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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02501-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02501-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo por no superar el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02501-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de junio de 2023

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00
Demandante: OLGA LUCÍA MEJÍA GIRALDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente –
relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora
Olga Lucía Mejía Giraldo contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 15 de mayo de 2023, la señora Olga Lucía Mejía
Giraldo, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Con su solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, y a los principios
constitucionales de situación más favorable al trabajador, perpetuatio jurisdictionis,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente.

2. La trasgresión de las citadas garantías constitucionales se las adjudica a la
sentencia proferida el 20 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío.
En dicha providencia se confirmó la decisión de primera instancia del 17 de agosto
de 2022 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, que
negó las súplicas de la demanda. Lo anterior, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho presentado por la actora contra la Nación, Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
FOMAG) y departamento de Quindío – Secretaría de Educación1.

1 Proceso identificado con el número de radicación 63001-3333-006-202-00026-00/01.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la actora solicitó:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO en la sentencia proferida el día 20 de abril de 2023, en el expediente rad.
No. 63001-3333-006-2022-00026-02, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes […] (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La señora Olga Lucía Mejía Giraldo se desempeña como docente oficial en
el departamento de Quindío.

5. Mencionó que el 15 de febrero del año 2021, el FOMAG omitió el deber legal
de consignarle las cesantías a las que tiene derecho por los servicios prestados en
el año 2020.

6. El 14 de julio de 2021, solicitó ante la autoridad correspondiente el pago de
sus cesantías, con el correspondiente reconocimiento de la sanción por mora
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y equivalente a 1 día de salario
por cada día de retardo, desde el 15 de febrero de 2021, hasta la fecha en que se
acreditara el pago de dicha prestación económica.

7. Así mismo pidió el reconocimiento de la indemnización por el pago tardío de
los intereses a las cesantías, según lo establecido en el artículo 1º de la Ley 52 de
1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

8. Pese a lo anterior, las entidades guardaron silencio y con ello, el 14 de
octubre de 2021 se configuró un acto administrativo ficto.

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Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

9. Por los hechos expuestos, la señora Olga Lucía Mejía Giraldo instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de La Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y el
departamento de Quindío.

10. En dicho medio de control solicitó la nulidad del acto administrativo ficto
configurado el 14 de octubre de 2021 frente a la petición presentada el 14 de julio
de esa misma anualidad, y a título de restablecimiento que se condenara a los
demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

11. En providencia del 17 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda tras considerar que
el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el
contenido en la Ley 91 de 1989.

12. En contra de la anterior decisión, la señora Mejía Giraldo presentó recurso
de apelación2. Este fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío que, en sentencia del 20 de abril de 2023, decidió
confirmar el fallo de primer grado.

13. Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial accionada indicó que
la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la falta de consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99
de la Ley 52 de 1975, ni la indemnización por el pago tardío de los intereses. Lo
anterior, toda vez que la demandante es docente afiliada al FOMAG y se rige por
Ley 91 de 1989 con sus modificaciones.

1.4. Fundamentos de la vulneración
14. La tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales
genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió
que el asunto goza de relevancia constitucional.

15. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se
superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber de
analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la
accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de
la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

16. Arguyó que, al no estar asegurados los recursos de las cesantías en el
FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación, lo que a su juicio está

2 Como fundamento del recurso, la accionante citó la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional, mediante la cual dicho tribunal constitucional consideró que, en cuanto a los intereses
de las cesantías, el régimen docente no es más favorable que el general, por lo que los docentes
tienen derecho al pago oportuno de las cesantías so pena de la sanción moratoria y los intereses del
régimen general.

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Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
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transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo
demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

17. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al
derecho a la igualdad de los profesores frente a otros servidores públicos que gozan
de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando los mismos
tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia
constitucional. Aunado a ello, refirió que el escrito de tutela plasmó de manera
contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los
derechos invocados, no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o
sobre una irregularidad procesal, ni de una tercera instancia y no es contra una
sentencia de la misma índole.

18. Aludió que el Tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la
situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha
reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de
regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron
los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.

19. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió los
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. Refirió que en casos
similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están
amparadas bajo un régimen especial, aplicando la sanción moratoria de cesantías
a los docentes del sector oficial por el pago tardío de las mismas. En esos términos,
citó las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de
2018.

20. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas
sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del
precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la
aplicación de la Ley 50 de 1990 a los profesores afiliados al FOMAG y ha llegado a
la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal Administrativo
del Quindío.

21. A continuación, se relacionan las providencias referidas en el numeral
anterior por la parte actora:

Corte Constitucional
No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES
1 Exp. T- 17 de Dra. GLORIA SENTENCIA DE
6.736.200 octubre de STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 098/2018
2018 DELGADO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

2 Exp. T- 25 de julio Dr. GLORIA SENTENCIA DE
5904426 y de 2019 STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 332/2019
otros DELGADO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3 Exp. T- 6 de Dr. LUIS SENTENCIA DE
7.182.312 y febrero de GUILLERMO UNIFICACIÓN 041/2020
otros 2020 GUERRERO DE LA CORTE
PÉREZ CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES
1 08001-23-33- 6 de agosto Dra. SANDRA SENTENCIA DE
000-2013- de 2020 LISSET IBARRA UNIFICACIÓN DEL
00666-01 CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
2 76001-23-31- 24 de Dra. SANDRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000- enero de LISSET IBARRA CORTÉS - Dr. CARMELO
200900867- 2019 PERDOMO CUÉTER
01, No.
Interno: 4854-
2014
3 11001-03-15- 17 de junio Dr. NICOLÁS Dr. JAIME ENRIQUE
000-2018- de 2019 YEPES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 CORRALES Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE
4 11001-03-15- 28 de junio Dr. ROBERTO Dra. NUBIA MARGOTH
000-2018- de 2019 AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 SERRATO HERNANDO SANCHEZ
VALDÉS SÁNCHEZ
5 11001-0315- 29 de julio Dr. NICOLÁS Dr. JAIME ENRIQUE
000-2018- de 2019 YEPES RODRÍGUEZ NAVAS -
03499-01 CORRALES Dr. GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE
6 08001 23 33 2 de Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM
000 2014 diciembre FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ -
00173-01 de 2019 SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
(1688-16) VARGAS HERNÁNDEZ
7 08001-23-33- 10 de junio Dra. SANDRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2014- de 2020 LISETH IBARRA CORTÉS - Dr. CARMELO
00208-01 PERDOMO CUÉTER
8 08001-23-31- 22 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO
000-2014- octubre de HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
2020 GÓMEZ

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

00254-01 GABRIEL VALBUENA
(4960-2017) HERNÁNDEZ
9 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO
000-2014- noviembre HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
00132-01 de 2020 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 17 de junio Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM
000 2014 de 2021 VALBUENA HERNÁNDEZ GÓMEZ -
00815 01 HERNÁNDEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO
(4979–2017) SUÁREZ VARGAS
11 08001-23-33- 17 de junio Dr. CÉSAR Dra. SANDRA LISSET
000-2015- de 2021 PALOMINO IBARRA VÉLEZ - Dr.
00331-01 CORTÉS CARMELO PERDOMO
CUÉTER
12 19001-23-33- 4 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
00445- de 2021 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
02(0483-20) HERNÁNDEZ
13 08001-23-33- 25 de Dra. SANDRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2014- noviembre LISSET IBARRA CORTÉS - Dr. CARMELO
01127-01 de 2021 PERDOMO CUÉTER
(1002-2021)
14 40001-23-40- 25 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO
000-2017- noviembre HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
00134-01 de 2021 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
(2208-2020) HERNÁNDEZ
15 080001-23- 11 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO
40-000-2015- noviembre HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
90008-01 de 2021 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
(2387-2020) HERNÁNDEZ
16 080001-23- 11 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM
40-000-2014- noviembre VALBUENA HERNÁNDEZ GÓMEZ -
90022-01 de 2021 HERNÁNDEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO
(5154-2016) SUÁREZ VARGAS
17 080001-23- 20 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM
33-000-2017- enero de VALBUENA HERNÁNDEZ GÓMEZ -
00931-01 2022 HERNÁNDEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO
(1001-2021) SUÁREZ VARGAS
18 080001-23- 3 de marzo Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL
33-000-2015- de 2022 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00075-01 GÓMEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
(2660-2020) VALBUENA
HERNÁNDEZ

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

19 76001-23-33- 28 de abril Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2013- de 2022 PERDOMO CORTÉS - Dra. SANDRA
00756-01 CUÉTER LISETH IBARRA
(2224-2020)
20 080001-23- 9 de mayo Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM
40-000-2017- de 2022 FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ -
00795-01 SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
(2659-2020) VARGAS HERNÁNDEZ
21 47-001-23-33- 19 de mayo Dra. SANDRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2019- de 2022 LISSET IBARRA CORTÉS - Dr. CARMELO
00359-01 PERDOMO CUÉTER
(4004-2021)
22 47-001-23-33- 1 de julio Dra. SANDRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2019- de 2022 LISSET IBARRA CORTÉS - Dr. CARMELO
00376-01 PERDOMO CUÉTER
(4462-2021)
23 08001-23-33- 22 de Dr. CÉSAR Dr. SANDRA LISSET
000-2015- Agosto de PALOMINO IBARRA VELEZ – Dr.
00509-01 2022 CORTÉS CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
24 08001-23-33- 22 de Dr. CESAR Dr. SANDRA LISSET
000-2015- Septiembre PALOMINO IBARRA VELEZ – Dr.
90124-01 de 2022 CORTÉS CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
25 76001-23-31- 19 de Dr. WILLIAM DR. RAFAEL
000-2012- enero de HERNANDEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 2023 GOMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
26 47001-23-33- 26 de DR. RAFAEL DR. WILLIAM
000-2018- enero 2023 FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ –
0231-01 GOMEZ DR. GABRIEL
(0871-2020) VALBUENA
HERNANDEZ

22. Hasta la sentencia número 23 enumerada, la parte actora se limitó a citar
textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley
50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al
Estado.

23. Por último, el apoderado de la señora Mejía Giraldo, trajo a colación las
siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha
decidido en ese sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

No. RADICADO F. JUZGADO JUEZ
EXPEDIENTE DECISIÓN
1 66001 3333 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO CRISTINA ISABEL
001 2022 DEL CTO DE SANCHEZ BRITO
0002000 PEREIRA
2 05001 3333 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO PATRICIA
019 2022 ORAL DEL CTO DE CÓRDOBA
0009700 MEDELLIN VALLEJO
3 70001 3333 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO LISSETE MAIRELY
002 2022 ORAL DEL CTO DE NOVA SANTOS
0007200 SINCELEJO
4 27001 3333 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO YUDY YINETH
002 2022 ORAL DEL CTO DE MORENO CORREA
0014700 QUIBDÓ
5 76001 3333 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO JUAN MIGUEL
002 2022 DEL CTO DE MARTINEZ
0006600 GUADALAJARA DE LONDOÑO
BUGA
6 76111 3333 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO LEIDY JOHANNA
003 2022 DEL CTO DE URIBE MOLINA
0006600 GUADALAJARA DE
BUGA
7 68001 3333 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ARLEY MENDEZ DE
002 2022 DEL CTO DE LA ROSA
0006500 BUCARAMANGA
8 68001 3333 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO JAIRO GARCIA
009 2022 DEL CTO DE SUAREZ
00010900 BUCARAMANGA
9 27001 3333 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO EMILSON
005 2022 DEL CTO DE MARMOLEJO
0012200 QUIBDÓ GARCIA
10 11001 3342 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO NORBERTO
051 2022 DEL CTO DE MENDIVELSO
0009800 BOGOTÁ PINZON

1.5. Trámite de la acción de tutela

24. En auto del 16 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión admitió
la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del Quindío.
Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) el Juzgado Sexto
Administrativo de Armenia, ii) la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, iii) la Fiduprevisora S.A., iv)
Departamento de Quindío – Secretaría de Educación y; v) de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones e informes
25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo
Demandado: Tribunal Administrativo del
Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

26. Señaló que la acción de tutela es un mecanismo autónomo, residual y
subsidiario lo que significa que el extremo activo debe haber acreditado que agotó
todos los medios ordinarios y extraordinarios, y/o constatar que existió necesidad
urgente para que sea razonable y justificado el amparo solicitado.

27. Dicho lo anterior, sostuvo que a su juicio no se evidencia violación alguna a
derechos del accionante y por tanto el presente mecanismo constitucional resultaba
improcedente.

1.6.2. Fiduprevisora S.A.
28. En primer lugar, manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el
proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir que
los mismo desconocieron precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de
la demanda.

29. Finalmente solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela
y que se desvinculara a la Fiduprevisora, quien actúa en calidad de vocera y
administradora de Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

1.6.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia
30. Solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo constitucional al
carecer el asunto de relevancia constitucional y no acreditar la configuración de
defecto alguno que dé lugar a una vulneración a derechos fundamentales.

31. Adicionalmente, pidió que se diera aplicación al precedente judicial contenido
en la sentencia SU 573 de 2019 de la Corte Constitucional, y a las providencias del
9 de julio de 20203 y 28 de mayo de 20204 proferidas en sede de tutela por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

32. El Tribunal Administrativo del Quindío, pese a ser debidamente notificado del
presente trámite tutelar, se limitó a remitir copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho N. 63001-33-33-001-2022-00010-02. Al respecto es
menester poner de presente que el expediente en comento no corresponde al
solicitado por este despacho5.

33. Finalmente, el departamento del Quindío – Secretaría de Educación y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser debidamente
notificados, guardaron silencio.

3 11001-03-15-000-2019-05205-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra
4 11001-03-15-000-2020-01384-00 MP. Rocío Araujo Oñate
5 Pese a tratarse de otro expediente judicial, este despacho no procedió a realizar nuevamente la

solicitud, toda vez que el proceso materia de la presente acción de tutela fue remitido por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Armenia.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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34. Por otra parte, mediante oficios remitidos el 31 de mayo y el 9 de junio de
2023, el apoderado de la parte actora presentó pronunciamiento respecto de las
contestaciones realizadas en el curso de la presente acción de tutela.

35. En dichos oficios además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito
de tutela, manifestó que, si bien es claro que se debe respetar la autonomía e
independencia judicial, a su juicio, existe la necesidad de un pronunciamiento en
sede de tutela en el presente caso ante la voluminosa y reiterativa jurisprudencia de
las altas cortes. Adicionalmente sostuvo que el presente mecanismo constitucional
es procedente de conformidad con lo establecido en la sentencia C-590 de 2005.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

36. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la señora Olga Lucía Mejía Giraldo contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

37. La Fiduprevisora S.A. alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por ende, solicitó ser desvinculada del presente proceso. La sala negará tal petición,
comoquiera que, su vinculación fue en calidad de tercero con interés y no como
accionado.

2.3. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la sala advierte que la
señora Olga Lucía Mejía Giraldo se encuentra legitimada en la causa por activa.
Esto porque figura como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

40. Por su parte, esta colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del
Quindío también está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial
que profirió las decisiones reprochadas en esta oportunidad.

2.4. Problemas jurídicos

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41. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela. De encontrarse superados los mismos, la sala analizará lo siguiente:

42. ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo, al incurrir en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial con la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 en la que se confirmó lo
resuelto por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en providencia
del 17 de agosto de 2022 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho?

43. Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el
criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales8.

45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial11.

46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la
acción no se intente reabrir el debate de instancia.

10 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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48. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

49. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

50. En primer lugar, se advierte que el alto tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200512. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como
ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes13. (Subrayado fuera de texto).

51. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202214, el alto tribunal

12
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción
de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al
señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se
instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial;
c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que
las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
14 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en

primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional
esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo
anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.

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unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste
o no de relevancia constitucional. La sala expondrá estos parámetros en el siguiente
gráfico para mayor entendimiento:

Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se
cumple con los cometidos de la relevancia constitucional

Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.

Relevancia constitucional -
La protección de la autonomía e independencia de los La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La
jueces. tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se

sentencia Corte
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los

Constitucional 2022
jueces naturales”.

la preservación de la específica finalidad de la acción de Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
los derechos fundamentales. grave un derecho fundamental.

la prevención del uso indebido de la acción como una El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
instancia adicional de los procesos adelantados ante las ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
jurisdicciones competentes o para la solución de actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
discusiones de naturaleza eminentemente legal fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar
una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.

52. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 15, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de
2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

53. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.

54. Finalmente, esta sección en sentencia del 29 de septiembre de 202216
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.

55. Con tales precisiones, debe recordarse que la parte accionante atribuye al
Tribunal Administrativo del Quindío haber incurrido en un defecto sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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aplicable a la situación en particular. Lo anterior por no haberle reconocido la
sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

56. De la lectura de la solicitud de amparo, la sala declarará improcedente la
acción constitucional, dado que el presente asunto carece de relevancia
constitucional por las razones que a continuación se exponen.

57. Es importante resaltar que esta sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia
en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las cesantías siempre que
se acreditan los demás requisitos. No obstante, en el caso en concreto no se discute
sobre la prestación social sino acerca de la sanción establecida por su pago
extemporáneo.

58. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de
prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta
que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador»17.

59. De acuerdo con el precedente establecido por esa Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, aclaró que no ocurre
lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria
cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo anterior porque este
monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal y económica, lo que
no da lugar a la intervención del juez constitucional.

60. En ese orden, esta sección reiterará la postura de la Corte Constitucional y,
en consecuencia, declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por
esta sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se
controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían negado
solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías18.

17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
18 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto

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Quindío
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Olga Lucía Mejía Giraldo por no superar el requisito general de procedibilidad de la
relevancia constitucional

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo, proveído
del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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