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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05875-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05875-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Germán Antonio Romero Lidueña, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05875-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: GERMÁN ANTONIO ROMERO LIDUEÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que
proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el demandante busca
discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Germán Antonio Romero
Lidueña contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1 Pretensiones

El 2 de octubre de la presente anualidad 1, el señor Germán Antonio Romero Lidueña,
por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia2, con base en lo cual formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia
proferida el día 21/6/2023, en el expediente rad. No.70001333300420220004101,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN
CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL,
de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este

1
Se advierte que, el 14 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
El accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, «situación más
favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formas de derecho » y
perpetuatio jurisdictionis.

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento
y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a
los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL
RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
otros Dra. GLORIA UNIFICACIÓN 332
25 de julio
2 STELLA ORTIZ /2019 DE LA
de 2019
DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL
SENTENCIA DE
Dr. LUIS
6 de UNIFICACIÓN 041
Exp. T 7.182-312 GUILLERMO
3 febrero de /2020 DE LA
y otros GUERRERO
2020 CORTE
PÉREZ
CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33- SENTENCIA DE
000-201300666- 6 de agosto Dra. SANDRA UNIFICACIÓN DEL
1
01 de 2020 LISSET IBARRA CONSEJO DE
(0833-16) ESTADO
76001-23-31- Dr. CÉSAR
000200900867- PALOMINO
01, No. Interno: 24 de enero Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2
4854-2014 de 2019 LISSET IBARRA CARMELO
PERDOMO
CUÉTER
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
17 de junio RODRÍGUEZ
3 000-2018- YEPES
de 2019 NAVAS - Dr.
04617-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
DRA. NUBIA
Dr. ROBERTO MARGOTH PEÑA
11001-03-15-
28 de junio AUGUSTO GARZÓN- DR.
4 000-2018-
de 2019 SERRATO HERNANDO
04679-01)
VALDÉS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio RODRÍGUEZ
5 000-2018- YEPES
de 2019 NAVAS - Dr.
03499-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM
08001 23 33 000 2 de HERNÁNDEZ
FRANCISCO
6 2014 00173-01 diciembre GÓMEZ - Dr.
SUÁREZ
(1688-16) de 2019
VARGAS
2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

GABRIEL
VALBUENA

Dr. CÉSAR
PALOMINO
08001-23-33-
10 de junio Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7 000-201400208-
de 2020 LISSET IBARRA CARMELO
01
PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-31-
22 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-201400254-
8 octubre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
01
2020 GÓMEZ GABRIEL
(4960-2017)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
9 000-201400132- noviembre HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
01 de 2020 GÓMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
HERNÁNDEZ
08001 23 31 Dr. GABRIEL
17 de junio GÓMEZ -
10 000 2014 00815 VALBUENA
de 2021 Dr. RAFAEL
01 (4979–2017) HERNÁNDEZ
FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS
Dra. SANDRA
LISSET IBARRA
08001-23-33- Dr. CÉSAR
17 de junio VÉLEZ - Dr.
11 000-201500331- PALOMINO
de 2021 CARMELO
01 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
19001-23-33-
4 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-2015-
12 noviembre HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00445-
de 2021 GÓMEZ GABRIEL
02(048320)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33- Dr. CÉSAR
000-201401127- PALOMINO
25 de Dra. SANDRA
01 CORTÉS - Dr.
13 noviembre LISSET
(1002-2021) CARMELO
de 2021 IBARRA
PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
40001-23-40-
25 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-201700134-
14 noviembre HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
01
de 2021 GÓMEZ GABRIEL
(2208-2020)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
080001-23-40-
11 de Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-201590008-
15 noviembre HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
01
de 2021 GÓMEZ GABRIEL
(2387-2020)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
080001-23-40- HERNÁNDEZ
11 de Dr. GABRIEL
000-201490022- GÓMEZ -
16 noviembre VALBUENA
01 Dr. RAFAEL
de 2021 HERNÁNDEZ
(5154-2016) FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Dr. WILLIAM
080001-23-33- HERNÁNDEZ
20 de Dr. GABRIEL
000-201700931- GÓMEZ -
17 enero de VALBUENA
01 Dr. RAFAEL
2022 HERNÁNDEZ
(1001-2021) FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
080001-23-33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-201500075- 3 de marzo
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
01 de 2022
GÓMEZ GABRIEL
(2660-2020)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
76001-23-33- Dr. CÉSAR
000-201300756- Dr. CARMELO PALOMINO
28 de abril
19 01 PERDOMO CORTÉS - Dra.
de 2022
(2224-2020) CUÉTER SANDRA LISETH
IBARRA
Dr. WILLIAM
080001-23-40- Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ
000-201700795- 9 de mayo FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
20
01 de 2022 SUÁREZ GABRIEL
(2659-2020) VARGAS VALBUENA
HERNÁNDEZ
47-001-23-33- Dr. CÉSAR
000-201900359- PALOMINO
19 de Dra. SANDRA
01 CORTÉS - Dr.
21 mayo de LISSET
(4004-2021) CARMELO
2022 IBARRA
PERDOMO
CUÉTER
Dr. CÉSAR
47-001-23- PALOMINO
Dra. SANDRA
33000-2019- 1 de julio CORTÉS - Dr.
22 LISSET
00376- de 2022 CARMELO
IBARRA
01 (4462-2021) PERDOMO
CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
000-201500509- LISSET IBARRA
22 de Dr. CÉSAR
01 VÉLEZ – Dr.
23 agosto de PALOMINO
(2140-2020) CARMELO
2022 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
000-201590124- LISSET IBARRA
22 de Dr. CÉSAR
01 VÉLEZ – Dr.
24 septiembre PALOMINO
(2394-2020) CARMELO
de 2022 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- FRANCISCO
00212-02 Dr. WILLIAM SUAREZ
19 de enero
25 (4470-2021) HERNÁNDEZ VARGAS – Dr.
de 2023
GOMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
000-2018-0231- DR. RAFAEL HERNÁNDEZ
26 de enero
26 01 (0871-2020) FRANCISCO GÓMEZ – DR.
2023
SUÁREZ GABRIEL
VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El señor Germán Antonio Romero Lidueña está vinculado como docente «con la
entidad territorial certificada en educación del Departamento de Sucre». Además,
se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 28 de julio de 2021, el accionante solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental de Sucre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la
no consignación oportuna de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los
intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50
de 1990.

El señor Romero Lidueña, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó al Ministerio de Educación Nacional –
Fomag y al Departamento de Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo ficto surgido de la falta de respuesta a su petición.

Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Sincelejo negó las súplicas de la demanda, por considerar que el señor Romero
Lidueña se encontraba afiliado al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de
cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas
ocasionadas, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que
como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe
regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se
debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo
estableció.

Mediante providencia del 21 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre
confirmó la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que el demandante
no podía beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 , debido a que «los docentes afiliados al FOMAG cuentan con un régimen
especial para la consignación y liquidación de sus cesantías, que es el previsto en
la Ley 91 de 1989, el cual, funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que
proceda la consignación de la citada prestación a cada docente en una cuenta
individual, pues, los recursos destinados para su pago son girados de forma global
e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año».

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU
098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que, entre otras razones, (i) el aquí
demandante sí fue afiliado al Fomag y (ii) no se trata de un caso en el que se haya
omitido el traslado de las cesantías al momento de la vinculación al cargo; de
manera que no encontró acreditado ninguno de los supuestos de hecho que ha
fijado la jurisprudencia tanto constitucional como de esta Corporación, para el
reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago de que trata el artículo 99
de la Ley 50 de 1990.

Por último, concluyó que la aplicación del precedente judicial sólo es vinculante
cuando en el caso estudiado concurren los elementos fácticos y jurídicos o el
escenario decisional analizado en la sentencia de referencia de forma que el juez
de la causa pueda subsumir los supuestos fácticos del sub lite a la regla fijada,
circunstancia que no fue acreditada por el señor Romero Lidueña.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó
que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba
aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se apartó del precedente consagrado en las 26 sentencias emitidas por el
Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el
manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada,
despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que
conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990
a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente
oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo
con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de
seguridad jurídica, toda vez que «es cierto que existe una abierta discordancia entre
lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023 y la decisión adoptada el 21/06/2023, por el Tribunal Administrativo de
Sucre, en el expediente radicado No 70001333300420220004101».

Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 4 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Sucre, como parte demandada, y, como
terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en
calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fomag, y al gobernador del Departamento de Sucre. Así mismo, se
ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Fiduprevisora S.A, en calidad representante y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo,
por no cumplir con los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, dado que el accionante no argumentó con suficiencia
los defectos invocados.

También sostuvo que el accionante interpreta indebidamente la sentencia SU-098
de 2018, toda vez que no existe identidad fáctica entre la referida providencia y el
caso que dio origen a la presente acción de tutela. En ese sentido, señaló que «en
el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya
devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. En este caso, la

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos
establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los
intereses».

2.3. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo, por considerar que el asunto carece de relevancia
constitucional. Manifestó que en el proceso ordinario se concluyó que el criterio
sentado en la SU-098 de 2018 no es aplicable al caso bajo estudio, porque el
accionante se encuentra debidamente afiliado al Fomag.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia
constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con
el fin de establecer si la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, incurrió en los defectos endilgados y si, en consecuencia,
se vulneraron los derechos fundamentales del señor Germán Antonio Romero
Lidueña.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el caso objeto de estudio, la Sala se encargará de estudiar si se vulneraron al
accionante, los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión a la sentencia
proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en la cual
se confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su
criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha
sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal
afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Germán Antonio
Romero Lidueña carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que
la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e
indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus
cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU- 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago
de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar,
declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente,

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para
las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido
el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de
rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”3. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social
del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda
a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los
antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar
que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda
comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes
mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 2022 5, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no
se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede
de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un
derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no
obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico,
al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573
del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el
asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra
decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que
el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza

3
Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la
persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
“solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con
una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no
requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es evidente
que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo como un
recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses,
el cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter
eminentemente económico a través del reconocimiento de una sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan
una relación directa con una discusión de carácter fundamental6.

Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una
clara vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo
mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria
cuando el empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior,
porque este monto es de naturaleza sancionatoria y eminentemente legal, lo que
no da lugar a la intervención del juez de tutela.

Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio del
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en
la solicitud de amparo.

2.2. Desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

6
Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy
Hernando Ibarra Martínez.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 7.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente).8

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto 9.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia

En este sentido, según el accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098-2018, así
como el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-
SII-022-2020, del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a
que lo allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala
advierte que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la

7
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho
de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo
cual resultan indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica
8
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
9
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

demandante, lo cual desvirtúa la configuración del alegado def ecto. Así se pudo
constatar a través de los siguientes cuadros comparativos:

Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto

Estado del vínculo laboral El vínculo del docente terminó, Del extracto de intereses
sin embargo, la Secretaría de del 28 de abril de 2022, se
educación, por medio de la puede observar que ha
resolución 4143.3.21.5447 del causado intereses desde
22 de octubre de 2007, le 2002. En tal virtud se
reconoció el pago de las presume que está
prestaciones sociales definitivas vinculado al servicio
y le informó que el paso se docente oficial desde esa
realizaría al respectivo Fondo anualidad.
de Cesantías.

Afiliación al FOMAG Por un error interno, el docente El docente se encuentra
solo fue afiliado al Fomag en afiliada al FOMAG.
2007, a pesar de haberse
vinculado en 2003.

Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación El docente solicitó, el 28 de
cesantías y sus intereses. laboral con el Municipio de julio de 2021, el pago de la
sanción moratoria por la no
Cali, al docente le reconocieron consignación de las
el pago de las prestaciones cesantías y la
sociales, entre estas, las indemnización por el pago
cesantías. tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el El docente solicitó tanto el
reconocimiento, liquidación y reconocimiento y el pago
pago de la sanción moratoria de la sanción moratoria
por la no consignación de las por la no consignación de
cesantías, los intereses a las las cesantías como la
cesantías ni los rendimientos. indemnización por el pago
tardío de los intereses de
las cesantías.

Sentencia
Del 22 de
Sentencia CE-SUJ-SII- septiembre de
Criterio Sub lite
022-2020 2022 del
Consejo de
Estado10

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Definir si operó
la prescripción
de la sanción
Determinar si el moratoria
Tribunal reclamada por
Determinar el momento a
Administrativo de la accionante
partir del cual se
Sucre desconoció el por el pago
contabiliza el término de
precedente tardío de las
prescripción para
jurisprudencial que cesantías
reclamar la sanción
habla sobre la anualizadas, o
moratoria de la Ley 50 de
aplicación de la Ley sí, por el
1990.
50 de 1990 a los contrario,
docentes oficiales.
procede
su
reconocimiento.

Sanción moratoria La no consignación La consignación tardía de Pago tardío de
solicitada de las cesantías del las cesantías en las las cesantías de
año 2020 anualidades 2005, 2006 y los años
2007
1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de
legales y/o la Seguridad Social. Sentencia
CESUJ-SII-
constitucionales para 022- 2020
resolver el problema
jurídico Artículo 99 de la Ley 50
de 1990.

Características - Docente - Secretaría -Docente oficial
relevantes del oficial de
demandante - Afiliado a Salud Municipal -Afiliada
FOMAG a
• El vínculo - Afiliada a FOMAG
laboral está vigente. Colfondos
-El vínculo
laboral estaba
vigente hasta la
presentación
de demanda
ordinaria.

Sentencia del 29 de julio de
Criterio Sub lite 2019 emitida por el Consejo
de Estado11

Vinculación En el expediente de tutela de Docente en propiedad
la referencia no se suministra
información sobre este
aspecto
Estado del vínculo laboral Del extracto de intereses del
28 de julio de 2022, se
puede observar que ha
causado intereses desde En la sentencia no se
2009. En tal virtud se suministra información sobre
presume que está vinculado este aspecto.
al servicio docente oficial
desde esa anualidad.

Afiliación al FOMAG El docente se encuentra Según la sentencia en mención,
afiliada al FOMAG. sí está afiliada.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Reclamación del pago de las El docente solicitó, el 28 de La docente solicitó el
cesantías y sus intereses. julio de 2021, el pago de la reconocimiento y el pago de la
sanción moratoria por la no sanción moratoria por
consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó tanto el La docente solicitó al municipio
reconocimiento y el pago de de Sabanalarga (Atlántico) el
la sanción moratoria por la reconocimiento y el pago de la
no consignación de las sanción moratoria por
cesantías como la consignación tardía, con
indemnización por el pago fundamento en la ley 50 de
tardío de los intereses de las 1990.
cesantías.

Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
—incluidas varias de las citadas por el accionante— de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la prescripción
de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no consignarlas.

En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente diferente
al caso del señor Germán Antonio Romero Lidueña, en la medida en la providencia:
(i) por un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al Fomag; (ii) su
vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de hecho,
(iii) ya se le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el traslado de los
recursos al fondo de cesantías.

De hecho, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que existe una clara diferencia entre el
funcionamiento del Fomag y la forma como se administran los recursos en los
fondos privados de cesantías, habida cuenta de que en el primero rige el principio
de unidad de caja, lo que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo
de los fondos, no se efectúan consignaciones a cuentas individuales de los
docentes, sino que todos los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General
de Participaciones, son girados al Fomag, para que este pague las prestaciones
correspondientes una vez sean exigibles.

De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación 12, tiene ciertas similitudes con el caso

12
Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su lugar,
se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se sustentaba en
la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50
de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

examinado por el Tribunal Administrativo de Sucre, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, pues, como se sabe, los fallos proferidos en sede de tutela
tienen efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta vinculante el fallo
de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado13, al que también aludió la parte actora.

Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 14, analizó un caso
que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la solicitud
de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el estudio
del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente ».

Aún más, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura, mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-20230 del 11 de octubre de 2023 15,
frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en la que indicó que los
docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en la normativa citada, debido a que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1981.

Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos del
país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados
después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna de los
recursos del Ministerio de Educación al FOMAG, basta señalar que tales decisiones
no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo de Sucre, por emanar de
jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el desconocimiento del
precedente alegado.

Entonces, teniendo en cuenta (i) que el accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento de
los precedentes enlistados por el señor Germán Antonio Romero Lidueña, dado que
no comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos y,

13
Expediente 11001031500020230106300.
14
Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
15
Sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-
2022).

16

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00
Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

además, (iv) que el Tribunal Administrativo de Sucre argumentó suficientemente por
qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud de amparo
incumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Germán Antonio Romero Lidueña, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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