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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02216-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02216-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02216-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: URIEL HERNANDO RAMÍREZ SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
cumple en este caso, dado que la parte actora busca discutir aspectos netamente
económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 24 de agosto de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 3 de mayo de la presente anualidad, el señor Uriel Hernando Ramírez
Sánchez, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el tribunal administrativo de boyacá en la sentencia
proferida el día 12/04/2023, en el expediente rad. no.
15001333300820220007501, transgredió los derechos fundamentales: al
debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la
administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial
vertical, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

1La Sala advierte que, el 26 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al tribunal
administrativo de boyacá; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la corte constitucional en las
sentencias su 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la sección segunda del h.
consejo de estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo con los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33- SENTENCIA DE
Dra. SANDRA
000- 6 de agosto UNIFICACIÓN DEL
1 LISETH
201300666-01 de 2020 CONSEJO DE
IBARRA
(0833-16) ESTADO
76001-23-31- Dr. CÉSAR
000200900867- 24 de enero Dra. SANDRA PALOMINO CORTÉS
2 01, No. Interno: LISETH
de 2019 - Dr. CARMELO
IBARRA
4854-2014 PERDOMO CUÉTER
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ NAVAS
3 000- YEPES
2019 - Dr. GUILLERMO
201803499-01 CORRALES
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. WILLIAM
08001 23 33 Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ
2 de
000 2014 FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
4 diciembre de
00173-01 SUÁREZ GABRIEL
2019
(1688-16) VARGAS VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR
08001-23-33- Dra. SANDRA PALOMINO CORTÉS
10 de junio
5 000- LISETH - Dr.
de 2020
201400208-01 IBARRA CARMELO
PERDOMO CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-31-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 22 de octubre
6 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201400254-01 de 2020
GÓMEZ GABRIEL
(4960-2017)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
7 000- noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201400132-01 2020 GÓMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31
HERNÁNDEZ
000 2014 Dr. GABRIEL
17 de junio GÓMEZ -
8 00815 VALBUENA
de 2021 Dr. RAFAEL
01 (4979– HERNÁNDEZ
FRANCISCO
2017)
SUÁREZ VARGAS
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33- Dr. CÉSAR IBARRA VÉLEZ - Dr.
17 de junio
9 000- PALOMINO CARMELO
de 2021
201500331-01 CORTÉS PERDOMO
CUÉTER

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Dr. RAFAEL
FRANCISCO
19001-23-33-
4 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-2015-
10 noviembre HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00445-
de 2021 GÓMEZ GABRIEL
02(048320)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33- Dr. CÉSAR
000- 25 de Dra. SANDRA PALOMINO CORTÉS
11 201401127-01 noviembre de LISETH - Dr.
(1002-2021) 2021 IBARRA CARMELO
PERDOMO CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
40001-23-40-
25 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-
12 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201700134-01
2021 GÓMEZ GABRIEL
(2208-2020)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
080001-23-40-
11 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-
13 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201590008-01
2021 GÓMEZ GABRIEL
(2387-2020)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
080001-23-40- HERNÁNDEZ
11 de Dr. GABRIEL
000- GÓMEZ -
14 noviembre de VALBUENA
201490022-01 Dr. RAFAEL
2021 HERNÁNDEZ
(5154-2016) FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS
Dr. WILLIAM
080001-23-33- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL
000- 20 de enero GÓMEZ -
15 VALBUENA
201700931-01 de 2022 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
(1001-2021) FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
080001-23-33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 3 de marzo
16 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201500075-01 de 2022
GÓMEZ GABRIEL
(2660-2020)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
76001-23-33- Dr. CÉSAR
000- Dr. CARMELO PALOMINO
28 de abril
17 201300756-01 PERDOMO CORTÉS - Dra.
de 2022
(2224-2020) CUÉTER SANDRA LISETH
IBARRA
Dr. WILLIAM
080001-23-40- Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ
000- 9 de mayo FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
18
201700795-01 de 2022 SUÁREZ GABRIEL
(2659-2020) VARGAS VALBUENA
HERNÁNDEZ
47-001-23-33- Dr. CÉSAR
000- Dra. SANDRA PALOMINO CORTÉS
19 de mayo
19 201900359-01 LISETH - Dr.
de 2022
(4004-2021) IBARRA CARMELO
PERDOMO CUÉTER
47-001-23- Dr. CÉSAR
33000-2019- Dra. SANDRA PALOMINO CORTÉS
1 de julio de
20 00376- LISETH - Dr.
2022
01 (4462- IBARRA CARMELO
2021) PERDOMO CUÉTER

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
Dr. CÉSAR
000- 22 de Agosto IBARRA VELEZ – Dr.
21 PALOMINO
201500509-01 de 2022 CARMELO
CORTÉS
(2140-2020) PERDOMO CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
22 de Dr. CESAR
000- IBARRA VELEZ – Dr.
22 Septiembre PALOMINO
201590124-01 CARMELO
de 2022 CORTÉS
(2394-2020) PERDOMO CUÉTER

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez labora como docente con la «entidad
territorial certificada en Educación de Boyacá», se encuentra afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiario del régimen de
cesantías anualizadas.

El 27 de julio de 2021, el señor Ramírez Sánchez le solicitó a la Secretaría de
Educación del Departamento de Boyacá y al Fomag, entre otras, el
reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación oportuna de las
cesantías, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y
50 de 1990.

Mediante acto administrativo «BOY2021EE029261», notificado el 29 de agosto de
2021, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá negó lo solicitado.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Ramírez Sánchez demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y
al departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías.

Mediante sentencia del 7 de diciembre 2022, el Juzgado Octavo Administrativo
Oral de Tunja negó las súplicas de la demanda, por considerar que el señor
Ramírez Sánchez se encontraba afiliado al Fomag y, por tanto, tenía un régimen
especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas
ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que

2 En adelante Fomag.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe
regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990,
que sí la estableció.

En providencia del 12 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible
hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al caso del señor Ramírez Sánchez, quien había ocupado el cargo de
docente oficial al servicio del departamento de Boyacá y se encontraba cubierto
por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria
aplicación y, por tanto, en aplicación de los principios de autonomía e
independencia judicial, consideró que el régimen general de cesantías previsto en
las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y
pagar las cesantías a un fondo privado hasta el 15 de febrero de cada año,
generándose una sanción por el incumplimiento del plazo legal. Pero, insistió,
dicho régimen no cobija al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos
privados de cesantías.

Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU-
098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que allí los docentes no fueron
afiliados al Fomag, mientras que el señor Ramírez Sánchez sí.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 22 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se
determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo
de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo
de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la
masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección
2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,
como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al
docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es
llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio
de seguridad jurídica, toda vez que «existe una abierta discordancia, entre lo
expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023 y la decisión adoptada el 12/04/2023 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá».

Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 10 de mayo de 2023, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las partes y
a los terceros con interés.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó
que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por
cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de
unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no
se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el
primer mes de cada vigencia».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Sostuvo que el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez realizó una indebida
interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues
reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos
establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los
intereses, frente a lo cual es «imposible que se cause una demora respecto de un
hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los
docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de
cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial
accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó
las garantías procesales.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se negaran las pretensiones
de la solicitud de amparo, por resultar improcedente. Para tal efecto, indicó que,
según el criterio fijado en la sentencia SU-573-2019, las acciones de tutela
dirigidas «contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la
sanción moratoria para los docentes oficiales» carecen de relevancia
constitucional, «debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto
meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que no tiene
relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca
reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima
facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial».

2.4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó ser desvinculado del proceso de
la referencia. A su juicio, no está legitimado por pasiva, dado que, de conformidad
con los hechos de la demanda, la eventual responsabilidad sobre la supuesta
vulneración de los derechos del señor Ramírez Sánchez recae sobre la Secretaría
de Educación a la que se encuentra adscrito el accionante y la Fiduprevisora, en
calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, quienes
por ley tienen la obligación de reconocer y pagar las cesantías a los docentes.

Además, adujo que la acción incoada por el señor Ramírez Sánchez carece de
relevancia constitucional, porque es evidente que el objeto de la litis es puramente
económico.

La entidad concluyó que no se ha configurado el defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial alegado por el accionante, toda vez que la regla
jurisprudencial fijada en la sentencia SU-098 de 2018 no es compatible con los
supuestos fácticos que motivaron la demanda de nulidad y restablecimiento del

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

derecho en el caso del docente Ramírez Sánchez, en la medida en que el objeto
del litigio no se relaciona con una vinculación inoportuna del docente al Fomag,
sino que versa sobre el reconocimiento y pago extemporáneo de las cesantías,
con la pretendida sanción moratoria propia de la Ley 50 de 1990.

2.5. La apoderada del Departamento de Boyacá manifestó que el fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Boyacá no vulneró los derechos fundamentales
del accionante, toda vez que se profirió con base en los hechos narrados y las
pruebas allegadas al proceso, sin que se hubiera incurrido en los defectos
endilgados por el accionante.

2.6. El señor Ramírez Sánchez presentó memorial en el que se opuso a las
contestaciones efectuadas por el accionado y los vinculados al proceso de tutela
de la referencia, bajo las siguientes consideraciones:

i) Si bien debe respetarse la autonomía e independencia judicial, es deber del juez
de tutela analizar el asunto de la referencia, propendiendo por dar un trato
igualitario al docente, toda vez que existen varios pronunciamientos judiciales en
los que se ha reconocido la sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías
a docentes oficiales.

ii) La acción incoada cumple con los requisitos generales de procedencia, porque:
a) expuso las razones por las que estima vulnerado su derecho al debido proceso;
b) agotó los medios de defensa ordinarios; c) la acción cumple con el requisito de
inmediatez y d) argumentó con suficiencia por qué el Tribunal Administrativo de
Boyacá, con la sentencia proferida el 12 de abril de 2023, desconoció el
precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria a los docentes,
establecida en la Ley 50 de 1990.

3. Fallo impugnado

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia
del 24 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, por
considerar que incumplió con el requisito de relevancia constitucional. Esto,
debido a que (i) carece de carga argumentativa, pues el accionante no explicó por
qué los hechos narrados en la solicitud de amparo son de trascendencia
constitucional y (ii) los argumentos que presentó el accionante son los mismos
que expuso en el proceso ordinario como fundamento de sus pretensiones,
asunto que ya fue definido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de
primera instancia, la acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia
constitucional. Que, de hecho, en un caso similar, la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 19 de enero de 2023,
concedió el amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 24 de agosto de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de
tutela.

Para tal efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia
judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se hubiera cumplido tal requisito, junto con los demás exigidos por la
jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para
establecer si las autoridades demandadas vulneraron o no los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayor es
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el
12 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual
confirmó la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2022, por el Juzgado Octavo
Administrativo de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el señor Uriel Hernando Ramírez
Sánchez.

En concreto, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de
la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en
su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra
dicha sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene
vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes
razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Ramírez Sánchez
carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia
que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se
direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU- 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su
lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional,
precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas o
patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.
Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”3 . Por tanto, solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo
vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a
una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal
con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de
tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos
acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su
mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su
vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 2022 5, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y
no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en
sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al
amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha
sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole
estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de
una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad

3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.

Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01
11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo
contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de
reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su
naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el
auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de
desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta
de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta
con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por
tanto, no requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante
que sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya
fueron materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual
es evidente que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de
amparo como un recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento
favorable a sus intereses, el cual, dicho sea de paso, corresponde a una
discusión de carácter eminentemente económico a través del
reconocimiento de una sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como
una instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no
tengan una relación directa con una discusión de carácter fundamental6.

Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una
clara vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo
mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria
cuando el empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior,
porque este monto es de naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que
no da lugar a la intervención del juez de tutela.

También es importante anotar que el accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no
consignación de sus cesantías.

Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio del
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en

6Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01,
M.P. Fredy Ibarra Martínez.
12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

la solicitud de amparo.

2.2. Desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 7:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 8.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente 9).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto 10.

7 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
8 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
9 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
10 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las

particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia11.

En este sentido, según el accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018, así
como el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-
SII-022-2020 del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a
que lo allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala
advierte que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la
demandante, lo cual desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo
constatar a través de los siguientes cuadros comparativos:

Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente no se
suministra información
sobre este aspecto
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente Si bien no obran en el
terminó, sin embargo, la expediente los actos
Secretaría de educación, por administrativos
medio de la resolución relacionados con la
4143.3.21.5447 del 22 de vinculación de la
octubre de 2007, le reconoció demandante, del extracto
el pago de las prestaciones de intereses del 27 de
sociales definitivas y le octubre de 2021, se
informó que el paso se puede observar que ha
realizaría al respectivo Fondo causado intereses desde
de Cesantías. 2006. En tal virtud se
presume que está
vinculado al servicio
docente oficial desde esa
anualidad.
Afiliación al Fomag Por un error interno, el El docente se encuentra
docente solo fue afiliado al afiliado al Fomag.
Fomag en 2007, a pesar de
haberse vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación El docente solicitó, el 27
cesantías y sus laboral con el Municipio de de julio de 2021, el pago
intereses. Cali, al docente le de la sanción moratoria
reconocieron el pago de las por la no consignación de
prestaciones sociales, entre las cesantías y la
estas, las cesantías. indemnización por el pago
tardío de los intereses.

11 El accionante también consideró vulnerados los principios de seguridad jurídica, «norma más
favorable» y «perpetuatio jurisdictionis».
14

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el El docente solicitó tanto
reconocimiento, liquidación y el reconocimiento y el
pago de la sanción moratoria pago de la sanción
por la no consignación de las moratoria por la no
cesantías, los intereses a las consignación de las
cesantías ni los rendimientos. cesantías como la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses de las
cesantías.

Sentencia del
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- 22 de
022-2020 septiembre de
2022 del
Consejo de
Estado12

Determinar si el Determinar el momento Definir si operó
Tribunal Administrativo a partir del cual se la prescripción
de Boyacá desconoció contabiliza el término de de la sanción
el precedente prescripción para moratoria
jurisprudencial que reclamar la sanción reclamada por
alude a la aplicación de moratoria de la Ley 50 la accionante
la Ley 50 de 1990, para de 1990. por el pago
el reconocimiento de la tardío de las
sanción moratoria por la cesantías
no consignación anualizadas, o
oportuna de las sí, por el
cesantías a los contrario,
docentes oficiales. procede
su
reconocimiento.

Sanción La no consignación de La consignación tardía Pago tardío de
moratoria las cesantías del año de las cesantías en las las cesantías
solicitada 2020 anualidades 2005, 2006 de los años
y 2007 1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y Sentencia
legales y/o de la Seguridad Social. CESUJ-SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50
problema de 1990.
jurídico

Características - Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del - Afiliado a Fomag Salud Municipal -Afiliada a
demandante - El vínculo laboral - Afiliada a Fomag
está vigente. Colfondos -El vínculo
laboral estaba
vigente hasta la
presentación
de
demanda
ordinaria.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22
de septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.
15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Sentencia del 29 de julio
Criterio Sub lite de 2019 emitida por el
Consejo de Estado13

Vinculación En el expediente no se Docente en propiedad
suministra información
sobre este aspecto
Estado del vínculo laboral Si bien no obran en el
expediente los actos
administrativos En la sentencia no se
relacionados con la suministra información sobre
vinculación de la este aspecto
demandante, del extracto
de intereses del 27 de
octubre de 2021, se puede
observar que ha causado
intereses desde 2006. En
tal virtud se presume que
está vinculado al servicio
docente oficial desde esa
anualidad.
Afiliación al Fomag El docente se encuentra Según la sentencia en
afiliado al Fomag. mención, sí está afiliada.

Reclamación del pago de El docente solicitó, el 27 de La docente solicitó el
las cesantías y sus julio de 2021, el pago de la reconocimiento y el pago de
intereses. sanción moratoria por la no la sanción moratoria por
consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.

Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
—incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.

En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente
diferente al caso del señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez, en la medida en que
allá, (i) por un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al Fomag;
(ii) su vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de
hecho, (iii) ya se le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el
traslado de los recursos al fondo de cesantías.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.
16

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De hecho, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero también advirtió que no podían aplicarse al
asunto objeto de estudio, porque existe una clara diferencia entre el
funcionamiento del Fomag y la forma como se administran los recursos en los
fondos privados de cesantías, habida cuenta de que en el primero rige el principio
de unidad de caja, lo que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo
de los fondos, no se efectúan consignaciones a cuentas individuales de los
docentes, sino que todos los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema
General de Participaciones, son girados al Fomag, para que este pague las
prestaciones correspondientes una vez sean exigibles.

De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación 14, tiene ciertas
similitudes con el caso examinado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, lo
cierto es que no era una decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en
sede de tutela tienen efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta
vinculante el fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado 15, al que también aludió la parte
actora.

Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese f allo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 16, analizó un
caso que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la
solicitud de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el
estudio del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por
lo que no observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de
la parte demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente».

Aún más, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura, mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-20230 del 11 de octubre de
202317, frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en la que indicó
que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en la normativa citada, debido a que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1981.
Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos

14
Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su
lugar, se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se
sustentaba en la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
15 Expediente 11001031500020230106300.
16 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya

Escobar.
17 Sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01

(5746-2022).
17

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-01
Demandante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

del país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes
vinculados después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna
de los recursos del Ministerio de Educación al Fomag, basta señalar que tales
decisiones no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo de Boyacá,
por emanar de jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el
desconocimiento del precedente alegado.

Entonces, teniendo en cuenta (i) que el accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento
del precedente judicial enlistado por el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez,
dado que no comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos
jurídicos y, además, (iv) que el Tribunal Administrativo de Boyacá argumentó
suficientemente por qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud
de amparo incumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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