Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02197-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02197-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02197-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de junio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02197-00
Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02197-00
Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“A”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de simple nulidad
en el que no se vinculó al Presidente de la República en el auto
admisorio de la demanda. Requisitos generales de subsidiariedad e
inmediatez. Supuesta irregularidad procesal derivada de los alegatos
de conclusión
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor William Esteban Gómez Molina, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que
pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso,
vulnerado, supuestamente, por la sentencia de 3 de marzo de 2023, dictada en el
marco del medio de control de nulidad simple en la que resolvió DECLARAR la
nulidad de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a) del Decreto
1073 de 2015” (radicado No. 2021-00207-00) .
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I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor manifestó que el 10 de septiembre de 2021 presentó demanda de nulidad
simple, con solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, en contra del
Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el
Ministerio de Transporte, en la que solicitó declarar la nulidad de algunos apartes
del Decreto 1073 de 2015, tras considerar que eran contrarios al artículo 380 de la
Constitución Política y a los principios constitucionales al debido proceso,
legalidad y tipicidad de las sanciones.
Sostuvo que el proceso correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “A”, y que el 15 de septiembre de 2021 la magistrada
sustanciadora dictó auto admisorio de la demanda y el 17 de noviembre siguiente
dictó auto de traslado de la medida cautelar, los cuales fueron notificados por
estado del día 17 de noviembre de 2021, “sin embargo, las notificaciones
personales se realizaron por secretaría el día 13 de diciembre siguiente”.
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C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 1
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Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Adujo que en el auto admisorio de la demanda de nulidad simple i) se hizo un
recuento de las pretensiones señalando la norma demandada, los fundamentos y
causales en los que se sustentó la solicitud individualizada de nulidad, ii) se
excluyó al Presidente de la República como parte pasiva del contradictorio, tras
considerar que “de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 489 de 1998, la
distribución de los negocios entre los ministerios y departamentos administrativos
la hace el Presidente de la República según su naturaleza, lo que implica que la
materia sobre la que versa el referido decreto corresponde a la especialidad de las
funciones de dichos ministerios", después de advertir que no todos los ministerios
demandados participaron en la expedición de las normas compiladas en el
Decreto 1073 de 2015, y iii) se negó la medida cautelar solicitada, decisión frente
a la que interpuso recursos de reposición y súplica, que fueron negados mediante
autos de 14 y 27 de marzo de 2022, respectivamente.
Indicó que mediante auto de 22 de febrero de 2022, el despacho accedió
parcialmente a la medida cautelar de suspensión solicitada, indicando que “según
se desprende del análisis de la demanda, existe una contradicción entre las
normas demandadas y los principios al debido proceso, legalidad de las faltas y
tipicidad de las sanciones en materia administrativa”, que “las disposiciones
demandadas vulneran los artículos 29 y 150 de la Constitución Política que
consagran los principios al debido proceso, legalidad de las faltas y tipicidad de las
sanciones en materia administrativa”, y que “las disposiciones demanda[da]s
desconocen que la Constitución de 1886 y sus reformas fueron derogadas por el
artículo 380 de la Constitución de 1991”.
Aseveró que mediante auto de 16 de septiembre de 2022 se resolvió prescindir de
la audiencia inicial y, en su lugar, se fijó el litigio, por lo que el 4 de octubre de
2022 presentó alegatos de conclusión, en los que “para el efecto, se hizo un
ejercicio de análisis y argumentación que partió de los términos en los que fue
fijado el litigio y tuvo en cuenta las contestaciones a la demanda, las
consideraciones en las que se fundaron las decisiones de negar, confirmar,
revocar y modificar parcialmente la solicitud de medida cautelar de suspensión
provisional”.
Afirmó que, de otra parte, en el proceso de nulidad simple radicado con el No.
2021-00160-002, en el que también figura como demandante, mediante auto de 24
de enero de 2023, la magistrada sustanciadora resolvió vincular en calidad de
parte demandada al Presidente de la República, tras considerar que en el medio
de control de nulidad el contradictorio se integra por el sujeto que persigue la
anulación del acto administrativo cuestionado, en condición de demandante, y
todas las autoridades que suscribieron el acto acusado, en condición de parte
demandada.
Finalmente, sostuvo que en el proceso con radicado No. 2021-00207-00, mediante
sentencia de 3 de marzo de 2023, la autoridad judicial accionada resolvió declarar
la nulidad de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a) del
Decreto 1073 de 2015, y denegar las demás pretensiones, tras considerar que los
cargos carecían de fundamento, “pues las normas legales y reglamentarias
preexistentes a la Constitución de 1991, que fundamentaron algunos de los
artículos demandados, no fueron derogadas con su promulgación, razón suficiente
para desestimar dicho cargo en cuanto a las siguientes disposiciones del
Decreto 1073 de 2015: parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.3.41., artículo
2.2.1.1.2.2.3.108, artículo 2.2.1.1.2.2.4.13., artículos 2.2.1.2.1.3. y 2.2.1.2.1.5.
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C.P. María Adriana Marín. 2
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(parcial), artículo 2.2.1.2.4.13., parágrafo 5 del artículo 2.2.3.2.6.1.4., numeral 4
del artículo 2.2.3.5.2.2.6.5., artículo 2.2.3.7.2.6. y aparte del artículo 2.2.3.7.3.3”.
2. Fundamentos de la acción
El actor presentó acción de tutela con el fin de que se proteja su derecho
fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la sentencia de 3 de
marzo de 2023, dictada en el marco del medio de control de nulidad simple que
promovió, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“A” declaró la nulidad de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4.
(literal a) del Decreto 1073 de 2015, y denegó las demás pretensiones de la
demanda.
En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, respecto de los que
indicó que “1) existe legitimación por activa de mi parte porque la sentencia del 3
de marzo del presente año vulnera mi derecho fundamental al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia y también existe legitimación por pasiva de
parte de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, pues es la
autoridad que adoptó la decisión objeto de reproche; 2) este asunto tiene
relevancia constitucional porque el objeto de debate tiene incidencia directa en la
eficacia de los derechos fundamentales reclamados, teniendo presente que lo que
se discute no versa sobre derechos patrimoniales; 3) se acude a este mecanismo
en forma subsidiaria, esto, teniendo en cuenta que, al tratarse de un proceso que
se surtió en única instancia no existe la posibilidad de acudir a ningún recurso; 4)
Tan solo ha transcurrido un (1) mes desde la fecha en la que se notificó por
estados dicha providencia; 5) la irregularidad procesal en la que incurre la decisión
judicial que se cuestiona comporta una violación directa de la constitución, pues
no se soporta en el marco jurídico en el que debería; 6) se hace un recuento
concreto de los hechos que generan la lesión al igual que se identifica los
derechos quebrantados; y, 7) no se trata de una sentencia proferida en sede de
tutela ni de una que resuelva una demanda de nulidad por inconstitucionalidad”.
De otra parte, sostuvo que la sentencia objetada incurre en i) defecto
procedimental absoluto, con “las decisiones de excluir y vincular al Presidente
de la República” como parte demandada. Al respecto, manifestó que si bien no
interpuso recursos frente a la decisión de exclusión del Presidente de la República
en la oportunidad legal respectiva, “lo cierto es que tal omisión obedeció al
argumento expuesto en esa oportunidad por la Magistrada sustanciadora, no
obstante, al validar las consideraciones del antecedente jurisprudencial que sirve
de fundamento para dictar el auto de vinculación (la Sentencia del 15 de febrero
de 2018, dictada dentro del expediente identificado con el radicado 11001-03-24-
000-2014-00573-00. [M.P. Hernando Sánchez Sánchez]), se concluye que le
asiste razón a la Magistrada María Adriana Marín cuando en el Auto del 24 de
enero de 2023”, proferido en el marco del proceso radicado con el Nº 2021-00160-
00, “advirtió que debía vincularse al Presidente de la República”.
Sostuvo que, dado lo anterior, “habrá de decretarse la nulidad de lo actuado desde
el auto admisorio con el fin de que se vincule al Presidente de la República dada
su responsabilidad en la expedición en los apartes demandados del Decreto 1073
de 2015”.
Refirió que la sentencia objetada también incurre en ii) defecto sustantivo, en
tanto, sostuvo, omitió pronunciarse respecto de sus alegatos de conclusión,
aduciendo para ello que todas las partes habían reiterado los argumentos de la
demanda y sus contestaciones, “hecho que no es cierto”.
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Al respecto, agregó que, “es importante observar que no todos los Ministerios
vinculados al proceso contestaron la demanda, por lo que no puede afirmarse que
se reiteró los argumentos de su contestación, pero además que, después de las
decisiones proferidas frente a la solicitud de medida cautelar de suspensión
provisional, se dio una ruptura argumentativa en relación con la defensa de los
artículos 2.2.3.5.2.2.1.1., literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4., literal a) del Decreto 1073 de
2015, pues de hecho ya no se defendió su legalidad”.
Por último, señaló que el fallo objetado incurre en iii) defecto por violación
directa de la Constitución, por cuanto, adujo, lo resuelto por la Subsección “A”
de la Sección Tercera de esta Corporación contraviene lo dispuesto en los
artículos 4, 29, 150, 229 y 230 y difiere del texto del artículo 380 de la Carta
Política.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Primero: Tutelar mi derecho fundamental al debido proceso.
Segundo: Que, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia dictada el día tres
(3) de marzo de dos mil veintitrés (2023) dentro del proceso con el radicado 11001-
03-26-000-2021-00207-00 (67621) por la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación, para que, en su lugar, se rehaga la actuación integrando
debidamente el contradictorio y se dicte una nueva sentencia reemplazando la
anterior que atienda todos los elementos de juicio que integran el expediente del
proceso”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia del expediente de la acción de nulidad simple radicada con el Nº
2021-00207-00, demandante: William Esteban Gómez Molina.
5. Trámite procesal
Por auto de 8 de mayo de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al
accionante, a la autoridad judicial accionada, así como la Presidencia de la
República - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al
Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de
Transporte, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
41269 a 41279, todas de 9 de mayo de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión3.
3
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: wlm2413@gmail.com
notifjsachica@consejodeestado.gov.co; marialc_94@hotmail.com;
notifmvelasquez@consejodeestado.gov.co; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co;
ces3secr@consejodeestado.gov.conotificacionesjudiciales@mincit.gov.co tutelasmhcp@minhacienda.gov.co;
notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co; notijudiciales@minenergia.gov.co
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co;
servicioalciudadano@mintransporte.gov.co. 4
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, la tutela presentada no cumple
los requisitos generales y tampoco los específicos contra providencias judiciales y,
en todo caso, la sentencia objeto del amparo fue dictada con respeto de las
garantías de los sujetos procesales y considerando todos los argumentos que estos
plasmaron en las oportunidades procesales pertinentes.
Sostuvo que el amparo presentado carece de relevancia constitucional, por cuanto el
actor se limitó a formular reproches respecto de asuntos que pudo ventilar durante el
transcurso del proceso correspondiente al medio de control de nulidad simple que
interpuso y no lo hizo, pues no manifestó ninguna irregularidad durante su trámite y,
en todo caso, tampoco las hubo.
Adujo que la tutela tampoco cumple los requisitos generales de inmediatez y
subsidiariedad, pues la inconformidad del tutelante radica en que no se vinculó como
parte a la Presidencia de la República, determinación que se adoptó en el auto
admisorio de 10 de noviembre de 2021, i) sin que el actor hubiera recurrido esa
decisión y ii) apenas viene a manifestar su inconformidad después de un año y cinco
meses, tiempo que transcurrió entre la firmeza de esa decisión y la presentación de
la demanda de tutela.
Indicó que el demandante podía recurrir el auto admisorio mediante el recurso de
reposición previsto en el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, modificado
por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021 o, incluso, advertir la supuesta irregularidad
que ahora pone de presente en oportunidades procesales posteriores, lo que no
sucedió y evidencia su aquiescencia respecto de la exclusión de la Presidencia de la
República.
Refirió que asimismo, desde que se resolvió no tener a la Presidencia de la
República como parte y la fecha de presentación de la tutela han pasado más de los
seis meses previstos por la jurisprudencia constitucional como parámetro que
permite establecer cuando una tutela cumple con el requisito de inmediatez, lo que
evidencia que el actor no cumplió este requisito.
Adujo que, adicionalmente, la solicitud incumple la exigencia según la cual, cuando
se trate de una irregularidad procesal debe comprobarse que tenga un efecto
decisivo o determinante en la sentencia objeto de la tutela, pues, aunque no existe
ningún yerro respecto de la decisión que resolvió la demanda de nulidad simple, lo
cierto es que la ausencia de la Presidencia de la República y la supuesta omisión en
el pronunciamiento de los alegatos de conclusión no se enmarcan dentro de ninguna
causal de nulidad, máxime si se tiene en cuenta que la Nación estuvo representada
a través de otros ministerios que acudieron al proceso y, además, que el petitum
judicial en un proceso de nulidad simple se enmarca en la demanda y su
contestación, limitándose los alegatos a desarrollar con base en las pruebas
practicadas, si las hubiere, y los argumentos allí incorporados.
Agregó que, tal y como se precisó en el auto admisorio del proceso de nulidad
simple, la representación judicial de la Nación se llevó a cabo a través de los
ministerios que fueron demandados, sin que se considerara necesario vincular al
Presidente de la República, pues en virtud de la Ley 489 de 1998, este cuenta con la
facultad de distribuir los asuntos de su competencia en las distintas carteras
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ministeriales y, en todo caso, como el Presidente y los ministerios hacen parte de la
persona jurídica Nación, era suficiente con que solo acudieran los segundos.
Añadió que si en gracia de discusión la anterior circunstancia configurara una
indebida representación, el artículo 136 del Código General del Proceso dispuso que
ese tipo de anomalías se entenderían saneadas si la parte que podía alegarlas no lo
hizo oportunamente y/o actuó sin proponerla, y cuando, a pesar del eventual vicio, se
cumplió la finalidad del acto procesal y no se violó el derecho de defensa, lo que
precisamente ocurrió en el proceso de nulidad simple, pues el accionante actuó sin
advertir dicha circunstancia y, en todo caso, no se afectó ningún derecho, pues la
Nación estuvo representada por los ministerios que acudieron como demandados.
Finalmente, afirmó que en la sentencia objeto de la tutela presentada sí se tuvieron
en cuenta los alegatos de conclusión de todas las partes, con la precisión de que,
como allí se expuso, los del demandante se limitaron a reiterar los argumentos de su
escrito inicial, pues, pese a que hizo referencia a otras intervenciones procesales del
extremo pasivo de la litis, ello se realizó para reiterar que la normativa demandada se
basó en normas derogadas y se sustituyó al legislador en la fijación de los elementos
básicos en materia sancionatoria.
6.2. Respuesta de la Presidencia de la República -Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República (en adelante DAPRE)-
La asesora jurídica del DAPRE rindió informe en el que solicitó denegar las
pretensiones de la solicitud, por cuanto, adujo, no se encuentra en el texto de esta
acción de tutela un razonamiento suficiente para deducir la violación de derechos y
garantías fundamentales del actor, ya que su demanda de nulidad simple fue
tramitada en un tiempo breve y concluyó con una sentencia que estimó parcialmente
las pretensiones del accionante, mientras que la decisión de no vincular al
Presidente de la República, no solo no fue recurrida en tiempo, sino que está en
línea con la jurisprudencia tradicional de la mayoría de las Secciones del Consejo de
Estado frente a la postura solitaria de la Sección Primera.
Afirmó que la petición de vinculación del Presidente de la República al proceso es
completamente impertinente, pues la decisión adoptada por la ponente en el auto de
10 de noviembre de 2021 es la correcta, porque según el artículo 159 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la representación
de la Nación en los procesos contenciosos le compete, en el caso del estudio de
legalidad de los decretos, a los ministros y directores de departamento administrativo
que lo hayan suscrito.
Agregó que el Presidente de la República no debe ser vinculado a los procesos de
nulidad simple, sea en forma directa o sea por conducto del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, porque esta posibilidad se reserva
por la ley a los eventuales procesos donde se discutan contratos o actos
contractuales firmados directamente por el primer mandatario a nombre de la
Nación, como lo ha considerado el Consejo de Estado, supuesto que no se presenta
en la demanda en contra del decreto reglamentario demandado por el señor Gómez
Molina.
Para terminar, indicó que la acción de tutela es improcedente por cuanto i) no existe
un defecto procedimental absoluto al no haberse vinculado al Presidente de la
República como parte demandada en el proceso de nulidad simple que culminó con
la sentencia que quiere anularse por esta vía, porque la ley procesal no impone esta
obligación y ii) si el demandante consideró que la decisión de no vincular al
Presidente de la República al proceso de nulidad fue incorrecta, ha debido hacer uso
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de los recursos que la ley ha puesto a su alcance, y no esperar al fin del proceso
para perseguir esta vinculación, que en estricto sentido, es innecesaria, si se
recuerda que la Nación estuvo bien representada en ese proceso, a través de las
autoridades que prevé el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
6.3. Respuesta de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Industria y
Comercio, Salud y Protección Social, Minas y Energía, Trabajo y Transporte
A través de escritos similares, los apoderados de cada una de las carteras
vinculadas, como terceros con interés, rindieron informes en los que solicitaron que
se declarara la improcedencia de la solicitud, por cuanto, sostuvieron, la misma
incumple con el requisito de subsidiariedad, necesario para el estudio de los
argumentos de fondo, en tanto el actor no agotó los recursos ordinarios y
extraordinarios con los que contaba antes de acudir a la acción constitucional.
Sostuvieron que el actor no impugnó el auto mediante el cual la autoridad judicial
accionada admitió la demanda de nulidad simple sin vincular como demandado al
Presidente de la República, mecanismo a través del cual ha podido ventilar esa
controversia que ahora soporta la solicitud de amparo, lo que desatiende el
requisito de procedencia de la subsidiariedad.
Indicaron que, igualmente, frente al alegato conforme con el cual en el caso no se
estudiaron la totalidad de sus argumentos, el actor contaba con las solicitudes de
adición y aclaración, las cuales permitirían atender aspectos como los indicados
por el accionante, lo que aúna argumentos para la declaratoria de improcedencia
en tanto no hizo uso de ellas en la oportunidad correspondiente.
Finalmente, los Ministerios de Salud y Protección Social y Trabajo solicitaron que
se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto,
declararon, no son competentes para atender lo solicitado por el accionante en las
pretensiones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
De conformidad con el escrito de tutela y los informes rendidos por las autoridades
demandadas, en especial, el de la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, le corresponde a la Sala determinar si la decisión de la
autoridad judicial accionada de no vincular como demandado al Presidente de la
República, en el marco del expediente de nulidad simple con radicado 2021-
00207-00 que finalizó con la sentencia de 3 de marzo de 2023, demanda que el
accionante promovió contra algunos apartes del Decreto 1073 de 2015, vulnera el
derecho fundamental al debido proceso, en tanto incurre en los defectos i)
procedimental absoluto y ii) violación directa de la Constitución,
específicamente de los artículos 4, 29, 150, 229, 230 y 380.
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Igualmente, debe determinarse si en el caso se configuró un iii) defecto
sustantivo en tanto, en la sentencia de 3 marzo de 2023, mediante la cual se
resolvió el caso, la autoridad judicial accionada omitió pronunciarse respecto de
los alegatos de conclusión propuestos por el demandante, aduciendo para ello que
en los mismos todas las partes habían reiterado los argumentos de la demanda y
sus contestaciones, “hecho que no es cierto”, en tanto no todos los ministerios
vinculados al proceso contestaron la demanda.
Previo a cualquier consideración, la Sala precisa que el estudio de los defectos
procedimental absoluto y por violación directa de la Constitución se
condicionará a la superación de la totalidad de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El alegato relativo a la falta de vinculación del Presidente de la República
en el medio de control de nulidad simple incumple con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez
4.1.1. Del análisis de los fundamentos de la presente solicitud, la Sala observa que
si bien el accionante deriva la vulneración de sus derechos de la sentencia de 3 de
marzo de 2023, mediante la que se resolvió la demanda de nulidad simple, la
misma emerge, eventualmente, del auto de 10 de noviembre de 2021, mediante el
cual la autoridad judicial accionada dispuso la admisión de la demanda, teniendo
como demandados a los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito
Público, Industria, Comercio y Turismo y Transporte, sin incluir al Gobierno
Nacional en cabeza del Presidente de la República -Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República-, como parte pasiva del contradictorio,
providencia contra la que el actor contaba con el recurso de reposición del que no
hizo uso.
En el mencionado auto, la autoridad judicial accionada resolvió:
“PRIMERO: ADMITIR la demanda presentada por el señor William Esteban Gómez
Molina, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, Ministerio de Transporte y al delegado del Ministerio Público ante esta
Corporación, en la forma prevista en los artículos 171 (numerales 1 y 2) y 199
(modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021) del CPACA, y, por estado a la
8
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Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
parte actora, en la forma prevista en los artículos 171 (numeral 1) y 201 (modificado por
el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021) del CPACA y 9 del Decreto 806 de 2020.
TERCERO: Una vez surtidas las notificaciones ordenadas, correr el traslado de la
demanda de que trata del artículo 172 del CPACA.
CUARTO: INFORMAR a la comunidad interesada de la existencia del presente proceso
a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o del Consejo
de Estado, en los términos del numeral 5 del artículo 171 del CPACA.
QUINTO: REMITIR copia de la presente decisión, en conjunto con la demanda y sus
anexos, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con el
quinto inciso del artículo 199 del CPACA4, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080
de 2021”.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que el asunto bajo examen, frente
al auto en el que se admitió la demanda de nulidad simple sin vincular como
demandado al Presidente de la República, la solicitud no cumple con el requisito
de subsidiariedad, en tanto contra dicha decisión el actor no interpuso el recurso
de reposición con el que contaba, por lo que dejó de acudir al recurso ordinario
que tenía a su disposición para cuestionar la decisión que determinó el hecho del
que deriva la vulneración de sus derechos fundamentales, medio idóneo y eficaz
para la protección de sus derechos.
En efecto, el numeral 2° del artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-5,
establece que el recurso de reposición procede como medio de impugnación
contra el auto que admite la demanda, en el que, para el caso, se integró el
extremo pasivo con los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito
Público, Industria, Comercio y Turismo y Transporte, por lo que el debate que el
actor plantea en esta sede constitucional pudo ser propuesto ante el juez ordinario
mediante el uso de dicho recurso y, al no hacerlo, incumplió con el requisito de
haber agotado el medio de defensa judicial ordinario previo a acudir a la acción
constitucional contra providencias judiciales, lo que, de pasarse por alto,
desconocería el artículo 86 de la Constitución Política.
De conformidad con lo anterior, frente al auto de 10 de noviembre de 2021 el
demandante habría podido interponer el recurso de reposición exponiendo los
motivos por los que consideraba que la decisión de integrar el extremo pasivo de
la demanda únicamente con los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y
Crédito Público, Industria, Comercio y Turismo y Transporte debía revocarse y
debía vincularse al Presidente de la República, empero, guardo silencio, por lo que
no hizo uso del medio de defensa judicial con el que contaba, lo que incumple el
requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, por lo que no es procedente
efectuar estudio de fondo de los defectos procedimental absoluto y por violación
directa de la Constitución.
4.1.2. La Corte Constitucional ha señalado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela contra providencias judiciales, que no es el medio llamado a
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo
4
“CPACA. Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades
públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares. (…) En
los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la
Nación, en los términos del artículo 2º del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá
remitirse copia electrónica del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus
anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta
comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención
prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia de la providencia
que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias”.
5
ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal
en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.9
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en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el
de instancia adicional a las existentes6.
Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos
que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c)
cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
En este sentido, el accionante contaba con un recurso de reposición del que pudo
hacer uso para cuestionar el auto que dispuso admitir la demanda de nulidad
simple sin vincular al Presidente de la República como demandado, circunstancia
que torna improcedente la solicitud, en tanto, conforme con la jurisprudencia
constitucional antes reseñada, la acción de tutela no puede erigirse como un
medio sustitutivo de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico
en los procesos que se adelanten ante los jueces de la República.
Adicionalmente, la Sala observa que la solicitud tampoco cumple el requisito de
inmediatez, en tanto entre el momento de notificación del auto admisorio de la
demanda -16 de noviembre de 2021-, y la interposición de la acción de tutela -2 de
mayo de 2023-, transcurrieron más de un año y seis meses, término que supera el
plazo establecido de manera jurisprudencial para ese efecto, de seis meses, lo
que incumple el requisito de procedibilidad de la inmediatez.
En conclusión, la acción de tutela es improcedente en relación con el alegato
relacionado con la falta de vinculación en calidad de parte demandada del
Presidente de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República-, al proceso de nulidad simple que originó la controversia, mismo que
soporta los defectos procedimental absoluto y por violación directa de la
Constitución alegados, por falta de los requisitos de procedibilidad de
subsidiariedad e inmediatez.
4.2. Alegato relativo a los alegatos de conclusión presentados por el
demandante en el marco del medio de control de nulidad simple con
radicado 2021-00207-00
4.2.1. En el asunto objeto de estudio, la Sala encuentra cumplidos los requisitos
generales de procedencia en tanto (i) la acción de tutela es de relevancia
constitucional, porque debe definirse si se vulneró al accionante el derecho
fundamental al debido proceso con la sentencia de 3 de marzo de 2023, dictada
en el marco del medio de control de nulidad simple que promovió contra algunos
apartes del Decreto 1073 de 2015, por la falta de pronunciamiento respecto de los
alegatos de conclusión presentados, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad,
porque el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues contra la
sentencia objetada no proceden recursos, (iii) está satisfecho el requisito de la
inmediatez, toda vez que la sentencia objeto de tutela fue notificada mediante
correo electrónico el 11 de abril de 2023 y la acción de tutela se presentó el 2 de
mayo de 2022, esto es, veinte (20) días después, dentro del término prudencial
precisado por esta Corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los
hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la
acción no se dirige contra un fallo de tutela.
6
Se puede consultar al respecto, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-396 de 2014. 10
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4.2.2. En relación con el fondo del asunto, el accionante sostuvo que la sentencia
de 3 de marzo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, incurre en defecto sustantivo, en tanto, a su juicio, omitió
pronunciarse respecto de los alegatos de conclusión que presentó en el proceso
que originó la controversia, “aduciendo para ello que todas las partes habían
reiterado los argumentos de la demanda y sus contestaciones, hecho que no es
cierto”, en tanto, declaró, no todos los ministerios vinculados al proceso
contestaron la demanda, lo que vulneró su derecho fundamental al debido
proceso.
Del análisis del expediente ordinario allegado como prueba, la Sala observa que,
como fue puesto de presente en la contestación de la solicitud de amparo
constitucional, en los alegatos de conclusión el demandante reiteró los
argumentos que soportaban la demanda, consistentes en que “el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Transporte, al expedir los
artículos impugnados del Decreto 1073 de 2015, con excepción del artículo
2.2.2.6.1.1.5.1, incurrieron en las causales de nulidad de falta de competencia
y exceso de la potestad reglamentaria, por fundarse en normas derogadas y por
haber descrito sin ley previa la sanción, la conducta o el comportamiento que da
lugar a su aplicación, la autoridad competente y su procedimiento”, mismos que
la autoridad judicial demandada resolvió íntegramente en la sentencia objetada, lo
que descarta la configuración del defecto sustantivo alegado.
En efecto, de la sentencia objeto de tutela se observa que, luego de un extenso
análisis de los cargos planteados, la autoridad judicial accionada indicó que
“cuando se expidió el Decreto compilatorio 1073 de 2015, los artículos
2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a) carecían de fundamento legal,
pues supeditaron el ejercicio de la potestad sancionatoria sobre la materia a unas
normas que no podía expedir el presidente -Código de Ética-”, por lo que declaró
su nulidad, y negó las demás pretensiones, sin que se observe que en los
alegatos de conclusión el accionante hubiese propuesto argumentos que hubiesen
quedado sin resolver en la sentencia objeto de tutela.
Por el contrario, se evidencia que, como fue manifestado por la autoridad judicial
accionada, en los alegatos de conclusión el actor, además de reiterar los cargos
iniciales, se limitó a hacer referencia a los argumentos utilizados en los recursos
de reposición y súplica que interpuso contra la decisión que negó la medida
cautelar que solicitó con la demanda, lo que no era determinante para adoptar la
decisión que debía resolver sobre los cargos formulados en el marco de la
demanda de nulidad simple.
Por lo demás, la Sala aclara que el hecho de que en la sentencia objetada se
hubiera afirmado que “todas las partes alegaron de conclusión y reiteraron los
argumentos de la demanda y sus contestaciones”, a pesar de que, en palabras del
actor, algunos ministerios no contestaron la demanda7, hace referencia a la
reiteración de los argumentos de aquellos demandados que contestaron la
demanda y presentaron alegatos de conclusión8, por lo que dicha afirmación no
supone una irregularidad que pueda considerarse vulneradora del derecho
fundamental al debido proceso del accionante.
7
Verificada la sentencia de 3 de marzo de 2023, se pudo establecer que la demanda de nulidad simple fue
contestada por los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público y Transporte.
8
Revisado el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI se observa que entre los índices 81 a 86 del expediente
digital obran alegatos de conclusión presentados por los apoderados de los Ministerios de Comercio, Industria
y Turismo, Minas y Energía, Transporte y Hacienda y Crédito Público. 11
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Valga recordar que la Corte Constitucional en la sentencia C-107 de 20049, señaló
que “los alegatos de conclusión juegan un destacado papel en orden al mejor
entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada
extremo asume los motivos de hecho y de derecho –a favor y en contra-, y por tanto, en lo
concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los
intereses en conflicto. Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de
conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la
oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios
derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad
administrativa o del juez correspondiente como un conjunto de razonamientos que a
manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente todas y cada
una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal
de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio
tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para
decir el derecho”.
Así las cosas, como se indicó en precedencia, los alegatos de conclusión
presentados por el demandante sí fueron tenidos en cuenta en la resolución de la
controversia de nulidad simple formulada por el accionante. Cuestión diferente es
que no se haya hecho una mención pormenorizada de los mismos en la sentencia
y solo se haya indicado de manera general que se limitaba a reiterar los
argumentos de la demanda y de las contestaciones, lo que en modo alguno puede
afectar o poner en vilo la validez de una decisión judicial dictada bajo los dictados
del derecho fundamental al debido proceso, a lo que se agrega que la afirmación
de que todas las partes presentaron alegatos de conclusión coherentes con las
contestaciones, a pesar de que algunos demandados no contestaron al demanda,
no es una irregularidad de la que pueda desprenderse alguna vulneración
iusfundamental.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones respecto del cargo
relacionado con la falta de análisis de los alegatos de conclusión.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley
RESUELVE
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor William Esteban Gómez Molina, quien actúa en nombre propio, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en lo relacionado con la
supuesta falta de vinculación del Presidente de la República en el medio de control
de nulidad simple con radicado 2021-00207-00.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de tutela en relación con
los alegatos de conclusión presentados dentro del expediente de nulidad simple
con radicado 2021-00207-00, en el que se dictó la sentencia de 3 de marzo de
2023.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
9
M.P. Jaime Araujo Rentería. 12
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02197-00
Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
13
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