Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02246-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02246-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-02246-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02246 01
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo para reclamar el
reintegro del mayor valor que se liquidó al realizar las deducciones por
concepto de aportes a la seguridad social sobre los que no se efectuó
cotización durante la vida laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala las impugnaciones que formulan la parte demandada y la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) contra la sentencia del 29 de junio de 2023, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia; en consecuencia, dejó sin efectos la
providencia del 21 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora María del Socorro Baute de Castillo, por medio de apoderada, promueve
acción de tutela contra la providencia del 10 de noviembre de 2022, que profirió el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso ejecutivo con radicado 20001 33
33 001 2014 00482 02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02246 01
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
1. Se declare la comisión de defectos censurables constitucionalmente en la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
de fecha 10 de noviembre de 2022, entre ellos: el [defecto material o sustantivo-
incongruencia o contradicción sustancial respecto a la procedencia o
improcedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y/o
el cobro ejecutivo]; así como a su vez la [violación directa de la Constitución […]
debido proceso y acceso a la administración de justicia […] seguridad social en
modalidad de garantía, devengo (sic) y disfrute oportuno de las mesadas
pensionales], o cualquier otro defecto que encuentre probado el juez
constitucional.
2. Que se declare la comisión de una transgresión directa a contenidos o derechos
fundamentales los cuales ameritan tutela constitucional, entre ellos [debido
proceso-acceso a la administración de justicia y seguridad social-derecho a
percibir oportuna e integralmente de (sic) la mesada pensional como único
ingreso].
3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene [al] Tribunal Administrativo del
Cesar a que en el término legal se sirva proferir una nueva providencia en tenor
del desarrollo constitucional y normativo procedente que omita la transgresión de
derechos fundamentales como lo expuesto.
[…]
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la apoderada de la accionante señaló los siguientes:
i) Mediante sentencia del 4 de agosto de 2016, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Valledupar ordenó la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta el
promedio del 75 % de todos los factores de salario que percibió durante el último año
de servicios y en el artículo 4.º dispuso que se realizara «la deducción de los aportes
a salud y pensión que no hubiesen [efectuado]». Esa decisión fue confirmada y
adicionada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar en fallo del 9
de marzo de 2017.
ii) La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) por medio de la Resolución RDP 033735 del 29 de agosto
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Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
de 2017, reajustó la pensión en cuantía mensual de $ 1.097.858, efectiva a partir del
10 de febrero de 2009. Además, descontó la suma de $ 100.611.814, por concepto
de cotizaciones para pensión y las diferencias de mesadas a pagar en el equivalente
al 25 % correspondiente al trabajador por valor de $ 20.924.467.
iii) Al registrar la novedad de inclusión en nómina en octubre de 2017, se reportó un
monto relacionado con el retroactivo por mesadas atrasadas reliquidadas por la suma
de $ 40.670.658; no obstante, solo se le pagaron $ 22.491.630.82.
iv) Debido a los descuentos realizados por aportes para pensión de factores salariales
no efectuados por la suma total de $ 100.611.814 en los artículos 8.º y 9.º de la
Resolución RDP 033735 de 2017, en ejercicio del derecho de petición le solicitó a la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) le informara la metodología utilizada, las normas aplicadas y
la expedición de certificaciones en las que hiciera constar que las deducciones no se
hicieron en los términos de la Ley 4.ª de 1966, el Decreto 1045 de 1978 y, las leyes 33
y 62 de 1985.
v) Por medio del Radicado 20171430308982 del 20 de octubre de 2017, se dio
contestación en el sentido de que la liquidación se ajusta a lo dispuesto en el Acta
1362 del 20 de enero de 2017, aduciendo que es el único procedimiento para
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones. Igualmente,
se abstuvo de exhibir los soportes que demostraran que no se hicieron cotizaciones
en pensiones, con anterioridad al 1.º de abril de 1994.
vi) Así mismo, elevó petición el 18 de abril de 2018 con Radicación 20181119706 ante
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para que le certificara los factores salariales
devengados desde el 1º de octubre de 1971 hasta el 14 de septiembre de 1995 y si
por cada uno de esos rubros se habían realizado aportes según lo previsto en las leyes
6.ª de 1966, 4.ª de 1966 y 33 y 62 de 1985. El 12 de diciembre de 2017, se expidió la
constancia solicitada. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación certificó que laboró
en esa entidad del 24 de noviembre de 1995 al 21 de febrero de 1996, percibiendo
subsidio de alimentación, pero no se pronunció sobre las deducciones por
cotizaciones.
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Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
vii) El 18 de noviembre de 2018, interpuso acción ejecutiva que fue repartida al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar para que se librara
orden de ejecución por las mesadas atrasadas y dejadas de pagar y de las que se
apropió injustificadamente la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a través de la Resolución
RDP033735 del 29 de agosto de 2017, teniendo en cuenta que la orden judicial solo
autorizó los descuentos por aportes omitidos, pero con garantía del debido proceso.
viii) El 12 de diciembre de 2018, se dictó mandamiento de pago por la suma de
$ 20.924.467, que correspondía según el juzgado al mayor valor liquidado y
descontado por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) por concepto de cotizaciones, y de manera
abstracta lo referente a los intereses sobre el monto adeudado.
ix) Mediante auto del 6 de noviembre de 2020, que fue notificado el 9 de noviembre
de 2020, se profirió auto declarando ilegal la providencia del 12 de diciembre de 2018
y de oficio la inexistencia del título ejecutivo.
x) Debido al prolongado tiempo que se tomó el trámite del juicio ejecutivo, la
jurisprudencia sobreviniente del Tribunal Administrativo del Cesar respecto a la
naturaleza de los procesos en los que se cuestionaba la metodología de deducciones
por aportes empezó a ser divergente y en algunos momentos contradictoria, sin que
se definiera si se trataba de un proceso ejecutivo o de control de legalidad y teniendo
en cuenta que podía configurarse el fenómeno procesal de la caducidad, impetró
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución RDP
033735 del 29 de agosto de 2017, que no obstante, ser un acto de ejecución su
contenido resultaba en un «exceso funcional» por parte de la UGPP.
xi) El 3 de mayo de 2021, presentó la demanda que fue repartida al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Valledupar, que mediante auto del 15 de julio de 2021
rechazó de plano el medio de control. El 21 de octubre de 2021, el Tribunal
Administrativo del Cesar confirmó la decisión del a quo, cerrando definitivamente la
posibilidad de que se hiciera un examen de legalidad al acto enjuiciado.
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Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la providencia acusada se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social y se incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución, al efecto expuso lo siguiente:
i) Como fundamento axiológico de los yerros en que incurrió el Tribunal, se debe
recordar que bajo el postulado de justicia material los procesos no pueden ser un
obstáculo para lograr la efectividad y concreción de los derechos, sino que por el
contrario existen para ser el instrumento más idóneo que permita su realización y el
cumplimiento de los fines del sistema normativo.
ii) En su caso, la orden judicial autorizó a la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para que
descontara las sumas por cotizaciones que se comprobara no había efectuado,
respecto de lo que no existe ninguna censura legal, pero sí por la metodología que
aplicó en la Resolución RDP 033735 de 2017, esto es, la contenida en el Acta 1362 de
2017, que resulta completamente transgresora del debido proceso, porque no tuvo en
cuenta la mora real acreditada en los documentos aportados, sino que empleó
variables externas al trabajador y que la entidad nunca ha logrado explicar.
iii) Ahora, las actuaciones tanto de los juzgados de Valledupar como del Tribunal
Administrativo del Cesar en cada una de las instancias de los procesos que instauró,
esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho y el cobro ejecutivo, demostraron
el desconocimiento del tema y la falta de seguridad jurídica por las incongruencias en
sus decisiones, al estimar unos que era procedente la acción declarativa y los otros,
pese a ser exactamente igual, que era la ejecutiva.
iv) Así entonces, la consecuencia de denegar justicia y la falta de control de legalidad
del obrar discrecional y excesivo de la UGPP impide la materialización del derecho
fundamental a recibir íntegra y oportunamente las mesadas; no obstante, se probó que
las deducciones se realizaron de manera ilegal e injustificada.
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Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
1.5. Actuación procesal
1.5.1. La acción de tutela se admitió por la Sección Cuarta de esta corporación,
mediante auto del 11 de mayo de 2023, que ordenó notificar a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Cesar, como demandados. Así mismo, se dispuso la
notificación a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar como terceros interesados en las resultas de esta
acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.
1.5.2. Por medio de auto del 29 de agosto se devolvió el expediente a la primera
instancia para que resolviera lo que correspondiera respecto de la impugnación
formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el fallo del 29 de
junio de 2023, la cual fue concedida a través de proveído de 15 de septiembre de 2023.
1.5.3. El 2 de octubre de 2023, antes de decidir sobre las impugnaciones1 se ordenó
vincular al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar al
presente trámite constitucional.
1.5.4. El 27 de noviembre de 2023, se requirió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Valledupar para que remitiera los proveídos del 15 de julio de 2021 y del
21 de octubre de 2021, emitidos dentro del proceso con radicado 20001 33 33 005
2021 00127 00 [01].
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar. La magistrada Doris Pinzón Amado
solicita se deniegue la tutela, por las siguientes razones:
1Impugnaron el Tribunal Administrativo del Cesar y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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i) La parte actora pretende edificar una presunta vía de hecho por vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a
la seguridad social en la modalidad de garantía a devengar y disfrutar oportunamente
de las mesadas pensionales, al señalar que el Tribunal está acolitando judicial y
constitucionalmente la comisión de un defecto material o sustantivo, incongruencia o
contradicción sustancial, respecto a la procedencia o improcedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y/o el cobro ejecutivo.
ii) En el asunto se examinó si la demanda ejecutiva era la vía adecuada para reclamar
el valor correspondiente a las deducciones efectuadas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) por concepto de aportes pensionales sobre factores no cotizados, o si, por el
contrario, la accionante debía acudir a otros mecanismos en defensa de los intereses
que considera quebrantados con el actuar de la administración.
iii) Es decir, lo que constituyó motivo de debate en el proceso, fue determinar si el
ejecutivo era la vía adecuada para reclamar las sumas que según la demandante se
descontaron de manera arbitraria y excesiva por la UGPP al momento de reliquidar la
mesada pensional incluyendo nuevos factores salariales, entonces, como lo consideró
el juez de primera instancia, el título no era claro porque surgía una controversia sobre
la legalidad o procedencia del actuar de la entidad, que podría generar la obligación
de devolver o pagar las sumas deducidas, aspecto que corresponde a un derecho
incierto y, por tanto, no podía afirmarse que era el medio de control idóneo para obtener
lo pretendido por la actora.
iv) El a quo estaba facultado para subsanar las inconsistencias que advirtió en relación
con los requisitos del título ejecutivo. Además, los artículos 42 del Código General del
Proceso y 207 de la Ley 1437 de 2011, le imponen el deber de realizar el control de
legalidad de la actuación procesal, una vez agotada cada etapa del juicio.
v) En ese sentido se trajo a colación la providencia del 28 de noviembre de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso 23001 23 33 000 2013 00136 01 (1509-16), que señala cuál es el papel del
juez ordinario en el Estado social de derecho, esto es, el del funcionario activo, vigilante
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y garante de los derechos materiales que consulta la realidad subyacente de cada
caso para la aplicación del derecho sustancial, lo cual significa que al advertir un error
debe proceder a subsanarlo, pues no se puede olvidar que están comprometidos
recursos públicos.
1.6.2. De la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). El subdirector de
Defensa Judicial Pensional solicita se niegue el amparo; en consecuencia, se ordene
el archivo del presente expediente constitucional, por lo siguiente:
i) En las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Cesar no se incurrió
en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente, pues de su lectura se
observa que se ajustaron al ordenamiento legal, donde se evidenció que no había lugar
a conceder la reliquidación de la pensión de vejez de la accionante.
ii) La parte actora utiliza el mecanismo constitucional como una tercera instancia del
trámite ordinario, desconociendo que ya se pronunció el juez natural de la causa.
iii) La solicitud de amparo no cumple los principios de inmediatez y subsidiariedad que
deben primar en toda acción de tutela.
iv) Ya operó la cosa juzgada por lo que no hay lugar a modificar decisiones judiciales
por esta vía, cuando no se vislumbra violación al debido proceso ni a ningún otro
derecho fundamental.
v) Es inexistente la vulneración de garantías fundamentales a la accionante por parte
de esa entidad.
1.6.3. Los juzgados primero y quinto administrativos del circuito judicial de
Valledupar, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
1.7. La sentencia que se impugna
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El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 29 de junio de 2023, dispuso
lo siguiente:
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora María del Socorro Baute de Castillo, por las
razones expuestas en esta providencia.
2. Dejar sin efecto la providencia del 21 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 20001333300520210012700.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar que, en los 10 días siguientes a la
notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión, de acuerdo con
las razones expuestas en esta providencia.
[…]
Como fundamento de su decisión expuso las siguientes razones:
i) Se advierte en el presente caso, que en efecto, como lo alega la accionante, el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en contradicción de sus propias decisiones,
pues mientras en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho concluyó que
el medio de control adecuado era la demanda ejecutiva, en el de ejecución estimó que
era el de nulidad y restablecimiento del derecho.
ii) Lo anterior cerró las posibilidades de la señora Baute de Castillo de tener un
mecanismo para acceder a la administración de justicia y obtener una resolución de
fondo sobre el eventual reintegro de los valores que se le descontaron por concepto
de aportes no realizados producto de la reliquidación pensional.
iii) En ese sentido, la actuación del Tribunal Administrativo del Cesar desconoció los
deberes de los funcionarios judiciales previstos en la Ley 270 de 1996 y, en especial,
inobservó el principio de eficiencia que implica «ser diligentes en la sustanciación de
los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir
conforme a la competencia que les fije la ley» y la obligación de «respetar, garantizar
y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el [juicio]».
iv) Así las cosas, someter al usuario a acatar decisiones contradictorias de idéntica
autoridad judicial y que, además, le impiden determinar cuál es la acción procedente
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para obtener un fallo de fondo sobre las pretensiones, viola los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
v) Por otra parte, si bien la accionante pretende se declare que la acción ejecutiva es
procedente para cuestionar la forma en que la UGPP cálculo las deducciones al cumplir
la sentencia que ordenó la reliquidación pensional, lo cierto es que, a la autoridad
judicial demandada le asiste razón al señalar que no es el medio de control para
cuestionar excepcionalmente las resoluciones dictadas en cumplimiento de la orden
de reliquidación de la mesada pensional con el consecuente descuento de los aportes
no realizados, por tratarse de actos que crearon una situación jurídica nueva.
vi) Efectivamente, esta corporación ha aceptado la posibilidad de cuestionar
excepcionalmente esas decisiones, incluso en casos donde se discuten valores
pagados o descontados por concepto de reajuste pensional, en aquellos eventos en
que se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad real de la administración de
justicia y se genera un nuevo escenario jurídico para el administrado, susceptible de
control de legalidad.
vii) Además, las Secciones Segunda y Tercera han indicado que las obligaciones no
son claras cuando en los fallos que conforman el título ejecutivo no se establece un
procedimiento preciso para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) realice los
descuentos por aportes no efectuados.
viii) Entonces, el Tribunal demandado acertó al señalar que el medio de control idóneo
es el de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, como la señora Baute
ya lo había iniciado y fue rechazado por esa autoridad, la mejor forma de proteger sus
derechos fundamentales era dejar sin efectos la providencia del 21 de octubre de 2021,
emitida dentro del proceso con radicado 20001 33 33 005 2021 00127 00 y ordenar
que dicte una nueva decisión, en la que tenga en cuenta las consideraciones
expuestas.
1.8. Las impugnaciones
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1.8.1. El Tribunal Administrativo del Cesar. La magistrada Doris Pinzón Amado,
impugna la decisión anterior para que se revoque y, en su lugar se niegue la acción
incoada, al efecto alega lo siguiente:
i) No comparte los argumentos y apreciaciones que tuvo el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, para tutelar los derechos fundamentales de la accionante y, en consecuencia
dejar sin efectos la providencia del 21 de octubre de 2021 proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 20001 33 33 005
2021 00127 00, en la cual resolvió confirmar el auto apelado, esto es, el dictado por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar el 15 de julio de 2021,
rechazando la demanda.
ii) La aludida decisión se adoptó conforme al marco conceptual señalado en las
sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, del 26 de agosto de 2004,
expediente 2000-0057-01 y del 10 de abril de 2008, radicado 25000 23 24 000 2002
00583 01; y de la Sección Cuarta del 12 de junio de 2008, así como el artículo 43 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
dado que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo únicamente se ocupa del
estudio de los actos definitivos, expresos o fictos, que culminen un proceso, en la
medida en que se presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad y
ejecutoriedad e impactan en las relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus
derechos y obligaciones.
iii) Así mismo, se apoyó en la providencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2015, radicación 41001 23 33 000
2012 00137 01 (4594-13), en la que se precisó que, excepcionalmente, los actos de
ejecución pueden ser objeto de control judicial.
iv) Conforme a lo expuesto, los actos de ejecución solo serán enjuiciables cuando
desatiendan los términos en que se impuso una condena y que por esa vía se cree,
modifique o extinga una situación jurídica particular, aspectos que lo hacen susceptible
de control ante esta jurisdicción —providencia del 8 de marzo de 2018, expediente
05001 23 33 000 2014 01713 01 (2831- 2015)—.
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v) Así mismo, se tuvieron en cuenta las sentencias proferidas por la jurisdicción que
motivaron la expedición del acto acusado, para establecer si se cumplía alguna de las
eventualidades descritas previamente, de lo que se concluyó que el debate planteado
gira en torno a la suma que debe ser descontada por aportes no efectuados; por
consiguiente, como lo estableció el juez de primera instancia, el acto de ejecución
censurado no es sujeto de control judicial, porque no creó, modificó o extinguió una
situación jurídica particular..
vi) Con fundamento en lo anterior, se resolvió que lo procedente era que la actora
iniciara el proceso de ejecución de la providencia judicial proferida a su favor, lo que
en efecto hizo, pero que fue desestimada por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar, porque no se acreditó la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible a cargo de la UGPP, configurándose una inexistencia de título
ejecutivo, por ello se confirmó en auto del 10 de noviembre de 2022, esto es, con
posterioridad a la expedición del proveído del 21 de octubre de 2021, que confirmó el
rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.8.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). El señor Javier Andrés
Sosa Pérez subdirector de Defensa Judicial Pensional impugna la providencia del 29
de junio de 2023, para que se revoque en su integridad y, en su lugar, se despachen
desfavorablemente las pretensiones de la demanda, por los siguientes motivos:
i) No es razonable lo dispuesto por el a quo en cuanto señala que la parte actora
identificó apropiadamente los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental, esto es, que expuso de manera clara que la violación de los
derechos fundamentales proviene de la existencia de dos decisiones contradictorias
entre sí y adoptadas por un mismo Tribunal, que le impidieron obtener una decisión de
fondo frente a la inconformidad por la forma en que fueron calculados los descuentos
realizados por parte de esa entidad, al cumplir la sentencia que ordenó la reliquidación.
ii) Lo anterior toda vez que como está probado, no se configura un perjuicio
irremediable o vulneración de ningún derecho fundamental de la accionante, pues
viene recibiendo su pensión de forma mensual sin contratiempo, y se encuentra
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afiliada al régimen contributivo de salud, por lo cual es evidente la capacidad de pago
de la accionante.
iii) Por otro lado, la primera instancia desconoce que las decisiones proferidas por los
jueces naturales de la causa ya hicieron tránsito a cosa juzgada, con lo cual no le es
dable al juez constitucional modificarlas, ya que ello genera inseguridad jurídica.
iv) Además, no se encuentra probado ninguno de los defectos que la jurisprudencia
ha definido para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
v) De esta manera, la autonomía del juez de la causa no puede ser valorada u
orientada por su criterio personal sino por el imperio de la ley, como ocurrió, en el
presente caso, por lo que no es de recibo que se persiga por la accionante que se
revoquen las decisiones tomadas por el juez natural de la causa, máxime cuando
fueron revisadas y confirmadas por el superior.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,2 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si como lo resolvió la primera instancia en el
presente caso, el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró a la señora María del
2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Socorro Baute de Castillo los derechos al debido proceso y acceso a la administración
de justicia con las decisiones contradictorias que adoptó dentro de los medios de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y ejecutivo con radicaciones 20001
33 33 005 2021 00127 00 y 20001 33 33 001 2014 00482 02, respectivamente, en
cuanto le cerró la posibilidad de obtener una resolución de fondo sobre sus
pretensiones y, que por tanto, debía dejarse sin efectos el auto del 21 de octubre de
2021, proferido en el primero de los procesos mencionados, mediante el cual rechazó
la demanda que interpuso contra los actos expedidos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), a través de los que reliquidó su mesada pensional.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
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pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,4 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
3T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328-01(IJ).
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proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2 De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional7 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.
En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que
en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para
evitar un perjuicio irremediable.8
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201-01 (IJ).
7 Ver Sentencias T-125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.
8 Ver al respecto la Sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» del amparo de tutela fijados por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 4 de agosto de 2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar en audiencia inicial profirió sentencia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 20001 33 33 001 2014 00482 00 que
promovió la señora María del Socorro Baute de Castillo contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), en la que resolvió lo siguiente:9
Primero: Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y
prescripción propuestas por la apoderada de la entidad demandada
Segundo: Declarar la nulidad parcial de la [R]esolución número PAP 051803 del 02
de mayo de 2011 mediamente (sic) la cual se reconoció la pensión de jubilación a
la señora María del Socorro Baute de Castillo.
Tercero: Declarar la nulidad de la [R]esolución número RDP 009505 del 19 de
[m]arzo de 2014 y la RDP 014633 del 09 de mayo del mismo año.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho condénese a la UGPP a reliquidar
la pensión de jubilación de la señora María del Socorro Baute de Castillo […]
teniendo en cuenta para ello el promedio del 75 % de todos los factores
devengado[s] en el último año de servicio, esto con efectos fiscales a partir del 10
de febrero de 2009. Advirtiéndole a la entidad demandada que realice la deducción
de los aportes a salud y pensión que no se hubiesen descontado.
[…]
Séptimo: Condenar en costas a la UGPP para efectos de agencias en derecho se
fija el 5 % del monto de las pretensiones reconocidas,
Octavo: Negar las demás pretensiones de la demanda.
[…]
9 Índice 10, del expediente electrónico.
18
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2.4.2. El 9 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Cesar al resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la anterior
providencia, dispuso lo siguiente: 10
PRIMERO: ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, esto es, la proferida
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, en
audiencia inicial de fecha 4 de agosto de 2016, en el sentido de indicar que los
factores salariales que deben tenerse en cuenta al momento de la reliquidación
pensional ordenada, son: sueldo básico, incremento por antigüedad, bonificación
por servicios prestados, incentivo de localización, prima de alimentación, prima de
vacaciones, prima semestral, prima de navidad, quinquenio, y subsidio de
alimento, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todos los demás aspectos la sentencia apelada.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
[…]
2.4.3. El 21 de noviembre de 2018, la señora María del Socorro Baute Castillo, por
medio de apoderado, interpuso demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) para que se ordenara el pago de las siguientes sumas: $ 20.599.148.87, por
concepto del mayor valor liquidado y deducido por aportes y $ 4.654.872.07,
correspondiente a los intereses moratorios de que trata el numeral 4 del artículo 195
de la Ley 1437 de 2011.11
2.4.4. El 12 de diciembre de 2018, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Valledupar libró mandamiento de pago a favor de María del Socorro Baute de Castillo
y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) «por la suma de
$ 20.924.467, o de lo que resulte de la liquidación final, pago que debe ser realizado
por la entidad demandada dentro del término de cinco (5) días ordenados en el artículo
431 del C. G. del. P.».12
2.4.5. El 6 de noviembre de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar,
dictó auto dentro del expediente con radicado 20001 33 33 001 2014 00482 00, en el
10 Índice 10, del expediente electrónico.
11 Índice 10, del expediente electrónico.
12 Índice 10, del expediente electrónico.
19
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Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
que resolvió lo siguiente:13
PRIMERO: Declarar la ilegalidad del auto fechado doce (12) de diciembre de 2018,
mediante lel (sic) cual se libró mandamiento de pago dentro del proceso de la
referencia.
SEGUNDO: Declarar la inexistencia de un título ejecutivo claro, por ende,
absténgase de librar mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.
TERCERO: Levantar todos los embargos y secuestros que se hubiesen ordenado.
Ejecutoriado el presente proveído y cumplido lo anterior archívese el expediente,
previo las anotaciones de rigor.
2.4.6. El 13 de mayo de 2021, la accionante impetró medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se declararan nulos los artículos 8.º y 9.º de la
Resolución RDP 033735 del 29 de agosto de 2017, mediante los cuales la UGPP realizó
la liquidación y descuento de aportes presuntamente adeudados, por un monto total
de $ 100.611.814 y la Resolución RDP 002169 del 1.º de febrero de 2021, que decidió
una petición relacionada con el cálculo de cotizaciones.14
2.4.7. El 15 de julio de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Valledupar dentro del expediente con radicado 20001 33 33 005 2021 00127 00,
resolvió lo siguiente: 15
PRIMERO: Rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la señora [María del Socorro Baute Castillo, a través de apoderado
judicial, en contra de la [Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social] UGPP, por cuanto el acto
demandado no es susceptible de control judicial.
SEGUNDO Como se trata de expediente electrónico, no hay lugar a devolución de
expediente.
[…]
2.4.8. El 21 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar decidió el
recurso formulado contra la providencia anterior, así:16
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, esto es, el proferido por el [Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Valledupar], de fecha 15 de julio de 2021, en el que
resolvió rechazar la demanda en referencia, de conformidad con lo expuesto en la
13 Índice 18, del expediente electrónico.
14 Índice 18, del expediente electrónico.
15 Índice 24, del expediente electrónico.
16 Índice 24, del expediente electrónico.
20
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Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO En firme esta providencia, devuélvase el expediente al [j]uzgado de
origen.
2.4.9. El 10 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar al desatar la
apelación interpuesta por la accionante contra el proveído del 6 de noviembre de 2020,
resolvió lo siguiente:17
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el día 6 de noviembre
de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO En firme esta decisión, devuélvase el expediente al juzgado de origen.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
Considera la Sala que, como lo estableció la primera instancia, en el asunto sub lite se
encuentran cumplidas las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para
rebatir la providencia del 21 de octubre de 2021, que emitió el Tribunal Administrativo
del Cesar, porque 1) la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional; 2) se
agotaron todos los medios de defensa judicial; 3) se cumple con el requisito de
inmediatez; 4) la accionante identificó los hechos y los derechos cuya vulneración
alega; 5) no se trata de una irregularidad procesal; y 6) no se dirige contra una
sentencia de tutela.
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
17 Índice 18, del expediente electrónico.
21
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02246 01
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.18
2.5.2.2. De la violación directa a la Constitución Política
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,19 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurría el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
18 Corte Constitucional.Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
19 Sentencia de 12 de diciembre de 2000, magistrado ponente Jairo Charry Rivas
22
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02246 01
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo. 20 Al respecto la
Corte manifestó:
[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].
Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:
«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].
Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional21 ha estimado que procede la tutela contra
20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
21 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
23
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02246 01
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providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.22
2.5.2.5. El caso concreto
La señora María del Socorro Baute Castillo alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social, con la expedición de la providencia del 10 de noviembre de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que se confirmó el proveído del 6 de
noviembre de 2020, por medio del cual el Juzgado Primero del Circuito Judicial de
Valledupar i) declaró ilegal el auto del 12 de diciembre de 2018, mediante el cual se
libró mandamiento de pago; ii) la inexistencia de un título ejecutivo claro y iii) se
abstuvo de librar mandamiento de pago dentro del proceso con radicado 20001 33 33
001 2014 00482 00 [02].
La Sección Cuarta de esta corporación concedió el amparo deprecado, pues halló
acreditada la violación de las garantías iusfundamentales de la accionante debido a
que la autoridad demandada incurrió en contradicción en sus propias decisiones, toda
vez que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
la parte actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)23 para lograr el reintegro
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
23 Radicación 20001 33 33 005 2021 00127 00.
24
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de las sumas que considera se descontaron en exceso por concepto de aportes no
realizados producto de la reliquidación pensional, concluyó que era la acción ejecutiva
y, en el proceso de ejecución24 confirmó la providencia del 6 de noviembre de 2020,
que no libró mandamiento de pago porque estimó que lo procedente era acudir al
mecanismo declarativo para discutir los actos expedidos por la entidad, lo que le cerró
las posibilidades de obtener una resolución de fondo sobre sus pretensiones.
No obstante, el a quo consideró que al Tribunal le asistía razón al indicar que no es la
acción ejecutiva el medio de control idóneo para cuestionar excepcionalmente las
resoluciones dictadas en cumplimiento de la orden de reajuste de la mesada pensional
de la demandante con el consecuente descuento de las cotizaciones no efectuadas,
porque se trataba de actos que crearon una situación jurídica nueva, por ello, contrario
a lo que solicitó la señora Baute de Castillo, dejó sin efectos el auto del 21 de octubre
de 2021, proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 20001 33 33 005 2021 00127 00, mediante el cual se rechazó la demanda.
La parte demandada controvierte lo resuelto por la primera instancia, esto es, que se
dicte una decisión en reemplazo de la providencia a través de la cual confirmó el auto
del 15 de julio de 2021 emitido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Valledupar, que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que
esa decisión se adoptó conforme al marco conceptual señalado en la jurisprudencia
del Consejo de Estado, así como en el artículo 43 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que señalan que la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo únicamente se ocupa del estudio de los
actos definitivos, expresos o fictos, que culminen un proceso, en la medida en que se
presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan
en las relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones,
lo que no ocurre con la resolución censurada, que no es pasible de control judicial,
porque no creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular.
Pues bien, los actos de trámite, los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los
que se dirigen a lograr el impulso procesal no están destinados a crear, modificar o
extinguir circunstancias jurídicas concretas, sino que se encaminan a contribuir con su
24 Radicación 20001 33 33 001 2014 00482 00.
25
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02246 01
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realización, a estructurar el acto principal, o definitivo, esto es, aquel que una vez
ejecutoriado, establece circunstancias particulares y concretas, que consolidan los
derechos subjetivos.
En relación con los actos de ejecución, esta corporación ha señalado que
excepcionalmente pueden ser objeto de control judicial en los siguientes casos:25
[…] cuando [e]stos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar
cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto
administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se presentan
circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada o condenada.
Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los eventos atrás
enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad real de la
administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para el
administrado, susceptible de control de legalidad.
Con fundamento en lo anterior en sentencia del 13 de agosto de 2020,26 se estableció
que «los actos administrativos de ejecución solo serán enjuiciables cuando estos se
aparten, no cumplan, modifiquen o den un alcance diferente a lo decidido por la
autoridad administrativa o judicial. Ello es así porque al pronunciarse sobre aspectos
no contenidos en estas decisiones se crea, modifica o extingue una situación jurídica
particular, aspecto que lo convierte en un acto administrativo susceptible de control
ante esta jurisdicción».27
Al respecto, la Sala advierte que, no obstante, el Tribunal adoptó sus decisiones en
forma motivada, lo cierto es que como lo señaló el a quo, dada la contradicción en que
incurrió vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia a la accionante,
pues cercenó la oportunidad de que acudiera ante la jurisdicción para discutir la
legalidad de los actos de la administración y reclamar el reintegro de las sumas que
aduce fueron descontadas en forma excesiva y en contravía de lo ordenado en el fallo
que dispuso el reajuste de su mesada pensional y, por ello, resulta indispensable su
25
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Radicación: 41001-23-33-000-2012-00137-01(4594-13), Actor: Universidad Surcolombiana,
Demandado: Yulieth Penagos Leyva. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), Bogotá D. C.,
6 de agosto de 2015».
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación 25000 23 42 000 2014 00109 01
(1997-2016). Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
27 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Expediente: 05001 23 33 000 2014 01713 01. Número interno: 2831 2015. Demandante: Melanio
Moreno Cuesta. Demandado: Departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia.
Magistrado ponente William Hernández Gómez. Bogotá D.C. 8 de marzo de 2018».
26
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02246 01
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
protección, pues como lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-313 de
2018, es un deber correlativo de las autoridades públicas promover las condiciones
necesarias para su efectividad, sobre el particular se pronunció así:
1. Esta garantía, integrante del debido proceso constitucional28, constituye un pilar
de la estructura de un modelo de Estado Social de Derecho29. Como garantía
inherente a la condición humana30, faculta a las personas para acudir, en
condiciones de igualdad, antes los jueces y tribunales de justicia, para reclamar la
protección de sus derechos o pretender la integridad del orden jurídico31.
2. Es un deber correlativo de las autoridades públicas, para la garantía de este
derecho, promover las condiciones necesarias para que el acceso a la
administración de justicia sea efectivo32. En consecuencia, las restricciones al
derecho de acceso a la administración de justicia deben obedecer a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, así como consultar el contenido de los artículos
29, 228 y 229 de la Constitución. Finalmente, su realización exige, que la aplicación
de las reglas procesales, que se encuentran al servicio del derecho sustancial, no
puedan considerarse o ser utilizadas para hacerla nugatoria33.
Así las cosas, considera la Sala que la contraposición en lo resuelto en los medios de
control impetrados por la accionante hace nugatoria su garantía de acceso a la
administración de justicia y, por tanto, se debe otorgar a la señora María del Socorro
Baute de Castillo la posibilidad de que se examine por la jurisdicción contencioso-
administrativa los reparos que formula contra los actos dictados por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en cumplimiento de la orden de reliquidación de la mesada
pensional con la consecuente deducción de los aportes no realizados por tratarse de
resoluciones que crearon una situación jurídica nueva, como lo determinó la primera
instancia.
3. Conclusión
28 «El derecho de acceso a la administración de justicia se consagra en el artículo 229 de la Constitución.
A nivel internacional, en especial, se garantiza en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales
reconocen los derechos a las garantías judiciales y a un recurso judicial efectivo. En cuanto a su relación
con el debido proceso, cfr., la jurisprudencia contenida, entre otras, en las siguientes sentencias: T-268
de 1996, C-426 de 2002, T-799 de 2011 y C-279 de 2013».
29 «Cfr., Corte Constitucional. Sentencias C-059 de 1993, C-426 de 2002, C-279 de 2013 y C-486 de
2016».
30 «Cfr., Corte Constitucional. Sentencias T 476 de 1998, C-426 de 2002 y C-486 de 2016».
31 «Cfr., Corte Constitucional. Sentencias T 476 de 1998, C-426 de 2002 y C-486 de 2016».
32 «Cfr., Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002 y Auto 227 de 2006».
33 «Cfr., Corte Constitucional. Sentencias T 538 de 1994 y C-426 de 2002».
27
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02246 01
Demandante: María del Socorro Baute de Castillo
Con los anteriores argumentos la Sala confirmará la sentencia impugnada que
concedió el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia invocados por la señora María del Socorro Baute de Castillo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 29 de junio de 2023, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual amparó los derechos invocados por la
señora María del Socorro Baute de Castillo, conforme a la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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