Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02246-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02246-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02246-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02246-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
29 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: MARÍA DEL SOCORRO BAUTE DE CASTILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso ejecutivo y en
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora María del Socorro Baute de
Castillo contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 3 de mayo de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, la señora María del Socorro Baute de Castillo pidió la protección de los derechos
fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la contradicción
entre los autos dictados por el Tribunal Administrativo del Cesar el 21 de octubre de 2021
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
20001333300520210012700 y el 11 de noviembre de 2022, en el proceso ejecutivo con
radicado 20001333300120140048202, que le impidieron tener un juez natural o medio
de control para cuestionar los descuentos realizados por la UGPP, al cumplir la sentencia
que ordenó la reliquidación pensional.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare la comisión de defectos censurables constitucionalmente en la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar de fecha 10 de noviembre
de 2022, entre ellos: el DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO- INCONGRUENCIA O
CONTRADICCIÓN SUSTANCIAL RESPECTO A LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y/O EL COBRO
EJECUTIVO; así́ como a su vez la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN- ART 29
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA- ART 48 SEGURIDAD
SOCIAL EN MODALIDAD DE GARANTÍA, DEVENGO Y DISFRUTE OPORTUNO DE LAS
MESADAS PENSIONALES, o cualquier otro defecto que encuentre probado el juez
constitucional.
2. Que se declare la comisión de una transgresión directa a contenidos o derechos
fundamentales los cuales ameritan tutela constitucional, entre ellos DEBIDO PROCESO-
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIAL- DERECHO A
PERCIBIR OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE LA MESADA PENSIONAL COMO ÚNICO
INGRESO.
1 Índice 1 de Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar a que en
el término legal se sirva proferir una nueva providencia en tenor del desarrollo constitucional y
normativo procedente que omita la transgresión de derechos fundamentales como lo expuesto.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para la reliquidación
pensional
Mediante sentencia del 4 de agosto de 2016, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 20001333300120140048200, el Juzgado Primero Administrativo de
Valledupar declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. PAP051803 del 2 de mayo de
2011 (que reconoció pensión de jubilación a la señora María del Socorro Baute), RDP
009505 y RDP 014693 del 19 de marzo y 9 de mayo de 2014 (que denegaron la
reliquidación de la pensión) y ordenó a la UGPP reliquidar la pensión teniendo en cuenta
el promedio del 75 % de todos los factores devengados en el último año de servicios con
efectos fiscales a partir del 10 de febrero de 2009. Además, ordenó a la UGPP que
realizara la deducción de los aportes a salud y pensión que no se hubieran descontado.
Mediante sentencia del 9 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Cesar adicionó
la decisión de primera instancia para precisar que los factores que debían tenerse en
cuenta para la reliquidación pensional ordenada eran los de sueldo básico, incremento
por antigüedad, bonificación por servicios prestados, incentivo de localización, prima de
alimentación, prima de vacaciones, prima semestral, prima de navidad, quinquenio y
subsidio de alimento.
En Resolución No. RDP 033735 del 29 de agosto de 2017, la UGPP cumplió la orden
judicial y, entre otras cosas, en el numeral octavo de la parte resolutiva descontó la suma
de $20.924.467 por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados.
El 9 de octubre de 2017, la señora Baute de Castillo pidió a la UGPP que ajustara la
liquidación de aportes ordenada en la sentencia y aplicara la prescripción de que trata el
artículo 817 del Estatuto Tributario. Además, pidió que se certificara la forma en que
fueron calculados los aportes no efectuados para pensión de factores y se enviara copia
de los certificados que sirvieron como fundamento de la liquidación.
El 24 de octubre de 2017, la UGPP le informó a la actora que, a partir del 28 de febrero
de 2017, la liquidación de los descuentos por aportes no realizados la hacía conforme
con el Acta No. 1362 del 20 de enero de 2017, que adoptó la metodología actuarial en
garantía de la sostenibilidad financiera.
El 16 de agosto de 2018, la señora Baute de Castillo le pidió a la UGPP que certificara
sobre cuáles factores se efectuaron deducciones por aportes a pensión de conformidad
con las leyes 4 de 1966, 62 de 1985 y 100 de 1993.
El 19 de noviembre de 2020, la señora Baute de Castillo le pidió a la UGPP que
modificara la Resolución RDP33375 del 29 de agosto de 2017 y ordenara el reintegro de
la suma de $20.599.148,87 descontados por concepto de aportes no realizados y que
debieron ser pagados producto de la reliquidación pensional.
Mediante Resolución No. RDP 002169 del 1° de febrero de 2021, la UGPP modificó la
Resolución No. RDP 033735 del 29 de agosto de 2017, para, entre otras cosas, precisó
que el descuento de las mesadas atrasadas por concepto de aportes para pensión de
factores de salario no efectuados ascendía a la suma de $25.152.953,39.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
3.2. Actuaciones judiciales adelantadas para la devolución de descuentos por los
factores no cotizados
Inconforme con los descuentos ordenados, la señora Baute de Castillo inició proceso
ejecutivo ante el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar a continuación del
proceso ordinario, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación para que librara
mandamiento de pago por los dineros descontados excesivamente por concepto de
descuento por aportes a pensión no realizados y que debieron ser pagados como
reajuste pensional.
En providencia del 12 de diciembre de 2018, el Juzgado Primero Administrativo de
Valledupar libró mandamiento de pago a favor de la señora María del Socorro Baute de
Castillo y en contra de la UGPP por la suma de $20.924.467 más los intereses
moratorios.
Mediante providencia del 6 de noviembre de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de
Valledupar declaró la ilegalidad del auto del 12 de diciembre de 2018, la inexistencia de
un título ejecutivo claro y, en consecuencia, denegó el mandamiento de pago.
Inconforme con la decisión, la demandante apeló y el Tribunal Administrativo del Cesar
por auto del 10 de noviembre de 2022 la confirmó. Expuso que los actos administrativos
por medio de los cuales la UGPP dio cumplimiento a las sentencias que ordenaron la
reliquidación de la pensión de la señora Baute de Castillo habían creado o modificado
una situación jurídica, por lo que excepcionalmente eran susceptibles de control judicial.
En atención a lo dispuesto en el auto del 6 de noviembre de 2020, dictado por el Juzgado
Primero Administrativo de Valledupar dentro del proceso ejecutivo, la señora María del
Socorro Baute Castillo optó por promover un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que se tramitó en el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar bajo el
radicado 20001333300520210012700 para que se declarara la nulidad de los artículos
8 y 9 de la Resolución No. RDP 033735 del 19 de agosto de 2017 y 1º y 2º de la
Resolución No. RDP 002169 del 1 de febrero de 2021, que, a juicio de la demandante,
realizaron descuentos indebidos, al cumplir la sentencia que ordenó la reliquidación
pensional.
Por auto del 15 de julio de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar rechazó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por considerar que el acto no era
susceptible de control judicial por tratarse de actos de ejecución.
La demandante apeló y el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 21 de
octubre de 2021, la confirmó básicamente por las mismas razones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió:
Violación directa de la constitución. Aunque la demandante alega la configuración del
defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos se encaminan a demostrar la violación
directa de la Constitución.
En efecto, a juicio de la actora, la decisión del 10 de noviembre de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso ejecutivo, vulneró los derechos al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, al dejar
a la demandante sin un juez natural o medio de control que le permita cuestionar los
descuentos excesivos hechos por parte de la UGPP, al calcular los valores no cotizados
por los nuevos factores incluidos producto de la reliquidación pensional.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
Que el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció que previamente (mediante auto
del 21 de octubre de 2021) ya había confirmado el rechazo de una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en la que pretendía que se declarara la nulidad de los
actos administrativos que calcularon los valores a descontar por concepto de las
cotizaciones no realizadas, bajo el argumento de que los actos administrativos
demandados no podían ser objeto de control judicial por tratarse de actos de ejecución
y que, en consecuencia, debía acudir a la demanda ejecutiva.
Que, justamente por lo anterior, resulta contradictorio que, al analizar la demanda
ejecutiva, también concluya que es improcedente para discutir los descuentos hechos
por la UGPP. Que eso demuestra que el Tribunal Administrativo del Cesar es
incongruente al determinar el medio de control procedente para formular las pretensiones
de reintegro de los descuentos indebidamente realizados.
La actora precisó que, en todo caso, en los procesos que ha promovido la inconformidad
no se ha planteado frente al descuento, pues fue ordenado en providencia judicial, sino
que se cuestiona la metodología que empleó la UGPP para realizar dicho descuento.
5. Trámite procesal
Por auto del 11 de mayo de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo del Cesar y, como terceros con interés, al juez primero
Administrativo de Valledupar y al director general de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión y Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 18 de mayo de
20232.
6. Intervenciones
La presidenta del Tribunal Administrativo del Cesar pidió que se denegara la
solicitud de amparo. Dijo que la decisión del 10 de noviembre de 2022 que declaró la
improcedencia del medio de control ejecutivo para cuestionar la forma en que la UGPP
efectuó́ los descuentos por aportes pensionales no vulneró los derechos
fundamentales de la actora y se soportó en diferentes providencias del Consejo de
Estado.
El subdirector de defensa judicial y pensional de la UGPP pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se denegaran las pretensiones.
Expuso que la actora pretendía usar la tutela como una instancia adicional sobre una
discusión que fue resuelta por el juez natural, que además no existía violación a los
derechos fundamentales alegados.
El Juez Primero Administrativo de Valledupar no se pronunció pese a que, como se
vio, fue notificado en debida forma.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
María del Socorro Baute de Castillo para amparar los derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, que estimó vulnerados por las
decisiones contradictorias dictadas por el Tribunal Administrativo del Cesar en dos
procesos judiciales, que le impidieron tener un juez natural o medio de control para
2 Índices 7 y 8 de Samai.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
cuestionar los descuentos realizados por la UGPP, al cumplir la sentencia que ordenó la
reliquidación pensional.
La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales de la actora, porque el
tribunal demandado se contradijo al dictar las providencias del 11 de noviembre de 2022
en el proceso ejecutivo con radicado 20001333300120140048202 y del 21 de octubre
de 2021 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
20001333300520210012700, y esa contradicción terminó por afectar los derechos de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la demandante.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la señora María del
Socorro Baute cumple los requisitos generales de procedencia la acción de tutela contra
providencia judicial.
3.1. La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que la
Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo del Cesar, al decidir dos procesos
judiciales, incurrió en la contradicción a la que alude la demandante. La verificación de
esa circunstancia tiene evidente relevancia constitucional, pues está directamente
relacionada con el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, que
no se agota con la mera interposición de demandas, sino que incluye el derecho a tener
una decisión de fondo, bien sea favorable o desfavorable.
3.2. La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque,
según la demandante, la contradicción del tribunal demandado se materializó con la
última de las providencias, es decir, el auto del 11 de noviembre de 2022, dictado en el
proceso con radicado 20001333300120140048202, que confirmó la improcedencia de la
demanda ejecutiva por inexistencia del título.
Si bien no obra en el expediente digital ni en Samai registro de la fecha de notificación
de la providencia, lo cierto es que incluso entre la fecha de la providencia (11 de
noviembre de 2022) y la presentación de la tutela (3 de mayo de 2023) no ha transcurrido
el término razonable de seis meses establecido por la Sala Plena de esta Corporación5.
3.3. La demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió los medios de control que estimó procedentes para cuestionar los
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
descuentos realizados por la UGPP al cumplir la sentencia que ordenó la reliquidación
pensional y, en ambos casos, interpuso recurso de apelación en contra de las decisiones
de primera instancia que declararon improcedentes los medios de control.
Además, tampoco era viable que la señora Baute presentara recurso extraordinario de
revisión en contra de los autos: (i) del 21 de octubre de 2021 dictado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001333300520210012700 y (ii)
del 11 de noviembre de 2022, dictado en el proceso ejecutivo con radicado
20001333300120140048202 porque en los términos del artículo 2486 del CPACA, ese
recurso sólo procede contra sentencias y en este caso se trató de autos que declararon
la improcedencia de uno y otro medio de control.
Y aunque, en gracia de discusión, se aceptara que el recurso extraordinario de revisión
también procede contra autos, lo cierto es que tampoco se configura ninguna de las
causales de que trata el artículo 2507 del CPACA.
3.4. Así mismo, advierte la Sala que la actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la existencia de dos decisiones contradictorias entre sí y adoptadas por un
mismo tribunal, que le impidieron obtener una decisión de fondo frente a la inconformidad
por la forma en que fueron calculados los descuentos realizados por parte de la UGPP,
al cumplir la sentencia que ordenó la reliquidación pensional
3.5. Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora cuestiona
las decisiones adoptadas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y en
otro ejecutivo.
4. Análisis del caso concreto
En el caso concreto, la Sala encuentra que la demandante promovió 2 procesos, como
pasa a exponerse:
El primero, de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
20001333300520210012700 para que se declarara la nulidad de los artículos 8 y 9 de la
Resolución No. RDP 033735 del 19 de agosto de 2017 y la Resolución No. RDP 002169
del 1° de febrero de 2021, en el que el juzgado de primera instancia, por auto del 15 de
julio de 2021, rechazó la demanda por considerar que el acto no era susceptible de
control judicial al tratarse de actos de ejecución. Esa decisión fue confirmada por el
Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 21 de octubre de 2021, básicamente
6 ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
7
ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
por las mismas razones del a quo.
El segundo, de ejecución de sentencia a continuación del radicado
20001333300120140048200, para que se librara mandamiento de pago y se ordenara
reintegrar los descuentos, a su juicio excesivos, realizados por la UGPP al cumplir la
sentencia que ordenó la reliquidación pensional. El 12 de diciembre de 2018, el a quo
libró mandamiento de pago, pero luego declaró ilegal esa decisión y la revocó por
inexistencia de un título ejecutivo claro. El Tribunal Administrativo del Cesar por auto del
10 de noviembre de 2022 confirmó la decisión y señaló que los actos administrativos por
medio de los cuales la UGPP dio cumplimiento a las sentencias que ordenaron la
reliquidación de la pensión de la señora Baute de Castillo habían creado o modificado
una situación jurídica, por lo que excepcionalmente eran susceptibles de control judicial.
De lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, el Tribunal Administrativo del Cesar
incurrió en contradicción de sus propias decisiones, pues mientras en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho concluyó que el medio de control adecuado era
la demanda ejecutiva, en el proceso ejecutivo que adelantó la actora estimó que el medio
procedente era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Esa contradicción del tribunal cerró las posibilidades de la señora Baute de Castillo de
tener una acción judicial para acceder a la administración de justicia y obtener una
decisión de fondo sobre el eventual reintegro de los valores descontados por concepto
de aportes no realizados producto de la reliquidación pensional.
La Sala ve en la actuación del Tribunal Administrativo del Cesar el desconocimiento de
los deberes de los funcionarios judiciales previstos en la Ley 270 de 1996 y, en especial,
la inobservancia del principio de eficiencia que implica “ser diligentes en la sustanciación
de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a
la competencia que les fije la ley” 8 y el deber de “respetar, garantizar y velar por la salvaguarda
de los derechos de quienes intervienen en el proceso”9.
Someter al usuario de la administración de justicia a acatar decisiones contradictorias de
la misma autoridad judicial y que, además, le impiden determinar cuál es la acción
procedente para obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones, desconoce los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
Sobre el núcleo esencial de estos derechos la Corte Constitucional ha señalado que:
El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como
la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del
orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos,
con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan
las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como
titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas
obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo. En general, las
obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías,
a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en
esta clasificación, a continuación se determinará el contenido del derecho fundamental a la
administración de justicia. En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración
de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por
resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de
inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la
nacionalidad y la casta. En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte
medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia
del titular del derecho. En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i)
facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho. Facilitar
el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen
8 Artículo 7.
9 Artículo 9.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar
los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones 10.
(…) el debido proceso comporta al menos los derechos (i) a la jurisdicción, que a su vez conlleva
las garantías a un acceso igualitario de los jueces, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las
decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) al
juez natural, identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la Ley; y (iii) el derecho a la
defensa11.
Ahora, si bien la demandante pretende que se declare que la acción ejecutiva es
procedente para cuestionar la forma en que fueron calculados los descuentos realizados
por parte de la UGPP al cumplir la sentencia que ordenó la reliquidación pensional, lo
cierto es que, para la Sala, a la autoridad judicial demandada le asiste razón al señalar
que no es la acción ejecutiva el medio de control procedente para cuestionar
excepcionalmente las resoluciones dictadas en cumplimiento de la orden de reliquidación
de la mesada pensional de la actora con el consecuente descuento de los aportes no
realizados por haberse tratado de actos que crearon una situación jurídica nueva.
De hecho, esta Corporación ha aceptado la posibilidad de cuestionar excepcionalmente
actos de cumplimiento cuando crean situaciones jurídicas nuevas12, incluso en casos
donde se discuten valores pagados o descontados por concepto de reajuste pensional,
la Sección Segunda13 ha señalado que: “excepcionalmente los actos de ejecución pueden
ser objeto de control judicial en los siguientes casos: cuando: i) se apartan de la decisión judicial,
ii) se abstienen de dar cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al
acto administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se presentan
circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada o condenada. Lo anterior
por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los eventos atrás enumerados, se altera,
adiciona, modifica o suprime la voluntad real de la administración de justicia y se genera una
nueva situación jurídica para el administrado, susceptible de control de legalidad”
Además, las Secciones Segunda14 y Tercera15 del Consejo de Estado han indicado que
las obligaciones no son claras cuando en los fallos que conforman el título ejecutivo no
se establece un procedimiento “preciso para que la UGPP realizara los descuentos por
aportes no efectuados”.
Entonces, el tribunal demandado acertó al señalar que el medio de control idóneo en el
caso de la demandante era el de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo,
como la señora Baute ya había iniciado ese medio de control y fue rechazado con
anticipación por ese mismo tribunal, la Sala concluye que la mejor forma de proteger los
derechos fundamentales de la actora es dejar sin efectos la providencia del 21 de octubre
de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 20001333300520210012700, y ordenar a
esa autoridad judicial que dicte una nueva decisión, en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas. Queda así resuelto problema jurídico propuesto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
10 Sentencia T-283 de 2013.
11 Sentencia C-163 de 2019.
12 Al respecto, ver sentencia del 9 de abril de 2014, expediente 73001-23-31-000-2008-00510-01, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y sentencia del 27 de junio de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2019-01763-00, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
13 Al respecto, ver: Sentencia de la Sección Segunda, Subsección A del 13 de agosto de 2020. Expediente
25000234200020140010901. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del 7 de septiembre de 2021. Expediente 11001-03-15-000-2021-
05138-00. C.P. Carmelo Perdomo Cueter.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 13 de enero de 2020, radicado No. 11001-
03-15-000-2019-04626-01, C.P.: William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 2 de noviembre de 2021, radicado NO. 11001-
03-15-000-2021-06733-00, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02246-00
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
III. FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora María del Socorro Baute de Castillo, por las
razones expuestas en esta providencia.
2. Dejar sin efecto la providencia del 21 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 20001333300520210012700.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar que, en los 10 días siguientes a la
notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.