó la protección
de los derechos fundamentales enunciados, para lo cual formuló las siguientes
pretensiones:

“PRIMERA: Solicito señor Juez se declare vulnerados los derechos
fundamentales de IGUALDAD ANTE LA LEY, consagrado en el artículo 13
de la C. N. y en especial al DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo
29 de la C. N. así como los demás que usted encuentre estén siendo vulnerados
por los fallos proferidos por las accionadas.

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Demandante: Cooperativa Multiactiva de Villa de Leyva

SEGUNDO: Solicito a ustedes señores Magistrados Tutelen los derechos
Fundamentales A LA IGUALDAD ANTE LA LEY, consagrado en el artículo
13 de la C. N. y en especial al DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo
29 de la C. N. de la Cooperativa que represento, así como los demás que
ustedes encuentren estén siendo vulnerados con la expedición de las
sentencias de 24 de octubre de 2016, confirmada por sentencia de 25 de
octubre de 2022, proferidos por las accionadas.

TERCERO. Consecuentemente solicito se ordene como medida de amparo de
los anteriores derechos dejar sin validez las sentencias en consecuencia
ordenar en su lugar proteger el debido proceso vulnerado con estas
providencias ordenándose se rehaga el procedimiento conforme a los Derechos
y principios constitucionales invocados.”.1

1.2. Como sustento de lo anterior, señaló que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por las autoridades judiciales demandadas debido a que en ellas
se avaló la aplicación del Decreto 1972 de 2003, para efectuarle los cobros por
concepto de tarifa por uso del espectro electromagnético. Ello, pese a que la
concesión que les fue otorgada para la prestación del servicio comunitario de radio
difusión sonora en frecuencia modulada (fm) establecía condiciones diferentes. En
efecto, a través de la Resolución No. 2720 del 26 de marzo de 1997, el entonces
Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones), le otorgó la concesión de conformidad con lo establecido
en el artículo 35 de la Ley 890 de 1993, incluyendo un pago anual que debía
aumentar de conformidad con el índice de inflación. Lo anterior quedó consagrado
en el artículo 17 del acto administrativo de concesión.

Aplicación de la norma de 2003 que implicó un aumento del mil por ciento (1000 %)
en el valor de la tarifa. Situación que llevó a que, pese a haber efectuado todos los
pagos cumplidamente, al momento de solicitar la prórroga, ésta fuera negada con
fundamento en la existencia de una deuda con el referido Ministerio. Situación que
dio lugar al trámite de la vía administrativa y, posteriormente, a la interposición del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos
que le negaron y confirmaron la negación de la licencia.

Dicho proceso tuvo como resultado las dos decisiones atacadas mediante esta
acción de tutela, debido a que en ellas se avaló el tratamiento diferencial que le fue
dado. Ello debido a que le exigieron “unos requisitos para solicitar la prórroga,
conforme al contrato de concesión y a la normativa vigente para cuando se realizó
el acuerdo entre las partes, y no obstante posteriormente se cambian las reglas de

1 Folio 3 de la demanda. Índice 2 de Samai.

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juego archivando el expediente y negando la prórroga, so pretexto de aducir una
deuda liquidada sobre un 1000% superior y que la Cooperativa no tenía planeada
ni presupuestada, elementos que no fueron analizados por las sentencias judiciales
y que vulneran derechos constitucionales.”.2

Adicionalmente, señaló que, tanto el principio de seguridad jurídica como el derecho
de contradicción, le fueron vulnerados, pues las decisiones respecto de las cuales
se alega la trasgresión adujeron que el Ministerio hizo lo correcto al aplicar el
Decreto 1972 de 2003, “no obstante no se hizo un análisis probatorio en conjunto
de los requisitos y reglas establecidas para la cooperativa en el momento de la
concesión, tampoco se tuvo en cuenta la aplicación desproporcionada de una
norma a una entidad sin ánimo de lucro y que con su labor permite el cumplimiento
de otro derecho fundamental como es el de la información. Tampoco se tuvo en
cuenta que las solicitudes de requisitos fueron aceptadas con los paz y salvos y
que posteriormente se niega por una liquidación que configura una deuda bajo unos
parámetros desconocidos y no acordados por la parte accionante y dando
aplicación de forma inconstitucional al Decreto 1972 de 2003”. 3

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. A través de auto calendado el 8 de mayo de 2023, el Despacho sustanciador
admitió la acción de tutela. Particularmente, ordenó notificar al Juez Quince (15)
Administrativo de Tunja y a los Magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Boyacá, así como comunicar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, se pronunció sobre los pedimentos probatorios y solicitó al ciudadano
Marlon Darío Prieto, representante legal de la accionante, que aclarara el número
de su identificación.4

El anotado mandato fue observado a través de memorial del 16 de mayo de 2023,
en el que se dio claridad sobre la identificación requerida. Igualmente, remitió el
respectivo acto de apoderamiento que lo habilita a actuar en el trámite de la
referencia5.

2 Folio 4 ibidem.
3 Folio 5 ibidem.
4 Índice 4 de SAMAI.
5 Visible en el índice número 11 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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2.2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones presentó contestación a la presente solicitud de amparo,
mediante memorial del 12 de mayo de 2023.6 Allí solicitó que sea declarada
improcedente, debido a que las providencias atacadas se ajustaron al ordenamiento
jurídico y no vulneraron ni amenazaron los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, que se alegan como desconocidos.

Posteriormente, indicó que en la solicitud de amparo no se precisan los defectos en
que incurrieron las providencias atacadas, ni se pone de manifiesto que aquellas
vulneraran postulados constitucionales. Igualmente, transcribió apartes de la
sentencia T-812 de 2002, en la que se indicó que la prosperidad del amparo en
sede de tutela contra providencia judicial depende de la demostración clara e
irrefutable de que el funcionario judicial incurrió en una conducta arbitraria.

En lo que hace al derecho a la igualdad, alegó carencia de fundamentación.
Adicionalmente, transcribió apartes de ambas providencias y concluyó señalando
que el “estudio en ellas efectuado fue concienzudo y juicioso de los elementos
probatorios aportados”,7 lo que las llevó a tomar “una decisión en el marco de sus
facultades legales”.8

2.3. El Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá ponente de la
decisión de segunda instancia, presentó contestación mediante memorial del 15 de
mayo de 2023.9 Documento a través de cual solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela.

Lo anterior debido a que ninguna de las causales específicas de procedibilidad fue
invocadas o acreditadas. Por el contrario, únicamente los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial fueron sustentados. Situación
que lleva a la inexistencia de carga argumentativa.

Aseveró que todos los reparos presentados en el recurso de apelación fueron
resueltos en la sentencia de segunda instancia. Factor que permite afirmar que

6 Índice 10 de SAMAI.
7 Folio 6 ibidem.
8 Ibidem.
9 Folio 11 ibidem.

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ninguno de los efectos se configura. En efecto, el primer problema con las facturas
cuya falta de valoración se alega, es que no se identifican, ni se discute la forma en
que el estudio probatorio contraviene el ordenamiento jurídico, incurre en yerro o
debió efectuarse. Contrario a lo afirmado por la Cooperativa, explicó que en el fallo
que resolvió el recurso de alzada, se indicó: i) que las facturas que dan cuenta de
los pagos adeudados a la cartera demandada en el proceso ordinario y ii) los paz y
salvos otorgados por la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores
Fonográficos de Colombia - ACINPRO, no resultaron suficientes para acreditar el
pleno cumplimiento de las obligaciones de la accionante. En lo que hace a la
aplicación del Decreto 1972 de 2003, en la sentencia se concluyó que la accionante
debía sufragar los derechos por el uso del espectro, en las condiciones que fueran
reglamentadas sucesivamente por el Ministerio, término que estaba incluido en la
concesión.

De ahí que critique que la actora utilice la acción de tutela como una tercera
instancia, en la que cuestione puntos de derecho que fueron absueltos de manera
completa y detallada en las providencias atacadas. Todo ello son invocar el defecto
específico, ni argumentar la razón de su dicho.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 202110, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

10 “Articulo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.(…)”

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3.2. Hechos

3.2.1. Mediante la Resolución No. 000774 del 31 de mayo de 2010, confirmada por
la Resolución No. 0001140 del 17 de junio de 2015, el Ministerio de Tecnología de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones negó la prórroga de la
concesión del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en gestión indirecta, en
frecuencia modulada y ordenó el archivo del expediente.

3.2.2. En contra las precitadas decisiones, la Cooperativa Multiactiva de Villa de
Leyva interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que
correspondió al Juzgado Quince (15) Administrativo de Tunja y Tribunal
Administrativo de Boyacá. Despachos judiciales que, mediante sentencias del 24 de
octubre de 2016 y el 25 de octubre de 2022, respectivamente, negaron las
pretensiones de la demanda.

3.2.3. Inconforme con la decisión de segunda instancia, la Cooperativa Multiactiva
de Villa de Leyva presentó la petición de amparo de la referencia, alegando que
fueron vulnerados sus derechos a la igualdad y al debido proceso.

3.3. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el
(ii) caso concreto.

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3.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional11

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.”.12

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional.13

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en la
sentencia SU - 573 de 2019, explicó que este requisito persigue tres finalidades:14

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

11 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en

la sentencia C - 590 de 2005.
12 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
13 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los

fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra”.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.

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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia.15 De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.

3.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá
en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

3.3.2.1. Sobre el criterio de impedir que la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no es una
instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según
la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar
a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se
enfatiza- a problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la
órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.”. 16

15 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia

del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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En la sentencia SU - 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se
expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este ‘enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial’ (…)”. (Subrayas de la Sala)

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente
que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2.2. De la aplicación del tercer requisito al caso bajo estudio

La Sala considera que en este evento no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, debido a que la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada por la Cooperativa actora para reabrir el debate que se surtió en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades
formuladas están encaminadas a (i) controvertir la valoración que el juez natural de
la causa hizo sobre el acervo probatorio que, según afirma la accionante, daba
cuenta de que se encontraba al día en el pago de sus obligaciones para obtener la
prórroga de la licencia de concesión del espectro electromagnético, y (ii) en
cuestionar la interpretación que el juez natural de la causa hizo de la aplicación del
Decreto 1972 de 2003, que, en su opinión, no era predicable de la licencia que le
había sido concedida mediante la Resolución No. 2720 de 26 de mayo de 1997,

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pues allí se había establecido que el pago anual aumentaría de conformidad con el
índice de inflación.

En ese sentido, comoquiera que la acción de tutela está siendo empleada para
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural de la causa y la
interpretación de las fuentes formales aplicadas en la sentencia cuestionada, se
concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional aludida en referencia,
la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la
decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de
la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los
casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas
que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre
las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones,

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excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido
sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales; y no es el juez de
constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular,
rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya
que el accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Cooperativa Multiactiva de Villa de Leyva, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02195 00
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Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 1 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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