RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-15-000-2021-09117-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-09117-01

Constitucional: se discuten aspectos netamente económicos

Fecha
18 de marzo de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
53 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-09117-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-09117-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

18 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-09117-01

Accionante: GIOVANA MONTOYA MONTOYA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se discuten aspectos netamente económicos.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia
proferida el 10 de diciembre de 20211 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 20 de noviembre de 2021, la señora Giovana Montoya
Montoya, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

1 El proceso entró al despacho para fallo el 11 de febrero de 2022.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

2. Hechos relevantes

La accionante manifestó que el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 le
asignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de las
cesantías de los docentes del sector oficial.

Sostuvo que el 27 de febrero de 2017 le solicitó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía
derecho.

Mediante Resolución número 7027 del 26 de septiembre de 2017 se le reconoció
las cesantías a la señora Montoya, las que fueron pagadas el 27 de febrero de
2018.

Dada la tardanza para el pago de las cesantías y en virtud de lo consagrado en el
artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, la accionante, el 19 de junio de 2018, le solicitó
al Ministerio de Educación el pago de la sanción moratoria, petición que le fue
resuelta -de forma ficta- de manera negativa.

En virtud de lo anterior, contra dicho acto administrativo se interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, el que le correspondió por reparto al
Juzgado Doce Administrativo de Bogotá que accedió a las súplicas de la demanda;
sin embargo, el 10 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó la anterior decisión.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La actora indicó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo, en una falta de motivación y en
un desconocimiento del precedente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que existió “una incongruencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión”, toda vez que (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores):

El juzgador de segunda instancia confunde la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías que aquí se reclama que es la contenida en la ley 1071
de 2006 que modifica la ley 244 de 1995, con la sanción moratoria que pueden

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

reclamar los trabajadores por obligación que tienen los empleadores de consignar
las cesantías en el respectivo fondo el 15 de febrero de cada anualidad, sanción
que si es propia del régimen anualizado de cesantía, es decir la contenida en el
artículo 99 de la ley 50 de 1990.

Tenemos que la ley 1071 de 2006 regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan
términos para su cancelación, pero en ningún momento discrimina bajo qué
régimen de cesantías deben estar supeditados los servidores públicos para
que puedan ser reconocidas estas sanciones.

Afirmó que se desconoció la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, en la
que se le reconoció la mora por el pago tardío de las cesantías a un docente
nacionalizado.

Finalmente, adujo que se violó la Constitución Política al no tener en cuenta lo
consagrado en su artículo 53, en cuanto determina que en caso de duda en la
aplicación o interpretación de una norma se debe optar con la más benéfica al
trabajador e insistió que la decisión “resultaba incongruente”.

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
integrada por los magistrados RAMIRO IGANCIO DUEÑAS RUGNON, JAIME
ALBERTO GALEANO GARZÓN y PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS
BRAVO(Con salvamento de voto), transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la accionante con la decisión contenida en
la sentencia del 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 proferida dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por el (la) Docente GIOVANA
MONTOYA MONTOYA contra La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, bajo
radicado No. 11001333501220180063501.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, integrada por los Magistrados
RAMIRO IGANCIO DUEÑAS RUGNON, JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN
y PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO(Con salvamento de voto); dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo al precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado
mediante Sentencia Unificación del 18 de Julio de 2018 dentro del expediente
73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15), Actor: JORGE LUIS OSPINA
CARDONA, Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, como
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

4.- La oposición

4.1. Mediante auto del 24 de noviembre de 2021, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a la autoridad
accionada y se vinculó al Juzgado Doce Administrativo de Bogotá, a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y a la Fiduprevisora
como terceros interesados.

4.2. La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no realizó acción u omisión que
le hubiera vulnerado los derechos fundamentales a la accionante; además, que era
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el llamado a responder en el presente
asunto.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Doce Administrativo
de Bogotá, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora guardaron silencio.

5.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de diciembre de 2021, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, al incumplirse con el requisito
de relevancia constitucional, tras considerar que: i) se intentó reabrir la controversia
resuelta por el juez ordinario y ii) se planteó un debate estrictamente legal y
económico.

6.- La impugnación

La accionante impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que
manifestó que el asunto sí cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que la decisión cuestionada viola los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.

Insistió en que se desconoció la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018,
en la que se sostuvo que, sin importar el régimen de cesantías al que pertenezca

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

el docente, se debe reconocer la sanción moratoria por pago tardío; además, que
se incurrió en una incongruencia “puesto que lo reclamado en sede contenciosa-
administrativa era la mora en el pago de las cesantías definitivas, lo que no tiene
relación con el régimen anualizado, como erróneamente lo concluyeron las
autoridades accionadas”.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características3.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son4:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,

exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de

2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de

febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado5.

2. Caso concreto

La Sala considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente
asunto, dado que no se cumplen con el requisito de relevancia constitucional, tal
como se pasa a explicar.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de

diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria
porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto
administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha
prestación social y se tardó más de 260 días en mora6.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión
netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al
pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no se orienta a la
protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. En principio, esta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que,
en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo
de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no
obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al
no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional 7.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del
año 20198, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto
examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones
judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por
el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el
carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como
prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que
se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, “solo en la
medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente
cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al
mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella sentencia
unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada
por las cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por
el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente

6 La Ley 1071 de 2006 prescribe: Artículo 5º. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá

un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público,
para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.
7 Original del texto: Ver fallos del 20.02.2020 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-

04788-01, y 7.05.2020, Rad.11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos con ponencia de la
magistrada Rocío Araújo Oñate.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la intervención del juez de
tutela.

37. De acuerdo con este precedente establecido por el Tribunal Constitucional, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión
de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, aclaró la Corte que
no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías, toda vez
que tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de
naturaleza eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez
constitucional9.

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado:

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es evidente
que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo como un
recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses, el
cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter eminentemente
económico a través del reconocimiento de una sanción moratoria por el pago
tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan una
relación directa con una discusión de carácter fundamental10 (se destaca).

Así las cosas, como en el presente asunto lo que se pretende es que se deje sin
efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
que, en su lugar, se le reconozca la sanción moratoria -aspecto netamente
económico11-, la Sala considera que la demanda de tutela es improcedente.

Como consecuencia, la Subsección confirmará la sentencia proferida por la Sección
Primera de la Corporación.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de

mayo de 2021, expediente 2021-01836, M.P. Rocío Araújo Oñate (la impugnación fue rechazada
por extemporánea), la anterior decisión fue reiterada en la sentencia del 8 de julio de 2021,
expediente 2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
11 Al respecto ver: T-379 del 23 de junio de 2015, M.P.: Alberto Rojas Ríos, en la que se ha indicado

que: “11. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la acción de tutela resulta improcedente
para dirimir conflictos que involucren derechos de contenido económico, máxime cuando se trata de
asuntos que surgen con ocasión a la solicitud de reconocimiento y reintegro de sumas de dinero,
puesto que para la solución de este tipo de casos, el legislador consagró en la jurisdicción ordinaria
la acción pertinente para garantizar el ejercicio y la protección de dichos derechos”.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-09117-01
Actor: Giovana Montoya Montoya
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.