Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02202-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02202-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02202-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
7 de diciembre de 2023
Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02202-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02202-01
Demandante: CAMILO GAVIRIA GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de
procedencia de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante contra la
providencia del 19 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
tutela impetrada por el señor Camilo Gaviria Gutiérrez contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1 Solicitud de amparo
El señor Camilo Gaviria Gutiérrez, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión,
con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión del auto del 17 de marzo
de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de
Decisión que confirmó la providencia dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Manizales el 10 de noviembre de 2022,
mediante la cual se rechazó la demanda presentada en ejercicio del medio
de control de los derechos e intereses colectivos que formuló en contra del
municipio de Manizales con radicado 17-001-33-33-002-2022-00316-02.
1.2 . Pretensiones
En concreto, solicitó lo siguiente:
“ 1- Se me permita el acceso a la administración en defensa de las personas
con discapacidad.
2- Se proteja el derecho al debido proceso sin exigencias más allá de lo que
la ley exige pues se aportó la constancia que es el documento que expide la
1
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Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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ALCALDIA MUNICIPAL DE MANIZALES solicitar un documento que está
radicado en poder de una entidad pública equivale a retirarlo diferente es que
solicite una copia de ese documento lo cual no fue lo ordenado por el
despacho”1.
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3 Hechos
El actor expuso que presentó acción popular en contra de la Alcaldía
Municipal de Manizales con el fin de obtener el cumplimiento del Decreto
2011 de 2017, con relación al porcentaje de vinculación laboral de personas
con discapacidad en el ente territorial.
La demanda presentada correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Manizales, despacho judicial que mediante auto del 29 de
septiembre de 2022 ordenó al actor su corrección para que (i) aportara la
petición mediante la cual solicitó a la demandada tomar las medidas para la
efectiva protección del derecho presuntamente vulnerado y (ii) allegara poder
debidamente otorgado en los términos del artículo 74 del CGP o en los del
artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
En providencia del 10 de noviembre de 2022, el juzgado de primera instancia
rechazó la demanda como consecuencia de no haber presentado el actor
escrito con el cual se diera cumplimiento a lo ordenado en auto del 29 de
septiembre del mismo año.
Interpuesto recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto
mencionado, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales
en providencia del 14 de febrero de 2023, dispuso reponerlo parcialmente
para en su lugar reconocer personería al apoderado del actor, y mantenerlo
en cuanto al no cumplimiento del requisito de procedibilidad consagrado en el
artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, ya que el demandante no aportó copia
de la petición con nota de recibido como se había ordenado, punto respecto
del cual se concedió el recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión en auto del
17 de marzo de 2023 confirmó el dictado el 10 de noviembre de 2022.
Consideró el ad quem que la constancia de recibido de una solicitud no
suple ni acredita el requisito previo señalado en los artículos 144 y 161 de la
Ley 1437 de 2015 (sic), por cuanto no permite determinar el contenido de la
petición.
1.4 Sustento de la vulneración
Expuso que la autoridad accionada incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto con el cual se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la debida administración de
justicia, como consecuencia de la exigencia del Juzgado 2 Administrativo del
1 Transcripción textual con posibles errores.
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Circuito Manizales de aportar, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley
1437 de 2011, la petición mediante la cual se solicitó a la autoridad
accionada tomar las medidas para la efectiva protección del derecho
presuntamente vulnerado.
El accionante señaló que el documento solicitado fue imposible allegarlo
pues se encontraba al interior de la Alcaldía Municipal de Manizales, ente
territorial que solo envió como adjunto la simple constancia de haberlo
recibido, sin que el despacho judicial le haya solicitado una copia de la
petición radicada, lo cual contraría el principio constitucional de prevalencia
del derecho sustancial sobre el procesal.
Así mismo reprocha que la accionada no tuvo en cuenta el inciso 5 del
artículo 35 de la Ley 640 de 2001, que autoriza acudir directamente a la
jurisdicción sin cumplir con la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad, por solicitar con la demanda el decreto de medidas
cautelares.
1.5. Trámite de la acción de amparo en primera instancia
Mediante auto del 1 de junio de 20232, la magistrada ponente de la Sección
Cuarta admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Tercera de Decisión; de igual forma vinculó como terceros
con interés al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales3 y al
municipio de Manizales.
Asimismo, dispuso publicar la providencia en la página web del Consejo de
Estado para el conocimiento de todos los terceros interesados y notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con el
artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Tercera de Decisión
Mediante correo electrónico enviado a la Secretaría General del Consejo de
Estado, el Tribunal Administrativo de Caldas remitió copia digital del
expediente, sin pronunciamiento alguno.
1.6.2. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales
Solicitó que se niegue la acción de tutela por cuanto ninguna acción u
omisión fue dirigida en el escrito inicial en su contra, sumado a que las
actuaciones que se atacan vía constitucional no fueron proferidas por dicha
2 Notificada 6 de junio de 2023 vía electrónica. Samai índice 13
3 De manera equivocada se dispuso vincular y notificar al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Manizales y no al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales,
despacho judicial que fue notificado de la acción constitucional como consecuencia del
reenvío efectuado por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas, autoridad que
remitió el expediente digital y dió respuesta de manera oportuna.
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autoridad por no tener a su cargo el conocimiento del proceso, sino del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales.
1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales
La secretaria del despacho judicial compartió el enlace de acceso al
expediente digital correspondiente al medio de control de Protección de
Derechos e Intereses colectivos con radicado 2022-00316, sin
pronunciamiento a la acción constitucional instaurada.
1.6.4. Municipio de Manizales
La oficina de correspondencia de la Alcaldía del municipio de Manizales
acuso recibo de la notificación de la acción constitucional, sin
pronunciamiento alguno.
1.7 Sentencia de primera instancia4
El Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante providencia del 19 de julio
de 20235, dispuso declarar improcedente la acción de tutela, con base en lo
siguiente.
Señaló que el actor emplea este mecanismo para exponer argumentos que
no fueron planteados en el trámite de los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la providencia del 10 de noviembre de 2022, que rechazó
la demanda por el no cumplimiento de los defectos advertidos en auto del 29
de septiembre del mismo año; lo que conlleva a establecer el no
cumplimiento de uno de los supuestos fijados por la jurisprudencia
constitucional6 para superar la falta de relevancia constitucional y precisados
por la Sala7 contra providencias judiciales, al utilizar el mecanismo
constitucional para adicionar, complementar o modificar las inconformidades
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
1.8. Impugnación
Mediante escrito del 9 de septiembre del presente año recibido por parte de
la Secretaría General del Consejo de Estado, el actor impugnó el fallo del 19
de julio de 2023.
En cuanto a la falta de prueba del escrito con el cual haya solicitado a la
autoridad demandada adoptar las medidas necesarias para la protección del
derecho presuntamente vulnerado, expuso que tal requisito no está
consagrado en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, sin que haya lugar a
exigir documentos originales que reposan al interior de una institución
pública, más aún, cuando se entiende que el demandante no tiene ni tendrá
acceso a ellos.
4 En auto del 31 de agosto de 2023 se negó la solicitud aclaración de la sentencia. Samai
índice 31.
5 Notificada el 26 de julio de 2023 vía electrónica. Samai índice 25
6 Corte Constitucional T-310 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-
136 de 2015 M.P.María Victoria Calle Correa.
7 Expediente 2020-05131-00 M.P.Julio Roberto Piza Rodríguez
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Con relación a la falta de autenticación del poder presentado, manifestó que
se desconoce el uso de las tecnologías de la información en las actuaciones
judiciales regulado por la Ley 2213 de 2022, en cuyo ejercicio remitió
mediante mensaje de datos el día 27 de septiembre y 6 de octubre de 2022
al Juzgado 2 Administrativo de Manizales.
1.9. Trámite en segunda instancia
El despacho sustanciador en auto del 10 de noviembre de 2023, requirió al
señor Richard Gómez Vargas para que acompañara poder especial que lo
faculte para actuar en representación del señor Camilo Gaviria Gutiérrez,
escrito que fuera conferido en debida forma y remitido el 15 de noviembre del
presente año.
Mediante memorial presentado el 15 de ese mismo mes y año, se aportó el
respectivo poder.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia
Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 19 de julio de 2023, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo del 19 de julio de 2023 dictado por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela.
Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio sobre la relevancia constitucional y, iii) el
caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema9.
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
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Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
2.4. Estudio sobre la relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202212, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.
La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de
procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía
de relevancia constitucional.
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
12 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal13” (Énfasis de la Sala).
El órgano de cierre en mención, luego de abordar los criterios que debe
reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el
mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.5. Caso concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 17 de marzo de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión que
confirmó la providencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Manizales el 10 de noviembre de 2022, mediante la cual rechazó
la demanda presentada en ejercicio del medio de control de los derechos e
intereses colectivos presentada contra el municipio de Manizales con
radicado 17-001-33-33-002-2022-00316-02.
Como sustento de su solicitud, expuso que la autoridad accionada incurrió en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por la exigencia de
aportar, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, la petición
mediante la cual se solicitó a la autoridad accionada tomar las medidas para
la efectiva protección del derecho presuntamente vulnerado y reprochó
también que no se tuvo en cuenta el inciso 5 del artículo 35 de la Ley 640 de
2001, que autoriza acudir directamente a la jurisdicción sin cumplir con la
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, por solicitar con la
demanda el decreto de medidas cautelares.
13 Sentencia SU 573 de 2019.
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En primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
providencia del 19 de julio de 2023, declaró improcedente la acción de tutela
por falta de relevancia constitucional, al establecer que el accionante
pretende utilizar el mecanismo constitucional para adicionar, complementar o
modificar las inconformidades que dejaron de plantearse o proponerse ante
el juez natural.
El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela “…supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no
es lo mismo que una simple relación con aquel…”14. De igual manera, se
precisa que dicho requisito tiene tres finalidades, a saber:
“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional15 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad16; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales17 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces18”.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario,
el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial
de la solicitud de amparo.
La Sala establece que el actor pretende utilizar la acción constitucional como
mecanismo para revivir la controversia ya zanjada, cuestión que no impacta
la garantía de los derechos fundamentales invocados tras confirmar la
decisión de primera instancia, lo que evidencia convertir el trámite ordinario
en una tercera instancia.
En efecto, de las argumentaciones propuestas en la acción de tutela se
advierte que no se indicó ninguna que permita analizar el alcance de los
derechos fundamentales invocados de cara a la decisión judicial
cuestionada, pues lo que pretende es cuestionar netamente el auto que
rechazó la demanda y, de forma específica, la exigencia del requisito previsto
por el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, pero no explica por qué dicho
requerimiento lo afectó desde una perspectiva constitucional, pues de lo
manifestado por el tutelante no es posible inferir razonadamente un yerro que
tenga la entidad suficiente para entrar a estudiar de fondo sus pretensiones.
A ello se agrega que el debate es netamente legal pues se circunscribe a la
aplicación del artículo citado, el cual, al no ser acatado por el demandante, le
trajo como consecuencia el rechazo de su demanda en ejercicio del medio
14 Sentencia SU573 de 2019.
15 “Sentencia C-590 de 2005.”
16 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
17 “Sentencia C-590 de 2005.”
18 “Sentencia T-102 de 2006.”
8
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Demandante: Camilo Gaviria Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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de control de protección de derechos e intereses colectivos, pero no se
sustentó razón alguna para inferir de ello una tensión con derechos
fundamentales.
Por consiguiente, para la Sala es evidente que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional por cuanto el asunto en estudio no tiene la
categoría para desarrollar el alcance de un derecho fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 19 de julio de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.
CUARTO: Se reconoce personería al abogado Richard Gómez Vargas para
actuar en representación del señor Camilo Gaviria Gutiérrez.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
9
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