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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05314-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los requisitos

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05314-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Modificar la sentencia impugnada, proferida el 26 de octubre de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo que presentó la señora Yeny Patricia Rangel Palencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05314-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: YENY PATRICIA RANGEL PALENCIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos
generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de
fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 26 de octubre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la acción
de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 22 de septiembre de 2023, la señora Yeny Patricia Rangel Palencia, por medio
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 7/13/2023, en el expediente rad. No.
15001333300820220005901, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

1 La Sala advierte que, el 7 de diciembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL

N RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
o. EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES

Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL

Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
Dra. GLORIA
otros 25 de julio UNIFICACIÓN 332
2 STELLA ORTIZ
de 2019 /2019 DE LA CORTE
DELGADO
CONSTITUCIONAL

Dr. LUIS SENTENCIA DE
6 de
Exp. T 7.182-312 GUIILLERMO UNIFICACIÓN 041
3 febrero de
y otros GUERRERO /2020 DE LA CORTE
2020
PÉREZ CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No.
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES

08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-
6 de agosto de Dra. SANDRA UNIFICACIÓN DEL
1 201300666-
2020 LISETH IBARRA
01 CONSEJO DE
ESTADO
(0833-16)

76001-23-31- Dr. CÉSAR
PALOMINO
00020090086
24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2 7-01, No.
2019 LISETH IBARRA CARMELO
Interno:
PERDOMO
4854-2014 CUÉTER

11001-0315- Dr. JAIME
Dr. NICOLÁS
17 de junio de ENRIQUE
3 000-2018- YEPES
2019
04617-01 CORRALES RODRÍGUEZ
NAVAS - Dr.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE

DRA. NUBIA
Dr. ROBERTO MARGOTH PEÑA
11001-03-15-
28 de junio de AUGUSTO GARZÓN- DR.
4 000-2018-
2019 SERRATI HERNANDO
04679-01)
VALDÉS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ
5 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
03499-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. WILLIAM
08001 23 33 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
000 2014 2 de diciembre FRANCISCO
6 GÓMEZ - Dr.
00173-01 de 2019 SUÁREZ
GABRIEL
(1688-16) VARGAS
VALBUENA
Dr. CÉSAR
08001-23-33- PALOMINO
10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7 000-
201400208- 2020 LISETH IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
CUÉTER

Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-31-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000-2014- 22 de octubre de
8 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00254-01 2020
GÓMEZ GABRIEL
(4960-2017)
VALBUENA
HERNÁNDEZ

Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-33- SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 12 de noviembre
9 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201400132- de 2020
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31
HERNÁNDEZ
000 2014 Dr. GABRIEL GÓMEZ -
17 de junio de
10 00815 VALBUENA
2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01 (4979–
2017) FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS
Dra. SANDRA
LISSET IBARRA
08001-23-33- Dr. CÉSAR VÉLEZ - Dr.
17 de junio de
11 000-2015- PALOMINO
2021 CARMELO
00331-01 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Dr. RAFAEL
FRANCISCO
19001-23-33-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000-2015- 4 de noviembre
12 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
de 2021
00445- GÓMEZ GABRIEL
02(048320)
VALBUENA
HERNÁNDEZ

08001-23-33- Dr. CÉSAR
PALOMINO
000- CORTÉS - Dr.
201401127- 25 de noviembre Dra. SANDRA
13
01 de 2021 LISETH IBARRA CARMELO
PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER

Dr. RAFAEL
40001-23-40- FRANCISCO
SUÁREZ
000- Dr. WILLIAM
25 de noviembre
14 201700134- HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
de 2021
01 GÓMEZ GABRIEL
(2208-2020) VALBUENA
HERNÁNDEZ

Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
40-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 11 de noviembre
15 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201590008- de 2021
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ

080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL GÓMEZ -
000- 11 de noviembre
16 VALBUENA
201490022- de 2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01
FRANCISCO
(5154-2016) SUÁREZ VARGAS

080001-23- Dr. WILLIAM
33- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL GÓMEZ -
000- 20 de enero de
17 VALBUENA
201700931- 2022 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01
FRANCISCO
(1001-2021) SUÁREZ VARGAS

Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
33-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 3 de marzo de
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201500075- 2022
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

76001-23-33- Dr. CÉSAR
000- Dr. CARMELO PALOMINO
28 de abril de
19 201300756- PERDOMO CORTÉS - Dra.
2022
01 CUÉTER SANDRA LISETH
(2224-2020) IBARRA

080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
000- 9 de mayo de FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
20 GABRIEL
201700795- 2022 SUÁREZ
01 VARGAS VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ

47-001-23- Dr. CÉSAR
33- PALOMINO
CORTÉS - Dr.
000- 19 de mayo de Dra. SANDRA
21
201900359- 2022 LISETH IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
CUÉTER
(4004-2021)

Dr. CÉSAR
47-001-23-
PALOMINO
33000-2019-
1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
22 00376-
2022 LISETH IBARRA CARMELO
01 (4462-
PERDOMO
2021)
CUÉTER

08001-23-33- Dr. SANDRA
LISSET IBARRA
000- Dr. CÉSAR VELEZ – Dr.
201500509- 22 de agosto de
23 PALOMINO
01 2022 CARMELO
CORTÉS
PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER

08001-23-33- Dr. SANDRA
LISSET IBARRA
000- Dr. CESAR VELEZ – Dr.
201590124- 22 de septiembre
24 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO
CORTÉS
PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER

76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- FRANCISCO
SUAREZ
00212-02 Dr. WILLIAM
19 de enero de
25 HERNANDEZ VARGAS – Dr.
(4470-2021) 2023
GOMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ

47001-23-33- DR. WILLIAM
000-2018- DR. RAFAEL HERNÁNDEZ
26 de enero
26 0231- 01 FRANCISCO GÓMEZ – DR.
2023
(0871-2020) GOMEZ GABRIEL
VALBUENA

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La señora Yeny Patricia Rangel Palencia labora como docente «con la entidad
certificada en educación del Departamento de Boyacá». Además, se encuentra
afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiaria
del régimen de cesantías anualizadas.

El 9 de agosto de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por la
no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses,
con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.

Mediante oficio del 26 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá negó la solicitud de la demandante.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Yeny Patricia Rangel Palencia demandó al Ministerio de Educación Nacional
– Fomag y al Departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago
tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo
de Tunja negó las súplicas de la demanda, por considerar que la señora Yeny
Patricia Rangel Palencia se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un
régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que era
posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el
principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen
especial de los docentes— no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la
Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

2 En adelante Fomag.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En providencia del 13 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que la demandante
no podía beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, debido a que «no solo porque no resultan compatibles con el régimen
especial de cesantías de los docentes, sino igualmente, porque no existe una norma
como la ya mencionada Ley 1071 de 2006 que así lo determine».

Luego, empleando el mismo criterio de la SU 573 de 2019, determinó que no existe
identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU 098 de 2018 y el caso
en concreto, debido a que, entre otras razones, aquí la
demandante sí fue afiliada al Fomag.

Indicó que tampoco tendrá en cuenta las sentencias emitidas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en las que se aplicó el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a favor de los docentes oficiales afiliados al Fomag, debido a que no se tuvo en
cuenta «el análisis sistemático de la normativa aplicable y las consideraciones de la
sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019».

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó
que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba
aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es,
la Ley 50 de 1990.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo de
Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de
los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la
masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección
2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a
los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se
ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente
oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo
con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de
seguridad jurídica, toda vez que «existe una abierta discordancia. entre lo
expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023 y la decisión adoptada el 7/13/2023 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, en el expediente radicado No. 15001333300820220005901».

Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del
país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador de
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que este se notificara a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Boyacá, como parte
demandada, y, como terceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional, a la
Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag, y al Departamento de Boyacá.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó
que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por
cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad
de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se
consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el
primer mes de cada vigencia».

Solicitó que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial
accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las
garantías procesales.

2.3. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo, bajo el argumento de que, entre otras, la parte accionante
pretende convertir la sede de tutela en una instancia adicional al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-008-2022-00059-01.

2.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara improcedente la
presente solicitud de amparo, debido a que la parte actora pretende reabrir el debate
jurídico que se resolvió en sede ordinaria y, además, de la sola lectura de la
sentencia de segunda instancia, se advierte que la decisión fue razonada y abordó
todos los reparos que presentó el hoy accionante en el recurso de apelación.

2.5. El Departamento de Boyacá pidió que se negara la acción de tutela. Para tal
efecto, manifestó la Ley 50 de 1990 resulta inaplicable a los docentes oficiales
afiliados al Fomag, puesto que estos tienen un régimen jurídico especial en materia
de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la sanción moratoria.

Sostuvo que la sentencia SU-098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no
guarda identidad fáctica y jurídica con lo que se debate en este proceso, pues en
aquel se trató de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al
Fomag.

Por último, indicó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el
reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector
docente, pues el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990
y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por
el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normativas.
Pero, insistió, dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los servidores
afiliados a fondos privados de cesantías.

3. Fallo impugnado

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del
26 de octubre de 2023, afirmó que la presente demanda de tutela cumplió con los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, porque, por ejemplo,
respecto al requisito de relevancia constitucional, la parte accionante individualizó
los derechos fundamentales que consideró vulnerados por parte de la autoridad
judicial accionada. Por tanto, el a quo, al estudiar de fondo el sub lite,
negó las pretensiones de la solicitud de amparo, por considerar que el Tribunal
Administrativo de Boyacá no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la
parte accionante, pues, luego de valorar las respectivas pruebas, explicó por qué no
era viable aplicar las disposiciones establecidas en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al sector docente de manera razonada y con una argumentación suficiente.
Así lo indicó:

(…)

Es claro, entonces, que lo planteado en esta sede constitucional se limita a
evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación de una norma,
lo que no es suficiente para calificar una providencia como arbitraria o
caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho fundamental alguno pues,
como quedó visto, no ha sido expedida una sentencia de unificación
vinculante que imponga el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en
la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías a los docentes
que se encuentran en la misma situación fáctica de la accionante y, en ese
sentido, el Tribunal resolvió el asunto bajo un análisis plausible, con una
carga de argumentación suficiente y razonable que debe ser respetada en
virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.

(…)

4. Impugnación3

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de primera
instancia, en virtud de la sentencia SU 098 de 208, se deberá amparar los derechos

3 Concedida mediante auto del 17 de noviembre de 2023, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez (E)
Documento con certificado 7D6E95C023BAA130 D23C8DEA3BA57B31 DDF2DBA88C96BA50
366D6411C1C08C86, visible en el índice 00026 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

fundamentales invocados en la solicitud de amparo. Que, de hecho, en un caso
similar, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia
del 23 de marzo de 2023, así lo dispuso .

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 26 de octubre de 2023, por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante el cual se negó las pretensiones de la acción de
tutela.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial,
particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se hubiera
cumplido tal requisito, junto con los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala
descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la autoridad
demandada vulneró o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 13 de
julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual confirmó
la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2022, por el Juzgado Octavo
Administrativo de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la señora Yeny Patricia Rangel
Palencia.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la
sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le
debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

En ese sentido, la Sala se separa del razonamiento del a quo en cuanto afirmó que
la tutela satisfizo el requisito de relevancia constitucional, toda vez que, contrario a lo
allí afirmado, en criterio de esta Subsección la solicitud de amparo elevada por la
señora Rangel Palencia carece de dicho requisito , debido a que la controversia que
aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a
un debate de índole económico, pues, como se vio, se pretende el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

No es suficiente, como se afirma en el fallo impugnado que en la demanda de tutela
se individualice los derechos fundamentales que vulneró la autoridad judicial
accionada y que se identifiquen los defectos en que habría incurrido la providencia
para dar por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional y que se
justifique dictar una decisión de fondo. No. Pese a la relación de la mayoría de los

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

litigios con los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y al debido proceso —prerrogativas, todas, invocadas en la demanda de
tutela—, el legislador, según unas reglas de competencia, asignó la tarea de resolver
las controversias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado por regla
general (Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011) al juez contencioso administrativo y,
de manera excepcional, al juez ordinario (numeral 1 del artículo 105 de la Ley 1437
de 2011).

Quiere decir lo anterior que la intervención del juez constitucional es absolutamente
excepcional y limitada a los eventos en los que exista una posible y verdadera
afectación de derechos constitucionales que desborde el juicio de los jueces
naturales.

De esta manera, la Sala reitera que el papel del juez constitucional no está previsto
para actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios
de corrección6 de sus decisiones judiciales, salvo casos excepcionalísimos, en los
que la discusión esté desprovista del enfoque de instancia adicional y contenga una
verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso en virtud del cual el
artículo 29 constitucional establece el derecho a ser juzgado «ante juez o tribunal
competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad
u organismo estatal, para evitar que otras asuman funciones que no les han sido
encomendadas. De manera que cualquier intención dirigida a que se reemplace o se
actué como juez natural de la causa debe ser contenida en sede de tutela. De lo
contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios del juez natural,
independencia y autonomía judiciales, para convertirse en el escenario último en el
que desemboquen todos los litigios judiciales por desacuerdos con la composición
que del conflicto realicen los operadores judiciales de la causa.

Precisado lo anterior, la referida solicitud de amparo no tiene vocación de
prosperidad por las siguientes razones:

La Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU- 573 de 2019, revocó
diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción
moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas
improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente porque consideró

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba
instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido
el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de
rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”4 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social
del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a
la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es
un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los
antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar
que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda
comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes
mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico5

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 20226, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no
se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en
sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al
amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha
sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole
estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una
garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad
con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo

4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta

Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su
naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el
auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de
desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad
social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta
con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto,
no requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es
evidente que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo
como un recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus
intereses, el cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de
carácter eminentemente económico a través del reconocimiento de una
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan
una relación directa con una discusión de carácter fundamental7.

Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una clara
vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo mismo con
la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el
empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior, porque este
monto es de naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a la
intervención del juez de tutela.

También es importante anotar que la accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no consignación
de sus cesantías.

Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un

7 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy
Ibarra Martínez.
15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio del
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
solicitud de amparo.

2.2. Desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas8:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció9.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente10).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la

8 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
9 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho

de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual
resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias.
Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii)
que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis.
También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
10 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,

entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto11.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia12.

En este sentido, según la accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018, así
como el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-
SII-022-2020 del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a que
lo allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala
advierte que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la
demandante, lo cual desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo
constatar a través de los siguientes cuadros comparativos:

Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de
tutela no se suministra
información sobre
este aspecto.
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente En el expediente de
terminó, sin embargo, la tutela no se suministra
Secretaría de educación, por información sobre
medio de la resolución este aspecto.
4143.3.21.5447 del 22 de
octubre de 2007, le reconoció
el pago de las prestaciones
sociales definitivas y le
informó que el paso se
realizaría al respectivo Fondo
de Cesantías.

Afiliación al Fomag Por un error interno, el El docente se encuentra
docente solo fue afiliado al afiliada al Fomag.
Fomag en 2007, a pesar de
haberse vinculado en 2003.

11 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
12 El accionante también consideró vulnerados los principios de seguridad jurídica, «norma más

favorable» y «perpetuatio jurisdictionis».
17

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación La docente solicitó, el 9
cesantías y sus laboral con el Municipio de de agosto de 2021, el
intereses. Cali, al docente le pago de la sanción
reconocieron el pago de las moratoria por la no
prestaciones sociales, entre consignación de las
estas, las cesantías. cesantías y la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el La docente solicitó tanto
reconocimiento, liquidación y el reconocimiento y el
pago de la sanción moratoria pago de la sanción
por la no consignación de las moratoria por la no
cesantías, los intereses a las consignación de las
cesantías ni los rendimientos. cesantías como la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses de las
cesantías.

Sentencia del
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- 022- 22 de
2020 septiembre de
2022 del
Consejo de
Estado13

Determinar si Determinar el momento a
el Definir si operó
Tribunal partir del cual se contabiliza la prescripción
Administrativo de el término de prescripción de la sanción
Boyacá desconoció para reclamar la sanción moratoria
el precedente moratoria de la Ley 50 de reclamada por
jurisprudencial que 1990. la accionante
alude a la por el pago
aplicación de la Ley tardío de las
50 de 1990, para el cesantías
reconocimiento de anualizadas, o
la sanción sí, por el
moratorio por la no contrario,
consignación procede
oportuna de las su
cesantías a los reconocimiento.
docentes oficiales.
Sanción La no consignación La consignación tardía de Pago tardío de
moratoria de las cesantías del las cesantías en las las cesantías
solicitada año anualidades 2005, 2006 y de los años
2020 2007 1997 a 2003.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de

septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.
18

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de la Sentencia
legales y/o Seguridad Social. CESUJ-SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50 de
problema 1990.
jurídico

Características • Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del • Afiliado a Fomag Salud Municipal -Afiliada a
demandante • El vínculo laboral - Afiliada a Fomag
está vigente. Colfondos -El vínculo
laboral estaba
vigente hasta la
presentación
de
demanda
ordinaria.

Sentencia del 29 de julio de
Criterio Sub lite 2019 emitida por el
Consejo de Estado14

Vinculación En el expediente de tutela Docente en propiedad
no se suministra
información sobre
este aspecto.
Estado del vínculo laboral En el expediente de tutela
no se suministra
información sobre En la sentencia no se
este aspecto. suministra información sobre
este aspecto

Afiliación al Fomag El docente se encuentra Según la sentencia en
afiliada al Fomag. mención, sí está afiliada.

Reclamación del pago de El docente solicitó, el 9 de La docente solicitó el
las cesantías y sus agosto de 2021, el pago de reconocimiento y el pago de
intereses. la sanción moratoria por la la sanción moratoria por
no consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de

julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.
19

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la Ley
50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias —
incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.

En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente diferente
al caso de la señora Yeny Patricia Rangel Palencia, en la medida en que allá, (i) por
un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al Fomag; (ii) su vínculo
con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de hecho, (iii) ya se
le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el traslado de los recursos al
fondo de cesantías.

Aún más, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían aplicarse al asunto objeto
de estudio, porque existe una clara diferencia entre el funcionamiento del Fomag y la
forma como se administran los recursos en los fondos privados de cesantías, habida
cuenta de que en el primero rige el principio de unidad de caja, lo que significa que,
a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos, no se efectúan
consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos los recursos,
provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son girados al
Fomag, para que este pague las prestaciones correspondientes una vez sean
exigibles.

De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación15, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en sede de tutela tienen
efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta vinculante el fallo de tutela
proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado16, al que también aludió la parte actora.

Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de esta

15 Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su lugar,

se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se sustentaba en
la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50 de
1990, en virtud del principio de favorabilidad.
16 Expediente 11001031500020230106300.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 202317, analizó un caso
que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la solicitud
de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el estudio del
caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente».

Además, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura, mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-20230 del 11 de octubre de 202318,
frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector docente, en la
que indicó que los docentes oficiales no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en la normativa citada, debido a que el sistema de administración de las
cesantías, prevista en la Ley 91 de 1981, se rige bajo el principio de unidad de caja.

Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos del
país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes
vinculados después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna
de los recursos del Ministerio de Educación al Fomag, basta señalar que tales
decisiones no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo de Boyacá, por
emanar de jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el
desconocimiento del precedente alegado.

Entonces, teniendo en cuenta (i) que la accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio que
acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial enlistado por la señora Rangel Palencia, dado que no comparten
identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos y, además, (iv) que
el Tribunal Administrativo de Boyacá argumentó suficientemente por qué se apartó
del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, se impone modificar la sentencia impugnada para, en su lugar,
declarar improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

17 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
18 Sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-

2022).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05314-01
Demandante: Yeny Patricia Rangel Palencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia impugnada, proferida el 26 de octubre de 2023 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo que presentó la señora
Yeny Patricia Rangel Palencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de
su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
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px.

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