Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00207-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00207-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00207-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD (CPACA)
Temas: DEROGATORIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1886 - se efectuó por el
artículo 380 de la Constitución de 1991; pero no se realizó una derogatoria general
de las normas legales y reglamentarias previas a su entrada en vigor. / POTESTAD
REGLAMENTARIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA – el
legislador puede establecer los elementos esenciales del derecho administrativo
sancionatorio por medio de técnicas como los tipos en blanco y las normas
parcialmente indeterminadas y el reglamento desarrolla tales aspectos en detalle /
SANCIONES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO – Decreto 1056 de 1953: el gobierno podría imponer
multas entre 2.000 y 100.000 SMLMV por la infracción de tal norma. Ley 39 de 1997:
su inobservancia conllevaría a la imposición de las sanciones que determinen los
reglamentos. Ley 26 de 1989: la transgresión de las normas sobre la materia sería
sancionada por el Ministerio de Minas y Energía con: i) amonestación, ii) multa de
10 SMLMV, iii) suspensión del servicio hasta por 10 días o iv) cancelación de la
licencia de funcionamiento.
La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda de nulidad presentada
por William Esteban Gómez Molina en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Ministerio de Transporte, en la que solicitó la nulidad de varias
disposiciones del Decreto 1073 de 2015.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor William Esteban Gómez Molina interpuso demanda de nulidad simple en
contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y
Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Transporte,
en la que impugnó varios artículos del Decreto 1073 de 2015, por considerar que se
incurrió en una falta de competencia y en un exceso de la potestad reglamentaria,
pues, en su criterio, tal normativa se fundó en normas derogadas y se sustituyó al
legislador al establecer sanciones, conductas o comportamientos que dan lugar a
su aplicación, la autoridad competente y el procedimiento sancionatorio aplicable.
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
II. ANTECEDENTES
1. La demanda y la solicitud de medida cautelar
El 11 de octubre de 20211, William Esteban Gómez Molina, en ejercicio del medio
de control de nulidad, interpuso demanda contra el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Ministerio de Transporte, con el fin de que se declare la nulidad de
varios artículos del Decreto 1073 de 2015 -que serán señalados posteriormente-,
por considerar que vulneraron el artículo 380 de la Constitución de 1991 y los
principios del debido proceso, legalidad y tipicidad de las sanciones.
Señaló que el artículo 380 de la Constitución de 1991 derogó la Carta de 1886 y
todas las normas que se dictaron en virtud de aquella, por lo que los artículos
demandados que se fundaron en esas fuentes son ilegales. También indicó que las
normas impugnadas vulneraron el debido proceso, la reserva de ley y la tipicidad de
las faltas y las sanciones en materia administrativa, en tanto el Gobierno Nacional
no estaba habilitado para crear procedimientos sancionatorios en un reglamento.
Indicó que la normativa impugnada incurrió en lo que denominó “causales de
incompetencia” por i) derogación; ii) descripción sin ley previa de la conducta o el
comportamiento que da lugar a la sanción; iii) determinación de la sanción sin ley
previa; iv) determinación sin ley previa de la autoridad competente para aplicarla; y
v) determinación sin ley previa del procedimiento para la imposición de la sanción.
Seguidamente, el actor analizó lo anterior frente a los artículos que demandó así:
1.1. Parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.3.41., artículo 2.2.1.1.2.2.3.108, artículos
2.2.1.2.1.3. y 2.2.1.2.1.5. (parcial), artículo 2.2.1.2.4.13., parágrafo 5 del artículo
2.2.3.2.6.1.4., numeral 4 del artículo 2.2.3.5.2.2.6.5., artículo 2.2.3.7.2.6. y aparte
del artículo 2.2.3.7.3.3.: se derogaron y/o se fundamentaron en normas derogadas
por el artículo 380 de la Constitución de 1991.
1.2. Parágrafo 2 (parcial) del artículo 2.2.1.1.1.9.: se expidió sin que se describiera
en la Constitución y la ley la conducta que da lugar a la sanción, ni la posible
sanción, ni la autoridad competente para aplicarla.
1.3. Expresiones “establecer” y “el régimen sancionatorio” del artículo
2.2.1.1.2.2.1.1.: se fundaron en normas derogadas (el Decreto Legislativo 1056 de
1 Índices 1 y 2 de SAMAI.
2
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
1953 y las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989) y/o que no regularon el régimen
sancionatorio de los agentes de la cadena de distribución de combustibles derivados
del petróleo (la Ley 812 de 2003).
1.4. Artículos 2.2.1.1.2.2.3.65., 2.2.1.1.2.2.3.68. literal g) (parcial), y
2.2.1.1.2.2.3.71.: se fundaron en normas derogadas (el Decreto 1056 de 1953 y las
Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989, junto con el Decreto-ley 2119 de 1992) y/o que no
previeron la conducta que da lugar a la sanción.
1.5. Artículo 2.2.1.1.2.2.3.73.: se fundó en normas que no previeron la conducta
que da lugar a la sanción (el artículo 14 de la Ley 681 de 2001).
1.6. Parágrafos de los artículos 2.2.1.1.2.2.3.96. (3 parcial) y 2.2.1.1.2.2.3.99: se
fundaron en normas que no previeron la conducta que da lugar a la sanción.
1.7. Literal b) del artículo 2.2.1.1.2.2.4.13.: se fundamentó en normas derogadas
(el Decreto Legislativo 1056 de 1953 y las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989), por lo
que no determinaron la autoridad competente para aplicar sanción.
1.8. Numerales 4 y 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.6.6.: se fundaron en normas
derogadas (las Leyes 6 de 1971 y 7 de 1991) y/o que no previeron la conducta que
da lugar a la sanción (la Ley 681 de 2001).
1.9. Artículos 2.2.1.1.2.2.6.11. (parcial), 2.2.1.1.2.2.6.13 – numeral 4 (parcial) y
2.2.1.1.2.2.6.15. (parcial): se fundaron en normas que no previeron la conducta que
da lugar a la sanción.
1.10. Parágrafo 2 del artículo 2.2.1.2.2.21.: se fundamentó en normas que no
previeron la conducta que da lugar a la sanción.
1.11. Artículos 2.2.1.2.4.9., 2.2.1.2.4.10., 2.2.1.2.4.11. y 2.2.1.2.4.12.: se
fundamentaron en normas que se encuentran derogadas (el Decreto Legislativo
1056 de 1953 y las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989) y no se previó en la Constitución
la conducta que da lugar a la sanción, ni la sanción, ni el régimen aplicable contra
Ecopetrol, ni el procedimiento para la imposición de las sanciones.
1.12. Artículos 2.2.2.6.1.1.2.1., 2.2.2.6.1.1.5.1., 2.2.2.6.1.1.6.1., 2.2.2.6.1.1.6.2.,
2.2.2.6.1.1.6.3. y 2.2.2.6.1.1.6.4.: se fundamentaron en normas que no previeron la
sanción, la conducta que da lugar a esta, ni la autoridad competente para aplicarla.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
1.13. Literal f) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.1. y literal a) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.4.:
no se determinó en la Constitución y la ley la autoridad que aplicará la sanción.
1.14. Artículo 2.2.3.7.2.17.: La demanda no incluyó ningún concepto de violación
específico frente a esta norma.
William Esteban Gómez Molina también solicitó la suspensión provisional de las
normas impugnadas (excepto el artículo 2.2.3.7.2.17)2.
2. Admisión de la demanda
El 10 de noviembre de 20213, el despacho admitió la demanda, decisión que fue
notificada.
3. Contestaciones de la demanda
3.1. El 16 de febrero de 20224, el Ministerio de Minas y Energía contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que los artículos
demandados se dictaron en virtud de las facultades establecidas en el Decreto 1056
de 1953 y las Leyes 75 de 1986, 43 de 1987, 39 de 1987 y 26 de 1989.
Arguyó que las leyes en que se fundaron los artículos demandados previeron el
régimen sancionatorio en el ámbito energético de manera general y el reglamento
lo desarrolló en detalle, lo anterior, en virtud de la “flexibilización del principio de
tipicidad en el derecho administrativo sancionador”, a partir del cual la ley puede
determinar incompletamente elementos como la tipificación de las infracciones y el
reglamento desarrolla tales aspectos de manera específica.
3.2. El 18 de febrero de 20225, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que las normas
impugnadas no vulneraron la Constitución y la ley. Precisó que es posible que el
reglamento efectúe la descripción detallada de las conductas sancionables, siempre
que sus elementos generales hayan sido fijados por el legislador.
3.3. El 18 de febrero de 20226, el Ministerio de Transporte contestó la demanda,
y se opuso a sus pretensiones, con sustento en que los artículos objeto de la
2 Índice 2 de SAMAI.
3 Índice 4 de SAMAI.
4 Índice 22 de SAMAI.
5 Índice 24 de SAMAI.
6 Índice 25 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
demanda se expidieron en virtud de la potestad reglamentaria y con base en normas
constitucionales y legales, sin haber usurpado ninguna competencia.
4. Decisión de medidas cautelares
4.1. El 22 de febrero de 20227, se denegó la medida cautelar respecto de la mayoría
de las disposiciones demandadas y se suspendió el inciso 10 del parágrafo 2 del
artículo 2.2.1.1.1.9. y la expresión “de conformidad con las normas previstas en este
Decreto”, de los literales f) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.1. y a) del artículo
2.2.3.5.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015.
4.2. La decisión anterior fue modificada mediante auto del 8 de junio de 20228, en
virtud del recurso de súplica presentado por el Ministerio de Minas y Energía en
contra de aquella, en el sentido de revocar el ordinal primero, mediante el cual se
había suspendido el inciso 10 del parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.1.9. del Decreto
1073 de 2015 y, en su lugar, se denegó la medida cautelar en ese punto. El segundo
ordinal fue modificado y se ordenó suspender “los literales f) del artículo
2.2.3.5.2.2.1.1. y a) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015”.
Se precisó que el razonamiento para suspender el inciso 10 del parágrafo 2 del
artículo 2.2.1.1.1.9. ibidem no se basó en lo indicado por el actor y era irrelevante
para decidir si la violación era manifiesta. Frente a los literales f) del artículo
2.2.3.5.2.2.1.1. y a) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.4. ejusdem se adujo que el artículo de
la Ley 51 de 1986 en que se fundaron se declaró parcialmente inexequible.
5. Trámite de la sentencia anticipada
El 16 de septiembre de 20229, se prescindió de la audiencia inicial para dictar
sentencia anticipada, tras lo cual todas las partes alegaron de conclusión y
reiteraron los argumentos de la demanda y sus contestaciones.
El Procurador Cuarto delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto, en el
que concluyó que las disposiciones demandadas se ajustaron a las normas
superiores, excepto los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1., literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4., literal a)
del Decreto 1073 de 2015, respecto de los cuales manifestó que la norma legal en
que se fundaron fue declarada inexequible.
7 Índice 26 de SAMAI.
8 Índice 55 de SAMAI.
9 Índice 75 de SAMAI.
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Referencia: Nulidad simple (CPACA)
III. CONSIDERACIONES
Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, y dado que se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales,
la Sala procede a resolver de fondo la demanda formulada en este caso.
1. Estudio de las disposiciones demandadas
El actor formuló dos cargos y luego los concretó de forma específica frente a cada
artículo impugnado, lo que amerita que primero se haga un análisis de aquellos y
luego se haga referencia a las normas impugnadas en función de dichos cargos.
Al margen de que el actor denominó ambos cargos como “causales de
incompetencia”, se observa que conciernen a un desbordamiento de la potestad
reglamentaria10, lo cual se deduce del hecho de que los artículos impugnados
supuestamente se expidieron con fundamento en normas legales inexistentes, por
haber sido derogadas y/o reglamentaron asuntos propios del derecho sancionatorio
administrativo, sin que previamente el legislador hubiera previsto los elementos
esenciales necesarios.
1.1. Cargo 1: Incompetencia derivada de la expedición de normas
reglamentarias fundadas en normas prexistentes a la Constitución de 1991
La Constitución Política de 199111 dispuso que, a partir de su promulgación, la Carta
Política de 1886 quedaría derogada, lo que, si bien implicó que perdiera efectos, no
cobijó a las normas anteriores de carácter legal y/o reglamentario, frente a las cuales
el constituyente no adoptó, al menos expresamente, determinación alguna. Dicha
derogatoria materializó un cambio constitucional, sin que ello hubiere significado la
eliminación del ordenamiento jurídico preexistente a la Constitución de 1991.
La vigencia general de las normas anteriores a la Carta Política de 1991 ha sido
ratificada por la Corte Constitucional, la que, en ejercicio de sus competencias en el
marco del control de constitucionalidad, ha revisado un sinnúmero de normas
10 De acuerdo con la jurisprudencia, la potestad reglamentaria no es exclusiva del presidente de la
República, pues, si bien este es su titular, también fue extendida a otras autoridades y organismos
administrativos, en virtud de la atribución que, en algunas materias, hizo la Constitución, así como
también la ley, con ciertos condicionamientos. Sentencia C-056 del 11 de marzo de 2021. M.P. Paola
Andrea Meneses Mosquera.
11 “Artículo 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta
Constitución rige a partir del día de su promulgación”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
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previas a aquella, arguyendo que el tránsito constitucional no implicó la derogación
de toda la normativa expedida en vigencia de la Constitución de 1886 12.
Lo precedente no resulta incompatible con el hecho de que la Corte Constitucional,
al ejercer el control de constitucionalidad de normas preexistentes, haya
determinado que en algunos casos estas no se ajustaron a los nuevos preceptos,
lo que ha justificado el que las declarara inexequibles13 por contrariar la Constitución
Política de 1991, pero nunca debido a los efectos de su artículo 380. Admitir el
alcance pretendido por el actor implicaría en tales casos que la Corte Constitucional
profiriera fallos inhibitorios, por la imposibilidad de controlar normas derogadas.
En sentido concordante se ha pronunciado el Consejo de Estado, al precisar que el
tránsito constitucional no conllevó la derogatoria de todas las normas expedidas
mientras estuvo en vigor la Constitución abolida, por lo que aquellas conservaron
su vigencia14. Sin perjuicio de lo anterior, la Sección Quinta15 de esta Corporación
ha admitido la derogatoria de normas preexistentes a la Constitución de 1991
cuando tienen un sólido sustento en Actos Legislativos reformatorios de la
Constitución de 1886, al considerar que forman una unidad normativa que, al haber
ocurrido su derogación expresa, produce como efecto necesario la desaparición de
las normas que lo desarrollan y reglamentan.
No obstante, aún si se aplicara la tesis precedente, en el sub lite el actor no señaló
si las normas con fuerza de ley que considera derogadas por la Constitución Política
de 1991 y que fueron reglamentadas por los segmentos demandados, desarrollaban
directamente o tenían un sustento sólido en algún acto reformatorio de la
Constitución de 1886, de forma que integraran una unidad normativa.
En conclusión, el presente cargo carece de fundamento, pues las normas legales y
reglamentarias preexistentes a la Constitución de 1991, que fundamentaron algunos
de los artículos demandados, no fueron derogadas con su promulgación, razón
12 Corte Constitucional. Sentencias: i) C-014 del 21 de enero de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón y ii)
C-155 del 10 de marzo de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-804 del 27 de septiembre de 1996. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. Corte Constitucional. Sentencia C-029 del 29 de enero de 2020. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. Corte Constitucional. Sentencia C-065 del 1 de febrero de 2005. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
14 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de junio de 2004. Radicado 11001-03-24-
000-2001-00192-01. C.P. Camilo Arciniegas Andrade y Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del del 5 de mayo de 2022. Radicado 250002325000201000909-02 (5194-2019). C.P. Sandra Lizeth
Ibarra Vélez.
15 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de junio de 2019. Expediente 76001-23-33-
000-2018-00589-02. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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suficiente para desestimar dicho cargo en cuanto a las siguientes disposiciones del
Decreto 1073 de 2015: parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.3.41., artículo
2.2.1.1.2.2.3.108, artículo 2.2.1.1.2.2.4.13., artículos 2.2.1.2.1.3. y 2.2.1.2.1.5.
(parcial), artículo 2.2.1.2.4.13., parágrafo 5 del artículo 2.2.3.2.6.1.4., numeral 4 del
artículo 2.2.3.5.2.2.6.5., artículo 2.2.3.7.2.6. y aparte del artículo 2.2.3.7.3.3.
En relación con los artículos 2.2.1.1.2.2.1.1., 2.2.1.1.2.2.3.65., 2.2.1.1.2.2.3.68.
literal g) (parcial), 2.2.1.1.2.2.3.71., 2.2.1.1.2.2.6.6., 2.2.1.2.4.9, 2.2.1.2.4.10.,
2.2.1.2.4.11. y 2.2.1.2.4.12. del Decreto 1073 de 2015, la Sala también desestimará
el primer cargo por las razones expuestas; empero, se mantendrá su estudio de
legalidad en cuanto a que se reglamentaron asuntos del derecho sancionatorio
administrativo sin que el legislador hubiera previsto sus elementos esenciales, dado
que respecto de aquellos tal reproche también fue formulado por el actor.
1.2. Cargo 2: Incompetencia por el hecho de que se determinaron varios
elementos del derecho administrativo sancionatorio a través de reglamento
Abordar este cargo requiere analizar el alcance del ejercicio de la potestad
reglamentaria en el marco del derecho administrativo sancionatorio en el que,
encontrándose de por medio los principios de legalidad, tipicidad y reserva legal, si
bien se exige que respecto de determinados elementos asociados a la sanción su
regulación la realice el legislador, dicha tarea no requiere del mismo nivel de
intensidad normativa legal que el derecho penal.
En ese sentido, mientras que la expedición de las leyes constituye una de las formas
en que se materializa el concepto de la reserva de ley16, la expedición de
reglamentos consiste en “la producción de un acto administrativo que hace real el
enunciado abstracto de la ley para encausarla a la operatividad efectiva en el plano
de lo real” o, en otras palabas, en la producción de normas de carácter general que
buscan concretar los mandatos legales para hacerlos efectivos17.
La potestad reglamentaria implica una subordinación al marco legal que se
desarrolla, por lo que se carece de aptitud para derogar, modificar, subrogar o limitar
16 Según la Corte Constitucional, la expresión “reserva de ley”, puede entenderse como un sinónimo
del principio de legalidad, o como la cláusula general de competencia del Congreso, de forma tal que
equivale a indicar que, en principio, todos los temas pueden ser regulados por el legislador mediante
ley. Asimismo, implica una prohibición general de que se puedan establecer restricciones a los
derechos constitucionales fundamentales en fuentes diferentes a la ley. Corte Constitucional.
Sentencia C-1262 de 5 de diciembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-810 del 5 de noviembre de 2014. M.P. Mauricio González.
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el alcance o sentido del precepto legal que se reglamenta, so pena de traspasar los
linderos constitucionales que la definen18.
Ahora, en cuanto a la potestad sancionatoria se refiere, la jurisprudencia ha
sostenido que consiste en la posibilidad que tiene el Estado para ejercer el ius
puniendi, con el fin de reprimir conductas contrarias a derecho, figura en cuyo marco
se despliegan el derecho penal delictivo y el derecho administrativo sancionador o
sancionatorio (al que corresponden unos poderes propios, como es el caso del
contravencional, disciplinario y correccional), y a través de la cual se busca asegurar
el cumplimiento de los deberes y las obligaciones de aquellos que interactúan en el
marco de actividades de interés público19.
En el derecho sancionatorio se predica una reserva de ley, pero se ha admitido la
posibilidad de que, por razones de especialidad, le sea asignada a la Rama
Ejecutiva la descripción detallada de las conductas sancionables, cuyos elementos
esenciales hayan sido fijados previamente por el legislador. Gran parte de la
dificultad en el control de los reglamentos en la materia se encuentra en el grado
mínimo de suficiencia del método o la forma con la que la ley fija esos elementos.
En ese sentido, el rigor máximo en el tratamiento de las garantías y principios de
áreas como el derecho penal no es exigible para el caso del derecho sancionatorio,
no solo porque el tipo de sanciones que caracterizan a este último, a diferencia del
primero, no afectan la libertad física, sino, además, porque se establecen en función
de distintas formas de sujeción especial de las personas a las que se les aplican20.
Lo dicho ha conducido a que se afirme, como regla general que, en el ámbito
sancionatorio, la extensión de la competencia para reglamentar es inversamente
proporcional a la extensión de la ley, de forma tal que, cuanto mayor sea el campo
disciplinado por la ley, menor será el que corresponde al decreto reglamentario y, al
contrario, si ella sólo regula aspectos o reglas generales para su aplicación, más
amplio será el campo de desarrollo del reglamento21.
En todo caso, siempre se requiere de un contenido mínimo legal que desarrolle el
reglamento, ya que sería inadmisible que, so pretexto de la existencia de la potestad
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2021. Radicado
11001-03-26-000-2018-00061-00 (61463). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-762 del 29 de octubre de 2009. M.P. Juan Carlos Henao.
20 Ibid.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Radicado 11001-03-
26-000-2003-00014-01 (24715). C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
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Referencia: Nulidad simple (CPACA)
reglamentaria, la ley le delegue el desarrollo normativo integral de una materia, con
mayor razón si existen específicas reservas de ley sobre determinados tópicos22.
Esa situación se presenta con la aplicación del principio de tipicidad –implícito en el
de legalidad–, el cual compele a que los elementos estructurales asociados a la
sanción sean definidos por el legislador, garantía que se justifica en que aquella
conlleva la limitación de derechos de los individuos cuando infringen deberes,
mandatos o prohibiciones establecidos en el ordenamiento jurídico23.
En virtud de lo precedente, en el derecho administrativo sancionatorio, la
jurisprudencia24 ha señalado que, al menos de forma general, los siguientes
aspectos o elementos deben ser previstos en la ley, dado su carácter esencial o
estructural: i) la descripción de la conducta que da lugar a la sanción; ii) la
determinación de la sanción, iii) la autoridad competente para aplicarla y iv) el
procedimiento para su imposición. La posibilidad de que tales elementos sean
previstos en la ley de manera genérica se materializa a través de conceptos
parcialmente indeterminados o de tipos en blanco, técnica, la primera, que es la que
se aplica en este caso, según se constatará más adelante.
En cuanto a la descripción de la conducta que da lugar a la sanción, la jurisprudencia
ha indicado que le corresponde realizarla, de forma detallada, al reglamento y no a
la ley, lo que implica, frente al principio de legalidad y, como consecuencia, del de
tipicidad que le es inmanente, que en el derecho administrativo sancionatorio el
legislador está facultado para tipificar las conductas en un sistema “numerus
apertus” –caracterizado por descripciones amplias y genéricas en cuya textura
abierta no se agotan los términos de su propia prescripción, sino que admiten la
acumulación o inclusión de nuevas categorías–, sin que, en ningún caso, pueda
permitirse que la ley sancionatoria sea completamente indeterminada25.
Una aplicación estricta del principio de tipicidad obligaría al legislador a describir en
el tipo sancionatorio administrativo, con independencia de la materia técnica sobre
la que verse la sanción correspondiente, todas las normas que consagran
22 Corte Constitucional. Sentencias C-782 del 26 de septiembre de 2007. M.P. Jaime Araújo Rentería,
y C-852 del 17 de agosto de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-092 de 3 de octubre de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
24 Tal argumento ha sido reiterado en la sentencia C-412 del 1 de julio de 2015, M.P. Alberto Rojas
Ríos y en la sentencia del 11 de marzo de 2021 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el
proceso con radicado 11001-03-24-000-2012-00178-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-699 del 18 de noviembre de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos /
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 29 de junio de
2022. Radicado 11001-03-25-000-2015-00548-00. M.P. Oswaldo Giraldo.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
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mandatos, deberes y prohibiciones, lo que podría llegar a socavar el principio de
eficiencia propio de la función pública.
En ese contexto, existe una “mayor flexibilidad que se admite en la tipificación de
las conductas en materia sancionatoria administrativa, según el cual es posible la
definición de conductas indeterminadas y la utilización de la técnica de tipos en
blanco”, de ahí que “las conductas o comportamientos que constituyen falta
administrativa, no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle
que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la
adecuación típica”26. (subrayado fuera del texto).
La referida flexibilidad, de acuerdo con la jurisprudencia, implica que es necesario
que el legislador incluya un contenido mínimo o adopte las decisiones básicas
relativas a la definición, los alcances, los fines de las infracciones y sanciones, bajo
lo que sería una “carga mínima de intensidad normativa”, lo que implica describir los
elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, así como la
determinación del tipo y cuantía de las sanciones que serán impuestas27.
Además, la flexibilidad en el tratamiento legal del principio de tipicidad respecto de
la descripción de la sanción y, consecuentemente, la posibilidad de que sea el
reglamento el que la desarrolle de forma detallada se justifican en razones de
especialidad, puesto que la potestad administrativa sancionatoria se ejerce
frecuentemente en contextos en los que predominan los factores técnicos, cuya
caracterización está vinculada a los avances y las especificaciones de la ciencia.
En lo que respecta al concepto jurídico indeterminado, la jurisprudencia lo ha
definido como aquel que no concibe todos los elementos específicos para que se
entienda su alcance, sino que requiere ser completado, ya sea a través de un
ejercicio interpretativo, o con un elemento complementario. Como función de la
figura se destaca que es expresar lo que el legislador desconoce en el momento de
dictar la ley o, dicho de otro modo, hacer ejercicio de la función legislativa frente a
aspectos en los cuales no se tiene total certeza, por lo que su concreción puede
llevarse de manera detallada a través del reglamento28.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-713 del 12 de septiembre de 2012. M.P. Mauricio González.
27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta del 5 de marzo de 2019. Radicado
11001-03-06-000-2018-00217-00(2403). C.P. Germán Alberto Bula Escobar.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-394 del 28 de agosto de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Como requisitos del concepto jurídico indeterminado se destacan que: i) debe ser
determinable, por lo que se deben fijar los elementos para establecer su alcance, ii)
no puede ser completamente indeterminado y iii) se debe definir su contenido a
través de otras fuentes como la Constitución, la ley o el reglamento, para así
determinar los criterios objetivos que permitan complementar o concretar las
hipótesis normativas de manera razonable y proporcionada29.
Precisamente, en este caso las sanciones están vinculadas al servicio público de
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo -en adelante CLDP-, en
el que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, dado su carácter técnico,
es ajustado a la Constitución “que sea la ley la que establezca los lineamientos
generales sobre este asunto, pero que corresponda al Presidente, a través de la
dependencia competente y conocedora del asunto, clasificar y reglamentar en
detalle lo pertinente a tal distribución”30.
De ahí que, si las temáticas sobre las que se materializan las sanciones
administrativas regularmente demandan de ajustes, se valida que sea el reglamento
y no la ley el que desarrolle el elemento en cuestión, ya que, a diferencia de la
segunda, puede disciplinar oportunamente las especificaciones mutables que
afecten las conductas sancionables que se quieran prohibir o regularizar, con base,
claro está, en la descripción genérica de la ley31.
En conclusión, en cuanto a la tipicidad, la ley debe fijar, al menos en modo genérico
–que no absolutamente indeterminado– los elementos esenciales de la sanción
administrativa, entre ellos la descripción de la conducta que la origina, lo que supone
que tal ejercicio no debe ser detallado (conducta parcialmente indeterminada) y el
reglamento, con base en ese marco general, puede desarrollar en concreto la
caracterización de los aspectos que tienen reserva de ley32.
1.2.1. Marco normativo del servicio público de distribución de CLDP
La Constitución Política de 1991 previó en sus artículos 33233 y 36034 que el Estado
es “propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”, entre los
29 Ibid.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-512 de 9 de octubre de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
31 Ibid.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de octubre de 2022.
Radicado 05001-23-24-000-1996-00680-01 (20738) C.P. Enrique Gil Botero.
33 “Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin
perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
34 “Artículo 360 [modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011]. La explotación de un
recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título
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que se encuentran los hidrocarburos y que, respecto de tales bienes, su explotación
causa una contraprestación en su favor, consistente en las regalías, entre otras.
El marco jurídico en petróleos se encuentra contenido principalmente en el Decreto
Ley 1056 de 1953 y sus reformas, el cual fue expedido en vigencia de la Constitución
de 1886 y conservó su vigencia luego de la promulgación de la Carta de 1991.
1.2.1.1. Generalidades del Código de Petróleos -Decreto Ley 1056 de 1953-
En el Decreto Ley 1056 de 1953 se establecieron disposiciones con fuerza material
de ley sobre aspectos como la forma en que se explotarían los recursos petroleros,
el carácter de utilidad pública de la industria petrolera, la manera en que se realizaría
su almacenamiento, el procedimiento de exploración y explotación, la demarcación
del área objeto de extracción, el pago de las regalías, el transporte del producto, el
retorno de los oleoductos públicos y su refinación, entre otros35.
En cuanto a las sanciones, el artículo 6736 del Decreto 1056 de 1953 dispuso que
el gobierno podría imponer multas de entre 2.000 y 100.000 SMLMV para sancionar
el incumplimiento de las normas de ese estatuto cuando este “no deba producir” la
caducidad del contrato o cancelación de permisos, o cuando prefiera optar por esa
sanción y no declarar la caducidad37.
En el Decreto 1056 también se hizo ejercicio de la potestad reglamentaria de
manera separada al ejercicio de las potestades legislativas de la primera parte de
de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables […]”.
35 La normativa en materia de petróleos y sus derivados no se encuentra contenida en una sola ley,
sino que está conformada por distintas fuentes constitucionales, legales y reglamentarias. ZAPATA,
José Vicente. Código de Petróleos. Actualizado y concordado. Bogotá D.C.: 2019. Universidad
Externado de Colombia. P. 201-240.
36 “Artículo 67. [Modificado por el artículo 26 de la Ley 1753 de 2015]. El Ministerio de Minas y Energía
podrá imponer administrativamente multas entre dos mil (2.000) y cien mil (100.000) SMLMV, en
cada caso, por el incumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Código de Petróleos,
cuando el incumplimiento no deba producir caducidad de contratos o cancelación de permisos, o
cuando el Gobierno prefiera optar por esta sanción y no declarar la caducidad”.
37 Según el artículo 68, podría declararse la caducidad o cancelarse el permiso concedido: “1.
Cuando no se paguen oportunamente a la Nación las regalías o los impuestos que le correspondan
o cuando se desconozca al Gobierno el derecho preferencial para transportar sus petróleos. // 2.
Cuando no se inicie la explotación o transporte en el plazo fijado para ello en los contratos o si una
vez iniciada estas operaciones, se suspendieren por más de 120 días en un año, sin anuencia del
Gobierno. // 3. Cuando en caso de que una estructura petrolífera corresponda a distintos contratistas,
y ocurriendo entre ellos conflictos por tal motivo, se nieguen a poner en práctica el plan cooperativo
de explotación […]. // 4. Cuando en los casos del artículo 11 el contratista se niegue a someter la
diferencia al dictamen parcial o se niegue a cumplir lo resuelto por los peritos. // 5. Cuando no se
tenga permanentemente constituida y domiciliada en Bogotá una casa o sucursal, según lo dispuesto
en el artículo 10. // 6. En caso de quiebra del contratista […]. // 7. Cuando el contratista traspase el
contrato a un Gobierno extranjero o a entidades que dependan de él, y // 8. Cuando el contratista
deje de hacer la inversión anual de qué trata el inciso final del artículo 27 de este Código”.
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esa norma38, con respecto a los aspectos anteriormente mencionados y, en cuanto
a las sanciones, se previó que, si en el evento del numeral 3 del artículo 26 de esa
normativa el concesionario ocupa parcial o totalmente las mejoras de propiedad de
los cultivadores y colonos establecidos previamente a la apertura de los pozos, sin
pagarles las indemnizaciones a que haya lugar, se incurrirá en multa, la cual será
tasada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción39.
Por otro lado, se dispuso que, dentro de las cuantías fijadas en el artículo 67, el
entonces Ministerio de Minas y Petróleos -hoy Ministerio de Minas y Energía-
impondrá las multas que estime convenientes, en atención a la gravedad de la falta
y a las circunstancias del hecho u omisión respectiva40. Igualmente, se estableció
en el artículo 21241 que la actividad de transporte y distribución del petróleo
constituye un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los
reglamentos, en procura del interés general42.
Como se observa, el Decreto 1056 de 1953 estableció normas con fuerza de ley en
las que se reguló el ciclo del petróleo, así como las sanciones a imponer en ese
sector. Tales disposiciones fueron previstas en ejercicio de la habilitación del
Congreso de la República al presidente para que dictara un código sobre la
materia43, así como en virtud de la potestad reglamentaria, lo que justifica que su
primera parte se dictara con fuerza material de ley, mientras que la segunda como
un reglamento.
38 El Decreto 1056 de 1953 concentró simultáneamente el ejercicio de la potestad reglamentaria -a
partir del artículo 82- y de las facultades legales extraordinarias -hasta el artículo 81-.
39 “Artículo 154. Si en el caso del inciso 3 artículo 26, el concesionario de exploración y explotación
de petróleo ocupa parcial o totalmente las mejoras de propiedad de cultivadores o colonos
establecidos con anterioridad al contrato o a la apertura de los pozos, sin pagarles previamente las
indemnizaciones a que haya lugar de conformidad con la mencionada disposición legal, incurrirá en
una multa hasta de mil pesos que fijará el Ministerio de Minas y petróleos teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción, sin perjuicio de que el colono perjudicado haga valer ante las autoridades
competente las acciones a que haya lugar para obtener la indemnización de perjuicios y la sanción
legal que sea del caso”.
40 “Artículo 226. Dentro de la cuantía fijada para las multas por el artículo 67, el Ministerio de Minas
y Petróleos impondrá, en caso de infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código, las
multas que estime convenientes, en atención a la gravedad de la falta y a las circunstancias del
hecho u omisión de que se trate, sin perjuicio de las normas que para casos especiales se señalan
en el mismo Código”.
41 “Artículo 212. Como el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un
servicio público, las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de
conformidad con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales”.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 1 de junio de 2020. Expediente
11001-03-26-000-2006-00039-00 (33064). C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
43 “Ley 18 de 1952. Artículo 23. Facultase al Gobierno para que elabore una codificación de las
disposiciones legales y reglamentarias sobre petróleos e introduzca a la actual legislación las
reformas que demande tal codificación. La nueva numeración comenzara por la unidad, y los
capítulos se ordenarán con sujeción a la distribución de materias”.
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1.2.1.2. Las leyes 39 de 1987 y 26 de 1989 en materia de distribución de
petróleo y sus derivados
En la Ley 39 de 1987, se reguló la distribución del petróleo y sus derivados,
actividad que es considerada un servicio público que se debe prestar de
conformidad con la ley44, punto este último que marcó un cambio con el Código de
Petróleos, que directamente sometía la prestación de la actividad a los reglamentos
que dictara el Gobierno45.
En Ley 39 de 1987 se regularon aspectos asociados a los tipos de distribuidores; el
otorgamiento de licencias de las distribuidoras de petróleo y sus derivados; el
margen de comercialización de la gasolina y el porcentaje de evaporación o
pérdida46 y el derecho de asociación de los distribuidores minoristas47.
En lo concerniente al tema sancionatorio, los artículos 4 y 848 señalaron que la
inobservancia de esa ley conllevaría a la imposición de las sanciones “que
determinen los reglamentos” dictados por el Gobierno Nacional, previo el
procedimiento especial en ellos indicados.
La Ley 39 de 1987 fue adicionada49 por la Ley 26 de 1989, en la que se dictaron
disposiciones sobre la distribución de CLDP y se estableció que el gobierno
44 “Artículo 1. [Adicionado por el artículo 1 de la Ley 26 de 1989]. En razón de la naturaleza del
servicio público de la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo; fijado por la Ley
39 de 1987, el Gobierno podrá determinar: horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad,
calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que influyen
en la mejor prestación de ese servicio”.
45 Al margen de que la Constitución de 1991 consagra el ejercicio de la potestad reglamentaria
cuando sea necesario para la cumplida ejecución de la ley, en la actualidad, en la materia asociada
a la presente controversia, el numeral 8 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012, le atribuyó al
Ministerio de Minas y Energía la función de expedir reglamentos del sector “para la exploración,
explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y
exportación de recursos naturales no renovables y biocombustibles”.
46 “Artículo 5. [Adicionado por el artículo 4 de la Ley 26 de 1989]. Dentro del precio de la gasolina
motor al público, el Gobierno incluirá el monto fijado al margen de comercialización y el valor
correspondiente al porcentaje señalado por evaporación, pérdida o cualquier otro concepto que
afecte el volumen de la gasolina […]”.
47 “Artículo 7. Los distribuidores minoristas podrán conformar de acuerdo con la Ley, asociaciones y
federaciones, con el fin de ser oídos por el Gobierno, conforme al artículo 6o. de esta Ley, de hacer
peticiones respetuosas a las autoridades, y de tecnificar sus establecimientos de servicio, así como
el de mejorar el nivel de vida de sus asociados. En todo caso sus asociaciones serán sin ánimo de
lucro y se regirán por los estatutos que aprueben las autoridades respectivas”.
48 “Artículo 4. Corresponderá al Ministerio de Minas y Energía el otorgamiento de las licencias de las
distribuidoras de petróleo y sus derivados, de acuerdo con la clasificación y normas que dicte el
Gobierno Nacional […]. Asimismo, le corresponderá la aplicación de todas las sanciones que
determinen los reglamentos del Gobierno, previo el procedimiento especial en ellos indicados y en
su defecto el procedimiento gubernativo”. […] // “Artículo 8. El Gobierno determinará las normas
sobre calidad, medida y control de los combustibles y las sanciones a que haya lugar para los
distribuidores que no observen la Ley”.
49 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 28 de febrero de 2013. Radicado 41001-23-31-
000-2007-00280-01 (18807). C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. En esta providencia se indica
que el ámbito de aplicación de la Ley 37 de 1987 es extensible a la Ley 26 de 1989 que la adicionó.
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determinaría aspectos como horarios, precios, márgenes de comercialización,
calidad, calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás
aspectos. En el artículo 350 se prescribió que los establecimientos de distribución
que transgredan las normas del funcionamiento del servicio público o las órdenes
respectivas del Ministerio de Minas y Energía serían sancionados por esa cartera
ministerial con: i) amonestación, ii) multa de 10 SMLMV, iii) suspensión del servicio
hasta por 10 días o iv) cancelación de la licencia de funcionamiento.
Lo anterior muestra que, a diferencia de la Ley 39 de 1987, que establecía que la
inobservancia de sus normas conllevaba la imposición de las sanciones que se
determinaran en el reglamento, la Ley 26 de 1989 limitó en el plano legal dichas
sanciones a la amonestación, la multa, la suspensión del servicio y la cancelación
de la licencia de funcionamiento, así como también previó un procedimiento para
hacer conocer los cargos por escrito y un plazo para los descargos, para
posteriormente proceder con la práctica de pruebas y, luego, tomar la decisión, que
es pasible del recurso de reposición.
Si bien ninguna de las leyes describió conductas o infracciones específicas, sí
regularon dicho elemento con el nivel de intensidad mínimo que posibilita el régimen
de las sanciones administrativas vinculadas a conductas que se desenvuelven en
un ámbito técnico, como sucede con el servicio público de distribución de CLDP.
En efecto, el legislador, además de que estableció que es objeto de sanción la
transgresión de normas o las órdenes del Ministerio de Minas y Energía sobre el
funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP (artículo 3 de la Ley
26), enlistó, a título enunciativo, una serie de temáticas que influyen en la mejor
prestación o funcionamiento de dicho servicio, específicamente se refirió a los
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones,
condiciones de seguridad, relaciones contractuales, medida y control de los
combustibles y demás aspectos que influyen en la mejor prestación de ese servicio
público, temáticas cuyo desarrollo defirió expresamente al Gobierno Nacional
(artículos 1 y 8 de las Leyes 26 y 39, respectivamente).
50 “Artículo 3. Los establecimientos de distribución que transgredan las normas sobre el
funcionamiento de servicio público o las órdenes del Ministerio de Minas y Energía sobre el particular,
serán sancionadas por el mismo Ministerio con: a) Amonestación; b) Multa de hasta 10 SMLMV; c)
Suspensión del servicio hasta por 10 días; y, d) Cancelación de la licencia de funcionamiento. // Para
el efecto, el Ministerio de Minas y Energía hará conocer por escrito los cargos, dará un plazo de 10
a 30 días para los descargos, practicará las pruebas conducentes y tomará la decisión que sólo
admitirá el recurso de reposición conforme el Decreto 01 de 1984, en la vía gubernativa”.
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Lo anterior evidencia cómo el legislador, valiéndose de un concepto jurídico
parcialmente indeterminado (el funcionamiento del servicio público de distribución
de CLDP), estableció que la transgresión o infracción de las normas y órdenes del
Ministerio de Minas y Energía vinculados a aquel sería objeto de sanción y delimitó
el contenido de dicho concepto cuando se refirió a algunas temáticas cuyo
desarrollo reglamentario expresamente atribuyó al ejecutivo.
Ese método del concepto jurídico indeterminado utilizado por el legislador, en frente
del control del juez dirigido establecer si la reglamentación excede o no la potestad
otorgada por el artículo 189.11 de la Constitución Política, exige establecer respecto
de cada norma demandada, si se desarrolla o no dicho concepto, para lo cual es
necesario contrastar si las conductas previstas en ellas tienen o no una conexión
temática con las condiciones que el legislador estimó que afectaban la prestación o
el funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP.
Asimismo, en lo que concierne a las normas sobre el funcionamiento del servicio
público de distribución de CLDP, estas no se agotan únicamente en los artículos 8
y 1 de las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989 y, dependiendo de la materia relacionada
con ese tópico, pueden comprender un mayor conjunto de normas de rango legal,
según se evidenciará en el análisis de algunos de los artículos demandados. Por
ese motivo, las normas de naturaleza reglamentaria previstas en el Decreto 1073
de 2015 que, con base en la generalidad de la normativa legal, desarrollan una
amplia gama de infracciones, están relacionadas con algunas de las siguientes
disposiciones que se enlistan a título enunciativo:
• El artículo 2 de la Ley 39 de 198751, modificado por el artículo 6152 de la Ley 812
de 2003, al determinar los agentes de la cadena de distribución de CLDP,
circunscribió el funcionamiento de tal servicio público al refinador, importador,
almacenador, distribuidor mayorista y minorista53, transportador y gran consumidor.
Esa modificación, contenida en una Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se ha
mantenido vigente en las leyes cuatrienales posteriores de esa naturaleza.
51 Antes de la modificación que hizo la Ley 812 de 26 de junio de 2003, las normas reglamentarias
para esa fecha tuvieron como marco de referencia los agentes entonces previstos y definidos, es
decir, el distribuidor mayorista y minorista, el gran consumidor y el transportador.
52 “Los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, con la
excepción del gas licuado de petróleo, solamente serán el Refinador, el Importador, el Almacenador,
el Distribuidor Mayorista, el transportador, el Distribuidor Minorista y el Gran Consumidor”.
53 En sentencia de la Sección Primera del 30 de julio de 2020, en el expediente 25000-23-41-000-
2018-00448-01, con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, se señaló que las
normas reglamentarias del artículo 61 de la Ley 812 de 2003 ubican a los distribuidores mayoristas
y minoristas dentro de la cadena comercial de distribución y, mientras los mayoristas distribuyen los
CLDP a través de plataformas de abastecimiento, los minoristas lo hacen en una estación de servicio.
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• El artículo 354 de la Ley 39 de 1987 facultó al Gobierno Nacional para hacer la
clasificación de las estaciones de servicio (en adelante EDS)55 y de las empresas
transportadoras, con el fin de exigir requisitos para su funcionamiento.
• Los artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989 facultaron al Gobierno
Nacional para determinar normas sobre calidad, medida y control de los
combustibles, así como horarios, precios, márgenes de comercialización,
calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás
aspectos que influyen en la mejor prestación de ese servicio público56. El
otorgamiento de la facultad descrita no ha merecido reparo para la jurisprudencia
de esta Corporación cuando se ha ocupado de su análisis57.
• El artículo 258 de la Ley 26 de 1989 facultó al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Minas y Energía, para otorgar licencia previa de funcionamiento a las
personas distribuidoras de petróleo y sus derivados y para declarar la saturación o
inconveniencia de construcción de EDS y plantas de distribución en determinadas
áreas urbanas o geográficas del país.
• El artículo 1959 de la Ley 191 de 1995, modificado por los artículos 1 de la Ley 681
de 2001, 9 de la Ley 1430 de 2010, 172 de la Ley 1607 de 2012 y 220 de la Ley
54 “Artículo 3. El Gobierno podrá hacer la clasificación de las estaciones de servicio y de las empresas
transportadoras que se encuentran dentro del artículo anterior, con el fin de exigir requisitos para su
funcionamiento”.
55 El artículo 4 del Decreto 4299 de 2005 –compilado en el Decreto 1073 de 2015 en el artículo
2.2.1.1.2.2.1.4., entre las definiciones aplicables a la distribución de CLDP– dispuso que dicho
concepto corresponde a todo establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen al consumidor
final los CLDP y que, dependiendo del tipo de combustibles que distribuyan las EDS, estas se
clasifican en: de aviación, automotriz; fluvial, y marítima. Asimismo, el artículo 3 del Decreto 1521 de
1998 –compilado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015–, clasificó las EDS según:
i) la clase de servicios que prestan (clases A, B y C); ii) su naturaleza (pública y privada); y iii) la
clase de producto que manejan (dedicada, gas natural comprimido, CLDP y mixta).
56 En sentencia de la Sección Primera de 23 de mayo de 2013, en el expediente 66001-23-31-000-
2008-00178-01, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, se indicó que, en
virtud de la naturaleza del combustible, “[…] la distribución de líquidos derivados del petróleo es un
servicio público que se debe prestar con las mayores garantías de seguridad […]”.
57 En la sentencia de la Sección Primera de 25 de agosto de 2010, en el expediente 11001-03-24-
000-2006-00184-01, con ponencia de la consejera María Claudia Rojas Lasso [E], se dijo, frente a
las “relaciones contractuales”, que “el contenido normativo del acto acusado en cuanto el ejecutivo
desarrolla la facultad que le confirió el legislador de regular las obligaciones que, indistintamente de
la relación contractual, deben acatar el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista”.
58 “Artículo 2. El Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, tendrá, además, competencia
para otorgar licencia previa de funcionamiento, a las personas distribuidoras de petróleo y sus
derivados y para declarar la saturación o inconveniencia de construcción de estaciones de servicios
y plantas de distribución en determinadas áreas urbanas o geográficas del país”.
59 “Artículo 19. [modificado por el artículo 9 de la Ley 1430 de 2010]. [Inciso modificado por el artículo
220 de la Ley 1819 de 2016]. En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, el
Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles líquidos […] // En
desarrollo de esta función, el Ministerio de Minas y Energía se encargará de la distribución de
combustibles en los territorios determinados, bien sea importando combustible del país vecino o
18
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
1819 de 2016, establece varias reglas para la distribución de CLDP en los
departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera. No sobra indicar que,
dadas las modificaciones del artículo 19 en cuestión, el examen de las normas que
lo han reglamentado debe hacerse a la luz de la modificación vigente para cuando
se profirieron las correspondientes reglamentaciones.
Estos elementos esenciales que permiten materializar las infracciones y las
sanciones aplicables en la distribución de CLDP, además de que se deducen
principalmente de las Leyes 37 de 1987 y 26 de 1989, resultan compatibles con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado60, para quienes se
ajusta a la Constitución el hecho de que el legislador establezca los lineamientos
generales sobre el funcionamiento de dicho servicio público y que el presidente, a
través de la dependencia competente, los reglamente en detalle.
Esas premisas jurisprudenciales parten de la base de la relatividad y flexibilidad de
los principios de tipicidad y de reserva de ley, descritos con antelación, como
también del carácter técnico-especializado de cada asunto, lo que justifica admitir
que sean las distintas autoridades y organismos administrativos de la Rama
Ejecutiva, cuyas competencias conciernen con el servicio público en cuestión, las
que están en mejores condiciones de clasificar y reglamentar en detalle lo pertinente
a la distribución de CLDP61, máxime si considera que esta actividad ha sido
atendiendo el suministro con combustibles producidos en Colombia. El volumen máximo a distribuir
será establecido por el Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos, o quien haga sus
veces, quien podrá ceder o contratar, total o parcialmente con los distribuidores mayoristas y
terceros, la importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta de los combustibles. // El
combustible se entregará exclusivamente a las estaciones de servicio y comercializadores
industriales ubicados en los municipios reconocidos como zonas de frontera, para ser distribuido al
parque automotor y a los grandes consumidores que consuman volúmenes inferiores a los 100.000
galones mensuales, en la forma establecida en las disposiciones vigentes […]. // Los contratos de
transporte de combustibles que celebre el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Dirección de
Hidrocarburos, con distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas o con terceros, deberán
establecer de manera expresa que estos agentes se obligan a entregar el combustible directamente
en cada estación de servicio y en los vehículos del comercializador industrial y las instalaciones que
estos atienden, en concordancia con los cupos asignados […]”.
60 Corte Constitucional. Sentencias C-512 de 9 de octubre de 1997. M.P. Jorge Arango y C-699 de
18 de noviembre de 2015. M.P. Alberto Rojas. / Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de
25 de agosto de 2010. Expediente 11001032400020060018401. C.P. María Claudia Rojas Lasso [E]
61 La reserva legal no es absoluta, pues no exige que el legislador determine todos los elementos de
la materia sujeta a reserva. El “objeto propio de la reserva” es el “núcleo esencial” de la materia
reservada, lo que no supone un “vaciamiento de la potestad reglamentaria” o regulatoria, ya que
permite que mediante tales facultades se desarrollen ciertos elementos puntuales de la materia de
reserva. El principio de reserva de ley es relativo, pues su contenido y alcance dependen de i) “la
norma que establece la reserva”, ya que la Constitución le impone al legislador la obligación de
regular ciertos asuntos con un grado de detalle diferenciado y específico y ii) la “naturaleza de las
materias por regular”, pues no todas las asignadas por la Constitución al Congreso son susceptibles
de igual grado de desarrollo legislativo. Así, es posible diferenciar “entre reservas más o menos
estrictas, según la posibilidad de concreción administrativa de los elementos contenidos en la ley”.
Sentencia C-056 del 11 de marzo de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
19
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
calificada62 como peligrosa y que, de ser desviada hacia fines ilícitos o ejercerse
ilegalmente, representaría una grave amenaza para la seguridad ciudadana.
Cabe advertir también que la configuración en la ley de los referidos elementos
esenciales no puede restringirse a una única disposición contenida en las leyes que
versan sobre la materia, de modo que es perfectamente posible que dichos
aspectos se completen a partir de la interpretación sistemática de otras normas.
Sostener lo contrario conduciría a una posición irrazonable, al obligar al legislador
a establecer, en un mismo artículo, todos los elementos generales y básicos que le
permitan a las autoridades y órganos administrativos desarrollar en el plano
reglamentario el inmenso conjunto de conductas objeto de sanción.
Lo expuesto amerita que el análisis del segundo cargo no pueda ser resuelto de
manera general, ya que exige establecer si, tratándose de cada una de las normas
reglamentarias que fueron demandadas con base en aquel, el legislador contempló
o no los elementos esenciales que debe disponer en materia sancionatoria.
2. Análisis específico de los cargos
2.1. Expresiones “establecer” y “el régimen sancionatorio” del inciso 1 del
artículo 2.2.1.1.2.2.1.1.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.4299/05)
Artículo 2.2.1.1.2.2.1.1. Objeto. Esta Artículo 1. Objeto. Este decreto tiene por
sección tiene por objeto establecer los objeto establecer los requisitos,
requisitos, obligaciones y el régimen obligaciones y el régimen sancionatorio,
sancionatorio, aplicables a los agentes de aplicables a los agentes de la cadena de
la cadena de distribución de combustibles distribución de combustibles líquidos
líquidos derivados del petróleo, excepto derivados del petróleo, excepto GLP,
GLP, señalados en el artículo 61 de la Ley señalados en el artículo 61 de la Ley 812
812 de 2003, con el fin de resguardar a las de 2003, con el fin de resguardar a las
personas, los bienes y preservar el medio personas, los bienes y preservar el medio
ambiente. […] ambiente. […]
Se alegó que las expresiones se basaron en normas que no regularon el régimen
sancionatorio de los agentes de la cadena de distribución de CLDP (Ley 812/2003).
La norma demandada compiló el artículo 1 del Decreto 4299 de 200563, y en su
epígrafe64 se enunció como norma que se reglamentaba el artículo 61 de la Ley 812
de 2003 –modificatorio del artículo 2 de la Ley 39 de 1987–.
62 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 30 de marzo de 2017. Expediente 11001-03-
26-000-2006-00049-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
63 “Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras disposiciones”.
64 “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales, en especial las que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, el
Decreto Legislativo 1056 de 1953 y las Leyes 39 de 1987, 26 de 1989 y 812 de 2003 […]”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
En este punto no es válido concluir, como lo hace el señor William Esteban Gómez
Molina, que la única norma legal que podía servir de fundamento a la norma
compilada en el artículo contentivo de las expresiones demandadas era el artículo
61 de la Ley 812 de 2003, en tanto este constituye apenas una regla dentro del
conjunto de normas que disciplinan el servicio público de distribución de CLDP y
que se encuentran en el Decreto Ley 1056 de 1953 y las Leyes 39 de 1987 y 26 de
1989.
En efecto, el marco general establecido en el artículo 3 de la Ley 26 de 1989 permite
identificar los cuatro tipos de sanciones que pueden imponerse y las etapas del
procedimiento administrativo. En cuanto a las conductas objeto de sanción, dada la
especialidad de la materia, la ley acudió a normas parcialmente indeterminadas que
requieren, de parte del intérprete, de un ejercicio integrador entre los elementos
genéricos dispuestos en el conjunto de normas antes referido y la especificación
pormenorizada fijada en la respectiva reglamentación.
Las expresiones demandadas son coincidentes con dicho marco general, sin que la
Sala observe que lo desborden, en especial, porque no van más allá de introducir,
en el nivel reglamentario, lo que ya el legislador había previsto sobre la materia, en
particular, en las Leyes 26 de 1989 y 39 de 1987. Además, dichas expresiones, por
sí mismas, dada su generalidad, no resultan enjuiciables sino en conjunción con
contenidos específicos de la normativa reglamentaria respecto de los cuales se
acredite que conciernen a elementos del derecho administrativo sancionador que le
correspondía establecer al legislador, lo que no ocurre en este caso.
En virtud de lo expuesto, existe un marco normativo legal en materia de distribución
de CLDP en el que se regulan los elementos generales del régimen sancionatorio y
que sirve de fundamento para el artículo 2.2.1.1.2.2.1.1. del Decreto 1073 de 2015,
contentivo de las expresiones demandadas, por lo que se desestima el cargo.
2.2. Artículos 2.2.1.1.2.2.3.65., 2.2.1.1.2.2.3.68. (inciso 2 del literal g) y
2.2.1.1.2.2.3.71.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1521/98)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.65. Operación de las Artículo 28.
estaciones de servicio.
No podrá una estación de servicio entrar a No podrá una estación de servicio entrar a
operar sin haber dado total cumplimiento a operar sin haber dado total cumplimiento a
lo exigido en el presente decreto; en caso lo exigido en el presente decreto; en caso
de hacerlo, se le impondrá la sanción de hacerlo, se le impondrá la sanción
pertinente. pertinente.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1521/98)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.68. Procedimiento Artículo 31 […].
para la calibración […]. g) […]
g) […] Los funcionarios competentes tendrán en
Los funcionarios competentes tendrán en cuenta que, a partir de la vigencia del
cuenta que, a partir del 4 de agosto de presente decreto, el régimen sancionatorio
1998, el régimen sancionatorio se aplicará se aplicará cuando las diferencias
cuando las diferencias encontradas encontradas durante la verificación de la
durante la verificación de la calibración de calibración de un surtidor en una estación
un surtidor en una estación de servicio sean de servicio sean mayores de más o menos
mayores de más o menos de siete (+ o -7) de siete (+ó-7) pulgadas cúbicas (líneas)
pulgadas cúbicas (líneas) en relación con la en relación con la línea cero (0) del
línea cero (0) del calibrador de cinco (5) calibrador de cinco (5) galones de
galones de capacidad […]. capacidad […].
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1521/98)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.71. Régimen Artículo 54.
aplicable a los establecimientos que
presten servicios de cambio de aceites. Todo establecimiento comercial que preste
Todo establecimiento comercial que preste servicio de cambio de aceites y filtros
servicio de cambio de aceites y filtros estará obligado a cumplir con las
estará obligado a cumplir con las disposiciones proferidas por la autoridad
disposiciones proferidas por la autoridad competente en cuanto a los envases y
competente en cuanto a los envases y filtros cambiados, residuos líquidos y
filtros cambiados, residuos líquidos y sólidos. El no cumplimiento de esta
sólidos. El no cumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones
disposición acarreará las sanciones correspondientes.
correspondientes.
Se manifestó que los artículos demandados se fundaron en normas que no
previeron la conducta que da lugar a la sanción (el Decreto ley 2119 de 1992).
En el caso del artículo 2.2.1.1.2.2.3.65. del Decreto 1073 de 2015, por sí mismo,
dado que se referencian los requisitos y las sanciones previstos en él sin atacar
ninguno en específico, no resulta enjuiciable sino en conjunto con contenidos
concretos de la normativa reglamentaria respecto de los cuales se acredite que
conciernen a elementos esenciales del derecho administrativo sancionador que le
correspondía establecer al legislador, lo que no ocurre en este caso.
A su turno, en el caso de los artículos 2.2.1.1.2.2.3.68. (inciso 2 del literal g) y
2.2.1.1.2.2.3.71. del Decreto 1073 de 2015, se trata de conductas relacionadas con
el funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP.
En efecto, en el primer caso, las diferencias en las calibraciones de los surtidores
en estaciones de servicio constituyen un desarrollo reglamentario de los artículos 8
de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989 que establecen, en el marco de los
elementos generales sobre la materia, que el gobierno podrá determinar, entre otras
cosas, “calibraciones […] y demás condiciones que influyen en la mejor prestación
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
de ese servicio público” y “normas sobre […] medida y control de los combustibles”,
respectivamente, aspectos que guardan relación temática con esa conducta.
En el segundo caso, las disposiciones de la autoridad competente que debe cumplir
todo establecimiento comercial prestador del servicio de cambio de aceites y filtros,
en materia de envases y filtros cambiados, residuos líquidos y sólidos constituyen
un desarrollo reglamentario de los elementos generales dispuestos en el artículo 1
de la Ley 26 de 1989, entre otros, las “condiciones de seguridad […] y demás
condiciones que influyen en la mejor prestación de ese servicio público” , aspectos
que guardan relación temática con dicho deber.
En ambos casos las normas reglamentarias indican que se aplicará el régimen
sancionatorio cuando se incurra en las conductas que aquellas desarrollan,
previsiones que deben interpretarse de forma sistemática y en concordancia con el
artículo 3 de la Ley 26 de 1989, que determinó los elementos estructurales
asociados a la sanción, como se explicó en precedencia.
Una interpretación aislada de las normas reglamentarias, fundamentada en una
aplicación estricta de los principios de tipicidad y de reserva de ley, conduciría a
obligar al legislador a precaver, aún en un nivel abstracto de regulación, las mismas
conductas previstas en las normas demandadas, posición que no comparte la Sala.
En este punto se reitera que en materias tan especializadas desde el ámbito técnico
como la distribución de CLDP, los elementos generales del régimen sancionatorio
deben estar previstos en la ley, mientras que al reglamento le corresponde
desarrollarlos en el detalle, situación que adquiere particular relevancia en el caso
de las infracciones a conductas objeto de sanción, las cuales, se indicó, pueden
estructurarse haciendo uso de técnicas como los conceptos jurídicos
indeterminados o los tipos o normas en blanco.
Así, para efectos de la observancia del principio de legalidad y los que le son
inmanentes, se ajusta al ordenamiento jurídico el hecho de que el legislador haya
previsto un concepto jurídico parcialmente indeterminado (funcionamiento del
servicio público de distribución de CLDP) y algunos elementos para completar su
contenido (calibraciones, medida, control, condiciones de seguridad, etc.), que
precisamente sirvieron de referencia al reglamento para el desarrollo pertinente en
lo que se refiere a la descripción de las conductas a sancionar.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
En virtud de lo expuesto, el cargo contra los artículos 2.2.1.1.2.2.3.65.,
2.2.1.1.2.2.3.68. (inciso 2 del literal g) y 2.2.1.1.2.2.3.71. del Decreto 1073 de 2015
se despachará desfavorablemente, pues frente a las conductas allí reguladas existe
un marco normativo legal en materia del servicio público de distribución de CLDP
en el que se regula mínimamente el elemento estructural de la descripción de la
conducta a sancionar, exigido en el derecho administrativo sancionatorio.
2.3. Inciso 4 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.73.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.2935/02)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.73. Reportes de Artículo 3. Reportes de información. […] El
información. […] El incumplimiento del incumplimiento del reporte de información
reporte de información contenido en el contenido en el presente artículo por parte
presente artículo por parte de los agentes de los agentes señalados, acarreará las
señalados, acarreará las sanciones sanciones contempladas en la Ley 39 de
contempladas en la Ley 39 de 1987 1987 adicionada por la Ley 26 de 1989.
adicionada por la Ley 26 de 1989.
El actor adujo que la norma demandada se fundamentó en normas que no previeron
la conducta que da lugar a la sanción -el artículo 14 de la Ley 681 de 2001-.
El inciso 4 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.73. del Decreto 1073 de 2015, además de que
compiló el artículo 3 del Decreto 2935 de 2002, en cuyo epígrafe65 se enunció como
norma que reglamentaba el artículo 14 de la Ley 681 de 2001, estableció la
obligación para Ecopetrol S.A. o quien haga sus veces, los distribuidores mayoristas
de combustibles, los refinadores locales y los importadores, de reportar a la Unidad
de Planeación Minero-Energética las ventas totales de ACPM realizadas durante el
trimestre anterior y discriminadas por clientes, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la terminación de cada trimestre.
Esa obligación que se exige respecto de algunos de los agentes de la cadena de
distribución de CLDP, desarrolla los artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley
26 de 1989, que prevén que el Gobierno Nacional puede determinar normas sobre
el control, precios y relaciones contractuales de dichos combustibles, temáticas que
involucran aspectos cuyo cumplimiento posibilita establecer el ingreso al productor
65 “El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y
en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo
14 de la Ley 681 de 2001 […]”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
para “Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM”66, en los
términos del artículo 14 de la Ley 681 de 200167.
Además, como consecuencia de la inobservancia de la norma demandada, se
previó expresamente la aplicación de las disposiciones que en materia sancionatoria
establecen las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989, normativa que, como se indicó, fijó
los elementos estructurales de la potestad sancionatoria en el servicio público
distribución de CLDP y, en particular, la descripción de la conducta que da lugar a
la sanción. Tal elemento se concreta en el nivel reglamentario con base en el
concepto jurídico parcialmente indeterminado (funcionamiento del servicio público
de distribución de CLDP) y algunos de los elementos previstos por el legislador para
completar su contenido (control, precios y relaciones contractuales, entre otros).
Lo anterior permite concluir que, frente a la obligación contenida en el artículo
2.2.1.1.2.2.3.73. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos para la
observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en materia
sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en la ley,
habiéndose hecho uso de un concepto parcialmente indeterminado que sirve de
fundamento para describir la conducta objeto de sanción.
En ese sentido, se trata de una obligación que se predica de normas sobre el
funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP y cuya infracción
comporta, en los términos del inciso 4 de esa disposición, que procedan las
sanciones contempladas en la Ley 26 de 1989.
Por lo expuesto, el cargo contra el inciso 4 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.73 ibidem se
despachará desfavorablemente, pues frente a la conducta a la que este se refiere
existe un marco normativo legal en materia del servicio público de distribución de
66 El artículo 2.2.1.1.2.2.3.73. del Decreto 1073 de 2015 estableció que, con base en la información
objeto de la obligación en cuestión, la UPME elabora una lista de los Grandes Consumidores
Individuales No Intermediarios de ACPM, de que trata el artículo 14 de la Ley 681 de 2001, así como
un análisis del comportamiento de la demanda de ACPM en el país y un informe ejecutivo, que se
debe remitir al Ministerio de Minas y Energía. // Entre las definiciones del artículo 1 del Decreto 2988
de 2003 –compilado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015–, se establece que, a
efectos de aplicar el artículo 14 de la Ley 681 de 2001, se considera “Gran Consumidor Individual
No Intermediario de ACPM” a aquel que tiene un consumo propio de ACPM, nacional o importado,
igual o superior a 10.000 barriles mensuales y por excepción, con independencia de su consumo,
también se consideran como tales los Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de Pasajeros y las
empresas generadoras de energía ubicadas en las Zonas Interconectadas del Territorio Nacional.
67 “Artículo 14. Para grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM, el ingreso al
productor (ip) al cual vende Ecopetrol, será como mínimo el mismo precio de exportación del mismo
// “El Gobierno reglamentará lo dispuesto en este artículo”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
CLDP en el que se regula mínimamente el elemento estructural de la descripción
de la conducta a sancionar, exigido en el derecho administrativo sancionatorio.
2.4. Artículos 2.2.1.1.2.2.3.96. (inciso 1 del parágrafo 3) y 2.2.1.1.2.2.3.99
(parágrafo)
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.4299/05)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.96. Margen del Artículo 27. Margen del distribuidor
distribuidor mayorista. […] mayorista. Modificado por el D.1717/08.
[…]
Parágrafo 3. El Distribuidor Mayorista que, Parágrafo 3. El Distribuidor Mayorista que,
vencido el plazo establecido en el vencido el plazo establecido en el
parágrafo 3 del artículo 2.2.1.1.6.126, no parágrafo 3 del artículo 26, no haya dado
haya dado cumplimiento a la capacidad cumplimiento a la capacidad mínima de
mínima de almacenamiento exigida en el almacenamiento exigida en el artículo
artículo anterior, se sancionará con multa anterior, se sancionará con multa de
de conformidad con el artículo conformidad con el artículo 34 del presente
2.2.1.1.6.134 del presente decreto y se le decreto y se le concederá un plazo único de
concederá un plazo único de seis (6) meses seis (6) meses para el cumplimiento de la
para el cumplimiento de la misma. […]. misma. […].
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.4299/05)
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.99. Suministro, costo Artículo 30. Modificado por el D.1717/08.
y custodia de la Guía Única de Transporte. Suministro, costo y custodia de la Guía
[…] Única de Transporte. […]
Parágrafo. Cuando el agente autorizado Parágrafo. Cuando el agente autorizado
para suministrar la guía única de para suministrar la guía única de
transporte, por cualquier motivo cancele o transporte, por cualquier motivo cancele o
pierda una guía o grupo de estas, deberá pierda una guía o grupo de estas, deberá
informar de manera inmediata a las informar de manera inmediata a las
autoridades aduaneras, militares y autoridades aduaneras, militares y
policivas de la región, según corresponda, policivas de la región, según corresponda,
para lo de su competencia. De igual forma para lo de su competencia. De igual forma
se deberá remitir un informe mensual al se deberá remitir un informe mensual al
Ministerio de Minas y Energía, dentro de los Ministerio de Minas y Energía, dentro de los
primeros cinco días hábiles de cada mes, primeros cinco días hábiles de cada mes,
sobre el manejo de las guías en el mes sobre el manejo de las guías en el mes
anterior, so pena de hacerse acreedor a las anterior, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en la sección sanciones establecidas en el Capítulo XXII
relativa a las sanciones del presente Título. del presente decreto.
El actor alegó que las normas demandadas se fundaron en normas que no previeron
la conducta que da lugar a la sanción (la Ley 812 de 2003).
Los artículos 2.2.1.1.2.2.3.96. (inciso 2 del parágrafo 3) y 2.2.1.1.2.2.3.99.
(parágrafo) del Decreto 1073 de 2015 compilaron el parágrafo 3 del artículo 27 –
modificado por el Decreto 1717 de 2008– y el parágrafo del artículo 30 del Decreto
4299 de 2005, normativa en la que se indicó que se reglamentaron el Decreto 1056
de 1953 y las Leyes 39 de 1987, 26 de 1989 y 812 de 200368.
68 “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales, en especial las que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, el
Decreto Legislativo 1056 de 1953 y las Leyes 39 de 1987, 26 de 1989 y 812 de 2003 […]”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
Del contenido de las normas demandadas, se observa que:
• El artículo 2.2.1.1.2.2.3.96., que debe leerse en conjunto con el artículo
2.2.1.1.2.2.3.95.69, previó la obligación de los distribuidores mayoristas de garantizar
una capacidad mínima de almacenamiento70, en el plazo establecido en el parágrafo
3 del artículo 2.2.1.1.6.126. del Decreto 1073 de 2015.
Esa obligación se exige respecto de uno de los específicos tipos de agentes de la
cadena de distribución de CLDP y desarrolla en el plano reglamentario los artículos
8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989, que establecen, en el marco de
los elementos generales propios de la materia, que el gobierno podrá determinar
normas sobre la medida, control y márgenes de comercialización de esos
combustibles, aspectos que guardan relación temática con dicha obligación.
Como consecuencia, se trata de una conducta exigible en normas asociadas al
concepto jurídico parcialmente indeterminado del “funcionamiento del servicio
público de distribución de CLDP”, cuya infracción acarrea, en los términos del inciso
1 del parágrafo 3 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.96., una sanción de multa prevista en el
supuesto artículo 2.2.1.1.6.134 del Decreto 1073 de 2015.
En virtud de lo expuesto, el cargo frente al inciso 1 del parágrafo 3 del artículo
2.2.1.1.2.2.3.96. del Decreto 1073 de 2015 se despachará desfavorablemente, pues
existe un marco normativo legal en materia de distribución de CLDP en el que sí se
regulan dentro de los elementos generales del derecho administrativo sancionatorio,
las temáticas a las que corresponde la conducta establecida en esa norma.
• El artículo 2.2.1.1.2.2.3.99., que debe leerse en conjunto con los artículos
2.2.1.1.2.2.3.97. y 2.2.1.1.2.2.3.98., establece la obligación para los agentes
autorizados de suministrar la “Guía Única de Transporte”71, y de remitir un informe
69 El artículo 2.2.1.1.2.2.3.95. del Decreto 1073 de 2015 establece que “El distribuidor mayorista que
tenga una capacidad de almacenamiento inferior a la prevista en este artículo, deberá completarla
en un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la expedición del presente decreto”.
70 De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.3.95. del Decreto 1073 de 2015 la capacidad mínima de
almacenamiento del distribuidor mayorista, aplicable para todo tipo de CLDP manejado en cada
planta de abastecimiento, corresponde al 30% de su volumen mensual de despachos de cada una
de dichas plantas que posea, calculado con el promedio de despachos mensuales de los últimos 12
meses anteriores al cálculo del factor Ca definido en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.96 de ese decreto.
71 Según el artículo 2.2.1.1.2.2.3.97. del Decreto 1073 de 2015, La Guía Única de Transporte es un
documento caracterizado así: Papel marca de agua de 8,5 x 7 pulgadas, de fondo bicolor fugitivo
azul, numeración consecutiva en tinta trireactiva y los demás caracteres en tintas de aceite, con el
logotipo del agente que la suministrará al margen izquierdo, tipo y volumen de combustible, fecha de
expedición y vigencia, información de los agentes de la cadena comprometidos en la transacción
comercial, identificación del vehículo de transporte, origen, ruta y destino del combustible.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
mensual al Ministerio de Minas y Energía, dentro de los primeros 5 días hábiles de
cada mes, sobre el manejo de las guías suministradas en el mes anterior.
Esa obligación se exige respecto de algunos agentes de la cadena de distribución
de CLDP, que la reglamentación72 autoriza para el efecto, y desarrolla en el nivel
reglamentario los artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 y 3 de la Ley 26 de 1989 que
establecen que el Gobierno Nacional puede determinar normas sobre el control y
condiciones de seguridad73 de esos combustibles.
Como consecuencia, se trata de una conducta exigible en normas asociadas al
concepto jurídico indeterminado del “funcionamiento del servicio público de
distribución de CLDP”, cuya infracción justifica la procedencia de la sanción
establecida en las normas de la sección pertinente y que se ubica en el mismo título
del Decreto 1073 de 2015 en el que se inserta el artículo 2.2.1.1.2.2.3.99.
Lo anterior permite concluir que, frente a la obligación contenida en el artículo
2.2.1.1.2.2.3.99. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos para la
observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en materia
sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en la ley,
con el uso de un concepto jurídico parcialmente indeterminado que sirve de
fundamento para describir la conducta objeto de sanción.
Por lo expuesto, el cargo contra el artículo 2.2.1.1.2.2.3.99. (parágrafo) del Decreto
1073 de 2015 se desestimará, pues frente a la conducta a la que se refiere existe
un marco normativo legal general en materia del servicio público de distribución de
CLDP en el que se regula mínimamente el elemento estructural de la descripción
de la conducta a sancionar, exigido en el derecho administrativo sancionatorio.
2.5. Artículo 2.2.1.1.2.2.6.6. (numerales 4 y 5)
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1980/03)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.6. Responsabilidades Artículo 5. Responsabilidades y
y obligaciones de la cooperativa calificada obligaciones de la cooperativa calificada
como tercero en el Departamento de La como tercero. […]
Guajira. […]
4. Las estaciones de servicio que
4. Las estaciones de servicio que distribuyan combustibles en los municipios
distribuyan combustibles en los municipios y corregimientos ubicados en Zonas de
72 De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.3.98. del Decreto 1073 de 2015, de la cadena de distribución
de CLDP, tienen la obligación de suministrar original y una copia de la “Guía Única de Transporte”
los siguientes agentes: refinador, importador, distribuidor mayorista y el almacenado.
73 De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.98. del Decreto 1073 de 2015, el agente
autorizado debe entregar al transportador original y copia de la guía única de transporte, quien
deberá tenerla a disposición de las autoridades que la requieran durante el tiempo de viaje.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
y corregimientos ubicados en Zonas de Frontera del departamento de La Guajira
Frontera del departamento de La Guajira deberán informar, dentro de los cinco (5)
deberán informar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del mes, a
días siguientes a la terminación del mes, a la UPME, con copia a Ecopetrol S.A. y a la
la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio DIAN, el volumen (en galones) de
de Minas y Energía y a la DIAN, el volumen combustibles adquiridos y la relación de las
(en galones) de combustibles adquiridos y ventas efectuadas en el mes calendario
la relación de las ventas efectuadas en el inmediatamente anterior, con
mes calendario inmediatamente anterior, discriminación de productos, cantidad (en
con discriminación de productos, cantidad galones) y precios de los mismos, so pena
(en galones) y precios de los mismos, so de hacerse acreedoras a las sanciones
pena de hacerse acreedoras a las señaladas en el Decreto 1521 de 1998 o las
sanciones señaladas en la sección relativa normas que lo modifiquen, aclaren,
a las sanciones del presente Título. adicionen o deroguen.
5. Las plantas de abastecimiento 5. Las plantas de abastecimiento
legalmente establecidas, que se legalmente establecidas, que se
encuentren localizadas en el área de encuentren localizadas en el área de
influencia, que abastezcan estaciones de influencia, que abastezcan estaciones de
servicio ubicadas en municipios y servicio ubicadas en municipios y
corregimientos de Zonas de Frontera, corregimientos de Zonas de Frontera,
deberán llevar un registro independiente deberán llevar un registro independiente
para cada uno de los combustibles que se para cada uno de los combustibles que se
distribuyan allí, el cual deberá distinguir distribuyan allí, el cual deberá distinguir
entre otros: Nombre de la estación de entre otros: Nombre de la estación de
servicio y/o transportador, municipio, servicio y/o transportador, municipio,
volumen retirado mensual, valor volumen retirado mensual, valor
correspondiente a sobretasa. Este registro correspondiente a sobretasa. Este registro
deberá ser informado mensualmente a la deberá ser informado mensualmente a la
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio UPME, dentro de los cinco (5) días
de Minas y Energía, dentro de los cinco (5) siguientes a la terminación del mes, so
días siguientes a la terminación del mes, so pena de hacerse acreedor a la imposición
pena de hacerse acreedor a la imposición de las sanciones contempladas en el
de las sanciones contempladas en la Decreto 283 de 1990 o la norma que lo
sección relativa a las sanciones del modifique, aclare, adicione o derogue.
presente Título.
El demandante alegó que los numerales demandados se fundaron en normas que
no previeron la conducta que da lugar a la sanción (la Ley 681 de 2001).
Los numerales 4 y 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.6.6. del Decreto 1073 de 2015
compilaron el artículo 5 del Decreto 1980 de 2003, en el que se anunció como
normas que se reglamentaban74, las Leyes 6 de 197175, 7 de 1991 y 681 de 2001.
El artículo 1 de la Ley 681 de 2001 modificó el artículo 19 de la Ley 191 de 1995,
modificado a su turno por otras normas posteriores76, normativa en la que se
74 “El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, las
Leyes 6 de 1971, 7 de 1991 y 681 de 2001 […]”.
75 Esta norma fue derogada por la Ley 1609 de 2013.
76 Cabe indicar que el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 681
de 2001, fue a su turno modificado por el artículo 9 de la Ley 1430 de 2010, “Por medio de la cual se
dictan normas tributarias de control y para la competitividad” y el primer inciso modificado,
posteriormente, por el artículo 172 de la Ley 1607 de 2012, “Por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones” y después, nuevamente, por el artículo 220 de la Ley 1819
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
regularon algunos aspectos de la distribución de CLDP en los departamentos y
municipios ubicados en zonas de frontera, lo que muestra la conexión temática y la
relación de género a especie entre, por una parte, el Decreto 1056 de 1953 y las
Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989 y, por otro lado, el artículo 19 de la Ley 191 de 1995.
Pese a que el artículo 2.2.1.1.2.2.6.6. del Decreto 1073 de 2015 compila el mismo
contenido del artículo 5 del Decreto 1980 de 2003, las diferencias entre ambas
disposiciones obedecen a que, tratándose del artículo 19 de la Ley 191 de 1995,
para cuando fue expedido el Decreto 1980 de 2003, se encontraba vigente la
modificación del artículo 1 de la Ley 681 de 2001 y, para cuando se profirió el
Decreto 1073 de 2015 se encontraban vigentes las modificaciones de los artículos
9 y 172 de las Leyes 1430 de 2010 y 1607 de 2012, respectivamente.
• El numeral 4 del artículo demandado estableció la obligación para las EDS que
distribuyan combustibles en los municipios y corregimientos ubicados en zonas de
frontera de la Guajira, de informar, dentro de los 5 días siguientes a la terminación
del mes, a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y a la
DIAN, el volumen, en galones, y precios de los combustibles adquiridos y la relación
de las ventas efectuadas en el mes calendario anterior, con discriminación de
productos, cantidad en galones y precios.
Esa obligación que se exige respecto de toda EDS desarrolla en el plano
reglamentario los artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989 que
prevén que el Gobierno Nacional puede determinar normas sobre la medida, control
y precios de esos combustibles y, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 191 de
1995, propende porque la autoridad pública los distribuya de manera planificada e
informada, bien sea importando combustible del país vecino o atendiendo el
suministro con combustibles producidos en Colombia, garantizando su entrega
directa en cada EDS y en los vehículos del comercializador industrial y las
instalaciones que estos atienden, según los cupos asignados, todo lo cual guarda
relación temática con dicha obligación.
Como consecuencia, se trata de una conducta exigible en normas asociadas al
concepto jurídico indeterminado del “funcionamiento del servicio público de
distribución de CLDP”, cuya infracción justifica la procedencia de las sanciones
de 2016, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
establecidas en las normas de la sección pertinente y que se ubica en el mismo
Título del Decreto 1073 de 2015 en el que se inserta el artículo 2.2.1.1.2.2.6.6.
Lo anterior permite concluir que, frente a la obligación contenida en el numeral 4 del
artículo 2.2.1.1.2.2.6.6. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos para
la observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en materia
sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en la ley, en
el marco de un concepto jurídico parcialmente indeterminado que sirve de
fundamento para describir la conducta objeto de sanción.
• El numeral 5 determinó la obligación para las plantas de abastecimiento
legalmente establecidas, localizadas en el área de influencia, que surtan las
estaciones referidas en el numeral 4, de llevar un registro independiente para cada
uno de los combustibles que allí se distribuyen y de informarlo mensualmente a la
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, dentro de los 5 días
siguientes a la terminación del mes.
Esa obligación, que se exige frente a algunos agentes de la cadena de distribución
de CLDP que operen a través de plantas de abastecimiento77, desarrolla en el nivel
reglamentario los artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989 que
establecen que el Gobierno Nacional puede determinar normas sobre la medida,
control y precios de esos combustibles y, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley
191 de 1995, propende porque la autoridad los distribuya de manera planificada.
Como consecuencia, se trata de una conducta exigible en normas asociadas al
concepto jurídico indeterminado del “funcionamiento del servicio público de
distribución de CLDP”, cuya infracción justifica la procedencia de las sanciones
establecidas en la sección pertinente y que se ubican en el mismo Título del Decreto
1073 de 2015 en el que se inserta el artículo 2.2.1.1.2.2.6.6.
Lo anterior permite concluir que, frente a la obligación contenida en el numeral 5 del
artículo 2.2.1.1.2.2.6.6. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos para
la observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en materia
sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en la ley, en
77 Entre las definiciones del artículo 4 del Decreto 4299 de 2005 –compilado y numerado en el artículo
2.2.1.1.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015–, se establece que el distribuidor mayorista ejerce la
distribución de CLDP a través de una planta de abastecimiento, a diferencia del distribuidor minorista
que lo hace a través de una EDS o como comercializador industrial. Tal disposición define una planta
de abastecimiento como las instalaciones físicas, construidas y operadas en tierra, necesarias para
almacenar, manejar y despachar, al por mayor, combustibles líquidos derivados del petróleo a la(s)
planta(s) de otro(s) distribuidor(es) mayorista(s), a distribuidores minoristas o al gran consumidor.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
el marco de un concepto jurídico parcialmente indeterminado que sirve de
fundamento para describir la conducta objeto de sanción.
En virtud de lo expuesto, el cargo contra los numerales 4 y 5 del artículo
2.2.1.1.2.2.6.6. del Decreto 1073 de 2015 se despachará desfavorablemente, pues
frente a las conductas a las que estos se refieren existe un marco normativo legal
en materia del servicio público de distribución de CLDP en el que se regula
mínimamente la descripción de las conductas a sancionar.
2.6. Artículos 2.2.1.1.2.2.6.11. (inciso 3 e inciso 1 del parágrafo),
2.2.1.1.2.2.6.13. (inciso 8) y 2.2.1.1.2.2.6.15. (incisos 6 y 11)
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.386/07)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.11. Reasignación de Artículo 6. Reasignación de volúmenes
volúmenes máximos y sanciones. […] máximos y sanciones. […]
La estación de servicio que pierda el La estación de servicio que pierda el
derecho de continuar operando como derecho de continuar operando como
consecuencia de la comisión de una consecuencia de la comisión de una
conducta penal imputable a su propietario conducta penal imputable a su propietario
y/o administrador, esta no tendrá derecho a y/o administrador, esta no tendrá derecho a
que se le conceda un volumen máximo por que se le conceda un volumen máximo por
lo menos durante las dos (2) siguientes lo menos durante las dos (2) siguientes
asignaciones generales. […] asignaciones generales. […]
Parágrafo. El retiro del certificado de Parágrafo. Adicionado por el D.2776/10. El
conformidad por parte de un organismo de retiro del certificado de conformidad por
certificación dará lugar a la cancelación del parte de un organismo de certificación dará
cupo asignado, bien sea a las estaciones lugar a la cancelación del cupo asignado
de servicio o a los grandes consumidores. por parte de la Unidad de Planeación
En este sentido el organismo certificador Minero Energética - UPME, bien sea a las
deberá enviar una comunicación al estaciones de servicio o a los grandes
Ministerio de Minas y Energía – Dirección consumidores. En este sentido el
de Hidrocarburos explicando las razones organismo certificador deberá enviar una
de dicha decisión, respaldándolas con un comunicación al Ministerio de Minas y
informe documentado con base en el cual Energía- Dirección de Hidrocarburos
la Dirección de Hidrocarburos realizará la explicando las razones de dicha decisión,
cancelación del cupo y las reasignaciones respaldándolas con un informe
contempladas en el presente artículo. […] documentado con base en el cual la
Dirección de Hidrocarburos ordenará a la
UPME, la cancelación del cupo y las
reasignaciones contempladas en el
presente artículo.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.386/07)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.13. Transporte de Artículo 8. Transporte de combustibles. […]
combustibles. […]
Si el transportador no cumple dichas
Si el transportador no cumple dichas obligaciones, Ecopetrol S. A. remitirá la
obligaciones, el Ministerio de Minas y información necesaria al Ministerio de
Energía, previo agotamiento del Minas y Energía para que este, previo
procedimiento correspondiente, determine agotamiento del procedimiento
si hay lugar o no a la imposición de sanción, correspondiente, determine si hay lugar o
de conformidad con lo establecido en la no a la imposición de sanción, de
conformidad con lo establecido en el
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
sección relativa a las sanciones del Capítulo XII del Decreto 4299 de 2005 o en
presente Título. […] las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan. […]
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.386/07)
Artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. Artículo 10. Modificado por el D.2776/10.
Responsabilidades y obligaciones de Responsabilidades y Obligaciones de
Ecopetrol S. A., de los Distribuidores Ecopetrol S. A., de los Distribuidores
Mayoristas y Minoristas, de los Grandes Mayoristas y Minoristas, de los Grandes
Consumidores, de los Terceros y de los Consumidores, de los Terceros y de los
Transportadores. […] Transportadores. […]
Las estaciones de servicio y los grandes Las estaciones de servicio y los grandes
consumidores ubicados en Zonas de consumidores ubicados en Zonas de
Frontera deberán informar a través del Frontera deberán informar a través del
Sistema de Información de la Cadena de Sistema de Información de la Cadena de
Distribución de Combustibles –Sicom, en Distribución de Combustibles -Sicom, en
concordancia con los términos y concordancia con los términos y
condiciones señalados en la Resolución 18 condiciones señalados en la Resolución 18
2113 de 2007 o en las normas que los 2113 de 2007 o en las normas que los
modifiquen o sustituyan, el volumen en modifiquen o sustituyan, el volumen en
galones, de combustibles adquiridos y la galones, de combustibles adquiridos y la
relación de las ventas efectuadas en el mes relación de las ventas efectuadas en el mes
calendario inmediatamente anterior, con calendario inmediatamente anterior, con
discriminación de productos, cantidad en discriminación de productos, cantidad en
galones y precios de los mismos, so pena galones y precios de los mismos, so pena
de la imposición de las sanciones de la imposición de las sanciones
señaladas en la sección “Sanciones” del señaladas en el Decreto 4299 de 2005 o las
Presente Título o las normas que lo normas que lo modifiquen o sustituyan. El
modifiquen o sustituyan. El Sicom pondrá a Sicom pondrá a disposición de Ecopetrol
disposición de la entidad competente y la S.A., o la entidad competente y la DIAN la
DIAN la información que requieran sobre el información que requieran sobre el
particular. […] particular. […]
Las plantas de abastecimiento legalmente Las plantas de abastecimiento legalmente
establecidas, que se encuentren establecidas, que se encuentren
localizadas en el área de influencia, que localizadas en el área de influencia, que
abastezcan estaciones de servicio abastezcan estaciones de servicio
ubicadas en municipios de Zonas de ubicadas en municipios de Zonas de
Frontera, deberán llevar un registro Frontera, deberán llevar un registro
independiente para cada uno de los independiente para cada uno de los
combustibles que se distribuyan en dicha combustibles que se distribuyan en dicha
zona, el cual deberá contener, entre otros: zona, el cual deberá contener, entre otros:
nombre de la estación de servicio, nombre de la estación de servicio,
municipio, cupo mensual asignado, municipio, cupo mensual asignado,
volumen retirado mensual, valor volumen retirado mensual, valor
correspondiente a sobretasa. Este registro correspondiente a sobretasa. Este registro
deberá ser informado mensualmente al deberá ser informado mensualmente a
Ministerio de Minas y Energía – Dirección Ecopetrol S.A., o a la entidad competente,
de Hidrocarburos o a la entidad y a la DIAN, so pena de imposición de las
competente, y a la DIAN, so pena de sanciones contempladas en el Decreto
imposición de las sanciones contempladas 4299 de 2005 o la norma que lo modifique
en los artículos la sección “Sanciones” del o sustituya.
presente Título o la norma que lo modifique
o sustituya. […]
El actor alegó que los artículos demandados se fundaron en normas que no
previeron la conducta que da lugar a la sanción (Ley 681 de 2001).
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
Los artículos 2.2.1.1.2.2.6.11., 2.2.1.1.2.2.6.13. y 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073
de 2015 compilaron los artículos 6, 8 y 10 del Decreto 386 de 2007, normativa en la
que se enunció como norma reglamentada la Ley 681 de 200178.
• Del artículo 2.2.1.1.2.2.6.11., que debe leerse con los artículos 2.2.1.1.2.2.6.9. y
2.2.1.1.2.2.6.10. del Decreto 1073 de 201579, se deduce, por una parte, que el
derecho que tienen las EDS de los municipios de frontera de solicitar ante el
Ministerio de Minas y Energía80 una asignación general de un volumen máximo y
periódico de combustibles con beneficios tributarios–, se suspende temporalmente
“por lo menos durante las 2 siguientes asignaciones generales” cuando aquellas
pierden el derecho a seguir operando por la comisión de una conducta penal
imputable a su propietario y/o administrador; y, de otro lado, que el cupo asignado
o fijado para las EDS o los grandes consumidores lo debe cancelar dicho ministerio
cuando el organismo de certificación les retire el “certificado de conformidad”.
La competencia para la fijación de volúmenes de combustibles que, de acuerdo con
esta Corporación81, abarca la asignación o fijación de los cupos, sumada a las
directrices generales dispuestas por el legislador, materializa mandatos que le
atañen a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, sobre la
medida y control de combustibles, en los términos del artículo 19 de la Ley 191 de
199582, conjuntamente con las facultades atribuidas al Gobierno Nacional en los
artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989.
78 “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales […] [y] las del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 681 de 2001.”
79 Los artículos 2.2.1.1.2.2.6.9. y 2.2.1.1.2.2.6.10. del Decreto 1073 de 2015 fueron modificados
recientemente por el Decreto 1135 de 1 de julio de 2022.
80 Cuando se encontraba vigente la modificación que hizo el artículo 1 de la Ley 681 de 2001 del
artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el artículo 4 del Decreto 386 de 2007, entonces reglamentario de
aquel atribuía a la UPME la competencia para la fijación de volúmenes de combustibles exentos en
cada municipio o corregimiento de zonas de frontera. Posteriormente, el artículo 9 de la Ley 1430 de
2010 modificó los artículos 1 y 19 antedichos y atribuyó esa misma competencia a la Dirección de
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, lo que conllevó que el artículo 2.2.1.1.2.2.6.9. del
Decreto 1073 de 2015, que compiló el referido artículo 4, incluyera la actualización respectiva. Sobre
el particular ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 17 de septiembre
de 2018. Expediente 11001-03-26-000-2005-00012-00 (29.523). C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
81 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 1 de junio de 2020. Radicado
11001-03-26-000-2006-00039-00 (33064). C.P. Martín Bermúdez Muñoz. La providencia versó sobre
la modificación que hizo el artículo 1 de la Ley 681 de 2001 al artículo 19 de la 191 de 1995 y la
norma reglamentaria entonces vigente –Decreto 2195 de 2001, derogado por el Decreto 386 de
2007, cuyas normas fueron compiladas en el Decreto 1073 de 2015–, y que resulta extensiva a la
modificación que de dichos artículos hizo el artículo 9 de la Ley 1430 de 2010.
82 Según el artículo 19 de la Ley 191 de 1995: i) El volumen máximo para distribuir combustibles en
los territorios determinados de los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera será
fijado por dicho ministerio, quien podrá ceder o contratar, total o parcialmente, con los distribuidores
mayoristas y terceros, su importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta y ii) los
contratos de transporte que celebre dicho ministerio con los distribuidores mayoristas y minoristas o
terceros para que realicen la entrega del combustible directamente en cada EDS y en los vehículos
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
En relación con la pérdida del derecho de las EDS a seguir operando por la comisión
de una conducta delictiva imputable a su propietario y/o administrador, si bien en el
Código Penal –al que remite el inciso 3 demandado del artículo 2.2.1.1.2.2.6.11. del
Decreto 1073 de 2015–, las conductas constitutivas de delitos cumplen con el
requisito de tipicidad, al encontrarse descritas por el legislador, ello no permite
deducir que cualquiera de ellas se relaciona con la distribución de CLDP.
Una interpretación descontextualizada llevaría a aplicar las sanciones a que se
refiere el inciso 3 demandado del artículo 2.2.1.1.2.2.6.11. del Decreto 1073 de 2015
cuando un propietario y/o administrador de la EDS incurra en cualquier conducta
delictiva, alcance que desbordaría la finalidad de la norma reglamentaria, la cual se
enmarca primordialmente en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995 –que propende
por mejorar la logística para la distribución y fortalecer los controles en el suministro
de CLDP en las diferentes zonas de frontera–, disposición cuyo contenido está
directamente relacionado con el funcionamiento del servicio público de distribución
de CLDP a que se refieren las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989, en el contexto
específico de los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera.
Así, no le asiste razón al actor cuando afirma que en la ley no están previstas las
conductas objeto de sanción, pues, contrario a ello, la remisión que hace el inciso 3
del artículo 2.2.1.1.2.2.6.11. del Decreto 1073 de 2015 al Código Penal, permite
considerar satisfecho el requisito de que la conducta sancionable se encuentre
descrita en la ley, con base en un concepto jurídico parcialmente indeterminado (el
funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP), siempre y cuando se
trate de conductas delictivas relacionadas con dicho servicio público.
En ese sentido, existe una interpretación concordante con el ordenamiento jurídico
entre las conductas objeto de las sanciones a que se refiere el inciso 3 del artículo
2.2.1.1.2.2.6.11. y el mejoramiento de la logística para distribución y el
fortalecimiento de los controles en el suministro de CLDP en las zonas de frontera,
interpretación a cuyo amparo dichas conductas deben estar circunscritas a los
delitos penales que incidan directamente en el funcionamiento del servicio público
de distribución de CLDP, como lo son, principalmente83, los que incluye el Capítulo
del comercializador industrial y las instalaciones que estos atienden, deben ser concordantes con
los cupos asignados a esos destinatarios.
83 Los artículos 327A a 327E del Capítulo VI incluyen los delitos de “Apoderamiento de hidrocarburos,
sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan”, “Apoderamiento o alteración de
sistemas de identificación”, “Receptación” y “Destinación ilegal de combustibles”. También se
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
VI “Del apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o
mezclas que los contengan y otras disposiciones”, correspondiente al Título X
“Delitos contra el orden económico social”, del Código Penal.
Ahora, en relación con la cancelación del cupo asignado o fijado para las EDS o los
grandes consumidores, esa sanción procedía frente a la infracción del deber que se
hallaba contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.10. del Decreto 1073 de 2015, de
acuerdo con el cual la asignación de volúmenes máximos exigía que, previamente,
las EDS de los municipios fronterizos entregaran al Ministerio de Minas y Energía
una certificación de conformidad84 expedida con no más de 4 meses de antelación
por el organismo de certificación acreditado o el que determinara la
Superintendencia de Industria y Comercio, so pena de que no se las tuviera en
cuenta en el establecimiento de dichos volúmenes.
Con la modificación85 del referido artículo 2.2.1.1.2.2.6.10. ese deber desapareció
del orden jurídico, por lo que, salvo que se trate de EDS de nuevos municipios
fronterizos86, la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.6.11. no
tiene aparejada en la actualidad una infracción a una conducta, lo cual no impide
que la Sala se pronuncie sobre el cargo, en la medida en que, para el momento de
la interposición de la demanda, la reglamentación sí preveía esa conducta.
Pues bien, el fin del certificado de conformidad87, de acuerdo con el artículo
2.2.1.1.2.2.3.91. del Decreto 1073 de 2015, es acreditar el cumplimiento de los
requisitos previstos en el reglamento técnico emitido por la autoridad competente,
razón por la cual, para los efectos de la asignación de volúmenes máximos,
incumplirlos podía conllevar el retiro de ese certificado, circunstancia que, a su
turno, implicaba la cancelación del cupo asignado a las EDS o a los grandes
encuentra el artículo 356 que consagra el delito de “Daño en obras o elementos de los servicios de
comunicaciones, energía y combustibles”, el que, igualmente, incide en la distribución de CLDP.
84 El artículo 2.2.1.1.2.2.6.10. del Decreto 1073 de 2015 hacía referencia al “certificado de
conformidad de que trata el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.91”. Sin perjuicio de lo anterior, es
en verdad el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.91. del Decreto 1073 de 2015 en el que se compiló
el artículo 22 del Decreto 4299 de 2005, lo que muestra un error mecanográfico en la reproducción
de la norma compilada, pues el numeral 8 del artículo 22 sí aludió al certificado de conformidad.
85 El artículo 3 del Decreto 1135 de 2022 modificó el artículo 2.2.1.1.2.2.6.10. del Decreto 1073/2015.
86 Situación reglamentada en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.12. del Decreto 1073 de 2015.
87 Aunque el artículo 4 del Decreto 4299 de 2005 había definido el certificado de conformidad, ello
no fue compilado en el Decreto 1073 de 2005; empero, la definición del literal i) del artículo del
Decreto 2269 de 1993 antedicho sí fue incluida en un decreto compilatorio distinto, específicamente,
en la definición 17 del artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto 1074 de 2015, “por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, y que advierte que el
“certificado de conformidad” es el “documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de
certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio
debidamente identificado está conforme con una norma técnica u otro documento normativo”.
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Referencia: Nulidad simple (CPACA)
consumidores. En ese sentido, si contar con un certificado de conformidad constituía
una condición indispensable para la asignación de los volúmenes máximos, el retiro
de aquel implicaba la cancelación del cupo que hubiera sido asignado.
En el fondo y para lo que resulta de interés para el presente cargo, lo que se
sancionaba con la cancelación del cupo asignado era el incumplimiento
sobreviniente por parte de las EDS o los grandes consumidores de los requisitos
contenidos en el reglamento técnico emitido por la autoridad competente, mientras
que la emisión del certificado de conformidad permitía acreditar dicho cumplimiento,
siempre que ese documento estuviera vigente88.
La obligación de cumplir con los requisitos en el reglamento técnico desarrolla en el
frente reglamentario los artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989,
que establecen que el Gobierno Nacional puede determinar normas sobre calidad89
y condiciones de seguridad90 en la distribución de CLDP, aspectos que guardan
relación temática con esa obligación.
Como consecuencia, se trata de una conducta exigible en normas asociadas al
concepto jurídico indeterminado del “funcionamiento del servicio público de
distribución de CLDP”, cuya infracción justifica la procedencia de las sanciones
establecidas en la sección pertinente y que se ubican en el mismo Título del Decreto
1073 de 2015 en el que se inserta el artículo 2.2.1.1.2.2.6.11.
• El artículo 2.2.1.1.2.2.6.13. se refiere a distintas obligaciones de quienes
transportan combustibles en zonas de frontera, como: i) la presentación de la
documentación exigida para la autorización y registro de combustibles
88 Se observa que: i) el artículo 2.2.1.1.2.2.3.110 del Decreto 1073 de 2015, que compiló el artículo
3 del Decreto 1333 de 2007, dispuso que la planta de abastecimiento, la EDS automotriz, fluvial,
marítima y aviación y el gran consumidor con instalación fija, deberán obtener el certificado de
conformidad; ii) los artículos 2.2.1.1.2.2.3.90., en relación con las EDS automotriz, de aviación, y
marítima y fluvial, y 2.2.1.1.2.2.3.91. (numeral 7) del Decreto 1073 de 2015, fijaron, el primero, la
obligación del interesado en ser distribuidor minorista de CLDP en el territorio colombiano, a través
de una EDS, de obtener un certificado de conformidad, y, el segundo, la obligación de los
distribuidores minoristas, a través de EDS, de obtenerlo y mantenerlo vigente; y iii) el artículo
2.2.1.1.2.2.3.94 del Decreto 1073 de 2015, que compiló el artículo 25 del Decreto 4299 de 2005,
previó que el Gran Consumidor debe obtener y mantener vigente el certificado de conformidad.
89 El artículo 2.2.1.1.2.2.3.79. del Decreto 1073 de 2015 prevé que los CLDP que se importen al
territorio nacional deben contar con un certificado de conformidad expedido por un organismo
acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
90 El artículo 2.2.1.1.2.2.3.81. del Decreto 1073 de 2015 prevé que, para la obtención de la
autorización del Ministerio de Minas y Energía para el ejercicio del almacenamiento de CLDP, el
interesado debe contar, entre otros, con un certificado de conformidad respecto de la planta de
abastecimiento sobre la cual versa la solicitud. Lo propio sucede con los artículos 2.2.1.1.2.2.3.83. y
2.2.1.1.2.2.3.90. ibidem frente al ejercicio de las actividades de distribución mayorista y minorista de
CLDP y 2.2.1.1.2.2.3.93. ibidem frente al recibo, almacenamiento y consumo de CLDP para el gran
consumidor con instalación fija y el gran consumidor temporal con instalación.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
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transportados entre las instalaciones de los agentes que distribuyan combustibles
exentos en zonas de frontera; ii) las consagradas en la Subsección de “Distribución
de CLDP”91; y iii) las del Decreto 1079 de 201592; y iv) las previstas en las
autorizaciones y/o cesiones suscritas entre el Ministerio de Minas y Energía y los
distribuidores mayoristas y minoristas y/o terceros, transporte que estos pueden
contratar o efectuar con sus propios carrotanques.
Estas obligaciones desarrollan en el nivel reglamentario los artículos 8 de la Ley 39
de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989, que prevén que el Gobierno Nacional puede
determinar normas sobre la medida, control y relaciones contractuales de esos
combustibles y, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, propenden
porque la autoridad pública los distribuya de manera planificada e informada,
garantizando su entrega directa en cada EDS y en los vehículos del comercializador
industrial e instalaciones que estos atienden, en concordancia con los cupos
asignados, aspectos que guardan relación temática con esas obligaciones.
Como consecuencia, se trata de conductas exigibles en normas asociadas al
concepto jurídico indeterminado del “funcionamiento del servicio público de
distribución de CLDP”, cuya infracción, en los términos del inciso 8 del artículo
2.2.1.1.2.2.6.13. del Decreto 1073 de 2015, justifica la procedencia de las sanciones
establecidas en la sección pertinente y que se ubica en el mismo Título del Decreto
1073 de 2015 en el que se inserta el artículo 2.2.1.1.2.2.6.13.
Lo anterior permite concluir que, frente a las obligaciones contenidas en el inciso 8
del artículo 2.2.1.1.2.2.6.13. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos
para la observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en
materia sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en
la ley, con base en un concepto jurídico parcialmente indeterminado que sirve de
fundamento para describir las conductas objeto de sanción.
• Frente al artículo 2.2.1.1.2.2.6.15., el inciso 6 estableció que las EDS y los grandes
consumidores ubicados en Zonas de Frontera informarán, por medio del Sistema
91 La Subsección 2.3., “Distribución de CLDP”, se ubica en la Sección 2, “Distribución de
combustibles”, del Capítulo 1, “Actividades”, del Título I, “Del sector de hidrocarburos”, de la Parte 2,
“Reglamentaciones” del Decreto 1073 de 2015.
92 De acuerdo con el inciso 4 del artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073 de 2015, los distribuidores
mayoristas y minoristas, los grandes consumidores y terceros no pueden celebrar contratos de
transporte para las Zonas de Frontera con personas que no cumplan los requisitos establecidos en
el Decreto 1079 de 2015 y la Subsección 2.6., “Distribución de combustibles líquidos en Zonas de
Frontera”, de la Sección 2, “Distribución de combustibles”, del Capítulo 1, “Actividades”, del Título I,
“Del sector de hidrocarburos”, de la Parte 2, “Reglamentaciones” del Decreto 1073 de 2015.
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de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles93 -SICOM-, el
volumen de combustibles adquiridos y la relación de las ventas efectuadas en el
mes anterior y el inciso 11 previó la obligación de las plantas de abastecimiento
localizadas en el área de influencia, que abastezcan EDS ubicadas en municipios
de zonas de frontera, de llevar un registro independiente para cada combustible que
allí se distribuya e informarlo mensualmente a la Dirección de Hidrocarburos del
Ministerio de Minas y Energía o a la entidad competente, y a la DIAN.
En relación con lo primero, es decir, la obligación de EDS y grandes consumidores
ubicados en Zonas de Frontera de informar a través del SICOM, aspectos referidos
a combustibles adquiridos y ventas efectuadas, el inciso 6 del artículo
2.2.1.1.2.2.6.15. debe leerse en conjunto con las normas que crearon y modificaron
dicho sistema, como las leyes cuatrienales del Plan Nacional de Desarrollo.
En ese contexto, el artículo 61 de la Ley 1151 de 2007, vigente para cuando el
artículo 10 del Decreto 386 de 2007 fue modificado por el Decreto 2776 de 2010 y
que fue compilado en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073 de 2015,
estableció, como requisito para obtener el permiso de operación, el registro en el
SICOM de los agentes que hicieran parte de la cadena de distribución de CLDP,
según los procedimientos y términos fijados por el Ministerio de Minas y Energía.
Así, el inciso 6 demandado del artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. reglamentó el registro en el
SICOM en el contexto específico de las EDS y los grandes consumidores ubicados
en Zonas de Frontera, lo que se explica en que esa disposición, que compiló el
artículo 10 del Decreto 386 de 2007, tenía como fundamento reglamentar la Ley 681
de 2001, normativa que, para ese momento, en su artículo 1, había modificado el
artículo 19 de la Ley 191 de 1995, referido a la distribución de CLDP en los
departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera.
De allí que se considera desacertado el cuestionamiento según el cual la Ley 681
de 2001 omitió prever la conducta que da lugar a la aplicación de la sanción94, dado
93 El SICOM fue creado por el artículo 61 de la Ley 1151 de 2007, modificado por los artículos 100
de la Ley 1451 de 2011 y 210 de la Ley 1753 de 2015.
94 La versión del artículo compilado remitía al Decreto 4299 de 2005, mientras que el artículo
2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073 de 2015 remite a la sección de las sanciones del título en el que
ese artículo se incorpora. Las normas compiladas por el Decreto 1073 de 2015 que desarrollan el
régimen sancionatorio del artículo 3 de la Ley 26 de 1989 se ubican en la Sección 4, “Sanciones”,
del Capítulo 2, “Aspectos económicos”, del Título I, “Del sector hidrocarburos” y corresponden a los
artículos 32 a 37 del Decreto 4299 de 2005 –compilados en los artículos 2.2.1.2.4.1. a 2.2.1.2.4.6.
del Decreto 1073 de 2015– y los artículos 15 a 20 del Decreto 1503 de 2002 – compilados en los
artículos 2.2.1.2.4.7. a 2.2.1.2.4.12. del Decreto 1073 de 2015–. Aunque en la misma Sección se
incluye al artículo 37 del Decreto 1348 de 1961 –compilado en el artículo 2.2.1.2.4.13 del Decreto
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Referencia: Nulidad simple (CPACA)
que las directrices generales que fundamentan el inciso 6 demandado del artículo
2.2.1.1.2.2.6.15. no deben limitarse al artículo 1 de dicha ley, sino que también
comprenden al referido artículo 61 de la Ley 1151 de 2007 y con este las
disposiciones de las Leyes 37 de 1989 y 26 de 1989, pues el legislador reguló las
obligaciones frente a un específico sistema de información vinculado a los agentes
pertenecientes a la cadena del servicio público de distribución de CLDP.
Lo anterior permite deducir que, frente a la obligación contenida en el inciso 6 del
artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos para
la observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en materia
sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en la ley,
con base en un concepto jurídico indeterminado que sirve de fundamento para
describir la conducta objeto de sanción.
En relación con lo segundo, es decir, la obligación de las plantas de abastecimiento
localizadas en el área de influencia, que abastezcan EDS ubicadas en municipios
de zonas de frontera, de llevar un registro independiente para cada uno de los
combustibles que distribuyan en dicha zona y de informarlo mensualmente a la
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o a la entidad
competente, y a la DIAN, se advierte que se trata de una conducta vinculada al
funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP.
En este punto cabe indicar que el artículo 2.2.1.1.2.2.6.7. del Decreto 1073 de 2015
establece que la función de distribución de CLDP de que trata el artículo 1 de la Ley
681 de 2001 –alusión que debe entenderse referida a la modificación del artículo
191 de la Ley 191 de 1995– comprende las actividades de importación, transporte,
almacenamiento y distribución de dichos combustibles por parte del Ministerio de
Minas y Energía en los municipios de zonas de frontera.
La obligación a la cual alude el inciso 11 del artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto
1073 de 2015, exigida respecto de uno de los agentes de la cadena de distribución
de CLDP (los almacenadores95), desarrolla en el nivel reglamentario los artículos 8
1073 de 2015–, es claro, por su cronología, que se trata de una norma que no constituye un
desarrollo de la Ley 26 de 1989. El Decreto 1172 de 2016, que modificó los artículos 2.2.1.2.4.1. a
2.2.1.2.4.8. del Decreto 1073 de 2015, perdió fuerza ejecutoria, pues las normas que reglamentó –
artículos 25 y 26 de la Ley 1753 de 2015– se declararon inexequibles por la Corte Constitucional, en
la sentencia C-008 del 7 de marzo de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
95 En sentencia de la Sección Primera de 30 de julio de 2020, en el expediente 25000-23-41-000-
2018-00448-01, con ponencia del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, se señaló que “La
anterior regulación (normas reglamentarias del artículo 61 de la Ley 812 de 2003) ubica a los
distribuidores mayoristas y minoristas dentro de la cadena comercial de distribución. Mientras que
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
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Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989, que prevén que el Gobierno Nacional
puede determinar normas sobre la medida, el control y precio de esos combustibles
y, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 191 de 199596, propende porque la
autoridad pública los distribuya de manera planificada, bien sea importando
combustible del país vecino o atendiendo el suministro con combustibles
nacionales, aspectos que guardan relación temática con esa obligación.
Como consecuencia, se trata de una conducta exigible en normas asociadas al
concepto jurídico indeterminado del “funcionamiento del servicio público de
distribución de CLDP”, cuya infracción justifica la procedencia de las sanciones
establecidas en el ordenamiento jurídico.
Lo anterior permite concluir que, frente a la obligación prevista en el inciso 11 del
artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos para
la observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en materia
sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en la ley,
con base en un concepto jurídico parcialmente indeterminado que sirve de
fundamento para describir la conducta objeto de sanción.
Por lo expuesto, el presente cargo se desestimará, pues existe un marco normativo
legal en materia de distribución de CLDP en el que se regulan dentro de los
elementos generales del derecho sancionatorio, las temáticas relacionadas con las
infracciones a las conductas establecidas en el inciso 1 del parágrafo e inciso 3 del
artículo 2.2.1.1.2.2.6.11, el inciso 8 del artículo 2.2.1.1.2.2.6.13. y los incisos 6 y 11
del artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073 de 2015.
2.7. Artículo 2.2.1.2.2.21.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1505/02)
Artículo 2.2.1.2.2.21. Reporte de ventas de Artículo 21. Modificado por el D.4335/04.
combustible exento. […]. Reporte de ventas de combustibles exento.
[…]
Parágrafo 2. Los distribuidores mayoristas Parágrafo 2. Los distribuidores mayoristas
de combustibles líquidos derivados del de combustibles líquidos derivados del
petróleo deberán informar a la Unidad de petróleo deberán informar a la Unidad de
Planeación Minero Energética, UPME, Planeación Minero Energética, UPME,
dentro de los diez (10) primeros días dentro de los diez (10) primeros días
hábiles siguientes a la terminación del mes, hábiles siguientes a la terminación del mes,
los mayoristas realizan la distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo a través
de una planta de abastecimiento, los minoristas lo hacen a través de una EDS. Ambas categorías
comparten la misma naturaleza, pero varían en sus medios y usuarios”.
96 Artículo 19 de la Ley 191 de 1995, cuya modificación inicial del artículo 1 Ley 681 de 2001 estaba
vigente para cuando el artículo 10 del Decreto 386 de 2007 fue modificado por el Decreto 2776 de
2010 y que fue compilado en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.15. del Decreto 1073 de 2015.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
discriminado por cada beneficiario, la fecha discriminado por cada beneficiario, la fecha
y el volumen (en galones) de diésel marino y el volumen (en galones) de diésel marino
vendido en actividades de pesca y vendido en actividades de pesca y
cabotaje, so pena de hacerse acreedores a cabotaje, so pena de hacerse acreedores a
la imposición de las sanciones la imposición de las sanciones
contempladas en la sección relativa a las contempladas en el Decreto 283 de 1990 o
sanciones del presente Título o la norma la norma que lo modifique, aclare, adicione
que lo modifique, aclare, adicione o o derogue.
derogue.
El actor alegó que el artículo demandado se fundó en normas que no previeron la
conducta que da lugar a la sanción (artículos 2, 3, 4 y 8 de la Ley 681 de 2001).
El parágrafo 2 del artículo 2.2.1.2.2.21. del Decreto 1073 de 2015 compiló el
parágrafo 2 del artículo 14 del Decreto 1505 de 200297, modificado por el Decreto
4335 de 2004, normativa en cuyo epígrafe98 fueron enunciadas, como normas que
se reglamentaban, los artículos de la Ley 681 de 2001 que referenció el actor.
El artículo 2.2.1.2.2.21., que debe leerse con el artículo 2.2.1.2.2.2.99, establece a la
obligación de los distribuidores mayoristas de CLDP, de informar a la Unidad de
Planeación Minero-Energética -UPME-, dentro de los 10 primeros días hábiles
siguientes a la terminación del mes, discriminando por cada beneficiario, la fecha y
el volumen en galones de diésel marino vendido en actividades de pesca y cabotaje.
Esa obligación exigida respecto de uno de los agentes de la cadena de distribución
de CLDP desarrolla los artículos 8 de la Ley 39 de 1987 y 1 de la Ley 26 de 1989,
que prevén que el Gobierno Nacional puede determinar normas sobre el control,
medida y relaciones contractuales de esos combustibles y su cumplimiento
posibilita, en los términos del artículo 2 de la Ley 681 de 2001100, que la autoridad
97 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 681 de 2001 y se establecen otras
disposiciones en materia de sobretasa a la gasolina y al ACPM”.
98 “El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y por los
artículos 2, 3, 4 y 8 de la ley 681 de 2001 […]”.
99 El artículo 2.2.1.2.2.2. del Decreto 1073 de 2015 estableció que a la UPME o quien haga sus
veces, le corresponde establecer el cupo de consumo de diésel marino por nave de bandera
colombiana utilizada en las actividades de pesca y/o cabotaje, incluidos los remolcadores en las
costas colombianas y el cupo de consumo de ACPM utilizado en las actividades marítimas
desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas y para cada empresa
dedicada a la acuicultura. También pueden beneficiarse de esos cupos las naves de bandera
extranjera con permiso vigente de operación en aguas colombianas, que se encuentren afiliados a
una empresa nacional y que desembarquen producto en puertos colombianos.
100 “Artículo 2. Modifícase el parágrafo del artículo 58 de la Ley 223 de 1995 de la siguiente manera:
[…] Parágrafo 1. Para todos los efectos de la presente ley se entiende por ACPM, el aceite
combustible para motor, el diésel marino o fluvial, el marine diésel, el gas oil, intersol, diesel número
2, electrocombustible o cualquier destilado medio y/o aceites vinculantes, que por sus propiedades
fisicoquímicas al igual que por sus desempeños en motores de altas revoluciones, puedan ser
usados como combustible automotor. Se exceptúan aquellos utilizados para generación eléctrica en
Zonas No interconectadas, el turbocombustible de aviación y las mezclas del tipo IFO utilizadas para
el funcionamiento de grandes naves marítimas. // Los combustibles utilizados en actividades de
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
competente establezca cupos de consumo para el control de combustibles utilizados
en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las actividades
marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, previstas en el Decreto 1874 de
1979, aspectos que guardan relación temática con dicha obligación.
Como consecuencia, se trata de una conducta exigible en normas asociadas al
concepto jurídico indeterminado del “funcionamiento del servicio público de
distribución de CLDP”, cuya infracción justifica la procedencia de la sanción
establecida en las normas de la sección pertinente y que se ubica en el mismo título
del Decreto 1073 de 2015 en el que se inserta el artículo 2.2.1.2.2.21.
Lo anterior permite concluir que, frente a la obligación contenida en el artículo
2.2.1.2.2.21. del Decreto 1073 de 2015, se satisfacen los requisitos para la
observancia del principio de legalidad y de los que le son inmanentes en materia
sancionatoria, pues la potestad reglamentaria fue ejercida con sustento en la ley,
con base en un concepto jurídico parcialmente indeterminado que sirve de
fundamento para describir la conducta objeto de sanción.
En virtud de lo expuesto, el presente cargo se despachará desfavorablemente, dado
que existe un marco normativo legal en materia de distribución de CLDP en el que
sí se regulan, dentro de los elementos generales del derecho sancionatorio, las
temáticas a las que corresponde la infracción a la conducta establecida en el
parágrafo 2 del artículo 2.2.1.2.2.21. del Decreto 1073 de 2015.
2.8. Artículos 2.2.1.2.4.9., 2.2.1.2.4.10., 2.2.1.2.4.11. y 2.2.1.2.4.12.
El actor alegó que, frente a los artículos demandados, en la Constitución no se
previó la sanción, la conducta que da lugar a ella, el procedimiento aplicable, ni el
régimen aplicable para el caso de Ecopetrol.
Las normas demandadas no constituyen reglamentos que desarrollen normas de la
Constitución Política, razón por la cual el argumento del actor no puede tener ningún
asidero jurídico. En efecto, según se ha podido observar en el análisis de las normas
reglamentarias, su fundamento directo es del orden legal –que no constitucional–,
pero dado que el actor no cuestiona la inexistencia de fundamento legal, la Sala no
pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las actividades marítimas desarrolladas por la
Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el Decreto 1874 de 1979,
estarán exentos del impuesto global. Para el control de esta operación, se establecerán cupos
estrictos de consumo y su manejo será objeto de reglamentación por el Gobierno […]”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
irá más allá de los límites de dicho cargo. Lo anterior es suficiente para descartar el
cargo frente a los artículos 2.2.1.2.4.9., 2.2.1.2.4.10., 2.2.1.2.4.11. y 2.2.1.2.4.12.
2.9. Artículos 2.2.2.6.1.1.2.1. 2.2.2.6.1.1.5.1. y 2.2.2.6.1.1.6.1. a 2.2.2.6.1.1.6.4.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1605/02)
Artículo 2.2.2.6.1.1.2.1. Autorizaciones y Artículo 4. Autorizaciones y Licencias.
Licencias. Las estaciones de servicio y Las estaciones de servicio y talleres de
talleres de conversión interesados en conversión interesados en iniciar
iniciar operaciones deberán haber operaciones deberán haber tramitado las
tramitado las correspondientes licencias correspondientes licencias ante las
ante las autoridades que a continuación se autoridades que a continuación se
mencionan, so pena de las sanciones mencionan, so pena de las sanciones
previstas en la subsección 6.1 de la previstas en el Título III del presente
presente Sección. decreto:
•Autoridad Distrital, Municipal, o del • Autoridad Distrital, Municipal, o del
Departamento Especial de San Andrés, Departamento Especial de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Providencia y Santa Catalina.
• Curador Urbano. • Curador Urbano.
• Autoridad Ambiental Competente. • Autoridad Ambiental Competente.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1605/02)
Artículo 2.2.2.6.1.1.5.1. Funciones de la Artículo 12. Funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendencia de Industria y Comercio.
La Superintendencia de Industria y La Superintendencia de Industria y
Comercio vigilará a las empresas con el fin Comercio vigilará a las empresas con el fin
de investigar y sancionar, si fuere del caso, de investigar y sancionar, si fuere del caso,
las prácticas que puedan constituir las prácticas que puedan constituir
restricciones indebidas a la libre restricciones indebidas a la libre
competencia en los términos del Decreto competencia en los términos del Decreto
2153 de 1992, en particular los artículos 46 2153 de 1992, en particular los artículos 46
a 52, y las normas que lo complementen, a 52, y las normas que lo complementen,
modifiquen o adicionen. De conformidad modifiquen o adicionen. De conformidad
con lo dispuesto en dicho Decreto los con lo dispuesto en dicho Decreto los
productores, transportadores, productores, transportadores,
distribuidores y comercializadores de gas distribuidores y comercializadores de gas
natural se abstendrán de cualquier natural se abstendrán de cualquier
actuación que pueda conducir a discriminar actuación que pueda conducir a discriminar
indebidamente o dar trato preferente a indebidamente o dar trato preferente a
algunos comercializadores de gas natural algunos comercializadores de gas natural
comprimido vehicular en perjuicio de otros. comprimido vehicular en perjuicio de otros.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1605/02)
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.1. Sanciones. En el Artículo 14. Sanciones. En el evento en que
evento en que las estaciones de servicio y las estaciones de servicio y los talleres de
los talleres de conversión incumplan las conversión incumplan las obligaciones
obligaciones previstas en el artículo previstas en el artículo 6 del presente
2.2.2.6.1.1.3.1. del presente decreto, les Decreto, les serán impuestas por las
serán impuestas por las autoridades autoridades competentes para el efecto las
competentes para el efecto las sanciones sanciones previstas en los artículos 15, 16
previstas en los artículos subsiguientes. y 17 de este acto administrativo.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1605/02)
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.2. Sanciones Artículo 15. Sanciones Urbanísticas.
Urbanísticas. Las Autoridades Distritales o Las Autoridades Distritales o Municipales
Municipales aplicarán las sanciones aplicarán las sanciones establecidas en la
establecidas en la Ley 388 de 1997 y en las Ley 388 de 1997 y en las normas que la
normas que la modifiquen, aclaren, modifiquen, aclaren, adicionen o
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
adicionen o reglamenten, en lo que se reglamenten, en lo que se refiere al
refiere al incumplimiento de normas incumplimiento de normas urbanísticas en
urbanísticas en cada Distrito o Municipio. cada Distrito o Municipio.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1605/02)
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.3. Sanciones Artículo 16. Sanciones Ambientales.
Ambientales. Las Autoridades Ambientales Las Autoridades Ambientales aplicarán las
aplicarán las sanciones establecidas en la sanciones establecidas en la Ley 99 de
Ley 99 de 1993 y en las normas que la 1993 y en las normas que la modifiquen,
modifiquen, aclaren, adicionen o aclaren, adicionen o reglamenten, en lo que
reglamenten, en lo que se refiere al se refiere al incumplimiento de normas de
incumplimiento de normas de protección protección ambiental.
ambiental.
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1605/02)
Artículo 2.2.2.6.1.1.6.4. Sanciones por Artículo 17. Sanciones por
incumplimiento de los reglamentos incumplimiento de los reglamentos
técnicos. El incumplimiento de las técnicos. El incumplimiento de las
disposiciones contenidas en los disposiciones contenidas en los
Reglamentos Técnicos será sancionado Reglamentos Técnicos será sancionado
por la Superintendencia de Industria y por la Superintendencia de Industria y
Comercio de conformidad con lo previsto la Comercio de conformidad con lo previsto
Ley 1480 de 2011 y demás normas en el artículo 24 del Decreto 3466 de 1982.
concordantes.
Se alegó que los artículos demandados se fundaron en normas que no previeron la
sanción (artículo 2.2.2.6.1.1.6.1.), la conducta que da lugar ella (artículo
2.2.2.6.1.1.2.1.), ni la autoridad competente para aplicarla (artículos 2.2.2.6.1.1.5.1.
y 2.2.2.6.1.1.6.2. a 2.2.2.6.1.1.6.4.).
Los artículos demandados en este acápite compilaron los artículos 4, 12 y 14 a 17
del Decreto 1605 de 2002, normativa reglamentaria en cuyo epígrafe no se enunció
ninguna norma legal como fundamento de la reglamentación.
Este cargo no puede admitir la lectura incompleta y aislada que pretende darle la
parte actora, quien se equivoca al reprochar el contenido individual de cada uno, sin
antes considerar que aquellos incorporan remisiones que también los integran, no
solo entre ellos mismos, sino también frente a algunas normas legales. En ese
sentido, no le asiste razón cuando afirma que las normas demandadas en este
acápite solo tuvieron como fundamento para su expedición la potestad
reglamentaria constitucional, sin aludir a ninguna norma con fuerza de ley.
Esa falta de alusión en el epígrafe del decreto contentivo de los artículos
demandados a normas con fuerza de ley no deviene en una carencia de objeto a
reglamentar, máxime si se recuerda que, en el derecho administrativo sancionador,
la jurisprudencia ha admitido la existencia de ciertos requisitos mínimos para que,
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
en determinados contextos, proceda una aplicación flexible del principio de
legalidad, como el uso de conceptos jurídicos indeterminados o de tipos en blanco.
Según lo expuesto, el cargo no fue debidamente razonado, pues se olvidó
considerar el contenido de las normas con fuerza de ley a las que los artículos
impugnados remiten. Así, se encuentra la Sala con un cargo cuyos fundamentos de
derecho involucran contenidos apenas parciales, sin que hayan considerado
ninguna integración de las normas aplicables en virtud de las referidas remisiones,
lo que era necesario para poder cuestionar si las atribuciones legales establecían o
no los elementos esenciales del derecho administrativo sancionatorio.
En suma, el presente cargo se despachará desfavorablemente, dado que no fue
debidamente sustentado, como se indicó en precedencia.
2.10. Artículo 2.2.3.7.2.17.
En el acápite introductorio de la demanda, el actor incluyó al artículo 2.2.3.7.2.17
entre las normas demandadas que enunció, pero no formuló ningún cargo
específico de ilegalidad contra aquel, por lo que la Sala se abstendrá de realizar un
pronunciamiento de fondo.
2.11. Artículo 2.2.1.1.1.9. (inciso 10 del parágrafo 2)
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.3686/03)
Artículo 2.2.1.1.1.9. Usos del petróleo Artículo 23. Usos del petróleo crudo y/o sus
crudo y/o sus mezclas. […] Parágrafo 2. mezclas. […] Parágrafo 2. Modificado por el
D.139/05. […]
Las personas que infrinjan el presente
decreto y las demás normas sobre el Las personas que infrinjan el presente
funcionamiento del servicio público de decreto y las demás normas sobre el
distribución, transporte y almacenamiento funcionamiento del servicio público de
de crudo de calidad igual o inferior a 14 distribución, transporte y almacenamiento
grados API y/o las mezclas que los de crudo de calidad igual o inferior a 14
contengan, estarán sujetos a la imposición, grados API y/o las mezclas que los
por parte del Ministerio de Minas y Energía, contengan, estarán sujetos a la imposición,
de las siguientes sanciones de conformidad por parte del Ministerio de Minas y Energía,
con la naturaleza, efectos, modalidades y de las siguientes sanciones de conformidad
gravedad del hecho: Amonestación, multa, con la naturaleza, efectos, modalidades y
suspensión del servicio y cancelación de la gravedad del hecho: Amonestación, multa,
autorización, de acuerdo con lo establecido suspensión del servicio y cancelación de la
en la sección “Sanciones” del presente autorización, de acuerdo con lo establecido
Título o en las normas que lo modifiquen, con el Decreto 283 de 1990 o en las normas
adicionen o deroguen. […] que lo modifiquen, adicionen o deroguen.
Se alegó que la norma demandada se fundó en normas que no previeron la sanción
ni la conducta que da lugar a ella, ni la autoridad competente para aplicarla (artículo
45 de la Ley 489 de 1998 y Ley 697 de 2001).
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
Aunque se trata de un mismo cargo contra elementos interrelacionados: la
inexistencia en el plano legal de las sanciones y conductas a que se refiere el inciso
10 demandado del parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.1.9. del Decreto 1073 de 2015,
enseguida se expondrá cada elemento por separado para una mejor comprensión.
• Frente a la supuesta inexistencia de sanciones en el plano legal, el inciso
demandado se refiere a la imposición de amonestación, multa, suspensión del
servicio y cancelación de la autorización, “de acuerdo con lo establecido con el
Decreto 283 de 1990 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen”,
decreto que tuvo como fundamento, entre otras, las Leyes 39 de 1987 y 26 de 1989.
En este punto se observa que los artículos 94 a 98, que reglamentaban las
sanciones en el Decreto 283 de 1990, fueron derogados por el Decreto 4299 de
2005, normativa que reglamentó las sanciones de las mencionadas leyes en sus
artículos 32 a 37, los cuales, a su turno, fueron compilados en los artículos
2.2.1.2.4.1. a 2.2.1.2.4.6. del Decreto 1073 de 2015101.
Así las cosas, no es cierto que las sanciones del inciso 10 demandado del parágrafo
2 del artículo 2.2.1.1.1.9. del Decreto 1073 de 2015 carezcan de un fundamento
legal, puesto que este corresponde al régimen sancionatorio previsto en el artículo
3 de la Ley 26 de 1989, disposición que, como ya se ha visto previamente, frente a
la violación de normas y órdenes del Ministerio de Minas y Energía sobre el
funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP, previó las sanciones
de amonestación, multa de hasta 10 SMLMV, suspensión del servicio hasta por 10
días y cancelación de la licencia de funcionamiento.
• En lo que respecta a la supuesta inexistencia de conductas, en el plano legal, que
son objeto de las sanciones atrás mencionadas, la Sala observa que, en el inciso
demandado, se hizo depender la imposición de aquellas al hecho de que “Las
personas […] infrinjan el presente decreto y las demás normas sobre el
funcionamiento del servicio público de distribución, transporte y almacenamiento de
crudo de calidad igual o inferior a 14 grados API y/o las mezclas que los contengan”.
101 Aunque el artículo 1 del Decreto 1172 de 2016, con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1753
de 2015, modificó la Sección 4 “Sanciones”, contenida en el Capítulo II “Aspectos Económicos” del
Título I, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, aquel perdió fuerza ejecutoria una vez entró
en vigor inexequibilidad que de los artículos 25 y 26 de la Ley 1753 de 2015 declaró la sentencia C-
008 del 7 de marzo de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015 los CLDP se
definen como todos los productos clasificables dentro de las categorías de las
gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre los cuales se cuentan:
combustibles para aviación (avigás), gasolina motor (gasolina extra, gasolina
corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina extraoxigenada), combustibles de
aviación para motores tipo turbina, queroseno, diésel extra o de bajo azufre, diésel
corriente (ACPM), diésel marino (se conoce también con los siguientes nombres:
diésel fluvial, marine diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), y combustible para
quemadores industriales (combustóleosfuel oil).
En el caso de las mezclas a que se refiere el inciso demandado, es decir las que
contengan crudos102 de calidad igual o inferior a 14 grados API, estas se enmarcan
en el concepto de los CLDP, puesto que la presencia de dicho tipo de crudos solo
significa que parte de la mezcla corresponde a hidrocarburos de un determinado
peso (≤14º API), sin que por ese motivo el carácter líquido del combustible varíe, lo
que no sucedería en el caso de otros combustibles gaseosos y sólidos.
En este punto cabe indicar que el Decreto 3683 de 2003 –contentivo del artículo 23
compilado en el artículo 2.2.1.1.1.9. del Decreto 1073 de 2015, parcialmente objeto
del presente cargo–, tuvo como objeto “reglamentar el uso racional y eficiente de la
energía, de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado
energético colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes no
convencionales de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando
la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables”.
Dicho objeto es desarrollo de la Ley 697 de 2001, para cuya interpretación y
aplicación, el legislador, al definir el uso eficiente de la energía, consideró su
utilización, entre otros, durante cualquier actividad de producción, transformación,
transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía.
A su turno, no sobra volver a recordar que el artículo 1 de la Ley 26 de 1989 defirió
en el Gobierno Nacional la facultad de determinar una serie de aspectos asociados
al servicio público de distribución de CLDP, teniendo presente que se trata de
condiciones que “influyen en la mejor prestación de ese servicio público”.
102 “Petróleo Crudo: Mezclas de hidrocarburos que tienen un punto de inflamación por debajo de 150°
F (65.6° C) y que no han sido procesados en una refinería.”
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
Si se interrelacionan ambas cosas, resulta claro que la finalidad en la que se
enmarcó el decreto compilado, específicamente, la mayor eficiencia energética,
constituye uno de los aspectos directamente asociados a la mejor prestación o
funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP, razón por la cual es
claro que la infracción de las normas que reglamentaron la Ley 697 de 2001 puede
implicar a su turno la transgresión de normas sobre el funcionamiento de dicho
servicio público, en los términos del artículo 3 de la Ley 26 de 1989.
Por lo demás, al actor le bastó considerar la referencia a unas sanciones que hizo
el ultimo inciso del parágrafo del artículo 2.2.1.1.1.9. del Decreto 1073 de 2015 para
concluir que no existía ninguna conducta objeto de aquellas, lo cual evidencia una
lectura parcializada e insuficiente del contenido de las normas del Decreto 3683 de
2003 que fueron compiladas por aquel. Lo anterior impide a esta Sala entrar a
calificar cada uno de los deberes, obligaciones o prohibiciones contenidos en las
normas reglamentarias de la Ley 697 de 2001, en función de su relación o no con
el funcionamiento del servicio público de distribución de CLDP.
Se advierte que cuando las conductas que son objeto de sanción corresponden a
obligaciones, deberes o prohibiciones de orden reglamentario, cuya descripción
está asociada a un concepto jurídico indeterminado fijado por el legislador, como en
el sub lite, el cargo no puede simplemente fundarse en la inexistencia de la conducta
en el plano legal, pues ello desconocería que la jurisprudencia constitucional ha
admitido, entre las formas de estructuración de los elementos esenciales de la
sanción, los conceptos jurídicos indeterminados y los tipos en blanco.
En tales casos, en particular, cuando el legislador haga uso de conceptos jurídicos
indeterminados, es carga del demandante que pretenda la nulidad de las
disposiciones reglamentarias, acreditar que estas no desarrollan ni están asociadas
a dichos conceptos, de lo contrario, la sola afirmación de que en esos contextos el
legislador no prevé ninguna conducta conduce a que el cargo no pueda prosperar.
De ese modo, el cargo contra el inciso 10 demandado del parágrafo 2 del artículo
2.2.1.1.1.9. del Decreto 1073 de 2015 se despachará desfavorablemente.
2.12. Artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a)
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1873/96)
Artículo 2.2.3.5.2.2.1.1. Funciones del Artículo 2. Funciones del Consejo Nacional.
Consejo Nacional. […] […]
f) Adelantar las investigaciones y los f) Adelantar las investigaciones y los
procedimientos para imponer las sanciones procedimientos para imponer las sanciones
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
por las infracciones que se cometan contra por las infracciones que se cometan contra
las disposiciones de ética profesional, de las disposiciones de ética profesional, de
conformidad con las normas previstas en conformidad con las normas previstas en
este Decreto […]. este Decreto […]
Norma compilatoria (D.1073/15) Norma compilada (D.1873/96)
Artículo 2.2.3.5.2.2.1.4. Funciones de los Artículo 5. Funciones de los consejos
Consejos Seccionales. […] a) Adelantar las seccionales. […] a) Adelantar las
investigaciones y los procedimientos para investigaciones y los procedimientos para
imponer las sanciones por las infracciones imponer las sanciones por las infracciones
que se cometan contra las disposiciones de que se cometan contra las disposiciones de
ética profesional, de conformidad con las ética profesional, de conformidad con las
normas previstas en este Decreto […]. normas previstas en este Decreto […]
El actor alegó que las normas se fundamentaron en disposiciones que no previeron
la autoridad competente para aplicar la sanción.
Los literales f) y a) de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. y 2.2.3.5.2.2.1.4. compilaron los
literales f) y a) de los artículos 2 y 5 del Decreto 1873 de 1996, normativa en cuyo
epígrafe103 se enunció como norma que se reglamentaba la Ley 51 de 1986.
Los artículos en comento reglamentaron la Ley 51 de 1986 y, cuando aluden a “las
sanciones por las infracciones que se cometan contra las disposiciones de ética
profesional”, hacen referencia a la potestad que le había sido otorgada al presidente
de la República por el artículo 22 de la Ley 51 de 1986 para dictar un código de
ética, lo cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional104.
En ese contexto, cuando se expidió el Decreto compilatorio 1073 de 2015, los
literales demandados carecían de fundamento legal, pues supeditaron el ejercicio
de la potestad sancionatoria sobre la materia a unas normas que no podía expedir
el presidente -Código de Ética-, por lo que le asiste razón al señor William Esteban
Gómez Molina y, como consecuencia, se declarará la nulidad de los artículos
2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a) del Decreto 1073 de 2015.
3. Conclusión
Del análisis de la demanda, la Sala encontró que el segundo cargo estaba fundado,
solo frente a los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a) del
Decreto 1073 de 2015, respecto de los cuales se declarará su nulidad.
103 “Por el cual se reglamenta la Ley 51 de 1986 y se dictan normas de ética profesional para los
ingenieros electricistas, mecánicos y profesiones afines”.
104 Corte Constitucional. Sentencia C-012 del 19 de enero de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
“Declárase exequible el artículo 22 de la ley 51 de 1986, salvo la siguiente expresión: "que elaborará
el Gobierno Nacional", que se declara inexequible […]”. Si bien se declaró inexequible la potestad
que se le había otorgado al presidente para dictar un código de ética, la competencia del Consejo
Profesional Nacional de Ingenierías para sancionar se mantuvo incólume.
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Radicado: 11001-03-26-000-2021-00207-00 (67621)
Actor: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Nulidad simple (CPACA)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y
2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a) del Decreto 1073 de 2015, con fundamento en los cargos
analizados en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda en todo lo demás frente a
los cargos analizados en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez en firme esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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