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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-24-000-2009-00161-02

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-24-000-2009-00161-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fredy Ibarra Martínez y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: CONFIRMAR la declaratoria de inepta demanda, contenida en la Sentencia de 18 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según las consideraciones expuestas. TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de la Sentencia para, en su lugar, inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas. CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-24-000-2009-00161-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 2 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – (Dirección Nacional
de Estupefacientes, liquidada)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho - extinción de dominio - actos administrativos
de ejecución - improcedencia del control judicial - fallo inhibitorio

Síntesis del caso: El demandante solicitó la nulidad de un acto administrativo, mediante el cual
se ordenó hacer efectiva la entrega real y material de un inmueble, en cumplimiento de una
decisión judicial. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que le fuera restituida y
respetada su posesión.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 18 de enero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las
pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante -1.2. Posición de la parte demandada - 1.3.
Sentencia recurrida - 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 28 de abril de 2009, Hernando Ortiz Pico presentó demanda2, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la
Dirección Nacional de Estupefacientes (en adelante, la Dirección) con el
objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se
trascribe):

“PRETENSIONES:
Primera. Declarar nula la resolución No. 1837 de Diciembre 23 de 2008, expedida
por CARLOS ENRIQUE ROBLEDO SOLANO, subdirector jurídico de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, mediante el cual se determinó hacer efectiva
la orden de entrega, dada por el JUZGADO 5to. PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C., del inmueble ubicado en

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo (CCA).
2 Folios 1 al 19 del Cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

la Calle 67 Nro. 10 A- 26 de Bogotá, D.C., (dirección actual), identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria número 050C-411267, aseveración que hago
porque en la resolución aquí mencionada dice: “ARTICULO PRIMERO: HACER
efectiva la orden de entrega real y material del inmueble (...) dispuesta en la
sentencia de primera instancia de fecha mayo 10 de 2004 proferida por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá
para la Extinción de Dominio, (radicado No. 2004 - 07-5.)...” proceso que se siguió
en contra de Gilberto Rodríguez Orejuela.
Segunda. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, le sea restituida y respetada la posesión sobre
el inmueble ubicado en la Calle 67 Nro. 10 A- 26 de Bogotá, D.C., (dirección
actual), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 050C-411267,
la misma que venía ejerciendo de manera quieta, pacifica, pública y tranquila
al momento de la producción y ejecución de la Resolución que ahora es objeto
de la presente acción.
Tercera. Que de igual manera se ha venido ejerciendo sobre el DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (sic), al pago de los perjuicios, que se hubieren
podido ocasionar a mi representado, en la cuantía que en el trámite incidental
respectivo y en la oportunidad pertinente te demuestre sufrió mi representado,
con ocasión del despojo arbitrario de que fue objeto y hasta la fecha en que se
le restituya en su derecho.
Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de
establecido en el artículo 176 del CCA.
Cuarta. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los
intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.
Quinta. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del C.C.A., hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le
ponga fin al proceso.”

2. El demandante fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:

3. 1) El 29 de diciembre de 2008, la Dirección le notificó al demandante la
Resolución 1837 de 23 de diciembre de 2008, la cual ordenaba hacer efectiva
la entrega real y material del inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 50C-411267 y ubicado en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, con
base en la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Descongestión de Bogotá para la Extinción de Dominio,
(radicado No. 2004 – 07 -5), confirmada en sentencia proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

4. 2) El 2 de enero de 2009, el demandante presentó solicitud de (se trascribe)
“(…) nulidad y/o revocatorio y/o suspensión (…) mediante la cual
dem[ostraba] su inconformidad y oposición al contenido de la decisión (…)”.
A pesar de lo anterior, el 5 de enero de 2009, la Dirección efectuó la diligencia
de entrega y, por tanto, el 8 de enero de 2009, el demandante radicó “adición
a la solicitud de nulidad y/o revocatoria”, que se había presentado el 2 de
enero de 2009, pues no había obtenido respuesta.

5. 3) El 27 de enero de 2009, la Dirección dio respuesta a las solicitudes
planteadas e indicó que el acto que ordenó hacer efectiva la entrega real y
material se fundamentaba en el procedimiento establecido en el Decreto
Legislativo 4685 de 2008 que otorgó (se trascribe) “(…) funciones de policía
judicial de índole administrativo para hacer efectiva la entrega real y material
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Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

de bienes inmuebles urbanos y rurales ordenada en las sentencias de extinción
de dominio (…)”.

6. 4) Sin embargo, dicha orden era ilícita porque la sentencia, que declaró la
extinción de dominio, no la contenía. En concreto, la sentencia (se transcribe)
“Constaba de doce puntos, ninguno de los cuales ordenan la práctica de la
diligencia de entrega ni tampoco establec[ía] término de ninguna naturaleza
para que la misma se produ[jera]. Sólo se remit[ió], el Señor Juez, en cada uno
de estos puntos a declarar la extinción de dominio y relacionar los folios de
matrícula de los inmuebles afectados con ella”. Por lo tanto, se privó,
injustamente, de la posesión que ejercía sobre el inmueble.

7. Se invocaron como cargos de nulidad la “carencia de fundamento legal”
para adoptar la decisión y la omisión de solicitar la ejecución de la sentencia.
En relación con el primero, se indicó que la sentencia no contenía la orden de
entrega del inmueble, como lo ordenó la Resolución demandada y, por tanto,
no existía un fundamento legal para dicho mandato. En relación con el
segundo cargo, alegó que el proceso judicial de extinción de dominio era
declarativo y de condena y, por ende, era necesario que la sentencia indicara
también (se transcribe) “(…) la manera en cómo se debería hacer efectiva
dicha condena, esto es la entrega, lo que en este caso no ha ocurrido”, por lo
que le correspondía al Estado agotar el procedimiento y solicitar la
correspondiente ejecución.

1.2. Posición de la parte demandada

8. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. contestó la demanda3 en
representación de la extinta Dirección y se opuso a las pretensiones. Indicó que,
según se le comunicó al demandante, el 27 de enero de 2009, en la respuesta
a sus escritos de oposición, el procedimiento y la diligencia de entrega se
fundaron en (se trascribe) “(…) el Decreto Legislativo No. 4685 del 12 de
diciembre de 2008 y por el Decreto 3929, que regula[ban] el Estado de
conmoción interior y que habilita[ban] al subdirector jurídico de la entidad
demandada para ejercer funciones de Policía Judicial Administrativa, con el fin
de hacer la entrega real y efectiva de los bienes extintos de dominio”.

9. Alegó que, si bien las sentencias que declararon la extinción de dominio no
ordenaban la entrega del inmueble, (se trascribe) “(…) ello no significa[ba] que
mi defendida no se encontraba facultada para proferir la resolución de entrega
y más aún la de adelantar el desalojo; es que de dicha consecuencia
“extinción de dominio” (…) nacen tales resultas, actuando dentro del uso de
las facultades de policía judicial administrativa (…)”.

3 Folios 1 a 25, Cuaderno contestación de la demanda.

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Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

10. Por último, alegó que el acto que se pretendía anular no era susceptible de
control de legalidad, por no tratarse de una decisión definitiva, que concluyera
un procedimiento administrativo, ni de un acto de ejecución que excediera,
parcial o totalmente, lo decidido en la sentencia ejecutada.

11. Propuso como excepciones: 1) la legalidad del acto administrativo
demandado, porque la Dirección emitió la Resolución en ejercicio de sus
competencias. 2) El ejercicio indebido de la acción, ya que los actos
administrativos que expedía la Dirección no son definitivos, por lo que el
mecanismo que procedía era el de reparación directa para solicitar los
presuntos perjuicios causados al demandante por la resolución demandada. 3)
La inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por el
demandante. 4) La caducidad de la acción.

1.3. Sentencia recurrida

12. El 18 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia4, en la
que decidió (se trascribe):

“Falla:
Primero. Declárase no probadas las excepciones denominadas ejercicio
indebido de la acción y caducidad de las pretensiones, propuesta por la
Dirección Nacional de Estupefacientes (actualmente Sociedad de Activos
Especiales S.A.S.), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Declárase probada de oficio la excepción de inepta demanda por
cuanto el acto administrativo cuya nulidad se pretende no es susceptible de
control judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Deniéguense las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Abstienese de condenar en costas.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.”

13. El Tribunal consideró que las excepciones del ejercicio indebido de la
acción y su caducidad no debían prosperar. Respecto de la primera, se
evidenció que el daño provenía de un acto administrativo que el demandante
consideraba ilegal, por lo que la acción de nulidad y restablecimiento de
derecho sí era procedente, según el artículo 85 del CCA. Sobre la segunda, no
encontró configurada la caducidad de la acción ya que (se transcribe) “(…)
no hay prueba que permita establecer una fecha cierta en que inició el
término de caducidad, asimismo, es un argumento de la solicitud de nulidad
del acto demandado, la falta de notificación (…)”. En relación con las
restantes excepciones no se pronunció.

14. Sin embargo, el Tribunal encontró probada, de oficio, la excepción de
inepta demanda porque consideró que la Resolución demandada era un acto

4 Folios 250 al 288 del Cuaderno de Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

de ejecución, que no extralimitó lo ordenado por la autoridad judicial y, por
tanto, no era susceptible de control judicial. Consideró que el acto que se
demandó (se trascribe) “(…) no cont[enía] ninguna manifestación de voluntad
de la administración frente a una situación jurídica particular (…)” pues las
sentencias de extinción de dominio ordenaron, como resulta lógico, la
tradición a favor de la Nación y, según el artículo 740 del Código Civil, ello
implicaba un modo de adquirir el dominio a través de la entrega material de
las cosas.

1.4. Recurso de apelación

15. El demandante presentó recurso de apelación5, en el que solicitó la
revocatoria de la Sentencia y, en su lugar, que se accediera a las pretensiones,
con base en cuatro cargos:

16. 1) Alegó que el Tribunal hizo una (se transcribe) “(…) indebida adecuación
y/o interpretación de los fundamentos en que el actor centro la controversia”
pues la finalidad de la acción incoada era la (se transcribe) “(…) declaración
de nulidad de la Resolución No. 1837 de Diciembre 23 de 2008, proferida por
Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante la cual se hizo efectiva la
orden de entrega (…)”, sin embargo, el Tribunal centró su análisis en lo que
denominó “excepción de oficio” y decidió que se trataba de un acto de
ejecución, no demandable.

17. 2) Alegó que la decisión desconoció (se trascribe) “(…) normas de
raigambre constitucional, que incluso son y/o se catalogaron como derechos
fundamentales, entre ellos el artículo 29, 2, 4 y 6 (…)”. Normas que de haberse
observado hubieran implicado una decisión favorable al demandante.

18. 3) Se desconoció que en el proceso ya se había debatido la naturaleza del
acto demandado y que el Consejo de Estado había ordenado la admisión de
la demanda, mediante Auto de 6 de diciembre de 2013, al revocar la decisión
de rechazo de la demanda. En concreto, alegó que el Tribunal (se trascribe)
“(…) desconoció un precedente (…) el superior ya había resuelto todo lo
atinente a la calidad del acto (…)”.

19. 4) La sentencia no solo desconoció, sino que interpretó indebidamente el
acervo probatorio obrante el proceso. En primer lugar, el Tribunal desconoció
que la sentencia (se trascribe) “(…) no contemplaba, ni ordenó la entrega del
inmueble y menos aún estableció plazo de ninguna naturaleza para que esa
entrega se produjera. (…) no se facultó a la entidad (…) para que hubiese
adelantado y/o reali[zado] la diligencia de entrega que se ordenó de manera
irregular en el acto administrativo objeto de nulidad (…)”. En segundo lugar,
alegó que la tradición de bienes inmuebles se materializa con la inscripción del

5 Folios 290 a 300 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

título ante la Oficina de Instrumentos Públicos, no mediante la entrega material
del bien, en consecuencia, era claro que el acto demandado excedió la
orden judicial. En tercer lugar, los decretos en que fundamentó sus
competencias la demandada fueron declarados inconstitucionales y, de ese
modo, el proceso de extinción de dominio se regía por la Ley 333 de 1998, que
en su artículo 22 preveía la obligación de que la sentencia ordenara,
expresamente, la entrega del bien, cuando no estuviera en poder del Estado,
sin embargo, en el caso específico el juez no incluyó dicha orden.

1.5 Trámite relevante en segunda instancia

20. En la oportunidad para alegar de conclusión la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S.6 insistió en los argumentos expuestos a lo largo del proceso y
solicitó la confirmación de la sentencia. El demandante guardó silencio7. El
Ministerio Público8 consideró acreditada la “inepta demanda” que fue
declarada por el Tribunal y, por tanto, solicitó la confirmación de la sentencia
impugnada.

21. El 9 de julio de 2024, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su
impedimento para conocer de este asunto, (se trascribe) “(…) por cuanto en
calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección B hi[zo] parte de la Sala de Decisión que profirió la
providencia recurrida, esto es, la sentencia de 18 de enero de 2018 que negó
las pretensiones de la demanda”9. El impedimento será aceptado en la parte
resolutiva de esta providencia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar. - 2.2. - Sobre la condena en
costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

22. La Sala no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto toda vez no se
encuentran reunidos todos los presupuestos procesales para dictar sentencia,
en específico, porque, tal como concluyó el Tribunal, el acto administrativo
demandado es de ejecución y, al no configurarse alguno de los supuestos
excepcionales para que sea enjuiciado, su control judicial no es procedente.
Para demostrar la anterior premisa es necesario analizar la naturaleza jurídica
del acto administrativo demandado y las exigencias legales respecto del
contenido de la sentencia de extinción de dominio.

6 Folios 309 a 312 del Cuaderno del Consejo de Estado.
7 Folios 319 del Cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folios 315 a 318 del Cuaderno del Consejo de Estado.
9 Índice 35 Samai.

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Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

23. El artículo 50 del CCA, en los mismos términos del artículo 74 del CPACA,
prevé que, por regla general, los recursos administrativos solo proceden contra
los actos administrativos que pongan fin a las actuaciones administrativas, es
decir, contra actos definitivos, entendidos como aquellos que “ponen fin a una
actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan
imposible continuarla”. A su turno, el artículo 49 del CCA, en los mismos términos
del artículo 75 del CPACA, indica que no proceden los recursos administrativos
contra “los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o
de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.”

24. Las anteriores normas son relevantes para determinar los actos
administrativos que, al ser definitivos, son susceptibles de la interposición de los
recursos administrativos y, además, de control judicial, previo el agotamiento
de la “vía gubernativa”, en los términos del artículo 63 del CCA.

25. En este orden de ideas, solo las decisiones administrativas definitivas, esto
es, las que finalizan un procedimiento administrativo o las que afecten
derechos o intereses, o impongan cargas, sanciones y obligaciones que
modifican o alteran situaciones jurídicas determinadas, son susceptibles de
control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Por ello, los actos que impulsan la actuación, y no otorgan
alguna solución de fondo a las solicitudes de los administrados o aquellos que
se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa, no son
cuestionables por vía judicial10.

26. Por tanto, en relación con los actos de ejecución, esta Corporación ha
considerado, como regla general, que no son susceptibles de ser enjuiciados,
sin embargo, excepcionalmente, ha aceptado que puedan ser objeto de
control judicial siempre que concurra uno o varios de los siguientes supuestos
(se trascribe): “(…) i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar
cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto
administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se
presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad
demandada o condenada (…)”11. Excepciones que han sido aceptadas de
forma pacífica y sistemática por esta Corporación12. En conclusión, los actos

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 19 de noviembre de 2021, Exp.

11001-03-24-000-2020-00242-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Auto de 9 de septiembre de 2021, Exp. 25000-23-42-000-2014-00844-01(3441-16); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 19 de junio de 2020, Exp. 25000-23-42-000-
2016-01823-01 (0438-17); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Auto
de 3 de octubre de 2019, Exp. 25000-23-36-000-2017-00864 01 (63128); entre otras.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 19 de junio de

2020, Exp. 25000-23-42-000-2016-01823-01 (0438-17).
12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 25 de abril de 2024, Exp.

25000-23-37-000-2019-00472-01 (27667); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia de 18 de octubre de 2023, Exp. 20001-23-33-000-2014-00336-01 (2285-2019); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 11 de junio de 2021, Exp. 11001-03-24-000-2019-00235-
00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 25 de
noviembre de 2021, Exp. 25000-23-42-000-2015-05526-01(4342-19); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

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Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

de ejecución podrán ser enjuiciados siempre y cuando, creen, extingan o
modifiquen determinada situación jurídica que dé lugar a la existencia de un
acto susceptible de ser estudiado por esta jurisdicción.

27. El acto demandado, Resolución No. 1837 de 23 de diciembre 23 de 200813,
en su parte resolutiva, dispuso:

“ARTICULO PRIMERO: HACER efectiva la orden de entrega real y material del
inmueble situado en la calle 67 No. 10 - 52, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 50C-411267, dispuesta en la sentencia de primera
instancia de fecha mayo 10 de 2004 proferida por el Juzgado Quinto Penal
del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá para la Extinción de
Dominio, (radicado No. 2004 - 07 -5.), confirmada íntegramente en sentencia
del 25 de mayo del 2006 proferida por la Sala Penal de Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
ARTICULO SEGUNDO: Para los fines establecidos en el artículo primero de la
presente Resolución, comunicar por el medio más expedito, el contenido de
la misma al ocupante y/o demás personas que se encuentren en el inmueble
ubicado en la calle 67 No. 10 - 52, para que en el término de tres (3) días,
contados a partir del siguiente a la fecha de comunicación, entregue a la
Dirección Nacional de Estupefacientes, el inmueble antes mencionado e
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 50C-411267, expedido por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro.
ARTICULO TERCERO: Prevenir al ocupante del inmueble ubicado en la calle 67
No. 10 - 52, identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 50C-411267
de la ciudad de Bogotá D.C, y demás personas que se encuentren en el lugar,
cualesquiera que sean, que, en caso de no producirse la entrega real y
material del mismo en el término establecido en el artículo segundo del
presente acto administrativo, se procederá a hacer efectiva la misma, con el
apoyo de la fuerza pública.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la
Policía Metropolitana de Bogotá D.C. para que conforme a lo previsto en el
Decreto Ley 4685 de 2008, se preste el apoyo correspondiente a fin de dar
cumplimiento al presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución, por tratarse de un acto
administrativo de ejecución, no procede recurso alguno.”

28. Según lo anterior, es claro que la Dirección, a través del acto demandado,
ordenó hacer efectiva la entrega real y material del inmueble que había sido
objeto de extinción de dominio. Para el efecto, dispuso comunicar a los
ocupantes del inmueble la decisión y otorgarles un término de 3 días para
realizar la entrega y, en caso de no producirse, ordenó que se procediera con
el apoyo de la fuerza pública.

29. La motivación de la decisión incluyó, entre otras razones: i) que en virtud de
las sentencias de extinción de dominio, estaba demostrado que los ocupantes
del inmueble (acá demandante) no poseían título alguno que legitimara su
permanencia en él, por tanto, su renuencia a la entrega desconocía las
sentencias de extinción de dominio; ii) que el Decreto Legislativo 4685 de 12 de

Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 8 de marzo de 2018, Exp. 11001-03-24-000-2019-00235-00 Exp. 25000-23-24-
000-2007-00285-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 23 de
febrero de 2018, Exp. 25000-23-27-000-2012-00008-01(20638); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 54001-23-31-000-1997-13274-02(1325-10); entre
otras.
13 Folios 23 a 26 del Cuaderno 1.

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Radicado: 25000-23-24-000-2009-00161-02 (61.843)
Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

diciembre de 2008, expedido en virtud del estado de conmoción interior
declarado por el Decreto 3929 de 9 de octubre de 2008, otorgó, al Subdirector
Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes, funciones de “policía
judicial de índole administrativo” para hacer efectiva la entrega real y material
de bienes, ordenada en las sentencias de extinción de dominio; iii) que la
tradición del inmueble, según lo dispuesto en el artículo 113 del CPC, en lo
relativo a la entrega real y material conlleva implícita la orden de allanar, de
ser necesario.

30. Según los precedentes jurisprudenciales referidos, por regla general, los
actos de ejecución no son susceptibles de control judicial, salvo que se
configure alguno de los eventos de excepción. Por tanto, es necesario verificar
si, en realidad, se trata de un acto de mera ejecución o de una decisión
definitiva, está última demandable. Al respecto, tal como lo concluyó el
Tribunal, la sentencia de primera instancia14, confirmada íntegramente en
sentencia del 25 de mayo del 2006, proferida por la Sala Penal de Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenó:

"(…)
SEGUNDO: DECLARAR la extinción del derecho de dominio, sobre los todos los
derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o
cualquiera otra limitación a la disponibilidad o uso de los bienes, que se
enuncian a continuación identificados con las siguientes Matrículas
Inmobiliarias: (...) 50C-411267 (...) conforme a lo sustentado en este fallo, su
tradición a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación,
inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. (...)"

31. Según lo anterior, es claro que se declaró la extinción del dominio de todos
los derechos y limitaciones a la disponibilidad sobre el inmueble y, en
consecuencia, se ordenó la tradición del inmueble a favor de la Nación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 793 de 200215. Sin embargo,
contrario con lo concluido por el Tribunal, la tradición de inmuebles, como
modo de adquirir el dominio, no implica su entrega real y material sino, según
el artículo 756 del Código Civil, la inscripción del título en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos. Ello explica que el artículo 18 de la Ley 793 de 2002,
en relación con el contenido de la sentencia, prevea que, si la extinción es
sobre “bienes incorporados a un título, se ordenará la anulación del mismo y la
expedición de uno nuevo a nombre del citado Fondo [Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado]”.

32. Por tanto, la entrega real y material del bien inmueble no se entiende
incorporada o subsumida en la orden de tradición. Ahora bien, en virtud de la

14 Sentencia del 10 de mayo de 2004 del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá,

dentro del radicado 007-5. Folios 34 a 79 del Cuaderno de Contestación de la demanda.
15 Cuerpo normativo aplicado, expresamente, en las sentencias de primera y segunda instancia dentro del proceso

judicial de extinción de dominio. Lo cual, además, es concordante con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 793 de
2002, según el cual “De los procesos en curso. Los términos y recursos que hubieren empezado a correr se regirán por
la ley vigente al tiempo de su iniciación, en todo lo demás se aplicará esta ley.”
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Demandante: Hernando Ortiz Pico
Demandado: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
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Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
fondo

naturaleza jurídica especial de la acción de extinción de dominio16, la Sala
considera que no es necesario que la sentencia que declaró la extinción
contuviera, expresamente, la orden de entrega real y material del bien
inmueble extinguido.

33. En efecto, el artículo 4 de la Ley 793 de 2002, en relación con la naturaleza
de la acción de extinción de dominio, prevé que “(…) procederá sobre
cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien
los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos”.
Por tanto, es posible adelantarla, incluso si el titular no está en poder del bien.
No obstante, se garantiza la protección de los derechos de posibles afectados,
según el artículo 9 de la misma ley, en los eventos allí listados17.

34. En línea con lo anterior, el artículo 13 de la misma ley prevé que “los titulares
de derechos reales principales y accesorios tendrán un término de diez (10)
días contados a partir del día siguiente al de su notificación, para presentar su
oposición y aportar o pedir las pruebas” y que, agotado el procedimiento
especial, “(…) el juez dictará sentencia declarando o negando la extinción de
dominio. La sentencia que se profiera tendrá efectos erga omnes.”

35. Finalmente, en lo que interesa a este proceso, el artículo 18 de la misma
Ley, en relación con el contenido de la sentencia, prevé que:

“De la sentencia. La sentencia declarará la extinción de todos los derechos
reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera
otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien y ordenará su tradición a
favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social
y Lucha contra el Crimen Organizado.
Si los bienes fueren muebles o moneda, y aún no estuvieren secuestrados a
disposición del Fondo, en la sentencia se ordenará que se le haga entrega
inmediata de los mismos o que se consignen a su disposición los valores
dichos. Si se tratare de bienes incorporados a un título, se ordenará la
anulación del mismo y la expedición de uno nuevo a nombre del citado
Fondo. (…)”

36. Entonces, es claro que la ley no disponía que la sentencia de extinción de
dominio tuviera que ordenar, expresamente, la entrega de bienes inmuebles.
Para la Sala es claro que la orden de tradición, a la que se refiere la norma
citada, es independiente y consecuencial de la declaratoria de extinción de
dominio. Además, según el inciso primero de la misma norma la sentencia

16 La Corte Constitucional, en Sentencia C-740 de 2003, al analizar la constitucionalidad de la totalidad de la Ley 793

de 2002, consideró que, con base en el artículo 34 de la Constitución Política “(…) la acción de extinción de dominio
se dotó de una particular naturaleza, pues se trata de una acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma,
directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho de
propiedad.”
17 “Artículo 9. De la protección de derechos. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de

los afectados, y en particular los siguientes:
1. Probar el origen legítimo de su patrimonio, y de bienes cuya, titularidad se discute.
2. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción de extinción de
dominio.
3. Probar que, respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se
ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro de un proceso de
Extinción de Dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa del proceso.”
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Decisión: Modifica la sentencia y se inhibe para decidir de
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ordena extinguir no solo derechos reales (como la propiedad) sino, también,
“cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien”. Esto último,
implica que se entienden extintas, entre otras, la posesión (hechos materiales
de señor y dueño18) de sujetos que no se encuentren en los tres casos
contenidos en el artículo 9 de la misma ley. Ahora bien, la extinción de la
limitación al uso del bien, en el caso concreto, solo se materializaba a través
de su entrega real y efectiva.

37. En línea con lo anterior, en este caso, el demandante no cuestionó
vulneración alguna de su debido proceso en el trámite de la extinción de
dominio, pues fue vinculado y su oposición no prosperó porque, según la
Sentencia de primera instancia, confirmada íntegramente en segunda
instancia, (se trascribe) “(…) el señor Ortiz Pico no e[ra] titular del derecho
alegado [propiedad], ello en el sentido que, para adquirir tal calidad, nos
enseña el derecho privado, se requiere de dos momentos, a saber; el título y el
modo. (…) Salta a la vista con claridad que en el caso sub judice no se presentó
ninguno de los momentos (…)”19. Por lo tanto, la Sala resalta que cualquier
cuestionamiento o inconformidad que el demandante tuviera por posible
vulneración de sus derechos o intereses debía plantarlo en el marco del
proceso de extinción de dominio y no en sede de la ejecución de esta.

38. La Sala considera que es posible concluir que la orden de entrega no debía
ser expresa pues ello implicaría desconocer, primero, que el artículo 18 de la
Ley 793 de 2008 no preveía, como parte del contenido de la sentencia de
extinción de dominio, la orden de entrega real y material; segundo, que no
prosperó la oposición que el demandante planteó en el proceso de extinción
de dominio, porque no era propietario o poseedor legitimo del bien; tercero, la
orden de extinción de todas las limitaciones al uso que recaían sobre el bien,
lo cual incluía la posesión de cualquier sujeto y, cuarto, que la Corte
Constitucional ha considerado que (se trascribe) “(…) es natural que sea el
Estado el beneficiario inicial de la sentencia que decreta la extinción del
dominio, recibiendo física y jurídicamente los bienes respectivos (…)”20.

39. Si bien, normativamente, no se requiere que la sentencia de extinción de
dominio contenga una orden expresa de entrega del bien para que proceda,
lo cierto es que, por regla general, su materialización requería de intervención
judicial. En efecto, el artículo 7 de la Ley 793 de 2002 prevé que “(…) sólo para
llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Civil (…)”.
Por tanto, ante la laguna normativa de la ley especial, en relación con la
entrega de inmuebles, debía acudirse a lo dispuesto en el artículo 337 del CPC,
según el cual “Corresponde al juez que haya conocido del proceso en primera

18 Artículo 762 del Código Civil. “<DEFINICION DE POSESION>. La posesión es la tenencia de una cosa determinada

con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona
que la tenga en lugar y a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.”
19 Folio 73, Cuaderno de la Contestación de la demanda. Parte considerativa de la sentencia de extinción de dominio

de primera instancia.
20 Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2003, que reitera lo considerado en Sentencia C-374 de 1997.

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instancia hacer la entrega ordenada en la sentencia, de los inmuebles y de los
muebles que puedan ser habidos (…)”.

40. No obstante, en este caso, tal como lo alegaron las partes, el acto
demandado se fundó en las competencias de “policía judicial de índole
administrativa”, que el Decreto Legislativo 4685 de 2008 le otorgó al Subdirector
Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes para, según el artículo 1,
“(…) hacer efectiva la entrega real y material de los bienes inmuebles urbanos
o rurales, muebles, sociedades y/o establecimientos de comercio ordenada en
la sentencia de extinción de dominio de acuerdo a lo establecido en el artículo
18 de la Ley 793 de 2002. (…)”. Por lo tanto, para la fecha de adopción del
acto demandado la normativa vigente le otorgaba la competencia a la
demandada, por intermedio de su Subdirector jurídico, para hacer efectiva la
orden de entrega, sin que se requiriera intervención judicial.

41. El demandante alegó que el Decreto Legislativo 4685 de 2008 fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-
239 de 2009, con el fin de probar que la materialización de la orden de entrega
requería intervención judicial, y no un acto administrativo. Sin embargo, dicho
decreto estuvo en vigor desde su expedición, el 12 de diciembre de 2008, y
hasta su declaratoria de inconstitucionalidad, el 1 de abril de 2009, sin que la
Corte Constitucional hubiera modulado los efectos de su decisión, en los
términos del artículo 45 de la Ley 270 de 199621. Por tanto, sus efectos se
produjeron hacía el futuro y quedaron indemnes las situaciones consolidadas,
tal como ocurrió en este caso, pues el acto demandado fue proferido el 23 de
diciembre de 2008, notificado el 29 de diciembre de 200822 y quedó en firme
desde la misma fecha, según el numeral 1 del artículo 62 del CCA.

42. Así las cosas, para la Sala es claro que el acto demandado no creó,
extinguió o modificó alguna situación jurídica, sino que, en virtud de expresa
habilitación legal, ejecutó la orden judicial de extinción de dominio en relación
con las limitaciones al uso del bien inmueble, para lo cual, precisamente, era
necesaria hacer efectiva la entrega real y material del inmueble. Por tanto, se
trata de un acto administrativo de ejecución, no susceptible de control judicial.

43. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que los cargos propuestos en la
apelación no están llamados a prosperar.

44. 1) En relación con el primer cargo, según se expuso, es claro que el acto
demandado es de ejecución y, por tanto, no era susceptible de ser
demandado.

21 Sobre la facultad de la Corte Constitucional de modulación de los efectos temporales de las sentencias de
inexequibilidad, a título ilustrativo, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-619 de 2003.
22 Folio 22 del Cuaderno 1. En la demanda se afirmó que la comunicación de 24 de diciembre de 2008, mediante la

cual remitieron copia de la Resolución, fue “(…) entregada y/o notificada solo hasta el 29 de diciembre del mismo mes
y año (…)”. Folio 15 del Cuaderno 1. Afirmación respecto de la que la demandada no se opuso, ni presentó prueba en
contrario.
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45. 2) En relación con el segundo cargo, el acto demandado no desconoció
los artículos 2, 4, 6 y 29 de la Constitución Política pues, como se explicó, se
limitó a ejecutar la orden judicial de extinción de dominio y fue proferido por el
funcionario competente.

46. 3) En relación con el tercer cargo, no es cierto que el Tribunal haya
desconocido el precedente del superior porque el Consejo de Estado,
mediante Auto de 6 de diciembre de 201323, revocó el rechazo de la demanda
y ordenó proveer sobre su admisión, pero resaltó que las dudas en relación con
la naturaleza del acto demandado se disiparían, precisamente, en la sentencia
correspondiente. En efecto, en dicha providencia se precisó que:

“(…) comoquiera que el problema jurídico del sub examine es precisamente
establecer si la entidad demandada tenía competencia para proferir la
resolución en la cual ordenó la entrega material del bien o si, por el contrario,
debía adelantar para tal fin un proceso judicial, sólo es procedente
pronunciarse al respecto en la sentencia, para garantizar que al tomar la
decisión se cuente con la totalidad del material probatorio necesario para el
efecto y permitir que las partes tengan la oportunidad de presentar los
alegatos del caso.
En esta situación, al existir una duda razonable sobre si el acto administrativo
atacado es de simple ejecución, se debe optar por admitir la demanda, en
aplicación de los principios pro actione y pro damato, de modo que se
privilegie el derecho del demandante de acceder a la administración de
justicia y se tome una decisión en ese sentido más precisa y definida cuando
se cuenten con todos los elementos necesarios para tal fin.”

47. 4) Por último, en relación con el cuarto cargo, tal como se explicó, la orden
de extinción de “cualquier limitación a la disponibilidad o el uso del bien”,
prevista en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002 y contenida en el numeral
segundo de la sentencia de primera instancia del proceso de extinción de
dominio, confirmada íntegramente en la sentencia de segunda instancia,
implicó la extinción de cualquier tipo de posesión u ocupación y, por tanto, la
obligación de entregar el bien, la cual es independiente de la orden de
tradición del inmueble, a través de la inscripción del título en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. Además, como se explicó, a pesar de la
declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 4685 de 2008, el
acto demandado fue expedido y adquirió firmeza durante el término que
estuvo en vigor y, por tanto, la decisión quedó consolidada. En todo caso, se
resalta que la norma aplicable al proceso judicial de extinción de dominio era
la Ley 793 de 2002, según se explicó y en concordancia con las decisiones de
primera y segunda instancia dentro del respectivo proceso judicial de extinción
de dominio.

48. En conclusión, puesto que el acto demandado no era susceptible de
control judicial, se comparte la decisión del Tribunal de declarar probada la
excepción de inepta demanda. Sin embargo, se modificará el numeral tercero
de la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones, para, en su

23 Folios 34 a 40 del Cuaderno 3.

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lugar, inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo. Lo anterior porque, en
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se ha considerado que el
fenómeno de la inepta demanda da lugar a un fallo inhibitorio24, sin que ello
implique denegación de justicia en contra del demandante.

2.2. Sobre la condena en costas

49. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado
Fredy Ibarra Martínez y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del
presente asunto.

SEGUNDO: CONFIRMAR la declaratoria de inepta demanda, contenida en la
Sentencia de 18 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según las consideraciones
expuestas.

TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de la Sentencia para, en su lugar,
inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones
de la demanda, según las consideraciones expuestas.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el
expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
(Aclara el voto) (Impedido)
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

24 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia

de 14 de julio de 2023, Exp. 59806; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 26 de enero de 2022, Exp. 50664; Subsección A, Sentencia de 30 de mayo de 2019, Exp.
38965; Subsección B, Sentencia de 13 de mayo de 2019, Exp. 38965; Subsección A, Sentencia de 14 de marzo de 2018,
Exp. 55671, entre otras.
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