Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03856-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
20 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03856-00
Demandante: Carlos Alberto Paz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03856-00
Demandante: CARLOS ALBERTO PAZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra sentencia dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que se controvierte un acto
administrativo que cumplió una orden judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Alberto Paz contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
Carlos Alberto Ruiz pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.
A juicio de la parte actora, la vulneración de las mencionadas garantías superiores se
presenta con ocasión de la sentencia de 27 de junio de 2024, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, revocó el fallo de 23 de septiembre de 2022,
con el que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, declaró
probada la excepción de cobro de lo no debido y negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-23-33-000-2020-01014-00/01, para en
su lugar, declarar la ineptitud sustantiva de la demanda.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare la comisión de defectos censurables constitucionalmente en la sentencia de segunda
instancia proferida el 18 de julio de 2024 por el CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “B” dentro de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
N. 5201-23-33-000-2020-01014-01 entre ellos: el DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO-
INCONGRUENCIA O CONTRADICCIÓN SUSTANCIAL RESPECTO A LA PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Y/O EL COBRO EJECUTIVO; así como a su vez la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN-
ART 29 DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA- ART 48 SEGURIDAD
SOCIAL EN MODALIDAD DE GARANTÍA, DEVENGO Y DISFRUTE OPORTUNO DE LAS MESADAS
PENSIONALES, y APARTAMIENTO INJUSTIFICADO DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
APLICABLE, o cualquier otro defecto que encuentre probado el juez constitucional.
2. Que se declare la comisión de una transgresión directa a contenidos o derechos fundamentales los
cuales ameritan tutela constitucional, entre ellos DEBIDO PROCESO- ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIAL- DERECHO A PERCIBIR OPORTUNA E
INTEGRALMENTE DE LA MESADA PENSIONAL COMO ÚNICO INGRESO.
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Carlos Alberto Paz
3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SUBSECCIÓN “B”-SECCIÓN SEGUNDA DE LA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO, a que en el término legal se
sirva proferir una nueva providencia en tenor del desarrollo constitucional y normativo procedente que
omita la transgresión de derechos fundamentales como lo expuesto.
3. Hechos
La Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El demandante trabajó por más de 20 años en la Fiscalía General de la Nación y es
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
porque al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad.
A través de Resolución PAP 5987 de 6 de julio de 2010, la entonces Caja Nacional de
Previsión Social en Liquidación le reconoció pensión de jubilación al accionante, cuyo
ingreso base de liquidación fue calculado sobre el promedio de lo devengado en los 10
últimos años de servicios.
El 11 de noviembre de 2010 el demandante pidió que su pensión fuera reliquidada, dado
que su monto no fue calculado de acuerdo con el Decreto 546 de 1971, esto es, la
asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicios, ante lo
cual Cajanal guardó silencio.
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-2011-00190-
00/01 para la reliquidación pensional
El tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cajanal
en Liquidación (a la que se le asignó el número de radicación 52001-13-13-008-2011-
00190-00/01), con el propósito de que se declarara la existencia de un acto administrativo
ficto, derivado de la omisión en resolver la solicitud de 11 de noviembre de 2010, se
anulara esa decisión y se ordenara reliquidar su prestación sobre el 75% de la asignación
más alta devengada en el último año de servicios, para lo cual debían incluirse la
asignación básica, las primas de servicios, de vacaciones, de navidad y de productividad
y la bonificación por servicios.
La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Pasto que,
por sentencia del 4 de mayo de 2012 accedió parcialmente a las pretensiones.
Explicó que el señor Paz estaba dentro del régimen de transición previsto por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y trabajó por más de 20 años en el Fiscalía General de la
Nación y, por lo tanto, su mesada debía calcularse conforme al artículo 6º del Decreto
546 de 1971, esto es, sobre el 75% de la asignación más alta devengada « en el año
anterior a adquirir el estatus pensional», no obstante, negó la inclusión del 100% de la
bonificación por servicios y de las primas de servicios, de vacaciones, de navidad y de
productividad, toda vez que solo tenían incidencia pensional en una doceava parte.
Además, dispuso que «la entidad demandada descontará los valores correspondientes a los
aportes no efectuados para la pensión si a ello hubiere lugar».
Inconformes, las partes apelaron y el Tribunal Administrativo de Nariño, por sentencia del
11 de octubre de 2013, la modificó para indicar que el monto de la mesada era el 75% de
la asignación más alta devengada «en el último año de servicios» y se debían incluir todas
las sumas que recibió el trabajador como contraprestación por sus servicios, y la confirmó
en lo demás, es decir, en los descuentos dispuestos por el a quo.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) a través de la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 dio
cumplimiento a la sentencia que decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-2011-00190-00/01. En ese acto
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administrativo, entre otras cosas, se dispuso: «Descontar de las mesadas atrasadas a las que
tiene derecho el(a) señor(a) PAZ CARLOS ALBERTO, la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN pesos
($67,251,441.00 m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados».
Contra la anterior Resolución, el actor interpuso recursos de reposición y en subsidio de
apelación porque, a su juicio, no era procedente el descuento de la suma. Mediante las
Resoluciones RDP 18277 de 17 de junio de 2019 y RDP 21722 de 23 de julio de ese año,
la UGPP confirmó la decisión inicial con el argumento de que debían descontarse los
factores sobre los cuales no se efectuaron los aportes.
Proceso ejecutivo 52001-33-33-008-2018-00173-00/01
El 25 de septiembre de 2018 el demandante promovió proceso ejecutivo contra la UGPP
(radicación 52001-33-33-008-2018-00173-00/01), en razón a que mediante la Resolución
RDP 12901 de 12 de abril de 2018 no se dio cabal cumplimiento a los fallos emitidos en
el expediente 52001-13-13-008-2011-00190-00/01, pues se dispusieron descuentos por
concepto de «reintegros Nación descuentos por aportes» que equivalen al 50% de lo que se
le reconoció como retroactivo y no se calculó su mesada de la forma ordenada en las
providencias a ejecutar.
El 23 de abril de 2019 el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto se abstuvo de librar
mandamiento de pago, toda vez que de los documentos allegados no era dable dilucidar
alguna obligación clara, expresa y exigible, pues aunque en la sentencia de primera
instancia dictada en el proceso 52001-13-13-008-2011-00190-00/01 se dispuso la
deducción de los factores sobre los cuales no cotizó el actor, no se cuantificó las sumas
que debían retenerse ni las que tenían incidencia en el reajuste de la pensión, por lo que
no se podía emitir una orden de pago.
Contra la anterior decisión el ejecutante interpuso recurso de apelación pues, a su juicio,
en las sentencias dictadas en el proceso 52001-13-13-008-2011-00190-00/01 se
estableció que su mesada equivalía al 75% de la asignación más alta devengada en el
último año de servicios y ella comprendía la asignación básica y las doceavas partes de
las primas de navidad, productividad, vacaciones y de servicios y de la bonificación por
compensación, por tanto, sí se determinaron las sumas sobre las cuales debía efectuarse
la reliquidación pensional. Además, los descuentos efectuados por aportes se realizaron
sin advertir si los factores fueron devengados durante la vida laboral y si sobre ellos se
había efectuado o no las respectivas cotizaciones.
Mediante auto de 9 de septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Nariño revocó el
auto apelado solo en lo relacionado con la reliquidación de la pensión y no respecto de
los descuentos. Precisó que los fallos si prestan mérito ejecutivo por contener una
obligación clara, expresa y exigible, y aunque no se determinó, si es determinable, por lo
que el juez de primera instancia es el llamado a «hacer la liquidación» de la pensión de
jubilación, en aras de determinar la suma sobre la cual libra el mandamiento de pago.
Frente a los descuentos efectuados por la UGPP en la Resolución RDP 12901 de 12 de
abril de 2018, dijo que en el fallo de 4 de mayo de 2012 se dispuso que la UGPP
descontaría «los valores correspondientes a los aportes no efectuados para la pensión si a ello
hubiere lugar», pero no se planteó una cantidad, lo que impedía emitir mandamiento de
pago sobre el particular, máxime cuando el ejecutando puede convertirse en deudor si
las deducciones son mayores a las que podría recibir.
Señaló que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-631 de 2017, precisó que
acontecía abuso del derecho cuando la cuantía de las pensiones reconocidas con
fundamento en un régimen especial (como el contemplado en el Decreto 546 de 1971),
se calculaba de manera diferente a la establecida en la Ley 100 de 1993, porque el
ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición del artículo 36 ibidem,
tal como lo indicó el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28 de agosto de
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2018 (expediente 52001-23-33-000-2012-00143-00).
Que, no obstante, como (i) las sentencias que decidieron el proceso 52001-13-13-008-
2011-00190-00/01 se profirieron cuando no había una posición unificada sobre la
imposibilidad de calcular el ingreso base de liquidación de manera diferente a la señalada
en la Ley 100 de 1993, y (ii) la UGPP no ha adelantado trámite alguno para controvertir
esos pronunciamientos, son de obligatorio cumplimiento, en consecuencia, no pueden
ser desconocidos «por el juez ejecutivo», de ahí que deba velar por su cumplimiento.
El cumplimiento del auto de 9 de septiembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo
de Pasto libró mandamiento de pago solo respecto al pago del reajuste de la pensión, pero
no sobre los descuentos realizados por la UGPP en la Resolución RDP 12901 de 12 de
abril de 2018, pues sobre el particular ya se había dictado el auto del 23 de abril de 2019.
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-23-33-000-2020-01014-00/01
El 1º de julio de 2020, Carlos Alberto Paz promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP (a la que se le asignó el número de
radicación 52001-23-33-000-2020-01014-00/01), con el propósito de que fuera declarada
la nulidad de la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018, con la que la UGPP dio
cumplimiento a los fallos que decidieron la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 52001-13-13-008-2011-00190-00/01; del oficio 201814302073411 de 26 de abril
de 2018, mediante el cual la entidad negó una petición de corrección de lo descontado
con ocasión de esas providencias; y del auto ADP 8220 de 18 de diciembre de 2019, con
el que el negó otra petición corrección de las sumas señaladas en la Resolución RDP
12901 de 12 de abril de 2018.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara que los descuentos por
concepto de aportes a pensión se calculan de acuerdo con la normativa vigente al
momento en que debían efectuarse las cotizaciones, y se ordenara pagarles los
$60.089.507 que la UGPP le descontó por «mayor valor decidido por aportes».
El 23 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión, declaró probada la excepción de cobro de lo no debido, denegó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al accionante. En la decisión se indicó
que la UGPP liquidó y calculó la condena impuesta en el proceso 52001-13-13-008-2011-
00190-00/01 en debida forma, al igual que lo hizo al efectuar las deducciones que
reprochaba el actor, pues para ello aplicó el cálculo actuarial fijado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público en el Acta 1362 de 2017.
Contra la anterior providencia el tutelante interpuso recurso de apelación, con el
argumento de que en los actos administrativos demandados no se advirtió que ya se
habían efectuado los correspondientes aportes a pensión sobre los factores salariales
que se ordenaron incluir en las sentencias emitidas en el expediente 52001-13-13-008-
2011-00190-00/01, por tanto, no era dable ordenar el descuento de $67.251.441 fijado
en la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de 27 de
junio de 2024, la revocó para, en su lugar, declarar la ineptitud sustantiva de la demanda
porque la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 no era un acto administrativo
pasible de enjuiciamiento.
Explicó que la UGPP se limitó a dar cumplimiento a las sentencias dictadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-2011-00190-00/01, en las
que se ordenaron la deducción de las sumas sobre las cuales no se efectuaron los
correspondientes aportes a pensión.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el actor expuso las razones por las que la acción de tutela cumple
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, el accionante aduce que la sentencia cuestionada incurrió en:
Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política, en razón a la
contradicción entre la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B (cuestionada) en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y lo
consignado en el auto de 9 de septiembre de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo
de Nariño, en el proceso ejecutivo.
Que en la primera se indicó que no era posible cuestionar la legalidad de la Resolución
RDP 12901 de 12 de abril de 2018, mientras que la segunda dijo que no era dable
«cuestionar el exceso liquidado por aportes presuntamente adeudados» en el proceso
ejecutivo 52001-33-33-008-2018-00173-00/01, criterios encontrados que, dice, le
impiden reprochar las deducciones efectuadas a través del mencionado acto
administrativo y, en consecuencia, afectan sus derechos fundamentales invocados.
Aduce que ante la divergencia de criterios sobre la naturaleza del acto administrativo que
dispone la deducción de las sumas sobre las cuales debían efectuarse los
correspondientes aportes, se vio en la obligación de promover tanto proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho como ejecutivo, sin embargo, en ninguno de los 2 obtuvo
un pronunciamiento sobre el particular, lo que trasgrede sus garantías superiores.
Que en la sentencia que decidió en segunda instancia el expediente 52001-13-13-008-
2011-00190-00/01 no se indicó la forma en que debía efectuarse los descuentos, por
tanto, al disponerlos la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 dejó de ser un acto
administrativo de ejecución, para convertirse en uno enjuiciable por modificar una
situación jurídica, de ahí que fuera procedente reprocharlo por conducto de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Desconocimiento del precedente, porque no se advirtió que el Consejo de Estado,
Sección Cuarta2, señaló que el acto administrativo que dispone el descuento de sumas
sobre las cuales debió efectuarse las respectivas cotizaciones a pensión son pasibles de
enjuiciamiento, máxime cuando en ellas se emplea el Acta 1362 de 2017 emitida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sobre la cual la Corporación señaló que no
era dable utilizar para esos efectos.
5. Trámite procesal
Por auto del 30 de julio de 2024, el Despacho admitió la acción de amparo. Entre otras cosas,
ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y como terceros con
interés a la UGPP, al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, y al
Juzgado Octavo Administrativo de Pasto.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General de esta Corporación
practicó la notificación correspondiente por correos electrónicos enviados el 2 de agosto de
2024.
6. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo o se denegaran las pretensiones.
2 Sentencia de 9 de noviembre de 2023, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, expediente 25000-23-37-000-2018-
00680-01.
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Demandante: Carlos Alberto Paz
Que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, pues pretende
ser usada como una tercera instancia del proceso ordinario, Que los argumentos en los
que la funda ya fueron «considerad[os], controvertid[os] y juzgad[os]», situación que impone
declararla improcedente.
Afirmó que la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 es un acto administrativo de
ejecución, pues la UGPP se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias
que decidieron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-
2011-00190-00/01 que ordenaron deducir las sumas correspondientes a los factores
salariales sobre los cuales no se hicieron los respectivos aportes y que fueron incluidas
en la reliquidación pensional, en consecuencia, ese acto administrativo no era susceptible
de control judicial.
El Tribunal Administrativo de Nariño realizó un informe de todas las actuaciones
surtidas en el expediente 52001-23-33-000-2020-01014-00/01 y expuso los argumentos
que empleó para decidir en primera instancia ese asunto contencioso-administrativo, sin
embargo, no se pronunció sobre las pretensiones planteadas en esta acción de tutela.
La UGPP pidió que se declarara improcedente la acción de tutela. Dijo que el demandante
la utiliza como una instancia adicional al proceso 52001-23-33-000-2020-01014-00/01 y
pretende controvertir los argumentos planteados en la providencia cuestionada,
circunstancia que impide volver a emitir un pronunciamiento judicial sobre los descuentos
que debían efectuarse al actor.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Carlos
Alberto Paz para dejar sin efectos la sentencia del 27 de junio de 2024, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró la ineptitud sustantiva
de la demanda en el proceso 52001-23-33-000-2020-01014-00/01.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la tutela porque la providencia
cuestionada no incurre en (i) violación directa de la Constitución Política 3 , dado que la
Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 era un acto administrativo de ejecución, por
ende, no era enjuiciable, ni en (ii) desconocimiento del precedente, por cuanto el
pronunciamiento citado por el demandante del Consejo de Estado, Sección Cuarta4, decidió
un asunto diferente al debatido en el expediente 52001-23-33-000-2020-01014-00/01.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
3 Cabe advertir que el demandante fundó el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución Política en los
argumentos, sin embargo, solo atañen a esta última causal específica de procedibilidad de la tutela, pues no invocó
alguna norma desatendida, motivo por el las esas inconformidades se decidirán a la luz de ella.
4 Sentencia de 9 de noviembre de 2023, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, expediente 25000-23-37-000-2018-
00680-01.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
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de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida Carlos Alberto Paz
cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la parte actora se estaría afectando
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues ello comportaría
la imposibilidad de reprochar en sede judicial la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de
2018 y, en consecuencia, sobre los descuentos allí ordenados.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-23-
33-000-2020-01014-00/01, el correo electrónico con el que se comunicó la sentencia
cuestionada fue enviado el 18 de julio de 2024, por lo que se entiende notificada el 22
de los mismos mes y año, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2057 del CPACA,
y la tutela fue presentada el 25 siguiente (3 días), es decir, cuando no habían transcurrido
los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos para formular la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el
fallo cuestionado se emitió en segunda instancia, por ende, contra este no procedía
recurso ordinario alguno.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la existencia de una violación directa de la Constitución Política y de un
desconocimiento del precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el actor ataca una
providencia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Análisis del caso concreto
4.1. Violación directa de la Constitución Política
Al analizar las pruebas allegadas, la Sala evidencia que el demandante promovió 3
procesos judiciales, a saber:
El primer proceso fue el de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-
2011-00190-00/01, en el que el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, con sentencia
del 4 de mayo de 2012, ordenó a la entonces Cajanal, reliquidar la mesada pensional del
actor conforme al artículo 6º del Decreto 546 de 1971, y descontarle « los valores
correspondientes a los aportes no efectuados para la pensión si a ello hubiere lugar», decisión
que confirmó sobre el particular el 11 de octubre de 2013 el Tribunal Administrativo de
Nariño.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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Demandante: Carlos Alberto Paz
El segundo proceso es el ejecutivo con número de radicación 52001-33-33-008-2018-
00173-00/01, en el que el demandante pidió el cabal cumplimiento de los fallos que
decidieron el de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-2011-00190-
00/01, porque la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018, dictada por la UGPP, no
había reajustado su mesada en debida forma y efectuó descuentos superiores a los
ordenados. Allí el 23 de abril de 2019 el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto se
abstuvo de librar mandamiento de pago, decisión que revocó el 9 de septiembre de 2022
el Tribunal Administrativo de Nariño, solo en lo relacionado con la reliquidación de la
pensión, pues sobre los descuentos de los aportes no era dable emitir mandamiento de
pago porque no se cuantificaron en las sentencias condenatorias.
El tercer proceso fue el de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-23-33-000-2020-
01014-00/01, en el que Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a través de
fallo de 27 de junio de 2024, declaró en segunda instancia la ineptitud sustantiva de la
demanda, por cuanto la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 era un acto
administrativo de ejecución, por tanto, no susceptible de control judicial.
El accionante adujo en el escrito de tutela que la sentencia dictada por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado viola directamente la Constitución
Política, en razón a la contradicción en la que incurre respecto del auto de 9 de
septiembre de 2022 dictado en el proceso ejecutivo.
Cuestionó que en la providencia cuestionada se dijera que la Resolución RDP 12901 de
12 de abril de 20188 constituía un acto administrativo de ejecución y en otra providencia
se dijera que el cuestionamiento sobre los descuentos no era exigible en el proceso
ejecutivo 52001-33-33-008-2018-00173-00/01. Que esa situación le impidió obtener un
pronunciamiento de fondo sobre las deducciones.
Que la autoridad judicial demandada no advirtió que en las sentencias dictadas en el
expediente 52001-13-13-008-2011-00190-00/01 (proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que dispuso la reliquidación de la pensión) no se indicó la forma en que
debían efectuarse los descuentos, por tanto, al disponerlos la Resolución RDP 12901 de
12 de abril de 2018 dejó de ser un acto administrativo de ejecución, para convertirse en
uno definitivo por modificar una situación jurídica, de ahí que fuera procedente
reprocharlo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
52001-23-33-000-2020-01014-00/01.
La Sala encuentra que, en efecto, las sentencias que decidieron el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-2011-00190-00/01 dispusieron reliquidar la
pensión de jubilación del accionante con fundamento en el Decreto 546 de 1971, es decir,
sobre la asignación más elevada devengada en el último año de servicio. En la parte
resolutiva del fallo de primera instancia se consignó: «la entidad demandada descontará los
valores correspondientes a los aportes no efectuados para la pensión si a ello hubiere lugar».
En cumplimiento de esas providencias, la UGPP expidió la Resolución RDP 12901 de 12 de
abril de 2018, en la que, entre otras cosas, dispuso «Descontar de las mesadas atrasadas a las
que tiene derecho el(a) señor(a) PAZ CARLOS ALBERTO, la suma de SESENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN pesos
($67,251,441.00 m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados».
El demandante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que
se declarara la nulidad de ese acto administrativo (52001-23-33-000-2020-01014-00/01),
decidido en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, por sentencia del 27 de junio de 2024, que declaró la ineptitud sustantiva de la
demanda porque el acto administrativo era de ejecución y, en consecuencia, no
susceptible de control judicial.
8 Cabe advertir que si bien en la demanda 52001-23-33-000-2020-01014-00/01 el demandante también enjuició otros
actos administrativos, la Sala no hará referencia a ellos por cuanto que solo reprocha la Resolución RDP 12901 de 12
de abril de 2018.
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En lo que interesa, la providencia cuestionada dijo:
[…] para esta Sala es claro que los actos de ejecución son aquellos a través de los cuales la
administración ejecuta las órdenes impartidas por una autoridad judicial o administrativa, razón por la
cual no son controlables judicialmente, ya que no contienen la expresión de la voluntad de la
administración, sino por el contrario, se limitan a materializar esas decisiones […].
[…] se encuentra constatado entonces […] la expedición del acto demandando (sic) a la luz de las
órdenes impartidas por el ad quem; por el contrario, la UPGG dio estricto cumplimiento a lo dispuesto
en el numeral 10 de la providencia. En consecuencia, no es posible predicar una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso en el caso analizado, así como tampoco es posible inferir que la
resolución acusada haya omitido, cambiado, suprimido o extralimitado la orden judicial, sino que solo
se limitó a ejecutarla en lo concerniente a los factores insolutos. En ese sentido, no es procedente su
enjuiciamiento, toda vez que de declararse su anulabilidad se estaría frente al desconocimiento de una
sentencia respecto de la cual existe cosa juzgada con efectos erga omnes […].
Así, los actos administrativos no se constituyeron en una actuación arbitraria o irrazonable modificatoria
de la situación jurídica del demandante, toda vez que la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018
cumplió la orden judicial de reliquidación de la pensión con base en los factores devengados en el último
año de servicios y el descuento por las cotizaciones insolutas […].
En consecuencia, habida consideración que tanto los argumentos de la apelación como aquellos
expuestos en el libelo inicial se encuentran dirigidos a cuestionar actos que no son susceptibles de
control judicial, […] se declarará probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. A su vez,
por cuanto, como lo ha considerado esta corporación, una interpretación diferente de la planteada
conduciría a desconocer la cosa juzgada de un debate judicial ya concluido.
En ese orden de ideas, consta que la decisión cuestionada comporta una interpretación
razonable del ordenamiento jurídico, en especial, de la jurisprudencia del Consejo de Estado9
y de la Corte Constitucional 10 , Corporaciones que han precisado que los actos
administrativos de ejecución no son susceptibles de enjuiciamiento, dado que a través de
ellos se cumple una orden judicial y no se crea, modifica o extingue una situación jurídica
producto de la voluntad de la administración.
Es de anotar que en la sentencia cuestionada se advirtió que si bien es dable reprochar un
acto administrativo de ejecución cuando decide cuestiones que no están señaladas en la
providencia a la que le da cumplimiento, ese presupuesto no aconteció en la Resolución
RDP 12901 de 12 de abril de 2018, pues no se apartó de lo estipulado en las sentencias
que decidieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-
2011-00190-00/01, aseveración que para la Sala resulta razonable, habida cuenta de que
en ellas se estableció que «la entidad demandada descontará los valores correspondientes a
los aportes no efectuados para la pensión si a ello hubiere lugar», lo que atendió la UGPP en
el mencionado acto administrativo.
La Sala no desconoce que en fallo de 29 de junio de 202311, emitido en la acción de tutela
11001-03-15-000-2023-02246-00, esta Sala amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de María del Socorro Baute
de Castillo, porque en un proceso ejecutivo iniciado por ella para exigir el pago de una
condena judicial se le indicó que el respectivo acto administrativo de cumplimiento debía
enjuiciarse a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y cuando
promovió ese medio de control la misma autoridad le indicó que esa decisión
administrativa debía exigirse en una acción ejecutiva.
Así las cosas, los supuestos fácticos del expediente 11001-03-15-000-2023-02246-00
son disímiles a los debatidos en la acción de tutela de la referencia, por cuanto las
providencias a las que se le atribuyen la supuesta incoherencia fueron emitidas en el
proceso ejecutivo 52001-33-33-008-2018-00173-00/01 y en el de nulidad y
9 Sección Segunda, Subsección B, sentencias de (i) 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-25-000-2003-
01124-02, M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y (ii) 5 de junio de 2014, expediente 11001-03-25-000-2011-00015-
00, M. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
10 Sentencias (i) T-446 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva,(ii) T-153 de 2015, M. P. Mauricio González Cuervo,
(iii) T-464 de 2015, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y (iv) T-228 de 2016, M. P Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Expediente 11001-03-15-000-2023-02246-00.
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restablecimiento del derecho 52001-23-33-000-2020-01014-00/01 por diferentes
autoridades, a saber, por el Tribunal Administrativo de Nariño y por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.
Además, en el primero de los mencionados asuntos no se dijo que debiera enjuiciarse la
Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 por conducto de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, como si aconteció en los hechos debatidos en el
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-02246-00, sino que no contenía una
obligación clara, expresa y exigible.
Por otra parte, el actor adujo que hubo contradicción entre el fallo atacado y el auto de 9
de septiembre de 2019, emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño en el proceso
ejecutivo 52001-33-33-008-2018-00173-00/01, pues en aquel se señaló que la
Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 no era enjuiciable y en ese proveído se
indicó que no contenía una suma exigible, lo que le impidió obtener un pronunciamiento
judicial sobre los respectivos descuentos.
Sobre el particular, la Sala advierte que no es dable emitir un pronunciamiento en esta
instancia judicial sobre el auto del 9 de septiembre de 2022, dictado por el Tribunal
Administrativo de Nariño en el proceso ejecutivo, pues no fue cuestionado por el
accionante. Los cargos que propone el demandante están encaminados a cuestionar la
sentencia del 27 de junio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-23-33-000-
2020-01014-00/01, para demostrar que la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018
si era susceptible de control judicial.
Además, acción de tutela en contra del auto del 9 de septiembre de 2022 tampoco
cumpliría el requisito general de inmediatez.
De hecho, si el demandante o la UGPP consideraban que la orden de realizar los
descuentos por aportes sobre los factores no cotizados no era clara pudo, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó la reliquidación pensional,
pedir que se adicionara o aclarara la decisión.
En virtud de lo expuesto, la Sala evidencia que la sentencia cuestionada no incurre en
violación directa de la Constitución Política, comoquiera que se profirió en atención al
ordenamiento jurídico, motivo por el cual se negará el amparo deprecado sobre el
particular.
4.2 Desconocimiento del precedente
El demandante, además, señala que el fallo cuestionado incurre en desconocimiento del
precedente, por cuanto inobservó el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección
Cuarta12, en el que, a su juicio, se indicó que son pasibles de enjuiciamiento los actos
administrativos que disponen el descuento de sumas correspondientes a factores
salariales incluidos en el reajuste pensional.
Al analizar la citada providencia, se observa que en ella se decidió una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Contraloría General de la
República, con la finalidad de que se anularan unos actos administrativos en los que la
UGPP dispuso iniciar en su contra trámites orientados a cobrarle $87.676.306 por
concepto de aportes patronales, dado que la jurisdicción contencioso-administrativa
había ordenado reliquidar la pensión de una de sus exservidoras. En esas decisiones
administrativas se consignó que ello no lo había ordenado la autoridad judicial, sino que
era una decisión del ente prestacional.
12 Sentencia de 9 de noviembre de 2023, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, expediente 25000-23-37-000-2018-
00680-01.
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Demandante: Carlos Alberto Paz
Así las cosas, la Sala constata que la situación fáctica debatida en el proceso 52001-23-
33-000-2020-01014-00/01 es disímil a la decidida a través del pronunciamiento de 9 de
noviembre de 2023, pues allí la decisión de cobrarle los aportes a la Contraloría General
de la Nación fue de la UGPP y no se emitió en cumplimiento de algún mandado judicial,
como sí ocurrió en los hechos debatidos en aquel expediente, pues en las sentencias que
decidieron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-13-13-008-2011-
00190-00 se ordenó descontar «los valores correspondientes a los aportes no efectuados para
la pensión si a ello hubiere lugar».
En ese orden de ideas, los actos administrativos cuestionados en el expediente 25000-23-
37-000-2018-00680-01 no eran de ejecución, sino definitivos (situación sobre la cual no hubo
controversia), de ahí que las consideraciones expuestas en el fallo de 9 de noviembre de
2023 no resultaran aplicables en el trámite 52001-23-33-000-2020-01014-00/01.
En virtud de lo expuesto, como el pronunciamiento en el que el tutelante fundó el cargo
de desconocimiento del precedente decidió una situación fáctica diferente a la debatida
en el proceso 52001-23-33-000-2020-01014-00/01, no era aplicable en este, motivo por
el cual su inobservancia en la providencia censurada no configura un desconocimiento
del precedente, por lo que se negará el amparo deprecado sobre el particular.
En atención a lo analizado, la Sala encuentra que la sentencia acusada no incurrió en
violación directa de la Constitución Política ni en desconocimiento del precedente judicial,
por lo que se denegará el amparo deprecado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones formuladas por Carlos Alberto Paz, en atención a la parte
motiva de esta determinación judicial.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
11
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