Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00653-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00653-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00653-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
23 de noviembre de 2022
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00653-01 (60991)
Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-36-000-2015-00653-01 (60991)
Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Demandados: Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortencia Colmenares
Faccini, María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,
Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo Pérez
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos antes y después de la
entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión
de negar las pretensiones porque el pago realizado por concepto
de la reliquidación de cesantías no proviene de un daño causado
por el Estado a un particular, y el reconocimiento de intereses
moratorios no fue causado por la culpa grave de los demandados.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152, numeral 11, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)1.
El recurso de apelación fue admitido el 20 de marzo de 2019 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 6 de mayo de 2019. La entidad
demandante y los demandados Rodrigo Suárez Giraldo, Juan Antonio Liévano
Rangel, Patricia Rojas Rubio e Ituca Helena Marrugo Pérez alegaron de
conclusión en segunda instancia. Las otras personas demandadas y el Ministerio
Público guardaron silencio.
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley.
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00653-01 (60991)
Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 3 de marzo de 2014
por la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores. Se dirigió contra Juan
Antonio Liévano Rangel, María Hortencia Colmenares Faccini, María del Pilar
Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena
Marrugo Pérez para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad como
consecuencia de la conciliación extrajudicial celebrada el 26 de diciembre de
2012 y aprobada mediante auto del 4 de abril de 2013, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El señor Julio Londoño Paredes estuvo vinculado a la carrera diplomática y
consular entre el 30 de enero de 1969 y el 9 de septiembre de 1998, y entre el
3 de diciembre de 1998 y el 9 de marzo de 2010.
2.2.- Hasta 2004, para liquidar las cesantías de los funcionarios que prestaban
servicios en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores tomaba como base
el salario correspondiente al cargo equivalente de la planta interna, y no el salario
que realmente recibían como parte de la planta externa.
2.3.- Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequibles las normas en
las que se basaba esa forma de liquidar las cesantías, el señor Londoño Paredes
solicitó reliquidarlas con base en el salario realmente devengado.
2.4.- La petición del funcionario fue negada mediante el oficio No. DITH-57552
del 29 de agosto de 2012 porque las cesantías fueron liquidadas con base en
las normas vigentes para el momento en que se causaron.
2.5.- El señor Londoño Paredes presentó una solicitud de conciliación
extrajudicial contra el ministerio para que le fuera reconocida la reliquidación,
previa a una eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.6.- En audiencia de conciliación del 26 de diciembre de 2012 la entidad acordó
pagarle al señor Londoño Paredes la diferencia correspondiente a las cesantías
reliquidadas por el periodo comprendido entre 1998 y 2003, más intereses
moratorios. Ese acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto del 4 de abril de 2013.
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Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
2.7.- Por medio de la Resolución No. 3767 del 21 de junio de 2013 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por un valor total de trescientos
cincuenta y un millones doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y
ocho pesos ($351.299.748), de los cuales noventa y cinco millones cuatrocientos
cincuenta y nueve mil ochocientos veintiséis pesos ($95.459.826) corresponden
a la reliquidación de las cesantías, y doscientos cincuenta y cinco millones
ochocientos treinta y nueve mil novecientos veintidós pesos ($255.839.922) a
intereses moratorios. Esas sumas fueron pagadas el 26 de junio de 2013.
3.- La entidad demandante sostuvo que el daño que originó la conciliación fue
causado por los demandados, quienes tenían la función de notificar
personalmente los actos administrativos de liquidación anual de las cesantías, y
no lo hicieron. Al omitir esta función, no se configuró la prescripción trienal de las
liquidaciones ni la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que la entidad debió reliquidar las cesantías y reconocer intereses
moratorios. Según el ministerio, los demandados obraron con culpa grave porque
incumplieron los deberes que les eran exigibles de acuerdo con sus cargos, sus
condiciones personales y profesionales.
4.- Al subsanar la demanda2, la entidad distribuyó la responsabilidad de los
demandados de la siguiente manera, de acuerdo con los cargos que ocuparon y
los periodos en que se causaron las cesantías:
Periodo Responsable Monto
Juan Antonio Liévano Rangel (subdirector de Recursos
1998 $3.732.363
Humanos)
Solidaridad entre María Hortencia Colmenares Faccini
(directora general de Desarrollo del Talento Humano) y
1999 $61.743.582
María del Pilar Rubio Talero (jefe de la División de
Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales)
Solidaridad entre María Hortencia Colmenares Faccini
(directora general de Desarrollo del Talento Humano) y
2000 $66.981.536
Patricia Rojas Rubio (jefe de la División de Capacitación,
Bienestar Social y Prestaciones Sociales)
Solidaridad entre María Hortencia Colmenares Faccini
(directora general de Desarrollo del Talento Humano) y
2001 $66.696.628
Patricia Rojas Rubio (coordinadora del Grupo Interno de
Nóminas y Prestaciones)
Solidaridad entre Rodrigo Suárez Giraldo (director de
2002 Talento Humano) e Ituca Helena Marrugo Pérez $78.652.326
(coordinadora del Grupo de Nóminas y Prestaciones)
2003 Rodrigo Suárez Giraldo (director de Talento Humano) $73.493.314
TOTAL $351.299.748
2 Fl. 136-137 c. 1.
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Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
B.- Posición de la parte demandada
5.- Los demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expusieron los siguientes:
5.1.- Juan Antonio Liévano Rangel, Patricia Rojas Rubio e Ituca Helena Marrugo
Pérez3 sostuvieron que: (i) la conciliación no implicó un reconocimiento
indemnizatorio, porque la fuente del pago de las cesantías reliquidadas fue la
vinculación laboral del señor Londoño Paredes; (ii) la entidad demandante no
aportó al proceso los actos administrativos que los demandados habrían debido
notificar; (iii) esa labor no estaba asignada a algún funcionario específico; (iv) la
prescripción trienal solo podía contarse desde la sentencia C-535 de 2005,
cuando la Corte Constitucional cambió la forma de liquidar las cesantías; (v) no
podía exigírseles a los demandados notificar personalmente las liquidaciones a
funcionarios en el exterior, pues les resultaba imposible; y (vi) con base en los
anteriores argumentos formularon varias <<excepciones de mérito>>.
5.2.- Rodrigo Suárez Giraldo afirmó que: (i) su responsabilidad no se puede
establecer solo por el hecho de haber ejercido un cargo, ni puede imputársele
simultáneamente con quienes ejercieron cargos diferentes; (ii) a los demandados
no se les asignó la función de notificar las liquidaciones anuales de cesantías;
(iii) antes de que se profiriera la sentencia C-535 de 2005, el Ministerio de
Relaciones Exteriores había pedido recursos al Ministerio de Hacienda para
pagar las cesantías con base en los salarios realmente devengados, pero este
se negó; (iv) al ser una prestación unitaria, las cesantías definitivas solo se
pagaban al terminarse la relación laboral; (v) el Consejo de Estado ha señalado
que, aun si el acto administrativo de liquidación anual de cesantías fue notificado
y estaba ejecutoriado, el funcionario podía pedir la reliquidación si surgía una
expectativa legítima de incremento de la base; y (vi) a partir de estos argumentos
formuló múltiples <<excepciones>> para descartar su responsabilidad.
5.3.- María del Pilar Rubio Talero fue representada por curador ad litem4, quien
manifestó atenerse a lo que resultara probado.
5.4.- María Hortencia Colmenares Faccini no contestó la demanda ni compareció
al trámite, a pesar de haber sido notificada5.
3 Estos demandados fueron representados por el mismo apoderado. Aunque se presentó una contestación
por cada demandado, las tres contienen argumentos similares.
4 La entidad actora solicitó la notificación de la demandada por emplazamiento luego de que la citación para
notificación personal fuera devuelta por dirección errada (fl. 166-168, 175, 206 y 351 c. 1). La curadora ad
litem fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda el 13 de diciembre de 2016 y contestó
la demanda el 14 de febrero de 2017 (fl. 396-398 c. 2).
5 La citación para notificación personal de la demandada se entregó exitosamente el 5 de septiembre de
2015 en la dirección informada por la entidad demandante. Como no compareció a notificarse
personalmente, fue notificada mediante aviso entregado el 30 de agosto de 2016 (fl. 210-212 y 388 c. 1).
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Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
C.- Sentencia recurrida
6.- En la sentencia del 22 de noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
6.1.- La entidad demandante afirmó que no tenía entre sus archivos los actos
administrativos de liquidación de las cesantías de Julio Londoño Paredes entre
1998 y 2003.
6.2.- Los demandados no tenían asignada en forma expresa la función de
notificar personalmente esos actos administrativos. Debido al principio de
legalidad, el hecho de que estuvieran a cargo de manera general del trámite de
las cesantías no permite inferir que les correspondieran funciones secretariales
como la notificación de actos administrativos.
6.3.- Los demandados no profirieron el oficio que negó la reliquidación de las
cesantías, por lo que no causaron el daño cuya repetición se pretende.
D.- Recurso de apelación
7.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se condene a los demandados. Su inconformidad se
centra en los siguientes puntos:
7.1.- De acuerdo con el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968 y el artículo 44 del
CCA, las liquidaciones anuales de cesantías debían ser notificadas
personalmente a los interesados.
7.2.- Los demandados tenían la función de notificar tales liquidaciones porque
sus respectivos cargos tenían asignados los deberes de atender los trámites
relacionados con prestaciones sociales o administrar la planta de personal.
7.3.- La omisión en el cumplimiento de sus funciones configuró la presunción de
culpa grave contenida en el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, esto
es, la <<violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho>>.
7.4.- La falta de notificación personal de los actos de liquidación anual de las
cesantías fue determinante para que la entidad conciliara porque, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sin la constancia
de notificación no se podía alegar la prescripción trienal ni la caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
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II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar
8.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada
oportunamente, como se explica a continuación:
8.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA6, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
la entidad contaba para pagar.
8.2.- En este caso el pago se realizó antes del vencimiento del plazo anterior 7,
por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la
fecha del pago. Como el pago fue realizado el 26 de junio de 2013, la demanda
presentada el 3 de marzo de 20148 se radicó oportunamente.
9.- Las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 son aplicables a los
hechos ocurridos después de su entrada en vigencia. Las omisiones en la
notificación de las liquidaciones de cesantías para los periodos 1998, 1999 y 2000
están sujetas a las disposiciones sustanciales del CCA, mientras que las
correspondientes a los periodos 2001, 2002 y 2003 se rigen por la Ley 678.
10.- En todo caso, la entidad no invocó en la demanda alguna de las
presunciones contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, por lo
que tenía la carga de demostrar la culpabilidad de los demandados. La Sala no
estudiará la presunción de culpa grave invocada en el recurso de apelación,
debido a que comportaría una modificación de la imputación que debe hacerse
en la demanda para que los demandados puedan ejercer su derecho de defensa.
Como lo ha señalado la Corte Constitucional, el juez de repetición debe garantizar
<<el respeto del derecho al debido proceso de los agentes del Estado que sean
sometidos a una causa de repetición>>, lo que implica que el agente <<tiene
derecho a un estricto juicio de atribución de responsabilidad que le permita
ejercer su garantía de defensa>>9.
6 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
7 El auto que aprobó la conciliación quedó ejecutoriado el 19 de abril de 2013 (fl. 44 vuelto c. 1) y la entidad
pagó el 26 de junio de 2013 (fl. 28 c. 1).
8 Fl. 11 c.1.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-354 de 2020. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
11.- Para la Sala, los elementos objetivos de la acción de repetición están
demostrados:
11.1.- La conciliación aprobada por la autoridad judicial y su respectivo pago
están acreditados con prueba documental no controvertida en el proceso10.
11.2.- Con las certificaciones expedidas por el director de Talento Humano del
ministerio se demostró la calidad de agentes estatales de los demandados11. Al
contrario de lo que sostuvieron algunos de los accionados, la Sala considera que
sí se probó su legitimación para ser demandados en repetición. Aunque ellos no
profirieron el oficio que negó la reliquidación de las cesantías y que fue discutido
en la conciliación extrajudicial, la entidad les atribuyó haber causado el daño
porque la falta de notificación de las liquidaciones anuales de cesantías le impidió
invocar la prescripción o la caducidad. El artículo 90 de la C.P. o la Ley 678 de
2001 no exigen que la acción de repetición se dirija contra el agente que suscribió
el acto administrativo discutido en el proceso judicial contra el Estado, sino contra
aquel cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya causado el daño.
12.- La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda
porque: (i) lo pagado por concepto de la reliquidación de las cesantías no
proviene de un daño causado por el Estado a un particular, en los términos del
artículo 90 de la C.P.; y (ii) la entidad demandante no probó que los intereses
moratorios fueran causados por la culpa grave de los demandados.
F.- El pago de las cesantías reliquidadas no proviene de un daño en los
términos del artículo 90 de la C.P.
13.- De acuerdo con el artículo 90 de la C.P., la acción de repetición es
procedente para recuperar el valor de la <<reparación patrimonial>> asumida por
el Estado por cuenta del <<daño>> causado por la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo. En desarrollo de esta norma, la Ley 678 de 2001 y el
artículo 142 del CPACA disponen que la entidad estatal deberá repetir cuando la
conducta del agente haya dado lugar a un <<reconocimiento indemnizatorio>>,
quien debe ser condenado de acuerdo con su participación <<en la producción
del daño>>.
10 La conciliación se probó con las actas de las audiencias de conciliación extrajudicial y de aprobación por
el tribunal (fl. 29-44 c. 1). El pago se probó con la certificación del pagador, la resolución que lo dispuso, la
orden de pago No. 142845713 y el registro presupuestal No. 184413 (fl. 21-28 c. 1).
11 Juan Antonio Liévano Rangel fue subsecretario de Recursos Humanos entre el 10 de marzo de 1997 y el
2 de mayo de 1999; María Hortencia Colmenares Faccini fue directora de Desarrollo del Talento Humano
entre el 9 de septiembre de 1999 y el 6 de agosto de 2002; María del Pilar Rubio Talero fue jefe de la División
de Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales entre el 8 de noviembre de 1999 y el 8 de febrero
de 2000, y entre el 11 de febrero y el 11 de marzo de 2000; Patricia Rojas Rubio fue jefe de la División de
Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales entre el 11 de diciembre de 2000 y el 11 de marzo
de 2001, y coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones entre el 31 de diciembre de 2001 y
el 7 de enero de 2002; Rodrigo Suárez Giraldo fue director de Talento Humano entre el 16 de septiembre
de 2002 y el 8 de noviembre de 2004; e Ituca Helena Marrugo Pérez fue coordinadora del Grupo Interno de
Nóminas y Prestaciones entre el 14 y el 26 de enero de 2003 (fl. 45-104 c. 1).
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14.- Las sumas pagadas a Julio Londoño Paredes por concepto de la diferencia
en las cesantías del periodo comprendido entre 1998 y 2003 no constituyen un
daño en los términos del artículo 90 de la C.P., porque corresponden a una
prestación legítima a la que el funcionario tenía derecho por haber trabajado al
servicio de la entidad. Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia en la
que ordenó liquidar las prestaciones con base en el salario realmente devengado
por los funcionarios del servicio exterior:
<<Si se acogiera un criterio distinto al determinado jurisprudencialmente el
resultado sería que aquellos trabajadores que han devengado un mayor salario
van a recibir prestaciones sociales que en realidad pertenecen a labores de
menor asignación, desarrolladas por trabajadores que generalmente cumplen
distintas funciones a consecuencia también de su nivel de preparación, quienes
además ostentan otras responsabilidades concordantes con su cargo. Es decir,
lo recibido no correspondería al empleo, ni a las funciones, ni a las cargas propias
del trabajo desempeñado. Por ese motivo, esta Corte ya ha anotado que las
normas que respaldan este tipo de prácticas frente a cierto grupo de trabajadores
son inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los
principios de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al mínimo
vital y a la seguridad social, derechos que tienen un fundamento constitucional
expreso (C.P. arts. 48, y 53).
[…] Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado pues
implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del
derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales,
principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones
sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el
funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le
corresponde>>12.
G.- La entidad demandante no demostró que el pago de intereses
moratorios fuera causado por la culpa grave de los demandados
15.- El ministerio atribuyó el perjuicio consistente en el pago de intereses
moratorios sobre las cesantías reliquidadas a la culpa grave de los demandados,
por haber omitido cumplir la función de notificar personalmente los actos
administrativos de liquidación anual de las cesantías.
16.- La Sala advierte que, al fundamentar la responsabilidad de los demandados
en la omisión de una función, la entidad se limitó a describir una actuación
culposa, pero no demostró por qué su conducta fue en tal grado negligente para
poder ser calificada como gravemente culposa. Para demostrar la culpa grave no
basta acreditar, en abstracto, que existía una función y que esta no se cumplió,
sino que se debe probar por qué, en concreto, los demandados desatendieron
sus deberes en forma caprichosa, descuidada o arbitraria.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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17.- La entidad enfocó su actividad probatoria en demostrar que los actos de
liquidación de las cesantías debían ser notificados personalmente13; y que este
deber le correspondía a los demandados porque algunos tenían funciones
relacionadas con el trámite de las prestaciones sociales y otros, en forma general,
con la administración de personal14. Sin embargo, no aportó elementos que
permitieran estudiar la conducta individual de cada uno de ellos; su participación
efectiva en la elaboración y notificación de esos actos; las circunstancias en las
que se profirieron; y las razones por las cuales afirma que omitieron cumplir un
deber en forma extremadamente negligente.
18.- La entidad demandante ni siquiera aportó al trámite los actos que habrían
debido ser notificados personalmente por los demandados. Por el contrario,
afirmó que en la historia laboral del señor Londoño Paredes no se encontró
registro de los actos administrativos que liquidaron anualmente sus cesantías15.
La constatación general de que las cesantías se liquidaban en los periodos en
que los demandados desempeñaron sus funciones es insuficiente para atribuir la
falta de notificación a su conducta gravemente culposa.
H.- Costas
19.- El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que <<salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil>>. Como lo ha señalado esta Sala en varias
ocasiones16, la condena en costas es procedente en la acción de repetición
porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas. En
13 Para ello citó el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968, según el cual <<las liquidaciones del auxilio de
cesantía de empleados públicos y trabajadores oficiales de los artículos 22, 25, 27 y 28 se notificarán a los
interesados, quienes deben suscribirlas si están correctas>>, y el artículo 44 del CCA, en cuyos términos
<<las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al
interesado, o a su representante o apoderado>>.
14 Al subsecretario de Recursos Humanos y luego al director de Talento Humano les correspondía <<atender
el manejo y la tramitación de asuntos relacionados con selección, nombramientos, capacitación, evaluación,
traslados, licencias, permisos, comisiones, prestaciones sociales y demás situaciones administrativas y
elaborar los correspondientes actos administrativos sobre las novedades de personal>>, <<administrar la
planta global del Ministerio y la del servicio exterior, bajo la dirección de la Secretaria General, y
recomendarle programas de distribución o redistribución de cargos y de ubicación del personal, de acuerdo
con las necesidades del servicio>> y <<coordinar, programar y dirigir las actividades de administración del
personal, capacitación, bienestar social y prestaciones sociales de los funcionarios del Ministerio>>. Por su
parte, al jefe de la División de Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales y posteriormente al
Grupo Interno de Nómina y Prestaciones les correspondía <<elaborar las liquidaciones anuales definitivas
y avances de cesantías, y los certificados con destino al Fondo Nacional del Ahorro>> (fl. 45-104 c. 1). Solo
hasta la Resolución No. 4255 de 2010, proferida después de los hechos, se le asignó al Grupo de Nómina
y Prestaciones Sociales la función de <<revisar y notificar los actos administrativos de liquidación del auxilio
anual de cesantías de los funcionarios en servicio activo y retirados del Ministerio, de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia>> (fl. 483 c. 2).
15 Fl. 136-137 c. 1 y 468 c. 2.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del
11 de octubre de 2021 (exp. 63217). Citada para la acción de repetición, entre otras, en las sentencias del
30 de marzo de 2022 (exp. 66521) y 10 de junio de 2022 (exp. 66696).
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Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
este sentido, el ministerio pidió en la demanda que se condenara en costas a los
demandados.
20.- La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, porque la entidad demandante fue la parte vencida en el
proceso y se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación. Sin
embargo, las costas solo están causadas a favor de los demandados Juan
Antonio Liévano Rangel, Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca
Helena Marrugo Pérez porque realizaron actividades de defensa judicial; María
del Pilar Rubio Talero fue representada por curador ad litem y, aunque María
Hortencia Colmenares Faccini fue notificada del auto admisorio de la demanda,
no compareció al proceso ni constituyó apoderado.
21.- Para la fijación de las agencias en derecho en la segunda instancia se tienen
en cuenta los criterios y topes establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No.
1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es
decir, <<la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables>>. Como los demandados Juan Antonio Liévano
Rangel, Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo
Pérez estuvieron representados por apoderados, quienes presentaron alegatos
en esta instancia, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en
seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (6 SMLMV) para cada uno.
22.- De acuerdo con el artículo 366 del CGP, el tribunal de origen deberá liquidar
la condena en costas de manera concentrada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la parte actora a pagar las costas que se hubieren
causado en esta instancia a favor de los demandados Juan Antonio Liévano
Rangel, Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo
Pérez, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen. INCLÚYASE la suma
de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (6 SMLMV) por concepto
10
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00653-01 (60991)
Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
de agencias en derecho de la segunda instancia a favor de cada uno de estos
demandados.
TERCERO: La condena en costas se cumplirá de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 192 del CPACA.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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