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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05876-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05876-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Transporte, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercia, Industria y Turismo. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2025, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, declaró la improcedencia del amparo solicitado en la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05876-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

6 de marzo de 2025

Demandante: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión Núm. 3
Rad: 11001-03-15-000-2024-05876-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05876-01
Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 3.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 30 de enero de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sala de Conjueces, declaró la improcedencia del amparo solicitado,
por cuanto el asunto planteado no gozaba de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 30 de octubre de 2024, el señor William Esteban Gómez
Molina, actuando en nombre propio, entabló acción de tutela contra la Sala Especial
de Decisión núm. 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia.

En criterio del actor, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales tuvo lugar
con ocasión de la providencia del 30 de septiembre de 2024, mediante la cual se
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión2 instaurando en contra de la

1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
2
Radicado 11001-03-15-000-2024-00406-00.

1
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión Núm. 3
Rad: 11001-03-15-000-2024-05876-01

sentencia de única instancia del 3 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A3.

1.2. Pretensiones

Conforme a lo anterior, la parte actora planteó las siguientes pretensiones:

[…]

Segundo: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de
2024, proferida por la Sala Tercera Especial de Decisión No. 3 del Consejo de Estado
dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2024-00406-00.

Tercero: En consecuencia, ordene a la Sala Tercera Especial de Decisión No. 3 del
Consejo de Estado proferir una sentencia de reemplazo, en la que se pronuncie de
manera congruente frente a los argumentos presentados en el recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 3 de marzo de 2023 dictada por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera específica sobre la no valoración
de mis alegatos de conclusión y que se abstenga de imponer costas en un litigio de
interés público4.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor William Esteban Gómez Molina, promovió demanda en contra del Ministerio
de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, y el Ministerio de Transporte en ejercicio del medio de control de simple
nulidad, en la que pretendió la abolición parcial del Decreto 1073 de 2015, mediante
el cual, se regula el sector de Minas y Energía, al considerar que era contrario al
artículo 380 de la Constitución Política de 1991 como de los principios de legalidad y
tipicidad de las sanciones.

Mediante sentencia de única instancia del 3 de marzo de 2023, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, declaró nulos los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. literal f) y
2.2.3.5.2.2.1.4. literal a) del Decreto 1073 de 2015 y desestimó el resto de los cargos.

Lo anterior, al considerar que

[…]

No obstante, aún si se aplicara la tesis precedente, en el sub lite el actor no señaló si
las normas con fuerza de ley que considera derogadas por la Constitución Política de
1991 y que fueron reglamentadas por los segmentos demandados, desarrollaban
directamente o tenían un sustento sólido en algún acto reformatorio de la Constitución
de 1886, de forma que integraran una unidad normativa. En conclusión, el presente

3 Nulidad simple No. 11001-03-26-000-2021-00207-00
4 Transcripción del texto original con posibles errores.

2
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
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Especial de Decisión Núm. 3
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cargo carece de fundamento, pues las normas legales y reglamentarias preexistentes
a la Constitución de 1991, que fundamentaron algunos de los artículos demandados,
no fueron derogadas con su promulgación, razón suficiente para desestimar dicho
cargo en cuanto a las siguientes disposiciones del Decreto 1073 de 2015: parágrafo
del artículo 2.2.1.1.2.2.3.41., artículo 2.2.1.1.2.2.3.108, artículo 2.2.1.1.2.2.4.13.,
artículos 2.2.1.2.1.3. y 2.2.1.2.1.5. (parcial), artículo 2.2.1.2.4.13., parágrafo 5 del
artículo 2.2.3.2.6.1.4., numeral 4 del artículo 2.2.3.5.2.2.6.5., artículo 2.2.3.7.2.6. y
aparte del artículo 2.2.3.7.3.3.

En relación con los artículos 2.2.1.1.2.2.1.1., 2.2.1.1.2.2.3.65., 2.2.1.1.2.2.3.68. literal
g) (parcial), 2.2.1.1.2.2.3.71., 2.2.1.1.2.2.6.6., 2.2.1.2.4.9, 2.2.1.2.4.10., 2.2.1.2.4.11. y
2.2.1.2.4.12. del Decreto 1073 de 2015, la Sala también desestimará el primer cargo
por las razones expuestas; empero, se mantendrá su estudio de legalidad en cuanto
a que se reglamentaron asuntos del derecho sancionatorio administrativo sin que el
legislador hubiera previsto sus elementos esenciales, dado que respecto de aquellos
tal reproche también fue formulado por el actor.

Inconforme con la decisión adoptada, el actor presentó recurso extraordinario de
revisión con fundamento en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
dado que, en su opinión la sentencia reprochada i) se apartó injustificadamente del
auto de 24 de enero de 2023, proferido por la consejera de Estado María Adriana
Marín, en un proceso de nulidad simple contra varios actos administrativos de carácter
general expedidos por el Gobierno nacional, con radicado 11001-03-26-000- 2021-
00160-00 (67321), y ii) existía una incongruencia, por cuanto no se proporcionó
evidencia de la valoración de la demanda, contestaciones y alegatos de conclusión,
lo que conllevaba a una «falacia de omisión de valoración»; puesto que, en su criterio,
de haberse valorado de manera completa y adecuada, se habría adoptado una
decisión diferente.

Por sentencia del 30 de septiembre de 2024 la Sala Especial núm. 3° 5 de esta
Corporación resolvió declarar infundado el recurso extraordinario adelantado, debido
a que, el vicio alegado no encajaba en la causal de revisión prevista en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, consideró que la sentencia
recurrida revisó detalladamente la demanda y los cargos planteados, considerando
los argumentos y aplicando la jurisprudencia pertinente. Finalmente desestimó el
cargo de la derogación de normas anteriores a la Carta Política de 1991, al concluir
que no fueron abolidas por el cambio constitucional.

La anterior decisión fue notificada el 11 de octubre de 2024 mediante correo
electrónico6.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El actor explicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un desconocimiento del
precedente judicial, una falta de motivación y congruencia e impuso una condena en

5 Integrada por los Consejeros Wilson Ramos Girón (ponente), Luis Alberto Álvarez Parra, Oswaldo

Giraldo López, Fredy Hernando Ibarra Martínez y Luis Eduardo Mesa Nieves.
6 Índice 32 de Samai. Radicado 11001-03-15-000-2024-004060-00

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Especial de Decisión Núm. 3
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costas injustificada contraria al artículo 188 del CPACA, por tratarse de un tema de
interés público.

En relación con el cargo de desconocimiento del precedente judicial argumentó, que
no se tuvo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado en el proceso radicado
11001-03-26-000-2021-00160-00, dentro del cual se indicó que es obligatorio vincular
al presidente de la República en asuntos de nulidad simple en los que este haya
suscrito el acto administrativo acusado, situación que se omitió en el caso bajo estudio
pese a que el primer mandatario firmó el Decreto 1073 de 2015 objeto de la demanda
de simple nulidad.

A su vez, expuso que se incurrió en una falta de motivación y congruencia toda vez
que:

[…] al modificar el objeto del recurso de revisión, reduciéndolo a una supuesta falta
general de valoración de la demanda y las contestaciones. Con ello, la sentencia eludió
el análisis del punto central de mi argumentación, que era la falta de valoración de mis
alegatos de conclusión sobre la procedencia del cargo de derogación por
consecuencia del artículo 380 de la Constitución. A pesar de que en mis alegatos
presenté una argumentación detallada sobre este punto, la sentencia optó por reiterar
la jurisprudencia que desconoce el alcance derogatorio del artículo 380 sobre las
normas preconstitucionales, sin abordar mis argumentos que la rebatían directamente.

Finalmente, manifestó que la condena en costas es injustificada por cuanto se
desconoció el artículo 188 del CAPCA, el cual, prohíbe la condena en costas en litigios
que versan sobre un interés público.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 31 de octubre de 20247 la demanda de la referencia fue asignada para conocimiento
de la consejera María Adriana Marín.

El 12 de noviembre de 20248, la magistrada María Adriana Marín en conjunto con el
consejero José Roberto Sáchica Méndez presentaron manifestación de impedimento
al considerar que se configuraba la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión expresa del Decreto 2591 de
1991.

Por auto del 20 de noviembre de 20249 el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez
resolvió declarar fundado el impedimento suscrito por los citados consejeros. Por lo
cual, de conformidad con el artículo 115 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, el 22 de noviembre de 2024 se realizó el respectivo
sorteo de conjueces, designando a los consejeros Alberto Montaña Plata y Fredy
Ibarra Martínez.

7Índice 4 de Samai del cuaderno de primera instancia.
8Índice 6 de Samai del cuaderno de primera instancia.
9Índice 11 de Samai del cuaderno de primera instancia.

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El 2 de diciembre de 202410 el doctor Fredy Ibarra Martínez expresó el impedimento
para conocer del asunto, toda vez que había sido parte de la Sala Especial de Decisión
núm. 3 del Consejo de Estado que profirió la sentencia enjuiciada.

Mediante providencia del 05 de diciembre de 202411 el magistrado ponente resolvió:

PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en los ordinales segundo y tercero de la
providencia de 20 de noviembre de 2024. En consecuencia, por Secretaría procédase
efectuar el sorteo correspondiente de un conjuez entre los magistrados que conforman
las Subsecciones “B” y “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, con exclusión
del doctor Fredy Ibarra Martínez para conocer de la presente controversia.

El 6 de diciembre de 202412, como resultado del nuevo sorteo, se designó como
conjuez el consejero Martín Bermúdez Muñoz.

Finalmente, por medio de auto del 10 de diciembre de 2024 13 se admitió la acción de
tutela de la referencia; se ordenó notificar a la Sala Especial de Decisión núm. 3 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; y se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y como terceros con interés a la Presidencia
de la República, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Transporte, al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1.6. Intervenciones14

1.6.1 Sala Especial de Decisión núm. 3 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado15

El consejero Wilson Ramos Girón, en su calidad de presidente de la Sala, solicitó que
se declare improcedente el mecanismo de la referencia, puesto que no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, dado que el accionante pretende

10 Índice 19 de Samai del cuaderno de primera instancia.
11 Índice 22 de Samai del cuaderno de primera instancia.
12 Índice 26 de Samai del cuaderno de primera instancia.
13 Índice 29 de Samai del cuaderno de primera instancia.
14 Índice 33 de Samai del cuaderno de primera instancia. Mediante Oficios No. 304833 al 304841 del

12 de diciembre de 2024 se notificó a las partes a los correos electrónicos: wlm2413@gmail.com;
notiflalvarezp@consejodeestado.gov.co;
acardenasr@consejodeestado.gov.co;notifogiraldo@consejodeestado.gov.co;
dpuentest@consejodeestado.gov.co; paulabogada314@gmail.com;
rpushainav@consejodeestado.gov.co; lmartinezf@consejodeestado.gov.co;
notiffibarra@consejodeestado.gov.co; notijudiciales@minenergia.gov.co;
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co;
notiflmesa@consejodeestado.gov.co; yacevedoa@consejodeestado.gov.co;
sladinoc@consejodeestado.gov.co; notifwramos@consejodeestado.gov.co;
notificacionesjudiciales@mincit.gov.co; notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co;
adriana.lopez@minhacienda.gov.co; tutelasmhcp@minhacienda.gov.co;
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co;servicioalciudadano@mintransporte.gov.co;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
15 Índice 34 de Samai del cuaderno de primera instancia.

5
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convertir la tutela en una instancia adicional al proceso ordinario y al recurso
extraordinario de revisión, en la medida que propone argumentos que ya fueron
resueltos por el juez ordinario y por el juez de la revisión.

1.6.2. Ministerio de Transporte16.

Solicitó su desvinculación, dado que los hechos planteados en el escrito de tutela y
las respectivas pretensiones no guardan relación directa o indirecta con el Ministerio
de Transporte, por lo que, indicó que no ha participado ni contribuido a las situaciones
descritas por el actor.

Lo anterior, por cuanto, según la normatividad vigente, el Ministerio de Transporte
tiene como función principal la formulación y adopción de políticas, planes, programas
y regulaciones económicas en materia de transporte, tránsito e infraestructura y no
posee atribuciones para realizar juicios de validez en providencias judiciales.

1.6.3. Presidencia de la República17.

Manifestó que, de acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva
del Poder Público, no tiene competencia para revocar o contradecir las decisiones
judiciales. A su vez, indicó que, conforme al sistema democrático, los poderes del
Estado están separados y equilibrados para evitar su concentración en una sola
persona o institución. Por ello, la Rama Judicial es independiente y tiene la autoridad
para interpretar y aplicar las leyes, por lo que, sus decisiones son vinculantes y deben
ser respetadas por todos los ciudadanos, incluida la Presidencia.

Por consecuencia, requirió se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que no existe una acción u omisión que le fuera imputable y que pudiese
generar alguna vulneración a los derechos fundamentales invocados por el
accionante.

1.6.4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo18

Precisó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, porque:

[…] la razón de fondo de la presente acción de tutela está encaminada a la
inconformidad por la parte accionante sobre tramite que se ha surtido en el proceso
con radicado No. 11001- 03-15-000-2024- 00406-00 ante el Honorable Consejo de
Estado respecto a las actuaciones desplegadas por el respetado órgano de cierre, sin
que se cuestione actuación alguna respecto de las actividades desplegadas por este
Ministerio.

Por tanto, pidió fuera separado del asunto, debido a que no existe una coincidencia
de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha

16 Índice 36 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
17 Índice 37 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
18 Índice 38 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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conducta se reclama, pues como anotó, acorde con el principio procesal básico de
legitimidad en la causa por pasiva, las obligaciones jurídicas pretendidas por el señor
Gómez Molina son exigibles a quien expresamente se encuentra llamado por la ley y
el contrato a responder por ellas.

1.7. Sentencia de primera instancia19

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, dictó sentencia el 30 de
enero de 2025, en la que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al
observar que no se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional. En
ese sentido, indicó lo siguiente:

[…]

35.Para la Sala es evidente que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión
contra la providencia de primera instancia […]

[…]

36. De acuerdo con el anterior fragmento, a través del ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, la parte actora argumentó la existencia de vicios en la
sentencia que resolvió el proceso de simple nulidad, consistentes en la violación del
precedente judicial y un defecto de incongruencia […]

37. La Sala advierte que cada uno de los anteriores aspectos fueron analizados y
resueltos de manera razonada en la providencia del 30 de septiembre de 2024, que
decidió el recurso extraordinario de revisión, bajo los siguientes fundamentos: […]

38. En respuesta al recurso formulado, la Sala Especial de Revisión precisó que el
desconocimiento del precedente no es causal válida para (sic) nulidad en el recurso
extraordinario de revisión, ya que no constituye vicio formal. En cuanto a la
congruencia, determinó que la sentencia analizó adecuadamente los cargos y reparos,
y que el hecho de no mencionar expresamente los alegatos de conclusión no implica
omisión en la valoración. Por último, concluyó que el recurso no cuestiona la nulidad
de la sentencia, sino sus fundamentos, lo que es improcedente en ese escenario.

39. En esas condiciones, la Sala encuentra que la parte actora acudió a la acción de
tutela formulada para reactivar, una vez más, el debate normativo respecto al presunto
desconocimiento del precedente judicial en torno a la presunta vinculación necesaria
del Presidente de la República a los procesos de simple nulidad en las que se discutan
materias del sector Minero – Energético y a la supuesta falta de motivación y
congruencia que resolvió la controversia; lo cual escapa de la órbita de la acción
prevista en el artículo 86 Superior, en la medida en que son asuntos que no tienen una
clara y marcada incidencia constitucional sino que se tratan de discrepancias del actor
con el sentido de la decisión adoptada.

40. Frente al argumento relacionado con la improcedencia de la condena en costas en
sede del recurso extraordinario de revisión, la Sala considera que la demanda de tutela
también carece de argumentación que dé cuenta de las razones por las cuales, a pesar
de que existe habilitación especial por parte del legislador que permite imponer dicha

19 Índice 44 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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consecuencia jurídica a la parte recurrente cuando la demanda es infundada, debe
preferirse la aplicación de una norma general sobre el tema.

41. Más allá del interés público discutido en el proceso primigenio, era deber de la
parte actora en clave constitucional que argumentara cuál fue el yerro en que incurrió
el juzgador al aplicar una disposición especial sobre la general en materia de costas,
o que sustentara que la aplicación o interpretación que se hizo de la norma desconoce
sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, o que la norma
introduce distinciones injustificadas a situaciones de hecho que debían ser tratadas de
manera uniforme, entre otras. La simple discrepancia expresada por la parte actora no
es óbice para que la Sala de manera oficiosa y en sede de tutela efectúe un control a
la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada en este proceso.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 05 de febrero de 202520
mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación21

El accionante reprochó la conclusión del a quo al estimar que se desconoció la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, porque la sentencia impugnada no analizó el defecto central
de la sentencia del 30 de septiembre de 2024, el cual, se centraba en la omisión de
valoración y análisis de sus alegatos de conclusión, presentados en el recurso
extraordinario de revisión.

Arguyó que, en los alegatos en mención presentó argumentos:

[…] que rebatían la posición de la Sala respecto a la derogación de las normas
preconstitucionales, la cual había sido previamente fijada en el auto que resolvió los
recursos de súplica contra el auto que resolvió la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional. La sentencia del 30 de septiembre se limitó a reiterar los
argumentos de la decisión anterior, sin abordar ni refutar los puntos que expuso en
sus alegatos, los cuales se ajustan en todo al marco jurídico que regula el asunto y
que, de haber sido tomados en cuenta, permiten arribar a una decisión diametralmente
diferente de la adoptada.

Igualmente expresó, que la providencia impugnada yerra al afirmar que la acción de
tutela carece de relevancia constitucional y busca reabrir debates ya zanjados, toda
vez que, la Corte Constitucional ha establecido que la tutela procede contra
providencias judiciales cuando vulneran derechos fundamentales, incluso si existen
otros recursos. Por lo cual, en este caso, indicó que la omisión de la Sala de analizar
sus alegatos de conclusión vulnera sus derechos al debido proceso y al acceso a la
justicia, otorgándole relevancia constitucional a la acción de tutela.

Recalcó que:

20 Índice 39 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
21 Índice 50 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 05 de febrero de 2025

a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 10
del mismo mes y año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

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Especial de Decisión Núm. 3
Rad: 11001-03-15-000-2024-05876-01

[…] la tutela no busca reabrir el debate sobre la nulidad del Decreto 1073 de 2015,
sino obtener un pronunciamiento sobre la vulneración de derechos fundamentales
ocurrida en la sentencia del 30 de septiembre de 2024, que resolvió su recurso
extraordinario de revisión, para lo cual se detalló los defectos de los que la citada
providencia adolece sin que se verifique el estudio y análisis de la configuración de los
mismos.

Insistió que la sentencia del 30 de septiembre de 2024: i) reiteró la posición fijada en
el auto que resolvió los recursos de súplica, sin abordar ni refutar los argumentos que
presentó en sus alegatos de conclusión, ii) incurrió en un defecto procedimental
absoluto al no analizar la aplicación del artículo 188 del CPACA en relación con la
condena en costas, la cual, en su consideración es una vulneración al debido proceso
y al principio de legalidad procesal y iii) vulneró directamente el artículo 29 de la
Constitución Política, que consagra el derecho fundamental al debido proceso, al no
analizar los argumentos que presentó en el recurso extraordinario de revisión, por lo
que, la sentencia lo deja en un estado de indefensión, impidiéndole ejercer
plenamente su derecho de defensa y a obtener una decisión judicial motivada y
congruente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 7º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

En cuanto a las solicitudes del Ministerio de Transporte, la Presidencia de la República
y el Ministerio de Comercia, Industria y Turismo, consistentes en la desvinculación del
trámite de la referencia por carecer de legitimación en la causa por pasiva, la Sala
anuncia que será denegada por cuanto su vinculación fue en calidad de tercero por
tener interés en el resultado que se adopte en este mecanismo constitucional al haber
fungido como parte demandada en el proceso de nulidad con el radicado «11001-03-
26-000-2021-00207-00».

2.3. Problema jurídico

Conforme con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, el día 30 de
enero de 2025. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:

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Demandante: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión Núm. 3
Rad: 11001-03-15-000-2024-05876-01

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión núm. 3 vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante, con ocasión de la sentencia del 30 de septiembre de 2024
proferida al interior del recurso de extraordinario de revisión 11001-03-15-
000-2024-00406-00?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el
criterio de relevancia constitucional; y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 22
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema23 y declaró su procedencia.24

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
23 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
24 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Especial de Decisión Núm. 3
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2.5. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202225.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal26 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico27; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional28.

25 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-103 de 2022.

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[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal29”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales30”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto31, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal32. (Resaltado de la
Sala)

2.6. Caso concreto

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela del asunto, por cuanto no superó el requisito adjetivo
de relevancia constitucional.

En el presente asunto, se tiene que los reparos de la parte actora apuntan a probar
una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia porque en su sentir, la Sala Especial de Decisión
núm. 3 de esta Corporación incurrió en i) un desconocimiento del precedente judicial,
al no aplicar el precedente fijado por la consejera Marín en un caso similar [Radicado
11001-03-26-000-2021-00160-00], ii) en incongruencia y falta de motivación al centrar
los argumentos de su recurso en una supuesta falta general de valoración de la
demanda y las contestaciones y iii) en un defecto procedimental absoluto, al
desconocer lo establecido en el artículo 188 del CPACA, que prohíbe la condena en
costas en litigios que versan sobre un interés público.

En este sentido, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de sus garantías constitucionales que permitan superar el requisito de

29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-128 de 2021.
31 Sentencia SU-573 de 2019.
32 Ibid.

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relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; y (ii) no se evidencian afectaciones a derechos fundamentales como
el debido proceso, pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de defensa y
contradicción dentro del trámite adelantado en el proceso que resuelve el recurso
extraordinario de revisión.

Valga recordar que lo expuesto por el tutelante no deviene de la alegación sobre un
actuar de la autoridad judicial accionada que haya vulnerado el acceso a la
administración de justicia, dado que, tampoco encaminó su argumento a sustentar el
desconocimiento del trámite procesal llevado a cabo, que pudiera avizorar la
vulneración del debido proceso.

En ese sentido, se tiene que la acción constitucional objeto de estudio tiene como
finalidad que el juez de tutela realice un nuevo estudio de los argumentos que se
desarrollaron a lo largo del proceso del recurso extraordinario de revisión.

En conclusión, la acción de tutela viene a reiterar los argumentos que fueron
estudiados a lo largo del proceso ordinario, lo cual, desnaturaliza el mecanismo de
amparo al pretender que éste se constituya en una tercera instancia.

Por consiguiente, es evidente que la controversia planteada por el accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto
al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte que la administración de
justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia
en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar
sus decisiones por la vía de la acción de tutela.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, exigen con mayor énfasis que el accionante ejecute una exposición que sin
lugar a dudas demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de
reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.

A su vez, se pone de presente que el tutelante no acreditó encontrarse en una
situación de especial sujeción o vulnerabilidad o de violación o amenaza de su
derecho fundamental al mínimo vital, lo que imposibilita una flexibilización del criterio
reiterado por esta Sección en relación con el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional en asuntos como el estudiado.

Aunado a lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme a las etapas que para tal efecto

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estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría a una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Transporte, la
Presidencia de la República y el Ministerio de Comercia, Industria y Turismo.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2025, en virtud de la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, declaró la improcedencia
del amparo solicitado en la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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