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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00472-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00472-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia. 14 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2019-00472-01 (27667) Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja Fallo 3. Reconocer a la abogada María Camila Camargo Rueda como apoderada de la UGPP para que actúe conforme con las facultades otorgadas en el poder general elevado a Escritura Pública 0167 de 16 de enero de 2024 15.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00472-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

25 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00472-01 (27667)
Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
Fallo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00472-01 (27667)
Demandante: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP

Temas: Aportes pensionales. Reliquidación pensional. Falta de
motivación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución RDP 009873 del 16
de marzo de 2018 únicamente en lo que corresponde al artículo 9° por medio del cual la
UGPP dispuso el cobro al Hospital San Rafael de Tunja E.S.E. de la suma de
$102.541.312,75 por concepto de aportes patronales adeudado en virtud de la
reliquidación pensional efectuada a favor del señor JUAN HUMBERTO CÁRDENAS
LEYVA en cumplimiento de un fallo judicial y LA NULIDAD TOTAL de las Resoluciones
RDP 022020 del 25 de julio de 2019 y RDP 025954 del 29 de agosto de 2019 por medio
de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación respectivamente.

SEGUNDO. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, la E.S.E
HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA no está obligada a pagar la suma de
$102.541.312,75, correspondiente a los aportes patronales cobrados en los actos
demandados.

TERCERO: Por no haberse causado, no se condena en costas. […]”

ANTECEDENTES

El señor Juan Humberto Cárdenas Leyva demandó a la UGPP, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se anularan los actos
que negaron la solicitud de reliquidación de su pensión de vejez 1.

En sentencia de 10 de mayo de 2016, el Juzgado Once Administrativo de Tunja declaró
la nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la
UGPP reliquidar la pensión de jubilación del señor Cárdenas Leyva, pagar a favor del
demandante la diferencia entre las mesadas pensionales devengadas y las que resulten

1
Proceso con radicado 15001-33-33-011-2014-00064-00/02
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00472-01 (27667)
Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
Fallo

de la reliquidación ordenada, en forma indexada con intereses de mora, y descontar de
las anteriores sumas los aportes que no se hubieran efectuado para la pensión sobre los
factores respecto de los que se ordena la reliquidación, correspondientes a los últimos
cinco años de vida laboral.

La UGPP interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, mediante fallo del 10 de mayo de 2017, que confirmó la sentencia recurrida.

En cumplimiento de la providencia judicial de segunda instancia, mediante Resolución
RDP 009873 del 16 de marzo de 2018, la UGPP reliquidó la pensión de vejez del señor
Juan Humberto Cárdenas Leyva. Y respecto de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, en
adelante, la ESE o el hospital, como empleador, en el artículo noveno del citado acto
ordenó enviar “copia de la presente resolución al área competente para que efectúe los
trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de aporte patronal por […] un
monto de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($102.541.312,75
m/cte […]”

La anterior resolución se comunicó el 1 de junio de 2018 a la ESE Hospital San Rafael
de Tunja. El 11 de julio de 2018, la ESE presentó objeciones contra el artículo noveno de
la Resolución RDP 009873 del 16 de marzo de 2018. Por Oficio 2018143010653421 de
28 de noviembre de 2018, la UGPP resolvió las objeciones y remitió a la ESE, copia de
las sentencias de 10 de mayo de 2016 y de 10 de mayo de 2017.

Posteriormente, el 11 de julio de 2019, el hospital presentó recurso de reposición y, en
subsidio, apelación contra el artículo noveno de la Resolución RDP009873 de 16 de
marzo de 2018, en atención a la notificación formal de dicho acto, recibida por correo
electrónico el 2 de julio de 2019. Por Resoluciones RDP 022020 de 25 de julio y RDP
025954 de 29 de agosto, ambas de 2019, la UGPP confirmó el acto recurrido.

DEMANDA

La ESE Hospital San Rafael de Tunja, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del CPACA 2, formuló las siguientes pretensiones 3:

“PRIMERA: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo, expedido por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), el día 28 de noviembre de 2018 con radicado
20181430160653421 y notificado a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA el día 30
de noviembre de 2018, mediante el cual se resuelven unas objeciones presentadas a la
Resolución No. RDP 009873 de 2018, por medio de la cual se reliquida la pensión de
vejez en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de
Boyacá Sala de Decisión No. 2.

2 La demanda se radicó el 26 de marzo de 2019 ante la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Oralidad

del Circuito Judicial de Bogotá y correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta Administrativo de Bogotá, que, en auto
de 25 de junio de 2019, declaró la falta de competencia para conocer el asunto, por el factor cuantía y ordenó remitir
el expediente a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3 Inicialmente, por auto de 19 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda

contra la Resolución RDP 009873 del 16 de marzo de 2018 y el Oficio 201814301653421 del 28 de noviembre de 2018,
tal como se propuso en la demanda. Sin embargo, de los antecedentes administrativos aportados por la UGPP, el
Tribunal advirtió que estando en curso el proceso, la demandante interpuso recurso de reposición y apelación contra
la Resolución RDP 009873 del 16 de marzo de 2018. Por lo anterior, en el auto de 9 de diciembre de 2022 que impulsó
el proceso a sentencia anticipada se integró el litigio para incluir como actos demandados las Resoluciones RDP 02020
del 25 de julio y la RDP 05954 del 29 de agosto de 2019, por medio de las cuales se decidieron los recursos de
reposición y apelación, respectivamente. Esa decisión no fue recurrida por las partes.
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Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
Fallo

SEGUNDA: Como consecuencia de la nulidad del acto administrativo radicado
20181430160653421, DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. RDP 009873 de
2018, la cual en su artículo noveno establece […]”

TERCERA: ORDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
(UGPP), a título de restablecimiento del derecho exonerar a la E.S.E HOSPITAL SAN
RAFAEL TUNJA del pago de la suma de CIENTO DOS MILLONES CUARENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($102.541.312,75), por concepto de aportes patronales del señor CÁRDENAS LEYVA
JUAN HUMBERTO.

CUARTA: Que se ordene a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 192 y ss de la Ley 1437 de 2011.

QUINTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.”

La demandante invocó como normas violadas las siguientes:

 Artículos 1, 4, 6, 29, 123 y 209 de la Constitución Política.
 Artículos 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
 Artículo 312 de la Ley 1819 de 2016.
 Artículo 2 de la Ley 33 de 1985.

Sobre el concepto de la violación, la demandante expuso, en síntesis, lo siguiente:

Nulidad de los actos administrativos por expedición en forma irregular. Los actos
demandados desconocen las normas en las que debían fundarse, dado que en virtud del
artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la ESE no tuvo oportunidad de objetar el proyecto de
liquidación. Además, en la Resolución RDP 009873 de 16 de marzo de 2018 se incurrió
en falta de motivación dado que se reliquidó una pensión y se dio cumplimiento a una
sentencia judicial sin mencionar al hospital.

Violación del debido proceso. La UGPP no vinculó a la ESE al proceso de
determinación de los $102.541.312,75 que le pretende cobrar por aportes patronales del
señor Juan Humberto Cárdenas Leyva, como consecuencia de la reliquidación pensional.

La referida suma se fijó en forma arbitraria y con desconocimiento del debido proceso
pues el hospital no fue informado del proyecto de resolución que asignó la pensión de
vejez del señor Cárdenas Leyva ni de la reliquidación pensional. Los argumentos para
determinar la obligación se sustentan en la metodología para el cálculo de cotizaciones
al Sistema General de Pensiones derivados de reliquidaciones en las que se incluyen
factores respecto de los que no se habían realizado cotizaciones.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:
La entidad demandada tiene facultades de cobro coactivo de los aportes a pensión
dejados de pagar por los empleadores, conforme lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, en armonía con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
Fallo

La Resolución RDP 09873 del 16 de marzo de 2018 que reliquidó la pensión de vejez se
expidió en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá de 10 de mayo del 2017, que confirmó el fallo de primera instancia por el cual se
ordenó a la UGPP reliquidar la pensión del señor Juan Humberto Cárdenas Leyva, con
la inclusión de nuevos factores salariales devengados en el último año de servicios.
Respecto de esos factores la ESE no efectuó los correspondientes descuentos.

A la demandante se le envío una liquidación detallada del cobro de los aportes patronales
y contra la Resolución RDP 009873 del 16 de marzo de 2018, el hospital presentó
objeciones, a las cuales la UGPP dio respuesta de fondo, con lo cual no se evidencia
desconocimiento alguno del derecho de defensa.

Si bien en las providencias judiciales no se vinculó a la ESE y por tanto no fue condenada,
esto se debe a que lo discutido es la reliquidación de la pensión de vejez de los
extrabajadores, no el incumplimiento en el pago de los aportes patronales al régimen
pensional. Por tanto, la UGPP puede adelantar acciones tendientes a obtener el pago de
lo que, como consecuencia de dichas providencias, adeudaría el empleador por concepto
de aporte patronal al sistema de pensiones, máxime cuando en la parte considerativa del
fallo de segunda instancia se facultó a la UGPP a realizar los descuentos
correspondientes a los aportes no efectuados.

En la respuesta de la demanda, la UGPP formuló como excepciones, entre otras, la de
caducidad del medio de control y falta de agotamiento de la actuación administrativa4.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las siguientes
razones 5:

En ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la UGPP
tiene la potestad para cobrar las cotizaciones correspondientes a la reliquidación de la
pensión. No obstante, la citada norma dispuso que debe emitirse una liquidación de
aportes a cargo de los empleadores, que presta mérito ejecutivo. Cuando la obligación
parafiscal se impone en sentencia judicial, el pago a cargo de aportantes (empleadores)
nace con la ejecutoria de la providencia.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá quedó ejecutoriada el 17 de mayo de
2017 y para cumplirla, la UGPP dictó la Resolución RDP 009873 de 16 de marzo de 2018,
notificada a la ESE el 1 de junio del mismo año. Sin embargo, no expidió el requerimiento
para declarar (artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 178 a 180 de la Ley 1607 de 2012),
acto previo que debe proferirse para conceder la oportunidad al aportante de ejercer el
derecho de defensa y allegar y solicitar las pruebas necesarias para verificar la obligación
que se pretende obtener, para que, culminado el plazo respectivo, se pueda emitir la
liquidación oficial correspondiente, que constituye título ejecutivo.

4 Por auto de 9 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las excepciones al advertir, en

primer lugar, que la demanda se radicó en tiempo si el conteo del término se hace desde la notificación del oficio que
resolvió las objeciones. En segundo lugar, advirtió que, encontrándose en sede judicial, la demandante interpuso los
recursos de reposición y apelación contra el artículo noveno de la RDP 009873 del 16 de marzo de 2018, los cuales
fueron resueltos por Resoluciones RDP 022020 de 25 de julio y RDP 025954 de 29 de agosto, ambas de 2019, estos
actos se tuvieron como demandados. (Expediente digital. Índice 2 SAMAI).
5 Expediente digital. Índice 2 SAMAI.

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Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
Fallo

El acto acusado no indicó la información relacionada con la entidad demandante, los
períodos que se liquidan y las bases sobre las cuales se calcularon los aportes. Tampoco
especificó la fórmula de cálculo actuarial utilizada para determinar el monto que cubra la
pensión hacia el futuro ni invocó las normas que sirvieron de fundamento para liquidar el
aporte a cargo del hospital. En consecuencia, la UGPP vulneró el debido proceso de la
demandante, puesto que omitió la etapa de determinación de los aportes y pasó
directamente al cobro, sin haber expedido el acto de liquidación que es el título ejecutivo.

Finalmente, la demandada puede obtener el pago si realiza el recobro de las obligaciones
con amparo en el procedimiento pertinente y dentro del término legal. No obstante, a la
fecha de esta providencia, la UGPP no tiene competencia temporal para adelantar el
cobro, si se tiene en cuenta que desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
(17/05/2017) ya transcurrieron los 5 años con los que contaba para adelantar y notificar
la determinación oficial de los nuevos aportes derivados de la orden judicial de reajuste
pensional, plazo que se consumó el 17 de mayo de 2022.

En consecuencia, se declaró la nulidad parcial de la Resolución RDP 009873 de 16 de
marzo de 2018, únicamente en lo que respecta al artículo noveno, y la nulidad total de
las Resoluciones RDP 022020 de 25 de julio y RDP 025954 del 29 de agosto, ambas de
2019, que decidieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente. A título de
restablecimiento del derecho, se declaró que la ESE Hospital San Rafael de Tunja no
está obligada al pago que le fue ordenado de conformidad con los actos objeto de
anulación.

Por último, no condenó en costas por no estar probadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP apeló la sentencia por las razones siguientes 6:

La decisión de primera instancia se fundamentó en lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012
y en la determinación de las obligaciones parafiscales a cargo de aportantes, a pesar de
que lo discutido es la reliquidación y posterior recobro de pasivos pensionales, no
contribuciones parafiscales.

El Tribunal no tuvo en cuenta que la UGPP tiene plena competencia para la determinación
y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social a cargo de los
empleadores obligados a cotizar al sistema, por lo cual puede adelantar las actuaciones
administrativas que conduzcan a la liquidación y cobro efectivo de los aportes que no
realizó la ESE y que se determinaron en la sentencia que ordenó la reliquidación
pensional, decisión judicial que sirvió de fundamento para los actos demandados.

Si bien la demandante efectuó los respectivos descuentos al Sistema de Seguridad Social
en Pensión, lo hizo sobre los factores taxativamente señalados en el Decreto 1158 de
1994. No obstante, no realizó las deducciones de ley de aquellos factores que ordenó
incluir la sentencia que dispuso reliquidar la pensión del señor Juan Humberto Cárdenas
Leyva.

La resolución que dio cumplimiento a la sentencia no debe contener los motivos de hecho
y de derecho que lo justifiquen, dado que se expidió precisamente para cumplir una orden

6 Expediente digital. Índice 2 SAMAI.

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judicial. En esa medida, es un acto de ejecución que no manifiesta de manera autónoma
la voluntad de la administración. Tampoco crea, modifica o extingue derechos u
obligaciones.

En virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, el principio de sostenibilidad presupuestal debe
garantizarse. El restablecimiento del derecho declarado en la sentencia apelada no
obedece a la realidad jurídica, dado que la demandante no ha realizado ningún pago por
concepto de factores salariales que debieron tenerse en cuenta para la reliquidación del
monto de la mesada pensional.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

La demandante no intervino en la oportunidad prevista en el artículo 247, numeral 4º,
del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia de primer grado, por las siguientes
razones 7:

El trámite adelantado por la UGPP desatendió el procedimiento establecido en el artículo
180 de la Ley 1607 de 2012, pues expidió un acto en el que comunicó la obligación de
pago a cargo de la demandante, sin emitir acto previo, conceder plazo para pronunciarse
y solicitar pruebas. Dicha orden directa desconoció abiertamente las disposiciones que
le concedieron la facultad de determinación, recaudo y cobro de aportes parafiscales de
la seguridad social, lo que no puede justificarse con el argumento de que estaba
cumpliendo un fallo judicial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala verificar si el artículo noveno de la Resolución RDP 009873 de 16
de marzo de 2018 es un acto de ejecución de una orden judicial, como lo sostuvo la
apelante, caso en el cual no es susceptible de ser demandado o si, por el contrario, es
susceptible de estudio de legalidad. Si se concluye que dicho acto es objeto de control
judicial debe determinarse si está debidamente motivado.

Valga aclarar que en este proceso la UGPP no formuló como excepción previa la ineptitud
de la demanda por demandarse un acto no susceptible de control judicial. No obstante,
tanto en la contestación de la demanda como en el recurso de apelación insistió en que
con la Resolución RDP 009873 de 16 de marzo de 2018 se dio cumplimiento a una
sentencia judicial. Por ese motivo, es necesario definir si ese acto es de ejecución, pues
de serlo, la Sala, de oficio, debe revocar el fallo apelado y, en su lugar, declarar probada
la referida excepción e inhibirse para decidir de fondo el asunto.

La Sala confirma la providencia apelada, por las siguientes razones:

El fallo de primera instancia sostiene que la UGPP no agotó la etapa de determinación
de los aportes patronales y procedió directamente al cobro, lo que no es procedente, pues
es necesario el acto de liquidación, que sirve de título ejecutivo. Dice, además, que el
artículo 9 demandado no contiene la información relacionada con la entidad demandante,
los períodos que se liquidan y las bases sobre las cuales se calcularon los aporte.
Tampoco especificó la fórmula de cálculo actuarial utilizada para determinar el monto que
cubra la pensión hacia el futuro ni invocó las normas que sirvieron de fundamento para
7 Expediente digital. Índice 11 SAMAI.

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liquidar el aporte a cargo de la ESE. En ese entendido, la UGPP vulneró el debido proceso
de la demandante, por tal razón, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y anuló el artículo noveno del acto acusado y las resoluciones que lo confirmaron.

En el recurso de apelación, la UGPP afirma, en esencia, que los actos demandados no
son nulos porque no violó el debido proceso de la actora, tenía plena competencia para
proferirlos y no era necesario motivarlos por tratarse de un acto de ejecución. Se opone,
igualmente, al restablecimiento del derecho, pues sostiene que la demandante no ha
realizado ningún pago por concepto de los factores salariales que debieron tenerse en
cuenta para la reliquidación de la mesada pensional ordenada judicialmente. A pesar de
lo anterior, manifiesta que la resolución que en el artículo noveno ordenó a la ESE iniciar
los trámites para el cobro del aporte patronal es un acto de ejecución porque con ella se
cumplió el fallo que dispuso reliquidar una pensión de vejez.

Para resolver la presente controversia es importante tener en cuenta que los actos de
ejecución son aquellos que dan cumplimiento a una decisión judicial o administrativa y,
por regla general, no son susceptibles de control de legalidad porque de estos no surgen
situaciones jurídicas diferentes a las creadas en la sentencia o acto ejecutado 8. No
obstante, se ha aceptado la demanda contra actos de ejecución si estos exceden parcial
o totalmente lo ordenado en la decisión judicial o en el acto administrativo ejecutado 9.

En el presente asunto se acreditaron los siguientes hechos:

En sentencia de 10 de mayo de 2016, el Juzgado Once Administrativo de Tunja dispuso
la reliquidación de la pensión del señor Juan Humberto Cárdenas Leyva. En el ordinal
quinto, ordenó a la UGPP “descontar de las anteriores sumas los aportes que no se
hubieran efectuado para pensión sobre los factores con los que se ordena la
reliquidación, correspondientes a los últimos cinco (5) años de la vida laboral de Juan
Humberto Cárdenas Leyva, comprendidos entre el 1º de septiembre de 1997 al 30 de
agosto de 2002, por prescripción extintiva, sumas que deberán ser actualizadas con el
IPC. El monto de máximo de descuento por este concepto no podrá superar el valor de
la condena a su favor.” La decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante fallo de 10 de mayo de 2017.

El 16 de marzo de 2018, para dar cumplimiento a lo ordenado en la decisión judicial, la
UGPP profirió la Resolución RDP 009873. El 11 de julio de 2019, la demandante
interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el artículo noveno de
esa resolución, los cuales fueron resueltos por la UGPP, mediante Resoluciones RDP
022020 de 25 de julio y RDP 025954 de 29 de agosto, ambas de 2019, en el sentido de
confirmar la decisión recurrida.
Es precisamente la orden que dio la UGPP en el artículo noveno de la Resolución RDP
009873 de 16 de marzo de 2018, la que se controvierte en este proceso, cuyo texto es el
siguiente:

8 Entre otras, ver sentencias de esta Sección de 15 de noviembre de 1996, exp. 7875, C.P. Consuelo Sarria Olcos y

de 29 de noviembre de 2012, exp. 17274, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y autos del 30 de marzo de 2006,
exp. 15784, C.P. Ligia López Díaz; del 24 de noviembre de 2016, exp 22395 y de 21 de junio de 2018, exp. 23675,
ambas con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras providencias de esta Sección, ver auto del 26 de septiembre de 2013, exp. 68001-23-33-000-2013-00296-

01 (20212), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterado en sentencia de 3 de agosto de 2016, exp. 25000-23-27-
000-2011-00194-01(19952), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
Fallo

“ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución al área competente para que
efectúe los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de aporte patronal por
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL, por un monto de CIENTO DOS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($102.541.312,75 m/cte), a quienes se les notificará
personalmente del contenido del presente artículo informándoles que contra el mismo
proceden los recursos de reposición y apelación […]. Lo anterior, sin perjuicio de que con
posterioridad se determine que se adeudan valores adicionales o superiores por el referido
concepto, o ajuste en su valor, y en consecuencia se debe proceder a adelantar su cobro.
Igualmente, la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los valores
previamente ordenados y descontados en actos administrativos anteriores por el mismo
concepto”.

La anterior orden no puede considerarse de simple ejecución de la sentencia judicial,
como lo sostiene la UGPP en el recurso de apelación, dado que al determinar a cargo de
la ESE una suma ($102.541.312,75), por concepto de aportes patronales, creó para la
demandante una situación jurídica que de manera concreta no estaba incluida en la
decisión judicial que ordenó la reliquidación de una pensión.

En esos términos, la legalidad del artículo noveno de la Resolución RDP 009873 de 16
de marzo de 2018 es susceptible de ser estudiada en esta oportunidad, junto con las
Resoluciones RDP 022020 de 25 de julio y RDP 025954 de 29 de agosto, ambas de
2019, que confirmaron el referido artículo. No prospera el cargo.

Motivación de los actos administrativos de la UGPP. Sobre el particular, se reitera la
posición de esta Sala adoptada en sentencia de 9 de noviembre de 202310, que es
aplicable para solucionar el presente caso.

La Sección Cuarta de esta Corporación 11 ha considerado que los actos de la UGPP están
debidamente motivados cuando incluyen los valores y las razones que sirvieron de
sustento a los ajustes. Igualmente, ha aceptado que los archivos Excel hacen parte
integral de las liquidaciones, en la medida en que detallan cómo se determina el ajuste
para cada uno de los subsistemas del Sistema de Seguridad Social. De ahí que la
Sección haya señalado que “en la motivación de esta clase de actos y dependiendo de
la conducta (omisión, mora e inexactitud), es necesario que se identifique el tipo de
incumplimiento, el año, el mes, el trabajador, los días trabajados, los pagos que
constituyen salario y cuáles no, el total remunerado, el IBC, entre otros aspectos ”12.

Si los actos expedidos por la UGPP carecen de la motivación explicada, se presentaría
el vicio de nulidad denominado falta de motivación, el cual surge en los eventos en los
que “la Administración prescinde de la motivación que suministre al destinatario las
razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de estos, impidiendo al
particular ejercer su derecho de defensa y contradicción”13.

En el caso objeto de controversia, se observa que la Resolución RDP 009873 de 16 de
marzo de 2018 se expidió como consecuencia de una sentencia que ordenó la

10 Exp. 25000-23-37-000-2018-00680-01 (27761), C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 2 de octubre de 2019, Exp.

24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiterada en las sentencias del 10 de marzo de 2022, Exp. 24971 y del
10 de agosto de 2023, ambas con ponencia de la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2021,

Exp. 24735, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 11 de marzo de 2021,

Exp. 23976, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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reliquidación de la pensión de vejez a favor del señor Juan Humberto Cárdenas Leyva,
extrabajador de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, incluyendo factores salariales sobre
los que, para cuando el ahora pensionado se encontraba laborando, no se realizaron los
correspondientes aportes pensionales por parte de la entidad empleadora y del
trabajador.

La citada Resolución RDP 009873, en el artículo octavo, ordenó descontar de las
mesadas pensionales por pagar, el valor de las cotizaciones que el extrabajador no
hubiere efectuado sobre los nuevos factores reconocidos en la sentencia. Al respecto, el
artículo octavo dispuso:

“ARTÍCULO OCTAVO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho el(a)
señor(a) CARDENAS LEYVA JUAN HUMBERTO, la suma de TREINTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos con 75/100
($34.180.437.75 m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados. (…)”.

Respecto a los aportes pensionales a cargo de la entidad demandante (empleadora), en
el artículo noveno de la parte resolutiva de la misma resolución, como quedó transcrito
en el capítulo anterior, se ordenó enviar “copia de la presente resolución al área
competente para que efectúe los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por
concepto de aporte patronal por EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
RAFAEL, por un monto de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($102.541.312,75 m/cte.) […]”

Contra esta determinación del aporte patronal adeudado, la ESE presentó recursos de
reposición y de apelación, que no prosperaron.

De la revisión de los actos administrativos cuestionados, la Sala evidencia que, en la
Resolución RDP 009873 de 16 de marzo de 2018, por medio de la cual se reliquidó una
pensión, la UGPP se limitó a señalar los aspectos propios de la situación pensional
particular y concreta del pensionado, esto es, la edad, el número de semanas laboradas,
el último cargo desempeñado, la fecha en la que adquirió el estatus de pensionado, el
periodo de reliquidación, los factores salariales constitutivos del IBL, los valores del IPC
utilizados para actualizar el valor del IBL, el nuevo valor a pagar a favor del pensionado
y el fondo de pensiones al que le corresponde el pago de la pensión. No obstante, nada
dijo sobre la situación particular y concreta de la entidad demandante en cuanto a los
aportes pensionales supuestamente dejados de pagar. Tampoco se indican las normas
que regulan tales aportes, ni las bases y periodos utilizados para la determinación de la
deuda por valor de $102.541.312,75.

A su turno, en la Resolución RDP 022020 de 25 de julio de 2019, que resolvió el recurso
de reposición contra el artículo 9 de la Resolución RDP 009873 de 16 de marzo de 2018,
la UGPP advirtió que la ESE y el pensionado no realizaron aportes sobre los factores
salariales diferentes a los consagrados en el Decreto 1158 de 1994 (asignación básica,
horas extras, prima técnica, bonificación por servicios, prima de antigüedad, prima de
navidad, prima de servicios y prima de vacaciones). Sin embargo, tales factores sí fueron
incluidos en la reliquidación pensional. Adicionalmente, se mencionó que los descuentos
por aportes fueron ordenados por la sentencia que dispuso la reliquidación pensional, en
virtud de los principios de solidaridad y sostenibilidad presupuestal. En dicho acto
tampoco se determinó en forma clara y concreta, las razones por las cuales la

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demandante adeudaba un monto de $102.541.312,75, por concepto de aportes
patronales.

En la citada resolución, la UGPP pretendió explicar la fórmula aprobada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para calcular los valores adeudados por concepto de
aportes pensionales sobre los que no se hicieron cotizaciones o se hicieron por valores
inferiores, para lo cual indicó que tal fórmula era aplicable en dos eventos: (i) cuando el
Ingreso Base de Liquidación pensional utilizado judicial o conciliatoriamente incluía
factores no contemplados dentro del Ingreso Base de Cotización, o sobre los cuales no
se hicieron los respectivos descuentos de ley, y (ii) cuando en el reconocimiento o en la
reliquidación pensional por vía judicial o conciliatoria, se aplicaba un Ingreso Base de
Liquidación diferente a los contemplados en los artículos 21 y artículo 36, inciso tercero,
de la Ley 100 de 1993. Además, la UGPP expresó que en las dos situaciones
mencionadas, había lugar a que el Sistema General de Pensiones recuperara el valor de
lo no cotizado y que haya dado origen a la desfinanciación, mediante la aplicación de
unos mecanismos que describió.

Aunque constan las explicaciones de tales mecanismos, la Sala destaca que la
demandada nunca los aplicó al caso concreto de la ESE, al punto que no se señaló
ningún valor o fórmula aritmética que pudiera dar claridad sobre los conceptos, valores
y, en general, sobre la forma en la que se liquidó la obligación determinada a cargo de la
ESE por aportes patronales que figura en la parte resolutiva del acto de reliquidación
pensional. De ahí que las explicaciones contenidas en los actos resultan
descontextualizadas e insuficientes, puesto que no es siquiera posible inferir las razones
fácticas y jurídicas que motivaron la determinación de la obligación a cargo de la actora.

Al respecto, nótese que, sobre la situación particular y concreta de la demandante, en la
Resolución RDP 022020, que resolvió la reposición contra el artículo 9 de la Resolución
009873 de 2018, consta únicamente, lo siguiente:

“Que el valor de la pensión que percibía a Marzo de 2018 el interesado era de $7.384.420
que la pensión reliquidada en cumplimiento a fallo arroja la cuantía de $9.955.849 la
fórmula de aportes aplicada es Nuevo IBL y Valores, arrojando como resultado un valor
para el afiliado de $136.721.787.07 y para el empleador un valor total de $
410.165.361.22; a los anteriores valores se les aplicó la prescripción ordenada por el ente
fallador correspondiente a los últimos cinco años de la vida laboral, obteniendo los
siguientes valores:

EMPLEADO: la suma de $ 34.180.437.75

EMPLEADOR: la suma de $ 102.541.312.75.

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Que de acuerdo con las anteriores operaciones aritméticas, se evidencia que la resolución
No RDP 9873 del 16 de marzo de 2018, se encuentra ajustada a derecho, respecto a los
descuentos por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.
[…]”

Finalmente, en la Resolución RDP 025954 de 29 de agosto de 2019, que decidió el
recurso de apelación en contra del aporte pensional determinado a cargo de la ESE, la
UGPP reitera en su integridad las consideraciones del acto que decidió la reposición.

En estas circunstancias, la Sala evidencia que los actos administrativos acusados
carecen de motivación, al menos sumaria, de las razones fácticas y jurídicas que llevaron
a que la entidad demandada estableciera el valor de $102.541.312,75 a cargo de la ESE.
Dichos actos omiten una explicación precisa sobre el método, la fórmula o el cálculo
empleado por la UGPP para determinar la suma adeudada por la ESE por concepto de
los aportes a pensionados, con ocasión de la reliquidación de la pensión de vejez del
extrabajador, así como sobre los periodos a los que corresponden.

Se resalta que fue solo en el artículo noveno de la parte resolutiva de la Resolución RDP
009873 de 16 de marzo de 2018, que la demandada determinó la deuda a cargo de la
actora, sin siquiera indicar cuáles eran los períodos objeto de liquidación, las bases sobre
las cuales se liquidaron los aportes o la fórmula del cálculo actuarial utilizado para ello.
Esta irregularidad, impidió que la ESE pudiera ejercer en debida forma su derecho de
defensa y contradicción, en la medida en que no pudo discutir las bases ni la fórmula
utilizada para calcular los aportes pensionales que adeudaba.

En los anteriores términos no prosperan los cargos de apelación de la UGPP con los que
insistió en que solo dio cumplimiento a una orden judicial, por lo que no era necesario
motivar los actos acusados. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada, pero por
las razones previamente expuestas.
Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el
artículo 188 del CPACA 14, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas,
que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas
previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la
del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este
asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

14 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00472-01 (27667)
Demandante: E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja
Fallo

3. Reconocer a la abogada María Camila Camargo Rueda como apoderada de la
UGPP para que actúe conforme con las facultades otorgadas en el poder general
elevado a Escritura Pública 0167 de 16 de enero de 2024 15.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

15 Expediente digital. Índice 13 SAMAI.

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