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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01405-01

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01405-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2019, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, DECLARAR PROBADA de manera oficiosa la excepción de caducidad. SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a las demandantes, en partes iguales y en favor de la entidad demandada, para lo cual por agencias en 60 Al respecto, la Sala tomó en consideración el hecho de que la normativa establecida por el Consejo Superior de la Judicatura tiene un monto mínimo y un límite un máximo, de ahí que el monto deba oscilar entre esos puntos, con observancia de los demás factores establecidos en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, que señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se destaca). En el sub lite se fija el monto mínimo en atención a que la actuación en el proceso de la entidad estuvo determinada por la comparecencia a la audiencia inicial y la apelación del fallo de primera instancia, sin que se interviniera en actuaciones adicionales, sin perjuicio de la vigilancia del trámite que tienen a su cargo las partes. 61 La Sala reitera que en atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5 del Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, cuando en el caso concreta se superan los montos de la mayor cuantía las agencias oscilarán “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”. En este asunto “lo pedido” está determinado por el hecho de que las 3 demandantes reclamaron para cada una: i) 100 smmlv por daños a bienes constitucionalmente protegidos y ii) 1.000 smmlv por perjuicios morales, concepto que fue solicitado en igual cuantía en favor de la sucesión del señor Ortega Sánchez, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-01405-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

10 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diez (10) de octubre dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: ELVIRA MARROQUÍN Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA NACIONAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD – Exigencia frente a conductas de lesa
humanidad / CRITERIO DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LA SECCIÓN
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO – CRITERIO DE UNIFICACIÓN DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL – La caducidad se computa desde la ocurrencia del hecho causante
del daño, salvo que el interesado no hubiese advertido la participación del Estado ni la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, o porque se presentaron situaciones
que impidieron el ejercicio del derecho de acción / OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE
– Carácter vinculante – Deber del juez de permitirle a la parte explicar la razón por la que
no demandó en la oportunidad legal.

La Sala decide los recursos de apelación formulados por las partes contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2019, por medio de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad accionada.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En hechos ocurridos el 17 de junio 2007, en el municipio de Puerto Guzmán,
Putumayo, el señor Luis Carlos Ortega Sánchez murió como consecuencia de
impactos de arma de fuego perpetrados por miembros de la Armada Nacional.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 28 de julio de 2017 1 , Elvira Marroquín, Jakeline Ortega Marroquín 2 y Edith
Marroquín3, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron la
demanda de la referencia contra la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional,

1 De conformidad con la constancia de recibido obrante a folio 4 del cuaderno 1.
2 Nombre tomado de la nota de presentación personal del poder (folio 2 del cuaderno 1).
3 Por medio apoderado judicial, según los poderes visibles de folios 1 a 3 del cuaderno 1.

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

con el fin de que se les indemnicen los perjuicios causados con la muerte del señor
Luis Carlos Ortega Sánchez, ocurrida el 17 de junio 2007, en el municipio de Puerto
Guzmán, Putumayo.

Cada una de las demandantes solicitó: i) 100 smmlv por daños a bienes
constitucionalmente protegidos y ii) 1.000 smmlv por perjuicios morales, concepto que
fue solicitado en igual cuantía en favor de la sucesión del señor Ortega Sánchez.

A título de medidas restaurativas, la parte actora pidió que la demandada presentara
un informe sobre la verdad de lo ocurrido, pidiera perdón e hiciera efectiva la garantía
de no repetición.

1.1. Hechos

En la demanda, en síntesis, se narraron como hechos relevantes los siguientes:

El señor Luis Carlos Ortega Sánchez vivía en la vereda Mayoyoque de Puerto
Guzmán y el 17 de junio de 2007, en el momento en que se dirigía de su finca al
mercado, fue retenido por miembros de la Armada Nacional, quienes lo llevaron a
“una laguna”, lugar en el que fue asesinado junto con otras dos personas, “Edinson”
Goyes Agredo y Luis Ángel León González.

El menor Carlos Fabián Ortega Marroquín, hijo de la víctima directa, observó cómo
la Armada Nacional golpeó a las 3 personas retenidas, al sentir miedo se alejó del
lugar de los hechos, momento en el cual escuchó “múltiples disparos que le dieron
a entender que su papá había sido asesinado”.

Al llegar a la casa, el menor Ortega Marroquín, por el shock en el que se encontraba,
no pudo contarle a su madre lo sucedido, quien se enteró de ello por conducto de
un familiar que fue hasta la finca.

El cadáver fue trasladado por la entidad accionada hasta la morgue del cementerio
del municipio de Solano, Caquetá, sitio en el que fue inspeccionado y practicada la
necropsia y posteriormente el cuerpo fue entregado a la demandante Elvira
Marroquín.

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación por los anteriores hechos,
en la que los militares implicados rindieron su versión, cuyas manifestaciones eran
contradictorias e incoherentes.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

La parte actora precisó que en el sub-lite no resultaba procedente el cómputo del
término de caducidad, por tratarse de un delito de lesa humanidad.

2. Trámite de primera instancia

2.1. El 18 de octubre de 20174, fue admitida la demanda, decisión notificada en
debida forma5, pero la accionada no la contestó, ni el Ministerio Público ni la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervinieron.

2.2. El 22 de octubre de 20186 el Tribunal a quo llevó a cabo la audiencia inicial7, en
la que: i) fijó el litigio en torno a la responsabilidad de la accionada en la muerte del
señor Ortega Sánchez, y ii) decretó las pruebas pedidas por la demandante8.

Por auto del 3 de abril de 2019 9 , se corrió traslado para alegatos de conclusión,
oportunidad en la que solo intervino la demandante10 e insistió en que la muerte de la
víctima directa fue consecuencia de una falla en el servicio.

3. Sentencia de primera instancia

4 Folios 29 y 30 del cuaderno 1.
5 Folios 62 a 69 del cuaderno 1.
6 Folios 64 a 68 del cuaderno 1.
7 Con asistencia del Ministerio Público, así como de los apoderados de la parte actora y de la entidad.
8 El a quo decretó las documentales allegadas y pedidas por la actora y tuvo en cuenta que la entidad

no contestó la demanda y que no se presentaron irregularidades en la notificación.
Lo aportado con la demanda corresponde a copia de: i) los registros civiles de nacimiento y de
defunción de la víctima directa; ii) de los registros civiles de nacimiento de Elvira Marroquín, Jakeline
Sánchez Marroquín y Edith Sánchez Marroquín; iii) acta del 17 de junio de 2007 de entrega del
cadáver de la víctima directa; iv) oficio del 9 de septiembre de 2015, en el que la Inspección General
del Ejército Nacional remite al Comando de la Sexta División la solicitud presentada por la señora Elvira
Marroquín frente a la existencia de investigación disciplinaria por los hechos debatidos; v) oficios del 21
de septiembre y del 8 de octubre de 2015, así como auto del 29 de abril y oficio del 12 de mayo de 2016,
en los que la Procuraduría General de la Nación le informa a Elvira Marroquín que por la muerte del
señor Ortega Sánchez no se adelantó investigación disciplinaria; vi) oficios de la Fiscalía General de la
Nación del 21 de septiembre, 19 de octubre y 4 de noviembre de 2015, a través de los cuales se le
informa a la señora Elvira Marroquín que la investigación por la muerte del señor Ortega Sánchez
cursaba en la Fiscalía 38 Seccional de Cali, y vi) copia de las diligencias penales pertinentes.
A su vez, el a quo ordenó oficiar al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 60, con sede en
Puerto Leguízamo, Putumayo, para que remitiera copia de: i) la investigación disciplinaria adelantada
por los hechos objeto de la litis; ii) la orden de operaciones y la misión táctica del 17 de junio de
2007; iii) las actas de munición entregada y gastada de los uniformados implicados en los hechos;
iv) el registro de las comunicaciones entre la unidad de infantería involucrada y la estación de
comunicaciones del puesto fluvial antes enunciado, junto con sus respectivas transcripciones; v) la
solicitud al CTI para el levantamiento del cadáver; vi) informe presentado por el daño sufrido por el
deslizador en el que se transportaban los militares, así como su bitácora de mantenimiento.
La parte actora no solicitó pruebas distintas a las documentales enunciadas.
9 Ante la manifestación de la entidad de que en sus archivos no reposaba copia de los documentos

pedidos, el a quo siguió adelante con el trámite del proceso (folio 95 del cuaderno 1).
10 Folios 104 a 107 del cuaderno 1.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante sentencia del 11 de diciembre de 2019 11 , declaró patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional por la muerte
del señor Luis Carlos Ortega Sánchez, el 17 de junio de 2007.

A juicio del a quo, no era aplicable la caducidad, al tratarse de un delito de lesa
humanidad, según la jurisprudencia de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado; además, indicó que como la accionada no contestó la demanda
se presumirían como ciertos los hechos invocados por la actora, según el artículo
97 del CGP12.

Luego, al analizar el fondo del asunto, el Tribunal explicó que las pruebas obrantes
en el expediente daban cuenta de que la víctima directa falleció el 17 de junio de
2007, junto con otras 2 personas, como consecuencia de impactos de arma de
fuego realizados por miembros de la Armada Nacional, sin que para tal fin se
hubiese presentado combate alguno, sino una actuación violatoria de los derechos
humanos frente a una persona sin relación alguna con grupos al margen de la ley,
que se dedicaba al trabajo del campo “raspando coca” 13 y frente a la cual no se
probó que hubiese activado el arma que supuestamente se le encontró, de lo cual,
en todo caso, no fue diligenciada acta alguna.

Adicionalmente, en el fallo se destacó que: i) los cuerpos de las víctimas fueron
despojados de sus prendas de vestir y trasladados por la entidad en “bestias”, sin
protocolo alguno; ii) los militares invocaron un combate con armas de fragmentación
y armamento largo, pero en el lugar de los hechos solo fueron encontradas dos
armas cortas; iii) como fuente de información se hizo alusión a un desmovilizado de
las FARC, quien nunca señaló al señor Ortega Sánchez como integrante de
organización criminal alguna; y iv) las personas del sector que presenciaron los
hechos, incluido el hijo de la víctima directa, coincidieron en señalar que los
fallecidos fueron retenidos, luego llevados a un lugar en el que los militares los

11 Folios 111 a 141 del cuaderno 4.
12 Sobre este punto se sostuvo literalmente “la entidad demandada (…) no contestó la demanda (…),

lo que, de conformidad con el artículo 97 del CGP, aplicable por remisión normativa del CPACA, se
presumirán como ciertos los hechos contenidos en la demanda” (folio 128 del cuaderno 4).
13 “[C]obran relevancia las declaraciones rendidas por los familiares de los fallecidos y vecinos (…)

[que] coinciden en afirmar que las víctimas eran civiles que se dedicaban a labores agropecuarias
(…), que como la gran mayoría de los jóvenes de la zona trabajaban raspando cultivos de coca
porque como lo manifiestan en su relato ‘eso es lo único que da’, pero que a pesar de ello no tenía
nada que ver con el conflicto armado’ y nunca portaban armas, más bien eran unos hombres
trabajadores que no tenían problemas con nadie en su comunidad (…) (folio 131 del cuaderno 4).

4

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

golpearon y asesinaron, a pesar de que ellos levantaron sus manos en señal de
rendición.

En cuanto a la indemnización, en la sentencia fueron reconocidos 100 smmlv por
perjuicios morales para cada una de las demandantes, monto que también fue
reconocido en favor de la sucesión del señor Luis Carlos Ortega Sánchez, dados
los momentos de angustia y zozobra que vivió “previo a su ejecución”.

Al respecto, el tribunal aclaró que no resultaba procedente el reconocimiento de
1.000 smmlv por perjuicios morales, en virtud del principio de congruencia
establecido en el artículo 281 del CGP14.

De otro lado, se precisó que se encontraba acreditada la “vulneración, en cabeza
de Luis Carlos Ortega Sánchez, de la dignidad humana, del derecho a la igualdad
material y a la no discriminación (…), de desarrollo de la personalidad, del derecho
a la familia y del derecho al trabajo”, de ahí que resultaran procedentes las
siguientes medidas: i) la remisión de copia de la sentencia al Centro de Memoria
Histórica; ii) la celebración de un acto público en el que la demandada asumiera su
responsabilidad y ofreciera disculpas públicas, y iii) el reconocimiento de 100 smmlv
en favor de cada una de las demandantes.

Además, el a quo condenó en costas a la entidad, en cuantía del 5% de la
indemnización reconocida, para lo cual se invocó lo establecido en el Acuerdo 1187
de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

4. Recursos de apelación

4.1. La parte actora en su apelación solicitó la modificación del monto de 100 smmlv
por concepto de perjuicios morales, para que, en su lugar, se ordenaran 1.000 smmlv
para cada una de las accionantes, tal como se pidió en la demanda, en concordancia
con la jurisprudencia de esta Corporación15.

14 Se sostuvo “la Sala no accederá a la petición elevada por la parte actora consistente en superar

los montos regulares por concepto de perjuicios morales hasta 1.000 salarios mínimos legales
mensuales, pues si bien la asiste razón en que la sala plena del Consejo de Estado (…) reconoció
que en casos de violaciones de los derechos humanos y acreditación de mayor intensidad del daño
hay lugar a exceder el monto perjuicios morales normalmente fijado (100) hasta el triple (3000), no
debe olvidarse que el artículo 281 del Código General del Proceso establece lo que pasa a verse:
(…) ‘no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocación en esta’” (folio 137 vuelto del cuaderno 4).
15 Folios 152 a 162 del cuaderno 4.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

4.2. A juicio de la demandada16, no incurrió en una falla en el servicio, porque las
pruebas obrantes en el expediente no daban cuenta de un uso desproporcionado
de la fuerza o algún tipo de actividad ilegal, pues lo acreditado fue que se presentó
un combate, que se desencadenó por el ataque previo de la víctima directa, de ahí
que los militares hubiesen actuado en defensa propia.

El Tribunal a quo sustentó su decisión en los testimonios rendidos en el proceso
penal, sin que se cumpliera lo previsto en el artículo 174 del CGP, en virtud del cual
para tal fin se requería que se hubiesen practicado con audiencia o por solicitud de
la parte contra la que se adujeron o que la contradicción se hubiese surtido en el
proceso de reparación directa, lo que no ocurrió.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. Por auto del 23 de febrero de 2022 17, el Consejo de Estado admitió las
apelaciones y, en virtud de la providencia del 6 de mayo siguiente, notificada el 17
del mismo mes y año,18, la demandante alegó de conclusión y reiteró lo sostenido en
su apelación. El Ministerio Público argumentó que en el sub lite operó la caducidad,
porque los hechos ocurrieron en 2007 y la demanda se radicó hasta 2017, sin que se
advirtiera situación alguna que justificara la inactividad de la parte actora, de ahí que
resultara procedente la revocatoria de la sentencia de primera instancia19.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Alcance de la segunda instancia

El Tribunal a quo declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de
Defensa – Armada Nacional, por considerar que incurrió en una falla en el servicio
al ocasionar la muerte del señor Luis Carlos Ortega Sánchez el 17 de enero de
2007, conclusión que fue apelada por la condenada, en cuanto sus uniformados
actuaron en defensa propia, dada la agresión previa de la víctima directa.

A su vez, la parte actora apeló para que fuera aumentada la indemnización por
perjuicios morales.

16 Folios 163 a 171 del cuaderno 4.
17 El expediente fue allegado a la Corporación el 3 de diciembre de 2021 e ingresó al despacho de

la ponente por reparto el 3 de febrero de 2022 (folios 174 a 177 del cuaderno 4, índice 4 de Samai).
18 Índice 13 de Samai.
19 Índices 17 a 19 de Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

En los anteriores términos, le correspondería a la Sala resolver la segunda
instancia 20 ; sin embargo, no es posible proceder de conformidad, dada la
configuración de una excepción que impide resolver sobre el fondo del asunto, la
relacionada con la caducidad de la pretensión de reparación directa, que será
declarada por la Subsección en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo
187 21 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con la jurisprudencia de esta
Corporación22.

2. Término de caducidad de la reparación directa en casos como el analizado

2.1. Criterio de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020

A través de sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con la aplicación de las
reglas de caducidad en materia de reparación directa, para lo cual precisó que las
disposiciones establecidas para tal fin resultan aplicables a todos los asuntos en los
que se solicite la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, incluso en
aquellos casos que versen sobre daños derivados de delitos de lesa humanidad o
crímenes de guerra23, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 excluyen

20 De manera previa, la Sala constató su competencia y la encontró acreditada, pues se trata de la

apelación de un fallo de reparación directa con cuantía superior a 500 smmlv, en virtud de los
artículos 150, 152 y 157 de la Ley 1437 de 2011.
21 “Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones

propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”.
22 En ese sentido, la Sala Plena de esta Sección, en relación con la posibilidad que tiene el juez

decrete excepciones de manera oficiosa, en sentencia de unificación puntualizó:
“[P]por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen las referencias (…) que se aducen y esgrimen en contra de la decisión (…), junto con
las excepciones que se derivan (…) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las
cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de
configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa (…) como (…) la operancia
(…) de la caducidad (…), con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o
no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro
está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo” (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 21.060,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez).
El anterior criterio fue reiterado en sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, así:
“[Si] se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los
asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…), sin perjuicio de la potestad que tiene el
juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para
proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad (…), aunque no hubieran sido propuestos
por el apelante” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth).
23 En tal providencia se consideró que la imprescriptibilidad que operaba en materia penal no se

extendía a la pretensión de reparación directa, por lo siguiente:
“Las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo
contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en virtud
de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

tales asuntos y, por ende, no establecen una regla especial que imponga que la
demanda puede ser presentada en cualquier tiempo.

Al respecto, para el cómputo de la caducidad se fijaron las siguientes premisas:

i) Excepto en los casos de desaparición forzada, que tiene regulación expresa24, el
plazo para demandar se computa desde la ocurrencia del hecho causante del
daño 25 , siempre que desde ese momento los afectados hubiesen estado en
posibilidad de conocerlo y, por ende, de poder advertir la posibilidad de imputar
responsabilidad al Estado en tales hechos, sin que este último supuesto implique la
sanción penal del agente que ocasionó el daño, porque la declaratoria de la
responsabilidad estatal no está condicionada a esa decisión, sin perjuicio de que el
afectado pueda solicitar como prueba lo actuado en tal ámbito, incluso pedir que se
suspenda el trámite hasta tanto no se resuelva ese asunto y en cada caso será el
juez el que defina si existe una relación de dependencia que imponga la espera o
no de la decisión de las autoridades penales.

ii) El término pertinente, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, no se
aplicará cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción, hasta tanto se superen, momento en el cual
empezará a correr el plazo de ley.

advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna
injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90
de la Constitución Política” (se destaca).
Al respecto, se tuvo en cuenta que la imprescriptibilidad penal no es absoluta, porque cuando existe
un sujeto individualizado y formalmente vinculado a un proceso por dichas conductas, es posible
computar el término pertinente, pues no es posible que las personas queden indefinidamente sujetas
a un proceso por la inoperancia de las autoridades, máxime cuando pueden ser privadas de
prerrogativas fundamentales como la libertad.
24 En efecto, el inciso segundo del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., adicionado por el artículo 7

de la Ley 589 de 2000, prevé que: “el término de caducidad de la acción de reparación directa
derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima
o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de
que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos”, regla que también
se encuentra prevista en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
25 La consolidación u ocurrencia del hecho causante del daño en desplazamiento forzado, por ser

una conducta continuada, se configura cuando este cesa, bien por supuestos como la estabilización
en otra zona o por disipación de las condiciones de peligro.
En tal escenario, en principio, la demanda de reparación directa deberá interponerse dentro de los 2
años siguientes a la cesación, sin perjuicio de que concurran situaciones especiales que ameriten
recurrir a la excepción de inconstitucionalidad y, por ende, al criterio de unificación citado, bien por
la imposibilidad de imputar responsabilidad al Estado, por desconocer su participación en los hechos,
o por presentarse situaciones posteriores que impidan el ejercicio del derecho acción, lo cual debe
analizarse en cada caso, según la razonabilidad de las circunstancias invocadas por el interesado.
Así las cosas, si la conducta no ha cesado resulta innecesario un análisis de imposibilidad de ejercicio
del derecho de acción en los términos de la sentencia de unificación, dado que en tal escenario la
caducidad no ha empezado a correr, porque el hecho causante del daño se mantendría vigente.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe realizar el cómputo de la
caducidad de la reparación directa en una forma distinta a las establecidas en las
disposiciones legales pertinentes, en los eventos en los que la no comparecencia
del afectado ante la administración de justicia se encuentra justificada, porque no
conocía la participación del Estado y, por ende, no le podía imputar responsabilidad
patrimonial, o en cuanto se presentaron situaciones que obstaculizaron el ejercicio
del derecho de acción, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra
quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insiste,
depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.

Lo anterior procede frente a daños derivados de conductas de lesa humanidad,
crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la
responsabilidad patrimonial Estado, porque para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia.

2.2. Criterio de unificación de la Corte Constitucional del 13 de agosto de 2020

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-312 del 13 de agosto de 202026, precisó
que, como ocurría en el Consejo de Estado antes de la referida sentencia del 29 de
enero de 2020, en dicha Corporación existían criterios divergentes en torno a la
posibilidad de aplicar a la reparación directa los efectos de la imprescriptibilidad
penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, tema frente
al cual resultaba necesario unificar su jurisprudencia.

Lo anterior, bajo el entendido de que, en tales eventos, “como lo puso de presente
el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, (…) no es necesario extender
la figura (…) para asegurar los derechos de las víctimas”27, de ahí que “la aplicación
del término legal de caducidad (…) es acorde a los mandatos constitucionales”,

26 Corte Constitucional, sentencia SU -312 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
27 Al respecto, la Corte, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en su sentencia de unificación,

consideró que “a modo de excepción, la acción penal es imprescriptible frente a los delitos de lesa
humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra hasta que se individualice y vincule a un proceso
al presunto responsable, porque a partir de este último momento inicia a contabilizarse el plazo de
extinción , pues, en virtud de los principios de dignidad humana y debido proceso, “es un imperativo
(…) que frente a ‘personas determinadas –individualizadas y (…) vinculadas- se exija el cumplimiento
de los términos de investigación y juzgamiento’, so pena de instrumentalizar al imputado”.
Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que, como lo sostuvo el Consejo de Estado, en el
fallo del 29 de enero de 2020, los perjudicados por las conductas enunciadas cuentan con un plazo
de 2 años para demandar, el cual “empezará a contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad
penal que se predica de las mencionadas conductas delictivas, una vez la persona tenga
conocimiento real de la participación, por acción u omisión, del Estado y se encuentre en la
posibilidad material de imputarle el daño causado”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

pues en tales eventos no solo basta con la fecha de ocurrencia de la conducta, “sino
la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos
vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para
presentar la reclamación respectiva” 28.

A juicio de la Corte, resulta imperioso que exista un término de caducidad de las
acciones judiciales, pues es contrario al derecho de acceso a la administración de
justicia su ejercicio de manera ilimitada, “sin condicionamientos de ninguna especie”,
porque ello atentaría contra la seguridad jurídica y obstaculizaría la posibilidad del
Estado de brindar a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus
conflictos y, por ende, de obtener pronta y cumplida justicia, de ahí que la actitud

28 En relación con este punto la Corte Constitucional señaló:

“(…) [E]n la jurisprudencia contencioso-administrativa (…) se ha señalado que el término de
caducidad de dos años del medio de control de reparación directa sólo inicia a contabilizarse: (i)
desde el momento en el cual los interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al
Estado, y (ii) siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato judicial
para interponer la demanda correspondiente.
(…) [A] fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación estima que dicho entendimiento del término
de caducidad del medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una
perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda
reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.
En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable (…), porque el término respectivo
sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido (…). Lo anterior,
comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del
interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública
y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.
De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término legal de caducidad del medio
de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la optimización de los
intereses constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la presente
oportunidad. Específicamente, por una parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no
implica una afectación grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los
daños causados por las mismas (…).
En esta línea argumentativa, cabe recordar que, en la Sentencia C-115 de 1998 la Sala Plena de la
Corte declaró la constitucionalidad de la norma que fijaba de manera estricta en dos años el término
de caducidad de la pretensión de reparación directa (inciso cuarto del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo) (…), si con efectos de cosa juzgada constitucional, se estimó que la
existencia de una norma que establecía el término de caducidad de la pretensión de reparación
directa en dos años a partir de la ocurrencia del hecho dañoso sin modulación alguna era conforme
a la Carta Política debido a que salvaguardaba la seguridad jurídica y no afectaba el derecho al
acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mutatis
mutandis, es razonable sostener que una interpretación amplia de una disposición que es más
benéfica para la protección de los intereses de los afectados por un perjuicio causado por el
Estado (…), al incorporar el conocimiento de la participación de un agente público en la causa
del menoscabo para iniciar con la contabilización de dicho plazo y la posibilidad material de
acudir al aparato jurisdiccional, también es acorde con el ordenamiento superior.
(…) [La] inclusión del conocimiento del responsable de una conducta a fin de iniciar a contabilizar el
término de extinción de una acción judicial, es una forma de ponderar el principio de seguridad
jurídica y el mandato de justicia en escenarios relacionados con delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra, el cual no sólo se puede evidenciar en el ordenamiento interno en materia
contenciosa administrativa, sino también en la especialidad penal (…)” (se destaca).

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

pasiva de quien estuvo en la posibilidad de ejercer sus derechos no fuera
susceptible de protección.

2.3. Aplicación en el tiempo de la regla de unificación sobre caducidad de la
reparación directa: Corte Constitucional, sentencia T -044 de 202229

En esta oportunidad, la Corporación razonó frente a los efectos en el tiempo de la
sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de

29 Corte Constitucional, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses

Mosquera, oportunidad en la que la Corte precisó:
“Las pruebas aportadas al expediente de tutela (…) dan cuenta de varios hechos relevantes para
este proceso, que ocurrieron antes de que la Sección Tercera del Consejo de Estado unificara
su jurisprudencia sobre la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión
de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, a saber: (i) la demanda de reparación
directa se presentó el 20 de junio de 2014 ; (ii) la sentencia de primera instancia, en la que se declaró
la responsabilidad extracontractual del Estado por la muerte de los familiares de los tutelantes[130],
debido a que se encontró probado que este “omitió su deber constitucional de proteger [su] vida (…);
(iii) los recursos de apelación, en los que se cuestionó la caducidad de la acción y la cuantía de los
daños reconocidos, se presentaron el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2019; (iv) los recursos de
apelación fueron admitidos por la magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo del
Casanare, en auto del 19 de noviembre de 2019; (v) dicha funcionaria judicial corrió traslado
para presentar alegatos de conclusión, por medio de providencia del 19 de diciembre de 2019;
(vi) dicho auto se notificó por estado del 13 de enero de 2020; (vii) los alegatos de conclusión
de la parte demandante se presentaron el 27 de enero de 2020; y (viii) el término para presentar
alegatos venció ese mismo día, de conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo
247 de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, es importante tener en cuenta que la sentencia de unificación data del 29 de enero de
2020 y fue notificada por estado del 30 del mismo mes y año, esto es, luego de que se cerrara la
fase de alegatos del proceso de reparación directa en el que se dictó la sentencia objeto de esta
acción de tutela”. Establecido que el término de alegatos de conclusión venció antes de la notificación del fallo de
unificación, la Corte indicó que era deber del juez:
“[R]eadecuar el proceso, particularmente, la fase de alegatos para permitir que las partes explicaran
cuáles fueron las razones por las que no acudieron a la justicia en los términos legales, esto es, la
imposibilidad material de demandar en los términos de ley. Esto, porque, al amparo de las tesis
jurisprudenciales vigentes para el momento de la presentación de la demanda, los alegatos de
conclusión de primera instancia, los recursos de apelación y los alegatos de segunda instancia, no
era necesario que estos justificaran la demora en la interposición de la demanda de reparación
directa, toda vez que el punto central en la jurisprudencia en vigor era la valoración de la existencia
de conductas catalogables como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra
Igualmente, ante la modificación relevante de los referentes normativos que orientaron las reflexiones
jurídicas de las partes, como ocurre, por ejemplo, ante cambios relevantes en las reglas
jurisprudenciales, es necesario que los jueces reconduzcan el proceso con el objetivo de permitir
que las partes complementen sus alegatos de conclusión o, excepcionalmente, aporten nuevos
elementos de juicio, sobre todo en aquellos casos en los que, de un lado, el cambio de reglas tiene
como consecuencia la imposición de cargas argumentativas o probatorias para alguna de las partes
y, del otro, los argumentos y pruebas obrantes en el plenario no sean suficientes para entender
satisfechas las cargas impuestas con ocasión del viraje de la jurisprudencia.

Puede pasar, por ejemplo, que, al momento de presentar una demanda ordinaria, los interesados
debían demostrar la ocurrencia de un hecho ‘x’ para que prosperaran sus pretensiones y que, luego
de que presentaron sus alegatos buscando mostrar la ocurrencia de ese hecho ‘x’, ocurre un
cambio jurisprudencial que supone que, en adelante, ya no será suficiente el hecho ‘x’ sino que,
además, es necesario demostrar que ocurrió el hecho ‘y’ o, incluso, que debe demostrar los hechos
‘x’ y ‘y’. En esta hipótesis, la garantía del derecho fundamental al debido proceso le impone al juez
el deber de auscultar el expediente y los alegatos de las partes en busca del hecho ‘y’ y, ante
la imposibilidad de hallarlo, de readecuar el curso del proceso para permitir a las partes
presentar nuevos alegatos y, excepcionalmente, decretar nuevas pruebas, a petición de parte o
de oficio, con el objetivo de establecer si ocurrió o no el hecho ‘y’” (se destaca).

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Referencia: Reparación directa

Estado del 29 de enero de 2020, bajo el entendido de que resultaba vinculante, a
título de precedente, desde el momento en el que fue proferida, es decir, a los casos
que se encontraban en curso y a los iniciados luego –efectos retrospectivos–, “mas
no solo a los procesos iniciados con posterioridad al fallo de unificación –efectos
prospectivos–”.

Aclarado lo anterior, la Corte concluyó que, en el caso particular, debía concederse
el amparo solicitado, dado que la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020 fue notificada luego del vencimiento del término para alegar
de conclusión, por ende, el juez de lo contencioso administrativo debió permitirle a
los accionantes complementar los alegatos de conclusión.

Con todo, conviene aclarar que el presente asunto no se encuadra en tales
supuestos, pues en el proceso de la referencia el traslado de alegaos de conclusión
y el ingreso al despacho del proceso para fallo de segunda instancia fue posterior a
la fecha en la que se dictó y notificó la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, pues por auto notificado el 17 de mayo de 2022 se corrió traslado para
alegatos de conclusión y el expediente ingresó para fallo el 28 de junio siguiente.

2.4. Obligatoriedad de los parámetros del cómputo de la caducidad de la
reparación directa en aspectos como el analizado: Corte Constitucional,
sentencia T -210 de 2022

En sentencia T-210 del 10 de junio de 202230, en un caso de tutela promovido con
ocasión de un fallo en el que se declaró la caducidad por daños derivados de una
conducta de lesa humanidad, se concluyó que tanto el Consejo de Estado como la
Corte Constitucional en las sentencias que dictaron en enero y agosto de 2020,
respectivamente, habían dejado sentada su posición frente al tema, sin que para tal
fin resultaran oponibles los pronunciamientos expedidos con anterioridad en un
sentido distinto31, pues a partir de la adopción del criterio de unificación era ese el
vinculante y, por ende, era el precedente constitucional vigente.

30 Corte Constitucional, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera.
31 De manera concreta, la Corte sostuvo:

“Así, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional son los precedentes vinculantes en relación
con el término de caducidad de las acciones de reparación directa relacionadas con delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Por el contrario, las decisiones citadas por los
accionantes no son precedentes aplicables al presente caso, en tanto fueron dictadas con

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
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Referencia: Reparación directa

De este modo, fue negado el amparo pedido en tal oportunidad, porque en la
actualidad “la interpretación del término de caducidad de la acción de reparación
directa se encuentra plenamente unificada en la jurisprudencia colombiana, en
particular respecto de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
genocidio”, criterio vinculante32 para esta jurisdicción, en virtud de los principios de
igualdad, seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima, así como de lo previsto
en los artículos 230, 237 y 241 de la Constitución, que someten a los jueces al
imperio del derecho, incluida “la interpretación jurisprudencial de los máximos
órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico”.

En la providencia citada, la Corte reiteró el deber del juez de garantizar que la parte
demandante pueda explicar por qué no acudió a la justicia en los términos legales,
bien sea en la etapa de alegatos de conclusión ante el a quo, al apelar las decisiones
adoptadas frente a las excepciones o cuestionar el fallo o durante el transcurso de
la segunda instancia.

3. Caso concreto

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que en el sub lite no resultaba
exigible el término de caducidad de la pretensión de reparación directa, “por tratarse
de un delito de lesa humanidad”, en atención al criterio jurisprudencial adoptado por
la Subsección C de la Sección Tercera en sentencia del 7 de abril de 2015,
expediente 51.388.

Lo argumentado en el fallo de primera instancia no resulta de recibo para esta
Subsección, en cuanto el precedente aplicable a este caso, por tratarse de un
proceso en curso para cuando se adoptó, es el establecido tanto por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado como por la Corte Constitucional en
los términos indicados en el acápite precedente, según el cual la caducidad es
aplicable a todas las pretensiones de reparación directa, incluidas aquellas
relacionadas con conductas de lesa humanidad, siempre que la parte actora
hubiese podido conocer la participación del Estado, salvo en los casos de
imposibilidad material de acudir ante las autoridades jurisdiccionales, escenario en

anterioridad a la sentencia de unificación jurisprudencial y, adicionalmente, no expresan un criterio
jurisprudencial unificado en la materia”.
32 Sin perjuicio de la posibilidad del juez de apartarse del respectivo criterio, siempre que cumplan

una carga explicación estricta, adecuada y suficiente que, según el fallo citado, dé cuenta de un
“argumento suficiente para el abandono o cambio si (…) un caso se pretende fallar en un sentido
contrario al anterior en situaciones fácticas similares, a fin de conjurar la arbitrariedad y asegurar el
respeto al principio de igualdad” (cita textual tomada de la sentencia T-210 de 2022).

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Referencia: Reparación directa

el que la caducidad se computará solo desde la superación de esas situaciones
particulares.

La Sala advierte que en el asunto de la referencia el 23 de febrero de 2022 se
admitió el recurso de apelación contra el fallo del Tribunal a quo y el traslado para
alegatos de conclusión de segunda instancia se corrió mediante auto del 7 de mayo
de 2022, sin que la parte actora en tales oportunidades hubiese intervenido de forma
alguna para poner de presente argumentos e incluso pruebas sobre alguna
situación particular que le hubiese impedido demandar en tiempo.

Así las cosas, ante la evidencia de que no se advierten situaciones que impongan
una decisión en sentido distinto, la Sala concluye que en el sub lite sí resulta exigible
el término de caducidad, supuesto que se rige por el numeral 8 del artículo 136
Decreto 01 de 198433, en cuanto los hechos sucedieron en 2007.

En efecto, la muerte del señor Luis Carlos Ortega Sánchez, junto con la de las otras
2 víctimas –Edinson Goyes Agredo y Luis Ángel León González–, ocurrió el 17 de
junio 200734, fecha desde la cual la parte actora la conoció y estuvo al tanto de la
participación de la Armada Nacional, pues los hechos sucedieron en el
corregimiento en el que residía la víctima directa con su núcleo familiar -Mayoyoque,
Puerto Guzmán 35 -, en horas del día 36 y en unas situaciones particulares que
llevaron a que los habitantes de la zona se enteraran de lo sucedido, incluidos los
familiares del señor Ortega Sánchez, al punto de que uno de ellos habría
presenciado los instantes previos a la muerte37, advirtiendo la presencia de varios
militares en ese escenario.

33 El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que para la época de los hechos señalaba que: “los términos

que hubieren empezado a correr (…) se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, tal
artículo fue modificado por el artículo 624 del CGP, el cual, en todo caso, consagró la misma regla
frente a términos.
34 Según la copia del registro civil de defunción obrante a folio 2 del cuaderno 2, en concordancia

con el protocolo de necropsia del 17 de junio de 2007 (folios 81 a 91 del cuaderno 2).
35 Municipio en el que no solo vivía la víctima directa con su familia, sino que eran oriundos de allí,

de conformidad con la copia de su registro civil de nacimiento y el de la demandante Elvira Marroquín,
en concordancia con las manifestaciones contenidas en la demanda acerca del lugar de residencia
(folios 1 a 12 del cuaderno 2).
36 En ese sentido las declaraciones rendidas ante la justicia penal militar por los infantes de marina

“Quidinson” Payares López, Eder Martínez Hernández, Luis Alberto Zamora Ruiz y Jorge Armando
Payares Correa el 11 y 12 de febrero de 2008 (folios 122 a 140 del cuaderno 2); además, la entrevista
rendida por la demandante Elvira Marroquín (folios 173 y 174 del cuaderno 2), y el informe de hechos
operacionales del 17 de junio de 2007 rendido por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 60
ante el comandante de la estación de policía de Solano (folios 236 y 237 del cuaderno 2).
37 Al respecto, en la demanda se sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“5. El señor LUIS CARLOS ORTEGA SÁNCHEZ y ELVIRA MARROQUÍN tenía fijado su domicilio y
residencia en la vereda Mayoyoque, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán Putumayo (…).

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En efecto, dicha muerte fue de conocimiento de los habitantes de la zona38, pues
algunos vecinos del señor Luis Carlos Ortega Sánchez lo vieron con vida en la
mañana del 17 de junio de 200739, luego, se enteraron que había muerto y ese
mismo día, en horas de la tarde40, se enteraron del traslado de su cuerpo y el de las
otras 2 personas por el personal de la demandada41, información que, se reitera, no

(…).7. El día domingo 17 de junio de 2007, día de mercado, el señor LUIS CARLOS ORTEGA
SÁNCHEZ en instantes en que se movilizaba de la finca hacia el caserío de Mayoyoque (…) fue
retenido por miembros de la Armada Nacional, quienes lo golpearon sin motivo alguno mientras lo
llevaban hasta una Laguna donde le (…) causaron la muerte (…).
(…). 9. CARLOS FABIÁN ORTEGA MARROQUÍN, menor de edad para la fecha de los hechos, hijo
del señor LUIS CARLOS ORTEGA SÁNCHEZ (…) vio como los miembros de la Armada Nacional
ultrajaban a su papá LUIS CARLOS y a los señores EDINSON y LUIS ÁNGEL, mientras
permanecían con las manos alzadas.
(…) 10. El menor CARLOS FABIÁN intentó acercarse (…), pero los miembros de la ARMADA no lo
dejaron pasar, observando él todos los maltratos a que lo tenían sometido, lo cual lo hizo entrar en
miedo y llanto, sintiéndose impotente por no poder ayudarlo.
11. De manera inmediata, el menor CARLOS FABIÁN se dio vuelta para coger rumbo hacia la finca,
escuchando múltiples disparos que le dieron a entender que su papá había sido asesinado.
12. Al llegar a la finca, el menor CARLOS FABIÁN, por el shock en que se encontraba, no pudo
contarle a su mamá nada de lo que había presenciado en relación con su papá.
13. La señora ELVIRA MARROQUÍN se enteró la muerte de su compañero LUIS CARLOS
ORTEGA SÁNCHEZ por un allegado a la familia que fue hasta la finca a contarle lo sucedido”.
(se destaca).
38 En entrevista rendida ante el CTI el 21 de agosto de 2008, la señora Idaly Balante Agredo, madre

de una de las víctimas -Edinson Goyes Agredo-, ante la pregunta de cuándo se enteró de la muerte,
explicó que “el mismo día domingo como a las dos de la tarde, cuando se oyó el escándalo de la
gente, que los habían matado a EDISON, LUIS ÁNGEL Y CARLOS”; además, señaló (se transcribe
literal, incluso con posibles errores):
PREGUNTA. Ese día usted observó el cuerpo sin vida de su hijo. CONTESTO. Sí, nosotros nos
paramos a mirar (…) y pedimos que nos los dejaran en el pueblo y nos hicieron unos disparos.
PREGUNTA. Quien disparó (…). Los soldados, hicieron tres disparos, al aire, y decían que no los
dejaban, que se los llevaban. PREGUNTA. Que personas estaban con usted cuando les dispararon.
PREGUNTA. Estaba todo el pueblo, estaba el padre de Mayoyoque, ANÍBAL SUÁREZ y
LORENZO CARABALÍ, que es profesor de ahí. Ya al otro día que fuimos a Florencia a rescatar
los cuerpos entonces la funeraria hizo las vueltas y que los tenían en Solano” (se destaca).
39 En entrevista rendida ante el CTI el 21 de agosto de 2008, la señora Elisa González Caicedo,

madre de una de las víctimas - Luis Ángel León González-, señaló que en la mañana vio al señor
Luis Carlos Ortega Sánchez con los otros dos fallecidos, que camino al pueblo se habían encontrado
con el personal militar, luego se les habría causado la muerte, para, finalmente, llevar sus cuerpos
en “bestias”, el pueblo se reunió para no dejar llevar los cadáveres, pero se los llevaron (folios 165 y
166 del cuaderno 2). En el mismo sentido rindió entrevista el señor Cirilo Goyes Castro, en su calidad
de padre (folios 167 a 169 del cuaderno 2).
40 Según el informe de hechos operacionales del 17 de junio de 2007 rendido por el Batallón Fluvial

de Infantería de Marina No. 60 ante el comandante de la estación de policía de Solano (folios 236 y
237 del cuaderno 2).
A las 6: 30 pm del día de los hechos se llevó a cabo en Solano la diligencia de inspección del cadáver
y a las 8:30 pm inició la necropsia del señor Ortega Sánchez (folios 81, 293 a 295 del cuaderno 2).
41 En cuanto al hecho de que el cuerpo fue movilizado en condiciones de ser susceptibles de ser

advertidas por los habitantes del lugar de residencia de la parte actora, en el expediente obran las
declaraciones rendidas ante la justicia penal militar por los uniformados implicados, contexto en el
que, el 11 de febrero de 2008, el infante de marina profesional “Quidinson” Payares López sostuvo
que el día de los hechos “al salir la tropa del área, el pueblo se le amotino al personal, diciendo que
éramos unos asesinos” (folio 126 del cuaderno 2). En la misma fecha, el infante de marina profesional
Eder Martínez Hernández expuso que los cuerpos de los 3 muertos fueron sacados del lugar de los
hechos en 2 “mulas”, “pasando por el pueblo” (folio 122 del cuaderno 2). Igualmente, en declaración
el 12 de febrero de 2008, el infante de marina profesional Luis Alberto Zamora Ruiz señaló que, en
efecto, pasaron por el pueblo con los cuerpos, para llevarlos a Solano (folio 136 del cuaderno 2). A
su vez, el 15 de febrero de la misma anualidad, el infante de marina Rodolfo de Jesús Orozco Arrieta

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Referencia: Reparación directa

fue pasada por alto para la familia del señor Ortega Sánchez42, pues uno de sus
integrantes advirtió parte de lo sucedido y otra persona fue hasta la residencia de
la demandante Elvira Marroquín a avisarle que él había muerto, que su cuerpo se
lo habían llevado43 y, previa necropsia44, le fue entregado a esta demandante el 19
de junio de 200745.

Además, obra en el expediente la entrevista rendida el 22 de agosto de 2007 ante
el CTI por la referida demandante, cuyas manifestaciones dan cuenta del
conocimiento de la muerte desde su ocurrencia, así se explicó:

“Pues ese día nosotros mandamos al niño mi hijo Carlos Fabián Ortega
Marroquín, a comprar la verdura y la carne a Mayoyoque, y Luis Carlos y yo
quedamos en la casa, después como a las 08:30 se vino él a alcanzarse con
los vecinos para venirse con ellos para venir a mercar (…), yo me quedé
arreglando la casa con mis hijas, ya en la tarde como a eso de medio día yo
escuché disparos tremendos y escuché el avión46 (…), cuando (…) llegó mi
hijo en el caballo y pregunté por el papá y él lo único que hacía era llorar
y no me decía nada, y cuando él estaba en eso llegó mi yerno y él me dio
la razón, de que mataron al suegro y él dijo yo miré a mi suegro cuando lo
llevaban amarrado a una bestia, esa misma noche no pude salir sino hasta el
otro día, nosotros nos hicieron ir hasta Florencia, estando en [la] funeraria (…)
llamaron de Solano y dijeron que allá los tenían, nos dirigimos a Solano y fuimos
a la inspección y me dijeron si reconocía los papeles de él mostrándome la

indicó que, por ser un paso obligatorio, arribaron al pueblo con los cuerpos (folios 381 a 391 del
cuaderno 3). En interrogatorio rendido ante el CTI el 11 de septiembre de 2008, el cabo segundo
James Banda Yanes indicó que: “A los occisos se los lleva en bestias y se proceden a llevar a la
orilla del río Caquetá (…). La gente del pueblo de MAYOYOQUE (…) se dio cuenta de que íbamos
con los occisos, porque no había otro lugar que facilitará el camino para la salida, claro que no por
todo el centro, pero si el personal se dio cuenta” (folios 200 a 203 del cuaderno 2). En el mismo
sentido, en cuanto al paso con los cuerpos por el pueblo -Puerto Guzmán- al que pertenecía el
corregimiento de Mayoyoque, en el marco del proceso penal, se pronunciaron los infantes Luis
Alberto Ruiz Zamora (folios 138 a 443 del cuaderno 3).
En interrogatorio rendido ante el CTI el 11 de septiembre de 2008, el infante de marina Eder Martínez
Hernández señaló que “el pueblo se amotinó y decía que no sigan a llevar los cadáveres y que
entonces nos los teníamos que llevar a ellos también” (folios 220 225 del cuaderno 2).
En entrevista rendida ante el CTI el 21 de agosto de 2008, la señora Elisa González Caicedo, madre
de una de las víctimas - Luis Ángel León González-, señaló que el pueblo se reunió para no dejar
llevar los cuerpos, pero se los llevaron (folios 165 y 166 del cuaderno 2).
42 En entrevista rendida ante el CTI el 21 de agosto de 2008, el señor Jesús Aníbal Suárez Téllez,

agricultor que vivía en el corregimiento en el que ocurrieron los hechos, indicó que horas después
de la muerte y luego que se llevaron los cuerpos los llamaron para que fueran a Solano, a donde
había ido con una del señor Luis Carlos Ortega Sánchez (folios 165 y 166 del cuaderno 2).
43 Hecho 13 de la demanda.
44 Frente al traslado de los cuerpos hasta Solano rindió declaración el 12 de febrero de 2008, ante la

justicia penal militar, los infantes Francisco Henao Guisao y Jorge Armando Payares Correa (folios
130 a 133, 140 a 143 del cuaderno 2).
45 Folio 6 del cuaderno 2.
46 En interrogatorios rendidos ante el CTI el 11 de septiembre de 2008, los infantes de marina Jorge

Armando Payares Correa, Francisco Javier Henao Guisado Fabián Enrique Meza Salazar, así como
el cabo segundo James Banda Yanes indicaron que en los hechos en los que falleció la víctima
directa contaron con apoyo aéreo (folios 195 a 198, 200 a 203, 212 a 218, 226 a 230 del cuaderno
2).

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

billetera, la cédula y las fotos de mis hijas y nos los entregaron y los trajimos de
Solano a Mayoyoque y los enterramos (…)”47.

En suma, desde el 18 de junio de 2007, la familia de la víctima directa tuvo noticia
del hecho causante del daño y, por ende, desde ese momento estaba en la
posibilidad de formular las pretensiones pertinentes en sede de reparación directa
contra la Armada Nacional, lo que debía hacer en un término de 2 años - numeral 8
del artículo 136 Decreto 01 de 1984-.

Para lo anterior no se requería el agotamiento de investigación penal alguna contra
el personal implicado48, porque la declaratoria de la responsabilidad estatal no está
condicionada a tal requisito, aclaración que se hace ante la evidencia de que en el
expediente obran pruebas de varias de las actuaciones que la parte actora impulsó
en 2015 en materia penal y disciplinaria contra los uniformados que habrían estado
implicados 49 , las cuales, por lo señalado, no interfieren en el cómputo de la
caducidad, por tratarse de actuaciones diferentes que se tramitan por diversas vías
procesales y persiguen propósitos distintos, sin que alguna de ellas deba surtirse
previamente como requisito para promover la otra.

De este modo, el término de caducidad corrió entre el 18 de junio de 2007 y el 18
de junio de 2009, período dentro del cual no fue agotado el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial 50 ni presentada la demanda de la
referencia, actuaciones que se agotaron, respectivamente, el 14 de marzo de 201751

47 Folios 173 y 174 del cuaderno 2.
48 Como sí ocurre en los casos de desaparición forzada, en los que, por las especiales
particularidades del hecho, por su carácter continuado, el legislador el legislador dispuso que el
término de caducidad de la acción de reparación directa se puede contar, entre otras cosas, desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.
49 En ese sentido, con la demanda la parte actora allegó: i) oficio del 9 de septiembre de 2015, en el

que la Inspección General del Ejército Nacional remite al Comando de la Sexta División con sede en
Florencia la solicitud presentada por la señora Elvira Marroquín con el fin de que se informara si por los
hechos objeto de discusión fue adelantada alguna investigación disciplinaria; ii) oficios del 21 de
septiembre y del 8 de octubre de 2015, así como auto del 29 de abril y oficio del 12 de mayo de 2016,
en los que la Procuraduría General de la Nación le informa a Elvira Marroquín que por la muerte del
señor Ortega Sánchez no se había adelantado investigación disciplinaria, pero se le había ordenado
oficial a la Regional Putumayo para que procediera de conformidad; y iii) oficios de la Fiscalía General
de la Nación del 21 de septiembre, 19 de octubre y 4 de noviembre de 2015, a través de los cuales se
le informa a la señora Elvira Marroquín que la investigación por la muerte del señor Ortega Sánchez
cursaba en la Fiscalía 38 Seccional de Cali (folios 7 a 16 del cuaderno 2).
50 La Ley 1285 de 2009 fue publicada en el diario oficial de 22 de enero de ese año, mientras que el

Decreto 1716 se publicó el 14 de mayo, por lo que para la fecha de vencimiento de la caducidad ya
era exigible el requisito de procedibilidad.
51 El acta del trámite de conciliación extrajudicial, así como la constancia de no acuerdo obran de

folios 708 a 710 del cuaderno 3.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

y el 28 de julio de siguiente52, cuando ya había expirado la oportunidad prevista para
tal fin.

En las condiciones analizadas, ante la extemporaneidad de la demanda, la
Subsección revocará la sentencia condenatoria de primera instancia, para, en su
lugar, declarar probada de manera oficiosa la excepción de caducidad de la
pretensión de reparación directa formulada contra la Nación - Ministerio de Defensa
• Armada Nacional, por la muerte del señor Luis Carlos Ortega Sánchez, ocurrida el
17 de junio de 2007.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 202153, en concordancia con el numeral 4 del artículo
365 del C.G.P. 54 , la Sala condenará en costas a la parte actora por ambas
instancias, dada la revocatoria total de la sentencia dictada en el sub lite por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En cuanto a la forma en la que la condena en costas será distribuida entre los
sujetos que integran la parte demandante, la Subsección aplicará lo previsto en el
numeral 6 del artículo 366 del CGP, según el cual, “ante dos (2) o más litigantes que
deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el
proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes
iguales entre ellos”.

52 Folio 4 del cuaderno 1.
53 En el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando

se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
La Ley 2080 del 25 de enero de 2021 corresponde a una normativa de orden público, de aplicación
inmediata y, por ende, rige en todos los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor,
salvo frente a algunos supuestos específicos, de los cuales no hace parte el tema de costas.
En cuanto al alcance de la modificación señalada, la Subsección reitera que no implica que se
hubiese retomado el criterio subjetivo de la condena establecido en el CCA frente a los procesos
ordinarios, sino que tal regla aplica a los asuntos en los que se ventila un interés público, pues, si
bien en estos, en principio, es improcedente la condena por tal concepto, no es menos cierto que es
posible imponerla cuando “se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700. En el mismo sentido, se
pronunció la Subsección B en sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, CP: Fredy
Ibarra Martínez).
54“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. Cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

En virtud de lo anterior, ante la evidencia de que las demandantes Elvira Marroquín,
Jakeline Ortega Marroquín y Edith Marroquín pidieron igual monto de pretensiones,
se concluye que les asiste el mismo interés en el presente asunto, de ahí que la
condena en costas deban asumirla por partes iguales.

De otro lado, las costas incluyen las agencias en derecho55, que se fijan a partir de
las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, así como con
observancia de la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o por la parte que litigó personalmente56, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales57.

En atención a lo señalado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
10554 del 5 de agosto de 2016, en los procesos declarativos la tarifa de las agencias
en derecho dependerá de que el asunto tenga o no cuantía y de su monto58, regla
en virtud de la cual en los procesos de reparación directa como el de la referencia
el quantum para la primera instancia oscilará entre el 3% y el 7.5% de lo pedido59,
mientras que, para la segunda, el rango de las agencias será entre 1 y 6 smmlv.

55 El artículo 361 del CGP señala que “[l]as costas están integradas por la totalidad de las expensas

y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
56 A juicio de la Subsección, esta regla es aplicable a las entidades, al margen de que el apoderado

fuese de planta, pues, si bien en tal escenario no incurren en gastos adicionales a los de nómina, no
es menos cierto que sí tuvo que destinar alguno de sus funcionarios para atender el asunto, quien
ejerce tales funciones de manera onerosa (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700).
57 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán

aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
58 De conformidad con el artículo 5 de tal normativa, si las pretensiones son de menor cuantía la

tarifa por agencias en derecho de primera instancia será “entre el 4% y el 10% de lo pedido” y si es
de mayor cuantía el rango oscilará “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”.
Mientras que, en la segunda, al margen de la cuantía, las costas oscilarán entre 1 y 6 smmlv.
59 Como se explicó en la nota precedente, el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas

dependiendo de que el proceso sea de menor o mayor cuantía; sin embargo, en esta jurisdicción la
cuantía de los asuntos no en esos términos, por lo que para ello habrá recurrirse a los montos
establecidos en el CGP, en virtud de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, que establece
que “[c]uando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas
generales de derecho”. Al respecto, consultar sentencia del 19 de marzo de 2021 de esta
Subsección, expediente 63.836.
El artículo 25 del CGP señala que la mínima cuantía va hasta los 40 smmlv, la menor cuantía cuando
las “pretensiones (…) excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (150 smlmv), y el de mayor cuanto se sobrepasa este último monto.
Así las cosas, en los procesos de reparación directa de conocimiento en primera instancia de los
tribunales administrativo y en segunda del Consejo de Estado, las tarifas serán las establecidas para
la mayor cuantía, toda vez que estos asuntos se caracterizan por tener una cuantía superior a 500
smmlv, quantum superior al establecido en las normas procesales civiles para la mayor cuantía.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

Así las cosas, la Subsección, con observancia de la actuación desplegada por la
entidad durante el trámite del presente proceso, fijará en su favor y a cargo de las
demandantes, por partes iguales, los montos mínimos60 de las tarifas de agencias
en derecho, en los siguientes términos: i) por la primera instancia el 3% de lo
pedido61, lo que da como resultado la suma final a pagar de 129 smmlv por el
concepto analizado, y ii) por la segunda instancia 1 smmlv.

Finalmente, en cumplimiento del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas,
con inclusión de las agencias en derecho, se efectuará de manera concentrada en
la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2019, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su
lugar, DECLARAR PROBADA de manera oficiosa la excepción de caducidad.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a las demandantes, en
partes iguales y en favor de la entidad demandada, para lo cual por agencias en

60 Al respecto, la Sala tomó en consideración el hecho de que la normativa establecida por el Consejo

Superior de la Judicatura tiene un monto mínimo y un límite un máximo, de ahí que el monto deba
oscilar entre esos puntos, con observancia de los demás factores establecidos en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP, que señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”
(se destaca).
En el sub lite se fija el monto mínimo en atención a que la actuación en el proceso de la entidad
estuvo determinada por la comparecencia a la audiencia inicial y la apelación del fallo de primera
instancia, sin que se interviniera en actuaciones adicionales, sin perjuicio de la vigilancia del trámite
que tienen a su cargo las partes.
61 La Sala reitera que en atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el

artículo 5 del Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, cuando en el caso concreta se superan los
montos de la mayor cuantía las agencias oscilarán “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”. En este
asunto “lo pedido” está determinado por el hecho de que las 3 demandantes reclamaron para cada
una: i) 100 smmlv por daños a bienes constitucionalmente protegidos y ii) 1.000 smmlv por perjuicios
morales, concepto que fue solicitado en igual cuantía en favor de la sucesión del señor Ortega Sánchez,
por manera que el monto total asciende a 300 smmlv más 4.000 smmlv, lo que da como resultado 4.300
smmlv, cuyo 3% corresponde a 129 smmlv, monto al que ascienden las agencias en derecho de la
primera instancia.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-01405-01 (67.965)
Actor: Elvira Marroquín y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
Referencia: Reparación directa

derecho se fijan los siguientes montos: i) por la primera instancia el 3% de lo pedido,
para un total de 129 smmlv, y ii) por la segunda instancia 1 smmlv. La liquidación
de las costas la efectuará de manera concentrada la primera instancia, según el
artículo 366 del C.G.P.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la
Sección Tercera, DEVOLVER el expediente físico al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclara voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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