Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01632-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01632-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01632-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
3 de julio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, tres (3) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01632-01
Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE RECHAZÓ LA DEMANDA DE NULIDAD
POR NO CORREGIRLA. SE CONFIRMA LA DECISIÓN QUE
DECLARÓ IMPROCEDENTE EL AMPARO INVOCADO POR
EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión del auto que rechazó la demanda, pues,
a su juicio, incurrió en los defectos procedimental absoluto, decisión sin motivación y violación
directa de la Constitución, por cuanto no se le podía exigir el envío electrónico simultáneo de la
demanda y sus anexos por haber solicitado una medida cautelar de suspensión de los efectos
de unos actos administrativos. Sin embargo, la Sala declarará la improcedencia del amparo por
carencia del requisito de relevancia constitucional, ya que el interés del actor es emplear esta
acción como una instancia adicional al proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 20 de mayo de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
el señor William Esteban Gómez Molina, actuando en nombre propio, en contra
de la Sección Primera del Consejo de Estado.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 4 de abril de 2024, el señor William Esteban Gómez Molina promovió proceso de
acción de tutela en contra de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01632-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina
Acción de tutela – Impugnación fallo
se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso
a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“Primero: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
Segundo: Que, en consecuencia, se deje sin efectos el auto dictado por la Sala
Plena de la Sección Primera de esta Corporación, del 1° de febrero de 2024,
dentro del proceso con el radicado 11001032400020210049300, para que, en
su lugar, se rehaga la actuación garantizando la prevalencia del interés general
que busca salvaguardar el orden jurídico, con plena garantía de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas
del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad en contra de la Nación-
Ministerio de Salud y la Presidencia de la República con el fin de que se declarara la
nulidad parcial del Decreto no. 780 del 6 de mayo de 2016, por medio del cual se expidió
el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social; asimismo, solicitó
como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
2) El proceso correspondió, en única instancia, a la Sección Primera del Consejo de
Estado1, quien mediante auto del 12 de noviembre de 2021 inadmitió la demanda, para
que el demandante cumpliera con el requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 de
la Ley 1437 de 2011, esto es, que acreditara haber remitido por medio electrónico copia
de la demanda y de los anexos a las autoridades demandadas, decisión contra la cual se
presentó reposición2, recurso que fue negado por medio de providencia del 14 de enero
de 20223.
1 Proceso con radicación 11001-03-24-000-2021-00559-00.
2 Indicó que no debía cumplir con ese requisito, por cuanto solicitó con la demanda una medida cautelar
previa.
3 Consideró que la solicitud de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo no era una
medida cautelar de naturaleza previa, pues no se solicita con anterioridad a la presentación de la demanda,
sino que es concomitante con esta, razón por la cual sí se le podía exigir que remitiera por medio electrónico
copia de la demanda y sus anexos a la parte accionada.
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
Acción de tutela – Impugnación fallo
3) Inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de súplica, el cual fue resuelto por el
despacho que seguía en el turno4, mediante proveído del 1 de septiembre de 2023, quien
lo declaró improcedente “por no presentar argumentos nuevos que ameritaran un nuevo
estudio sobre un aspecto ya resuelto en el recurso de reposición”.
4) Mediante auto del 13 de octubre de 2023, la autoridad judicial demandada rechazó la
demanda, en atención a que el demandante no realizó la corrección en los términos
establecidos en el numeral 2 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.
5) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de súplica 5, el cual
se resolvió mediante providencia del 7 de marzo de 20246, en el sentido de confirmar el
rechazo de la demanda, por cuanto la parte demandante sí tenía la carga de cumplir con
el requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 de la ley 1437 de 2011, habida cuenta
que la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los artículos
demandados no correspondía a una medida previa que la eximiera de remitir por medio
de correo electrónico copia de la demanda y de los anexos a las autoridades
demandadas.
3. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión del auto proferido el 7 de marzo de 2024,
por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos procedimental absoluto, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución.
En cuanto al defecto procedimental absoluto sostuvo que se desconoció el sentido natural
y obvio del texto del numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, el cual señala que el demandante con la
presentación de la demanda, simultáneamente, deberá enviar por medio electrónico
copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas
cautelares previas.
4 Providencia dictada en Sala Unitaria, por el consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
5 En el que sostuvo que no se podía confundir la expresión “medidas cautelares previas”, usada en el
numeral 8 del artículo 162 del CPACA, con la exigencia de tramitar la solicitud y el decreto de una medida
cautelar en una etapa anterior a la radicación de la demanda; además, señaló que la demanda debía ser
admitida pues se configuró la excepción a la regla de enviar copia de la demanda y sus anexos a los
demandados, pues con su presentación acompañó una la solicitud de una medida cautelar,
6 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 18 de marzo de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01632-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina
Acción de tutela – Impugnación fallo
La demanda debió ser admitida, pues, el hecho de que haya presentado una solicitud de
medida cautelar previa lo eximía del deber de enviar copia de esta y de sus anexos a las
autoridades demandadas.
Por otra parte, indicó que se incurrió en una decisión sin motivación y violación directa de
la Constitución, puesto que la autoridad judicial demandada dio un alcance restrictivo del
numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 que no fue previsto por el legislador
ordinario, para lo cual se limitó en su decisión a transcribir las razones aducidas por el
magistrado sustanciador para despachar negativamente un recurso de reposición
presentado en otro proceso de reparación directa, en contraposición con lo establecido
en el artículo 84 de la Carta Política que prohíbe el establecimiento de requisitos
adicionales para el ejercicio de los derechos.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 9 de abril de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación inadmitió la demanda, con el fin de que se aclarara y precisara cuál era
el objeto perseguido con la interposición de la demanda de tutela.
Subsanado lo anterior, el 22 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado, a la Nación –
Presidencia de la República – Ministerio de Salud y Protección Social y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de 20 de mayo
de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por cuanto ya se había discutido en el proceso ordinario si la
parte demandante tenía o no la carga de cumplir con el requisito previsto en el numeral
8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
6. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 4 de junio de 2024.
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
Acción de tutela – Impugnación fallo
La demandante reiteró que el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, es claro en establecer que el deber
de enviar copia de la demanda y sus anexos a los demandados no aplica cuando se
solicitan medidas cautelares previas.
La interpretación restrictiva de dicha norma limitó su derecho de acceder a la
administración de justicia, pese a que la Corte Constitucional ha sido clara en que la
interpretación de las normas debe estar orientada a la protección y garantía de los
derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
Acción de tutela – Impugnación fallo
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes referidos presuntamente vulnerados con ocasión
del auto proferido el 7 de marzo de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
procedimental absoluto, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.
En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En el escrito de impugnación el demandante reiteró que se hizo una interpretación
restrictiva del numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo
35 de la Ley 2080 de 2021.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:
1) La parte demandante indicó que la autoridad judicial demandada desconoció el sentido
natural y obvio del texto del numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado
por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, que señala que el demandante junto con la
demanda, simultáneamente, deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus
anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas.
2) La demanda se debía admitir pues, el hecho de que haya presentado una solicitud de
medida cautelar previa lo eximía del deber de enviar copia de esta y de sus anexos a las
autoridades demandadas.
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite de la súplica presentada en
contra del auto del 13 de octubre de 2023, con miras a que se admitiera la demanda,
porque se configuraba una excepción a la regla de remitir copia de la demanda y sus
anexos a los demandados debido a que había acompañado con el escrito una solicitud
de medida cautelar previa. De manera expresa, en el recurso se indicó lo siguiente:
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Acción de tutela – Impugnación fallo
“[n]o se pude confundir la expresión “medidas cautelares previas” usada
en la norma precitada [numeral 8 del artículo 162 del CPACA] con la
exigencia de tramitar la solicitud y el decreto de una medida cautelar en
una etapa anterior a la radicación de la demanda. Lo que sí establece la
norma, en cita, es la posibilidad del demandante para presentar la
demanda y la solicitud de decreto y práctica de medidas cautelares en
forma concomitante por ser esa oportunidad la de uso más común en los
trámites que se surten ante la jurisdicción”.
(…).
“[l]a presente demanda debe ser admitida porque, contrario a las
consideraciones hechas por el despacho, la excepción a la regla de enviar
copia de la demanda y sus anexos a los demandados es completamente
válida y aplicable dentro del trámite del presente proceso, ya que la misma
se configuró cuando al presentar la demanda esta se acompañó de la
solicitud de una medida cautelar, la cual se denomina previa no porque el
numeral 8° del artículo 162 exija que se deba tramitar extra-
procesalmente, sino porque se apela a que sea resuelta antes de que se torne
nugatorio el objeto del proceso, lo cual puede concretarse tenga el accionado
conocimiento o no del mismo (…).”. (archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
4) Por su parte, en la providencia del 7 de marzo de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado confirmó la decisión de rechazo, en atención a que la parte demandante sí
tenía la carga de cumplir con el requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 de la
ley 1437 de 2011, habida cuenta que la medida cautelar de suspensión provisional de los
efectos de los artículos demandados no correspondía a una medida previa que la
eximiera de remitir por medio de correo electrónico copia de la demanda y de los anexos
a las autoridades demandadas, en los siguientes términos:
“La Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora en los argumentos
expuestos en el recurso de súplica, por cuanto la jurisprudencia de esta
Sección ha señalado que la medida cautelar de suspensión provisional de
los actos administrativos no es de aquellas consideradas como previas y,
por tanto, la presentación de dicha solicitud no exime a la parte actora de
dar cumplimiento al requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 del
CPACA, consistente en acreditar el envío por medio electrónico de la
copia de la demanda y sus anexos a la parte demandada.
(…).
Por lo anterior, la Sala reitera los argumentos expuestos para indicar que la
medida cautelar previa es aquella que exige un pronunciamiento anterior
a la notificación de la demanda para precaver el proceso de acciones del
demandado que pongan en riesgo el objeto del litigio y la efectividad de la
sentencia, situación que no se presenta tratándose de la medida cautelar
de suspensión provisional de los actos administrativos y, por lo tanto, la
parte actora sí tenía la carga de cumplir con el requisito previsto en el
numeral 8 del artículo 162 del CPACA, habida cuenta que la medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos de los artículos demandados
presentada con la demanda no corresponde a una medida previa que la exima
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de cumplir con el mencionado requisito.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
5) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte actora expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de súplica dirigidos de manera exclusiva a establecer si el demandante debía
cumplir con el requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011,
esto es, remitir por medio electrónico copia de la demanda y los correspondientes anexos
a las demandadas, a pesar de que presentó solicitud de medida cautelar de suspensión
provisional de las disposiciones acusadas, así:
“El defecto procedimental absoluto se configura porque la Sala resuelve
confirmar el auto que rechaza la demanda por el no envío de copia de la
demanda y de sus anexos al demandado, esto, desconociendo el sentido
natural y obvio del texto del numeral 8 del artículo 162 del CPACA,
adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, el cual reza:
(…).
Cuya interpretación no es otra que en la jurisdicción contencioso-
administrativa el demandante al presentar una demanda acompañada de
una solicitud de una medida cautelar puede, y de hecho debe, omitir el
envío de estas piezas al demandado, pues esa es la interpretación de la
norma transcrita que más se ajusta al sentido común, la lógica y el
razonamiento jurídico, teniendo presente precisamente que estos son los
límites que los jueces tienen la obligación de acatar y de hacer respetar.
(…).
De conformidad con lo cual se establece que, al no admitirse y rechazarse la
demanda por no enviarse copia de esta y de sus anexos a la parte
demandada, el despacho actuó completamente al margen del
procedimiento establecido, ya que jurídicamente el trámite correcto era
admitir la demanda y pronunciarse frente a la medida cautelar solicitada.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI –
negrillas de la Sala).
6) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
súplica, los cuales fueron resueltos en el auto del 7 de marzo de 2024 y se dirigieron de
manera exclusiva a que se admitiera el medio de control de nulidad, debido a que no se
le podía exigir como requisito el envío por correo electrónico de la demanda y los anexos
a las autoridades demandadas, por cuanto presentó una solicitud de medida cautelar
previa.
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
Acción de tutela – Impugnación fallo
7) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela, concluyó que había lugar a confirmar la decisión de
rechazo en el entendido que, como la medida cautelar de suspensión provisional de los
actos administrativos no era de aquellas consideradas como previas, no eximía a la parte
demandante de cumplir con el requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 de la
Ley 1437 de 2011.
8) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces
arbitraria e ilegítima, así:
[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios.7”.
9) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.8”.
10) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
7 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: William Esteban Gómez Molina
Acción de tutela – Impugnación fallo
meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
11) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión que declaró improcedente la acción
de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Ausente con excusa
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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