Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04557-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04557-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04557-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
20 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: CLAUDIA PATRICIA LOSADA QUINTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos
generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de
fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso, dado que la parte demandante busca discutir aspectos netamente económicos.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 21 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 23 de agosto de la presente anualidad 1 , la señora Claudia Patricia Losada
Quintero, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica. Formuló
las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA en la sentencia proferida el día 7/18/2023, en el expediente rad.
No. 41001333300320220007301, transgredió los derechos fundamentales:
AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
1 Se advierte que, el 7 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN
LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:
3.CORTE CONSTITUCIONAL
N RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
o. EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES
Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
otros Dra. GLORIA
25 de julio UNIFICACIÓN 332
2 STELLA ORTIZ
de 2019 /2019 DE LA CORTE
DELGADO
CONSTITUCIONAL
Dr. LUIS SENTENCIA DE
6 de
Exp. T 7.182-312 GUILLERMO UNIFICACIÓN 041
3 febrero de
y otros GUERRERO /2020 DE LA CORTE
2020
PÉREZ CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-
6 de agosto de Dra. SANDRA UNIFICACIÓN DEL
1 201300666-
2020 LISETH IBARRA CONSEJO DE
01
ESTADO
(0833-16)
76001-23-31- Dr. CÉSAR
00020090086 PALOMINO
7-01, No. 24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2
Interno: 2019 LISETH IBARRA CARMELO
4854-2014 PERDOMO
CUÉTER
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
17 de junio de RODRÍGUEZ
3 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
04617-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
2
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
DRA. NUBIA
Dr. ROBERTO MARGOTH PEÑA
11001-03-15-
28 de junio de AUGUSTO GARZÓN- DR.
4 000-2018-
2019 SERRATI HERNANDO
04679-01)
VALDÉS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ
5 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
03499-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. WILLIAM
08001 23 33 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
000 2014 2 de diciembre de FRANCISCO
6 GÓMEZ - Dr.
00173-01 2019 SUÁREZ
GABRIEL
(1688-16) VARGAS
VALBUENA
Dr. CÉSAR
08001-23-33- PALOMINO
000- 10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7
201400208- 2020 LISETH IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-31-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-2014- 22 de octubre de
8 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00254-01 2020
GÓMEZ GABRIEL
(4960-2017)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 12 de noviembre
9 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201400132- de 2020
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31
HERNÁNDEZ
000 2014 Dr. GABRIEL
17 de junio de GÓMEZ -
10 00815 VALBUENA
2021 Dr. RAFAEL
01 (4979– HERNÁNDEZ
FRANCISCO
2017)
SUÁREZ VARGAS
Dra. SANDRA
LISSET IBARRA
08001-23-33- Dr. CÉSAR
17 de junio de VÉLEZ - Dr.
11 000-2015- PALOMINO
2021 CARMELO
00331-01 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
19001-23-33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000-2015- 4 de noviembre
12 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00445- de 2021
GÓMEZ GABRIEL
02(048320)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33- Dr. CÉSAR
000- PALOMINO
201401127- 25 de noviembre Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
13
01 de 2021 LISETH IBARRA CARMELO
(1002-2021) PERDOMO
CUÉTER
40001-23-40- Dr. RAFAEL
Dr. WILLIAM FRANCISCO
000- 25 de noviembre
14 HERNÁNDEZ SUÁREZ
201700134- de 2021
GÓMEZ
01
3
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
(2208-2020) VARGAS - Dr.
GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
40-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 11 de noviembre
15 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201590008- de 2021
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ
080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL
000- 11 de noviembre GÓMEZ -
16 VALBUENA
201490022- de 2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01 FRANCISCO
(5154-2016) SUÁREZ VARGAS
080001-23- Dr. WILLIAM
33- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL
000- 20 de enero de GÓMEZ -
17 VALBUENA
201700931- 2022 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01 FRANCISCO
(1001-2021) SUÁREZ VARGAS
Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
33-
Dr. WILLIAM SUÁREZ
000- 3 de marzo de
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201500075- 2022
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ
76001-23-33- Dr. CÉSAR
000- Dr. CARMELO PALOMINO
28 de abril de
19 201300756- PERDOMO CORTÉS - Dra.
2022
01 CUÉTER SANDRA LISETH
(2224-2020) IBARRA
080001-23- Dr. WILLIAM
40- Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ
000- 9 de mayo de FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
20
201700795- 2022 SUÁREZ GABRIEL
01 VARGAS VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ
47-001-23- Dr. CÉSAR
33- PALOMINO
000- 19 de mayo de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
21
201900359- 2022 LISETH IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
Dr. CÉSAR
47-001-23-
PALOMINO
33000-2019-
1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
22 00376-
2022 LISETH IBARRA CARMELO
01 (4462-
PERDOMO
2021)
CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
000- LISSET IBARRA
Dr. CÉSAR
201500509- 22 de agosto de VELEZ – Dr.
23 PALOMINO
01 2022 CARMELO
CORTÉS
(2140-2020) PERDOMO
CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
000- LISSET IBARRA
Dr. CÉSAR
201590124- 22 de septiembre VELEZ – Dr.
24 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO
CORTÉS
(2394-2020) PERDOMO
CUÉTER
4
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- FRANCISCO
00212-02 Dr. WILLIAM SUAREZ
19 de enero de
25 (4470-2021) HERNANDEZ VARGAS – Dr.
2023
GOMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
DR. RAFAEL
000-2018- HERNÁNDEZ
FRANCISCO
26 0231- 01 26 de enero 2023 GÓMEZ – DR.
SUÁREZ
(0871-2020) GABRIEL
VARGAS
VALBUENA
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
La señora Claudia Patricia Losada Quintero labora como docente al servicio del
municipio de Neiva, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 2 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.
El 23 de agosto de 2021, la señora Quintero Losada le solicitó a la Secretaría de
Educación del municipio de Neiva y al Fomag, entre otras, el reconocimiento y pago
de la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, con fundamento en
el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.
Mediante Oficio 2844 del 1º de septiembre de 2021, la Secretaría de Educación del
Municipio de Neiva negó la referida petición.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Claudia Patricia Losada Quintero demandó al Ministerio de Educación
Nacional – Fomag y al municipio de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo que negó la petición sobre el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías.
Mediante sentencia del 28 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo
de Neiva negó las súplicas de la demanda, por considerar que la señora Claudia
Patricia Losada Quintero se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un
régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.
2 En adelante Fomag.
5
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones,
habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la
Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías, se debía
aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí la estableció.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 18 de julio de 2023,
confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible
hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
al caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al
servicio del Municipio de Neiva y se encontraba cubierta por el sistema anualizado
de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
Agregó que, entre otras, la SU-098 de 2018 no guarda identidad fáctica ni jurídica
con el caso sub lite, pues en aquella oportunidad el docente no fue afiliado al Fomag,
mientras que la aquí accionante sí.
Resaltó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-573 de 2019, aclaró
que la SU-098 de 2018 no constituía precedente aplicable para los eventos en los
que los docentes oficiales (i) estuvieron inscritos en el escalafón de carrera con
nombramiento en propiedad, (ii) tuvieran vinculación laboral vigente con el
respectivo ente territorial, (iii) hubieran sido afiliados al Fomag y (iv) no hubieran
solicitado el pago efectivo de las cesantías.
1.3. Argumentos de la tutela
A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó
que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba
aplicable a los docentes oficiales.
Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
6
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
que consagra la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.
De otra parte, la accionante sostuvo que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se alejó del precedente consagrado en las 26 sentencias emitidas por el
Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el
manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada,
despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que
conforman la sección 2da del H.C.E.».
Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,
como se ha evidenciado, en esos casos debe aplicarse la norma de manera integral
favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo,
lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.
Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.
Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 28 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados que integran la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de
Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, al alcalde del Municipio
de Neiva y al juez tercero administrativo de Neiva. Así mismo, se ordenó la
notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se negara las pretensiones de
la solicitud de amparo, debido a que la señora Losada Quintero no acreditó la
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Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
vulneración de los derechos fundamentales invocados, ni tampoco mencionó la
configuración de los requisitos específicos de procedencia de la solicitud de amparo.
2.3. El secretario de educación municipal de Neiva pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, toda vez que el ente territorial actuó de
acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley 91 de 1989. Así lo dijo:
(…)
Que las secretarias de Educación Certificadas de los Entes Territoriales, no
realizan ningún tipo de giro o consignación por concepto de cesantías ni
intereses a las cesantías a la Fiduprevisora-FOMAG, por cuanto en primer
lugar, no tienen la calidad de patrono, puesto que la administración de la
planta de docentes se da en delegación del Ministerio de Educación
Nacional, siendo este quien la viabiliza y en segundo lugar, no son
administradoras de los recursos económicos del FOMAG, estos recursos
son administrados por la Fiduprevisora y son provenientes del Sistema
General de Participaciones.
2.4. Luego de describir cada etapa del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-00073-00, la juez tercera
administrativa de Neiva solicitó que se declarara improcedente la solicitud de
amparo, dado que la autoridad judicial accionada resolvió cada uno de los cargos
planteados en la demanda ordinaria.
2.5. El Municipio de Neiva, a través del jefe de la oficina asesora jurídica, también
pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, entre otras, porque la
señora Losada Quintero pretende convertir la sede de tutela en una instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-
33-33-003-2022-00073-01.
2.6. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, manifestó que las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales, por cuanto el fondo fue creado mediante la Ley
91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que
corresponden a las cesantías no se consignan, sino que «ya están presupuestados
y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».
Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia
relacionada con las cesantías del Fomag, pues en el caso de la señora Claudia
Patricia Losada Quintero, esta reclamó por la consignación extemporánea de sus
cesantías, frente a lo cual es «imposible que se cause una demora respecto de un
hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los
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Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de
cuentas individuales por cada afiliado».
Finalmente, pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad
judicial accionada actuó conforme a la normativa establecida y observó las garantías
procesales.
2.7. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia del 21 de
septiembre de 2023, declaró improcedente la referida solicitud de amparo, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, básicamente porque la señora
Claudia Patricia Losada Quintero centró la discusión en un debate meramente legal
y de naturaleza económica.
4. Impugnación
La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la tutela y solicitó que se revoque la providencia en mención y, en su
lugar, se ampare los derechos fundamentales alegados en la solicitud de amparo
de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 21 de septiembre de 2023, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de amparo
Para el efecto, primero se deberá analizar si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de
relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del
asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 18 de julio de 2023, por
el Tribunal Administrativo del Huila, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-00073-01, incurrió en los defectos
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Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Claudia
Patricia Losada Quintero.
2. Análisis de la Sala
2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».
El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 18 de julio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio del cual confirmó
10
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
la sentencia dictada el 28 de febrero de 2023, por el Juzgado Tercero Administrativo
de Neiva.
En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de
la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio,
se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.
La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal
afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:
En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Claudia Patricia
Losada Quintero carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que
la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e
indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus
cesantías.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago
de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar,
declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente,
porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para
las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:
[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido
el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de
rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social
del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda
a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los
antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar
que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda
comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes
mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4
3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 2022 5, indicó lo siguiente:
La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.
En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no
se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.
Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:
33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede
de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un
derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no
obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico,
al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.
34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573
del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el
asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra
decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que
el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la
persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
“solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.
36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con
una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no
requiere la intervención del juez de tutela […].
En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:
5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es evidente
que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo como un
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.
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Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses,
el cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter
eminentemente económico a través del reconocimiento de una sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan
una relación directa con una discusión de carácter fundamental6.
Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una clara
vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo mismo con
la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el
empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior, porque este
monto es de naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a
la intervención del juez de tutela.
También es importante anotar que la accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no consignación
de sus cesantías del 2020.
Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio de la
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
solicitud de amparo.
2.2. Desconocimiento del precedente
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 7:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 8.
6 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy
Ibarra Martínez.
7 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
8 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho
de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo
cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
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Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente 9).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto 10.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.
En este sentido, según la accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098-2018, así como
el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-SII-
022-2020, del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a que lo
allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala advierte
que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la demandante, lo cual
desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo constatar a través de los
siguientes cuadros comparativos:
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
9 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,
entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
10 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente terminó, Desde 2004, la señora
sin embargo, la Secretaría de Claudia Patricia Losada
Educación, por medio de la Quintero está vinculada
resolución 4143.3.21.5447 del al servicio docente oficial.
22 de octubre de 2007, le
reconoció el pago de las
prestaciones sociales
definitivas y le informó que el
paso se realizaría al respectivo
Fondo de Cesantías.
Afiliación al Fomag Por un error interno, el docente La docente se encuentra
solo fue afiliado al Fomag en afiliada al Fomag.
2007, a pesar de haberse
vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación La docente solicitó, el 28
cesantías y sus laboral con el Municipio de de agosto de 2021, el
intereses. Cali, al docente le pago de la sanción
reconocieron el pago de las moratoria por la no
prestaciones sociales, entre consignación de las
estas, las cesantías. cesantías y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.
Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el La docente solicitó tanto
reconocimiento, liquidación y el reconocimiento y el
pago de la sanción moratoria pago de la sanción
por la no consignación de las moratoria por la no
cesantías, los intereses a las consignación de las
cesantías ni los rendimientos. cesantías como la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses de las
cesantías.
Sentencia
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- Del 22 de
022-2020 septiembre de
2022 del
Consejo de
Estado11
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de
septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Determinar si el Determinar el momento a Definir si operó
Tribunal Administrativo partir del cual se la prescripción
del Huila desconoció el contabiliza el término de de la sanción
precedente prescripción para moratoria
jurisprudencial que reclamar la sanción reclamada por
habla sobre la aplicación moratoria de la Ley 50 de la accionante
de la Ley 50 de 1990 a 1990. por el pago
los docentes oficiales. tardío de las
cesantías
anualizadas, o
sí, por el
contrario,
procede
su
reconocimiento.
Sanción La no consignación de La consignación tardía Pago tardío de
moratoria las cesantías del año de las cesantías en las las cesantías
solicitada 2020 anualidades 2005, 2006 de los años
y 2007 1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de Sentencia
legales y/o la Seguridad Social. CESUJ-SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50
problema de 1990.
jurídico
Características - Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del - Afiliado a Fomag Salud Municipal -Afiliada a
demandante - Afiliada a Fomag
Colfondos -El vínculo
laboral estaba
vigente hasta la
presentación
de
demand
a ordinaria.
Sentencia del 29 de julio
Criterio Sub lite de 2019 emitida por el
Consejo de Estado12
Vinculación En el expediente de tutela Docente en propiedad
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto
Estado del vínculo laboral Desde 2004, la señora
Losada Quintero está
vinculada al servicio En la sentencia no se
docente oficial. suministra información sobre
este aspecto
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.
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Radicación :11001-03-15-000-2023-04557-01
Demandante: Claudia Patricia Losada Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Afiliación al Fomag La docente se encuentra Según la sentencia en
afiliada al Fomag. mención, sí está afiliada.
Reclamación del pago de La docente solicitó, el 28 de La docente solicitó el
las cesantías y sus agosto de 2021, el pago de reconocimiento y el pago de la
intereses. la sanción moratoria por la sanción moratoria por
no consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago.
tardío de los intereses.
Tipo de sanción reclamada La docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.
Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
—incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.
En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente diferente
al caso de la señora Claudia Patricia Losada Quintero, en la medida en que allá, (i)
por un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al Fomag; (ii) su
vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de hecho,
(iii) ya se le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el traslado de los
recursos al fondo de cesantías.
De hecho, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que existe una clara diferencia entre el
funcionamiento del Fomag y la forma como se administran los recursos en los
fondos privados de cesantías, habida cuenta de que en el primero rige el principio
de unidad de caja, lo que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo
de los fondos, no se efectúan consignaciones a cuentas individuales de los
docentes, sino que todos los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General
de Participaciones, son girados al Fomag, para que este pague las prestaciones
correspondientes una vez sean exigibles.
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De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación 13, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado por el Tribunal Administrativo del Huila, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en sede de tutela tienen
efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta vinculante el fallo de tutela
proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado 14, al que también aludió la parte actora.
Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 15, analizó un caso
que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la solicitud
de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el estudio
del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente».
Aún más, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura, mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-20230 del 11 de octubre de 2023 16,
frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en la que indicó que los
docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en la normativa citada, debido a que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1981.
Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos del
país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados
después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna de los
recursos del Ministerio de Educación al Fomag, basta señalar que tales decisiones
no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo del Huila, por emanar de
jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el desconocimiento del
precedente alegado.
13 Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su lugar,
se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se sustentaba en
la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50
de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
14 Expediente 11001031500020230106300.
15 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
16 Sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-
2022).
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Entonces, teniendo en cuenta (i) que la accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial enlistado por la señora Claudia Patricia Losada Quintero, dado
que no comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos
y, además, (iv) que el Tribunal Administrativo del Huila argumentó suficientemente
por qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud de amparo
incumple con el requisito de relevancia constitucional. Por tanto, la Sala confirmará
la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Claudia Patricia Losada Quintero, de conformidad
con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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