Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02367-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02367-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02367-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02367-00
Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 23 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de repetición identificado con el número único de
radicación 250002336000201500653-01, vulneró su derecho fundamental a la
igualdad.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujo que el señor Julio Londoño Paredes estuvo vinculado a la carrera
diplomática y consular entre el 30 de enero de 1969 y el 9 de septiembre de 1998,
y entre el 3 de diciembre de 1998 y el 9 de marzo de 2010.
4. Manifestó que hasta al 2004, para liquidar las cesantías de los funcionarios que
prestaban servicios en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores tomaba
como base el salario correspondiente al cargo equivalente de la planta interna, y no
el salario que realmente recibían como parte de la planta externa.
5. Señaló que la petición del funcionario fue negada mediante el oficio num. DITH-
57552 del 29 de agosto de 2012 porque las cesantías fueron liquidadas con base
en las normas vigentes para el momento en que se causaron.
6. Agregó que el señor Londoño Paredes presentó una solicitud de conciliación
extrajudicial contra el ministerio para que le fuera reconocida la reliquidación, previa
a una eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
7. Afirmó que en audiencia de conciliación del 26 de diciembre de 2012 la entidad
acordó pagarle al señor Londoño Paredes la diferencia correspondiente a las
cesantías reliquidadas por el periodo comprendido entre 1998 y 2003, más intereses
moratorios. Ese acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto del 4 de abril de 2013.
8. Indicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición
contra Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortencia Colmenares Faccini, María
del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena
Marrugo Pérez, con el fin de obtener el reintegro de lo pagado por la entidad como
consecuencia de la conciliación extrajudicial celebrada el 26 de diciembre de 2012
y aprobada mediante auto del 4 de abril de 2013, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02367-00
Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
9. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 22 de noviembre de 2017,
negando las pretensiones de la demanda.
10. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia el 23 de noviembre de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la parte actora a pagar las costas que se hubieren
causado en esta instancia a favor de los demandados Juan Antonio Liévano Rangel,
Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo Pérez, las
cuales serán liquidadas por el tribunal de origen. INCLÚYASE la suma de seis
salarios mínimos legales mensuales vigentes (6 SMLMV) por concepto de agencias
en derecho de la segunda instancia a favor de cada uno de estos demandados.
TERCERO: La condena en costas se cumplirá de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 192 del CPACA […]”.
11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la
condena en costas, consideró lo siguiente:
“[…] El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que <>. Como lo ha
señalado esta Sala en varias ocasiones, la condena en costas es procedente en la
acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las
entidades públicas. En este sentido, el ministerio pidió en la demanda que se
condenara en costas a los demandados.
20.- La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP, porque la entidad demandante fue la parte vencida en el proceso y se
le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación. Sin embargo, las costas solo
están causadas a favor de los demandados Juan Antonio Liévano Rangel, Patricia
Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo Pérez porque
realizaron actividades de defensa judicial; María del Pilar Rubio Talero fue
representada por curador ad litem y, aunque María Hortencia Colmenares Faccini
fue notificada del auto admisorio de la demanda, no compareció al proceso ni
constituyó apoderado.
21.- Para la fijación de las agencias en derecho en la segunda instancia se tienen en
cuenta los criterios y topes establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887
de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir,
<>. Como los demandados Juan Antonio Liévano Rangel, Patricia Rojas Rubio,
Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo Pérez estuvieron representados por
apoderados, quienes presentaron alegatos en esta instancia, la Sala considera
razonable tasar las agencias en derecho en seis salarios mínimos legales mensuales
vigentes (6 SMLMV) para cada uno.
22.- De acuerdo con el artículo 366 del CGP, el tribunal de origen deberá liquidar la
condena en costas de manera concentrada […]”.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Dejar sin valor ni efecto las sentencias de fecha 23 de Noviembre
de 2022, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección tercera -
subsección B del Consejo de Estado (notificada el día 15 de diciembre de
2022)proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ,dentro de la acción
de repetición No 25000-23-36-000- 2015-00653-01 (60991), específicamente
respecto en la condena en costas impuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores,
al ser proferidas con desconocimiento al derecho a la igualdad de trato jurídico, lo
anterior aunado a una defectuosa vulneración del artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, el cual prevé:
“ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
SEGUNDO: Ordenar al Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera- Subsección B – C.P. Martín Bermúdez Muñoz, proferir una nueva
sentencia en lo relacionado con la condena en costas y agencias en derecho en
contra del Ministerio de Relaciones Exteriores […]”.
13. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y en un ii) defecto sustantivo por falta de aplicación de normas
jurídicas.
Actuación
14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de mayo de 2023; i) admitió la
acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado; y iii) vinculó a la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a Juan Antonio
Liévano Rangel, a María Hortencia Colmenares Faccini, a María del Pilar Rubio
Talero, a Patricia Rojas Rubio, a Rodrigo Suárez Giraldo y a Ituca Helena Marrugo
Pérez en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres
(3) días para que rindieran informe sobre el particular.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que:
“[…] Mediante auto del 11 de mayo de 2023 se admitió la tutela instaurada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores contra la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 23 de noviembre
de 2022 (de la que fui ponente), en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de repetición identificado con el número único de radicación
250002336000201500653-01, se vulneró su derecho fundamental a la igualdad.
En el referido auto se me requiere para que rinda informe sobre los hechos objeto
de la solicitud de amparo. Con todo respeto me permito manifestar que no participaré
en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y acataré
estrictamente las disposiciones que se adopten en ella […]”.
16. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortencia Colmenares Faccini,
María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo y Ituca
Helena Marrugo Pérez guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.
20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto,
adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos
generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
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acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
22. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
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los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20146, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [9].
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
6 Ut supra página 6.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [13]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado14:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”15
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”16
14 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
15Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Ibidem.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
30. En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta
afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii)
cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
31.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
32.Atendiendo a que la Corte Constitucional17 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
17 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
33. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 23 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de repetición identificado con el número único de
radicación 250002336000201500653-01, vulneró su derecho fundamental a la
igualdad.
34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
36.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
36.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 23 de noviembre de 2022.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02367-00
Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional
37. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] PRIMERO: un desconocimiento del precedente jurisprudencial- igualdad de
trato jurídico, establecido en las siguientes sentencias:
a) Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Quinta -
M.P. Rocio Araujo Oñate, de fecha 22 de mayo de 2019- radicado 11001-03- 15-
000-2019-01439-00, en la cual se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: AMPARAR el derecho a la igualdad de la Nación- Ministerio de
Relaciones Exteriores, que se encontró vulnerado por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera- Subsección B, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del 13 de febrero de 2019, únicamente en lo relacionado con la
condena en costas a la entidad pública accionante y le concederá a la referida
autoridad judicial el término de quince (15) días para que dicte una providencia
de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia (…)”.
b) Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Quinta -
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, de fecha 23 de agosto de 2019, proferida
dentro del radicado 11001-03-15-000-2019-03347-00, en la cual se resolvió:
“PRIMERO: Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la Nación,
Ministerio de Relaciones Exteriores, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, déjase sin efectos la providencia proferida el 15
de mayo de 2019 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, únicamente en lo relacionado con la condena
en costas a la entidad pública accionante. Para efectos de lo anterior, se le
concederá a la referida autoridad judicial el término de quince (15) días para que
dicte una providencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
B) Precedente jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde se establece
la naturaleza del interés público en las acciones de repetición:
Sentencia C- 832 del 8 de agosto de 2001, proferida por la Corte Constitucional
M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.
“«…» es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de
interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del
Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución
Política. Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder
vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o
gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad,
el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su
patrimonio y para preservar la moralidad pública.”
SEGUNDO: defecto sustantivo al no dar aplicación al artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo, el cual prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal […]”.
38. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
39. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de contenido económico, como lo
es la condena en costas, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por
lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
40.Al respecto, la Corte Constitucional18 ha señalado:
“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la posibilidad
de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante considera
afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).
18 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
41.Asimismo, se resalta que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta
Corporación, en reiterados pronunciamientos19, y en especial, en la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 202020 señaló lo siguiente:
“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió condenar en costas al actor teniendo en cuenta la referida normativa , por
cuanto si bien se revocó parcialmente la decisión de primer grado, la parte accionada
dentro del proceso ordinario actuó en el trámite de la segunda instancia, por lo que
para la Sala no es viable que el señor ECHEVARRÍA PARRA pretenda usar este
mecanismo constitucional para controvertir un asunto de contenido económico,
como lo es la condena en costas procesales, en el que no se vislumbra una
vulneración que amerite la intervención del juez constitucional, en los términos
del artículo 86 Superior.
Bajo esas premisas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para cuestionar asuntos ya resueltos por el juez de conocimiento o plantear una
discusión sobre la aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP, que regulan el
tema de costas procesales, pues constituyen un asunto de carácter legal que no
le compete al juez de tutela, sino al operador natural, ello, en aras de evitar que
se convierta en una tercera instancia, conforme lo manifestó el a quo.
Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se pronunció en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, en la que el demandante pretendía a través del mecanismo de
amparo controvertir una decisión proferida dentro de una acción popular en la que no
se condenó en costas a la parte vencida. En dicha oportunidad se dijo:
“[…] Para resolver es necesario realizar un análisis de los requisitos generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin
de verificar si se cumplieron a cabalidad, en especial con el de relevancia
constitucional.
Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2015, definió los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular,
al referirse al de relevancia constitucional, señaló lo siguiente […]”.
[…]
“[…] Luego de revisar la jurisprudencia en torno a la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad, es menester recordar que las costas procesales
constituyen aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte
vencida en un proceso judicial, conformada por las expensas, que corresponden
a los gastos necesarios para tramitar el proceso y las agencias en derecho que
obedecen a la suma que el juez debe condenar en beneficio de la parte favorecida
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de diciembre
de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-04214-01 (AC). Actor: Carlos Enrique Echevarría Parra. C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón.
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con la condena en costas, con el fin de reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como
contraprestación por el tiempo y el esfuerzo dedicados a la causa. […].
Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió no condenar en costas o agencias en derecho, al no evidenciarse
temeridad en la actuación procesal, por lo que, para la Sala, no es viable que el
actor pretenda usar este mecanismo constitucional para controvertir un asunto
de contenido económico, como lo es la no condena en costas procesales, en el
que no se vislumbra una vulneración que amerite la intervención del juez
constitucional, en los términos del artículo 86 Superior […]”.
De lo precedente, la Sala concluye que en el caso bajo examen no se cumple con
el requisito de procedibilidad de la acción de tutela, cuando se erige contra
providencias judiciales, como lo es el de relevancia constitucional, lo que da
lugar a confirmar la decisión adoptada por la Sección Quinta en el fallo de 5 de
noviembre de 2020, mediante el cual declaró improcedente el trámite
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia. […]” (Resaltado por la Sala).
42.Por otra parte, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de
procedibilidad de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En
ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo
siguiente21:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”22, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”23. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
43. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
21 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
22 Sentencia SU-050 de 2018.
23 Sentencia SU-354 de 2017.
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Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
44. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a un asunto meramente económico.
45.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
46. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce del derecho fundamental
indicado supra.
47. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión del derecho fundamental a la igualdad, esa presunta afectación tiene su
origen en un debate estrictamente económico.
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Conclusiones de la Sala
48. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente (E) Consejero de Estado
Consejero de Estado (Ausente con permiso)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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