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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00680-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00680-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Milton Chaves García. 2. Revocar la sentencia del 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. En su lugar, se dispone: «PRIMERO: Declarar la nulidad del artículo noveno de la Resolución Nro. RDP 002584 del 25 de enero de 2018, así como las Resoluciones Nro. RDP 009695 del 15 de marzo de 2018 y Nro. RDP 016071 del 4 de mayo de 2018, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales determinó la suma de $87.676.306.000 a cargo de la Contraloría General de la Nación por concepto de aportes patronales a pensiones y confirmó tal decisión al resolver los recursos de reposición y apelación. La nulidad aquí declarada respecto de la Resolución Nro. RDP 002584 del 25 de enero de 2018 sólo es aplicable respecto de lo decidido en la misma en cuanto a la Contraloría General de la Nación. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00680-01 (27761) Demandante: Contraloría General de la República SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar que la Contraloría General de la Nación no está obligada a pagar suma alguna, correspondiente a los aportes patronales determinados en los actos administrativos señalados en el ordinal primero de esta providencia». 3. Sin condena en costas en esta instancia. 4. Reconocer personería jurídica al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, conforme al poder obrante en el índice 12 de Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00680-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de noviembre de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00680-01 (27761)
Demandante: Contraloría General de la República

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00680-01 (27761)
Demandante CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas: Aportes pensionales. Reliquidación pensional. Falta de
motivación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 2 de marzo de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, resolvió:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 25 de enero de 2018, la UGPP expidió la Resolución Nro. RDP 002584 para dar
cumplimiento a la sentencia del 19 de octubre de 2017 de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó reliquidar la pensión de vejez
a favor de una exservidora de la Contraloría General de la República, a partir del 29
de noviembre de 1999, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el último semestre, teniendo en cuenta, además de la
asignación básica y la bonificación por servicios, lo correspondiente al subsidio de
alimentación y 1/6 parte de las primas de vacaciones, navidad y servicios, con
efectividad para su pago desde el 6 de mayo de 2012, por prescripción trienal.

Mediante el artículo noveno de la parte resolutiva de la mencionada resolución, la
UGPP ordenó que se enviara copia de ese acto administrativo al área competente
para que se efectuaran los trámites pertinentes de cobro de lo adeudado por
concepto de aporte patronal por parte de la Contraloría General de la República por
un monto de $87.676.306 Y, a su vez, ordenó notificar tal decisión a la Contraloría
General de la República, informándole que contra la misma procedían los recursos
de reposición y apelación.

El 2 de marzo de 2018, la entidad demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación en contra de la Resolución Nro. RDP 002584, los cuales

1 SAMAI. Índice 2. PDF de la sentencia. Página 19.
1

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Demandante: Contraloría General de la República

fueron resueltos, respectivamente, por las Resoluciones Nro. RDP 009695 del 15
de marzo de 2018 y Nro. RDP 016071 del 4 de mayo de 2018, en el sentido de
confirmar el acto impugnado.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Se declare la nulidad del artículo noveno de la resolución: RDP002584 del 25 de
enero de 2018, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y Contribuciones
Parafiscales, -UGPP-.
SEGUNDA: La declaratoria de nulidad de la resolución No. RDP 009695 del 15 de marzo de
2018, de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y Contribuciones Parafiscales con
la que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 002584 del 25 de
enero de 2018.
TERCERA: La declaratoria de nulidad de la resolución No. Resolución(sic) RDP 016071 del
04 de mayo de 2018, con la que se resuelve el recurso de apelación.
CUARTA: El restablecimiento del derecho de la Nación – Contraloría General de la República,
consistente en perjuicios de orden patrimonial causados a la misma, en la cuantía de
OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS
pesos (87.676.306 m/te), o por la suma que tuviere que pagar, debidamente indexada.
QUINTA: Que se condene en costas a las partes (sic) demandada».

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 22, 23
24 y 36 de la Ley 100 de 1993, 817 y 818 del Estatuto Tributario, 178 de la Ley 1607
de 2012, 74, 75, 76, 87, 138, 151 a 157, 161 a 164, y 229 a 231 de la Ley 1437 de
2011 y 613 del Código General del Proceso.

Los conceptos de violación se resumen así:

1. Falsa motivación

Señaló que los actos enjuiciados están viciados por falsa motivación porque los
supuestos de hecho en los que se basan son contrarios a la realidad y carecen de
fundamento legal, considerando que (i) la sentencia ejecutoriada del Tribunal fue en
contra de la UGPP y no de la Contraloría General de la República, (ii) la Contraloría
realizó el pago de los aportes pensionales conforme a su deber legal, (iii) no existía
una obligación legal o contractual frente a la Contraloría del pago de aportes, y (iv)
los actos administrativos no eran un acto de ejecución.

En desarrollo de lo anterior, precisó que las sentencias judiciales (de primera y
segunda instancia) por medio de las cuales se condenó a la UGPP a reliquidar la
pensión de vejez de la exservidora de la Contraloría General de la República no
emitieron órdenes en contra de la Contraloría General de la República, sino que se
impartió una condena a la UGPP. De manera que, en abierta contradicción a los
efectos de esas providencias, previstos en el artículo 189 del CPACA, la demandada

2

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pretendió hacer extensiva una decisión en contra a la actora, quien no fue parte en
tales procesos ni salió vencida en juicio.

Indicó que no existe obligación clara, expresa y exigible en su contra, puesto que
realizó en debida forma el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y, en
todo caso, que es una carga demasiado onerosa exigirle que, al momento de
efectuar el pago de los aportes, debió haber previsto la inclusión de factores que
fueron reconocidos posteriormente con fundamento jurisprudencial y,
adicionalmente, que debía dar cumplimiento a una sentencia que se profirió dentro
de un proceso en el que no pudo defenderse.

Sostuvo que el objeto de debate en la sentencia que la UGPP exige cumplir
mediante los actos demandados no fue el incumplimiento por parte de la Contraloría
General de la República del pago de los aportes patronales. Por ende, como aportó
conforme a su deber legal frente al régimen de transición, no hay vinculación legal
o contractual que la obligue a hacerse cargo del pago de aportes de factores
extralegales o ingreso base de liquidación, que fueron reconocidos por fuera de lo
previsto por el legislador.

Esgrimió que no hay argumento o prueba que pretenda demostrar que la
demandante desconoció su obligación de aportar conforme a la normativa aplicable
y que «no se encuentran requerimientos que la UGPP hubiese realizado a la CGR, para obtener el
pago de los aportes pensionales presuntamente adeudados»2.

Explicó que los actos demandados también incurrieron en falsa motivación porque
no es cierto que la actora haya incumplido con el deber de realizar los aportes al
sistema de seguridad social, los cuales hizo conforme con el inciso 2 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 (régimen de transición). Manifestó que esto es así, porque la
jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha señalado que la interpretación de esa
norma que más se ajusta a la Constitución es aquella según la cual el régimen de
transición resulta aplicable frente a edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo,
pero no así para factores salariales o ingreso base de cotización.

Resaltó que en los actos demandados no existe motivación sobre las razones por
las cuales se erró en el pago de aportes patronales, sino que sólo se hace referencia
a un presunto incumplimiento del empleador, al intentar cobrarle a la Contraloría
General de la República aportes sobre factores extralegales. Planteó que el cobro
de aportes patronales sobre factores extralegales desconoce el precedente
constitucional expuesto, entre otras, en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional.

Afirmó además que, existe falsa motivación en la medida en que la Contraloría
General de la República no podía predecir, al momento de pagar los aportes, la
reliquidación pensional que fue ordenada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 19 de octubre de 2017, ya que su obligación consistió en aportar
exclusivamente sobre los factores determinados por el legislador, de acuerdo con
el régimen de transición. Por esa razón, dijo que el pago de los aportes de acuerdo
con la sentencia que se quería ejecutar debía estar en cabeza de los
administradores de pensiones o, en su defecto, del Estado. A estos efectos, citó la
sentencia del 8 de septiembre de 2017 del Consejo de Estado, que reitera la
sentencia del 21 de septiembre de 2017 (Exp. 2015-02361) de la misma
2 Fl. 2 vlto. del cuaderno principal.
3 Entre otras, incluyó las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017).
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Corporación, y concluyó que no se puede obligar a la actora a pagar aportes sobre
los cuales legalmente no estaba obligada a cotizar, razón por la cual existe la falsa
motivación.

Destacó que la Resolución RDP 002584 del 25 de enero de 2018, frente al cobro
de aportes patronales a la demandante, no era un acto de ejecución o de
cumplimiento de una sentencia judicial. Adujo que esto es así porque, en relación
con el cobro de los mismos, la UGPP reconoció que no son actos de ejecución al
concederle a la demandante recursos en sede administrativa y, además, porque
alteró el sentido del fallo judicial al que quiso dar cumplimiento. Lo anterior, ya que
en el proceso judicial no se discutió el pago de aportes por parte de la Contraloría
General de la República, es decir, no se reprochó omisión o inexactitud en el pago
de éstos.

2. Infracción de las normas superiores en las que debieron fundarse

Resaltó que los actos acusados desconocen el principio constitucional de
sostenibilidad financiera, por cuanto pretenden que se paguen aportes patronales
por fuera de la interpretación constitucional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3. Prescripción de la acción de cobro

Puso de presente que la exfuncionaria cuya pensión de vejez fue reliquidada
mediante los actos enjuiciados, estuvo vinculada a la Contraloría General de la
República hasta el 29 de julio de 1994, de manera que hasta esa fecha se extendió
la obligación de la entidad respecto al pago de aportes, de manera que cualquier
omisión debió entenderse exigible hasta aquel momento.

Citó los artículos 22 y 24 de la Ley 100 de 1993, sobre las obligaciones del
empleador y la acción de cobro, y afirmó que las cotizaciones a los afiliados al
sistema general de seguridad social son una obligación de carácter parafiscal, por
lo que resultaban aplicables los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario para
determinar el término de prescripción de la acción de cobro. En ese sentido, enfatizó
que, en este caso, no se interrumpió el término de prescripción pues a la Contraloría
no se le notificó mandamiento de pago alguno.

Aseveró que, como la UGPP no desplegó acciones de cobro, pues no existía razón
para ello ya que cumplió con la normativa aplicable, y la sentencia que ordena la
reliquidación pensional no constituye un título ejecutivo en contra de la Contraloría
General de la República, el término de prescripción de la acción de cobro debe
contarse desde julio de 1994, fecha en la que se retiró la exfuncionaria de la entidad
demandante y, por tanto, cesó la obligación para la Contraloría de hacer los aportes
pensionales. En ese sentido, dijo que para la fecha de expedición de la Resolución
RDP 002584 (25 de enero de 2018), ya había acaecido el fenómeno de la
prescripción de la acción de cobro, puesto que habían transcurrido más de los 5
años que determina la ley.

Advirtió que «no existe prueba de que la UGPP o su antecesora hayan hecho requerimiento alguno
en función de la pensión reconocida a la señora (…), por haber desconocido su obligación legal, por
lo que mi defendida se entiende a paz y salvo. Tampoco es actualmente exigible, ningún otro tipo de
gastos por parte de la entidad, por el mismo fenómeno del paso del tiempo»4.

4 Fl. 6 vlto. del cuaderno principal.
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Oposición de la demanda

La parte demandada5 solicitó que se emitiera una sentencia anticipada en la que se
definiera la carencia de objeto frente a todas las pretensiones de la demanda y que
no se condenara en costas a ninguna de las entidades públicas de este proceso,
por tratarse de una política de defensa judicial de la UGPP, «concertada con la parte
demandante y avalada por la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado, para dar aplicación
al Decreto Ley 2106 de 2019 artículos 40 y 41 2 (sic)».

Relató que, en acatamiento de varios fallos judiciales, inclusive, de unificación, la
UGPP realizó reliquidaciones pensionales incluyendo factores salariales sobre los
cuales no se efectuaron cotizaciones por pensiones al sistema de seguridad social.
En ese sentido, y en virtud del principio de correlación entre el ingreso base de
cotización y el ingreso base de liquidación, la UGPP llevaba a cabo el cobro de los
aportes pensionales faltantes, tanto al pensionado como a la entidad empleadora.

Informó que la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media, mediante acta
del 16 de octubre de 2016, decidió aprobar la fórmula actuarial propuesta por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para calcular el pago de las pensiones
reliquidadas con factores sobre los cuales no se efectuó cotización alguna. Todo lo
cual garantiza la sostenibilidad del sistema pensional. Agregó que, como dicha
fórmula actuarial aumentó los montos que debían pagarse por aportes, varias
entidades iniciaron demandas contra los actos administrativos que determinaban
esos nuevos pagos, de manera que la UGPP «busco a través de una iniciativa legislativa
la eliminación del cobro, el cual nos permitiera entre entidades del orden nacional suprimir dichas
obligaciones patronales en tanto el cobro de estos aportes no agregaba ningún valor a los recursos
de nación, y más bien sí representaba un desgaste administrativo y financiero».

Citó el artículo 40 del Decreto 2106 de 2019, el cual ordenó a la UGPP y a
Colpensiones suprimir los trámites y procedimientos de cobro de las deudas a cargo
de las entidades públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto
General de la República, obligadas a pagar aportes patronales al sistema de
seguridad en pensiones, originadas en reliquidaciones y ajustes pensionales
derivados de fallos ejecutoriados, que hubieran ordenado la inclusión de factores
salariales no contemplados en el ingreso base de cotización previsto en la normativa
vigente al momento del reconocimiento de la pensión. También citó los apartes de
la norma que disponen que, en todo caso, las entidades deben efectuar los
reconocimientos contables y anotaciones en sus estados financieros y que, los
demás cobros que deban realizarse en materia de reliquidación pensional como
consecuencia de una sentencia judicial deben efectuarse con base en la
metodología actuarial que se establezca para el efecto por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

A su vez, transcribió el artículo 40 de la Ley 2008 de 2019 que ordenó a la UGPP
suprimir las obligaciones patronales por concepto de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones originadas en fallos ejecutoriados que hayan
ordenado la inclusión de factores salariales no contemplados en el ingreso base de
cotización previsto en la normativa vigente.

Afirmó que, la aplicación de las normas mencionadas no implica la inexistencia de
la obligación por concepto de aporte patronal, porque, en virtud del Acto Legislativo
01 de 2005 y el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, la UGPP determinó el valor

5 Índice 15 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5

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adeudado por estos aportes y dispuso su pago por parte de los empleadores y
trabajadores, en proporción del 75% y el 25%, respectivamente, por lo que el acto
administrativo acusado no puede considerarse viciado de nulidad, «o que el
mencionado cobro deba ser objeto de revocatoria por parte de la entidad».

Lo anterior, explicó, en la medida en que lo que se suprimió no fue la deuda en sí
misma, sino su cobro, puesto que la existencia de la deuda es necesaria para aplicar
el mecanismo de supresión contable de las obligaciones y la revocatoria implicaría
la inexistencia de la obligación y no su extinción por mandato legal. Además, porque
la obligación del pensionado sigue vigente y le es exigible al mismo.

Como consecuencia de lo expuesto, aseveró que «por mandato legal es la obligación
patronal la que se extingue», y la UGPP no puede promover o continuar procesos de
cobro, de manera que las pretensiones de restablecimiento del derecho de la
demanda carecen de objeto, puesto que la obligación ha sido suprimida y por tanto
perdió exigibilidad. En ese sentido, indicó que la UGPP ha venido adelantando
mesas de mediación, en compañía de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,
con las entidades públicas del orden nacional que son parte del Presupuesto
General de la República, con el fin de lograr la terminación anormal y anticipada de
los procesos contenciosos contra los actos administrativos emitidos por la UGPP
«en los cuales se declaró la obligación de pagar aportes por factores no cotizados e incluidos en el
IBL de pensiones de transición. Para el caso en concreto se definió como alternativa jurídica viable
la regulada en el artículo 278 del CGP».

A efectos de lo anterior trajo a colación el contenido de esa disposición y precisó
que el artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020 faculta a los jueces para
proferir sentencias anticipadas, de ahí que consideró viable y congruente que se
aplicara esta figura en este caso concreto, «pues dada la expedición del decreto 2106 de
2019 articulo 40 y de la Ley 2008 de 2019 articulo 40 la deuda de la cual se pretende la declaratoria
de nulidad quedo suprimida y por lo tanto, es inexigible por parte de la Unidad lo que fundamenta la
carencia actual de objeto de la litis dentro del proceso que se lleva actualmente ante su despacho» .

Finalmente, hizo referencia a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso
y manifestó que la determinación de las costas no es una consecuencia automática
dentro del proceso, en tanto que el juez debe tener en cuenta la conducta de las
partes y analizar si se probaron y causaron.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas.

Advirtió que no analizaría lo expuesto por la actora en los alegatos de conclusión de
primera instancia sobre la falta de motivación de los actos enjuiciados y a la violación
del debido proceso, puesto que correspondían a argumentos nuevos que no fueron
desarrollados en el concepto de violación de la demanda, frente a los cuales la
entidad demandada no se pudo defender.

Sobre la solicitud formulada por la parte demandada, respecto a que se dictara una
sentencia anticipada por carencia de objeto de la litis, determinó que los artículos
40 y 41 del Decreto 2106 de 2019 y 40 de la Ley 2008 de 2019, presuponían la
existencia de un procedimiento de cobro coactivo de los aportes patronales a
pensiones. No obstante, afirmó que, en este caso, «no se ventila el cobro de las cuotas
partes pensionales sino la legalidad de los actos que reconocen la pensión e imponen la obligación

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a las entidades concurrentes en el pago de participar (sic)». En adición, dijo que no existía
prueba de que la demandada hubiese celebrado los acuerdos previos o que hubiese
efectuado los registros contables y financieros exigidos por las normas referidas
para suspender el cobro. Por esas razones, negó la solicitud de dictar sentencia
anticipada.

En lo que tiene que ver con el cargo por falsa motivación, destacó que «la orden de
cobro que adelantó la UGPP en los actos acusados (sic) legal, pues está dando cumplimiento a la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de la señora (…) y asegura la sostenibilidad
financiera del sistema». Agregó que, en virtud del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la
demandada no sólo tenía la potestad para ordenar el cobro de las cotizaciones
correspondientes a la reliquidación de la pensión, sino la obligación de hacerlo.

Esgrimió que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando un
pensionado acude a la jurisdicción para obtener la reliquidación de su mesada
pensional no es procedente que la UGPP llame en garantía a los empleadores,
puesto que estos están obligados a pagar los aportes, mientras que la UGPP es
quien asume el reconocimiento y el pago de la pensión, de ahí que deba asumir el
pago de los perjuicios derivados de las decisiones judiciales que adopte. Así las
cosas, indicó que no se podía vincular a la Contraloría General de la República al
proceso de reliquidación pensional de la exfuncionaria, puesto que el debate jurídico
era entre la pensionada y la UGPP. De manera que no existían motivos para que,
en la parte resolutiva del fallo judicial que definió la reliquidación pensional, se
relacionara a la Contraloría General de la República, en calidad de antigua
empleadora.

Precisó que no estaba en discusión que la demandante hubiese omitido realizar los
aportes a la seguridad social para el momento en que la señora pensionada se
encontraba vinculada a la Contraloría General de la República. Por el contrario, que
lo que ocurrió fue que, con posterioridad al retiro de la ahora pensionada, y como
consecuencia de una orden judicial que ordenó la reliquidación de la pensión, «se
generó un (sic) inexactitud en los aportes pensionales sobre factores de salario no efectuados, lo
que habilitó a una (sic) UGPP para realizar (sic) debido cobro, situación que, se aclara, difiere de la
planteada en (sic) por la demandante». En consecuencia, expresó que los argumentos de
la demanda referentes al cumplimiento de la regulación de los aportes patronales a
pensiones, vigentes en el momento en que la Contraloría General de la República
efectuó los aportes, «por ser ajenos a la cuestión debatida, exceden el alcance de los actos
enjuiciados y no constituyen motivos para considerar que los actos enjuiciados se basaron en hechos
contrarios a la realidad».

Consideró que, en la medida en que la UGPP le concedió a la actora los recursos
de reposición y apelación en contra del acto que «ordenó el recobro de los aportes
patronales a pensiones, le garantizó un debido proceso», puesto que le permitió defenderse
del «recobro de la deuda, puntualmente, controvirtiendo su cuantificación». Planteó que el
hecho de que el acto demandado hubiese tenido por objeto el cumplimiento de una
sentencia judicial y que, a la vez, le haya concedido recursos a la demandante, no
constituye un motivo para considerar que se incurrió en falsa motivación.

Manifestó que no se desconoció el principio de sostenibilidad financiera, puesto que
este proceso «no es sede para discutir el modo en que la demandante depuró los aportes
patronales a pensiones por la (…), en especial, el alcance del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993». Lo anterior, porque se partía del presupuesto fáctico de que
existe una condena judicial definitiva que ordena reliquidar la pensión de la
exfuncionaria y que, el objeto de la discusión se limita a definir la cuantificación de
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la deuda que la demandada pretende recobrar. De ahí que, además de cumplir con
una sentencia judicial, los actos demandados también aseguran la sostenibilidad
financiera del sistema, pues este no puede asumir ni comprometer los recursos
parafiscales en desmedro de futuros pensionados, máxime cuando es obligación de
la entidad demandada «cobrar las cotizaciones correspondientes a la reliquidación de la
pensión, a través de un procedimiento en el que se le garantizaron los derechos de (sic) debido
proceso y contradicción de la demandante».

En lo que respecta a la prescripción de la acción de cobro, advirtió que, al resolver
la solicitud de dictar sentencia anticipada, se dijo que «los actos enjuiciados se sitúan en
una etapa procesal de formación del título ejecutivo, de ahí que no sea jurídicamente viable estudiar
cargos que aluden a la legalidad de un posterior procedimiento de cobro coactivo».

Finalmente, no condenó en costas porque no aparecen probadas.

Recurso de apelación

La Contraloría General de la República apeló la sentencia de primera instancia
solicitando que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda. Señaló que la sentencia del Tribunal es contradictoria porque, por un
lado, manifiesta que la discusión no se centra en si la actora omitió o no pagos al
sistema de seguridad social, pero, a continuación, señala que el cobro de tales
aportes se deriva del cumplimiento de una sentencia judicial.

Sostuvo que la sentencia impugnada hace una interpretación errónea, dado que
destaca que la entidad demandada tiene la obligación de cobrar los aportes
pensionales dejados de pagar, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993,
y, al tiempo, acepta que la demandante no incumplió su obligación de efectuar los
aportes que le eran exigibles.

Planteó que la sentencia arriba a una conclusión inexacta al decir que la obligación
a cargo de la actora se origina de una sentencia judicial. Al respecto, reiteró que la
actora no fue vinculada al proceso en el que se definió la reliquidación de la pensión
de vejez de la exfuncionaria y, por lo mismo, que, en las sentencias proferidas no
existe orden alguna que involucre a la Contraloría General de la República. En ese
sentido, se reafirmó en que los actos acusados están viciados de nulidad por falsa
motivación, puesto que le dieron un alcance a las sentencias que ordenaron una
reliquidación pensional que no tienen y, a su vez, crearon un hecho jurídico nuevo
en cabeza de la actora, que es susceptible de control judicial.

Respecto a lo expuesto por el juez de primera instancia en relación con que no
existió vulneración del debido proceso, dijo que en los actos administrativos
acusados se advierte que no existe motivación en cuanto a la suma en ellos
determinados. Puntualmente, que no existe una liquidación clara y sustentada de
los aportes supuestamente adeudados por la actora y a qué periodos corresponden,
de manera que se pueda establecer de qué forma se determinó la cifra adeudada.
Así las cosas, dijo que no pudo ejercer su derecho de defensa, que integra el debido
proceso, puesto que no se puede atacar lo que no se entiende.

Advirtió que, pese a no haber elevado un cargo de infracción al debido proceso en
la demanda, lo cierto es que la falsa y la falta motivación de los actos acusados que,
a su vez, afecta los derechos de defensa y contradicción, impedían que el juez de
primera instancia dejara de analizar esta situación, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional en sentencia C-197 de 1999.
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Demandante: Contraloría General de la República

Finalmente, citó el artículo 42 del CPACA y reiteró que los actos demandados no
explicaron las razones o fundamentos tenidos en cuenta para determinar la suma
que se ordena pagar a la demandante, lo cual le impidió defenderse de manera
efectiva.

Oposición al recurso de apelación

La parte demandada solicitó que se confirmara la sentencia impugnada, porque los
actos administrativos acusados se expidieron conforme a las disposiciones legales.
Afirmó que está probado que la Contraloría General de la República se abstuvo de
realizar los aportes sobre los factores salariales, según se determina en los actos
administrativos acusados, lo cuales se encuentran debidamente motivados, pues se
fundamentan en un fallo judicial debidamente ejecutoriado. Agregó que no se probó
la existencia de hechos que modificaran la decisión adoptada en los actos
acusados, en tanto que la obligación a cargo del empleador y del trabajador de
pagar los aportes a la seguridad social es de carácter legal y, por lo mismo,
imprescriptible.

Resaltó que, en este caso, existe certeza de los motivos de hecho y de derecho que
sustentan los actos administrativos, puesto que existe una obligación por concepto
de factores salariales debidos por el empleador y por el afiliado, todo lo cual fue
probado en una sentencia judicial. Además, que los motivos son claros, ya que la
UGPP tasó el valor de los aportes debidos. En ese sentido, dijo que la demandante
pudo hacer su propia tasación dentro del trámite administrativo y que lo podrá volver
a hacer, posteriormente, en el trámite coactivo al censurar el mandamiento de pago,
«por lo que no debe ser asunto de debate en la vía ordinaria, en la medida en que el juez no puede
interpretar el querer del demandante o suponer argumentos que no fueron puestos de presente en
el trámite administrativo ya que se violaría el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción
de mi poderdante, quien en sede administrativa bien había podido determinar el citado valor de
manera específica a petición del aquí demandante, lo que en este caso no sucede, pues la falta de
motivación alegada obedece a circunstancias ajenas a las sustentadas en la sentencia, por el
Despacho de conocimiento».

Resaltó que los actos acusados son objetivos porque pretenden recuperar dineros
dejados de pagar por el empleador y así proteger el principio de seguridad. Dijo que
en los mismos se establecieron los factores salariales cuantificados y la fórmula
matemática para indexarlos, toda vez que se determinó el valor de la diferencia
salarial con la inclusión de los factores ordenados en la sentencia, así como el valor
de la mesada pensional. Añadió que el valor de los aportes patronales es de carácter
legal, por lo que sus factores de liquidación son de público conocimiento.
Dijo que lo anterior se demostraba con la liquidación de los aportes anexa a las
resoluciones demandadas, en la que se determina los periodos, los factores
acumulados aplicando los topes, los factores acumulados sin la aplicación de los
topes, el valor de cotización de la pensión, el valor de la cotización por parte del
empleador, el valor de la cotización por parte del empleado, la cotización por parte
del empleador y del trabajador de forma actualizada.
Finalmente, alegó que los actos acusados están circunscritos a los principios de
buena fe exenta de culpa y legalidad y, adicionalmente, que el término de
prescripción de la acción de cobro comienza a correr en cuanto se expida una
decisión definitiva en sede judicial respecto a la legalidad de los actos demandados
y no, como se afirmó en la demanda, cuando la pensionada terminó el vínculo
laboral con la Contraloría General de la República. Esto, porque ese criterio no tiene

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en cuenta lo dispuesto en el Estatuto Tributario respecto a la ejecutoria de los actos
administrativos.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Como cuestión previa se observa que el consejero Milton Chaves García, mediante escrito
del 07 de noviembre de 20236, manifestó impedimento para conocer del presente asunto,
para lo cual invocó la causal del numeral 4º del artículo 130 del Código Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. La Sala
aceptará dicho impedimento, comoquiera que el magistrado tiene un pariente en segundo
grado de consanguinidad que ostenta la calidad de contratista de una de las partes, de tal
modo que será separado del presente asunto.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandante
en contra de la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos
administrativos demandados, mediante los cuales la UGPP determinó una obligación a
cargo de la Contraloría General de la República (en adelante CGR), por concepto de
aportes pensionales al Sistema de Seguridad Social y confirmó tal decisión al resolver los
recursos de reposición y apelación.

1. Delimitación del problema jurídico

En virtud del artículo 42 del Código General del Proceso, en armonía con el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y el principio constitucional de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el juez administrativo, como
director del proceso, está facultado para sanear y precaver vicios de procedimiento,
así como para interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del
asunto, extrayendo el verdadero sentido de las pretensiones de las personas que
acuden a esta jurisdicción7. Por consiguiente, «defectos tales como la cita errónea de una
disposición legal que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la
violación insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad» 8.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el Tribunal de primera instancia decidió
no pronunciarse sobre la falta de motivación de los actos acusados y la consecuente
vulneración del debido proceso de la actora, en la medida en que consideró que se
trataba de un cargo novedoso que no había sido incluido en el concepto de la
violación de la demanda, sino solamente en los alegatos de conclusión. La entidad
demandada considera que la decisión del Tribunal debe ser confirmada.

Ahora bien, en el recurso de apelación, la demandante, ahora apelante, insistió en
que los actos administrativos enjuiciados están viciados de nulidad por falta de
motivación, en la medida en que no contienen una liquidación clara de los aportes
pensionales adeudados por la CGR, al punto que no se sabe a qué periodos
corresponden. Todo lo cual vulneró su debido proceso y sus derechos de defensa
y contradicción.

6 SAMAI. Índice 15.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias del 8 de junio de
2023, Exp. 27202, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-197 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Pues bien, para la Sala resulta procedente pronunciarse sobre el cargo bajo análisis
porque, contrario a lo expuesto por el Tribunal, sí fue incluido en la demanda,
aunque denominado de forma incorrecta, según se desprende de la interpretación
integral de ese escrito. En efecto, adviértase que, a lo largo de la demanda, la actora
señaló que, si bien los actos acusados indicaban dar cumplimiento a una sentencia
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la
reliquidación de una pensión de vejez a favor de una exfuncionaria de la CGR, lo
cierto era que habían extendido los efectos de ese fallo, puesto que determinaron
una obligación económica por aportes pensionales a cargo de la demandante sin
que incluyeran «argumentación o prueba que pretenda demostrar que la CGR en algún momento
desconoció su obligación de aportar conforme a la normatividad, y no se encuentran requerimientos
que la UGPP hubiere realizado a la CGR, para obtener el pago de los aportes pensionales
presuntamente adeudados»9. En ese sentido, agregó que en el acto demandado «no se
motiva el porqué (sic) se realizó erróneamente el pago de aportes patronales, solo se refiere a un
presunto incumplimiento del empleador, al intentar cobrar a la CGR aportes sobre factores
extralegales»10. Todo lo anterior, máxime cuando en el fallo que ordenó la reliquidación
pensional «no se discutió el pago de aportes por parte de la CGR, o el incumplimiento en su calidad
de empleador, (…) no se reprocho (sic) omisión o inexactitud en el pago de los aportes patronales» 11.

Los anteriores apartes de la demanda permiten entender que la demandante
pretendió demostrar que los actos administrativos estaban viciados de nulidad, por
un lado, porque extendían los efectos de la sentencia que reliquidó la pensión de
vejez al determinar una obligación por aportes pensionales a cargo de la CGR, pese
a que ello no había sido objeto de debate en dicho fallo, cargo que denominó falsa
motivación (en lugar de falta de motivación). Y, de otro lado, porque los actos no
explicaron la forma en la que se liquidó la supuesta deuda, así como las razones
por las cuales existía una inexactitud u omisión en los aportes patronales realizados
por la CGR, a raíz de la reliquidación de la pensión a favor de la exfuncionaria,
ordenada por el fallo de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
Cundinamarca. Todo lo anterior se confirma si se tiene en cuenta que la
demandante también manifestó que no existía prueba de que la UGPP le hubiera
hecho «requerimiento alguno en función de la pensión reconocida a la señora (…), por haber
desconocido su obligación legal, por lo que mi defendida se entiende a paz y salvo. (…)»12, lo cual,
además, nunca fue controvertido o desmentido por la demandada.

Así las cosas, lo expuesto por la apelante en los alegatos de conclusión de primera
instancia, respecto a la falta de motivación en cuanto a la forma en la que la UGPP
liquidó los aportes pensionales adeudados por la CGR y a los períodos a los que
correspondían, debía entenderse como una complementación, aclaración o
mejoramiento de los argumentos expuestos en la demanda, explicados
anteriormente, y no como un cargo novedoso sobre el que la entidad demandada
no se pudo defender al momento de contestar la demanda.

La Sala precisa que, por regla general y siempre que sea posible, el juez
administrativo debe realizar un esfuerzo interpretativo para identificar los
presupuestos y fundamentos relevantes en los que las personas que acuden a esta
jurisdicción basan sus pretensiones. Todo, para lograr que, pese a la falta de
claridad y de técnica jurídica de las partes, se emitan sentencias que decidan de
fondo el asunto objeto de debate y, con ello, que se garantice el derecho

9 Fl. 2 vlto. del cuaderno principal.
10 Fl. 4 vlto. del cuaderno principal.
11 Fl. 5 vlto. del cuaderno principal.
12 Fl. 6 vlto. del cuaderno principal.
11

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fundamental de acceso a la administración de justicia y el principio constitucional de
prevalencia del derecho sustancial sobre las simples formalidades. Por
consiguiente, la Sala sí se pronunciará sobre el cargo de la apelación referente a la
falta de motivación de los actos administrativos acusados.

Aclarado lo anterior, atendiendo al recurso de apelación formulado por la parte
demandante, el problema jurídico a resolver en esta instancia consiste en
determinar si los actos administrativos enjuiciados están viciados de nulidad (i) por
falsa motivación, en la medida en que se basaron en una sentencia judicial que
ordenó la reliquidación de una pensión a cargo de la UGPP, pero no sobre los
aportes pensionales supuestamente dejados de pagar por parte de la CGR y (ii) por
falta de motivación, comoquiera que no incluyeron explicación alguna en cuanto a
la forma en la que se liquidó la deuda por aportes pensionales a cargo de la CGR y
a los períodos a los que corresponden, lo cual afectó su debido proceso, en tanto
que le impidió ejercer en debida forma sus derechos de defensa y contradicción.

Por cuestiones metodológicas y al tratarse de un asunto estrechamente relacionado
con la violación del derecho fundamental al debido proceso, la Sala comenzará por
resolver el cargo de nulidad por falta de motivación, en la medida en que, en caso
de prosperar, sería suficiente para revocar la sentencia impugnada y, en su lugar,
anular los actos administrativos demandados.

2. Motivación de los actos administrativos

Esta Sala13 ha entendido que los actos de la UGPP están debidamente motivados
cuando incluyen los valores y las razones que sirvieron de sustento a los ajustes.
Igualmente, se ha aceptado que los archivos Excel hacen parte integral de las
liquidaciones, en la medida que detallan la forma en que se determina el ajuste para
cada uno de los subsistemas del Sistema de Seguridad Social. De ahí que la
Sección haya señalado que «en la motivación de esta clase de actos y dependiente de la
conducta (omisión, mora e inexactitud), es necesario que se identifique el tipo de incumplimiento, el
año, el mes, el trabajador, los días trabajados, los pagos que constituyen salario y cuáles no, el total
remunerado, el IBC, entre otros aspectos»14.

En caso de que los actos expedidos por la UGPP carezcan de la motivación
explicada, se presentaría el vicio de nulidad denominado falta de motivación, el cual
surge en los eventos en los que «la Administración prescinde de la motivación que suministre
al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de estos, impidiendo
al particular ejercer su derecho de defensa y contradicción»15.

En este caso concreto, se observa que los actos administrativos acusados se
expidieron como consecuencia de una sentencia que ordenó la reliquidación de la
pensión de vejez a favor de una exservidora de la CGR, incluyendo factores
salariales sobre los que, para cuando la ahora pensionada se encontraba laborando,
no se realizaron los correspondientes aportes pensionales por parte de la entidad
empleadora y la trabajadora.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 2 de octubre de
2019, Exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiterada en las sentencias del 10 de marzo de
2022, Exp. 24971 y del 10 de agosto de 2023, ambas con ponencia de la Dra. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de
2021, Exp. 24735, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 11 de marzo de
2021, Exp. 23976, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12

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La Resolución RDP 002584 del 25 de enero de 2018, por medio de la cual se
reliquidó la pensión, ordenó descontar de las mesadas pensionales por pagar el
valor de las cotizaciones que la exfuncionaria no hubiere efectuado sobre los nuevos
factores reconocidos en la sentencia. Al respecto, el artículo 8 de la parte resolutiva
de dicha Resolución señaló:
«ARTÍCULO OCTAVO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho el(a)
señor(a) (…), la suma de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos ($29,225,435,00 m/cte) por concepto de
aportes para prensión de factores de salario no efectuados. (…)». (Énfasis del texto original).

Ahora bien, respecto a los aportes pensionales a cargo de la entidad demandante
(empleadora), en el artículo 9 de la parte resolutiva de la misma resolución se
expuso lo siguiente:
«ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución al área competente para que
efectué los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de aporte patronal por
(sic) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por un monto de OCHENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS pesos
($87,676,306,00 m/cte), , (sic) a quienes (sic) se les notificará del contenido del presente
artículo informándoles que contra el mismo proceden los recursos de reposición y apelación
ante LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS PENSIONALES. De estos
recursos podrán (sic) hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación,
manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A. (…)». (Énfasis
del texto original).

Contra esta determinación del aporte patronal adeudado, la CGR presentó recursos
de reposición y de apelación, los cuales fueron resueltos a través de dos
resoluciones emitidas por la UGPP, confirmando la decisión recurrida. Estos actos,
al igual que el artículo noveno de la resolución por medio de la cual se reliquidó la
pensión de vejez a favor de la exfuncionaria de la CGR, fueron objeto del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho formulado por la entidad
demandante.

De la revisión de los actos administrativos cuestionados, la Sala evidencia que, en
la Resolución RDP 002584 , por medio de la cual se reliquidó la pensión16, la UGPP
se limitó a señalar los aspectos propios y exclusivos de la situación pensional
particular y concreta de la pensionada (exfuncionaria de la CGR), esto es, la edad,
el número de semanas laboradas, el periodo de reliquidación, los factores salariales
constitutivos del IBL, los valores del IPC utilizados para actualizar el valor del IBL,
el nuevo valor a pagar a favor de la pensionada y el fondo de pensiones al que le
corresponde el pago de la pensión. No obstante, nada se dijo sobre la situación
particular y concreta de la entidad apelante en cuanto a los aportes pensionales
supuestamente dejados de pagar. Se echa de menos cualquier referencia a las
normas que regulan tales aportes, así como sobre las bases y periodos utilizados
para la determinación de la deuda por valor de $87.676.306.

A su vez, en la Resolución RDP 009695, que decidió el recurso de reposición en
contra de la decisión de reliquidación pensional, se dijo que, en este caso concreto,
la CGR y la pensionada no realizaron aportes sobre los factores salariales no
consagrados en el Decreto 1158 de 1994, (prima de navidad, prima de servicios,
prima de vacaciones y auxilio de alimentación), sin embargo, tales factores sí fueron
incluidos en la reliquidación pensional. Adicionalmente, se mencionó que los
descuentos por aportes fueron ordenados por la sentencia que ordenó la
16 Fl. 13 vlto. y 14 del cuaderno principal.
13

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reliquidación pensional, en virtud de los principios de solidaridad y sostenibilidad
presupuestal17. Nuevamente se echa en falta cualquier motivo de hecho o de
derecho que permitiera determinar, de forma clara y concreta, las razones por las
cuales la apelante adeudaba un monto de $87.676.306 por concepto de aportes
patronales.

Finalmente, en la Resolución 016071, que decidió el recurso de apelación en contra
del aporte patronal determinado a cargo de la CGR, la UGPP pretendió explicar la
fórmula aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para calcular los
valores adeudados por concepto de aportes pensionales sobre los que no se
hicieron cotizaciones o se hicieron por valores inferiores. Así, la demandada señaló
que tal fórmula era aplicable en dos eventos: (i) cuando el Ingreso Base de
Liquidación pensional utilizado judicial o conciliatoriamente, incluía factores no
contemplados dentro del Ingreso Base de Cotización, o sobre los cuales no se
hicieron los respectivos descuentos de ley, y (ii) cuando en el reconocimiento o en
la reliquidación pensional por vía judicial o conciliatoria, se aplicaba un Ingreso Base
de Liquidación diferente a los contemplados en los artículos 21 y artículo 36, inciso
tercero, de la Ley 100 de 1993. En adición, la UGPP expresó que, en las dos
situaciones mencionadas, había lugar a que el Sistema General de Pensiones
recuperara el valor de lo no cotizado y que haya dado origen a la desfinanciación,
mediante la aplicación de unos mecanismos que describió.

Aunque constan las explicaciones de tales mecanismos, la Sala destaca que la
demandada nunca los aplicó al caso concreto de la apelante, al punto que no se
señaló ningún valor o fórmula aritmética que pudiera dar claridad sobre los
conceptos, valores y, en general, sobre la forma en la que se liquidó la obligación
determinada a cargo de la CGR por aportes patronales que figura en la parte
resolutiva del acto de reliquidación pensional. De ahí que las explicaciones
contenidas en los actos resultan descontextualizadas e insuficientes, puesto que no
es siquiera posible inferir las razones fácticas y jurídicas que motivaron la
determinación de la obligación a cargo de la apelante. Al respecto, nótese que,
sobre la situación particular y concreta de la apelante, en la Resolución RDP
002584, única y exclusivamente, consta lo siguiente:
«Que el valor actual de la pensión señora (…) es de $1.426.829 cuya fórmula de aportes
aplicada es el NUEVO IBL y VALORES, y que a la fecha de la solicitud el pensionado tenía
68 años de edad sin la mesada 14, el valor por aportes conforme al fallo judicial objeto de
estudio es de OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SEIS pesos ($87.676.306.00) M/cte., a cargo del (sic) CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA»18.

En estas circunstancias, la Sala evidencia que los actos administrativos acusados
carecen de motivación, al menos sumaria, de las razones fácticas y jurídicas que
llevaron a que la entidad demandada estableciera el valor de $87.676.306 a cargo
de la CGR. Los actos enjuiciados omiten cualquier explicación sobre el método, la
fórmula o el cálculo empleado por la UGPP para determinar la suma adeudada por
la CGR por concepto de los aportes a pensionados, con ocasión de la reliquidación
de la pensión de vejez de la exservidora, así como sobre los periodos a los que
corresponden.

17 Fl. 17 del cuaderno principal.
18 Fl. 22 del cuaderno principal.
14

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Se resalta que fue sólo en el artículo noveno de la parte resolutiva de la Resolución
RDP002584, que la demandada determinó la deuda a cargo de la actora, sin
siquiera indicar cuáles eran los períodos objeto de liquidación, las bases sobre las
cuales se liquidaron los aportes o la fórmula del cálculo actuarial utilizado para ello.
Esta irregularidad impidió que la apelante pudiera ejercer en debida forma su
derecho de defensa y contradicción, en la medida en que no pudo discutir las bases
ni la fórmula utilizada para calcular los aportes pensionales que adeudaba.

Por consiguiente, prospera el cargo de apelación por falta de motivación, lo cual es
suficiente para revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, anular los actos
administrativos acusados, sin necesidad de referirse a los demás cargos del recurso
de apelación.

3. Decisión

Al haber prosperado el cargo de apelación por falta de motivación, la Sala revocará
la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la nulidad de los actos administrativos
demandados, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás cargos
formulados en el recurso. A título de restablecimiento del derecho y comoquiera que
en el expediente no existe prueba de que la CGR hubiese realizado pago alguno
por concepto de la obligación determinada en los actos mencionadas, se declarará
que la actora no está obligada a realizar pago alguno por los aportes patronales
determinados en los actos enjuiciados.

4. Costas

A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 (numeral 8) del Código General del Proceso, no
habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta
instancia, por no encontrarse probadas en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Milton Chaves
García.

2. Revocar la sentencia del 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. En su lugar,
se dispone:
«PRIMERO: Declarar la nulidad del artículo noveno de la Resolución Nro. RDP 002584 del 25
de enero de 2018, así como las Resoluciones Nro. RDP 009695 del 15 de marzo de 2018 y
Nro. RDP 016071 del 4 de mayo de 2018, mediante las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales determinó la suma de
$87.676.306.000 a cargo de la Contraloría General de la Nación por concepto de aportes
patronales a pensiones y confirmó tal decisión al resolver los recursos de reposición y
apelación. La nulidad aquí declarada respecto de la Resolución Nro. RDP 002584 del 25 de
enero de 2018 sólo es aplicable respecto de lo decidido en la misma en cuanto a la Contraloría
General de la Nación.

15

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SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar que la Contraloría General de
la Nación no está obligada a pagar suma alguna, correspondiente a los aportes patronales
determinados en los actos administrativos señalados en el ordinal primero de esta
providencia».

3. Sin condena en costas en esta instancia.

4. Reconocer personería jurídica al abogado Omar Andrés Viteri Duarte,
conforme al poder obrante en el índice 12 de Samai.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO WILSON RAMOS GIRÓN

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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