Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02021-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02021-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02021-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
21 de mayo de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02021-00
Demandante: MARYS EMELDA PARRA PATRÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓDOBA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RELIQUIDACIÓN PENSIÓN. INCONGRUENCIA EN LAS
DECISIONES. SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN
DE TUTELA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ,
FRENTE AL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, Y POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL PROCESO
EJECUTIVO; ADEMÁS, SE NIEGA EL AMPARO
INVOCADO RESPECTO DEL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL.
Síntesis del caso: la demandante consideró que en la providencia cuestionada se configuró una
vulneración a sus derechos el debido proceso y acceso a la administración de justicia, debido a
que en cada una de las instancias de los procesos que instauró, esto es, el de nulidad y
restablecimiento del derecho y el de cobro ejecutivo, hubo incongruencias en sus decisiones, por
cuanto, por un lado, se estimó que era procedente la acción declarativa y, por el otro, que era la
ejecutiva. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez frente a los cargos presentados en contra del auto que
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, respecto de los cargos presentados en contra del auto que
revocó el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo; además, negará el amparo invocado
respecto del desconocimiento del precedente judicial.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora Maryd Emelda Parra Patrón
en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba para la protección de sus derechos
constitucionales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de las providencias del 16 de febrero de 2023 y 5 de abril de 2024 proferidas por
dicha autoridad judicial.
1 Mediante escrito radicado el 24 de abril de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02021-00
Demandante: Marys Esmelda Parra Patrón
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Mediante sentencia del 23 de junio de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Montería ordenó la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta el
promedio del 75 % de todos los factores de salario que percibió durante el último año de
servicios y, además, dispuso que se realizara la deducción de los aportes a salud y
pensión que no se hubiesen efectuado, decisión que fue confirmada en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
2) La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por medio de la Resolución RDP 015549 del 30 de abril de
2018, reajustó la pensión en cuantía mensual de $298.091.00, efectiva a partir del 16 de
septiembre de 1997, pero con efectos fiscales a partir del 29 de abril de 2010 por
prescripción trienal.
3) Además, descontó la suma de $46.174.420.00, por concepto de aportes para pensión
de factores de salario no efectuados, monto del cual se ordenó deducir de las diferencias
de mesadas a pagar el equivalente supuestamente al 25% correspondiente al trabajador.
4) No obstante, al registrar la novedad de inclusión en nómina en junio de 2018 solo se
le pagaron $18.066.463.
5) En atención a los descuentos realizados por concepto de aportes para pensión de
factores de salario no efectuados por la suma total de $46.174.420.00, el 9 de mayo de
2018, presentó un derecho de petición a la UGPP para que informara la metodología
utilizada, las normas aplicadas y expidiera copia de las certificaciones con fundamento
en el cual determinó que no se le habían efectuado las deducciones en aportes en los
términos de la Ley 4 de 1966, Decreto 1045 de 1978 y las Leyes 33 y 62 de 1985.
6) Por medio del Radicado no. 201814302325231 del 15 de mayo de 2018, la UGPP le
indicó que la liquidación se ajustaba a lo dispuesto en el Acta 1362 del 20 de enero de
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Demandante: Marys Esmelda Parra Patrón
Acción de tutela
2017, para lo cual adujo que era el único procedimiento para garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema general de pensiones; sin embargo, se abstuvo de exhibir los
soportes que demostraran que no se hicieron cotizaciones en pensiones con anterioridad
al 1 de abril de 1994.
7) Asimismo, elevó petición ante el departamento de Córdoba y el Ministerio de Salud
para que le certificara los factores salariales devengados en toda la vida laboral.
8) El 28 de mayo de 2018, el departamento de Córdoba informó que, revisados los
archivos, no se encontró información relacionada con su vinculación.
9) Por su parte, el 27 de agosto de 2018, el Ministerio de Salud expidió el certificado
desde el 16 de enero de 1971 al 30 de diciembre de 1993, pero se abstuvo de hacerlo
respecto de todos los rubros, tales como, primas, subsidios y auxilios devengados.
10) El 3 de abril de 2019, radicó demanda ejecutiva, la cual fue repartida al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería2 para que se librara orden de
ejecución por las mesadas atrasadas y dejadas de pagar y de las que se apropió
injustificadamente la UGPP a través de la Resolución RDP 015549 de 2018, teniendo en
cuenta que la orden judicial solo autorizó los descuentos por aportes omitidos, pero con
garantía del debido proceso.
11) El 10 de diciembre de 2020 se dictó mandamiento de pago por la suma de $
7.921.219, que correspondía al mayor valor liquidado y descontado por la UGPP por
concepto de aportes no realizados.
12) De manera paralela, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3,
en la que pidió la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que presuntamente
realizaron descuentos indebidos cuando la UGPP dio cumplimiento al fallo que ordenó la
reliquidación pensional.
13) En auto del 16 de febrero de 20234, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Montería rechazó de plano la demanda, por cuanto las resoluciones
2 Proceso con radicación no. 23001-33-33-002-2014-00145-00/02.
3 Proceso con radicación 23001-33-33-004-2022-00774-00.
4 Decisión que fue notificada el 17 de febrero de 2023.
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Demandante: Marys Esmelda Parra Patrón
Acción de tutela
demandadas no eran susceptibles de control judicial por no ser actos definitivos que
decidieran el fondo de un asunto, sino que simplemente se limitaban a dar cumplimiento
a una orden judicial, decisión contra la cual no se interpuso ningún recurso.
14) Por su parte, el 11 de julio de 2023, en el marco del proceso ejecutivo, se declaró
probada la excepción de inexistencia de título ejecutivo, por lo cual se revocó el
mandamiento de pago5, decisión que fue confirmada6 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba en auto del 5 de abril de 20247.
Fundamentos de la vulneración
La demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión
de las providencias proferidas el 16 de febrero de 2023 y el 5 de abril de 2024, por cuanto,
a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial.
En cuanto al defecto sustantivo manifestó que en el proceso ejecutivo se profirió una
decisión contradictoria, pese a que la sentencia ejecutada sí contenía una obligación
clara, expresa y exigible.
Por su parte, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que presentó para
debatir la legalidad de los actos administrativos, se rechazó la demanda, por lo cual era
necesario que se continuara el trámite del proceso ejecutivo para no quedar desprovista
de herramientas que le permitieran cuestionar los descuentos excesivos hechos por la
UGPP.
Por otra parte, sostuvo que se vulneró de manera flagrante la Constitución, en el
entendido que las decisiones adoptadas dentro de los procesos ejecutivo y de nulidad y
5 Adujo que, si bien en las sentencias objeto de ejecución ordenaron la reliquidación pensional del
demandante y descontar el monto de los aportes no realizados con base en los nuevos factores incluidos,
no se señalaron las fórmulas aritméticas, periodos y normas aplicables al caso, por lo tanto, el proceso
ejecutivo no resultaba idóneo para controvertir la Resolución RDP 015549 del 30 de abril de 2018.
6 Dispuso que no es procedente la pretensión de ejecución del valor de los descuentos por aportes
pensionales efectuado por la entidad ejecutada, por no ser una obligación, clara, expresa, ni exigible, y por
tal razón, no es calculable a través de una operación aritmética, como lo plantea el artículo 424 del Código
General del Proceso.
7 Decisión que fue notificada el 9 de abril de 2024.
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Demandante: Marys Esmelda Parra Patrón
Acción de tutela
restablecimiento del derecho la dejaron sin un juez natural o medio de control que le
permitiera cuestionar los descuentos excesivos hechos por parte de la UGPP, cuando
calculó los valores no cotizados por los nuevos factores incluidos, producto de la
reliquidación pensional.
Se declaró definitivamente improcedente el proceso ejecutivo a pesar de existir otra
decisión que también consideraba improcedente el medio de control de legalidad, con lo
cual se le privó de las herramientas legales para dar a conocer su inconformidad y
censurar actos administrativos arbitrarios.
Finalmente, adujo que se desconoció el precedente contenido en una sentencia del
Consejo de Estado8, en la cual, en un asunto similar, se ampararon los derechos
fundamentales del demandante ante la evidente contradicción de las decisiones judiciales
adoptadas por el Tribunal Administrativo del Cesar, en los procesos ejecutivo y de nulidad
y restablecimiento del derecho, que cerraron la posibilidad de obtener la resolución de
fondo sobre las pretensiones invocadas.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1. Se declare la comisión de defectos censurables constitucionalmente en la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Córdoba de fecha 5 de abril de 2024, entre ellos: el DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO- INCONGRUENCIA O CONTRADICCIÓN SUSTANCIAL
RESPECTO A LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y/O EL
COBRO EJECUTIVO; así como a su vez la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN- ART 29 DEBIDO PROCESO/ ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN ART 48 SEGURIDAD SOCIAL EN
MODALIDAD DE GARANTÍA, DEVENGO Y DISFRUTE OPORTUNO DE LAS
MESADAS PENSIONALES, APLIACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN-
ART 13 DERECHO A LA IGUALDAD, y/o cualquier otro defecto que encuentre
probado el juez constitucional.
2. Que se declare la comisión de una transgresión directa a contenidos o
derechos fundamentales los cuales ameritan tutela constitucional, entre ellos
DEBIDO PROCESO-ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD SOCIAL/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA- DERECHO A
8 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 1 de febrero de 2024,
radicación no. 11001-03-15-000-2023-02246-01, MP Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Marys Esmelda Parra Patrón
Acción de tutela
PERCIBIR OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE LA MESADA PENSIONAL
COMO ÚNICO INGRESO.
3. Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo con precedente vertical del
Consejo de Estado aplicable, se ordene Tribunal Administrativo de Córdoba a
que en el término legal se sirva proferir una nueva providencia en tenor del
desarrollo constitucional y normativo procedente que omita la transgresión de
derechos fundamentales como lo expuesto.
4. Que se reconozca personería en los términos el poder adjunto.”.
Actuación procesal
Mediante auto de 26 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Córdoba, al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al titular del Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Córdoba manifestó que la acción
de tutela es improcedente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debido a
que la demandante no agotó los recursos que tenía a su alcance para cuestionar el auto
que rechazó la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual
impidió que esa Corporación conociera en segunda instancia sobre la procedencia del
medio de control.
Asimismo, indicó que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la parte actora acude a la acción de tutela como si fuera una tercera instancia para
reabrir un debate interpretativo sobre los hechos y normatividad procesal aplicable, con
el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
En todo caso, afirmó que la decisión que se adoptó frente al título ejecutivo se hizo
teniendo en cuenta que las obligaciones reclamadas en la vía ejecutiva carecen del
requisito de claridad y expresividad, puesto que en las sentencias judiciales ejecutadas
dentro del proceso de controversia no se impuso en cabeza de la UGPP la obligación de
pagar en favor de la demandante lo deducido por exceso en la liquidación de los aportes
pensionales no efectuados.
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Acción de tutela
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) señaló que no podía afirmarse que la acción ejecutiva
era el medio de control idóneo para obtener el reconocimiento de los pagos, debido a que
no existía un documento donde constara de manera clara y expresa la existencia de la
obligación a cargo de la UGPP.
En la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada no se incurrió en ninguno
de los defectos invocados, por el contrario, las mismas se ajustaron al ordenamiento legal
y jurisprudencial.
Tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues la demandante se
encuentra percibiendo una pensión de vejez pagada por el FOPEP.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, guardó
silencio, a pesar de que fue notificado en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Acción de tutela
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Córdoba con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente
vulnerados con ocasión de las providencias del 16 de febrero de 2023 y 5 de abril de
2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, violación directa de
la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, debido a que en cada una de
las instancias de los procesos que instauró, esto es, el de nulidad y restablecimiento del
derecho y el de cobro ejecutivo, las decisiones fueron contradictorias, pues, por un lado,
se estimó que era procedente la acción declarativa y, por el otro, que era la ejecutiva
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez,
frente a los cargos presentados en contra del auto que rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, y por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, respecto de los cargos presentados en contra del auto que revocó el
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo; además, negará el amparo invocado
respecto del desconocimiento del precedente judicial, por las razones que procederán a
exponerse:
Por razones metodológicas y en orden a tener mayor claridad sobre el asunto se dividirá
el estudio. Así, en primer lugar, se estudiarán los cargos presentados en contra del auto
que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en segundo lugar, lo
referente al proceso ejecutivo y, por último, el desconocimiento del precedente judicial.
2.1 Análisis de los cargos presentados en contra del auto que rechazó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho
2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
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Acción de tutela
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
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Acción de tutela
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) En el asunto sub examine, la demandante indicó que con el rechazo de la demanda el
juzgado le impidió acceder a la administración de justicia a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de cuestionar los descuentos
excesivos hechos por parte de la UGPP, cuando calculó los valores no cotizados por los
nuevos factores incluidos, producto de la reliquidación pensional.
2) No obstante, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que la
misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de
derechos fundamentales como el debido proceso y acceso a la administración de justicia,
la demandante no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y
tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa
necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes,
improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.
3) En efecto, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, la providencia
mediante la cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho era
susceptible del recurso de apelación.
4) Por consiguiente, a partir de los documentos allegados al expediente, resulta claro que
la demandante no hizo uso del recurso de apelación contemplado en el numeral 1 del
artículo 243 de la Ley 1437 de 20119, con lo cual impidió que el tribunal, en segunda
instancia, resolviera sobre la procedencia o no del rechazo de la demanda.
5) Así pues, como la parte actora no presentó el recurso de apelación que constituía el
medio de defensa idóneo y eficaz para controvertir la presunta irregularidad en el rechazo
del medio de control resulta procedente declarar improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
9 “ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento
ejecutivo.”.
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Acción de tutela
6) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
7) Asimismo, para la Sala resulta claro que tampoco se cumple con el requisito de
inmediatez si se tiene en cuenta que la demanda de tutela fue presentada el 24 de abril
de 2024, es decir, a la fecha de la presentación de esta acción habían transcurrido
aproximadamente 1 año, 2 meses y 3 días desde la notificación del auto de primera
instancia -17 de febrero de 202310-.
8) Por consiguiente, como el auto que rechazó la demanda fue notificado el 21 de febrero
de 2023 y el escrito de tutela se presentó el 24 de abril de 2024, se advierte que la acción
no fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
atacada.
9) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, frente a los cargos
presentados en contra del auto que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
2.2 Análisis de los cargos presentados en contra del auto que revocó el
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo
1) La demandante afirmó que la sentencia ejecutada contenía de manera clara, expresa
y exigible la obligación de pagar lo correspondiente a la diferencia entre el mayor valor
liquidado y el deducido por aportes no efectuados al Sistema General de Pensiones, por
lo cual no había lugar a negar el mandamiento de pago, pues ello conllevaría a privarla
de las herramientas legales para dar a conocer su inconformidad y censurar actos
administrativos arbitrarios, máxime cuando ya se le había rechazado la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que presentó con el fin de debatir la legalidad de
las resoluciones que dieron cumplimiento a la sentencia.
10 Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 se entiende debidamente
surtida el 21 de febrero de 2023.
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Acción de tutela
2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra de la providencia del 11 de julio de 2023, oportunidad en la cual la
demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende, que la sentencia
ejecutada sí contenía una obligación clara, expresa y exigible; además, puso de presente
que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó para debatir la
legalidad de las resoluciones RDP 015549 del 30 de abril de 2018 y RDP 006576 del 12
de marzo de 2021 se rechazó la demanda, por lo cual era necesario que se continuara el
trámite del proceso ejecutivo para no quedar desprovista de herramientas que le permitan
cuestionar los descuentos excesivos hechos por la UGPP-en los siguiente términos-:
“Ahora bien, si se trata de un título ejecutivo complejo, el ejecutante aportó
con la demanda ejecutiva no solo la sentencia, si no los certificados de
factores de salario expedidos en legal forma por el empleador público,
que indicaba si el factor al que se pretendía el aporte se había devengado,
el momento y la proporción pagada y la indicación si sobre el mismo se
había o no efectuado la deducción legal; así como el acto administrativo
por medio del cual UGPP pretendió dar cumplimiento a esa decisión
judicial, y donde realizó una deducción excesiva e ilegal de aportes
adeudados, documentos suficientes para conformar el titulo ejecutivo
complejo y efectuar de manera lógica una operación aritmética para
determinar cuánto era la deuda por aportes, resultando excesivo el descuento
efectuado por UGPP y descontado a las mesadas que la misma entidad liquidó
tal y como el mismo despacho judicial lo realizado en el auto de fecha 10 de
diciembre de 2020, donde acuciosamente se tomó la diferencia pensional, para
luego actualizar estos valores de conformidad al artículo 187 del C.P.A.C.A., y
no a través de la metodología actuarial usada por la entidad, pues como se
evidencia tal calculo resulta desproporcionado y se aparta de lo ordenado en la
sentencia, por cuanto la garantía de la indexación debe beneficiar tanto al
demandante, quien tiene derecho a percibir las diferencias de las mesadas
actualizadas, como a la parte ejecutada, a quien se le faculta descontar los
aportes pensionales sobre los factores no cotizados, en atención al derecho
fundamental de igualdad
(…).
De otro lado, respecto que “el presente proceso ejecutivo no resulta ser el
medio de control idóneo para obtener el reconocimiento del derecho
pretendido por el demandante”, me permito manifestar que resulta
desafortunado, en razón a que, en el momento que la entidad demanda a través
de la resolución RDP 006576 del 12 de marzo de 2021, modifico la resolución
RDP 015549 del 30 de abril de 2018, por medio de dio cumplimento a las
sentencias judiciales – título ejecutivo de la presente acción, aumentando
desproporcionalmente los descuentos por aportes, se radico dentro del
término de ley (4 meses) medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho correspondiéndole reparto al Juzgado Cuarto (4°)
Administrativo de Monteria (sic) bajo el radicado No.
23001333300420220077400, el cual mediante providencia de fecha 16 de
febrero de 2023, rechazo la demanda indicando que el medio de control
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idóneo para controvertir los excesivos descuentos por supuestos aportes
a pensión no efectuados es el proceso ejecutivo, así: (…).
Nótese que para el caso sub examine, el suscrito agoto (sic) el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual claramente
se le indico que la controversia de la liquidación excesiva de descuentos
por aportes a pensión debía ventilarse a través del presente proceso
ejecutivo, el cual para la fecha ya se encontraba estaba en trámite y con
mandamiento de pago librado generando seguridad jurídica que este era
medio de control idóneo.
Es por esa razón suficiente, que respetuosamente solicitamos al Tribunal que
resuelva este recurso, revocar el auto de fecha 11 de julio de 2023, en aras
de que no resulten vulnerados principios constitucionales fundamentales
como el debido proceso en la modalidad de seguridad jurídica y acceso a
la administración de justicia.” (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
3) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 5 de abril de
2024 por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba cuando confirmó la decisión de
primera instancia en el sentido de declarar probada la excepción de inexistencia de título
ejecutivo y revocar el mandamiento de pago en ella contenida; asimismo, indicó que la
decisión de rechazo de la demanda adoptada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho resultaba desacertada y no se encontraba conforme con los lineamientos del
órgano de cierre de esa jurisdicción, por lo cual lo procedente era que la demandante
cuestionara lo decidido a través de los recursos contemplados en la ley, así:
“[B]asándose en lo anterior, y actuando en congruencia con las decisiones del
Consejo de Estado se considera que no es procedente la pretensión de
ejecución del valor de los descuentos por aportes pensionales efectuado
por la entidad ejecutada, al no ser una obligación, clara, expresa, ni
exigible, y por tal razón, no es calculable a través de una operación
aritmética, como lo plantea el artículo 424 del Código General del Proceso.
El recurrente esgrime que anteriormente radicó un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las resoluciones RDP 015549 del 30
de abril de 2018 y RDP 006576 del 12 de marzo de 2021, proferidas por la
UGPP, correspondiéndole el reparto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Montería bajo el radicado de 23001333300420220077400,
el cual mediante providencia de fecha 16 de febrero de 2023, rechazó la
demanda indicando que el medio de control idóneo para controvertir los
excesivos descuentos por supuestos aportes a pensión no efectuados es
el “proceso ejecutivo”. En primer lugar, la situación descrita no se encuentra
demostrada, pero en tal caso, como se explicó, dicha decisión judicial resulta
desacertada porque no está conforme con la línea que sobre el particular
ha desarrollado el órgano de cierre de esta jurisdicción, por esta razón lo
procedente era cuestionar lo decidido en primera instancia a través de los
recursos contemplados en la ley.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
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4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se declarara que la sentencia
ejecutada sí contenía de manera clara, expresa y exigible la obligación de pagar lo
correspondiente a la diferencia entre el mayor valor liquidado y el deducido por aportes
no efectuados al Sistema General de Pensiones, con el fin de que no se le privara de las
herramientas legales para dar a conocer su inconformidad y censurar actos
administrativos arbitrarios, máxime cuando ya se le había rechazado la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que presentó con el fin de debatir la legalidad de
las resoluciones que dieron cumplimiento a la sentencia.
5) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación y resueltos en la providencia del 5 de abril de 2024.
6) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela, concluyó que el proceso ejecutivo no era el medio de
control procedente para lograr la ejecución del valor de los descuentos por aportes
pensionales efectuado por la entidad ejecutada, por no contener la sentencia una
obligación, clara, expresa, ni exigible, por lo cual era obligatorio que la demandante
presentara los recursos contemplados en la ley para controvertir la decisión que se
adoptó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues era el mecanismo
judicial indicado para invocar esa pretensión.
7) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
8) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, respecto de los cargos
propuestos en contra del auto que revocó el mandamiento de pago en el proceso
ejecutivo.
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2.3 Análisis del desconocimiento del precedente judicial
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en
cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia atacada11; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la
cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la
supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de las
decisiones contradictoras que presuntamente se profirieron en los proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y de cobro ejecutivo, las cuales dejaron a la demandante
sin herramientas jurídicas para cuestionar los descuentos excesivos hechos por la UGPP.
Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en el desconocimiento del precedente judicial.
1) La demandante consideró que el tribunal desconoció el precedente contenido en una
sentencia del Consejo de Estado12, en la cual, en un asunto similar, se ampararon los
derechos fundamentales del demandante ante la evidente contradicción de las decisiones
judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo del Cesar, en los procesos ejecutivo y
de nulidad y restablecimiento del derecho, que cerraron la posibilidad de obtener la
resolución de fondo sobre las pretensiones invocadas.
2) No obstante, la Sala considera que no se configura el desconocimiento del precedente
judicial, puesto que, si bien los asuntos guardan cierta similitud, lo cierto es que en el fallo
invocado como desconocido se puso de presente que la demandante sí apeló el auto que
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual agotó todos
11 La sentencia de segunda instancia fue notificada por correo electrónico el 9 de abril de 2024 y la demanda
fue presentada el 24 de abril del mismo año.
12 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 1 de febrero de 2024,
radicación no. 11001-03-15-000-2023-02246-01, MP Rafael Francisco Suárez Vargas.
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los medios judiciales que tenía a su alcance para cuestionar la decisión; además, sí
existían decisiones contradictorias adoptadas por el mismo tribunal en los procesos
ejecutivo y de nulidad y restablecimiento del derecho.
3) Sin embargo, en el presente asunto se encuentra debidamente acreditado que la
demandante no recurrió el auto de rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con lo cual impidió que el juez de la segunda instancia se pronunciara sobre
la procedencia o no del medio de control para cuestionar la forma en que la UGPP calculó
las deducciones al cumplir la sentencia que ordenó la reliquidación pensional.
4) De esta forma, resulta claro que no se incurrió en el defecto invocado, en atención a
que el presente asunto no tiene supuestos similares al pronunciamiento que se citó como
desconocido, pues, como se explicó previamente, la demandante no hizo uso del recurso
de apelación en contra del auto de rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, de ahí que el tribunal demandado no tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre la procedencia del medio de control e imponer su criterio, para determinar si
efectivamente existían decisiones contradictorias en los procesos presentados.
5) En consecuencia, para la Sala el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad.
6) En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, frente a los cargos
presentados en contra del auto que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, y por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, respecto
de los cargos presentados en contra del auto que revocó el mandamiento de pago en el
proceso ejecutivo; además, negará el amparo invocado respecto del desconocimiento del
precedente judicial, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez, frente a los cargos presentados en contra del auto que
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rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, respecto de los cargos presentados en contra del auto que
revocó el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia
3º) Niégase el amparo invocado, respecto del desconocimiento del precedente judicial,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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