Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02343-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02343-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02343-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
8 de junio de 2023
Demandante: Jaury Andrés Arias Rodríguez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-02343-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02343-00
Demandante: JAURY ANDRÉS ARIAS RODRÍGUEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – defectos procedimental por
exceso ritual manifiesto, sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor
Jaury Andrés Arias, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Santander y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1.º del numeral 2.º del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril
de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
El señor Jaury Andrés Arias Rodríguez, en nombre propio, interpuso acción de
tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
1 La acción de tutela se presentó el 5 de mayo de 2023 a través de la ventanilla virtual con solicitud
número 7000.
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Demandante: Jaury Andrés Arias Rodríguez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-02343-00
La parte actora estimó vulneradas las referidas garantías constitucionales con las
sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2019 y 5 de
diciembre de 2022, respectivamente.
Las providencias se dictaron dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesto por el señor Arias Rodríguez contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, expediente con el radicado 68001-23-33-000-
2014-00989-00/0.
En consecuencia, la demandante solicitó:
PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción de tutela.
SEGUNDO. Tutelar los derechos fundamentales derecho a la administración
de justicia, debido proceso, derecho a la igualdad frente a la ley y la
jurisprudencia derecho de la dignidad del señor Sr. JAURY ANDRES
ARIAS RODRIGUEZ, identifico con la cédula de ciudadanía número C.C. No.
91.512.312 de Bucaramanga.
TERCERO: Revocar las sentencias proferidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dentro de la radicación No. 68001-23-
33-000-2014-00989-00 del 29 / 08 / 2019 y del CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION SEGUNDA A
SUBSECCION SEGUNDA providencia del 05 de diciembre de 2022, radicado
68001-23-33-000-2014-00989-01(591-2019).
CUARTO: En consecuencia, de lo anterior conceder en su integridad las
pretensiones de la demanda.2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Informó que era miembro de la Policía Nacional como patrullero y que su último
lugar de prestación de servicio fue en el Departamento de Policía de Magdalena
Medio.
Sostuvo que se inició una investigación disciplinaria en su contra por haber
realizado anotaciones en el libro de minutas del operador de cámaras de video
CCTV lo que llevó consigo una alteración de documentos con el fin de obtener un
beneficio propio.
2 Transcripción literal de lo expuesto en la demanda, puede contener errores.
2
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Señaló que el proceso sancionatorio culminó en una sanción de destitución e
inhabilidad, proceso en el cual, a su juicio, se vulneraron sus derechos
fundamentales.
Adujo que en atención a las irregularidades que se presentaron dentro del proceso
disciplinario interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el fallo de primera instancia del 12 de mayo de
2014 y el acto administrativo mediante el cual se ejecutó la sanción impuesta, esto
es, la Resolución 2224 del 6 de junio de 2014.
Señaló que el proceso judicial fue radicado y tramitado por el Tribunal
Administrativo de Santander y se le asignó el número de radicación
68001233300020140098900. Esta autoridad judicial, con sentencia del 29 de
agosto de 2019 negó las pretensiones de la demanda.
Es importante precisar que la decisión dictada por el tribunal se sustentó en que,
de las pruebas allegadas al proceso, se pudo constatar que la administración no
omitió la práctica de las pruebas decretadas y que con base en estas se acreditó
que el señor Arias Rodríguez alteró los registros del libro de las minutas de
cámaras, por lo cual existió un incumplimiento de sus deberes y extralimitación en
el ejercicio de sus deberes y atribuciones sin estar amparado en ninguna de las
causales de exoneración.
Además, se aclaró que no se vulneró su derecho de defensa y contradicción,
puesto que tuvo conocimiento de todas las etapas desarrolladas dentro del trámite
disciplinario.
Indicó que contra el fallo interpuso el correspondiente recurso de apelación, el cual
fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
autoridad judicial que con providencia del 5 de diciembre de 2022 revocó lo
resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, declaró
probada de oficio la excepción de acto no susceptible de control judicial respecto
de la pretensión de nulidad de la Resolución 2224 del 6 de junio de 2014 y la
excepción de falta de agotamiento de los recursos de la actuación administrativa.
La providencia de segunda instancia consideró que la Resolución 2224 del 6 de
junio de 2014, por medio de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta, no
era susceptible de control de legalidad porque es un acto de mera ejecución o
trámite.
Igualmente, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló
que el señor Arias Rodríguez no interpuso el recurso correspondiente contra la
decisión sancionatoria de primer grado, la cual se profirió en audiencia el 12 de
mayo de 2014 y fue notificada en estrados, pese a que contó con la oportunidad
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para ello.
3. Sustento de la vulneración
Señaló que la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela se interpuso
en tiempo porque se presentó dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la sentencia de segunda instancia dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Precisó que las irregularidades ocurridas dentro del proceso disciplinario
evidencian la relevancia constitucional que se presenta en el caso en estudio, ya
que con las decisiones administrativas y judiciales se han vulnerado sus derechos
fundamentales.
Sostuvo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en una decisión alejada de la realidad porque da por sentado que ante la
ausencia del disciplinado y de su apoderado a la audiencia del 12 de mayo de
2014, feneció la oportunidad de interponer el recurso correspondiente en el trámite
administrativo, pese a que no fue asistido por ningún profesional del derecho en la
correspondiente actuación.
Añadió que la audiencia a la que fue citado para el 12 de mayo de 2014 era para
alegar de conclusión y no para dictar el fallo, por lo que es claro que existió una
indebida notificación lo cual da origen a una nulidad de lo actuado con
posterioridad.
Afirmó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 de la Ley 734 de
2002, una vez oídas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a
emitir una decisión de fondo, pero la diligencia se podría suspender para proferir el
fallo dentro de los 2 días siguientes.
Mencionó que los alegatos de conclusión se presentaron el 12 de mayo de 2014 y
no se emitió el fallo inmediatamente, sino que se suspendió la audiencia por 3
horas y se profirió la decisión de fondo, cuando lo que establece la norma es que
debía haberse dictado dentro de los 2 días siguientes, por tanto, se vulneró el
derecho al debido proceso.
Indicó que también se presentó una indebida publicidad del fallo porque en la
audiencia se notificó en estrados al señor Andrés Ricardo Jaurigue Afanador3 y no
a Jaury Andrés Arias Rodríguez, lo cual generó una nulidad de todo lo actuado.
3 La Sala precisa que no se indicó quién era esta persona.
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Aclaró que, con base en lo anterior, no fue posible interponer el recurso de
apelación contra la decisión adoptada el 12 de mayo de 2014 y no le fue otorgada
esa oportunidad con posterioridad.
Advirtió que se vulneró igualmente lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de
2011 porque no se le notificó personalmente el fallo sancionatorio ni mucho menos
se le entregó copia íntegra del acto administrativo que puso término a la actuación
disciplinaria.
Explicó que tampoco se intentó la notificación por edicto, toda vez que la publicidad
del fallo sancionatorio no se hizo personalmente, con lo cual también se
desconoció lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002.
Señaló que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado afirmó
fue notificado en estrados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 de la
Ley 734 de 2002, sin analizar unas situaciones de importancia para garantizar sus
derechos fundamentales.
Reiteró que no fue verdaderamente notificado en la audiencia en la cual se profirió
el fallo sancionatorio, pues todo lo que se le comunicó fue la realización de la
audiencia de alegatos de conclusión.
Adujo que, si bien la audiencia podía ser suspendida para luego dictar la decisión
definitiva, esta suspensión no podía ser de menos de 3 horas como ocurrió en el
caso en estudio, sino que debía ser hasta por 2 días.
Explicó que, de manera repentina, sin estar presente y sin apoderado porque no se
le asignó un defensor de oficio, se notificó la decisión sancionatoria con lo cual se
le vulneraron sus derechos fundamentales ya que no pudo controvertir lo decidido.
Alegó que se desconoció la sentencia C-1193 de 2008 de la Corte Constitucional
porque, en efecto, no asistió a la audiencia de alegatos de conclusión y de forma
repentina se dictó el fallo sancionatorio, el cual se notificó por estrados, pero no se
le permitió presentar los recursos correspondientes con posterioridad tal y como lo
indica la providencia citada.
Expuso que la Corte Constitucional, en la decisión mencionada, fue clara en indicar
que el legislador goza de la libertad de configuración normativa para establecer si
en el trámite del proceso, los recursos pueden instaurarse tanto en la audiencia
como con posterioridad a ella y por ello debió habérsele permitido la presentación
de estos con posterioridad.
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Precisó, después de reiterar el desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 67
de la Ley 1437 de 2011 y 107 de la Ley 734 de 2002, que las autoridades
demandadas no tuvieron en cuenta que no le fue permitido presentar los
memoriales correspondientes para que el superior revisara la decisión.
Sostuvo que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto
fáctico porque se encontró probada la alteración de las minutas de cámaras a partir
de una prueba de grafología, cuando la génesis de la investigación disciplinaria era
que se había plasmado en un documento información no veraz.
Concluyó que existe un perjuicio irreparable al no habérsele permitido acceder a la
administración de justicia, en virtud de todas las irregularidades expuestas.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 12 de mayo de 2023, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander y
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Además, se ordenó la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional.
5. Argumentos de defensa e intervenciones
5.1. Tribunal Administrativo de Santander
El magistrado ponente de la decisión de primera instancia atacada rindió el informe
solicitado en los siguientes términos:
Manifestó que, de acuerdo con las directrices de la Corte Constitucional, la acción
de tutela contra providencia judicial es un control de validez del fallo cuestionado y
no un juicio de corrección del razonamiento jurídico legal o doctrinario de este, por
lo que a los ciudadanos les está vedado utilizar el amparo de los derechos
fundamentales como una nueva instancia de discusión para los asuntos
probatorios o la interpretación de las normas que dieron origen a la controversia.
Aclaró que el trámite judicial cumplió a cabalidad con las etapas y que la
providencia proferida por esa corporación decidió el asunto en virtud del principio
de autonomía interpretativa que es propia de los funcionarios judiciales con base
en las normas y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso en estudio.
Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela pues de ninguna manera
se evidenció la existencia de alguna actuación de la cual se pueda derivar la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
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5.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia enjuiciada rindió el
informe solicitado en los siguientes términos:
Expuso que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia en la
que se pueden controvertir, nuevamente, los argumentos expuestos en el trámite
ordinario.
Precisó que en el proceso se constató que el demandante no cumplió con el
requisito de procedibilidad para demandar por no haber interpuesto los recursos
contra el acto acusado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del
CPACA.
Añadió que tal como lo afirmó el demandante, en la audiencia del 6 de mayo de
2014, a la que sí asistió el investigado, se programó para el 12 del mismo mes y
año una diligencia posterior con el fin de escucharlo en alegatos de conclusión, no
obstante, el señor Arias Rodríguez no se hizo presente.
Sostuvo que el artículo 178 de la Ley 734 de 2002 es claro que una vez concluidas
las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo y como en
este caso el disciplinado no presentó sus alegatos de conclusión, por no estar
presente, se profirió la decisión la cual se entendió notificada en estrados en virtud
de lo dispuesto en el artículo 179 de la misma norma.
Solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por que no se transgredió
derecho fundamental alguno y la decisión adoptada está debidamente sustentada.
5.3. Policía Nacional
El jefe del Área Jurídica del Grupo Especializado de Segunda Instancia de la
Dirección General de la Policía Nacional se pronunció sobre los hechos y
pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
Señaló que no se ha presentado vulneración o amenaza alguna de los derechos
fundamentales del demandante, con fundamento en la acción u omisión de la
Policía Nacional.
Adujo que una vez dictado el fallo sancionatorio que llevó consigo la destitución del
señor Jaury Andrés Arias Rodríguez, esto generó la terminación del vínculo laboral
entre este y la entidad que representa.
Sostuvo que resultan erróneos los cuestionamientos de interpretación de los
medios de prueba que se realizaron en el proceso disciplinario en el cual se le
garantizaron todas las garantías procesales y sustanciales.
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Explicó que el señor Arias Rodríguez actuó de manera negligente y desinteresada
durante la investigación disciplinaria al no acudir a la audiencia del 12 de mayo de
2014 a la cual fue citado, y de esta manera guardó silencio en relación con lo
decidido en esa diligencia.
Añadió que el recurso de apelación debió interponerse y sustentarse en la
audiencia en la que se dictó el fallo toda vez que fue notificado en estrados, esto
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 180 de la Ley 734 de 2002,
por lo que no es procedente alegar su propia culpa.
Precisó que la acción de tutela es improcedente porque es inexistente el perjuicio
irremediable alegado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19914 y el numeral 2.° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 5, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2. Cuestión previa
La Sala precisa que, si bien la parte actora alega que la vulneración de sus
derechos fundamentales se deriva de las providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Santander y por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo cierto es que el análisis de esta sentencia se hará respecto
de la decisión proferida en segunda instancia, ya que es la que puso fin al trámite
contencioso administrativo.
3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad con la
providencia del 5 de diciembre de 2022 en la que se incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) se verificará el cumplimiento de los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados, se estudiará iii) el fondo del asunto.
4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.8 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
6 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala
Plena antes reseñado.
8 Ibídem.
9
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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia9 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia
constitucional.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
4.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, esta Sección anticipa que declarará la improcedencia de
la acción constitucional, dado que el asunto no satisface el requisito de relevancia
constitucional, en tanto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202210.
9 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
10
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022 reiteró que
este presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...)
(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Según se tiene, la parte actora controvierte la sentencia dictada por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que revocó la providencia del
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, declaró probadas de oficio la
excepción de inepta demanda en relación de la Resolución 2224 del 6 de junio de
2014 y de falta de agotamiento de los recursos de la actuación administrativa.
En ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, el hoy
demandante buscaba la nulidad del fallo de primera instancia dictado el 12 de
mayo de 2014 dentro del proceso disciplinario adelantado por la Policía Nacional y
la Resolución 2224 del 6 de junio de 2014 por medio del cual se ejecutó la decisión
sancionatoria de destitución e inhabilitación.
En el escrito inicial del trámite judicial de la referencia, la parte actora alegó que la
autoridad judicial demandada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y de desconocimiento del precedente, los cuales se sustentan en
que la actuación disciplinaria se adelantó con violación a sus derechos
fundamentales ya que:
• Se profirió decisión de primera instancia en una audiencia en la que se citó
para alegar de conclusión y sin que estuviese presente, pese a que era
posible que suspendiera la diligencia.
• La notificación de la actuación se realizó de forma irregular.
• No pudo interponer los recursos procedentes contra la decisión
sancionatoria porque no se le otorgó la oportunidad correspondiente de
conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-1193 de 2008 de la Corte
Constitucional.
• En la actuación disciplinaria se encontró probado una alteración en las
minutas cuando la génesis de la investigación disciplinaria era la inclusión
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Demandante: Jaury Andrés Arias Rodríguez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-02343-00
de información no veraz en las minutas de cámara.
Para la Sala es claro que el asunto sub examine carece de relevancia
constitucional por cuanto la parte demandante pretende utilizar como instancia
adicional al proceso contencioso administrativo la solicitud de amparo, ya que
busca que se analice nuevamente si tuvo o no la oportunidad de interponer el
recurso de apelación correspondiente contra el fallo sancionatorio y, además, que
se revise nuevamente la legalidad de la actuación disciplinaria.
Al revisar la providencia atacada se evidenció que la autoridad judicial demandada,
después de analizar las pruebas allegadas al proceso, consideró que el señor
Arias Rodríguez no cumplió con el requisito de procedibilidad para la interposición
de la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho pues no se agotaron los recursos contra el acto administrativo definitivo.
Precisó que, pese a ello era necesario verificar si se le había otorgado la
oportunidad para interponerlos.
Explicó que, entre las diligencias adelantadas en el proceso sancionatorio, el día 6
de mayo de 2014 se le informó que el día 12 del mismo mes y año a las 8:00 a.m.
se celebraría otra diligencia para escuchar los alegatos de conclusión y ese día el
señor Arias Rodríguez no se hizo presente.
Señaló que una vez cumplidas las etapas procesales se anunció un receso y se fijó
que la audiencia continuaría a las 11:00 a.m., hora en la cual se reinició la
diligencia y se dio una espera de 30 minutos para verificar la comparecencia del
señor Arias Rodríguez. Culminado ese lapso y teniendo en cuenta que no se
presentó, se profirió la decisión de primera instancia y se ordenó la
correspondiente notificación con la advertencia de que contra dicha sanción
procedía el recurso de apelación que debía ser interpuesto y sustentado en la
misma diligencia.
Sostuvo que, efectivamente, el demandante fue notificado en estrados, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 734 de 2002 en la audiencia de alegatos
de conclusión en la cual se profirió el fallo de primera instancia de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 178 de la misma norma.
Concluyó que, entonces, el demandante sí contó con la oportunidad para
interponer el recurso directamente o a través de su apoderado, pues la decisión se
notificó por estrados en la audiencia en la que la ley permite que se adopte la
decisión definitiva y pese a ello decidió no presentarse y, por tanto, la misma
quedó ejecutoriada, es decir, feneció la oportunidad de que el superior revisara el
fallo sancionatorio.
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Así las cosas, se advierte que lo planteado por la parte actora fue analizado por la
autoridad judicial demandada en la providencia objeto de reproche, sin que la
simple discrepancia en relación con las conclusiones a las que se llegaron sea
suficiente para justificar la interposición del mecanismo de la referencia. Además,
los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no están justificados en
una palmaria vulneración de sus garantías fundamentales.
Si bien la parte actora sustenta la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, lo cierto es que lo que pretende es que se revise nuevamente si
tuvo la oportunidad de interponer el recurso de apelación para encontrar satisfecho
el requisito de procedibilidad para interponer la demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en caso afirmativo, se estudie
nuevamente el procedimiento disciplinario adelantado por la Policía Nacional,
análisis que excede la competencia de esta Sección como juez constitucional,
puesto que esa labor le correspondió al Tribunal Administrativo de Santander y a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, tal como se ha
evidenciado a lo largo de esta providencia.
Cabe resaltar que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales requiere que la controversia jurídica planteada busque la interpretación
de la Constitución Política y que no se limite a una discusión de contenido
particular y meramente legal, características que no se cumplen en el caso en
estudio porque como se advirtió lo que pretende la parte actora es reabrir el debate
jurídico debidamente decidido por las autoridades judiciales del trámite del proceso
contencioso administrativo.
Además, la carga argumentativa desde la perspectiva constitucional debe ser aún
más rigurosa en los casos en que se cuestione una providencia dictada por una
alta corte, pues no es suficiente con señalar la presunta vulneración de los
derechos fundamentales.
Por último, respecto del presunto desconocimiento de la sentencia C-1193 de 2008
relacionada con la oportunidad para interponer el recurso de apelación dentro de
un proceso sancionatorio, la Sala considera que estos argumentos tampoco
superan el requisito de relevancia constitucional porque se encuentran
estrechamente ligados con los demás defectos alegados y con el análisis sobre el
cumplimiento o no del requisito de procedibilidad para la interposición de la
demanda en el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho.
Bajo esta línea argumentativa, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
toda vez que el reclamo solicitado carece de relevancia constitucional.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Jaury Andrés Arias Rodríguez, por lo señalado en la parte considerativa de este
proveído.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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