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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05876-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05876-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor William Esteban Gómez Molina, en nombre propio, en contra la Sala Especial de Decisión núm. 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05876-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE CONJUECES

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 3
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la acción de tutela
con el propósito de reabrir la discusión definida en el recurso extraordinario de revisión.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor William Esteban Gómez Molina, en nombre propio, de conformidad con
lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 30 de octubre de 2024 la parte accionante presentó acción de tutela en
contra la Sala Especial de Decisión núm. 3 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

A. Del proceso de simple nulidad.

2. El señor William Esteban Gómez Molina demandó al Ministerio de Hacienda,
al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y
al Ministerio de Transporte con miras a obtener la nulidad de algunos apartes del
Decreto 1073 de 2015, que regula el sector de Minas y Energía.

3. El actor argumentó que el Decreto violaba el artículo 380 de la Constitución
Política, como quiera que fue expedido al amparo de normas expedidas con base

1 Que ingresó para fallo el 21 de enero de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

en la Constitución Nacional de 1886. Así mismo, afirmó que algunas disposiciones
del decreto vulneraban el debido proceso y la reserva de ley en materia
sancionatoria, ya que el Gobierno no tenía facultades para establecer sanciones sin
la ley previa que lo habilitara.

4. En sentencia de única instancia del 3 de marzo de 2023, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró nulos los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1.
literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. literal a) del Decreto 1073 de 2015, al tiempo que
desestimó el resto de los cargos2.

5. Respecto de las disposiciones anuladas, la sentencia determinó que
consagraban sanciones basadas en un Código de Ética que fue declarado
inexequible, razón por la cual carecían de fundamento legal. Frente a las demás
normas demandadas, indicó que la derogación de la Constitución de 1886 no
implicaba la invalidez de las normas que aún eran vigentes bajo la nueva
Constitución, y que el Gobierno Nacional podía reglamentar aspectos del derecho
administrativo sancionatorio, siempre y cuando la ley proporcionara los elementos
esenciales para la determinación correspondiente. La sentencia destacó que la
reglamentación de sanciones en el sector de distribución de combustibles líquidos
estaba justificada por las leyes previas, que delegaban en el Ejecutivo la regulación
técnica y sancionatoria en ese sector.

B. Del recurso extraordinario de revisión.

6. Inconforme con la decisión adoptada, el actor presentó un recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia apoyado en el artículo 250.5 del
CPACA.

7. El recurrente aseguró que la sentencia se apartó sin justificación de un auto
de enero de 2023 (Rad. 11001-03-26-000-2021-00160-00, Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, M.P. María Adriana Marín), en el que se vinculó al
Presidente de la República en un proceso de nulidad contra actos administrativos.
Argumentó que debía haberse vinculado al primer mandatario en todos los procesos
relacionados con actos que él hubiera firmado, como el Decreto 1073 de 2015.

8. Consideró que la sentencia era incongruente en tanto no respondió al
argumento principal de la demanda sobre la derogación de normas derivadas de la
Constitución Nacional de 1886. Además, señaló que la Sala no abordó
adecuadamente los escritos procesales del actor, lo que resultó en una omisión de
valoración que, de haberse corregido, habría conducido a una decisión distinta.

2 Proceso identificado con el número de radicación 11001-03-26-000-2021-00207-00. La Sala estaba

conformada por las Magistradas Marta Nubia Velásquez Rico (ponente) y María Adriana Marín, y por
el Magistrado José Roberto Sáchica Méndez.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9. En sentencia de 30 de septiembre de 2024, la Sala Especial de Decisión
núm. 3 de esta Corporación3, resolvió:

“1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor William Esteban Gómez Molina contra la sentencia del 3 de marzo
de 2023, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas.

2. Condenar al señor William Esteban Gómez Molina al pago de costas por
concepto de agencias en derecho a favor del Ministerio de Transporte y del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, para cada uno, a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia”.

10. Frente al primer cargo, relativo al desconocimiento del precedente, la Sala
estimó que este tipo de vicio no encaja en la causal de revisión prevista en el artículo
250.5 del CPACA., pues para ello existe otro mecanismo como el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia o la acción de tutela, que son los
procedimientos adecuados para discutir la violación al derecho fundamental a la
igualdad.

11. En cuanto a la violación del principio de congruencia, concluyó que la
sentencia recurrida revisó detalladamente la demanda y los cargos planteados,
considerando los argumentos y aplicando la jurisprudencia pertinente. Finalmente
desestimó el cargo de la derogación de normas anteriores a la Carta Política de
1991, al concluir que no fueron abolidas por el cambio constitucional.

Pretensiones de la acción de tutela

12. Solicita la parte accionante lo siguiente [transcripción textual]:

“Primero: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y al acceso a la administración de justicia.

Segundo: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 30 de
septiembre de 2024, proferida por la Sala Tercera Especial de Decisión No.
3 del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-
2024-00406-00.

Tercero: En consecuencia, ordene a la Sala Tercera Especial de Decisión
No. 3 del Consejo de Estado proferir una sentencia de reemplazo, en la que
se pronuncie de manera congruente frente a los argumentos presentados
en el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 3 de marzo
de 2023 dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, de manera específica sobre la no valoración de mis alegatos de
conclusión y que se abstenga de imponer costas en un litigio de interés
público”.

3 Integrada por los Consejeros Wilson Ramos Girón (ponente), Luis Alberto Álvarez Parra, Oswaldo

Giraldo López, Fredy Hernando Ibarra Martínez y Luis Eduardo Mesa Nieves.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Fundamentos de la demanda de tutela

13. La parte demandante alega que, con la sentencia del 30 de septiembre de
2024, la autoridad judicial accionada incurrió en (i) un desconocimiento del
precedente judicial, (ii) una falta de motivación y congruencia y (iii) impuso una
condena en costas injustificada contraria al artículo 188 del CPACA, por tratarse de
un tema de interés público.

14. Frente al desconocimiento del precedente, sostiene que no se tuvo en cuenta
lo establecido por el Consejo de Estado en el proceso radicado núm. 11001-03-26-
000-2021-00160-00, dentro del cual se indicó que es obligatorio vincular al
Presidente de la República en asuntos de nulidad simple en los que este haya
suscrito el acto administrativo acusado, situación que se omitió en el caso bajo
estudio pese a que el primer mandatario firmó el Decreto 1073 de 2015 y las normas
allí compiladas.

15. De igual modo, señala que existe una falta de motivación y congruencia al
modificar el objeto de su recurso de revisión, “reduciéndolo a una supuesta falta
general de valoración de la demanda y las contestaciones”. Indicó que el punto
central de su argumentación era la procedencia del cargo de derogación por
consecuencia del artículo 380 de la Constitución, sin embargo, la decisión enjuiciada
optó por reiterar la jurisprudencia “que desconoce el alcance derogatorio” de dicha
norma jurídica.

16. Por último, indica que la Sala de Revisión desconoció el artículo 188 del
CPACA, que prohíbe la condena en costas en litigios que versan sobre un interés
público. En criterio del actor, la nulidad del Decreto 1073 de 2015, por regular el
sector petrolero, es un asunto de evidente interés público, por lo que la condena en
costas resulta improcedente, arbitraria y lesiva de sus derechos fundamentales.

Trámite en primera instancia

17. El 31 de octubre de 2024 el expediente ingresó al despacho de la consejera
María Adriana Marín para decidir sobre su admisión.

18. El 12 de noviembre de 2024 la magistrada ponente en conjunto con el
consejero José Roberto Sáchica Méndez suscribieron una manifestación de
impedimento por considerar que se configuraba la causal prevista en el numeral 1°
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión del
Decreto 2591 de 1991.

19. Mediante auto del 20 de noviembre de 2024, el suscrito magistrado resolvió
lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los
consejeros José Roberto Sáchica Méndez y María Adriana Marín, de

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. En
consecuencia, se dispone separarlos del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría a que proceda al sorteo
correspondiente de conjueces entre los magistrados que conforman las
Subsecciones “B” y “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, de
acuerdo con los lineamientos de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que,
ejecutoriada esta decisión, remita inmediatamente a este Despacho el
expediente de la referencia, para resolver sobre la admisibilidad de la tutela”.

20. De conformidad con el artículo 115 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 22 de noviembre de 2024 se
realizó el respectivo sorteo de conjueces, designando a los consejeros Alberto
Montaña Plata y Fredy Ibarra Martínez.

21. El 2 de diciembre de 2024 el consejero Fredy Ibarra Martínez expresó el
impedimento para conocer del asunto, toda vez que había sido parte de la Sala
Especial de Decisión núm. 3 del Consejo de Estado que profirió la sentencia
enjuiciada.

22. Mediante auto del 5 de diciembre de 2024 este despacho resolvió:

“PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en los ordinales segundo y
tercero de la providencia de 20 de noviembre de 2024. En consecuencia,
por Secretaría procédase efectuar el sorteo correspondiente de un
conjuez entre los magistrados que conforman las Subsecciones “B” y “C”
de la Sección Tercera de esta Corporación, con exclusión del doctor
Fredy Ibarra Martínez para conocer de la presente controversia.

SEGUNDO: cumplido lo anterior, remítase de inmediato a este despacho
el expediente correspondiente para que se resuelva sobre la
admisibilidad de la tutela”.

23. El 6 de diciembre de 2024, la Secretaría General de esta corporación realizó
un nuevo sorteo, siendo designado como conjuez el consejero Martín Bermúdez
Muñoz, a quien se le comunicó lo resuelto en la misma fecha.

24. Finalmente, por medio de auto del 10 de diciembre de 2024 se admitió la
acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar a la Sala Especial de Decisión
núm. 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como
accionado y a la Presidencia de la República, al Ministerio de Minas y Energía, al
Ministerio de Transporte, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado como terceros con interés. De igual modo, se ordenó la
vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

25. El consejero Wilson Ramos Girón, en su calidad de presidente de la Sala
Tercera Especial de Decisión del Consejo de Estado solicitó el rechazo por
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que considera que la parte actora trata de
convertir la tutela en una instancia adicional tanto al proceso ordinario como al
recurso extraordinario de revisión, en la medida que propone argumentos que ya
fueron resueltos por los funcionarios respectivos.

26. Precisó que la discusión del demandante es la misma que planteó en los dos
escenarios judiciales anotados. En efecto, señaló que este insiste en un
desconocimiento del precedente, respecto del cual la sala especial se abstuvo de
resolver de fondo en la medida que éste no configura la causal de nulidad originada
en la sentencia en los términos del CPACA y de la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

27. Por último, frente a la condena en costas, manifestó que la imposición de
costas en los recursos extraordinarios de revisión está dispuesta en norma especial,
consagrada el artículo 255 del CPACA, sin que sea admisible excepción alguna, por
lo cual la imposición de dicho rubro a la parte vencida en juicio no es injustificada.

28. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de
Transporte y la Presidencia de la República solicitaron su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.

29. Las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

30. De conformidad con los antecedentes expuestos, esta Sala de Decisión
considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la presente acción por
cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

31. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces4.

4 Sentencia T–422 de 2018.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

32. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber5:

33. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.

34. Revisada la demanda, para esta Sala de Decisión es evidente que el señor
William Esteban Gómez Molina acudió a la acción de tutela con el propósito que se
estudie nuevamente si, como se discutió en el trámite del recurso extraordinario de
revisión, el juez de lo contencioso administrativo incurrió en (i) un desconocimiento
del precedente fijado por el Consejo de Estado, según el cual es obligatorio vincular
al Presidente de la República en asuntos de nulidad simple en los que este haya
suscrito el acto administrativo acusado, como es el caso del Decreto 1073 de 2015
y (ii) una falta de motivación y congruencia por el desconocimiento del alcance
derogatorio del artículo 380 de la Constitución Política a la legislación
preconstitucional, en particular, de aquellas encargadas de regular los recursos del
subsuelo.

35. Para la Sala es evidente que la parte actora busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los
mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso extraordinario de
revisión contra la providencia de primera instancia, a saber:

“Para iniciar se debe señalar que la sentencia dictada por la Subsección A
de la Sección Tercera de esta Corporación el 3 de marzo de 2023, dentro
del proceso identificado en la referencia, fue suscrita por los Consejeros
María Adriana Marín, José Roberto Sáchica Méndez y Marta Nubia
Velázquez Rico, en atención a lo cual se configura el vicio de violación del
precedente judicial, esto, por cuanto la Consejera María Adriana Marín,
mediante auto del 24 de enero de 2023 —proferido dentro del proceso de
nulidad con radicado 11001-03-26-000-2021-00160-00 (67321)—, resolvió
vincular al Presidente de la República, en calidad de parte pasiva de la
demanda, a ese otro proceso que también es de simple nulidad aduciendo
como argumento para el efecto el ser este (el Presidente) una de las
autoridades que suscribió el acto acusado y que, por tanto, sin él la parte
pasiva no estaría completa.

Al respecto, nótese que la última decisión aludida es de fecha anterior a la
sentencia objeto de revisión y que el criterio allí expuesto para vincular a
dicha autoridad administrativa se presenta de manera idéntica en ambos

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

casos, el cual fue que el Presidente de la República es una de las
autoridades que suscribió los actos acusados. En atención a este hecho se
configura una violación del precedente judicial, pues la Consejera María
Adriana Marín, con la suscripción de la Sentencia de 3 de marzo de 2023,
se aparta injustificadamente de la decisión adoptada en el auto de 24 de
enero de 2023 referenciada.

En este punto se advierte que la decisión es vinculante porque: 1) la
autoridad que suscribe ambos fallos es la misma, 2) el auto proferido el 24
de enero de 2023 dentro del medio de control de simple nulidad identificado
con el número de radicado 11001-03-26-000-2021-00160-00 (67321) es
anterior a la sentencia que aquí se pide nulitar e infirmar y 3) en todo caso,
no se informa explícitamente cuáles son las razones por las que esa
autoridad judicial se aparta del precedente.

[…]

Conforme a lo cual se establece que la Consejera María Adriana Marín, a
partir del Auto de 24 de enero de 2023 pluricitado, tiene la obligación de
acatar y de hacer respetar la decisión de vincular al Presidente de la
República en todos aquellos procesos en los que se discute la legalidad de
los actos administrativos en los que él (el Presidente de la República) figura
como autoridad suscribiente de estos.

En otras palabras, el vicio de violación del precedente judicial se configuró,
como se dijo ut supra, porque la Consejera María Adriana Marín suscribió la
sentencia del 3 de marzo a pesar de que dentro de este expediente aparece
probado que el Presidente de la República suscribió el Decreto 1073 de
2015 y los demás Decretos allí compilados, no aplica el precedente judicial
que previamente acogió en el otro medio de control de nulidad referido y que
tiene idénticos contornos a este.

[…]

En segundo lugar, se debe señalar que la sentencia de 3 de marzo de 2023
adolece del vicio de incongruencia porque entre el arsenal de argumentos
aducidos para resolver el litigio, no ofrece ninguno que desvirtúe el cargo de
derogación por consecuencia de las normas infra constitucionales creadas
a la luz de la Constitución de 1886, y sus reformas, que no fueron objeto de
conversión en legislación permanente bajo las reglas del articulado
transitorio de la Constitución Política de 1991, en los términos que fue
precisado en mis alegatos de conclusión, teniendo presente que con ellos
se demuestra, con suficiencia, que los argumentos aducidos para negar,
confirmar, revocar y modificar parcialmente la solicitud de medida cautelar
de suspensión provisional no se ajustan al marco constitucional en el que
debían fundarse, lo cual quebranta nuestro ordenamiento jurídico y
comporta una decisión materialmente injusta.

Al respecto, como se advirtió desde el antecedente número 17 de este
escrito, los alegatos de conclusión que presenté en el trámite de este medio
de control tomaron en consideración los precisos términos en los que fue
fijado el litigio, las contestaciones a la demanda y, especialmente, las
consideraciones en las que se fundaron las decisiones de negar, confirmar,
revocar y modificar parcialmente la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional (mismas que fueron recogidas en los antecedentes
número 7, 8, 9 y 11 de este escrito), precisando para el efecto que:

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

1. La asamblea Nacional Constituyente de 1991, pese a que había discutido
otros textos diferentes del artículo 380 del que hoy conocemos y que
contenían un alcance en los términos predicados por la jurisprudencia, a
último momento voto el texto presentado por la comisión codificadora que
dispone el alcance en el que se funda el medio de control de nulidad. […]”.

36. De acuerdo con el anterior fragmento, a través del ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, la parte actora argumentó la existencia de vicios en la
sentencia que resolvió el proceso de simple nulidad, consistentes en la violación del
precedente judicial y un defecto de incongruencia. En cuanto al primero, indicó que
la consejera María Adriana Marín suscribió una sentencia (de marzo de 2023) que
se aparta de una decisión anterior tomada en enero de ese mismo año, sobre el
mismo tema, respecto a la vinculación del Presidente de la República como parte
pasiva en un proceso de nulidad. El argumento central es que dicha autoridad no
explicó las razones para apartarse del criterio previamente adoptado, lo cual se
considera una violación al precedente judicial vinculante. Por otro lado, el vicio de
incongruencia se concretaba en la falta de fundamentación suficiente en la
sentencia del 3 de marzo de 2023, especialmente en relación con la derogación de
normas infra constitucionales que no fueron convertidas en legislación permanente
bajo la Constitución de 1991. Alegó que no se consideraron adecuadamente los
principios constitucionales y que las decisiones adoptadas en el proceso no se
ajustan al marco constitucional vigente.

37. La Sala advierte que cada uno de los anteriores aspectos fueron analizados
y resueltos de manera razonada en la providencia del 30 de septiembre de 2024,
que decidió el recurso extraordinario de revisión, bajo los siguientes fundamentos:

“El recurrente alega que el fallo del 3 de marzo de 2023, proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se encuentra
viciado de nulidad por incurrir en: (i) desconocimiento del precedente, debido
a que no se tuvo en cuenta el auto del 24 de enero de 2023 proferido por la
Consejera de Estado María Adriana Marín, en el proceso de nulidad simple
con radicado 11001-03-26-000-2021-00160-00 (67321), en el que se vinculó
al Presidente de la República a la parte pasiva, porque también suscribió el
acto acusado; y (ii) vulneración del principio de congruencia, debido a que
no valoraron los argumentos sobre la “derogación por consecuencia”
presentados en la demanda ni en los demás memoriales allegados al
proceso.

1. En cuanto al primer argumento, la Sala Especial advierte que el
desconocimiento del precedente no es una causal prevista en el recurso
extraordinario de revisión para obtener la invalidez de la sentencia, porque
no constituye un vicio de nulidad cuando se alega la violación del debido
proceso.

[…]
Por ende, la Sala se releva de examinar este argumento, por ser un aspecto
ajeno al objeto y finalidad del mecanismo extraordinario de revisión, pues el
fundamento no encaja en ninguno de los supuestos por los cuales se
configura la causal de revisión invocada, por cuanto no significa un vicio
formal de la sentencia, no constituye alguna de las nulidades señaladas

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

taxativamente en la ley procesal civil ni en las señaladas por esta
Corporación.

Además, a través de este mecanismo excepcional no es posible hacer un
estudio de las decisiones judiciales que versaron sobre hechos similares a
los discutidos en el litigio primigenio, pues, se reitera, ello no corresponde a
la finalidad del recurso extraordinario de revisión.

2. Frente al segundo argumento, esto es, la vulneración del principio de
congruencia, la parte actora alegó que la sentencia no desvirtuó el cargo de
“derogación por consecuencia”, en virtud del cual las normas legales y
reglamentarias demandadas son nulas por fundarse en la Carta Política de
1886. Adicionalmente, adujo que no hubo un pronunciamiento ni valoración
de la demanda, las contestaciones, ni los alegatos de conclusión, por lo que
la decisión no está en consonancia con los hechos y pretensiones de la
demanda y que, de haberse valorado, se habría adoptado una decisión
diferente.

[…]

De los apartes anteriormente transcritos, la Sala advierte que, contrario a lo
afirmado por el recurrente, la sentencia cuestionada no vulneró el principio
de congruencia, pues se analizaron los cargos propuestos por el
demandante, los reparos planteados en las contestaciones y se resolvieron
de acuerdo con las normas y la jurisprudencia aplicables al caso concreto.
A juicio de la Sala, el hecho de que no se hubiera hecho una referencia
expresa a los alegatos de conclusión en la sentencia reprochada, no
significa que se hubiera omitido su valoración.

En efecto, hubo pronunciamiento sobre la causal de falta de competencia
por derogación de la Constitución Política de 1886 y de todas las normas
que se dictaron en virtud de aquella y, se concluyó que el tránsito
constitucional no implicó la derogación de toda la normativa expedida con
anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991. Por ende, hubo
congruencia entre lo discutido por las partes y lo decidido, con lo cual se
descarta la aducida vulneración del principio de congruencia.

Así las cosas, los reparos de la parte recurrente no tienen que ver con la
nulidad originada en la sentencia, en los términos en que quedó explicado,
sino que, en realidad, se discuten los fundamentos jurídicos del fallo y con
ello pretende convertir el recurso en una instancia adicional del proceso
ordinario, lo cual es improcedente en sede de revisión Se resalta que, en
sede del recurso extraordinario, resulta improcedente examinar el acierto de
la decisión del juez ordinario, pues las conclusiones a las que arribó están
amparadas por los principios de autonomía e independencia judicial”.

38. En respuesta al recurso formulado, la Sala Especial de Revisión precisó que
el desconocimiento del precedente no es causal válida para nulidad en el recurso
extraordinario de revisión, ya que no constituye vicio formal. En cuanto a la
congruencia, determinó que la sentencia analizó adecuadamente los cargos y
reparos, y que el hecho de no mencionar expresamente los alegatos de conclusión
no implica omisión en la valoración. Por último, concluyó que el recurso no cuestiona
la nulidad de la sentencia, sino sus fundamentos, lo que es improcedente en ese
escenario.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

39. En esas condiciones, la Sala encuentra que la parte actora acudió a la acción
de tutela formulada para reactivar, una vez más, el debate normativo respecto al
presunto desconocimiento del precedente judicial en torno a la presunta vinculación
necesaria del Presidente de la República a los procesos de simple nulidad en las
que se discutan materias del sector Minero – Energético y a la supuesta falta de
motivación y congruencia que resolvió la controversia; lo cual escapa de la órbita de
la acción prevista en el artículo 86 Superior, en la medida en que son asuntos que
no tienen una clara y marcada incidencia constitucional sino que se tratan de
discrepancias del actor con el sentido de la decisión adoptada.

40. Frente al argumento relacionado con la improcedencia de la condena en
costas en sede del recurso extraordinario de revisión, la Sala considera que la
demanda de tutela también carece de argumentación que dé cuenta de las razones
por las cuales, a pesar de que existe habilitación especial por parte del legislador
que permite imponer dicha consecuencia jurídica a la parte recurrente cuando la
demanda es infundada6, debe preferirse la aplicación de una norma general sobre
el tema7.

41. Más allá del interés público discutido en el proceso primigenio, era deber de
la parte actora en clave constitucional que argumentara cuál fue el yerro en que
incurrió el juzgador al aplicar una disposición especial sobre la general en materia
de costas, o que sustentara que la aplicación o interpretación que se hizo de la
norma desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance,
o que la norma introduce distinciones injustificadas a situaciones de hecho que
debían ser tratadas de manera uniforme, entre otras. La simple discrepancia
expresada por la parte actora no es óbice para que la Sala de manera oficiosa y en
sede de tutela efectúe un control a la interpretación efectuada por la autoridad
judicial accionada en este proceso.

6 El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consagra lo

siguiente: “ARTÍCULO 255. SENTENCIA. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. || Si el
competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del
artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la
sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde. || En la sentencia que invalide la decisión
revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y
demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la
condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 193 de este código. || Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o
la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la
actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad
judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda. || Si
se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
(Subrayado y negrillas fuera del texto).
7 “Artículo 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. || <Inciso adicionado por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.” (Subrayado y negrillas fuera del texto).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05876-00
Accionante: William Esteban Gómez Molina
Accionado: Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sala Especial de
Decisión Núm. 3
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

42. En esas condiciones, la Sala declarará improcedente la petición de amparo
por el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala de Conjueces, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor William Esteban Gómez Molina, en nombre propio, en contra la Sala Especial
de Decisión núm. 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
CONJUEZ CONJUEZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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