Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02480-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02480-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02480-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02480-00
Demandante: BRYAM STEEP SUÁREZ RANGEL
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02480-00
Demandante: BRYAM STEEP SUÁREZ RANGEL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Solicitud de devolución de depósito judicial. Carencia actual
de objeto por hecho superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Bryam Steep Suárez Rangel1, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, en
la que pide el amparo constitucional de su derecho fundamental de petición que
considera vulnerado por la falta de respuesta a la solicitud de 17 de febrero de
2023, en la que solicitó la devolución de un depósito judicial que se efectuó por
error a una autoridad judicial que no correspondía.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor manifestó que el 8 de febrero de 2023 realizó una consignación errónea
por valor de $6.403.590, al convenio No.13477 CSJ IMPUESTO DE REMATE –
RM.
Indicó que dicha consignación debía ser realizada como depósito judicial al
Juzgado Segundo Civil Municipal de Pamplona por concepto de remate judicial
para el proceso radicado bajo el No. 54518-40-03-002-2018-00436-00.
1 La acción de tutela se presentó el 12 de mayo de 2023.
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Demandante: BRYAM STEEP SUÁREZ RANGEL
Aseguró que el 17 de febrero de 2023 envió al correo del Centro de Servicios
Judiciales de Pamplona una petición, en nombre propio, con el fin de obtener la
devolución de dicha suma de dinero, la cual se remitió a la dirección electrónica
demandaspamplona@cendoj.ramajudicial.gov.co, al Grupo de Fondos Especiales
de la Unidad Ejecutiva de Administración Judicial
aorozcoo@deaj.ramajudicial.gov.co y ante la funcionaria Natalia Sánchez Rueda
nsancher@deaj.ramajudicial.gov.co de Unidad Ejecutiva de Administración
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
Por último, sostuvo que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela no
había recibido respuesta alguna a su solicitud.
2. Fundamentos de la acción
El actor interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, con el fin de que se ampare su derecho
fundamental de petición, el cual considera vulnerado con la falta de respuesta
oportuna y de fondo a la solicitud radicada el 17 de febrero de 2023.
Mencionó que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, el
término para resolver la petición por regla general es de 15 días, plazo que en este
caso se encuentra ampliamente superado.
3. Pretensiones
El demandante en el escrito de tutela formuló las siguientes:
“PRIMERO. Tutelarme el derecho fundamental de PETICIÓN.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura - resolver de fondo la petición de fecha 08 de febrero de
2023.
TERCERO. Que se prevenga a la entidad accionada de no dilatar o colocar trabas
administrativas que obstaculicen el acceso a la información y a recibir respuesta de las
solicitudes presentadas respetuosamente”.
4. Pruebas relevantes
El accionante aportó con el escrito de tutela copia de la solicitud de 17 de febrero
de 2023, enviada a las direcciones electrónicas
demandaspamplona@cendoj.ramajudicial.gov.co;
aorozcoo@deaj.ramajudicial.gov.co y nsancher@deaj.ramajudicial.gov.co.
5. Trámite procesal
Mediante auto de 17 de mayo de 2023, el Despacho admitió la demanda de tutela
y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.
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Demandante: BRYAM STEEP SUÁREZ RANGEL
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 47060 y 47065 de 23
de mayo de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Por medio de escrito de 24 de mayo de 2023, el abogado de la División de
Procesos de la Unidad de Asistencia Legal solicitó que se declare la carencia
actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que mediante correo
electrónico de 24 de mayo de 2023 dio respuesta clara, concreta y de fondo a la
petición del accionante, indicándole la situación actual de su petición de reintegro
de dinero y el procedimiento que debe adelantar la entidad para acceder a ello.
Por lo anterior, sostuvo que con base en la respuesta ofrecida por la División de
Asuntos Laborales, se tiene por concluido cualquier daño o perjuicio que se le
haya causado al accionante ante la falta de respuesta a su petición, por
consiguiente al haberse presentado la superación de la afectación no existe causa
o razón para continuar con el presente trámite o librar orden de amparo.
6.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
A través de escrito de 26 de mayo de 2023, el Presidente de la Corporación
Judicial solicitó que se desvincule del trámite constitucional teniendo en cuenta
que la supuesta vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, no
estuvo ni está en cabeza del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca, pues no se advierte que la petición haya sido radicada ante
dicha entidad, sino ante el Centro de Servicios Judiciales de Pamplona
demandaspamplona@cendoj.ramajudicial.gov.co, el Grupo de Fondos Especiales
de la Unidad Ejecutiva de Administración Judicial
aorozcoo@deaj.ramajudicial.gov.co y la funcionaria Natalia Sánchez Rueda
nsancher@deaj.ramajudicial.gov.co en su condición de funcionaria de Unidad
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
En este orden de ideas, sostuvo que se configuró la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
6.3. Respuesta de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
En escrito de 9 de junio de 2023, la magistrada auxiliar del despacho de la
Presidencia de esa corporación judicial solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva y que se desvincule del trámite de tutela. Lo
anterior, teniendo en cuenta que la entidad encargada de administrar las cuentas
corrientes abiertas en el Banco Agrario que componen el Fondo para la
Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, es el
Grupo de Fondos Especiales, dependencia adscrita a la Unidad de Presupuesto
2 La accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo
electrónico: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co;
sedsecuc@cendoj.ramajudicial.gov.co; secsaladmnsan@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
bssuarez@hotmail.es y recepcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co;
direcseccuc@cendoj.ramajudicial.gov.co; dsajcucnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, siendo ésta entidad la que
tiene aptitud legal para atender la solicitud.
Agregó que los correos electrónicos aorozcoo@deaj.ramajudicial.gov.co y
nsancher@deaj.ramajudicial.gov, adonde fue recibida la petición, son del dominio
de la referida Dirección y pertenecen a servidores judiciales de la misma, por lo
que independientemente de que el Consejo Superior de la Judicatura haya sido
mencionado en el escrito de tutela por la actora, debe ser desvinculado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
De manera preliminar a estudiar el asunto objeto de debate, la Sala advierte que le
asiste razón al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander, en cuanto a la configuración de la falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues de conformidad con las pruebas
allegadas al expediente y el informe de respuesta al trámite de tutela, es claro que
la petición elevada por el accionante no se remitió a ninguna dirección de correo
electrónico de dichas entidades sino a otras pertenecientes al Centro de Servicios
Judiciales de Pamplona y al Grupo de Fondos Especiales de la Unidad Ejecutiva
de Administración Judicial.
Cabe resaltar que la legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela
hace referencia a “la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción,
de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental”3.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre
otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que
el juez constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda
exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o
su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en
la ley, desconoce la Carta Fundamental. Ello obliga, por tanto, a remover los
obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una
forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de
las garantías procesales de quien es demandado”4.
En el asunto bajo examen, la Sala advierte que como quiera que la petición no fue
radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
3 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Judicatura de Norte de Santander, no son los llamados a responder por la
supuesta vulneración del derecho fundamental de petición y, por tanto, carecen de
legitimación para conformar la parte demandada, por lo que se impone ordenar su
desvinculación del trámite de tutela.
3. Planteamiento del problema jurídico
La Sala debe determinar si en el presente caso se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado, como quiera que mediante correo electrónico de 24 de
mayo de 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial brindó respuesta
a la solicitud presentada por el accionante, en nombre propio, de lo cual da cuenta
el informe rendido en este trámite constitucional.
En caso de que la respuesta a este interrogante sea negativa, se debe establecer
si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la
actora, al no emitir respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud radicada
por el actor el 17 de febrero de 2023, en nombre propio, en la que solicitó la
devolución de recursos consignados por error en una cuenta del Fondo para la
Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los
días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Bryam Steep Suárez Rangel interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
con el con el fin de que se le ordene dar respuesta clara, concreta y de fondo a la
solicitud formulada el 17 de febrero de 2023, con el fin de que le sean devueltos
dineros consignados por error a una cuenta perteneciente a dicha entidad.
4.2. Al respecto, la Sala encuentra que en el caso concreto se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta
que la pretensión formulada por el actor, consistente en que se emitiera respuesta
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a la petición se encuentra satisfecha, por las razones que se exponen a
continuación:
En primer lugar, cabe resaltar que la solicitud presentada por el demandante el 17
de febrero de 2023, se formuló en los siguientes términos:
“Según la Resolución 4179 de fecha 22 de mayo de 2019 del Consejo Superior de la
Judicatura, son requisitos para solicitud en mención, los siguientes a) Documento
firmado en el cual indique el valor total de la solicitud, el motivo y declaración bajo la
gravedad de juramento de que no ha realizado otra solicitud sobre dicha devolución, ni
ha recibido pago alguno por este mismo concepto. De presentarla por conducto de
apoderado, debe anexar el documento que así lo acredite con constancia de
presentación personal ante juez o notario. b) Si se trata de una persona jurídica, su
representante legal o apoderado debe anexar, certificado de existencia y
representación legal expedido por la autoridad competente con una antelación no
mayor a un mes al momento de su presentación ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo. c) Cuando
la solicitante sea una entidad financiera, deberá adjuntar certificado de existencia y
representación legal emitido por la Superintendencia Financiera. d) Si la solicitud es
formulada por una Notaría Subsidiada, debe aportar copia del acta de posesión del
notario, resoluciones) del año que clasifica la notaría como subsidiada, certificación
emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro que acredite que para el año
correspondiente el notario reclamante fue beneficiado con el subsidio. e) Copia
auténtica del comprobante de consignación realizada en aquellos casos que hace
parte de un proceso judicial; o deberá aportar el original del comprobante de la
consignación cuando ésta no haga parte de un proceso judicial. En ambos casos,
supletoriamente se admitirá el certificado bancario en donde consten los datos del
consignante: nombre, referencia - número de identificación, así como fecha, valor y
oficina en que se efectuó la consignación. f) Copia auténtica del acto administrativo,
providencia judicial o acta de conciliación que dio origen a la consignación, que
permita evidenciar el error de consignación. g) Certificación de la entidad bancaria en
la que indique número de cuenta, tipo de cuenta, nombre del titular y estado de la
cuenta en donde se deben situar los recursos por concepto de devolución. Requisito
que se establece por control de gestión del riesgo, por lo cual el titular de la cuenta
debe corresponder al directo beneficiario de la solicitud, trátese de persona natural o
jurídica. h) Fotocopia del documento de identidad del beneficiario de la solicitud -
titular de la cuenta bancaria.
Habiendo identificado los requisitos para el caso puntual me permito referirme a cada
uno, con la finalidad de manifestar cumplimiento.
PRIMERO: Respecto al requisito “a”, el presente documento funge la función de
solicitud expresa de devolución por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.403.590) por concepto de ERROR,
ya que, dicha suma se depositó al convenio 13477 SCJ IMPUESTO DE TEMATE -
RM; la cual debía ser realizada como depósito judicial al JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE PAMPLONA por concepto de Remate judicial para el proceso
54518400300220180043600. De igual modo manifiesto, bajo gravedad de juramento
que, no ha realizado con antelación otra solicitud con el mismo objeto de la presente.
Finalmente, la solicitud se presenta a título personal, en virtud a la declaración
autenticada de MARTHA HELENA ORTEGA JAIMES identificada con número de
cédula (…) (ver anexos) la cual reza lo siguiente. 1. Libre e inequívocamente cedo mis
derechos como beneficiaria a BRYAM STEEP SUAREZ RANGEL identificado con
número de cédula (…), dentro del trámite ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, para devolución de sumas de dinero por concepto de error en
consignación, mediante la modalidad de Transferencia a cuenta bancaria del
beneficiario (Reglado en la Resolución 4179 del Consejo Superior de la Judicatura). 2.
En consecuencia, es BRYAM STEEP SUAREZ RANGEL ampliamente facultado para
interponer, tramitar, gestionar, cobrar, recibir devolución de sumas de dinero por
concepto de error en consignación. Lo anterior, en relación a la errónea consignación
realizada el pasado 08 de febrero de 2023 por valor de SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.403.590) al
convenio 13477 SCJ IMPUESTO DE TEMATE - RM; la cual debía ser realizada como
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depósito judicial al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PAMPLONA por
concepto de Remate judicial para el proceso 54518400300220180043600.
SEGUNDO: Respecto a los literales b, c, y, d, no aplican al caso concreto.
TERCERO: Respecto al literal “e”, se adjunta imagen del comprobante original de la
errónea consignación. De igual modo, se adjunta como anexo a este documento, con
la salvedad de manifestación de juramento que se cuenta con el comprobante original
para exhibición para cuando sea requerido.
CUARTO: En cumplimiento del requisito del literal “f” se allega copia de ACTA DE
DILIGENCIA DE REMATE de fecha 3 de febrero de dos mil veintitrés (2023), en la
cual se ordenó a MARTHA HELENA ORTEGA JAIMES identificada con número de
cédula (…) el pago de impuesto del remate que equivale al 5% del mismo, por la
suma de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($3.189.250,00), los cuales deben ser consignados a órdenes
del Consejo Superior de la Judicatura, del Banco Agrario de Colombia, cuenta DTN
impuestos de remate No 3-082-00- 00635-8, como lo indica la norma pertinente,
dentro del término de cinco días contados a partir de la presente diligencia (art. 453
C.G.P.); igualmente debe consignar la diferencia que hay entre la liquidación del
crédito y lo ofertado, es decir, la suma de SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y
SEIS MIL SEICIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
7.166.603,74) (art. 453 C.G.P.) en la cuenta del Banco Agrario de Colombia, cuenta
de depósitos Judiciales del Juzgado No. 54 5l8 40 03 002.
QUINTO: Se deja de presente que, si bien el pago por concepto diferencia que hay
entre la liquidación del crédito y lo ofertado fue ordenado por valor de SIETE
MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS TRES PESOS CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.166.603,74), el mismo se realizó en dos
pagos parciales por cuestiones personales. En tal sentido, es por ello que, los valores
no concuerdan. No obstante, se adjunta comprobante de consignación BIEN realizada
por el valor parcial de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS
($763.015) restante entra la suma ordenada a pagar, y, la suma solicitada a
devolución en el presente escrito. Se manifiesta bajo gravedad de juramento que, se
cuenta con el comprobante original para exhibición para cuando sea requerido.
SEXTO: En cumplimiento del requisito del literal “g”, BRYAM STEEP SUAREZ
RANGEL allega certificado bancario a su titularidad cuenta de ahorros Davivienda
488433736755, vinculada a su número de identificación personal (…). Se reitera que,
si bien a priori la posición de beneficiario correspondería a MARTHA HELENA
ORTEGA JAIMES identificada con número de cédula (…), por cuestiones personales,
ella mediante documento (adjunto) manifestó declaración en la que CEDIÓ su
posición respecto al derecho de ser beneficiario en el trámite de Devolución de sumas
de dinero por concepto de error en consignación, mediante la modalidad de
Transferencia a cuenta bancaria del beneficiario. En consecuencia, es a él suscrito
quien le corresponden las facultades de interponer, tramitar, gestionar, cobrar, recibir
devolución de las sumas de dinero por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($6.403.590) por concepto de error en
consignación
SEPTIMO: En cumplimiento del requisito del literal “g”, se allega copia de la cédula
1094272759 - BRYAM STEEP SUAREZ RANGEL. No obstante, también se allega
cédula de la CEDENTE - MARTHA HELENA ORTEGA JAIMES identificada con
número de cédula 27.620.000.
PETICIÓN
PRIMERO: Respetuosamente se solicita devolución por valor de SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS, por concepto de
ERROR, ya que, dicha suma se depositó al convenio 13477 SCJ IMPUESTO DE
TEMATE -RM; la cual debía ser realizada como depósito judicial al JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PAMPLONA por concepto de Remate judicial para
el proceso 54518400300220180043600.
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SEGUNDO: Consecuentemente, se solicita respetuosamente que, la de devolución
por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA PESOS ($6.403.590) se realice en la cuenta de ahorros Davivienda
488433736755 a titularidad de BRYAM STEEP SUAREZ RANGEL identificado con
número de cédula (…).
(…)”.
En razón a la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial emitió respuesta a la solicitud en los
siguientes términos:
“Señor Bryam Steep Suarez Rangel Reciba un cordial saludo, En atención a su
comunicación mediante la cual solicita una devolución de recursos consignados por
error en una cuenta del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la
Administración de Justicia, de manera atenta me permito informarle lo siguiente: Una
vez recibida su solicitud se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la Resolución 4179 de 2019; por lo que, en observancia del principio de
transparencia, el derecho al debido proceso administrativo, en cumplimiento del orden
de llegada, con motivo de que en esta dependencia se reciben todos los
requerimientos de devolución de dineros de todo el país, y respetando el derecho de
turno consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, se procedió a dar el trámite
correspondiente a la devolución de dineros, la cual debe surtir los siguientes
procedimientos, por tratarse de devoluciones de sumas de dinero a cargo del Estado,
como mecanismo de protección del presupuesto de la Nación – Rama Judicial y de
gestión del riesgo:
i) verificación documental de cumplimiento de requisitos; ii) proyección de resolución
de devolución;
iii) verificación legal, consideración y firma por parte de la directora ejecutiva;
iv) verificación de la cadena presupuestal (verificación, imputación, autorización
presupuestal y contabilización);
v) el Grupo de Fondos Especiales, procede a gestionar el pago a la cuenta del
beneficiario indicada en la solicitud.
Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de devolución de recursos actualmente se
encuentra en el trámite de elaboración del acto administrativo que ordena la
devolución, y una vez se remita el acto administrativo firmado, se procederá con la
verificación de la cadena presupuestal y pago a la cuenta indicada en la solicitud.
Asimismo, en preciso informarle, que una vez se realice el pago, se le informará y
remitirá copia del comprobante por este medio.
Cualquier inquietud con gusto será atendida”.
La respuesta se notificó al correo electrónico del accionante como se observa a
continuación:
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Demandante: BRYAM STEEP SUÁREZ RANGEL
Lo anterior, fuerza a concluir que la pretensión formulada por el actor, en relación
con la emisión de una respuesta de fondo a la petición de 17 de febrero de 2023,
se encuentra satisfecha porque la autoridad demandada le indicó de forma
suficiente el trámite que se debe impartir a su solicitud y el estado actual de la
misma.
De este modo, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la
decisión de primera instancia.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20195, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito
de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho
que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la
inocuidad de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada
ha dejado de desconocer”6.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una
orden al respecto”7.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
5 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
6 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
7 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
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Demandante: BRYAM STEEP SUÁREZ RANGEL
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”8.
Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto porque se configuró
un hecho superado, teniendo en cuenta que la pretensión formulada por el
demandante, en relación con la emisión de una respuesta de fondo a su solicitud,
se encuentra satisfecha, por lo que la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, ya que lo pretendido
se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- DESVINCÚLASE del trámite constitucional al Consejo Superior de la
Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, por las
razones expuestas.
Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
ACLARA EL VOTO
8 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: BRYAM STEEP SUÁREZ RANGEL
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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