RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06553-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06553-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06553-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por William Esteban Gómez Molina, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06553-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: WILLIAM ESTEBAN GÓMEZ MOLINA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad simple. Falta
de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por William Esteban Gómez Molina contra
el Consejo de Estado, Sección Primera.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 28 de noviembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela, William Esteban Gómez
Molina, en nombre propio, pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 3
de octubre de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que confirmó el
rechazo de la demanda nulidad simple con radicado No. 11001-03-24-000-2021-00501-
00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

Primero: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Segundo: Que, en consecuencia, se deje sin efectos el auto de la Sección Primera del Consejo de
Estado, fechado el 3 de octubre de 2024 y que fue proferido dentro del proceso identificado con el
radicado nro. 11001032400020210050100, para que, en su lugar, se ordene rehacer la actuación,
garantizando la prevalencia del interés general que busca salvaguardar el orden jurídico, esto, como
plena garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

1 Índice 1 Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

3. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 29 de septiembre de 2021, el señor William Esteban Gómez Molina, presentó demanda
de nulidad contra varios artículos del Decreto 1068 de 20152, expedido por el Presidente
de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La demanda se adelantó bajo el radicado No. 11001-03-24-000-2021-00501-00 y
correspondió al Consejo de Estado, Sección Primera, que, por providencia del 8 de
octubre de 2021, inadmitió la demanda porque el demandante no acreditó haber remitido
copia de la demanda y sus anexos a la parte demandada.

Inconforme, el demandante presentó recurso de reposición y argumentó que conforme al
numeral 8º del artículo 162 del CPACA, junto con la demanda presentó solicitud de
decreto y práctica de medida cautelar previa de suspensión provisional del acto
demandado, razón por la cual, no era obligatorio cumplir con dicho requisito al momento
de la radicación de la demanda.

Mediante auto del 3 de diciembre de 2021, la magistrada sustanciadora decidió no
reponer la decisión del 8 de octubre de 2021. Explicó que la solicitud de suspensión
provisional de las disposiciones acusadas no era una medida cautelar de naturaleza
previa, lo que no lo exoneraba de cumplir con el deber de remitir copia de la demanda al
extremo pasivo.

El 14 de diciembre de 2021, el señor Gómez Molina presentó recurso de súplica contra
el auto del 3 de diciembre de 2021, reiteró que conforme al numeral 8º del artículo 162
del CPACA, se encontraba exento del cumplimiento del requisito de remisión a los
demandados.

Señaló que se hacía una interpretación errada a la expresión «medidas cautelares previas»,
y, por lo tanto, la demanda debía ser admitida. Por último, indicó que en otros procesos
con similitudes fácticas y que estaban en trámite ante el Consejo de Estado, las
demandas habían sido admitidas y se había corrido traslado a los demandados de
medidas cautelares, con lo cual fue aplicada una interpretación literal de la norma prevista
en el numeral 8º del artículo 162 del CPACA.

Mediante providencia del 1º de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Primera, mediante auto de ponente, declaró improcedente el recurso de súplica en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 243A, 3 del CPACA y que el recurso no contenía
nuevos puntos que lo hicieran procedente, sino que el actor reiteró la argumentación del
recurso de reposición.

Mediante providencia del 9 de febrero de 2024, la magistrada sustanciadora rechazó la
demanda con fundamento en el numeral 2º del artículo 169 del CPACA, dado que no fue
subsanada.

2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”

3 Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios. 3. Las que decidan los recursos de reposición,
salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido, caso en el cual podrán interponerse los recursos
procedentes respecto de los puntos nuevos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

Inconforme, el demandante presentó recurso de súplica contra la decisión de rechazo y
sostuvo que su argumento era el que ya había manifestado en el recurso de súplica
interpuesto el 14 de diciembre de 2021.

Mediante auto del 3 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado,
confirmó el rechazo de la demanda, al considerar que el actor si tenía la carga de cumplir
con el requisito de remitir copia de la demanda y sus anexos a la parte demandada. Para
llegar a esta conclusión se analizó el numeral 8º del artículo 162 del CPACA y
determinaron que la solicitud de suspensión del acto administrativo demandado no era
una medida cautelar previa de que trata dicho numeral.

Uno de los magistrados que integró la Sala de decisión salvó voto. Sostuvo que, a su
juicio, una de las oportunidades procesales para solicitar y decretar medidas cautelares
en procesos declarativos ante la jurisdicción contenciosa administrativa es antes de la
notificación del auto admisorio de la demanda. Por lo que, dijo, se debió dar aplicación a
la salvedad prevista en el numeral 8º del artículo 162 del CPACA.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, el accionante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de tutela incurrió
en:

Defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 162, numeral 8º del CPACA.
Dijo que en la jurisdicción contenciosa administrativa el demandante puede omitir el envío
de estas piezas procesales al demandado si acompaña la demanda de una solicitud de
medida cautelar en virtud de la interpretación del mencionado artículo 162 del CPACA.
Que dicha interpretación es la que más se ajusta al sentido común, la lógica y el
razonamiento jurídico.

Decisión sin motivación ya que, para resolver, la autoridad judicial demandada hizo
remisión a otras providencias de la misma sección4 dictadas al interior de procesos donde
el aquí accionante también funge como demandante, lo que dice, genera una falacia
«circulus in probando» o de razonamiento circular, es decir «se estructura cuando para
sustentar un argumento se acude al mismo argumento que se está́ dando, es decir, la conclusión
del argumento se asume como una premisa para probar la misma conclusión».

Indicó que sus reparos frente al auto que confirmó el rechazo de la demanda son: (i) las
medidas cautelares previas tienen varias finalidades diferentes a que la parte demandada
ponga en riesgo el objeto del proceso, como impedir vulneración de derechos, prevenir
daños y cesar los que se hubieren causado; (ii) en el contencioso administrativo las
medidas cautelares “previas” no aluden a antes de la admisión de la demanda sino a
medidas que se adopten antes de la sentencia; (iii) al permitir la ejecución de las normas
demandadas, durante el juicio, se ven comprometidos las garantías y derechos de los
sujetos pasivos; (iv) la excepción al deber de enviar copia de la demanda y los anexos,
que se configura con la solicitud de medida cautelar, no torna nugatorio tal deber; y (v)
que en otros procesos existen decisiones contradictorias a la posición del auto de
rechazo, pero la autoridad judicial demandada se limitó a citar sus propias providencias.

4 Auto del 1 de junio de 2023. Expediente 25000-23-41-000-2023-00166-00/01 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Auto del 13 de febrero de 2023. Expediente 11001-03-24-000-2021-00493-00 C.P. Oswaldo Giraldo López

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

Violación directa de la Constitución por cuanto la providencia cuestionada va en
contravía del artículo 845 de la Constitución Política de Colombia. En el mismo sentido
manifestó que con la providencia cuestionada se le dio un alcance restrictivo del numeral
8º del artículo 162 del CPACA, el cual no fue dado por el legislador, por lo cual, los
magistrados estaban excediendo su función interpretativa a una función legislativa, la
cual no ostentan.

5. Trámite procesal

Por auto del 2 de diciembre de 2024, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Primera.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría General del Consejo de Estado
realizó las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, mediante correos electrónicos
del 5 de diciembre de 20246.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Primera, ponente de la decisión
cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo. Señaló que
el actor busca una instancia adicional al proceso ordinario y que se limitó a reiterar los
argumentos que expuso en los recursos presentados en el proceso de nulidad.

Señaló que, la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia,
específicamente en lo relativo a la relevancia constitucional. Que conforme a la sentencia
C-590 de 2005 y SU-273 de 2019, una de las finalidades del requisito de relevancia
constitucional radica en «impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces».

Indicó que el actor pretende se analice nuevamente el alcance del numeral 8º del artículo
162 del CPACA, lo cual ya fue resuelto por el juez natural dentro del proceso ordinario .

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
William Esteban Gómez Molina para dejar sin efectos la providencia del 3 de octubre de
2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera que confirmó el rechazo de la
demanda de nulidad simple con radicado No. 11001-03-24-000-2021-00501-00.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional. El demandante reitera argumentos que ya fueron
resueltos por el juez natural y usa la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)

5 ARTÍCULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades

públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
6 Índice 9 de Samai

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-009, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad simple. Básicamente, en ese
proceso y en la acción de tutela, el demandante insiste en que la demanda debió ser
admitida porque de acuerdo con el artículo 162, numeral 8º de la Ley 1437 de 2011,
estaba exento de remitir copia de la demanda y de los anexos a la parte demandada,
dado que había solicitado medidas cautelares previas.

7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
9 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

En efecto, en el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra la providencia
del 8 de octubre de 2021 (por medio de la cual se inadmitió la demanda), dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera, se lee lo siguiente:

(…) Al respecto, se manifiesta inconformidad frente a la anterior decisión porque al momento de radicar
la demanda a través de la ventanilla virtual y dentro de las consideraciones acerca de los presupuestos
procesales expuestos en el escrito de demanda se indicó la razón del porqué para la admisión del
presente medio de control no es obligatorio este requisito, así́:

“I. Presupuestos procesales
... E. Del no envío de copia de la demanda y de sus anexos a los demandados: Se indica al despacho
que el no envío de copia de la demanda y de sus anexos a los demandados se fundamenta en el hecho
de que el escrito de demanda está acompañado de solicitud de decreto y práctica de medida cautelar
previa de suspensión provisional, razón por la cual, conforme a lo dispuesto en el numeral: 8° del art.
162 del CPACA, adicionado por el art. 35 de la Ley 2080 de 2021, no es obligatorio cumplir este requisito
al momento de su radicación.”

En este sentido se resalta que el precitado numeral establece una regla y dos excepciones, la regla es
“el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá́ enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a los demandados” y las excepciones a esta regla son 1) “cuando se soliciten
medidas cautelares previas” y 2) cuando “se desconozca el lugar donde recibirá́ notificaciones el
demandado”.

Lo anterior, en el primer supuesto, responde a la lógica de que con la adopción de las medidas
cautelares previas se busca evitar que “el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia” (art. 229
del CPACA) se tornen ilusorios, ya sea por acciones que emprenda el demandado en tal dirección con
la notificación del inicio del proceso o por el transcurso del tiempo entre la fecha que se interpone la
demanda hasta que llega a celebrarse el juicio y se dicta la sentencia correspondiente. Respecto al
segundo supuesto, la razón es más sencilla y es que: no es posible enviar la demanda y sus anexos a
un lugar que no se conoce.

De conformidad con lo anterior, en el trámite del presente proceso, es preciso atender la primera
excepción a la regla del numeral 8° del artículo 162 del CPACA, esto teniendo en cuenta que el escrito
de demanda está acompañado de solicitud de medida cautelar previa de suspensión provisional (…).

Para sustentar lo expuesto, además, también es válido poner de relieve que dentro de varios procesos
que actualmente también se surten ante el Consejo de Estado, en recientes providencias, se han
admitido las demandas y corrido traslado a los demandados de medidas cautelares atendiendo la
interpretación literal del numeral 8° del artículo 162 del CPACA, decisiones que se aportan como
documentos anexos a este escrito 10(...).

A su vez, en el recurso de súplica que presentó el demandante contra la providencia del
9 de febrero del 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que rechazó
la demanda de nulidad, el demandante expresó:
(...) En esta ocasión, debo destacar que las razones para impugnar la decisión de rechazar la demanda
son las mismas que ya se expusieron en el recurso de súplica previamente interpuesto dentro de este
mismo proceso el 14 de diciembre de 2021, en contra de la decisión proferida el 3 de diciembre de 2021,
que no revocó la determinación inicial de no admitir la demanda. Es importante subrayar que, de acuerdo
al auto del 1 de septiembre de 2023, que declaró la improcedencia en esa oportunidad procesal, este
recurso sí procede contra la decisión que rechaza la demanda, como lo es la del auto que aquí se
recurre (...).

Por su parte, en la acción de tutela, el demandante insiste en que el hecho de solicitar
medidas cautelares lo eximía del requisito impuesto en el numeral 8º del artículo 162 del
CPACA. En lo pertinente, el escrito de tutela dice:

10 El actor relaciona las siguientes providencias: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado No.
11001-03-26-000-2021-00207-00, providencias del 10 de noviembre de 2021 por medio de las cuales se admitió la
demanda y se corrió traslado de la medida cautelar. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. (ii) Consejo de Estado, Sección
Primera, radicado No. 11001-03-24-000-2021-00600-00, providencias del 3 de diciembre de 2021 por medio de las
cuales se admitió la demanda y se corrió traslado de la medida cautelar. C.P. Gustavo Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

(…) El defecto procedimental absoluto se configuran porque la Sala resuelve confirmar el Auto que
rechaza la demanda por el no envío de copia de la demanda y de sus anexos al demandado, esto,
desconociendo el sentido natural y obvio del texto del numeral 8 del artículo 162 del CPACA, adicionado
por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, el cual reza:

“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá́ dirigirse a quien sea competente y
contendrá:
8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá́ enviar por medio electrónico copia
de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá́ notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá́ proceder el
demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará
por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá́ la demanda. De no conocerse el
canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus
anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado,
al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”

Cuya interpretación no es otra que en la jurisdicción contencioso-administrativa el demandante al
presentar una demanda acompañada de una solicitud de una medida cautelar puede, y de hecho debe,
omitir el envío de estas piezas al demandado, pues esa es la interpretación de la norma transcrita que
más se ajusta al sentido común, la lógica y el razonamiento jurídico, teniendo presente precisamente
que estos son los límites que los jueces tienen la obligación de acatar y de hacer respetar.

De conformidad con lo cual se establece que, al no admitirse y rechazarse la demanda por no enviarse
copia de la misma y de sus anexos a la parte demandada, el despacho actuó́ completamente al margen
del procedimiento establecido, ya que jurídicamente el trámite correcto es admitir la demanda y
pronunciarse frente a la medida cautelar solicitada (arts. 171 y 229 del CPACA) (…)

(…) En este sentido, nótese que la conclusión de que “la medida cautelar de suspensión provisional
solicitada por el demandante no tiene el carácter de previa, en razón a que su presentación no exige un
pronunciamiento previo y la misma se presenta de manera simultánea con la demanda” se soporta
únicamente en la posición jurisprudencial referida y en parte alguna desvirtúa los reparos presentados
que precisamente controvierten tal posición.

Reparos en los que puntualmente se señaló que: 1) las medidas cautelares previas no tienen como
única finalidad que la parte pasiva ejecute acciones que pongan en riesgo el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia, pues además de estas se tienen las de impedir la vulneración de derechos
o evitar las consecuencias derivadas de su infracción, prevenir daños y hacer cesar los que se hubieren
causado; 2) en el proceso contencioso-administrativo la característica de medidas cautelares “previas”
no alude a un trámite o etapa anterior a la admisión de la demanda, sino que hace referencia a que
estas medidas se adopten antes de que se dicte la sentencia que resuelve el fondo de la litis; 3) de
continuar ejecutándose las normas demandas en lo que dura el juicio se ven comprometidas las
garantías y derechos de los sujetos pasivos, conforme a lo cual se advirtió́ que la doctrina del Consejo
de Estado tiene sentado que un fallo de nulidad no puede afectar situaciones particulares y concretas
que ya han quedado en firme; 4) la excepción al deber de enviar copia de la demanda y de sus anexos
al demandado que se configura cuando se solicita una medida cautelar no torna nugatorio tal deber; y
5) en otros procesos existen decisiones que contradicen la posición del auto de rechazo. (…)

(…) De conformidad con lo cual, para este asunto, resulta apropiado señalar que la posición adoptada
por el magistrado sustanciador del medio de control, a la que adhirió́ la Sala Plena de la Sección Primera
en el auto que confirmó la decisión de rechazo de la demanda, establece un alcance restrictivo del
numeral 8 del artículo 162 del CPACA que no fue previsto por el legislador ordinario, el cual apareja el
establecimiento de un requisito adicional para el ejercicio de dicho medio de control en los eventos en
los que la demanda se acompaña de la solicitud de una medida cautelar.

En este orden de ideas, para concluir, se establece que la Sala Plena de la Sección Primera de la Sala
Contencioso-administrativa del Consejo de Estado:
• Confirma la decisión de inadmisión y rechazo de la demanda por no enviar copia de la misma a los
demandados, a pesar de que el numeral 8 del artículo 162 del CPACA establece que esta obligación no
aplica cuando se solicita una medida cautelar previa.
• Remite a la jurisprudencia fijada por ella misma, que a su vez se fundamenta en los argumentos del
magistrado sustanciador que se fundan en un alcance que no corresponde al sentido literal de la ley.
Esto constituye una falacia de petición de principio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

• Frente a la solicitud de unificación de jurisprudencia, brinda un argumento que no da cuenta de las
decisiones que fueron anexadas al recurso de súplica y que dan cuenta de la posición opuesta a la
sostenida en el Auto objeto de reproche constitucional.
• Con dicho Auto se establece un requisito adicional para el ejercicio del medio de control de nulidad
que no está previsto en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, lo que contraviene el artículo 84 de la
Constitución Política que prohíbe el establecimiento de requisitos adicionales para el ejercicio del medio
de control de nulidad (…).

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Primera,
en providencia del 3 de octubre de 2024, que, en lo que interesa, consideró:
(…) De acuerdo con los antecedentes expuestos, el problema jurídico que la Sala deberá resolver
consiste en determinar si se encuentra ajustada la decisión de rechazar la demanda de la referencia,
por cuanto el despacho sustanciador consideró que el accionante no la subsanó en los términos
requeridos en el auto inadmisorio, ya que no acreditó la remisión por medio electrónico de la copia de
la demanda y sus anexos a la parte accionada.

Al respecto, el recurrente adujo que el citado requisito no le era exigible, toda vez que con la demanda
presentó solicitud de medida cautelar previa de suspensión provisional de los artículos acusados,
circunstancia que lo exoneraba de cumplir dicho requerimiento.

En ese orden, para decidir lo pertinente es preciso recordar que la jurisprudencia de esta Sección11 ha
señalado que la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos no es de
aquellas consideradas como previas y, por tanto, la presentación de dicha solicitud no exime a la parte
actora de dar cumplimiento al requisito previsto en el numeral 8º del artículo 162 del CPACA, consistente
en acreditar el envío por medio electrónico de la copia de la demanda y sus anexos a la parte accionada.

Específicamente, la Sala12 en providencia de 1° de junio de 2023, se pronunció sobre si era procedente
exigir el requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA cuando se solicita una medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de la disposición atacada. Sobre este asunto, se
indicó:

“17. Para efectos de resolver el primer punto de la impugnación, la Sala pone de presente que el numeral
8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA, dispone que el demandante al presentar la demanda deberá enviar simultáneamente por medio
electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados y, que,
igual proceder, debe hacerse con el escrito de subsanación de la misma, salvo que se soliciten medidas
cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado.

18. Ahora bien, cabe poner de relieve que conforme con la jurisprudencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado, la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos no es de
aquellas consideradas como previas y que, por tanto, la presentación de dicha cautela no exime
a las partes de dar cumplimiento al requisito de que trata el numeral 8º del artículo 162 CPACA.

19. En los siguientes términos se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección frente a dicho aspecto:
[…] El numeral 8º del artículo 162 del CPACA estableció un nuevo deber para la parte demandante
consistente en enviar simultáneamente con la presentación de la demanda, copia de esta y sus anexos,
o en su defecto de la subsanación, a la entidad o entidades demandadas; lo anterior, siempre que con
la demanda no se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca la dirección física o virtual del
extremo pasivo. Sobre las medidas cautelares en el proceso contencioso de conformidad con el artículo
230 del CPACA, se tiene que pueden ser «preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y
deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda». Asimismo, establece
el artículo 233 ibidem, sobre la oportunidad para solicitarlas que «la medida cautelar podrá ser solicitada
desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso».

11 Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 13 de febrero de 2023, expediente: 11001-03-24-000-2021-

00493-00, C.P. Oswaldo Giraldo López; auto de 1 de junio de 2023, expediente: 25000-23-41-000-2023-
00166-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y auto de 15 de diciembre de 2023, expediente: 11001-03-
24-000-2021-00493-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
12 Auto de 1º de junio de 2023, expediente: 25000-23-41-000-2023-00166-01, Demandante: Liceo Alfredo

Nobel S.A.S., demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación de Bogotá, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

Bajo tal premisa, y de acuerdo con la manera en que ha sido concebido por el Legislador, entiende el
Despacho que la medida previa es aquella que busca precaver el proceso de acciones del demandado
que pongan en riesgo el objeto del litigio y la efectividad de la sentencia. Es decir, son aquellas sobre
las cuales el Juez debe pronunciarse antes de enterar al demandado de la acción que se ha instaurado
en su contra, pues en caso contrario pondría en peligro el objeto del litigio y la efectividad de la sentencia.
Tal consideración encuentra fundamento en el fin que buscan las demás
medidas definidas en el artículo 229 ibidem […].

En este orden de ideas, estudiado el recurso advierte el Despacho que las razones expuestas por el
demandante no son de recibo, por cuanto la medida cautelar de suspensión provisional del acto
demandado no tiene la condición de previa, en la medida en que no exige para el caso concreto
pronunciamiento del Despacho previo a la notificación de la demanda para precaver el proceso y la
sentencia de la conducta del demandado, conforme lo explicado en precedencia; asimismo, que acoger
una interpretación como la que propone el demandante, esto es, que cualquier medida solicitada antes
de la sentencia tiene la condición de previa, haría nugatoria la exigencia del envío simultáneo de la
demanda y sus anexos a la contraparte, aun cuando la medida cautelar deprecada sea improcedente,
dejando sin utilidad la norma que prevé dicho requisito; todo lo anterior aunado a que el trámite de la
solicitada (suspensión provisional), se da de manera simultánea a la admisión, con su traslado en auto
separado, como lo impone el artículo 233 del CPACA.

20. Descendiendo al caso de autos, la Sala advierte que el argumento del demandante para no acatar
la orden de enviar copia de la demanda y de sus anexos a la entidad accionada se encuentra asociado
a que solicitó medidas cautelares previas y, por consiguiente, no era su obligación cumplir con dicho
requisito.

21. De la revisión del plenario se observa que la única medida cautelar solicitada en el caso de la
referencia es la suspensión provisional de los actos acusados, cautela que, como se anotó
anteriormente, no reúne la condición de ser previa y, por ende, no exime al aquí demandante del deber
legal impuesto en el numeral 2° del artículo 162 y de la orden contenida en el auto inadmisorio de la
demanda; de allí que, al no haberse acatado este requisito de la demanda, esta no fue
subsanada en debida forma. […]”

(…) Por lo anterior, la Sala reitera los argumentos expuestos, para indicar que la medida cautelar previa
es aquella que exige un pronunciamiento anterior a la notificación de la demanda para precaver el
proceso de acciones del demandado que pongan en riesgo el objeto del litigio y la efectividad de la
sentencia, situación que no se presenta tratándose de la medida cautelar de suspensión provisional de
los actos administrativos.

Por lo tanto, la parte actora sí tenía la carga de cumplir con el requisito previsto en el numeral 8º del
artículo 162 del CPACA, habida cuenta que la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos
de los artículos demandados presentada con la demanda no corresponde a una medida previa que la
exima de cumplir con el mencionado requisito (…).

Como se ve, se trata de argumentos con los que el accionante pretende continuar el
debate que planteó en el proceso de nulidad simple sobre la admisibilidad de la demanda.
En concreto, porque a su juicio, no le asistía el deber de remitir copia de la demanda de
nulidad y de los anexos a la parte demandada en concordancia con el numeral 8º del
artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, por haber solicitado medidas cautelares previas.

Si bien el demandante cita las providencias del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, radicado No. 11001-03-26-000-2021-00207-00, del 10 de noviembre de
2021 y del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 11001-03-24-000-2021-
00600-00, del 3 de diciembre de 2021 que admitieron las demandas y corrieron traslado
de las medidas cautelares, lo hace con el fin de sustentar su tesis sobre que debió
admitirse la demanda de nulidad simple.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06553-00
Demandante: William Esteban Gómez Molina

Siendo así, como se anunció, la tutela de la referencia no cumple el requisito general de
relevancia constitucional y será declarada improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por William Esteban Gómez
Molina, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.