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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03991-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
1 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03991-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03991-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: MIGUEL ANTONIO MIRANDA YEMAYUSA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
cumple en este caso, dado que el accionante busca discutir aspectos netamente
económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 5 de octubre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de julio de la presente anualidad, el señor Miguel Antonio Miranda
Yemayasu, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No.
15001333300320220006201, transgredió́ los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

1La Sala advierte que, el 10 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales por parte del accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal
Administrativo de Boyacá; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL

N RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
o. EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES

Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
Dra. GLORIA
otros 25 de julio UNIFICACIÓN 332
2 STELLA ORTIZ
de 2019 /2019 DE LA CORTE
DELGADO
CONSTITUCIONAL

Dr. LUIS SENTENCIA DE
6 de
Exp. T 7.182-312 GUIILLERMO UNIFICACIÓN 041
3 febrero de
y otros GUERRERO /2020 DE LA CORTE
2020
PÉREZ CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No.
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES
08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-
6 de agosto de Dra. SANDRA UNIFICACIÓN DEL
1 201300666-
2020 LISSET IBARRA
01 CONSEJO DE
ESTADO
(0833-16)

76001-23-31- Dr. CÉSAR
PALOMINO
00020090086
24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2 7-01, No.
2019 LISSET IBARRA CARMELO
Interno:
PERDOMO
4854-2014 CUÉTER

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
17 de junio de RODRÍGUEZ
3 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
04617-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
DRA. NUBIA
Dr. ROBERTO MARGOTH PEÑA
11001-03-15-
28 de junio de AUGUSTO GARZÓN - DR.
4 000-2018-
2019 SERRATO HERNANDO
04679-01)
VALDÉS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME
ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ
5 000-2018- YEPES
2019 NAVAS - Dr.
03499-01 CORRALES
GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE

Dr. WILLIAM
08001 23 33 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
000 2014 2 de diciembre FRANCISCO
6 GÓMEZ - Dr.
00173-01 de 2019 SUÁREZ
GABRIEL
(1688-16) VARGAS
VALBUENA
Dr. CÉSAR
08001-23-33- PALOMINO
10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7 000-
201400208- 2020 LISSET IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
CUÉTER

Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-31-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000-2014- 22 de octubre de
8 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
00254-01 2020
GÓMEZ GABRIEL
(4960-2017)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
08001-23-33- SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 12 de noviembre
9 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201400132- de 2020
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31
HERNÁNDEZ
000 2014 Dr. GABRIEL GÓMEZ -
17 de junio de
10 00815 VALBUENA
2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01 (4979–
2017) FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Dra. SANDRA
LISSET IBARRA
08001-23-33- Dr. CÉSAR VÉLEZ - Dr.
17 de junio de
11 000-2015- PALOMINO
2021 CARMELO
00331-01 CORTÉS
PERDOMO
CUÉTER
Dr. RAFAEL
FRANCISCO
19001-23-33-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000-2015- 4 de noviembre
12 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
de 2021
00445- GÓMEZ GABRIEL
02(048320)
VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33- Dr. CÉSAR
PALOMINO
000- CORTÉS - Dr.
201401127- 25 de noviembre Dra. SANDRA
13
01 de 2021 LISSET IBARRA CARMELO
PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
Dr. RAFAEL
40001-23-40- FRANCISCO
SUÁREZ
000- Dr. WILLIAM
25 de noviembre
14 201700134- HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
de 2021
01 GÓMEZ GABRIEL
(2208-2020) VALBUENA
HERNÁNDEZ

Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
40-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 11 de noviembre
15 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201590008- de 2021
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ

080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL GÓMEZ -
000- 11 de noviembre
16 VALBUENA
201490022- de 2021 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01
FRANCISCO
(5154-2016) SUÁREZ VARGAS

080001-23- Dr. WILLIAM
33- HERNÁNDEZ
Dr. GABRIEL GÓMEZ -
000- 20 de enero de
17 VALBUENA
201700931- 2022 Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ
01
FRANCISCO
(1001-2021) SUÁREZ VARGAS

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Dr. RAFAEL
080001-23-
FRANCISCO
33-
SUÁREZ
Dr. WILLIAM
000- 3 de marzo de
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr.
201500075- 2022
GÓMEZ GABRIEL
01
VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ

76001-23-33- Dr. CÉSAR
000- Dr. CARMELO PALOMINO
28 de abril de
19 201300756- PERDOMO CORTÉS - Dra.
2022
01 CUÉTER SANDRA LISSET
(2224-2020) IBARRA

080001-23- Dr. WILLIAM
40- HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
000- 9 de mayo de FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
20 GABRIEL
201700795- 2022 SUÁREZ
01 VARGAS VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ
47-001-23- Dr. CÉSAR
33- PALOMINO
CORTÉS - Dr.
000- 19 de mayo de Dra. SANDRA
21
201900359- 2022 LISSET IBARRA CARMELO
01 PERDOMO
CUÉTER
(4004-2021)
Dr. CÉSAR
47-001-23-
PALOMINO
33000-2019-
1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
22 00376-
2022 LISSET IBARRA CARMELO
01 (4462-
PERDOMO
2021)
CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA
LISSET IBARRA
000- Dr. CÉSAR VELEZ – Dr.
201500509- 22 de agosto de
23 PALOMINO
01 2022 CARMELO
CORTÉS
PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER

08001-23-33- Dr. SANDRA
LISSET IBARRA
000- Dr. CESAR VELEZ – Dr.
201590124- 22 de septiembre
24 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO
CORTÉS
PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- FRANCISCO
SUÁREZ
00212-02 Dr. WILLIAM
19 de enero de
25 HERNANDEZ VARGAS – Dr.
(4470-2021) 2023
GOMEZ GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

47001-23-33- DR. WILLIAM
000-2018- DR. RAFAEL HERNÁNDEZ
26 de enero
26 0231- 01 FRANCISCO GÓMEZ – DR.
2023
(0871-2020) SUÁREZ GABRIEL
VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El señor Miguel Antonio Miranda Yemayasu labora como docente «con la entidad
certificada en educación del Departamento de Boyacá». Además, se encuentra
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es
beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 28 de julio de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por
la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los
intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50
de 1990.

Mediante oficio del 26 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá negó la solicitud del demandante.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Miguel Antonio Miranda Yemayusa demandó al Ministerio de Educación
Nacional – Fomag y al Departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización
por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 28 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo
de Tunja negó las súplicas de la demanda, por considerar que el señor Miranda
Yemayusa se encontraba afiliado al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial
de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

2 En adelante Fomag.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual
expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que
era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en
el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen
especial de los docentes— no existe regulación sobre la sanción moratoria por la
no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto
es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible
hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al caso del señor Miranda Yemayusa, quien había ocupado el cargo de
docente oficial al servicio del departamento de Boyacá y se encontraba cubierto
por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria
aplicación y, por tanto, en aplicación del principio de autonomía e independencia
judicial, consideró que el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes
50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las
cesantías a un fondo privado hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por
el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normas.

Finalmente, insistió en que dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los
servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se
determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo
de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo
de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la
masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección
2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,
como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al
docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es
llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio
de seguridad jurídica, toda vez que «existe una abierta discordancia, entre lo
expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023 y la decisión adoptada (…) por el Tribunal Administrativo de
Boyacá».

Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. En auto del 28 de julio de 2023, el despacho sustanciador solicitó a la parte
accionante que aportara copia integral de la solicitud de amparo, debido a que no
era posible identificar cuáles eran los hechos que motivó que el señor Miranda
Yemayusa presentara el referido escrito de tutela.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.2. Mediante auto del 17 de agosto de 2023, el despacho sustanciador de
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Boyacá, como parte
demandada, y, como terceros con interés, al juez tercero administrativo de Tunja,
al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag. Asimismo, en auto del 15 de septiembre de 2023, vinculó a la secretaría
de educación del departamento de Boyacá.

2.3 La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó
que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por
cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de
unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no
se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el
primer mes de cada vigencia».

Solicitó que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial
accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó
las garantías procesales.

2.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara improcedente
la solicitud de amparo, debido a que el demandante pretende convertir la sede de
tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15001-33-33-003-2022-00062-01.

2.5. En memorial del 14 de septiembre de 2023, la parte accionante insistió en los
argumentos de la solicitud de amparo.

2.6. El Departamento de Boyacá pidió que se negara la acción de tutela. Para tal
efecto, manifestó que el pago de las cesantías al Fomag ingresan mediante un
giro global, el cual no tiene prevista la consignación de las cesantías a sus
afiliados. Advirtió, además, que esos recursos provienen de la Nación y del
Sistema General de Participaciones para el sector educativo, situación que no es
competencia del departamento.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Agregó que la Ley 50 de 1990 resulta inaplicable a los docentes oficiales afiliados
al Fomag, puesto que estos tienen un régimen jurídico especial en materia de
reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la sanción moratoria.

Sostuvo que la sentencia SU-098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no
guarda identidad fáctica y jurídica con lo que se debate en este proceso, pues en
aquel se trató de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado
al Fomag.

Por último, indicó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el
reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector
docente, pues el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de
1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las
cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año,
generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en
dichas normativas. Pero, insistió, dicho régimen no se aplica al sector docente,
sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

2.7. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en providencia del 5 de octubre de
2023, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no cumple con
el requisito de relevancia constitucional. En su criterio, la parte accionante
pretende convertir ese mecanismo constitucional en una instancia adicional al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-003
2022-00062-01, simplemente porque no está de acuerdo con la interpretación del
juez natural, esto es, que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es inaplicable a los
docentes oficiales, y no porque la providencia contenga alguna anomalía que exija
la intervención del juez constitucional.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la tutela y agregó que, contrario a lo establecido en el fallo de
primera instancia, la acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia
constitucional. Que, de hecho, en un caso similar, la Sección Segunda,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 23 de marzo de 2023,
concedió el amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 5 de octubre de 2023, por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia
judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se hubiera cumplido tal requisito, junto con los demás exigidos por la
jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para
establecer si la autoridad demandada vulneró o no los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el
16 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual
confirmó la sentencia dictada el 28 de octubre de 2022, por el Juzgado Tercero
Administrativo de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el señor Miguel Antonio Miranda
Yemayusa.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de
la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio,
se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha
sanción.

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó el a quo, la acción de tutela no tiene
vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes
razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Miranda Yemayasu
carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia
que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se
direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el
12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su
lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional,
precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas o
patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.
Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”3 . Por tanto, solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo
vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a
una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal
con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de
tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos
acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su
mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su
vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 2022 5, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y
no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en
sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al
amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha
sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole
estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de

3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.

Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad
con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo
contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de
reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su
naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el
auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de
desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta
de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad
social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta
con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por
tanto, no requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante
que sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya
fueron materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual
es evidente que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de
amparo como un recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento
favorable a sus intereses, el cual, dicho sea de paso, corresponde a una
discusión de carácter eminentemente económico a través del
reconocimiento de una sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como
una instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no
tengan una relación directa con una discusión de carácter fundamental6.

Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una
clara vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo
mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria
cuando el empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior,
porque este monto es de naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que
no da lugar a la intervención del juez de tutela.

También es importante anotar que el accionante no allegó elementos probatorios

6Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01,
M.P. Fredy Ibarra Martínez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no
consignación de sus cesantías.

Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio de la
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en
la solicitud de amparo.

2.2. Desconocimiento del precedente

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 7:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 8.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio

7 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
8 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».

15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente9).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto 10.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia11.

En este sentido, según el accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018, así
como el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-
SII-022-2020 del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a
que lo allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala
advierte que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la
demandante, lo cual desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo
constatar a través de los siguientes cuadros comparativos:

Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela de
la referencia no se
suministra información sobre
este aspecto.
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente Si bien no obran en el
terminó, sin embargo, la expediente los actos
Secretaría de educación, por administrativos relacionados
medio de la resolución con la vinculación del
4143.3.21.5447 del 22 de demandante, del extracto de
octubre de 2007, le reconoció intereses del 4 de
el pago de las prestaciones noviembre de 2021, se
sociales definitivas y le puede observar que ha
informó que el paso se causado intereses desde
realizaría al respectivo Fondo 2007. En tal virtud se
de Cesantías. presume que está vinculado
al servicio docente oficial
desde esa anualidad.

9 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
10 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las

particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
11 El accionante también consideró vulnerados los principios de seguridad jurídica, «norma más

favorable» y «perpetuatio jurisdictionis».

16

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Afiliación al Fomag Por un error interno, el El docente se encuentra
docente solo fue afiliado al afiliado al Fomag.
Fomag en 2007, a pesar de
haberse vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación El docente solicitó, el 28 de
cesantías y sus laboral con el Municipio de julio de 2021, el pago de la
intereses. Cali, al docente le sanción moratoria por la no
reconocieron el pago de las consignación de las
prestaciones sociales, entre cesantías y la indemnización
estas, las cesantías. por el pago tardío de los
intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el El docente solicitó tanto el
reconocimiento, liquidación y reconocimiento y el pago de
pago de la sanción moratoria la sanción moratoria por la
por la no consignación de las no consignación de las
cesantías, los intereses a las cesantías como la
cesantías ni los rendimientos. indemnización por el pago
tardío de los intereses de
las cesantías.

Sentencia del 22
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- 022- de septiembre de
2020 2022 del Consejo
de Estado12

Determinar si Determinar el momento a
el Definir si operó la
Tribunal partir del cual se contabiliza prescripción de la
Administrativo de el término de prescripción sanción moratoria
Boyacá desconoció para reclamar la sanción reclamada por la
el precedente moratoria de la Ley 50 de accionante por el
jurisprudencial que 1990. pago tardío de las
alude a la cesantías
aplicación de la Ley anualizadas, o sí,
50 de 1990, para el por el contrario,
reconocimiento de procede su
la sanción reconocimiento.
moratorio por la no
consignación
oportuna de las
cesantías a los
docentes oficiales.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22
de septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Sanción La no consignación La consignación tardía de Pago tardío de las
moratoria de las cesantías del las cesantías en las cesantías de los
solicitada año anualidades 2005, 2006 y años
2020 2007 1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de la Sentencia CESUJ-
legales y/o Seguridad Social. SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50 de
problema 1990.
jurídico

Características • Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del • Afiliado a Fomag Salud Municipal -Afiliada a
demandante • El vínculo laboral - Afiliada a Fomag
está vigente. Colfondos -El vínculo laboral
estaba vigente
hasta la
presentación
de demanda
ordinaria.

Sentencia del 29 de julio de
Criterio Sub lite 2019 emitida por el
Consejo de Estado13

Vinculación En el expediente de tutela Docente en propiedad
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto.
Estado del vínculo laboral Si bien no obran en el
expediente los actos
administrativos En la sentencia no se
relacionados con la suministra información sobre
vinculación de la este aspecto
demandante, del extracto
de intereses del 4 de
noviembre de 2021, se
puede observar que ha
causado intereses desde
2007. En tal virtud se
presume que está
vinculado al servicio
docente oficial desde esa
anualidad.
Afiliación al Fomag El docente se encuentra Según la sentencia en
afiliado al Fomag. mención, sí está afiliada.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Reclamación del pago de El docente solicitó, el 28 de La docente solicitó el
las cesantías y sus julio de 2021, el pago de la reconocimiento y el pago de
intereses. sanción moratoria por la no la sanción moratoria por
consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.

Tipo de sanción reclamada El docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.

Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
—incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.

En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente
diferente al caso del señor Miguel Antonio Miranda Yemayusa en la medida en
que allá, (i) por un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al
Fomag; (ii) su vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había
finalizado y, de hecho, (iii) ya se le habían reconocido las cesantías y estaba
esperando el traslado de los recursos al fondo de cesantías.

De hecho, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían aplicarse al asunto objeto
de estudio, porque existe una clara diferencia entre el funcionamiento del Fomag y
la forma como se administran los recursos en los fondos privados de cesantías,
habida cuenta de que en el primero rige el principio de unidad de caja, lo que
significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos, no se
efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos
los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son
girados al Fomag, para que este pague las prestaciones correspondientes una vez
sean exigibles.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación 14, tiene ciertas
similitudes con el caso examinado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, lo
cierto es que no era una decisión vinculante, debido a que los fallos proferidos en
sede de tutela tienen efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta
vinculante el fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado15, al que también aludió la parte
actora.

Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 16, analizó un
caso que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la
solicitud de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el
estudio del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por
lo que no observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de
la parte demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente».

Aún más, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura, mediante la sentencia SUJ-032-CE-S2-20230 del 11 de octubre de
202317, frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en la que indicó
que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en la normativa citada, debido a que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1981.

Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos
del país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes
vinculados después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna
de los recursos del Ministerio de Educación al Fomag, basta señalar que tales
decisiones no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo de Boyacá,
por emanar de jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el
desconocimiento del precedente alegado.

14
Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su
lugar, se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se
sustentaba en la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
15 Expediente 11001031500020230106300.
16 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya

Escobar.
17 Sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-33-33-001-2022-00016-01

(5746-2022).

20

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03991-01
Demandante: Miguel Antonio Miranda Yemayusa
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Entonces, teniendo en cuenta (i) que el accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento
del precedente judicial enlistado por el señor Miranda Yemayusa, dado que no
comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos y,
además, (iv) que el Tribunal Administrativo de Boyacá argumentó suficientemente
por qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud de amparo
incumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece
a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.a
spx.

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