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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02200-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02200-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Camilo Gaviria Gutiérrez. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Rad: 11001-03-15-000-2023-02200-00 SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02200-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

1 de junio de 2023

Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Rad: 11001-03-15-000-2023-02200-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-02200-00
Demandante: CAMILO GAVIRIA GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2023 en el Sistema de Recepción
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Camilo
Gaviria Gutiérrez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión del auto
del 26 de abril de 2023, que rechazó por improcedente el recurso de apelación
presentado contra el auto del 6 de diciembre de 2022, a través del cual el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales negó una
medida cautelar solicitada dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con radicado 17001-33-33-002-2022-00299-
02, promovido por el demandante contra el municipio de Manizales.

En concreto, solicitaron a esta Corporación:

“Solicito respetuosamente honorables magistrados del Consejo de
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Estado, con el fin de tomar las acciones correctivas pertinentes si del
estudio de la presente acción de tutela se deriva o se evidencia la
vulneración al debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia, y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS a
estudiar de fondo el recurso de impugnación presentado”.

2. Hechos

El accionante narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

Mencionó que en enero de 2020 el señor Carlos Mario Marín Correa se
posesionó como alcalde de Manizales.

Relató que el funcionario nombró 16 secretario de despacho, pero desconoció
lo estipulado en los Decretos 1083 de 2015 y 455 de 2020, ya que no cumplió
con una cuota del 50% de mujeres en los niveles directivos del ente territorial.

Informó que, ante el incumplimiento permanente de dichas normas por parte
del alcalde, interpuso demanda de protección de los derechos e intereses
colectivos contra el municipio de Manizales, la cual fue tramitada bajo el
radicado 17001-33-33-002-2022-00299-02.

Expuso que solicitó como medida provisional que se suspendieran los efectos
de los decretos de nombramiento de los secretarios de despacho porque, en
su criterio, vulneraban el principio de legalidad.

Adujo que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales, a través de auto del 6 de diciembre de 2022, negó la medida
cautelar solicitada.

Señaló que interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra
de la decisión anterior.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante providencia del 26
de abril de 2023, rechazó por improcedente el recurso de apelación bajo el
argumento de que la Ley 472 de 1998 solo contemplaba el recurso de
apelación contra el auto que decreta una medida cautelar, mas no frente al
que lo niega.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, el Tribunal Administrativo de Caldas vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Aunque en el escrito de tutela no se planteó la configuración de un yerro
específico, de su lectura integral se entiende que la presunta vulneración se
traduce en la configuración de un defecto procedimental absoluto.

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Al respecto, el actor consideró que sus garantías fueron desconocidas porque
la autoridad judicial se apartó de los procedimientos establecidos por el
legislador para resolver el caso concreto.

Recalcó que el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó por improcedente el
recurso de apelación al considerar que, según lo dispuesto en la Ley 472 de
1998, éste solo procedía contra el auto que decretaba una medida cautelar y
no contra el que la negaba, frente al cual solo procedía el de reposición.

Alegó que la autoridad judicial confundió el término “decretar”, pues según la
Real Academia de la Lengua Española esta palabra abarca la facultad de
resolver o decidir, así que si la norma establecía que el recurso de apelación
procedía contra el auto que “decretaba” la medida, debía entenderse que se
hacía referencia a todo auto que resolviera la solicitud, independientemente
de si la otorgaba o la negaba.

Aseveró que la aplicación de la ley no podía ser entendida de manera aislada
sin tener en cuenta que forma parte de un conjunto de reglas de interpretación
que se complementan y armonizan para desentrañar el contenido de un texto
legal.

Explicó que la posibilidad de que las personas controviertan las decisiones
judiciales es una conquista democrática que ha sido consagrada en distintos
instrumentos internacionales, al garantizar el derecho a un recurso efectivo y a
un tribunal imparcial.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 4 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas.

Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del
proceso al juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial Manizales y al
alcalde de esa ciudad.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Tribunal Administrativo de Caldas

El magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó declarar la
improcedencia de la acción.

Sostuvo que la parte actora contaba con otros medios de defensa judicial
distintos, como lo fue el recurso de reposición que sí interpuso contra el auto
que denegó la medida cautelar.

Agregó que el medio de control de protección de los derechos e intereses

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colectivos aún se encuentra en trámite, por lo que en su momento podrá hacer
uso del recurso de apelación contra la sentencia que ponga fin al proceso.

Manifestó que la interpretación efectuada por el accionante, quien considera
que el término “decretar” puede referirse a resolver negativa o positivamente
la solicitud de medida cautelar, no se acompasa con las normas que rigen el
trámite de las acciones populares.

Indicó que, tal y como fue expuesto en la providencia cuestionada, la Ley 472
de 1998 dispuso que contra el auto que niega una medida cautelar solo
procede el recurso de reposición y no el de apelación.

Explicó que esta es la norma especial que rige este tipo de actuaciones y
debe aplicarse de forma preferente sobre lo dispuesto en los artículos 230 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Señaló que la providencia censurada está debidamente sustentada en
fundamentos jurídicos, probatorios, jurisprudenciales y legales que le
otorgaron solidez y legitimidad a la decisión.

Finalmente, consideró que las irregularidades planteadas en la acción popular
frente a la actuación del alcalde de Manizales solo permiten evidenciar una
posible vulneración de los derechos de las mujeres, así que no estaría
legitimado en la causa por activa.

5.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales

El despacho judicial de primera instancia se limitó a allegar copia digital del
expediente objeto de controversia.

5.3. Alcaldía de Manizales

La Oficina de Correspondencia de la entidad únicamente allegó constancia de
recibido de la notificación del auto admisorio de la acción, sin efectuar
pronunciamiento alguno en relación con los hechos y pretensiones de la
solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción
de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

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2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte
actora, el Tribunal Administrativo de Caldas desconoció sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
con ocasión del auto del 26 de abril de 2023, que rechazó por improcedente el
recurso de apelación presentado contra el proveído del 6 de diciembre de
2022, a través del cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Manizales negó una medida cautelar solicitada dentro del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 17001-33-
33-002-2022-00299-02, promovido por el demandante contra el municipio de
Manizales.

Para el efecto, se deberá establecer si la providencia cuestionada vulneró las
garantías constitucionales de la parte accionante por incurrir en defecto
procedimental absoluto, al rechazar el recurso de apelación contra el auto que
denegó una medida cautelar, bajo el argumento de que esta decisión solo era
susceptible del recurso de reposición.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
(ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos
mil doce (2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la
Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales2, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”3.

1
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
3
Idem.
5

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La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones
de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas
vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica
la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -
procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el
asunto sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate
de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice
vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
6

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4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que el
caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional,
por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede
colegir que la parte actora únicamente planteó una inconformidad con lo
resuelto por la autoridad judicial demandada, sin que haya cumplido con una
carga argumentativa suficiente que permita establecer una verdadera
vulneración de una garantía superior como lo es el derecho fundamental al
debido proceso o el acceso a la administración de justicia.

Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios
respecto del precitado presupuesto.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal5» (Énfasis de la Sala).

Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de
amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la
relevancia constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no
cumple con este postulado, en estos eventos:

5
Sentencia SU 573 de 2019.
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i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.

En el caso objeto de estudio, el accionante considera que la decisión de
rechazar por improcedente el recurso de apelación presentado contra el auto
que negó la medida cautelar solicitada, desconoce sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, no cumplió con una carga argumentativa suficiente para
demostrar la grave violación de dichas garantías constitucionales, pues
únicamente mostró su inconformidad con la interpretación que efectuó la
autoridad judicial sobre la norma que regula los recursos en el trámite de las
acciones populares.

Concretamente, alegó que el Tribunal Administrativo de Caldas confundió el
término “resolver” con el de “decretar”, ya que si la norma establecía que el
recurso de apelación procedía contra el auto que “decretaba” la medida
cautelar, debía entenderse que esta expresión abarcaba tanto la decisión de
conceder la solicitud como la de negarla, circunstancia que evidenciaba que
no había lugar a rechazar la alzada.

Al margen de la razonabilidad de su argumento, lo cierto es que el debate
planteado por la parte actora no tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental.

La Sala precisa que, si bien se permite a los solicitantes de la tutela un cierto
margen de informalidad tanto en su ejercicio como en el desarrollo
argumentativo que deben realizar en el escrito introductorio, lo cierto es que
no se puede dejar de lado el cumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en el Decreto 2591 de 19916.

En las acciones de tutela contra providencias judiciales se exige la
observancia de una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una
técnica hermenéutica específica, pues lo pretendido es que se expliquen los
motivos por los cuales el auto o la sentencia vulneran los derechos
fundamentales invocados y cómo este debate trasciende a un estudio de
índole constitucional.

6
Artículo 14: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)
identificación del accionante y autoridad demandada; iii) Declaración juramentada de no haber
interpuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
8

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La razón de ser de esta exigencia radica, principalmente, en que si prospera
el amparo deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de la
providencia cuyo análisis se pretende en sede de tutela, estudio que solo tiene
lugar cuando de la argumentación que el actor realice se deduzca con claridad
que la decisión es arbitraria e irrazonable y que con ella se quebrantan
derechos fundamentales.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no constituye
una tercera instancia en la que la intervención del juez constitucional conlleve
la realización de un nuevo estudio de los elementos probatorios y de los
fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión que se pretende
controvertir.

Por ende, comoquiera que la parte actora se limitó a plantear su
inconformidad con la decisión de rechazar por improcedente el recurso de
apelación sin plantear una verdadera discusión sobre la vulneración de
garantías del orden superior, la Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo sobre el particular, pues, como se explicó en precedencia, la carga
argumentativa mínima se erige como un presupuesto de inescindible
cumplimiento para la intervención del juez constitucional y, de esta manera,
determinar la eventual configuración de yerros sustanciales en las
providencias cuestionadas, que de suyo puedan vulnerar los derechos
fundamentales invocados.

Se reitera, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es
necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de
los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.

De modo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que,
aceptar lo contrario, sería invadir la facultad o potestad del competente
natural.

Por tal razón, la Sala declarará la improcedencia de la acción por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Camilo Gaviria Gutiérrez.

9

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Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Rad: 11001-03-15-000-2023-02200-00

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

10

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