Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02444-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02444-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02444-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02444-00
Accionante: SEGUNDO SERAFÍN PARRA MEDINA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente
judicial / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de las cesantías docentes /
incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Segundo Serafín Parra Medina, quien actúa por intermedio de
apoderado1, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por la
presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión
1 Yobany Alberto López Quintero
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Segundo Serafín Parra Medina
de la expedición de la sentencia del 14 de abril de 2023 proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 15001-33-33-008-2022-00110-01.
I. ANTECEDENTES
El accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente judicial
con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. El señor Segundo Serafín Parra Medina fue vinculado como
docente en el departamento de Boyacá después de 1990 hasta la fecha,
por lo que su régimen de cesantías era anualizado.
1.2. No obstante, el 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el
auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año
2020.
1.3. Por lo anterior, el 27 de julio de 2021 el accionante formuló
petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción
por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que
fue negada mediante Resolución n.° BOY2021ER032848 del 28 de
agosto de 2021.
1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el accionante demandó el acto administrativo en mención,
proceso que por reparto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo
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Oral del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante
sentencia del 12 de diciembre de 2022 resolvió negar las súplicas de la
demanda.
1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 14 de abril de
2023, al considerar que no le es aplicable la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1993 a los docentes oficiales, porque se rigen por la
disposición normativa prevista en la Ley 91 de 1989 que no contempló
la sanción por no consignación de cesantías en una cuenta individual
antes del 14 de febrero del año correspondiente.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, dado
que, no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, relacionada con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo
fondo.
Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la Ley 50
de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.
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Además, argumenta que la providencia en cuestión desconoció 26
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las
súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por
mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 14/04/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220011001,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN
CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de
la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados
de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la
jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de
17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).
4. INTERVENCIONES
Mediante auto del 15 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Boyacá como accionado, al FOMAG y al Ministerio de Educación
Nacional como terceros interesados en las resultas del proceso.
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Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
4.1. Fiduprevisora S.A. requirió ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del
ponente de la decisión cuestionada, sostuvo que no incurrió en defecto
sustantivo, en tanto no es dable aplicar lo previsto en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, porque los docentes son beneficiarios de un régimen
especial.
Señaló que tampoco desconoció el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado ni de la Corte Constitucional, pues, por el contrario,
aplicó las consideraciones previstas en la sentencia SU-573 de 2019.
4.3. El Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la
oficina jurídica de la entidad, solicitó ser desvinculada del presente
proceso, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
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«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 14 de abril de
2023 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías del accionante, incurrió en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por
consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia y seguridad jurídica.
Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso
concreto.
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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
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3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
profirió el 14 de abril de 2023 y la acción de tutela se presentó el 11 de
mayo de 2023.
3.1.4. Finalmente, el asunto por resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento
del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.
Por otra parte, es necesario señalar que, de conformidad con lo
anteriormente expuesto la Sala de Subsección estima pertinente
conocer de fondo, a pesar de que en providencias4 que guardaron
similitud fáctica y jurídica con el caso aquí estudiado se rechazó por
improcedente la solicitud de amparo.
4 Ver entre otras providencias: 11001-03-15-000-2023-00786-00 y 11001-03-15-000-2023-01044-00.
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3.2. Del defecto material o sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional5, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales6, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»7.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
5 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»8.
Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente9.
3.3. Desconocimiento del precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van
a decidir los casos iguales de la misma forma 10. En ese sentido, el
precedente judicial11 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho12.
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
10 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808
de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
11 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente
judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
12 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no
1, p. 249-266.
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En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido13. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”14.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales15, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial16.
13 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan
pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
16 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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3. El caso concreto
En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Segundo Serafín Parra Medina en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a
la administración de justicia y seguridad jurídica con ocasión de la
providencia del 17 de marzo de 2023 pues, en su entender, considera
que incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del
precedente judicial.
Sostiene, en síntesis que el Tribunal accionado incurrió en defecto
sustantivo, dado que, no aplicó la disposición normativa contemplada
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, relacionada con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías al respectivo fondo.
Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la Ley 50
de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.
Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 17 de marzo
de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
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reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías al demandante, bajo las siguientes consideraciones:
« 91. La Sala recuerda que la impugnación del actor se basó en que conforme la sentencia
SU-098 proferida por la Corte Constitucional, los docentes afiliados al FOMAG tienen
derecho a la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, pese a que la financiación
del derecho a las cesantías se realice por medio del Sistema General de Participaciones.
92. Así las cosas, del recuento normativo hecho en precedencia, se puede concluir que los
educadores al servicio de la docencia oficial son afiliados forzosos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual es una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, encargado de las prestaciones sociales de los docentes.
Además, estos docentes se rigen por la Ley 91 de 1989, sin que ninguna disposición
normativa establezca expresa o tácitamente que se les deban hacer extensivo lo regulado
por la Ley 50 de 1990.
(…)
97. Sobre dicho aspecto, el Decreto 1582 de 1998 dispuso que la Ley 50 de 1990 se aplicaría
a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 1° de diciembre de 1996
afiliados a los fondos de privados de cesantías, situación distinta a los docentes oficiales, en
razón que estos se encuentran afiliados al fondo dependiente del Ministerio de Educación
Nacional (FOMAG).
98. En ese orden de ideas, la Sala considera que aplicar un fragmento de una norma general
(numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990) y aplicarla a un régimen especial de
docentes oficiales (artículo 15 de la Ley 91 de 1989), sería crear un tercer régimen no
previsto por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley.
99. Lo anterior en razón que, si se acoge un principio de favorabilidad, al aplicar una norma
más beneficiosa, lo cierto es que la misma debe ser acatada en su integridad y no de manera
fraccionada13, por lo que, al observar la totalidad de régimen prestacional y salarial de los
docentes, consagrado en la Ley 91 de 1989, resulta más provechoso en conjunto, que el
régimen general o privado, ante los beneficios en materia salarial con los que cuentan los
docentes oficiales. Por lo tanto, no es de recibo que para un tema particular como las
cesantías se regulé conforme la Ley 50 de 1990 y el resto de las prerrogativas conforme la
Ley 91 de 1989.
100. De otro lado, el principio de favorabilidad aplica en el evento que dos normas regulen
una misma situación fáctica, requisito que no se configura en el presente asunto, pues la
Ley 50 de 1990 regula las situaciones en que un empleado público se encuentra afiliado a
un fondo privado de pensiones, en cambio la Ley 91 de 1989 regula las situaciones de los
docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
ese sentido, como existe norma para cada caso concreto, no hay lugar a realizar algún
análisis de favorabilidad.
(…)
103. Ahora, la Sala no acoge la tesis del recurrente, relativa en que la SU-098 de 2018
reconoció la sanción moratoria descrita en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el
personal docente; en razón que dicha sentencia no es aplicable al presente caso, por no
guardar identidad fáctica, especialmente porque en el caso aquí estudiado el demandante sí
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Accionante: Segundo Serafín Parra Medina
está afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como lo
consideró la misma Corte en sentencia SU-573 de 2019.
104. Es decir, que la misma Corte Constitucional explicó que la SU-098 no es un criterio
para aplicar a los docentes pertenecientes al FOMAG, como es el presente caso, pues el
demandante Segundo Serafín Parra Medina se encuentra afiliado a dicho fondo especial, en
el cual no se expone consignación de las cesantías anualizadas en cuenta individual, al
referir que “esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al asunto sub
examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de vulneración a
los derechos fundamentales de los tutelantes”.
105. Tal como lo refirió el Tribunal Constitucional, se tiene que la SU-098 posee las
siguientes diferencias que no la hacen aplicable, respecto al caso bajo estudio: (i) En el
presente asunto se analiza el caso de un docente actualmente vinculado con el
Departamento, en el caso del 2018 el docente había finalizado su vinculación legal y
reglamentaria; (ii) aquí el docente fue afiliado al FOMAG, en cambio en el proceso de la
Corte el educador no estaba afiliado a tal fondo; (iii) en el asunto de la referencia no se
reclama el pago de las cesantías, solo la mora; pero en el proceso de tutela el docente
reclamó y le pagaron el derecho; y (iv) aquí se reclama la sanción por consignación tardía,
no obstante en el asunto de la Corte se reclamó la sanción por no consignación. Razones
estas que hacen que la sentencia referida por el recurrente no sea aplicable al caso concreto.
106. Contrario a ello, es decir a aplicar la Ley 50 de 1990, los docentes vinculados al
FOMAG se rigen por lo dispuesto por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, que a través del Acuerdo No. 39 de 2018 “Por el cual
se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de intereses de las cesantías de
los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, previó
en su artículo primero, lo siguiente:
(…)
109. Por último, respecto a las sentencias mencionadas en el recurso de apelación, se debe
señalar: i) que no existe ningún criterio de unificación respecto a la aplicación de la Ley 50
de 1990 a docentes vinculados al FOMAG, y ii) de forma particular se tiene:
(...)
110. Conforme al cuadro anterior, la Sala concluye que no existe precedente emitido por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50 de
1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes vinculados al
FOMAG. Si bien existe un pronunciamiento de 19 de enero de 2023 emitido por el órgano
de cierre de esta jurisdicción accediendo a pretensiones similares a las aquí analizadas, lo
cierto es que, dicha decisión no configura un precedente de obligatorio cumplimiento, en
razón que no se hace un estudio respecto de las sentencias de unificación 573 de 2019 y 041
de 2020.
(…)
114. Sin ahondar en un mayor análisis al realizado en primera instancia, considera la Sala
que le asiste razón a la juez, en la medida que la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo reconocimiento
pretende la parte actora, no está llamada a prosperar, toda vez que la citada norma es
aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza el demandante, el cual es
docente del orden territorial.
116. Ahora bien, del extracto de cesantías aportado en la demanda se observa que al
demandante le fueron consignados el 27 de marzo de 2021, mientras que el pago fue
efectuado el 31 de marzo de la misma anualidad lo cual evidencia que se realizaron dentro
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de las fechas dispuestas para tal fin en el Acuerdo 39 de 1998, y así mismo, la fecha de pago
demuestra que la información del docente fue remitida el 5 de febrero de 2021, por lo que
el reconocimiento de los intereses se efectuó en el mes siguiente como lo señala el
respectivo Acuerdo.
117. De otra parte, debe resaltarse que en la sentencia SU-098 de 2018 no se observa que la
aplicabilidad de la Ley 52 de 1975, en el caso de los docentes, hubiera sido analizada, no
obstante, en dicha providencia la Corte Constitucional estimó que ante la falta de regulación
en la norma especial procedía aplicar el régimen general, cuestión que no tiene lugar,
comoquiera que en el caso del FONPREMAG existe normativa especial respecto del
reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías.
118. En esa medida, la indemnización solicitada no es compatible con la normatividad
aplicable a los docentes, en razón que el régimen especial docente dispuesto por la Ley 91
de 1989 y Acuerdo No. 39 de 1998, se itera, prevén la forma como debe liquidarse el interés
de las cesantías y la fecha en que se debe realizar el desembolso, sin que prevea
indemnización alguna en los términos solicitados por el demandante.
Conclusión
119. La Sala confirmará la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, en razón que
los docentes oficiales vinculados al FOMAG se rigen por la norma especial consagrada en
la Ley 91 de 1989, la cual no contempló la sanción por no consignación de cesantías en una
cuenta individual para cada docente antes del 14 de febrero del año correspondiente.
Igualmente, no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado
que ordene a las demandadas a aplicar la sanción consagrada en la Ley 50 de 1990 para esos
funcionarios públicos.»
Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, al desatar el asunto bajo examen, realizó un estudio detallado
de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, lo que lo llevó a
concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098 de 2018 no
era aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, allí se debatió el
pago tardío de las cesantías definitivas de docentes que ya no tenían
vinculación vigente, mientras que el señor Parra Medina, al momento
de la presentación de la demanda se encontraba vinculado como
docente.
En esa medida, concluyó que la sanción solicitada no era compatible
con la normatividad aplicable a los docentes, porque el régimen especial
docente dispuesto por la Ley 91 de 1989, prevén la forma como debe
liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar
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el desembolso, sin que contemple sanción alguna en los términos
solicitados por el accionante.
De tal suerte que la situación, al ser diferente, debía ser tratada por
normativas distintas; manifestación que corresponde únicamente al
ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se
deduce del contenido normativo de los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial.
Lo anteriormente expuesto permite a la Sala concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que,
a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas
al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque estos tenían un
régimen especial dispuesto por la Ley 91 de 1989; asimismo, que no
era dable procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU098
de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de
presupuestos fácticos y jurídicos diferentes al puesto bajo su examen.
En este punto, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional,
de manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa
la atención de la Sala, profirió la sentencia SU573 de 2019, en la que
precisó:
«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela17, pues la intervención del juez constitucional se
17 La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o básicas de cualquier
proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y controvertir pruebas, (iii) el derecho de
defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa técnica, (iv) el derecho a la segunda instancia en el proceso penal,
(v) el principio de determinación de las reglas procesales o, en otros términos, el principio de legalidad y (vi) el derecho
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justifica para “proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los
excesos del juez ordinario” 18,ante “desvíos absolutamente caprichosos y
arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o
motivación jurídica”19. Para la Sala, el presente asunto carece de relevancia
constitucional, por esta segunda razón, ya que no se advierte un escenario de
afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los accionantes, por
dos razones.
59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó
adecuadamente por qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación”.
60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones
contradictorias en casos idénticos”20, dado que el sub iudice no comparte identidad
fáctica y jurídica con las decisiones judiciales que sustentan el supuesto
desconocimiento del precedente y, por tanto, no es posible evidenciar prima facie
un precedente que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede comprobar a partir de
la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes presuntamente
desconocidos:
Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU- Sentencia T-
Consejo de 336 de 2017 008 de 2015
Estado21
Tipo de Sanción Sanción Sanción Sanción
sanción moratoria por la moratoria por el moratoria por el moratoria por
moratoria no pago tardío de pago tardío de la omisión
solicitada consignación de sus cesantías sus cesantías injustificada
cesantías en el definitivas. definitivas. en la
fondo afiliación al
correspondiente. FOMAG.
Fundamento Artículos 99, Leyes 244 de Leyes 244 de Decretos 3752
jurídico el 102 y 104 de la 1995 y 1071 de 1995 y 1071 de de 2003 y
reconocimiento Ley 50 de 1990 2006. 2006. Decreto 1582
de la sanción y la Ley 344 de de 1998, por el
a la publicidad en las actuaciones que se surten en el marco de un proceso. Conforme a tal interpretación, en principio,
solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales que se aparten de los elementos del debido proceso constitucional
descritos y que, por tanto, conlleven anular el ejercicio de la defensa y contradicción en el proceso, al restringir o enervar
en forma grave el equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
18 Sentencia T-685 de 2003.
19 Ibid.
20 Sentencia SU-053 de 2015.
21 Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
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1996, cual se
reglamentada reglamentan
por el Decreto parcialmente
1582 de 1998. los artículos 13
de la Ley 344
de 1996 y 5 de
la Ley 432 de
1998.
(…)
66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su
criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación
que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es
aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”22. No obstante,
tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos
jurídicos y normativos semejantes23 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga24-, impide
advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.
67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los
cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en
la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de
cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199825, pero no
cancelada.
68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201826, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”27. A pesar de no haber sido parte del debate
22
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
23
Ibid.
24
Sentencia T-425 de 2019.
25
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
26
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
27
Sentencia SU-098 de 2018.
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procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente
al caso concreto”28, como pasa a explicarse. (…)».
Es claro entonces que lo planteado en esta sede constitucional se limita
a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación de una
norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia como
arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno.
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y
acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
asunto.
De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del
juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de
28 Sentencia SU-354 de 2017.
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autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.
Así las cosas, lo que se evidencia en el asunto bajo examen es un
estudio lógico y plausible conforme al criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado, por lo que la divergencia de criterios en cuanto a la
aplicación e interpretación de la ley y la resolución al caso concreto no
puede considerarse per se como violatoria de derechos fundamentales,
pues dicha manifestación corresponde únicamente al ejercicio de la
función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la intervención
del juez de tutela procede únicamente en los casos específicos en que
se evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente,
o inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección procederá a negar el amparo solicitado mediante la acción
de tutela presentada por la parte accionante en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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Accionante: Segundo Serafín Parra Medina
FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por el señor
Segundo Serafín Parra Medina en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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