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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02197-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02197-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer de la acción de tutela de la referencia, según lo expuesto en la parte considerativa que antecede. En consecuencia: Segundo. Separar del conocimiento de la presente acción de tutela al consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez. Tercero. Revocar la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela respeto del cargo de falta de vinculación del Presidente de la República en el medio de control de nulidad simple con radicado 2021-00207-00, y negó las pretensiones de la demanda, en torno al cargo relacionado con los alegatos de conclusión presentados dentro del expediente de nulidad simple con radicado 2021-00207-00, en el que se dictó sentencia el 3 de marzo de 2023. En su lugar, se dispone: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02197-01 Demandante: William Esteban Gómez Molina Cuarto. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor William Esteban Gómez Molina en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en atención a las consideraciones expuestas. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02197-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

7 de septiembre de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02197-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02197-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad. Subsidiariedad de la acción. Recurso extraordinario
de revisión para controvertir la falta de congruencia de la sentencia.
Ausencia de perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada en contra de la sentencia del 29 de junio de
2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente
la acción de tutela con respecto del cargo de falta de vinculación y negó las
pretensiones de la demanda en torno al cargo de no tener en cuenta los alegatos de
conclusión.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor William Esteban Gómez Molina, actuando en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al debido proceso, y como

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

consecuencia de lo anterior, que se deje sin efectos la sentencia del 3 de marzo de
2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del
expediente de reparación directa con radicación 11001-03-26-000-2021-00207-00
(67621).

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 10 de septiembre de 2021, el señor William Esteban Gómez Molina promovió
demanda de nulidad simple, con solicitud de medida cautelar de suspensión
provisional, en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y el Ministerio de Transporte, a fin de que se declarara la nulidad de algunos
apartes del Decreto 1073 de 2015, por considerar que el Gobierno Nacional no cuenta
con la competencia para crear motu proprio procedimientos sancionatorios a través de
normas de naturaleza reglamentaria.

ii) El 10 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
consejera Martha Nubia Velásquez Rico, admitió la demanda y corrió traslado de la
medida cautelar.

iii) El 18 de enero de 2022, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado
remitió informe secretarial en el que hizo constar lo relativo a las notificaciones
personales ordenadas y puso de presente, que el traslado de la medida cautelar se
surtió por el término de 5 días, desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 12 de enero
de 2022, y que dentro del término de traslado se pronunció el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

iv) El 16 de febrero de 2022, el Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda, y
el 18 de febrero siguiente, lo hizo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Minas y el Ministerio de Transporte.

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

v) El 22 de febrero de 2022, la consejera de Estado Martha Nubia Velásquez Rico
accedió parcialmente a la medida cautelar solicitada.

vi) El señor William Esteban Gómez Molina interpuso recurso de reposición en contra
de lo resuelto en el numeral tercero de la decisión, que negó la medida cautelar
respecto de algunos apartes demandados; mientras que el Ministerio de Minas y
Energía interpuso el de súplica en contra de los numerales primero y segundo en los
que se suspendieron algunos de los apartes normativos.

vii) El 14 de marzo de 2022, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico confirmó el
auto recurrido, y el señor William Esteban Gómez Molina interpuso recurso de
reposición en contra de dicha decisión.

viii) El 8 de junio de 2022, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico resolvió de
manera conjunta los recursos de súplica interpuestos, confirmado lo resuelto en el
proveído del 14 de marzo de 2022; el 22 de agosto siguiente se pronunció frente a la
excepción previa de inepta demanda, formulada por el Ministerio de Minas y Energía,
y la declaró no probada; y el 16 de septiembre de igual anualidad, resolvió prescindir
de la audiencia inicial, fijó el litigio y dispuso correr traslado para alegar de conclusión
por 10 días.

ix) El 29 de septiembre de 2022, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
presentó sus alegatos de conclusión; el 3 de octubre siguiente, lo hizo el Ministerio de
Transporte; y 4 de octubre de igual anualidad, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Ministerio de Minas y Energía y el señor William Esteban Gómez Molina.

x) El 24 de enero de 2023, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico vinculó en
calidad de demandados al Presidente de la República, al Ministerio de Trabajo y al
Ministerio de Salud y Protección Social.

xi) El 3 de marzo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
profirió sentencia, en la que declaró la nulidad de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal
f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a) del Decreto 1073 de 2015, denegó las pretensiones de

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

la demanda en todo lo demás, y ordenó archivar el proceso una vez quedara en firme
la providencia.

1.1.3. Los defectos invocados

i) Defecto procedimental absoluto. Toda vez que en el auto admisorio de la
demanda, proferido el 10 de noviembre de 2021, se excluyó de la controversia al
Presidente de la República, y con posterioridad, en auto del 24 de enero de 2023, se
ordenó su vinculación, de aquí que en caso deba decretarse la nulidad de lo actuado
desde el auto admisorio con el fin de que se vincule al Presidente de la República dada
su responsabilidad en la expedición en los apartes demandados del Decreto 1073 de
2015.

ii) Defecto material sustantivo. Porque la autoridad accionada omitió tener en cuenta
y, por tanto, pronunciarse respecto de los alegatos de conclusión que presentó,
aduciendo para ello que «todas las partes» habían reiterado los argumentos de la
demanda y sus contestaciones, lo cual no es cierto, pues en sus alegatos se
incorporaron argumentos adicionales, dirigidos a desvirtuar las consideraciones
expuestas en la decisión que resolvió la solicitud de medida cautelar de suspensión
provisional, en la que se despachó negativamente el cargo de derogación. La decisión
judicial comporta una irregularidad de tal magnitud que resulta preciso declarar la
nulidad de lo actuado, esto con la finalidad de que se garantice el derecho fundamental
al debido proceso, lo anterior debido a que cuando la Sala omite pronunciarse respecto
de todos los elementos que estructuran el cargo de derogación, evade su obligación
de resolver de fondo uno de los principales problemas jurídicos que se le pide dirimir
con la demanda.

iii) Violación directa de la Constitución. Porque la autoridad accionada contravino
lo dispuesto en los artículos 4, 29, 150, 229 y 230 constitucionales, y se difiere del texto
del artículo 380.

1.2. Actuación Procesal

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

1.2.1. El 8 de mayo de 2023, la consejera de Estado Stella Jeannete Carvajal Basto
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó i) notificar del proveído al señor
William Esteban Gómez Molina, en calidad de accionante, a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, como demandados, y a la
Presidencia de la República-Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Transporte y al Ministerio de Salud y Protección Social, como terceros
interesados en las resultas del proceso; ii) publicar la providencia en la página web del
Consejo de Estado para el conocimiento de todos los terceros interesados; y iii)
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 610 del CGP. Debiéndose remitir a todos los mencionados copia
de la solicitud de amparo, a través de los diferentes medios virtuales que estuvieran a
disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, para que dentro del
término de dos días rindieran informe sobre los hechos y pretensiones de tutela; y
además, ordenó oficiar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, para
que allegara copia digitalizada del proceso 11001-03-26-000-2021-00160- 00,
demandante: William Esteban Gómez Molina.

1.2.2. El 10 de mayo de 2023, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de
Estado remitió en formato pdf el expediente requerido e informó que la totalidad del
proceso podía ser consultado en el aplicativo Samai.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. El 10 de mayo de
2023, la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto solicitó desestimar las pretensiones
de tutela, en atención a lo siguiente:

i) En general se encuentra que el amparo presentado carece de los requisitos de
relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez, pues la inconformidad del
tutelante radica en que no se vinculó como parte a la presidencia de la República,
determinación que se adoptó en el auto admisorio del 10 de noviembre de 2021, sin
que hubiera recurrido esa decisión mediante el recurso de reposición previsto en el

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artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021 o, incluso,
advirtiendo la supuesta irregularidad que ahora pone de presente en oportunidades
procesales posteriores, lo que no sucedió, y apenas viene a manifestar su
inconformidad después de un año y cinco meses.

ii) Además, se incumplió la exigencia según la cual, cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe comprobarse que tenga un efecto decisivo o determinante
en la sentencia objeto de la tutela, pues, no existe ningún yerro respecto de la decisión
que resolvió la demanda de nulidad simple, lo cierto es que la ausencia de la
Presidencia de la República y la supuesta omisión en el pronunciamiento de los
alegatos de conclusión no se enmarcan dentro de ninguna causal de nulidad, máxime
si se tiene en cuenta que la Nación estuvo representada a través de otros ministerios
que acudieron al proceso y, además, que el petitum judicial en un proceso de nulidad
simple se enmarca en la demanda y su contestación, limitándose los alegatos a
desarrollar, con base en las pruebas practicadas, si las hubiere, los argumentos allí
incorporados. También se evidencia el incumplimiento del requisito de que la parte
actora identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los
derechos vulnerados respecto de la causal de violación directa de la Constitución, pues
el señor William Esteban Gómez Molina se limitó a afirmarla sin presentar argumentos
concretos.

iii) Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que la decisión tutelada tampoco
incurrió en ninguno de los defectos invocados, puesto que: a) la exclusión de la
presidencia de la República no configuró ninguna irregularidad, ya que la
representación judicial de la Nación se llevó a cabo a través de los ministerios que
fueron demandados; b) en la decisión de fondo sí se tuvieron en cuenta los alegatos
de conclusión presentados por la parte actora, ya que ellos lo que se hizo fue reiterar
los argumentos de su escrito inicial, esto es, que la normativa demandada se basó en
normas derogadas y se sustituyó al legislador en la fijación de los elementos básicos
en materia sancionatoria; y c) no se vulneró la Constitución Política, pues como no se
incurrió en ninguna irregularidad respecto de la integración de la parte demandada, ni
en relación con los alegatos de conclusión, no se configuró la infracción de las normas
constitucionales que el tutelante alega, lo que sí se observa es que la parte tutelante

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pretende recurrir la providencia dada su inconformidad con los argumentos allí
plasmados.

iv) En conclusión, la decisión atacada no comporta vulneración alguna de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que
se profirió sin que se configurara ninguna irregularidad procesal y con estricto apego a
lo alegado por los sujetos procesales y a la jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, aspectos que evidencian que se efectuó un estudio serio y
riguroso del asunto.

1.3.2. La Presidencia de la República. El 10 de mayo de 2023, por intermedio del
Grupo de Gerencia de Defensa Judicial solicitó declarar improcedente la acción o, en
su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, en atención a lo siguiente:

i) Si el demandante consideró que la decisión de no vincular al Presidente de la
República al proceso de nulidad fue incorrecta, debió hacer uso de los recursos que la
ley ha puesto a su alcance, y no esperar al fin del proceso para perseguir esta
vinculación, que en estricto sentido, es innecesaria, si se tiene en cuenta que la Nación
estuvo representada en el proceso, a través de las autoridades que prevé el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ii) La decisión adoptada por la ponente en el auto de 10 de noviembre de 2021 es la
correcta, porque según el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, la representación de la Nación en los procesos
contenciosos le compete, en el caso del estudio de legalidad de los decretos, a los
ministros y directores de departamento administrativo que lo hayan suscrito, y, en todo
caso, la vinculación o no del primer mandatario a un proceso de nulidad simple no
vulnera el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia de persona alguna,
ni del señor Gómez Molina, porque en esta clase de procesos se estudia la legalidad
de un acto administrativo, y no su eventual responsabilidad en la expedición del acto
demandado.

iii) Frente al segundo cargo, referente a que el Consejo de Estado se abstuvo de
resolver la totalidad de los cargos expuestos por el demandante en su escrito

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introductorio, se tiene que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
ventilar esta clase de problemas. La sentencia de 3 de marzo de 2023, pese a haber
sido parcialmente favorable a sus intereses, ha podido ser objeto de una petición de
sentencia complementaria, o de un recurso extraordinario, en fin, de cualquiera de los
remedios que la ley ha previsto. Pero la acción de tutela no es una segunda instancia
de los procesos de nulidad simple.

1.3.3. El Ministerio de Minas y Energía. El 11 de mayo de 2023, el Grupo de Defensa
Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales solicitó denegar las pretensiones de
la acción constitucional, dado lo siguiente:

i) La acción de tutela tiene vocación de prosperidad, únicamente cuando a pesar de la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial, se interpone como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación que en el caso de marras no
se demuestra; como quiera que el objeto de la acción constitucional no es de suplantar
los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador.

ii) Así las cosas, en el presente caso se evidencia que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para atacar el procedimiento que ha adelantado el magistrado
director del medio de control de nulidad, los cuales se encuentran amparados por el
principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la administración de justicia,
al momento de manifestarse a través de autos y sentencias, debe acatar las
prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada.

1.3.4. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El 11 de mayo de 2023, la
Oficina Asesora jurídica solicitó desvincular al Ministerio de la presente acción,
declarándola improcedente, al no ser la autoridad que adoptó las decisiones que a
juicio de la parte accionante vulneran sus derechos fundamentales, dado que las
mismas obedecen a acciones jurisdiccionales que no son del resorte de esta entidad.
Además, los aspectos de vinculación debieron ser debidamente debatidos e integrados
en el curso del proceso y no en la acción de tutela, y en lo concerniente a las
inconformidades sobre el fallo no se evidencia que los argumentos tengan la fuerza
jurídica suficiente para anular vía acción de tutela la sentencia.

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1.3.5. El Ministerio del Trabajo. El 11 de mayo de 2023, la asesora de la Oficina
Asesora Jurídica solicitó ser desvinculado de la acción por existir falta de legitimación
en la causa por pasiva. Argumentó que no existen obligaciones ni derechos recíprocos
entre el accionante y esta entidad, pues no es la que presuntamente amenazó o
vulneró los derechos fundamentales reclamados por el accionante.

1.3.6. El Ministerio de Transporte. El 11 de mayo de 2023, el jefe de la Oficina
Asesora de Jurídica solicitó declarar improcedente la acción ante la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales y la falta de legitimación en la causa por
pasiva. Argumentó que revisado el escrito de tutela y las pruebas aportadas por el
propio accionante no existía ningún hecho o circunstancia que explicitara la vinculación
del Ministerio de Transporte a la litis fuente de denuncia de vulneración y daño a los
derechos fundamentales demandados en amparo constitucional.

1.3.7. El Ministerio de Salud y Protección Social. El 12 de mayo de 2023, el
coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad al no ser la encargada de realizar las
actuaciones administrativas ni judiciales tendientes a resolver las pretensiones de la
accionante.

1.3.8. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 16 de mayo de 2023, el
apoderado de la entidad solicitó mantener las decisiones debidamente fundadas y
ejecutoriadas, por encontrarse ajustadas a derecho. Refirió que la vulneración alegada
en el escrito de tutela se contrae a una actuación procesal en la que no tiene injerencia
alguna la entidad, que el accionante no agotó los recursos extraordinarios antes de
acudir a la solicitud de amparo, y que la autoridad accionada estudió la procedencia
de las pretensiones de nulidad con un adecuado análisis legal y jurisprudencial.

1.4. Sentencia impugnada

El 29 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente
la acción de tutela, en lo relacionado con la supuesta falta de vinculación del Presidente
de la República en el medio de control de nulidad simple con radicado 2021-00207-00;
y negó las pretensiones de la demanda, en torno a los alegatos de conclusión

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presentados dentro del expediente de nulidad simple con radicado 2021-00207-00, en
el que se dictó sentencia el 3 de marzo de 2023. Para dichos efectos consideró lo
siguiente:

i) El accionante contaba con el recurso de reposición para controvertir el auto de 10 de
noviembre de 2021, mediante el cual la autoridad judicial accionada dispuso la
admisión de la demanda, teniendo como demandados a los ministerios de Minas y
Energía, Hacienda y Crédito Público, Industria, Comercio y Turismo y Transporte, sin
incluir al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República -Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República-, como parte pasiva del contradictorio,
por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad y, por contera, con el de
inmediatez, en tanto entre el momento de notificación del auto admisorio de la
demanda —16 de noviembre de 2021—, y la interposición de la acción de tutela —2
de mayo de 2023—, transcurrió más de un año y seis meses, término que supera el
plazo de los seis meses establecido de manera jurisprudencial para ese efecto.

ii) Y en lo que corresponde con la controversia de la sentencia del 3 de marzo de 2023,
se advierte que los alegatos de conclusión presentados por el demandante sí fueron
tenidos en cuenta en la resolución de la controversia. En el escrito, el demandante
reiteró los argumentos que soportaban la demanda consistentes en que «el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Transporte, al expedir los artículos
impugnados del Decreto 1073 de 2015, con excepción del artículo 2.2.2.6.1.1.5.1,
incurrieron en las causales de nulidad de falta de competencia y exceso de la potestad
reglamentaria, por fundarse en normas derogadas y por haber descrito sin ley previa
la sanción, la conducta o el comportamiento que da lugar a su aplicación, la autoridad
competente y su procedimiento», mismos que la autoridad judicial demandada resolvió
íntegramente en la sentencia objetada, lo que descarta la configuración del defecto
sustantivo alegado.

iii) En la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada indicó, luego de un
extenso análisis de los cargos planteados, que «cuando se expidió el Decreto
compilatorio 1073 de 2015, los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4.
(literal a) carecían de fundamento legal, pues supeditaron el ejercicio de la potestad

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sancionatoria sobre la materia a unas normas que no podía expedir el Presidente —
Código de Ética—», por lo que declaró su nulidad, y negó las demás pretensiones, sin
que se observe que en los alegatos de conclusión el accionante hubiese propuesto
argumentos que hubiesen quedado sin resolver, por el contrario, en los alegatos de
conclusión el actor, además de reiterar los cargos iniciales se limitó a hacer referencia
a los argumentos utilizados en los recursos de reposición y súplica que interpuso en
contra de la decisión que negó la medida cautelar que solicitó con la demanda, lo que
no era determinante para adoptar la decisión que debía resolver sobre los cargos
formulados en el marco de la demanda de nulidad simple.

iv) Finalmente, el hecho de que en la sentencia objetada se hubiera afirmado que
«todas las partes alegaron de conclusión y reiteraron los argumentos de la demanda
y sus contestaciones», a pesar de que, en palabras del actor, algunos ministerios no
contestaron la demanda, hace referencia a la reiteración de los argumentos de
aquellos demandados que contestaron la demanda y presentaron alegatos de
conclusión, por lo que dicha afirmación no supone una irregularidad que pueda
considerarse vulneradora del derecho fundamental al debido proceso del accionante.

1.5. Impugnación

El 11 de julio de 2023, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia en
orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela, en
atención a los siguientes argumentos:

i) En el escrito de tutela se dejó constancia de que no se había hecho uso del recurso
de reposición en contra del auto admisorio de la demanda en el que se excluyó al
Presidente de la República, pero que el asunto sí cumplía con los requisitos de
procedibilidad dado que la decisión en la que cual se advirtió error en la integración
del contradictorio es el auto del 24 de enero de 2023, en el que la consejera María
Adriana Marín ordenó su vinculación.

ii) Por otro lado, no se ajusta a la realidad lo concluido por el a quo cuando afirma que
«los alegatos de conclusión presentados por el demandante sí fueron tenidos en
cuenta en la resolución de la controversia de nulidad simple», pues estos, a diferencia

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de la labor argumentativa de la autoridad judicial accionada, sí dan cuenta de las
razones por las que los argumentos de las decisiones adoptadas en etapas previas no
se ajustan al marco jurídico que determina el alcance del efecto derogatorio del texto
Superior.

iii) Para dilucidar lo anterior, se deben observar con detenimiento las razones aducidas
por la consejera sustanciadora para negar parcialmente la solicitud de suspensión
provisional (recogidas en el antecedente n°. 7 de la acción de tutela), las que se
pusieron de presente en el recurso de reposición (recogidas en el antecedente n°. 8),
las aducidas para confirmar la decisión recurrida (recogidas en el antecedente n°. 9),
las que se pusieron de presente en el recurso de súplica (recogidas en el antecedente
n°. 10—, las que manifestó el Consejo de Estado para confirmar el auto recurrido en
lo que respecta al cargo de nulidad (recogidas en el antecedente nro. 11) y, finalmente,
las consideraciones de la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad en la que
se hizo una reiteración de los argumentos con los que negó la medida cautelar de
suspensión provisional en torno al cargo que se soportó en la primera premisa de la
demanda, esto es, la derogación por consecuencia de las normas infra-
constitucionales que desarrollaban la Constitución de 1886 con todas sus reformas.

iv) Lo anterior configura un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función
judicial, dado que la decisión objeto de reproche no abordó y, por tanto, no resolvió el
problema jurídico del que depende la prosperidad o no de las solicitudes de nulidad
que se fundan en la primera premisa de la demanda, el que, para dirimirse,
necesariamente deben analizarse los argumentos de sus alegatos de conclusión que
controvierten los que ya habían sido expuestos en etapas anteriores y fueron
nuevamente aducidos en la sentencia que se pide dejar sin efectos.

1.6. Otras actuaciones

El 7 de septiembre de 2023, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia, por considerar
encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal,6 atribuido al hecho de sostener una relación de amistad íntima
de muchos años con las consejeras María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02197-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina

Rico, quienes suscribieron las providencias que se discuten en la presente acción de
tutela.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Tercera de esta Corporación.

2.2. Sobre la manifestación de impedimento

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de
Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El
juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.

Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

En el presente caso, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó su
impedimento para conocer del asunto de la referencia, al sostener una relación de
amistad íntima de muchos años con las consejeras María Adriana Marín y Marta Nubia
Velásquez Rico, quienes suscribieron las providencias que se discuten en la presente
acción de tutela.

Para el efecto, invoca la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, que establecen lo siguiente:

Artículo 56. Causales de impedimento Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

Pues bien, sea lo primero advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 2 ha
especificado que el atributo de imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte
del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene
como fundamento el artículo 29 de la Constitución, en cuanto deben procurar la
protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública».3

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad, así: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas
ante la ley (artículo 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos
frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética,
en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para
que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas
y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».4

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada, con las razones que expuso el consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez, es dable colegir que al sostener una amistad íntima de
muchos años con las consejeras María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico,
quienes suscribieron las providencias discutidas en la presente acción de tutela, puede
comprometerse la decisión del magistrado en el asunto, toda vez que su criterio no
resultaría imparcial y objetivo, como lo exige una recta administración de justicia.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir el auto del 10 de noviembre de 2021 y la
sentencia del 3 de marzo de 2023, proferidos por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, dentro del proceso de simple nulidad con radicado 11001-03-
26-000-2021-00207-00 (67621). En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar,
si con la adopción de las referidas providencias se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante por configuración de los defectos
procedimental, sustantivo y violación directa de la Constitución.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02197-01
Demandante: William Esteban Gómez Molina

2.5. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-26-
000-2021-00207-00 (67621), la Sala establece lo siguiente:

i) El 10 de septiembre de 2021, el señor William Esteban Gómez Molina, por intermedio
de apoderado, promovió demanda de nulidad simple en contra de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y
Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Transporte,
en la que impugnó varios artículos del Decreto compilatorio 1073 de 2015, por
considerar que se incurrió en una falta de competencia y en un exceso de la potestad
reglamentaria, pues tal normativa se fundó en normas derogadas y se sustituyó al
legislador al establecer los elementos esenciales de la sanción. También se solicitó la
suspensión provisional de los artículos impugnados.

ii) El 10 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
consejera Martha Nubia Velásquez Rico, admitió la demanda y, en consecuencia,
ordenó notificar del proveído al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al
Ministerio de Transporte y al delegado del Ministerio Público ante la Corporación, en
la forma prevista en los artículos 171 (numerales 1 y 2) y 199 (modificado por el artículo
48 de la Ley 2080 de 2021) del CPACA, y, por estado a la parte actora, en la forma
prevista en los artículos 171 (numeral 1) y 201 (modificado por el artículo 50 de la Ley
2080 de 2021) del CPACA y 9 del Decreto 806 de 2020; y una vez surtidas las
notificaciones ordenadas, correr el traslado de la demanda de que trata del artículo
172 del CPACA; excluyéndose al Presidente de la República como extremo pasivo de
la controversia; informar a la comunidad interesada de la existencia del proceso, a
través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o del Consejo
de Estado, en los términos del numeral 5 del artículo 171 del CPACA; y remitir copia de
la decisión, en conjunto con la demanda y sus anexos, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con el quinto inciso del artículo 199 del
CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

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iii) El 10 de noviembre de 2021, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico ordenó
correr traslado de la solicitud de medida cautelar, por el término de cinco (5) días, al
Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Transporte, para que, si a bien lo
tenían, se pronunciaran sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
233 de la Ley 1437 de 2011, según hayan participado en la expedición de las distintas
normas compiladas.

iv) El 22 de febrero de 2022, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico suspendió el
inciso 10 del parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.1.9. del Decreto 1073 de 2015, suspendió
la expresión «de conformidad con las normas previstas en este Decreto» incorporada
en los literales f) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.1. y a) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.4. del Decreto
1073 de 2015, y negó en todo lo demás la medida cautelar solicitada por la parte
actora.

v) El 27 de febrero de 2022, William Esteban Gómez Molina interpuso recurso de
reposición contra la decisión de negar la suspensión provisional de las normas y
segmentos normativos demandados no contenidos en los numerales 1 y 2 de la parte
resolutiva del auto recurrido.

vi) El 14 de marzo de 2022, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico confirmó el
auto de 22 de febrero de 2022.

vii) El 8 de junio de 2022, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico, al resolver los
recursos de súplica interpuestos por las partes, revocó el ordinal primero de la parte
resolutiva del auto de 22 de febrero de 2022, confirmado en proveído de 14 de marzo
de 2022, y en su lugar, negó la medida cautelar de suspensión del inciso 10º del
parágrafo 2º del artículo 2.2.1.1.1.9. del Decreto 1073 de 2015; modificó el ordinal
segundo de la parte resolutiva del auto de 22 de febrero de 2022, confirmado en
proveído de 14 de marzo de 2022, en el sentido de: suspender los literales f) del
artículo 2.2.3.5.2.2.1.1. y a) del artículo 2.2.3.5.2.2.1.4. del Decreto 1073 de 2015; y
confirmó, en lo demás, el auto de 22 de febrero de 2022, confirmado en proveído de
14 de marzo de 2022.

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viii) El 3 de marzo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
declaró la nulidad de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (literal a)
del Decreto 1073 de 2015; denegó las pretensiones de la demanda en todo lo demás;
y ordenó archivar el proceso, una vez en firme la providencia.

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

El señor William Esteban Gómez Molina controvierte el auto del 10 de noviembre de
2021, admisorio de la demanda de nulidad en mención, en el que se excluyó al
Presidente de la República como extremo pasivo de la controversia, como la sentencia
del 3 de marzo de 2023, al no pronunciarse sobre los argumentos expuestos en el
escrito de alegatos de conclusión.

Pues bien, revisadas las circunstancias del caso, se advierte, por un lado, que en lo
que corresponde a la alegación dirigida en contra del auto del 10 de noviembre de
2021, se incumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que la inconformidad en
torno a la exclusión de un extremo pasivo de la litis, tal como lo refirió el a quo, podía
increparse a través del recurso de reposición, del cual no se hizo uso.

Ahora bien, aunque en el escrito de impugnación se indica que frente a dicha
providencia sí se cumple con el presupuesto de procedibilidad por cuanto el error en
la integración del contradictorio se advirtió hasta que se profirió el auto del 24 de enero
de 2023, en el que la consejera María Adriana Marín ordenó la vinculación de la
Presidencia de la República, lo cierto es que, una vez revisada la documentación
aportada al plenario se encontró que la referida providencia se emitió en el proceso de
nulidad con radicado 11001-03-26-000-2021-00160-00 (67321),4 diferente al aquí
analizado, por lo que no puede tomarse en cuenta para estudiar la pretermisión de la
subsidiariedad en el caso.

Por otro lado, se evidencia que en lo que corresponde con la sentencia del 3 de marzo
de 2023, también se incumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que el

4 Proceso promovido por el señor William Esteban Gómez Molina en contra del Ministerio de Minas y

Energía, en el que se pretendió la nulidad de los artículos 253 a 261 del Decreto 1886 de 2015, «por el
cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas».

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accionante tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión para controvertir
la falta de congruencia de la sentencia en lo relacionado con lo expuesto en el escrito
de alegatos de conclusión.

Ha referido por la jurisprudencia del Consejo de Estado que el principio de congruencia
en las providencias se advierte desconocido cuando se incurre en lo que la doctrina
ha llamado: i) fallo «ultrapetita», que consiste en reconocer un mayor derecho que el
invocado por el demandante; ii) fallo «extrapetita», cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o se reconoce pero por una causa diferente o deducida de
hechos no alegados; y c) fallo «minuspetita», cuando se omite el pronunciamiento
sobre una de las pretensiones.5

No obstante, también ha señalado que el recurso extraordinario de revisión, en virtud
del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, que prevé como causal de revisión la nulidad
originada en la sentencia, es procedente para cuestionar vicios de incongruencia, por
traducirse, esta circunstancia, en una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso,6 ello, por cuanto la incongruencia de la sentencia «exige, de una parte, que
exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva, lo que se denomina
congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga sea concordante con
lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso».7

De esta forma, se colige que dado el carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela, no es la llamada, en principio, a dar solución al asunto de marras, ya que, dentro
de la instancia ordinaria el legislador ha dispuesto de las herramientas adecuadas para
que el interesado pueda hacer valer sus derechos fundamentales. Así lo ha referido,
además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha sido reiterativa en
sostener que cuando se alega la falta de congruencia de la sentencia, el recurso

5 Ibidem
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 20 de febrero de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2019-03861- 01, C.P. María Adriana Marín
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25,

sentencia del 28 de junio de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de
agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00.

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extraordinario de revisión resulta idóneo y efectivo,8 a excepción de que la parte actora
argumente y justifique el por qué el medio de defensa judicial no provee una protección
integral en el asunto o se evidencie por parte del juzgador alguna circunstancia que
advierta la falta de eficacia e idoneidad del medio judicial para contrarrestar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales.9

Admitir el estudio de fondo de la presunta incongruencia de la sentencia cuestionada,
sin tener en cuenta las referidas exigencias, esto es, de verificar si se encuentra
probada la existencia de un perjuicio irremediable que flexibilice el requisito de
subsidiariedad o se evidencien circunstancias que adviertan la falta de eficacia e
idoneidad del medio judicial, desnaturalizaría el carácter excepcional y residual de la
vía de amparo, por lo que su estudio, en cada caso concreto, evita que el instrumento
tutelar se convierta en un mecanismo para reemplazar las competencias que el
ordenamiento jurídico ha previsto para impugnar las decisiones judiciales ante las
instancias ordinarias.

Sin embargo, en el escrito de la acción de tutela el accionante no expuso ningún
argumento tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, y esta Sala
de decisión tampoco evidencia en el asunto un menoscabo que haga urgente e
impostergable el amparo de los derechos fundamentales que permita al juez
constitucional pretermitir la subsidiaridad de la acción de tutela en aras de encontrar
superado este requisito.

Por tanto, lo que procede entonces es poner a instancia del juez ordinario las
inconformidades narradas en esta acción constitucional, a efectos de que sea este
quien evalúe las circunstancias particulares del demandante y determine si hay lugar
a conceder lo solicitado.

En tal sentido, se concluye que en la presente acción de tutela se configura la causal
de improcedencia contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de 1991,
que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales al
alcance».

8 Sentencia SU-157 de 2022.
9 Ibidem.

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3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala declarará fundado el impedimento manifestado
por el consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer de la
acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, lo separará del conocimiento de
la presente acción de tutela. De igual forma, revocará la sentencia impugnada que
declaró improcedente la acción de tutela, en lo relacionado con el cargo de falta de
vinculación del Presidente de la República en el medio de control de nulidad simple
con radicado 2021-00207-00; y negó las pretensiones de la demanda, en torno al cargo
relacionado con los alegatos de conclusión presentados dentro del expediente de
nulidad simple con radicado 2021-00207-00, en el que se dictó sentencia el 3 de marzo
de 2023 y, en su lugar, rechazará la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado
doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer de la acción de tutela de la referencia,
según lo expuesto en la parte considerativa que antecede. En consecuencia:

Segundo. Separar del conocimiento de la presente acción de tutela al consejero de
Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Tercero. Revocar la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela respeto del cargo
de falta de vinculación del Presidente de la República en el medio de control de nulidad
simple con radicado 2021-00207-00, y negó las pretensiones de la demanda, en torno
al cargo relacionado con los alegatos de conclusión presentados dentro del expediente
de nulidad simple con radicado 2021-00207-00, en el que se dictó sentencia el 3 de
marzo de 2023. En su lugar, se dispone:

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Cuarto. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
William Esteban Gómez Molina en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en atención a las consideraciones expuestas.

Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con impedimento Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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