Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02224-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02224-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02224-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
1 de junio de 2023
Demandantes: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02224-00
Demandantes: ELVIRA MARROQUÍN Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Caducidad. Deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1. Petición de amparo constitucional
Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2023 en el Sistema de Recepción de
Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, las señoras Elvira
Marroquín, Jakeline Ortega Marroquín y Edith Marroquín1, por conducto de
apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, junto con los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.
Lo anterior, con ocasión de la providencia de 10 de octubre de 2022 proferida
por la mencionada autoridad judicial, por medio de la cual revocó la sentencia
1
Nombres tomados como aparecen en las firmas de los poderes conferidos en el presente
trámite.
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Demandantes: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
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de 11 de diciembre de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada
de oficio la caducidad; esto dentro del medio de control de reparación directa
que promovieron contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional de la República de Colombia (ARC). Proceso que se identificó con el
número 25000-23-36-000-2017-01405-00/01 (67.965).
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
“1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y a la vulneración del
principio de confianza legítima, violados a través de la sentencia de fecha 10
de octubre de 2022, proferida por la Sección Tercera-Subsección A del
Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa adelantado contra
la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA NACIONAL, bajo el
radicado número 25000233600020170140501 (67965).
2. Como consecuencia de la decisión de amparo, decretar la nulidad y/o dejar
sin efectos la sentencia de fecha 10 de octubre de 2022 proferida por la
Sección Tercera-Subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso de
reparación directa adelantado contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
ARMADA NACIONAL, bajo el radicado número 25000233600020170140501
(67965).
3. Ordenar al Sección Tercera-Subsección A del Consejo de Estado, que en el
perentorio término de ocho (8) días, profiera la sentencia de reemplazo,
atendiendo las previsiones contendidas en esta acción tutelar y las
recomendaciones que el Honorable CONSEJO DE ESTADO tenga a bien
hacer.”
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
La parte accionante sostuvo que el 17 de junio 2007, en el municipio de Puerto
Guzmán, Putumayo, en instantes en que se movilizaba de la finca hacia el
caserío “Mayoyoque” con la intención de comprar víveres para el hogar, el
señor Luis Carlos Ortega Sánchez murió como consecuencia de impactos de
arma de fuego perpetrados por miembros de la Armada Nacional.
Refirió que el 27 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 11 Judicial II Administrativa de Bogotá D. C.
con lo que quedó agotado el requisito de procedibilidad. Informó que la solicitud
de presupuesto no fue rechazada por caducidad del medio de control.
Mencionó que, la demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
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Defensa Nacional, Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) fue
radicada el 28 de julio de 2017 ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, siendo admitida mediante auto
del 18 de octubre de la misma anualidad. Adujo que el proceso se identificó con
el radicado 25000-23-36-000-2017-01405-00.
Refirió que, el aludido despacho mediante sentencia del 11 de diciembre de
20192 declaró la responsabilidad de dicha entidad por la muerte violenta del
señor Luis Carlos Ortega Sánchez, condenándola al pago de perjuicios. Para tal
efecto, en dicha providencia se indicó que la demandada no contestó la
demanda, razón por la que se presumirían como ciertos los hechos invocados
por la actora, según el artículo 97 del Código General del Proceso.
Manifestó que en dicho proveído se explicó que las pruebas obrantes en el
expediente daban cuenta de que la víctima directa falleció el 17 de junio de
2007, junto con otras 2 personas, como consecuencia de impactos de arma de
fuego realizados por miembros de la Armada Nacional de la República de
Colombia, sin que para tal fin se hubiese presentado combate alguno, sino una
actuación violatoria de los derechos humanos frente a una persona sin relación
alguna con grupos al margen de la ley, que se dedicaba al trabajo del campo
“raspando coca” y frente a la cual no se probó que hubiese activado el arma
que supuestamente se le encontró, de lo cual, en todo caso, no fue diligenciada
acta alguna.
Indicó que, en la decisión fueron reconocidos 100 SMMLV por perjuicios
morales para cada una de las demandantes, monto que también fue reconocido
en favor de la sucesión del señor Luis Carlos Ortega Sánchez, en atención a los
momentos de angustia y zozobra que vivió “previo a su ejecución”.
Expuso que ambas partes apelaron la decisión de primera instancia y que, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con providencia del 10 de
octubre de 2022 la revocó para, en su lugar, declarar probada de manera
oficiosa la excepción de caducidad del medio de control con sustento en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020.
Precisó que dicha decisión fue notificada el 2 de noviembre de 2022 y que,
entre sus motivaciones se indicó que desde el 18 de junio de 2007, la familia de
la víctima directa tuvo noticia del hecho causante del daño y, por ende, desde
ese momento estaba en la posibilidad de formular las pretensiones pertinentes
en sede de reparación directa contra la Armada Nacional de la República de
Colombia, lo que debía hacer en un término de 2 años - numeral 8 del artículo
136 Decreto 01 de 1984-, sin que se presentaran argumentos e incluso pruebas
sobre alguna situación particular que le hubiese impedido demandar en tiempo.
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Notificada por correo electrónico del 19 de diciembre de 2019.
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3. Sustento de la vulneración
La parte actora sostuvo que, con la providencia demandada se incurrió en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Afirmó que, la relevancia constitucional obedece a la vulneración de sus
derechos fundamentales por parte de la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado al proferir la sentencia de segunda instancia.
Indicó que la sentencia dictada por el Consejo de Estado declaró de manera
oficiosa la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa
con sustento en la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de
2020, la cual es posterior a la radicación de la demanda.
Mencionó que, hasta antes del 29 de enero de 2020, la jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado establecía que en aquellos casos de delitos
de lesa humanidad y violación de derechos humanos no operaba el fenómeno
jurídico de la caducidad.
Agregó que, para la fecha en que fue radicada la demanda de reparación
directa estaba vigente la sentencia de unificación SU 659 de 2015, proferida por
la Corte Constitucional, que sostuvo que “frente a conductas constitutivas de
violaciones a los derechos humanos, no debe aplicarse el término del artículo
136, numeral 8 de la C.C.A., en cumplimiento de los compromisos
internacionales.”
Adujo que, la regla jurisprudencial que debió ser aplicada es la de que no opera
el término de caducidad del medio de control de reparación directa por hechos
que constituyen la violación de derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario.
Resaltó que, el efecto que causa la decisión judicial cuestionada es la de obligar
a los demandantes a acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos o ante el Sistema Universal a alegar la violación de los Derechos
Humanos que el Estado colombiano se ha comprometido a respetar y a no
vulnerar, situación que resulta desproporcionada para las víctimas de tales
violaciones.
Manifestó que, en atención a que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos es el órgano convencional autorizado para la interpretación de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual está incorporada
en nuestro derecho interno por haber sido ratificada por el estado colombiano,
sus decisiones sobre la interpretación del referido instrumento internacional
resultan de obligatorio cumplimiento.
Adujo que, cambiar las reglas judiciales que inspiran la propuesta de un litigio
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por hechos que constituyen violación de derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario, constituye una conducta que “revictimiza a
los demandantes y a la vez desconoce la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual en Sentencia de Fondo,
Reparaciones y Costas del 29 de noviembre de 2018, proferida en el caso
Órdenes Guerra y otros vs Chile, se estableció que en tratándose de
reparaciones por graves violaciones a los Derechos Humanos no opera la
prescripción de las acciones reparatorias.”
Afirmó que, la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020
no se adecúa a la interpretación que sobre la prescripción y caducidad de las
acciones reparatorias en casos de lesa humanidad y violación de derechos
humanos que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Órdenes Guerra vs Chile, razón por la cual, solicitó que se “deje sin
efectos dicha providencia de unificación en lo relacionado con hechos
constitutivos de lesa humanidad”.
Concluyó que, la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de
2020 no puede ser aplicada a casos que fueron iniciados con antelación a su
expedición, pues hacerlo, vulnera los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima, como
también los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición de los actos de lesa humanidad por ellos sufridos.
4. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto del 4 de mayo de 2023 se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
A su vez, se dispuso la vinculación como terceros con interés de los
magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, del ministro de Defensa Nacional y del
comandante de la Armada Nacional de la República de Colombia (ARC).
Asimismo, se ordenó la publicación en la página web del Consejo de Estado un
aviso sobre la existencia de esta acción, para conocimiento de eventuales
interesados.
5. Contestación
5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Sostuvo que, la sentencia objeto de reparo constitucional no vulneró derecho
fundamental alguno, en tanto fue el resultado de la aplicación de la normativa
vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos -artículo 136 del Decreto 01
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de 1984-, en concordancia con el criterio de unificación del 29 de enero de 2020
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del 13 de agosto de la misma
anualidad de la Corte Constitucional -SU-312 de 2020-.
Señaló que, la Corte Constitucional, en sede de tutela, ya se ha pronunciado
frente a casos como el sub lite, en los que se alega la vulneración de derechos
constitucionales por la aplicación del criterio de unificación adoptado en 2020 y,
según el cual la pretensión de reparación directa es susceptible de caducidad,
incluso en eventos de lesa humanidad, escenario en el que se ha negado el
amparo solicitado.
Adujo que, en efecto, en sentencia T-210 de 2022, en un asunto de tutela
promovido con ocasión de un fallo en el que se declaró la caducidad por daños
derivados de una conducta de lesa humanidad, se concluyó que tanto el
Consejo de Estado como la Corte Constitucional en las providencias que
dictaron en enero y agosto de 2020, respectivamente, habían dejado sentada
su posición frente al tema, sin que para tal fin resultaran oponibles los
pronunciamientos expedidos con anterioridad en un sentido distinto 3, pues a
partir de la adopción del criterio de unificación ese era el vinculante y, por ende,
era el precedente constitucional vigente.
Reiteró que, la sentencia de la subsección no es constitutiva de vulneración
alguna, sino que se edificó en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso
concreto, en concordancia con el análisis de las situaciones particulares de los
actores, sin que se hubiese advertido alguna que permitiera inaplicar las reglas
de caducidad de la reparación directa, de ahí que lo procedente fuera concluir
que la demanda se presentó de manera extemporánea.
5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Pese a su notificación, guardó silencio.
5.3. Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional de la República de
Colombia
Guardó silencio, a pesar de su notificación.
3
De manera concreta, la Corte sostuvo:
“Así, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional son los precedentes vinculantes en
relación con el término de caducidad de las acciones de reparación directa relacionadas con
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Por el contrario, las decisiones
citadas por los accionantes no son precedentes aplicables al presente caso, en tanto fueron
dictadas con anterioridad a la sentencia de unificación jurisprudencial y, adicionalmente, no
expresan un criterio jurisprudencial unificado en la materia”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si con la decisión demandada
se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, al revocar la
sentencia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda
de reparación directa que promovió en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) para,
en su lugar, declarar probada de manera oficiosa la excepción de caducidad,
por incurrir en el defecto por desconocimiento del precedente.
Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales5, conforme al cual:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el
de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales,
no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí
que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
4
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción
de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
7
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providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”6.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia7 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
6
Ibidem.
7
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.
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transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4. Examen de requisitos generales
4.1. Relevancia constitucional
Este requisito se encuentra cumplido, en consonancia con la postura fijada por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se
unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que
los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, son los
siguientes:
i) Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) No involucrar un debate eminentemente legal,
iii) No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Para la Sala el asunto reviste de relevancia constitucional, puesto que la parte
actora cuestiona la providencia con la cual se revocó la sentencia del 11 de
diciembre de 2019, por medio de la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar probada de manera
oficiosa la excepción de caducidad y, en tal sentido, considera que se afectaron
sus garantías constitucionales por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Esto, porque la autoridad judicial accionada aplicó de manera indebida la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 que prevé como regla que
cuando se ejerce el medio de control de reparación directa por los daños
sufridos con ocasión de los delitos de lesa humanidad, también se debe hacer
exigible el término para demandar establecido por el legislador en el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011.
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El presente asunto, se trata de una cuestión de carácter ius fundamental en la
medida en que no solo se invoca la protección de sus garantías superiores, sino
que el caso involucra el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, dado que el juez de segunda instancia descartó el estudio de la
responsabilidad del Estado, al declarar probada la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa.
Adicionalmente, los accionantes explicaron de manera suficiente la tensión
entre la providencia censurada y el núcleo esencial del derecho de acceso a la
administración de justicia, al exponer que la autoridad judicial accionada aplicó
de manera indebida el precedente judicial que habilita el estudio de la
caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos en que se
cuestiona la responsabilidad del Estado.
Siendo así, el debate jurídico planteado por los tutelantes sobrepasa la mera
discusión legal, no comporta un interés netamente jurídico y se cumple con la
carga argumentativa que soporta la lesión de los derechos fundamentales con
ocasión de la providencia judicial que rechazó el medio de control de que se
trata.
4.2. Tutela contra providencia de la misma naturaleza
Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia de segunda instancia censurada - que es sobre
la cual procede el análisis correspondiente-, se profirió en el trámite de un
proceso de reparación directa.
4.3. Inmediatez
Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez,
puesto que la providencia demandada de segunda instancia se notificó el 2 de
noviembre de 2022, mientras que la demanda de tutela se presentó el 2 de
mayo de 2023; por tanto, entre la ejecutoria de aquella y la formulación de esta
acción constitucional, se advierte un ejercicio oportuno de ésta.
4.4. Subsidiariedad
La Sala encuentra acreditado tal presupuesto, puesto que contra la decisión
demandada no procede recurso ordinario, ni extraordinario alguno.
Así las cosas, se procederá con el siguiente análisis.
5. Caso concreto
La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales con
ocasión de la providencia de 10 de octubre de 2022 proferida por el Consejo de
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Estado, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual revocó la
sentencia de 11 de diciembre de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada
de oficio la caducidad del medio de controlcon fundamento en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de enero de 20208. Esto dentro de la demanda
reparación directa que promovieron contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional de la República de Colombia (ARC).
En tal sentido, la actora consideró que con la decisión acusada se incurrió en el
desconocimiento del precedente jurisprudencial puesto que, para la fecha en
que radicó la demanda estaba vigente la sentencia de unificación SU 659 de
2015, proferida por la Corte Constitucional, que sostuvo que frente a conductas
constitutivas de violaciones a los derechos humanos, no debía aplicarse el
término de caducidad del numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo.
También agregó que hasta antes del 29 de enero de 2020, la jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado establecía que en aquellos casos de delitos
de lesa humanidad y violación de derechos humanos no operaba el fenómeno
jurídico de la caducidad. En tal sentido, destacó que dicha sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 no puede ser aplicada a casos que fueron
iniciados con antelación a su expedición.
Por lo que, consideró que la citada sentencia de unificación no se adecúa a la
interpretación sobre la prescripción y caducidad de las acciones reparatorias en
tales eventos y, solicitó que “deje sin efectos dicha providencia de unificación en
lo relacionado con hechos constitutivos de lesa humanidad”.
Por su parte, para la autoridad judicial demandada no se incurrió en el defecto
específico en cita puesto que se edificó su decisión en la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso concreto, en concordancia con el análisis de las
situaciones particulares de los actores, sin que se hubiese advertido alguna que
permitiera inaplicar las reglas de caducidad de la reparación directa.
De manera que, se debe indicar que en cuanto al precedente jurisprudencial,
esta Sala ha considerado lo siguiente:
«…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez
que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una
similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la
ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
8
De la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
11
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determinado sentido’9, y que el desconocimiento de éste se materializa
‘…cuando el fallador -Alta Corporación-, sin motivación - omite referirse a un
caso anterior- o sin una motivación suficiente y razonable, decide separarse o
modificar la subregla de derecho expuesta por él en un caso anterior, o
cuando el juez de inferior jerarquía no lo aplica pese a estar obligado a ello»10.
A su vez, la Corte Constitucional se ha referido al precedente de la siguiente
manera:
«…el conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, el cual
debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la
resolución de un problema jurídico. El precedente debe ser anterior a la
decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una
semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.»11
De modo que, para que prospere el defecto por desconocimiento del
precedente, éste debe acreditarse con un pronunciamiento –o varios- que
sirvan de referencia al juez de la causa, respecto de un determinado asunto, por
guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos.
Adicionalmente, debe precisarse que esta Sección en reiterados
pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a
la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido
específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de
decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o subregla de derecho.
Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas
de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la
jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la
garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la
coherencia del ordenamiento jurídico.
Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial,
debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera
desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que
se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Así las cosas, solo podría corresponder a un precedente la sentencia que
contenga una regla o subregla de derecho o que fije el alcance de una
9
Sentencia del 19 de febrero de 2015, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Radicado No. 2013-02690-01.
10
Ibídem.
11
Corte Constitucional. Sentencia T - 762 de 2011.
12
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disposición normativa, proferida por los órganos de cierre como lo son: i) la
Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de
Justicia, las cuales deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al
momento de resolver los casos concretos.
En lo particular, se encuentra que la autoridad judicial acusada previo a resolver
el caso concreto, precisó lo atinente al término de caducidad de la reparación
directa en casos como el analizado, a partir de los siguientes pronunciamientos:
a) Criterio de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 202012.
En la providencia acusada se indicó que, a través de sentencia del 29 de enero
de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su
jurisprudencia en relación con la aplicación de las reglas de caducidad en
materia de reparación directa.
Para lo cual precisó que las disposiciones establecidas para tal fin resultan
aplicables a todos los asuntos en los que se solicite la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, incluso en aquellos casos que versen
sobre daños derivados de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra 13,
pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 excluyen tales asuntos y,
por ende, no establecen una regla especial que imponga que la demanda
pueda ser presentada en cualquier tiempo. Y que, al respecto, para el cómputo
de la caducidad se fijaron unas premisas, a saber:
“i) Excepto en los casos de desaparición forzada, que tiene regulación
expresa…el plazo para demandar se computa desde la ocurrencia del hecho
12 Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). Actor: Juan José Coba Oros
y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros. Referencia:
Reparación directa. En esta decisión se decidió: “PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no
se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.”
13
“En tal providencia se consideró que la imprescriptibilidad que operaba en materia penal no
se extendía a la pretensión de reparación directa, por lo siguiente:
“Las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en
los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de
lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en
virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que
se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna
injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90
de la Constitución Política” …
Al respecto, se tuvo en cuenta que la imprescriptibilidad penal no es absoluta…”
13
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causante del daño… siempre que desde ese momento los afectados
hubiesen estado en posibilidad de conocerlo y, por ende, de poder advertir la
posibilidad de imputar responsabilidad al Estado en tales hechos, sin que este
último supuesto implique la sanción penal del agente que ocasionó el daño,
porque la declaratoria de la responsabilidad estatal no está condicionada a
esa decisión, sin perjuicio de que el afectado pueda solicitar como prueba lo
actuado en tal ámbito, incluso pedir que se suspenda el trámite hasta tanto no
se resuelva ese asunto y en cada caso será el juez el que defina si existe una
relación de dependencia que imponga la espera o no de la decisión de las
autoridades penales.
ii) El término pertinente, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, no
se aplicará cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, hasta tanto se superen,
momento en el cual empezará a correr el plazo de ley.”
En la sentencia acusada se estableció que, el juez de lo contencioso
administrativo debe realizar el cómputo de la caducidad de la reparación directa
en una forma distinta a las establecidas en las disposiciones legales
pertinentes, en los eventos en los que la no comparecencia del afectado ante la
administración de justicia se encuentra justificada, porque no conocía la
participación del Estado y, por ende, no le podía imputar responsabilidad
patrimonial, o en cuanto se presentaron situaciones que obstaculizaron el
ejercicio del derecho de acción, pues el paso del tiempo no puede empezar a
correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia,
lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.
b) Criterio de unificación de la Corte Constitucional del 13 de agosto de 2020
(SU 312 de 2020).
A su vez, la autoridad judicial acusada sostuvo que la Corte Constitucional, en
la sentencia SU 312 del 13 de agosto de 2020, precisó que, como ocurría en el
Consejo de Estado antes de la referida sentencia del 29 de enero de 2020, en
dicha Corporación existían criterios divergentes en torno a la posibilidad de
aplicar a la reparación directa los efectos de la imprescriptibilidad penal de los
delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, tema frente al cual
resultaba necesario unificar su jurisprudencia.
c) Aplicación en el tiempo de la regla de unificación sobre caducidad de la
reparación directa: Corte Constitucional, sentencia T -044 de 2022.
Asimismo, en la providencia cuestionada se indicó que la corporación razonó
frente a los efectos en el tiempo de la sentencia de unificación de la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, bajo el
entendido de que resultaba vinculante, a título de precedente, desde el
momento en el que fue proferida, es decir, a los casos que se encontraban en
curso y a los iniciados luego –efectos retrospectivos–, “mas no solo a los
14
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procesos iniciados con posterioridad al fallo de unificación –efectos
prospectivos–”.
d) Obligatoriedad de los parámetros del cómputo de la caducidad de la
reparación directa en aspectos como el analizado: Corte Constitucional,
sentencia T -210 de 2022.
De igual manera, precisó que en sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, en un
caso de tutela promovido con ocasión de un fallo en el que se declaró la
caducidad por daños derivados de una conducta de lesa humanidad, se
concluyó que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional en las
sentencias que dictaron en enero y agosto de 2020, respectivamente, habían
dejado sentada su posición frente al tema, sin que para tal fin resultaran
oponibles los pronunciamientos expedidos con anterioridad en un sentido
distinto, pues a partir de la adopción del criterio de unificación era ese el
vinculante y, por ende, era el precedente constitucional vigente.
A su vez, la autoridad judicial demandada indicó que, en la providencia citada,
la corte reiteró el deber del juez de garantizar que la parte demandante pueda
explicar por qué no acudió a la justicia en los términos legales, bien sea en la
etapa de alegatos de conclusión ante el a quo, al apelar las decisiones
adoptadas frente a las excepciones o cuestionar el fallo o durante el transcurso
de la segunda instancia.
Para el caso concreto, en la decisión acusada se precisó que ni siquiera
durante el trámite de segunda instancia del proceso ordinario, la parte
demandante intervino de forma alguna para poner de presente argumentos e
incluso pruebas sobre alguna situación particular que le hubiese impedido
demandar en tiempo.
Y que, ante la evidencia de que no se advertían situaciones que impusieran una
decisión en sentido distinto, por lo que, concluyó que sí resulta exigible el
término de caducidad, supuesto que se rige por el numeral 8 del artículo 136
Decreto 01 de 1984, en cuanto los hechos sucedieron en 2007.
Esto, porque desde el 18 de junio de 2007, la familia de la víctima directa tuvo
noticia del hecho causante del daño y, por ende, desde ese momento estaba en
la posibilidad de formular las pretensiones pertinentes en sede de reparación
directa contra la Armada Nacional, lo que debía hacer en un término de 2 años -
numeral 8 del artículo 136 Decreto 01 de 1984-.
En tal sentido, en la providencia acusada se destacó que el término de
caducidad corrió entre el 18 de junio de 2007 y el 18 de junio de 2009, período
dentro del cual no fue agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación
15
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extrajudicial14 ni presentada la demanda de la referencia, actuaciones que se
agotaron, respectivamente, el 14 de marzo de 2017 y el 28 de julio de siguiente,
cuando ya había expirado la oportunidad prevista para tal fin.
Así las cosas, la Sala observa que la declaratoria de la excepción de caducidad
estuvo fundamentada en un estudio razonable de la jurisprudencia que la
autoridad judicial consideró aplicable al caso concreto, sin que se configure una
arbitrariedad cuando la decisión no resulta favorable a las pretensiones de la
demanda.
De igual manera, resulta necesario precisar que el juez de segunda instancia
debía acudir al criterio unificatorio que estaba vigente para la fecha en que se
dictó la providencia en cuestión15, como lo fue para el asunto en particular de la
sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con la aplicación de las
reglas de caducidad en materia de reparación directa en el sentido de que el
cómputo de dicha figura en la reparación directa debe realizarse de forma
distinta a las establecidas en las disposiciones legales, en los eventos en los
que la no comparecencia del afectado ante la administración de justicia se
encuentra justificada.
En efecto, la autoridad judicial demandada tuvo en cuenta la aplicación del
mencionado pronunciamiento de unificación en el caso concreto, cuando
precisó lo siguiente:
“Con todo, conviene aclarar que el presente asunto no se encuadra en tales
supuestos, pues en el proceso de la referencia el traslado de alegaos de
conclusión y el ingreso al despacho del proceso para fallo de segunda
instancia fue posterior a la fecha en la que se dictó y notificó la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pues por auto notificado el
17 de mayo de 2022 se corrió traslado para alegatos de conclusión y el
expediente ingresó para fallo el 28 de junio siguiente.”
En lo atinente, se indica que la Sala Plena del Consejo de Estado ha
considerado que, por regla general, el precedente se aplica en forma
retrospectiva cuando las reglas o subreglas de derecho fijadas cobijan trámites
cuya solución está pendiente, tanto en vía administrativa como judicial “salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
14
“La Ley 1285 de 2009 fue publicada en el diario oficial de 22 de enero de ese año, mientras
que el Decreto 1716 se publicó el 14 de mayo, por lo que para la fecha de vencimiento de la
caducidad ya era exigible el requisito de procedibilidad.”
15 En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de
marzo de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de agosto de 2022, rad. 11001-03-
15-000-2022-02074-01 y 30 de marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
16
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seguridad jurídica, resultan inmodificables”16.
Además, se considera necesario recordar que la caducidad es una figura de
orden público, que traza un límite temporal, que no se puede renunciar y que
debe ser declarada por el juez oficiosamente.
De modo que, si bien la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 se
profirió después que los demandantes presentaron la demanda de reparación
directa el 28 de julio de 2017, lo cierto es que el carácter retrospectivo de estas
vincula a los jueces que conocen del proceso que no ha hecho tránsito a cosa
juzgada, por lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria para la subsección
acusada de esta corporación.
Finalmente, se observa que la parte actora solicitó en el punto 36 de la
demanda de amparo, que se dejara sin efectos la aludida providencia de
unificación del 29 de enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sala Plena en el expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01
(61.033), pues a su juicio “no se adecúa a la interpretación que sobre la
prescripción y caducidad de las acciones reparatorias en casos de lesa
humanidad y violación de derechos humanos ha desarrollado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra vs Chile…”.
Al respecto, debe indicarse que, las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia fueron claras y específicas, esto es, que se dejara sin efectos la
sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa con
número 25000-23-36-000-2017-01405-00/01 (67.965), además de que la parte
actora carece de legitimación para tal pretensión pues no integró la parte activa
ni intervino como vinculada en el expediente en el cual se dictó la decisión de
unificación en mención.
En consecuencia, se denegará el amparo solicitado por la parte accionante, en
tanto que, no se encuentra configurado el defecto específico invocado, ni
alguna vulneración de sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto
de 18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ).
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FALLA
PRIMERO: Deniégase la acción de tutela promovida por la señora Elvira
Marroquín y otros, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
18
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