Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04450-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04450-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04450-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
24 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04450-00
Demandante: Paula Andrea Echeverri Bolívar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04450-00
Demandante: PAULA ANDREA ECHEVERRI BOLÍVAR
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición con el fin de obtener el pago de una sentencia judicial.
Respuesta con ocasión de la acción de tutela en la que se indica
que la petición está incompleta.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Paula Andrea Echeverri Bolívar1, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, contra el Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, con el objeto de que se acceda al
amparo constitucional del derecho fundamental de petición, el cual considera
vulnerado por la falta de respuesta a la solicitud elevada el 20 de junio de 2024, a
través de la que solicitó el pago de la sentencia judicial proferida en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
05001-33-33-017-2018-00150-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte demandante manifestó que el 20 de junio de 2024, radicó cuenta de
cobro ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para el pago de una
sentencia judicial a su favor.
Indicó que el 22 de julio de 2024, presentó vía correo electrónico una petición con
el fin de que le informaran sobre el estado del trámite y turno de pago de la
sentencia judicial.
Por último, refirió que a la fecha de interposición de la acción de tutela no ha
obtenido respuesta a lo pedido.
2. Fundamentos de la acción
La accionante, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, presentó acción
de tutela con el objeto de que se ampare el derecho fundamental de petición,
supuesta vulneración que sustenta en lo dispuesto en el artículo 23 de la
Constitución Política.
1 Presentada el 22 de agosto de 2024.
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Demandante: Paula Andrea Echeverri Bolívar
Así mismo, agregó que la información relacionada con los turnos de pago de las
sentencias judiciales es esencial para sus intereses, los cuales se ven afectados
por la demora en el cumplimiento de las obligaciones judiciales y administrativas.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“1. Se sirva la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a brindar una respuesta
inmediata sobre la presentación de la cuenta de cobro, incluyendo la confirmación de
recepción y el estado actual del trámite.
2. Se tomen las medidas necesarias para asegurar que se respeten los plazos
establecidos para la respuesta a solicitudes de los ciudadanos, y se garantice la
eficiencia en el manejo de los trámites administrativos”.
4. Prueba relevante
Con el escrito de la demanda se allegó copia de la solicitud presentada el 20 de
junio de 2024, ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
5. Trámite procesal
Por auto del 28 de agosto de 2024, previo a decidir sobre la admisión de la
demanda, el despacho sustanciador requirió al abogado Manuel Antonio
Echavarría Quiroz, para que allegara poder especial que lo acreditara como
apoderado de la señora Paula Andrea Echeverri Bolívar, cuya respuesta se allegó
por medio de memorial del 2 de septiembre de 2024.
Mediante auto del 20 de septiembre de 2024, se dispuso la admisión de la acción
de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la demandante, a las
autoridad accionada -Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en virtud del artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 266450 a
266453 del 25 de septiembre de 2024, con el fin de poner en conocimiento de las
partes el contenido de la providencia.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la oficina del despacho de la presidencia rindió informe
en el que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por
no ser la responsable en atender lo pretendido con la solicitud de tutela.
En ese sentido, indicó que la autoridad encargada de resolver lo solicitado por la
demandante es el Grupo de Sentencias que se encuentra adscrito a la Unidad de
Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
conformidad con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996.
En ese contexto, citó las sentencias con radicado Nos. 11001-03-15-000-2023-
02480-00 y 11001-03-15-000-2023-05747-00 en las que esta Corporación resolvió
casos similares y ordenó la desvinculación de la entidad.
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Demandante: Paula Andrea Echeverri Bolívar
6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El profesional universitario de la Unidad de Asistencia Legal presentó contestación
a los hechos que dieron origen a la solicitud de tutela y pidió que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Expuso que la aludida petición fue contestada por medio del Oficio No.
DEAJALO24-14120 del 30 de septiembre de 2024, en el sentido de requerir a la
parte accionante para que aportara los documentos faltantes para continuar con el
trámite de pago de la sentencia judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que la petición frente a la cual se reclama el
amparo es de competencia de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, quien tiene a cargo el trámite de pago de
sentencias judiciales.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20222 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación
del Consejo Superior de la Judicatura, debido a que ante la misma no se presentó
la solicitud respecto de la cual se alega la supuesta vulneración del derecho
fundamental de petición.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial vulneró a la demandante el derecho fundamental de petición, por la falta
de respuesta a la solicitud elevada el 20 de junio de 2024, a través de la que
solicitó el pago de la sentencia judicial a su favor proferida en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-
33-017-2018-00150-00.
4. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
2 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”3. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
3
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Paula Andrea Echeverri Bolívar
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20114.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La señora Paula Andrea Echeverri Bolívar, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, considera que la falta de respuesta a la solicitud elevada el 20
de junio de 2024, a través de la cual pidió el pago de la sentencia judicial a su
favor proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 05001-33-33-017-2018-00150-00, vulnera el derecho
fundamental de petición, por lo que solicita que se ordene a la autoridad
competente que dé respuesta a lo pedido.
De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, se evidencia
que la solicitud fue presentada ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial el 20 de junio de 2024, en la que pidió lo siguiente:
“Comedidamente solicito se sirva pagar:
La condena establecida dentro del Proceso radicado
05001333301720180015000, tramitado por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa”.
Con el informe rendido a esta acción de tutela, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial informó que por medio de Oficio No. DEAJALO24-14120
del 30 de septiembre de 2024, notificado a la accionante el mismo día, el director
administrativo del grupo de sentencias de la Unidad de Asistencia Legal dio
respuesta a lo solicitado en el sentido de indicarle:
“Teniendo en cuenta su solicitud de fecha 20 DE JUNIO DE 2024, con número
de gestión documental EXTDEAJ24-24851, se logra evidenciar que los
documentos aportados se encuentran incompletos.
Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 el
Grupo de Sentencias, de la Unidad de Asistencia Legal, le solicita aportar,
dentro del término previsto en el inciso 1° de la norma citada, la documentación
e información relacionada a continuación, según lo contemplado en el capítulo
quinto, artículo 2.8.6.5 del Decreto 2469 de 22 de diciembre de 2015 y la
Circular DEAJC23-28 del 15 de junio de 2023.
1. Allegar Copia Auténtica de la Providencia de Primera instancia.
4
La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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2. Radicar Constancia Secretarial de la sentencia con su correspondiente
constancia de notificación y fecha exacta de ejecutoria de conformidad con lo
señalado en el artículo 114 inciso 2º del Código General del Proceso (título
ejecutivo constancia en original)
De no aportar los documentos solicitados se aplicará la consecuencia
establecida en el inciso tercero del artículo 17 ut supra; esto es, “se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido
solicite prórroga hasta por un término igual”.
De igual manera, la autoridad accionada a través de la correspondiente
dependencia demostró haber remitido el precitado oficio a la dirección de correo
electrónica informada por el apoderado de la accionante (amaeq@hotmail.com),
como se observa en la siguiente imagen:
De la respuesta enviada a la actora, se destaca que la documentación aportada se
encuentra incompleta, toda vez que se requirió para que allegara copia auténtica
de la providencia de primera instancia y la correspondiente constancia de
notificación y la fecha exacta de ejecutoria de la sentencia expedida por la
secretaría del despacho judicial de primera instancia.
5.2. Así las cosas, la Sala no puede considerar que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial hubiera transgredido el derecho fundamental de petición
de la señora Paula Andrea Echeverri Bolívar, puesto que como se ha evidenciado,
la petición radicada el 20 de junio de 2024 se entiende incompleta como quiera
que, no aportó la totalidad de la documentación exigida, de acuerdo con la
normatividad aplicable.
En ese sentido, se tiene que la entidad accionada respondió la solicitud
interpuesta por la señora Paula Andrea Echeverri Bolívar, pues aunque no lo haya
resuelto de fondo, le informó a la accionante la documentación que debía allegar
conforme al artículo 2.8.6.55 del Decreto 2469 de 2015 y la Circular DEAJC23-28
del 15 de junio de 2023.
5 ARTÍCULO 2.8.6.5.1. Solicitud de pago. (…) Para tales efectos se anexará a la solicitud, la siguiente
información: (…) b. Copia de la respectiva sentencia, laudo arbitral o conciliación con la correspondiente fecha
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En efecto, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 6, el
cual dispone que cuando la autoridad constate que la solicitud radicada está
incompleta, requerirá con el fin de que dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de radicación se complete en el término máximo de un (1) mes.
En tal sentido, la Sala concluye que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial procedió de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
1755 de 2015, disposición que prevé que cuando la autoridad constate que una
solicitud presentada está incompleta o que el solicitante debe llevar a cabo una
gestión adicional necesaria para llegar a una decisión de fondo, se le pedirá al
solicitante que la complete y que a partir del día siguiente en que el interesado
aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
En consecuencia, se negará el amparo solicitado por la señora Paula Andrea
Echeverri Bolívar en tanto, como quedó visto, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no ha impartido el trámite de pago de sentencia judicial por
causas imputables a la accionante.
En cualquier caso, teniendo en consideración que la autoridad excedió el plazo
para requerir a la solicitante para que allegue la documentación completa para
resolver su solicitud, la Sala instará a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para que, en lo sucesivo, en el evento de que se presenten peticiones
incompletas efectúe el requerimiento en el plazo de diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, conforme lo dispone el artículo
17 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de evitar que se repitan los hechos que
dieron lugar a la presentación de la acción de tutela bajo estudio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- DESVINCULAR de la presente acción de tutela al Consejo Superior de
la Judicatura, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Segundo.- DENEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora Paula Andrea Echeverri Bolívar, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- INSTAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que, en
lo sucesivo, en el evento de que se presenten peticiones incompletas efectúe el
de ejecutoria. (…) f. Los demás documentos que por razón del contenido de la condena u obligación, sean
necesarios para liquidar su valor y que no estén o no deban estar en poder de la entidad, incluidos todos los
documentos requeridos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación para realizar los
pagos”.
6 “Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el
interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.
(…)”
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Demandante: Paula Andrea Echeverri Bolívar
requerimiento en el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
radicación de la solicitud, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, con el fin de evitar que se repitan los hechos que dieron lugar a la
presentación de la acción de tutela bajo estudio.
Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
8
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