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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05632-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05632-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-05632-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: CRUZ MARY CÓRDOBA PALOMEQUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
cumple en este caso, dado que la accionante busca discutir aspectos netamente
económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 26 de octubre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 26 de septiembre de la presente anualidad, la señora Cruz Mary Córdoba
Palomeque, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia proferida el día 01/08/2023, en el expediente rad. No.
05001333302020220022100, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión
no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso

1La Sala advierte que, el 28 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal
Administrativo de Antioquia; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL

N RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
o. EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES

Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL

Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
Dra. GLORIA
otros 25 de julio UNIFICACIÓN 332
2 STELLA ORTIZ
de 2019 /2019 DE LA CORTE
DELGADO
CONSTITUCIONAL

Dr. LUIS SENTENCIA DE
6 de
Exp. T 7.182-312 GUIILLERMO UNIFICACIÓN 041
3 febrero de
y otros GUERRERO /2020 DE LA CORTE
2020
PÉREZ CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No.
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES

08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-
6 de agosto de Dra. SANDRA UNIFICACIÓN DEL
1 201300666-
2020 LISSET IBARRA
01 CONSEJO DE
ESTADO
(0833-16)

76001-23-31- Dr. CÉSAR
PALOMINO
00020090086
24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2 7-01, No.
2019 LISSET IBARRA CARMELO
Interno:
PERDOMO
4854-2014 CUÉTER

Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
17 de junio de RODRÍGUEZ
3 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
04617-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE

DRA. NUBIA
Dr. ROBERTO MARGOTH PEÑA
11001-03-15-
28 de junio de AUGUSTO GARZÓN - DR.
4 000-2018-
2019 SERRATO HERNANDO
04679-01)
VALDÉS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ
5 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
03499-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE

Dr. WILLIAM
08001 23 33 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
000 2014 2 de diciembre FRANCISCO
6 GÓMEZ - Dr.
00173-01 de 2019 SUÁREZ
GABRIEL
(1688-16) VARGAS
VALBUENA

Dr. CÉSAR
08001-23-33- PALOMINO
10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7 000-
201400208- 2020 LISSET IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
CUÉTER

Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-31-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000-2014- 22 de octubre de
8 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00254-01 2020
GÓMEZ GABRIEL
(4960-2017)
VALBUENA
HERNÁNDEZ

Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-33- SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 12 de noviembre
9 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201400132- de 2020
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM
08001 23 31
HERNÁNDEZ
000 2014 Dr. GABRIEL GÓMEZ -
17 de junio de
10 00815 VALBUENA
2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01 (4979–
2017) FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS

Dra. SANDRA
LISSET IBARRA
08001-23-33- Dr. CÉSAR VÉLEZ - Dr.
17 de junio de
11 000-2015- PALOMINO
2021 CARMELO
00331-01 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
19001-23-33-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000-2015- 4 de noviembre
12 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
de 2021
00445- GÓMEZ GABRIEL
02(048320)
VALBUENA
HERNÁNDEZ

08001-23-33- Dr. CÉSAR
PALOMINO
000- 25 de noviembre Dra. SANDRA
13 CORTÉS - Dr.
201401127- de 2021 LISSET IBARRA
01 CARMELO
PERDOMO

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

(1002-2021) CUÉTER

Dr. RAFAEL
40001-23-40- FRANCISCO
SUÁREZ
000- Dr. WILLIAM
25 de noviembre
14 201700134- HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
de 2021
01 GÓMEZ GABRIEL
(2208-2020) VALBUENA
HERNÁNDEZ

Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
40-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 11 de noviembre
15 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201590008- de 2021
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ

080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL GÓMEZ -
000- 11 de noviembre
16 VALBUENA
201490022- de 2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01
FRANCISCO
(5154-2016) SUÁREZ VARGAS

080001-23- Dr. WILLIAM
33- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL GÓMEZ -
000- 20 de enero de
17 VALBUENA
201700931- 2022 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01
FRANCISCO
(1001-2021) SUÁREZ VARGAS

Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
33-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 3 de marzo de
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201500075- 2022
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ

76001-23-33- Dr. CÉSAR
000- Dr. CARMELO PALOMINO
28 de abril de
19 201300756- PERDOMO CORTÉS - Dra.
2022
01 CUÉTER SANDRA LISSET
(2224-2020) IBARRA

080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
000- 9 de mayo de FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
20 GABRIEL
201700795- 2022 SUÁREZ
01 VARGAS VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ

47-001-23- Dr. CÉSAR
33- PALOMINO
19 de mayo de Dra. SANDRA
21 CORTÉS - Dr.
000- 2022 LISSET IBARRA
201900359- CARMELO
PERDOMO

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

01 CUÉTER
(4004-2021)

Dr. CÉSAR
47-001-23-
PALOMINO
33000-2019-
1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
22 00376-
2022 LISSET IBARRA CARMELO
01 (4462-
PERDOMO
2021)
CUÉTER

08001-23-33- Dr. SANDRA
LISSET IBARRA
000- Dr. CÉSAR VELEZ – Dr.
201500509- 22 de agosto de
23 PALOMINO
01 2022 CARMELO
CORTÉS
PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
LISSET IBARRA
000- Dr. CESAR VELEZ – Dr.
201590124- 22 de septiembre
24 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO
CORTÉS
PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER

76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- FRANCISCO
SUÁREZ
00212-02 Dr. WILLIAM
19 de enero de
25 HERNANDEZ VARGAS – Dr.
(4470-2021) 2023
GOMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ

47001-23-33- DR. WILLIAM
000-2018- DR. RAFAEL HERNÁNDEZ
26 de enero
26 0231- 01 FRANCISCO GÓMEZ – DR.
2023
(0871-2020) SUÁREZ GABRIEL
VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La señora Cruz Mary Córdoba Palomeque labora como docente «con la entidad
certificada en educación del Departamento de Antioquia». Además, se encuentra
afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y es
beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 6 de agosto de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Gobernación de Antioquia
y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de
cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento
en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.

2 En adelante Fomag.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Mediante oficio del 14 de septiembre de 2021, la Secretaría de Educación de la
Gobernación de Antioquia negó la solicitud de la demandante.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Cruz Mary Córdoba Palomeque demandó al Ministerio de Educación
Nacional – Fomag y a la Gobernación de Antioquia, con el fin de que se declarara
la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización
por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2022, el Juzgado 20 Administrativo de
Medellín negó las súplicas de la demanda, por considerar que la señora Córdoba
Palomeque se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un régimen
especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que
era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en
el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen
especial de los docentes— no existe regulación sobre la sanción moratoria por la
no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto
es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 31 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible
hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al caso de la señora Córdoba Palomeque, quien había ocupado el cargo de
docente oficial al servicio de la Gobernación de Antioquia y se encontraba cubierta
por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que en el Consejo de Estado no existe una posición
unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente, pues resaltó que las
sentencias citadas tanto en la demanda como en el recurso de apelación no
constituyen precedente unificador de carácter vinculante, de acuerdo con los
artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP.

Resaltó que, si bien la sentencia SU-098 de 2018 concluyó que era viable aplicar
la Ley 50 de 1990 al sector docente, dado que era posible aplicar la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, en virtud del principio de favorabilidad, lo cierto es

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

que para la autoridad judicial accionada no resulta aplicable por las siguientes
razones:

Primero, porque no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, toda vez que
no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado o que se
presenten antinomias legales. Por el contrario, lo que se aprecia es que la Ley 91
de 1989 no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996
se extendió a los servidores públicos territoriales con excepción de los
educadores.

Y, en segundo lugar, luego de explicar la importancia del principio de
inescindibilidad normativa, consideró que aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al sector docente afectaría dicho principio, pues «en este caso la aplicación
de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 no deviene de la inexistencia de una
disposición que delimite la consignación de las cesantías a los docentes».

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se
determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo
de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo
de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la
masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección
2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al
docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es
llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio
de seguridad jurídica, toda vez que «existe una abierta discordancia, entre lo
expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023 y la decisión adoptada (…) por el Tribunal Administrativo de
Antioquia».

Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 2 de octubre de 2023, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados que integran la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Antioquia,
como parte demandada, y, como terceros con interés, al juez 20 administrativo de
Medellín, al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag, y al gobernador del Departamento de Antioquia.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó
que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por
cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de
unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no
se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el
primer mes de cada vigencia».

Solicitó que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial
accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó
las garantías procesales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.3. El Departamento de Antioquia, mediante apoderado judicial, solicitó que se
negara las pretensiones de la solicitud de amparo, entre otras razones, porque los
docentes oficiales son obligatoriamente afiliados al Fomag, razón por la cual las
cesantías del sector docente se rigen bajo el principio de unidad de caja y, por
tanto, no es posible aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que la sentencia en cuestión
se encuentra debidamente argumentada y, por ende, no existe la trasgresión
alegada.

2.5. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en providencia del 26 de octubre de
2023, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no cumple con
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte actora centró el
debate en una discusión de carácter legal e indudablemente se direcciona a
obtener provecho económico.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de
primera instancia, la acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia
constitucional. Que, de hecho, en un caso similar, la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 23 de marzo de 2023,
concedió el amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 26 de octubre de 2023, por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia
judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se hubiera cumplido tal requisito, junto con los demás exigidos por la
jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

establecer si la autoridad demandada vulneró o no los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el
31 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del cual
confirmó la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2022, por el Juzgado 20
Administrativo de Medellín, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la señora Cruz Mary Córdoba
Palomeque.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de
la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio,
se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha
sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene
vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes
razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Córdoba Palomeque
carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia
que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se
direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU- 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el
pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su
lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional,
precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas o
patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.
Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”3 . Por tanto, solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo
vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a
una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal
con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de
tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos
acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su
mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su
vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de

3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

marzo de 20225, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y
no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en
sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al
amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha
sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole
estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de
una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad
con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo
contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de
reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su
naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el
auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de
desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta
de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta
con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por
tanto, no requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante
que sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya
fueron materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual
es evidente que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de
amparo como un recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento
favorable a sus intereses, el cual, dicho sea de paso, corresponde a una
discusión de carácter eminentemente económico a través del
reconocimiento de una sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como
una instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.

Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

tengan una relación directa con una discusión de carácter fundamental 6.

Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una
clara vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo
mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria
cuando el empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior,
porque este monto es de naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que
no da lugar a la intervención del juez de tutela.

También es importante anotar que la accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no
consignación de sus cesantías.

Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio de la
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en
la solicitud de amparo.

2.2. Desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas7:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció8.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
6 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01,
M.P. Fredy Ibarra Martínez.
7 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
8 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente9).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto10.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia11.

En este sentido, según la accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018, así
como el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-
SII-022-2020 del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a
que lo allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala
advierte que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la
demandante, lo cual desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo
constatar a través de los siguientes cuadros comparativos:

Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela de
la referencia no se
suministra información sobre
este aspecto.

9 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
10 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las

particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
11 La accionante también consideró vulnerados los principios de seguridad jurídica, «norma más

favorable» y «perpetuatio jurisdictionis».

14

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Estado del vínculo laboral El vínculo del docente
Si bien no obran en el
terminó, sin embargo, la expediente los actos
Secretaría de educación, por administrativos relacionados
medio de la resolución con la vinculación del
4143.3.21.5447 del 22 de demandante, del extracto de
octubre de 2007, le reconocióintereses, se puede
el pago de las prestaciones observar que ha causado
sociales definitivas y le intereses desde 2004. En tal
informó que el paso se virtud se presume que está
realizaría al respectivo Fondo
vinculado al servicio
de Cesantías. docente oficial desde esa
anualidad.
Afiliación al Fomag Por un error interno, el La docente se encuentra
docente solo fue afiliado al afiliada al Fomag.
Fomag en 2007, a pesar de
haberse vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación La docente solicitó, el 6 de
cesantías y sus laboral con el Municipio de agosto de 2021, el pago de
intereses. Cali, al docente le la sanción moratoria por la
reconocieron el pago de las no consignación de las
prestaciones sociales, entre cesantías y la indemnización
estas, las cesantías. por el pago tardío de los
intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el La docente solicitó tanto el
reconocimiento, liquidación y reconocimiento y el pago de
pago de la sanción moratoria la sanción moratoria por la
por la no consignación de las no consignación de las
cesantías, los intereses a las cesantías como la
cesantías ni los rendimientos. indemnización por el pago
tardío de los intereses de
las cesantías.

Sentencia del 22
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- 022- de septiembre de
2020 2022 del Consejo
de Estado12

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22
de septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Determinar si Determinar el momento a
el Definir si operó la
Tribunal partir del cual se contabiliza prescripción de la
Administrativo de el término de prescripción sanción moratoria
Antioquia para reclamar la sanción reclamada por la
desconoció el moratoria de la Ley 50 de accionante por el
precedente 1990. pago tardío de las
jurisprudencial que cesantías
alude a la anualizadas, o sí,
aplicación de la Ley por el contrario,
50 de 1990, para el procede su
reconocimiento de reconocimiento.
la sanción
moratorio por la no
consignación
oportuna de las
cesantías a los
docentes oficiales.
Sanción La no consignación La consignación tardía de Pago tardío de las
moratoria de las cesantías del las cesantías en las cesantías de los
solicitada año anualidades 2005, 2006 y años
2020 2007 1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de la Sentencia CESUJ-
legales y/o Seguridad Social. SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50 de
problema 1990.
jurídico

Características • Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del • Afiliada a Fomag Salud Municipal -Afiliada a
demandante • El vínculo laboral - Afiliada a Fomag
está vigente. Colfondos -El vínculo laboral
estaba vigente
hasta la
presentación
de demanda
ordinaria.

Sentencia del 29 de julio de
Criterio Sub lite 2019 emitida por el
Consejo de Estado13

Vinculación En el expediente de tutela Docente en propiedad
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto.
Estado del vínculo laboral Si bien no obran en el
expediente los actos
administrativos En la sentencia no se
relacionados con la suministra información sobre
vinculación de la este aspecto
demandante, del extracto
de intereses, se puede
observar que ha causado
intereses desde 2004. En
tal virtud se presume que
está vinculado al servicio
docente oficial desde esa
anualidad.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Afiliación al Fomag La docente se encuentra Según la sentencia en
afiliado al Fomag. mención, sí está afiliada.

Reclamación del pago de La docente solicitó, el 6 de La docente solicitó el
las cesantías y sus agosto de 2021, el pago de reconocimiento y el pago de
intereses. la sanción moratoria por la la sanción moratoria por
no consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada La docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.

Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
—incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.

En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente
diferente al caso de la señora Cruz Mary Córdoba Palomeque en la medida en que
allá, (i) por un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al Fomag;
(ii) su vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de
hecho, (iii) ya se le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el
traslado de los recursos al fondo de cesantías.

De hecho, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían aplicarse al asunto objeto
de estudio, porque existe una clara diferencia entre el funcionamiento del Fomag y
la forma como se administran los recursos en los fondos privados de cesantías,
habida cuenta de que en el primero rige el principio de unidad de caja, lo que
significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos, no se
efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos
los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son
girados al Fomag, para que este pague las prestaciones correspondientes una vez
sean exigibles.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación14, tiene ciertas
similitudes con el caso examinado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo
cierto es que no era una decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en
sede de tutela tienen efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta
vinculante el fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado 15, al que también aludió la parte
actora.

Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 202316, analizó un
caso que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la
solicitud de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el
estudio del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por
lo que no observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de
la parte demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente».

Aún más, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura, mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-20230 del 11 de octubre de
202317, frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en la que indicó
que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en la normativa citada, debido a que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1981.

Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos
del país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes
vinculados después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna
de los recursos del Ministerio de Educación al Fomag, basta señalar que tales
decisiones no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por emanar de jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el
desconocimiento del precedente alegado.

Entonces, teniendo en cuenta (i) que la accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos

14
Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su
lugar, se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se
sustentaba en la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
15 Expediente 11001031500020230106300.
16 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya

Escobar.
17 Sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01

(5746-2022).

18

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05632-01
Demandante: Cruz Mary Córdoba Palomeque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento
del precedente judicial enlistado por la señora Córdoba Palomeque, dado que no
comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos y,
además, (iv) que el Tribunal Administrativo de Antioquia argumentó
suficientemente por qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud
de amparo incumple con el requisito de relevancia constitucional. Por tanto, se
confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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19

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