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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02200-01

Fecha
23 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02200-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 1 de junio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Camilo Gaviria Gutiérrez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02200-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto rechaza por
improcedente recurso de apelación contra aquel que niega
medida cautelar en medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos / Defectos fáctico, procedimental y
sustantivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Camilo Gaviria Gutiérrez, en contra
de la sentencia proferida el 1 de junio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Camilo Gaviria Gutiérrez promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión del auto proferido el 26 de abril
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 17001-
33-33-002-2022-00299-02.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Camilo Gaviria Gutiérrez, en ejercicio del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos, presentó demanda en contra del municipio de
Manizales, al considerar que el alcalde, Carlos Mario Marín Correa desconoció los

1
Ver índice 2 de SAMAI expediente 110010315000202302200. Archivo denominado «
ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
.

Decretos 1083 de 2015 y 455 de 2020, por no cumplir con la cuota de género al
nombrar a los secretarios que integrarían su gabinete. Asunto en el cual, solicitó
como medida provisional la suspensión de los efectos de los respectivos actos de
nombramiento.

ii) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, mediante
auto del 6 de diciembre de 2022 negó la medida cautelar. Decisión contra la cual el
demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

iii) Con auto del 24 de febrero de 2023, el juzgado de conocimiento resolvió no
reponer el auto recorrido y concedió la apelación ante el superior, este último,
rechazado por improcedente mediante providencia proferida el 1 de junio de 2023
por el Tribunal Administrativo de Caldas.

iv) En relación con esa decisión, la parte demandante consideró que la autoridad
judicial tutelada vulneró sus derechos fundamentales, según entiende la Sala, al
incurrir en defecto sustantivo, toda vez que el recurso de apelación si procede contra
aquel que niega una medida cautelar de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 472 de
1998, cuyo verbo es “decretar”, entendido como la facultad del juez de resolver, sea
favorable o desfavorablemente.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Solicito respetuosamente honorables magistrados del Consejo de Estado, con el
fin de tomar las acciones correctivas pertinentes si del estudio de la presente acción de
tutela se deriva o se evidencia la vulneración al debido proceso y el derecho de acceso
a la administración de justicia, y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CALDAS a estudiar de fondo el recurso de impugnación presentado […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Caldas2 solicitó que se declare la
improcedencia de la tutela por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad al
considerar que el demandante cuenta con otros mecanismo defensa judicial para
controvertir la decisión acusada, como lo fue el recurso de reposición interpuesto y
el proceso como tal, una vez se emita sentencia.

Señaló que, de ser admitida la tutela, deben negarse las pretensiones de amparo
ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la
decisión de rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra
aquel que negó la medida provisional solicitada, se ajusta a las disposiciones del

2 Ver índice 14 de SAMAI en el expediente 11001031500020230220000. Actuación denominada

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIO´NTUTELAC(.pdf)
NroActua 14»

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
.

artículo 26 de la Ley 472 de 1998 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, en
donde “decretar” significa acceder.

1.2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales3
si bien allegó el link del expediente solicitado, guardó silencio respecto de los
argumentos de la solicitud de tutela

1.2.3. El tercero con interés4 guardó silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 1 de junio de 2023
declaró improcedente la solicitud de tutela por carencia de carga argumentativa al
considerar que «[…] la parte actora se limitó a plantear su inconformidad con la decisión
de rechazar por improcedente el recurso de apelación sin plantear una verdadera discusión
sobre la vulneración de garantías del orden superior,. […]»

1.4. El escrito de impugnación6

El demandante impugnó la decisión del a quo para lo cual reiteró en los argumentos
expuestos en el escrito de tutela, con especial énfasis en el hecho que el Tribunal
Administrativo de Caldas «confunde e interpreta […] de una manera errada los términos
DECRETAR y OTORGAR, los cuales tienen significados diferentes, sinónimos diferentes,
antónimos diferentes […] y desde el punto de vista jurídico no son similares»:

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial, iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es

3 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020230220000. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_JEIMYTATIAN(.pdf) NroActua
10»
4 Mediante auto admisorio del 4 de mayo de 2023 se ordenó vincular como tal a la Alcaldía de

Manizales
5 Ver índice 16 de SAMAI en el expediente 11001031500020230220000. Archivo denominado

«SENTENCIA_DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN(.pdf) NroActua 16»
6 Ver índice 29 de SAMAI expediente 11001031500020230220000. Archivo denominado

RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONSEJODEESTADOIM(.pdf) NroActua
29
7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
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competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
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haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,13 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.14

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
Camilo Gaviria Gutiérrez con ocasión de la providencia proferida el 26 de abril de
2023 con la cual rechazó por improcedente el recurso de apelación impetrado contra
el auto que negó el decretó de la medida cautelar solicitada en el medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos 17001-33-33-002-2022-00299-02?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente

13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
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inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales17.

2.4.3. Sobre el caso concreto

Camilo Gaviria Gutiérrez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la providencia
proferida el 26 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto
rechazó por improcedente el recurso de apelación impetrado contra el auto que
negó el decretó de la medida cautelar solicitada en el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos 17001-33-33-002-2022-00299-02

Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
autoridad judicial demandado erró al interpretar el artículo 26 de la Ley 472 de
199818, el cual, según su decir, establece que el recurso d apelación procede contra
el auto que decreta medidas cautelares, entendiendo dicho verbo como resolver o
decidir, sin que se refiera únicamente al que la otorga.

Dada la controversia a decidir, se recuerda el contenido literal de la norma cuyo
aplicación objeta el demandante:

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
18 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
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ARTICULO 26. OPOSICION A LAS MEDIDAS CAUTELARES. El auto que decrete las
medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la
demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos
se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco
días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes
casos:

a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger;
b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;
c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente
imposible cumplir un eventual fallo desfavorable.

Corresponde a quien alegue estas causales demostrarlas.

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena, en providencia del 26 de junio de
201919, en cuanto a la procedencia del recurso de apelación en el medio de control
de control de protección de derechos e intereses colectivos, señaló:

«[…] Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar las
acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones dictadas en
el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición, salvo lo dispuesto
expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 respecto de las
providencias a través de las cuales se dicta una medida cautelar y se profiere
sentencia de primera instancia, decisiones estas que son apelables; sin que con
dicha limitación se afecte en manera alguna el debido proceso o el derecho a la doble
instancia conforme el análisis efectuado frente al punto por la Corte Constitucional.

Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación reafirme la
regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones apelables en
acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de
primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que se adopten en el trámite
de estos procesos son únicamente pasibles del recurso de reposición […]». (Resaltado
fuera de texto)

A juicio de la Sala, de acuerdo con la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado20, es claro que en el trámite del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos el recurso de apelación solo procede contra la
sentencia de primera instancia y el auto que decreta una medida cautelar, verbo
rector este último, entendido como el resolver favorablemente tal solicitud; literalidad
que de ninguna manera admite la discusión gramatical traída por el demandante.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado del
análisis normativo efectuado por el juez natural que no es atacable vía tutela, que
de ninguna manera configura el defecto sustantivo endilgado, en la medida en que
aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta

19CP Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente 25000232700020100254001
20 Ver también: Auto del 27 de enero de 2020; expediente 13001233300020180074301; Auto del 30

de junio de 2020, expediente 25000234100020190017201(AP); Auto del 10 de febrero de 2021,
expediente 08001233300020190064601(AP)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02200-01
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
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con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este
mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo que declaró improcedente la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Caldas para, en su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Camilo Gaviria Gutiérrez.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 1 de junio de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Camilo Gaviria Gutiérrez, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

8

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