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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04587-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los requisitos

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04587-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: CARMENZA ALMARIO ESCOBAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos
generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de
fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso, dado que la parte actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala 1 decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de agosto de la presente anualidad, la señora Carmenza Almario Escobar,
por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia 2. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/20/2023, en el expediente rad.
No. 41001333300620220035801, transgredió los derechos fundamentales:
AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN
LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

1 Se advierte que, el 24 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 La accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, «situación más

favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formas de derecho» y
perpetuatio jurisdictionis.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-201300666- 6 de agosto de Dra. SANDRA
1 UNIFICACIÓN DEL
01 2020 LISSET IBARRA
CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31- Dr. CÉSAR PALOMINO
000200900867- 24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2 01, No. Interno: 2019 LISSET IBARRA CARMELO PERDOMO
4854-2014 CUÉTER
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ NAVAS -
3 000-201803499- YEPES
2019 Dr. GUILLERMO
01 CORRALES
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. WILLIAM
08001 23 33 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000 2014 2 de diciembre FRANCISCO
4 Dr. GABRIEL
00173-01 de 2019 SUÁREZ
VALBUENA
(1688-16) VARGAS
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
08001-23-33-
10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
5 000-201400208-
2020 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
01
CUÉTER
Dr. RAFAEL
08001-23-31-
Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201400254- 22 de octubre
6 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 de 2020
GÓMEZ VALBUENA
(4960-2017)
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
7 000-201400132- noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 2020 GÓMEZ VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31 Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
17 de junio de
8 000 2014 00815 VALBUENA Dr. RAFAEL
2021
01 (4979–2017) HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33- Dr. CÉSAR
17 de junio de IBARRA VÉLEZ - Dr.
9 000-201500331- PALOMINO
2021 CARMELO PERDOMO
01 CORTÉS
CUÉTER
Dr. RAFAEL
19001-23-33-
4 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-2015-
10 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
00445-
2021 GÓMEZ VALBUENA
02(048320)
HERNÁNDEZ

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
25 de
000-201401127- Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
11 noviembre de
01 LISSET IBARRA CARMELO PERDOMO
2021
(1002-2021) CUÉTER
Dr. RAFAEL
40001-23-40-
25 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201700134-
12 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01
2021 GÓMEZ VALBUENA
(2208-2020)
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
080001-23-40-
11 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201590008-
13 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01
2021 GÓMEZ VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
080001-23-40-
11 de Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201490022-
14 noviembre de VALBUENA Dr. RAFAEL
01
2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
(5154-2016)
VARGAS
Dr. WILLIAM
080001-23-33-
Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201700931- 20 de enero de
15 VALBUENA Dr. RAFAEL
01 2022
HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
(1001-2021)
VARGAS
Dr. RAFAEL
080001-23-33-
Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201500075- 3 de marzo de
16 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 2022
GÓMEZ VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ
76001-23-33-
Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO
000-201300756- 28 de abril de
17 PERDOMO CORTÉS - Dra. SANDRA
01 2022
CUÉTER LISETH IBARRA
(2224-2020)
Dr. WILLIAM
080001-23-40- Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201700795- 9 de mayo de FRANCISCO
18 Dr. GABRIEL
01 2022 SUÁREZ
VALBUENA
(2659-2020) VARGAS
HERNÁNDEZ
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
000-201900359- 19 de mayo de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
19
01 2022 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
47-001-23- Dr. CÉSAR PALOMINO
33000-2019- 1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
20
00376- 2022 LISSET IBARRA CARMELO PERDOMO
01 (4462-2021) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
Dr. CÉSAR
000-201500509- 22 de Agosto IBARRA VÉLEZ – Dr.
21 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO PERDOMO
CORTÉS
(2140-2020) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
22 de Dr. CÉSAR
000-201590124- IBARRA VÉLEZ – Dr.
22 Septiembre de PALOMINO
01 CARMELO PERDOMO
2022 CORTÉS
(2394-2020) CUÉTER

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La señora Carmenza Almario Escobar labora «al servicio de la Secretaría de
Educación de Neiva». Además, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Prestaciones Sociales del Magisterio 3 y es beneficiaria del régimen de cesantías
anualizadas.

El 20 de agosto de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación
Municipal de Neiva, entre otras, el reconocimiento y pago de la sanción por la no
consignación oportuna de las cesantías, con fundamento en el régimen establecido
en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, petición que fue remitida a la Fiduprevisora
S.A., sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Carmenza Almario Escobar demandó al Ministerio de Educación Nacional –
Fomag y al Departamento del Huila, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo ficto derivado del silencio frente a la petición de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías.

Mediante sentencia del 24 de febrero de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo de
Neiva negó las súplicas de la demanda, por considerar que la señora Almario
Escobar se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de
cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones,
habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la
Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma
más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 20 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó
la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer
extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al
caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio
del Departamento del Huila y se encontraba cubierta por el sistema anualizado de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía posición unificada en la jurisprudencia
sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990
al sector docente, pues el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes
50 de 1990 y 52 de 1975 consagran la obligación de reconocer, liquidar y pagar las
cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año,

3 En adelante Fomag.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

generándose por el incumplimiento del plazo legal, las sanciones establecidas en
dichas normativas. Pero, insistió, dicho régimen no cobija al sector docente, sino a
los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

Precisó que la sentencia SU-098 de 2018 no podía tenerse como precedente
vinculante en el caso examinado porque el supuesto fáctico entonces analizado por
el alto tribunal constitucional difería sustancialmente de la situación de la señora
Almario Escobar.

Manifestó que se apartaría de la postura adoptada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia del 19 de enero de 2023,
radicado 76001-23-31-000-2012-00212-02, porque: i) existe disparidad de criterios
sobre la procedencia del reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago
de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ii) el principio de favorabilidad
procede exclusivamente en caso de existir duda sobre la aplicación de determinada
disposición jurídica, iii) la ponderación entre el derecho a la igualdad y el principio
de favorabilidad ha de aplicarse ante la existencia de un vacío legal, iv) no puede
desconocerse el principio de inescindibilidad de la norma y v) los recursos del
Fomag provienen del Sistema General de Participaciones y se descuentan
directamente de los rubros que anualmente se distribuyen para la prestación del
servicio educativo.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó
que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba
aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se alejó del precedente consagrado en las 22 sentencias emitidas por el
Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada,
despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que
conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990
a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como
se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente
oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo
con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de
seguridad jurídica, toda vez que «existe una abierta discordancia, entre lo
expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023 y la decisión adoptada el 20 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Huila, en el expediente radicado No.
41001333300620220035801».

Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 29 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada ponente
en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a
los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila, como parte demandada, y, como terceros con interés, al titular del
Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, al gobernador del Huila, y al director del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.2. El Departamento del Huila solicitó que se declarara improcedente la petición de
amparo porque: i) el accionante cuenta con el recurso extraordinario de revisión
como medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos que
estima vulnerados, es decir, por no encontrarse acreditado el requisito de
subsidiariedad y ii) por carencia de violación alegada por la demandante.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.3. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó
que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por
cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad
de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se
consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el
primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia
relacionada con las cesantías del Fomag, pues reclamó la consignación
extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e
indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es «imposible
que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede
ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar
una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada
decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías
procesales.

2.4. El Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la magistrada ponente de la
providencia cuestionada, rindió el informe pertinente y solicitó negar el amparo
deprecado, porque la decisión cuestionada se fundamentó en el material probatorio
obrante en el proceso ordinario y fue el resultado de la aplicación de la normatividad
aplicable al caso concreto. Indicó, también, que en la petición de amparo no se
acreditó suficientemente la concurrencia de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 21 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

Sostuvo que los fundamentos de la accionante estaban dirigidos de manera
exclusiva a discutir los argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados
y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que se admitiera la interpretación según la cual, en virtud del principio de

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Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

favorabilidad, resultaba procedente aplicar lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
99 de la Ley 50 de 1990.

Afirmó que los argumentos esbozados en la petición de amparo no son más que la
reproducción de reparos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, de manera que la intención de la accionante era provocar una
instancia adicional al proceso ordinario para reabrir un debate que ya fue zanjado
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, consideró que la simple inconformidad o disparidad entre el criterio
de la parte actora y los argumentos en los que el Tribunal Administrativo del Huila
fundamentó la decisión cuestionada, no constituyen vulneración alguna a los
derechos fundamentales invocados.

4. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la demandante la impugnó y argumentó que
«no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de
1990 a los docentes del sector oficial», porque, a su juicio, la «postura está
decantada desde el año 2019 hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento
jurisprudencial», por lo que volvió a referir los radicados de 26 sentencias proferidas
por el Consejo de Estado, según las cuales debe darse aplicación al principio de
favorabilidad respecto de la sanción moratoria por la consignación extemporánea
de las cesantías anualizadas. Esto, teniendo en cuenta que los docentes del sector
oficial son empleados públicos y, por tanto, beneficiarios del artículo 99 de la Ley 50
de 1990.

De otra parte, expresó que la tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional, puesto que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
en sentencia del 23 de marzo de 2023, expediente 2023-00965-00, analizó un caso
similar y encontró superados los requisitos generales de procedibilidad; además,
consideró que el tribunal de segunda instancia incurrió en desconocimiento del
precedente, por lo que amparó los derechos fundamentales de la parte actora y
ordenó que se emitiera una sentencia de reemplazo.

En lo demás, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

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Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo del 21 de septiembre de 2023, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia
constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con
el fin de establecer si la sentencia proferida el 20 de junio de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Huila, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 41001-33-33-006-2022-00358-01, incurrió en los defectos endilgados
y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Carmenza Almario
Escobar.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevanc ia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 20 de junio
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual
confirmó la sentencia dictada el 24 de febrero de 2023, por el Juzgado Sexto
Administrativo de Neiva.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de
la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio,
se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que, al igual que el a quo, la acción de tutela no tiene vocación de
prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Carmenza Almario
Escobar carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la
controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e
indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus
cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago
de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar,
declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente,
porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para
las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido
el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de
rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” 4 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social
del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda

4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los
antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar
que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda
comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes
mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico5

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 2022 6, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no
se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede
de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un
derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no
obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico,
al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573
del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el
asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra
decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que
el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la
persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
“solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con
una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no
requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:

5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.

Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es evidente
que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo como un
recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses,
el cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter
eminentemente económico a través del reconocimiento de una sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan
una relación directa con una discusión de carácter fundamental7.

Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una clara
vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo mismo con
la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el
empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior, porque este
monto es de naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a
la intervención del juez de tutela.

También es importante anotar que la accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no consignación
de sus cesantías del 2020, ni tampoco lo advirtió en el desarrollo de la solicitud de
amparo.

Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio de la
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
solicitud de amparo.

2.2. Desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 8:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 9.

7 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy
Ibarra Martínez.
8 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
9 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho

de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente 10).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto 11.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia12.

En este sentido, según la accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098-2018, así
como el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-
SII-022-2020, del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a que
lo allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala
advierte que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la
demandante, lo cual desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo
constatar a través de los siguientes cuadros comparativos:

cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
10 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
11 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las

particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
12 El accionante también consideró vulnerados los principios de seguridad jurídica, «norma más

favorable» y «perpetuatio jurisdictionis».

13

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto.
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente terminó, En la demanda de tutela,
sin embargo, la Secretaría de la accionante informó
Educación, por medio de la que: «labora al servicio
resolución 4143.3.21.5447 del de la Secretaría de
22 de octubre de 2007, le Educación de Neiva,
reconoció el pago de las vinculada con
prestaciones sociales posterioridad al 1 de
definitivas y le informó que el enero de 1990. »
paso se realizaría al respectivo
Fondo de Cesantías.

Afiliación al Fomag Por un error interno, el docente La docente se encuentra
solo fue afiliado al Fomag en afiliada al Fomag.
2007, a pesar de haberse
vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación La docente solicitó, el 20
cesantías y sus laboral con el Municipio de de agosto de 2021, el
intereses. Cali, al docente le pago de la sanción
reconocieron el pago de las moratoria por la no
prestaciones sociales, entre consignación de las
estas, las cesantías. cesantías y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el La docente solicitó tanto
reconocimiento, liquidación y el reconocimiento y el
pago de la sanción moratoria pago de la sanción
por la no consignación de las moratoria por la no
cesantías, los intereses a las consignación de las
cesantías ni los rendimientos. cesantías como la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses de las
cesantías.

Sentencia
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- Del 22 de
022-2020 septiembre de
2022 del
Consejo de
Estado13

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de

septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.

14

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Determinar si el Determinar el momento a Definir si operó
Tribunal Administrativo partir del cual se la prescripción
del Huila desconoció el contabiliza el término de de la sanción
precedente prescripción para moratoria
jurisprudencial que reclamar la sanción reclamada por
habla sobre la aplicación moratoria de la Ley 50 de la accionante
de la Ley 50 de 1990 a 1990. por el pago
los docentes oficiales. tardío de las
cesantías
anualizadas, o
sí, por el
contrario,
procede
su
reconocimiento.
Sanción La no consignación de La consignación tardía Pago tardío de
moratoria las cesantías del año de las cesantías en las las cesantías
solicitada 2020. anualidades 2005, 2006 de los años
y 2007 1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de Sentencia
legales y/o la Seguridad Social. CESUJ-SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50
problema de 1990.
jurídico
Características - Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del - Afiliado a Fomag Salud Municipal -Afiliada a
demandante - El vínculo laboral - Afiliada a Fomag
está vigente. Colfondos -El vínculo
laboral estaba
vigente hasta la
presentación
de
demand
a ordinaria.

Sentencia del 29 de julio
Criterio Sub lite de 2019 emitida por el
Consejo de Estado14

Vinculación Docente en propiedad Docente en propiedad
Estado del vínculo laboral En la demanda de tutela, la
accionante informó que:
«labora al servicio de la En la sentencia no se
Secretaría de Educación de suministra información sobre
Neiva, vinculada con este aspecto
posterioridad al 1 de enero
de 1990».

Afiliación al Fomag La docente se encuentra Según la sentencia en
afiliada al Fomag. mención, sí está afiliada.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de

julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.

15

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Reclamación del pago de La docente solicitó, el 20 de La docente solicitó el
las cesantías y sus agosto de 2021, el pago de reconocimiento y el pago de la
intereses. la sanción moratoria por la sanción moratoria por
no consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago.
tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada La docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago Municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.

Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.

De hecho, se tiene que varias de las providencias del Consejo de Estado, invocadas
como precedente desconocido15, ni siquiera fueron mencionadas por la parte actora
en el recurso de apelación que interpuso contra el fallo del Juzgado Sexto
Administrativo de Neiva. De ahí que mal haría esta Sala en considerar procedente
una acción de tutela que se promueve con el claro propósito de plantear argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario.

En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente diferente
al caso de la señora Carmenza Almario Escobar, en la medida en que allá, (i) por
un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al Fomag; (ii) su vínculo
con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de hecho, (iii) ya se
le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el traslado de los rec ursos
al fondo de cesantías.

De hecho, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían aplicarse al asunto objeto
de estudio, primero, porque en la sentencia que dictó la Sección Segunda en

15 Se trata de las sentencias: (i) del 28 de abril de 2022, exp. 2013-00756-01, M.P. Carmelo Perdomo

Cuéter; (ii) del 19 de mayo de 2022, exp. 2019-00359-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; (iii) del 1º
de julio de 2022, exp. 2019-00376-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; (iv) del 22 de agosto de 2022,
exp. 2015-00509-01, M.P. César Palomino Cortés, (v) del 22 de septiembre de 2022, exp.
201590124-01, M.P. César Palomino Cortés, (vi) del 19 de enero de 2023, exp.2012-00212-02, M.P.
William Hernández Gómez y (vii) del 26 de enero de 2023, exp. 2018-0231-01, M.P. Rafael Francisco
Gómez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

cumplimiento de aquel fallo de unificación, esta es, la del 29 de enero de 2019
(número interno 4854-2014) 16, se indicó que la normativa que regula el régimen de
cesantías de los docentes oficiales es la Ley 91 de 1989 y que no existían dudas al
respecto, porque el propio artículo 13 de la Ley 344 de 1996, que fijó el régimen de
cesantías para quienes se vincularan con el Estado, así lo estableció.

Y, en segundo lugar, porque existe una clara diferencia entre el funcionamiento del
Fomag y la forma como se administran los recursos en los fondos privados de
cesantías, habida cuenta de que en el primero rige el principio de unidad de caja, lo
que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos, no se
efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos los
recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son
girados al Fomag, para que este pague las prestaciones correspondientes una vez
sean exigibles.

De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación 17, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado por el Tribunal Administrativo del Huila, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en sede de tutela tienen
efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resultan vinculantes los fallos de
tutela proferidos el 23 de marzo18 y el 17 de abril de 2023 19 por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, al que también aludió la parte actora.

Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 20, analizó un caso
que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la solicitud
de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el estudio
del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente ».

16 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandante: Álvaro Bonilla Guerrero. Demandado: Municipio de

Santiago de Cali.
17 Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su lugar,

se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se sustentaba en
la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50
de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
18 Expediente 11001031500020230106300.
19 Expediente 11001031500020230096500.
20 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya

Escobar.

17

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Aún más, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura, mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-20230 del 11 de octubre de 2023 21,
frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en la que indicó que los
docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratori a
prevista en la normativa citada, debido a que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1981.

Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos del
país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados
después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna de los
recursos del Ministerio de Educación al Fomag, basta señalar que tales decisiones
no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo del Huila, por emanar de
jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el desconocimiento del
precedente alegado.

Entonces, teniendo en cuenta (i) que la accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales y (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento
del precedente judicial enlistado por la señora Carmenza Almario Escobar, debido
a que no comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos,
y, además, (iv) que el Tribunal Administrativo del Huila argumentó suficientemente
por qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud de amparo
incumple con el requisito de relevancia constitucional y, por tanto, la Sala confirmará
la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

21 Sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-

2022).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04587-01
Demandante: Carmenza Almario Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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