Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06555-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06555-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06555-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
31 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 31 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06555-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: El accionante enjuició la providencia que confirmó el rechazo de la
demanda por no haber cumplido con la carga procesal de enviar copia de la demanda y
sus anexos al demandado. Alegó que la suspensión provisional es una medida cautelar
previa que exime al demandante de dicha carga procesal.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
24 de enero de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 27 de noviembre de 2024, William Esteban Gómez Molina, en
nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección Primera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos al debido
proceso y acceso a la administración justicia, al considerar que el Auto de
19 de septiembre de 2024, proferido en el proceso de nulidad simple Rad.
11001032400020210062600, incurrió en un defecto procedimental absoluto,
defecto sustantivo por falta de motivación y en una violación directa de la
Constitución.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Sentencia de 24 de enero de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
“Falla. Declarar improcedente la solicitud de tutela interpuesta por William Esteban Gómez Molina, en contra del
Consejo de Estado, Sección Primera, como quiera que la parte actora incumplió el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06555-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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“Primero: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
Segundo: Que, en consecuencia, se deje sin efectos el auto de la Sección
Primera del Consejo de Estado, fechado el 19 de septiembre de 2024 y que fue
proferido dentro del proceso identificado con el radicado nro.
11001032400020210062600, para que, en su lugar, se ordene rehacer la
actuación, garantizando en este asunto la prevalencia del interés general que
busca salvaguardar el orden jurídico, esto, como plena garantía de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 12 de noviembre de 2021, el accionante presentó el medio de
control de nulidad simple y solicitó la medida cautelar de suspensión
provisional de algunas disposiciones normativas del Decreto 1074 de 2015 3.
En el escrito de la demanda indicó que no enviaba copia de su contenido
ni de los anexos a la parte demandada, por considerar que el numeral 8 del
artículo 162 del CPACA4 lo eximía de esa obligación al haber solicitado la
medida de suspensión provisional.
5. 2) El 26 de noviembre de 2021, mediante providencia, se inadmitió la
demanda y se ordenó enviar su contenido y anexos al demandado. Contra
esta decisión, el demandante interpuso recurso de reposición, por la
interpretación errónea del numeral 8 del artículo 162 del CPACA. No
obstante, el 28 de febrero de 2022, la magistrada ponente confirmó la
decisión, al considerar que la suspensión provisional no tenía el carácter de
medida cautelar previa. Por lo tanto, el demandante no estaba exento de
cumplir con la carga procesal de enviar copia de la demanda y sus anexos.
6. 3) El 2 de febrero de 2022, el accionante interpuso recurso de súplica
y reiteró que las decisiones se sustentaban en una interpretación
equivocada de la disposición. Se pronunció sobre la naturaleza de las
medidas cautelares, sus finalidades y efectos, y resaltó la falta de un criterio
unificado sobre la suspensión provisional como una medida cautelar previa.
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2023, mediante providencia se declaró
3 Solicitó la declaración de nulidad de los artículos 2.2.1.5.5.2. y 2.2.1.5.5.5., y los artículos 2.2.1.12.4.2., 2.2.1.12.4.3. y
2.2.1.12.4.5., y el artículo 2.2.1.14.1.6., el parágrafo 3° del artículo 2.2.1.14.2.1., el parágrafo 8° y 10 (parcial) del
artículo 2.2.1.14.3.2., los artículos 2.2.1.14.4.2., 2.2.1.14.4.3. y 2.2.1.14.4.5., y el artículo 2.2.2.2.15., y el artículo
2.2.2.4.1.28. (parcial), y el parágrafo 3° del artículo 2.2.4.2.10.4., y el artículo 2.2.4.12.1.4. (parcial), y los artículos
2.2.4.12.3.11., 2.2.4.12.3.14. y 2.2.4.12.5.1. del Decreto 1074 de 2015, pues consideró que eran contrarios al debido
proceso, a los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones en materia administrativa.
4
“ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y
contendrá: (…) 8. <Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de
sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar
donde recibirá notificaciones el demandado. (…).”
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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improcedente el recurso de súplica, porque contra el auto que resuelve la
reposición no procede ningún recurso, según el artículo 243A del CPACA.
7. 4) El 13 de octubre de 2023, mediante providencia, se rechazó la
demanda, por no haber sido subsanada. Contra esta decisión, el
accionante presentó nuevamente recurso de súplica con base en los
mismos argumentos expuestos.
8. 5) El 19 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado confirmó el rechazo de la demanda. Reiteró que la suspensión
provisional no tenía el carácter de una medida cautelar previa, razón por la
cual, no exigía un pronunciamiento anterior a la notificación de la
demandada para precaver el proceso y la sentencia de la conducta del
demandado. En consecuencia, el demandante debía cumplir con la carga
procesal de enviar copia de la demanda y sus anexos.
9. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
sostuvo que el Auto de 19 de septiembre de 2024, dictado por la Sección
Primera del Consejo de Estado, incurrió en un defecto procedimental
absoluto, defecto sustantivo por falta de motivación y en una violación
directa de la Constitución.
10. Señaló que la providencia incurrió en un defecto procedimental
absoluto porque desconoció el sentido “natural y obvio” del numeral 8 del
artículo 162 del CPACA, “cuya interpretación no es otra que (…) el
demandante al presentar una demandada acompañada de una solicitud
de una medida cautelar puede, y de hecho debe, omitir el envío de estas
piezas procesales, pues esa es la interpretación de la norma transcrita que
más se ajusta al sentido común, lógica y el razonamiento jurídico”. Al
confirmar el rechazo de la demanda, se habría actuado al margen del
procedimiento establecido.
11. El accionante afirmó que la decisión carecía de motivación, pues se
basó exclusivamente en la posición jurisprudencial de la Sección Primera, sin
resolver los argumentos planteados en su contra. Además, destacó que
dicha posición no era uniforme, y que existían decisiones con posturas
distintas5, así como salvamentos de voto dentro del proceso de nulidad
simple.
5 Se trascribe: “Autos admisorio y que corre traslado de medida cautelar de 16 de agosto de 2022, dictados dentro
del proceso con radicado 11001-03-24-000-2022-00335-00; de 9 de septiembre de 2022, dictados dentro del
proceso con radicado 11001-03-24-000-2022-00358-00 y de 10 de noviembre de 2021 dentro del proceso con
radicado 11001-03-26-000-2021-00207-00..
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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12. Agregó que la decisión violó de forma directa la Constitución,
específicamente el artículo 84, al imponer un requisito no previsto por el
legislador. Señaló que el juez no podía hacer una distinción donde el
legislador no lo había hecho, por lo que la interpretación debía hacerse de
la manera más favorable al derecho sustancial. La providencia enjuiciada
estableció “un alcance restrictivo del numeral 8 del artículo 162 del CPACA
que no fue previsto por el legislador ordinario, el cual apareja el
establecimiento de un requisitos adicional para el ejercicio de dicho medio
de control en los eventos en los que la demanda se acompaña de la
solicitud de una medida cautelar”.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 24 de enero de 2025, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela, al considerar que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional. Concluyó que los argumentos del accionante eran una
reiteración de los expuestos en los recursos ordinarios presentados durante
el proceso, y determinó que la acción de tutela fue utilizada como un
mecanismo adicional para insistir en su interpretación normativa y estrategia
de defensa.
14. La parte accionante impugnó la decisión y sostuvo que, el fallo de
primera instancia aceptó, sin un análisis profundo, la interpretación restrictiva
de la Sección Primera sobre el alcance del numeral 8 del artículo 162 del
CPACA. Reiteró que dicha interpretación carecía de fundamento literal y
que imponía un requisito adicional que vulneraba el acceso a la
administración de justicia. Afirmó que no existía uniformidad en la
jurisprudencia, pues había casos en los que no se exigía el envío de copias
al demandado cuando se solicitaba una medida cautelar.
15. Además, argumentó que la sentencia no valoró el perjuicio
irremediable derivado del mantenimiento de las normas demandadas
mientras se tramitaba un nuevo proceso, lo cual afectaría los derechos de
terceros y la confianza en la justicia. Por último, destacó que los salvamentos
de voto de algunos magistrados de la Sección Primera respaldaban su
interpretación, al señalar que la suspensión provisional sí constituía una
medida cautelar previa y que el legislador no distinguió entre tipos de
medidas cautelares.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusiones.
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2.1. Fijación de la controversia
16. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que
la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer,
una vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, si la Sección Primera del
Consejo de Estado, como juez de única instancia, vulneró el debido proceso
al rechazar la demanda de nulidad simple por no haber enviado copia de
su contenido y anexos a la parte demandada. En ese orden, se procederá
a confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
17. En este caso, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, porque no se cumplió con el
requisito general de relevancia constitucional, como pasa a explicarse:
18. En relación con la relevancia constitucional, la Sala coincide con las
consideraciones de la providencia recurrida. El accionante instrumentalizó
la acción de tutela para reiterar los argumentos de inconformidad ya
presentados en el proceso ordinario de nulidad simple respecto de la
interpretación del numeral 8 del artículo 162 del CPACA y frente a la falta
de un criterio unificado jurisprudencial sobre la suspensión provisional como
una medida cautelar previa. Esta estrategia evidencia la intención de
trasladar el debate al juez constitucional, como si se tratara de una tercera
instancia encargada de corregir o ajustar la interpretación adoptada por el
juez de la legalidad, dentro del ejercicio de su autonomía judicial y ante la
existencia de criterios interpretativos diversos sobre una norma jurídica.
19. En relación con la relevancia constitucional debe analizarse el objeto
de la presente acción, a fin de verificar que no se pretenda reabrir un
debate ya agotado, como si se tratara de una instancia adicional o que se
instrumentalice el amparo constitucional para suplir las deficiencias
argumentativas de los procesos ordinarios.
20. Para la procedencia de la acción de tutela no solo es necesario que
se haga una breve referencia a derechos fundamentales presuntamente
violados, sino que se justifique porqué se considera que se afectaron dichas
prerrogativas con las decisiones tomadas por los operadores judiciales. Bajo
esa lógica, no puede suceder que la acción de tutela se convierta en un
medio más de defensa judicial y de manifestación de inconformidades
frente a las decisiones que toman los jueces de conocimiento de cada una
de las causas.
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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21. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado con claridad que la
tutela no puede emplearse como instancia adicional para revivir debates
culminados, pues la oportunidad para ello es el proceso ordinario. Así, en
Sentencia SU-573 de 2019, se indicó (se trascribe) : “la exigencia de
relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i)
el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
22. La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que (se trascribe):
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este <<enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial>>”.
23. En el caso bajo estudio, el accionante pretende reiterar, a través de
la acción de tutela, los mismos argumentos de inconformidad que expuso
en los recursos de reposición y súplica interpuestos contra el rechazo de la
demanda. Insiste, además, en señalar cuál habría sido la interpretación
correcta del numeral 8 del artículo 162 del CPACA y reitera sus
apreciaciones jurídicas en torno a la falta de criterio jurisprudencial unificado
sobre esa disposición procesal.
24. La acción de tutela no debe emplearse como un instrumento de
defensa adicional que corrija y ajuste la interpretación de las normas
procesales y sustanciales que realizó el juez de la causa del litigio, debido a
que, las cuestiones de mera legalidad son competencia del juez natural,
más no del juez de tutela. Permitir que el juez de tutela reevalúe dichas
decisiones implicaría desnaturalizar este mecanismo de amparo, al punto
de convertirlo en una instancia adicional que afecta la autonomía e
independencia de los jueces, así como la seguridad jurídica en relación con
los debates ya concluidos.
25. Por las razones expuestas, la acción de tutela bajo examen no
presenta una relevancia constitucional genuina. Su verdadero propósito es
reinterpretar el alcance del numeral 8 del artículo 162 del CPACA, lo cual
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06555-01
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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corresponde a un asunto de mera legalidad. El juez constitucional carece
de competencia para intervenir en ese tipo de materias, que son propias de
los jueces especializados.
26. Adicionalmente, esta Sala, en Sentencia de 3 julio de 2024, estudió un
caso similar presentado por el mismo accionante, relacionado con la
interpretación del numeral 8 del artículo 162 del CPACA. En esa oportunidad,
también se concluyó que el debate carecía de relevancia constitucional,
dado que el objetivo del actor era reabrir un debate procesal ya concluido.
Se dijo en esa providencia (se trascribe):
“Para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que
fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite de la
súplica presentada en contra del auto del 13 de octubre de 2023, con miras a
que se admitiera la demanda, porque se configuraba una excepción a la regla
de remitir copia de la demanda y sus anexos a los demandados debido a que
había acompañado con el escrito una solicitud de medida cautelar previa.
(…) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de
la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la
demanda es reabrir un debate meramente legal que era propio del trámite del
proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia6”.
27. En consecuencia, la insistencia en la interpretación de una disposición
normativa que ya fue objeto de un análisis exhaustivo en el proceso de
nulidad simple no puede trasladarse al juez de tutela como si se tratara de
una instancia adicional, pues ello excede el ámbito de su competencia.
28. La Sala advierte que, aunque el accionante invocó la violación
directa del artículo 84 de la Constitución, dicho argumento busca en
realidad que el juez de tutela adopte una interpretación más flexible del
numeral 8 del artículo 162 del CPACA, disposición que ya fue analizada y
resuelta en el proceso ordinario. En consecuencia, se trata de argumentos
accesorios que intentan reabrir el debate sobre el alcance interpretativo de
esa norma jurídica.
29. En esa medida, la Sala recuerda que las diferencias interpretativas
que existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 3 de julio
de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2024-01632-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06555-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional7.
2.3. Conclusiones
30. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala confirmará la
decisión que declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque no
se cumplió el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de enero de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
7 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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