Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02515-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02515-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02515-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Derecho de petición.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Johny Alfonso Romero Rocha
contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía General
de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Contraloría Distrital de
Barranquilla, la Alcaldía de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación y
Colfondos S.A.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 15 de mayo de 2023, el señor Johny Alfonso Romero Rocha instauró demanda
de tutela, con fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de
petición, seguridad social y vida digna. Considera que tal prerrogativa fue vulnerada
por las accionadas al no resolver de fondo una solicitud que elevó el 30 de noviembre
de 2022, originada en la presunta mora de su ex empleador en la consignación de
los aportes pensionales durante el periodo de tiempo en que estuvo vinculado en la
Contraloría Distrital de Barranquilla.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a que:
<< ordene a la PRESIDENCIA DE COLOMBIA RESOLVER DE FONDO MI DERECHO
DE PETICION Y DENUNCIA que incluya la APERTURA DE INVESTIGACION
CONTRA EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA por su OMISION
en sancionar a COLFONDOS por las conductas permisivas y omisivas que han
permitido que la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y EL DISTRITO
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
DE BARRANQUILLA se roben mis aportes pensionales de 24 meses y sus
rendimientos financieros de 23 años que hoy suman $350.000.0000 trescientos
cincuenta millones de pesos
(…) ORDENE A COLFONDOS, CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y
A DISTRITO DE BARRANQUILLA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA A
CONSIGNAR DE FORMA INMEDIATA MIS APORTES PENSIONALES Y
RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INDEXACION DE 23 AÑOS DE MORA EN MI
CUENTA INDIVIDUAL DE COLFONDOS A NOMBRE DE JOHNY ALFONSO
ROMERO ROCHA CC 72.200.057. COLFONDOS ES SOLIDARIA EN ESTA DEUDA
POR SU OMISION EN EL COBRO COMO LO SEÑALA LA LEY.
Solicito se ordene a MINISTERIO DE TRABAJO, PROCURADURIA, FISCALIA,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, COLFONDOS,
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y DISTRITO DE BARRANQUILLA
RESOLVER DE FONDO MI PETICIÓN Y DENUNCIA>>.
3.- Como sustento fáctico de sus pretensiones, el accionante relató que, en ejercicio
del derecho de petición, el 30 de noviembre de 2022, a través de correo electrónico2,
elevó una solicitud ante la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la
Nación, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Financiera de Colombia, la
Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Barranquilla, la Contraloría Distrital
de Barranquilla y Colfondos S.A., con el fin de que se investigaran y sancionaran una
serie de irregularidades que se originaron en los siguientes hechos, y se hiciera el
pago de sus cotizaciones:
(i). Desde el 6 de abril de 2001 hasta el 8 de septiembre de 2003, laboró en la
Contraloría Distrital de Barranquilla. No obstante, durante 24 meses, la entidad
no consignó los aportes por concepto de pensión obligatoria al fondo pensional
al cual se encontraba afiliado el accionante -Colfondos S.A.-. Agregó que, para
ese entonces, contaba con 104 semanas cotizadas en la Contraloría, pero que
las mismas no han sido reconocidas por el fondo de pensiones debido al no pago
de los aportes por parte de su empleador. Aseveró que Colfondos ha sido
negligente en el cobro del dinero adeudado, pues han transcurrido más de 20
años sin que haya iniciado el proceso de cobro coactivo, a fin de recuperar esos
dineros.
(ii). Afirmó que, a través de acto administrativo expedido en 2021, la Secretaría
General de la Contraloría Distrital de Barranquilla reconoció que la entidad
adeudaba los aludidos aportes pensionales y sus respectivos intereses
moratorios y que se encontraba desarrollando el saneamiento contable y
adelantando las gestiones pertinentes para la consecución de los recursos a fin
de pagar dicha obligación.
2 Dirigido a las siguientes direcciones electrónicas: contacto@presidencia.gov.co, super@financiera.gov.co,
quejas@procuraduria.gov.co, asuntosciviles@procuraduria.gov.co, funcionpublica@procuraduria.gov.co,
presidencia@senado.gov.co, jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co,
solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co, notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co y
cgrcgr@contraloria.gov.co.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iii). Reprochó que transcurrió más de un año desde dicha respuesta, sin que se
hiciera el pago de sus aportes. Además denunció que entre agosto y octubre de
2022 “se esfumaron por mala administración $27.500.000” de su ahorro
pensional.
4.- En respuesta a dicha solicitud, la Presidencia de la República, por medio del
Oficio OFI22-00165864 del 15 de diciembre de 2022, le indicó que, al carecer de
competencia para conocer del asunto, sería del caso remitirlo a la Procuraduría
General de la Nación y la Superintendencia Financiera de Colombia, sin embargo,
comoquiera que la solicitud también se dirigió a las mismas, se abstendría de ello.
5.- Por su parte, el 12 de diciembre de 2022, Colfondos S.A. brindó respuesta a la
solicitud formulada por el actor, indicándole que, una vez realizadas las verificaciones
correspondientes, encontró que su ex empleador registra una mora por concepto de
aportes pensionales durante los periodos comprendidos entre noviembre de 2001 a
agosto de 2002, noviembre de 2002 a febrero de 2003 y abril de 2003 a septiembre
de 2004. En virtud de ello, le informó que, a través de oficio COB-SER-0307-12-06
del 6 de diciembre de 2022, procedió a realizar el cobro respectivo, por lo que, una
vez reciba el pago de los mismos, estos serán acreditados en su cuenta de ahorro
individual.
6.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que las accionadas vulneraron
su derecho fundamental de petición, toda vez que no han resuelto de fondo la
petición que presentó. Además, cuestiona que, pese a que la Contraloría Distrital de
Barranquilla ya reconoció que adeuda los aportes pensionales objeto de reclamo, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la
Superintendencia Financiera de Colombia no han sancionado a la entidad ni a su
fondo de pensiones.
7.- Aunado a lo anterior, manifestó que la Presidencia de la República tampoco
resolvió de fondo su solicitud, aun cuando en la misma está vinculada la
Superintendencia Financiera de Colombia por ser omisiva en ejercer el control
adecuado de las actuaciones de su ex empleador y su fondo de pensiones. En ese
sentido, reprochó que a pesar de que el Primer Mandatario funge como Jefe Directo
del Superintendente, no abrió una investigación disciplinaria en su contra. A su vez,
cuestionó que la Presidencia le hubiera otorgado la categoría de “copia” a la petición
que presentó, sin fundamento legal alguno.
8.- Por otro lado, manifestó que la mora en el pago de sus aportes pensionales por
parte de la Contraloría Distrital de Barranquilla, así como el no cobro de los mismos
por parte de Colfondos S.A. vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad
social y vida digna, toda vez que para obtener el reconocimiento de la pensión de
vejez depende de los ahorros que tiene consignados en su fondo de pensiones. Sin
embargo, dichas omisiones le han impedido obtener “el dinero suficiente” que le
garantice por lo menos una mesada pensional de un (1) S.M.M.L.V. Además, señaló
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que si bien en la actualidad tiene 50 años de edad y para obtener la pensión debe
contar con 62 años y 1300 semanas cotizadas, no tiene por qué esperar 12 años
más para que se le paguen los aportes que le adeudan.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
9.- Mediante auto del 19 de mayo de 2023, se dispuso inadmitir la demanda de tutela
de la referencia para que, en el término de tres (3) días contados a partir de la
notificación de ese proveído, la parte actora procediera a su corrección, precisando
de forma clara los hechos, así como las actuaciones y/o omisiones en las que
presuntamente incurrió la Presidencia de la República, que considera vulneratorias
de los derechos fundamentales invocados. Además, requirió al accionante para que
remitiera algún soporte documental que permitiera acreditar la respectiva constancia
de envío o radicación de la solicitud que afirma haber elevado ante las accionadas.
10.- Una vez subsanada en debida forma, por auto del 7 de junio de 2023, se admitió
la acción de tutela, se ordenó notificar de su presentación a las demandadas, así
como vincular a la Contraloría General de la República y al Senado de la República3,
en calidad de terceros con interés. Adicionalmente, se dispuso comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo.
(i) Presidencia de la República4
11.- La entidad solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional, dado
que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda. Al respecto,
señaló que, en el marco de las funciones a ella asignadas, no le corresponde: (i)
determinar si existieron irregularidades en el pago de los aportes de pensión por
parte de la entidad empleadora del accionante, toda vez que la Contraloría Distrital
de Barranquilla y ese distrito son entidades descentralizadas; (ii) investigar las
presuntas omisiones de su fondo pensional, pues eso es competencia de la
Superintendencia Financiera de Colombia; (iii) intervenir en las decisiones de la
Fiscalía o la Procuraduría General de la Nación; y (iv) requerir acciones por parte de
la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó
que no vulneró el derecho de petición del accionante, pues mediante oficio OFI22-
00165864 del 15 de diciembre de 2022, le otorgó una respuesta clara, indicándole
que carecía de competencia y advirtiendo que las entidades responsables ya
conocían del asunto.
(ii) Superintendencia Financiera de Colombia5
12.- Precisó que, si bien la parte accionante radicó una petición ante la entidad el
30 de noviembre de 2022, a través de la cual formuló una denuncia contra Colfondos
3 Entidades a las que también se dirigió la petición presentada por el actor.
4 Intervención digital contenida en 19 folios.
5 Intervención digital contenida en 10 folios.
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
S.A. y la Contraloría Distrital de Barranquilla, lo cierto es que no planteó ninguna
solicitud dirigida a ella. Así, una vez analizado el escrito petitorio, concluyó que se
trataba de una reclamación que debía ser resuelta por parte del fondo de pensiones,
dado que no contenía ninguna solicitud que recayera dentro del ámbito de sus
funciones. En consecuencia, le impartió el trámite respectivo, asignándole el número
de radicado 2310166984713149932, en la plataforma donde las vigiladas atienden
las quejas presentadas por los consumidores, por ser estas las llamadas a
pronunciarse sobre los motivos que dieron a origen a la inconformidad planteada.
13.- En virtud de lo anterior, indicó que, en esa misma fecha, a través de correo
electrónico certificado: (i) le informó al accionante sobre la radicación de la queja; (ii)
aclaró que la reclamación sería atendida directamente por Colfondos S.A; y (iii)
explicó el alcance de las competencias de la entidad.
14.- Resaltó que, de conformidad con lo previsto en el literal d del artículo 3 de la
Ley 1328 de 2009, las entidades vigiladas por esa Superintendencia tienen la
responsabilidad de atender directamente las inconformidades que formulen los
consumidores financieros. No obstante, de acuerdo con la Circular Jurídica 029 de
2014, le corresponde a la Superintendencia verificar que la queja haya sido
identificada, atendida y resuelta de manera eficiente y oportuna, independientemente
de que la respuesta sea favorable o no, a partir de un estudio en conjunto y no
individualizado de todas las quejas que presentan los consumidores financieros.
15.- En consideración a ello y con ocasión del proceso de tutela de la referencia,
expuso que procedió a verificar la plataforma y encontró que el trámite de la queja
ya se había cerrado sin que Colfondos hubiese otorgado alguna respuesta y que esta
última registró el 5 de diciembre de 2022, una queja con radicado número
23102327071 que se fundamentó en el mismo escrito que había sido enviado a la
entidad. Respecto de este último, advirtió que el fondo de pensiones dio respuesta
en los siguientes términos: “Realizadas las validaciones correspondientes,
evidenciamos que el 12 de diciembre de 2022, emitimos respuesta a su solicitud
mediante oficio VJ-DPC-52950-2022, el cual adjuntamos para su verificación.”
16.- Así, teniendo en cuenta los antecedentes de la queja y la gestión de la entidad
vigilada, señaló que, mediante Oficio número 2023068169-000 del 22 de junio del
año en curso, requirió a Colfondos S.A., para que informara sobre el trámite que
adelantó para atender la queja formulada por el actor, así como para que remitiera
copia de la respuesta brindada al consumidor financiero. Además, le solicitó
información sobre el trámite que impartió frente a la presente acción constitucional.
Todo lo cual le fue comunicado al demandante el 23 de junio siguiente.
17.- Esbozado lo anterior, alegó que no incurrió en algún actuar omisivo que
transgreda los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, pues
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
actuó en estricto cumplimiento de las funciones que le han sido legalmente
asignadas y en procura de los intereses del consumidor financiero.
18.- Con todo, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que el trámite de las quejas ante la Superintendencia Financiera de
Colombia tiene un procedimiento especial que lo diferencia de las peticiones.
(iii) Contraloría Distrital de Barranquilla6
19.- El ente territorial reconoció que se encuentra en mora con la obligación de pago
de los aportes pensionales del accionante, pero que, teniendo en cuenta el estado
financiero de la entidad, le es imposible cumplir con dicha obligación. Sin embargo,
aseguró que ello no debe ser un obstáculo para que el accionante obtenga el
reconocimiento de su pensión, pues le corresponde a Colfondos reconocer la misma
y, con posterioridad, efectuar el recobro al empleador. Sin perjuicio de ello, solicitó
que la tutela sea “inadmitida”, por referirse a un asunto estrictamente económico.
(iv) Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla7
20.- La accionada aclaró que, de acuerdo con el Decreto 289 de 2000, el Distrito
asumió los pasivos de las entidades descentralizadas, entre ellas, la Contraloría
Distrital, pero únicamente por el periodo de tiempo comprendido entre el 6 de junio
de 1995 hasta el 30 de enero de 2001 y, por lo tanto, las fechas de los aportes
pensionales que son objeto de reclamo se encuentran excluidas de dicho interregno.
En esa medida, sostuvo que no tiene ningún trámite pendiente a favor del actor, por
lo que solicitó ser desvinculada de la acción de tutela.
(v) Ministerio del Trabajo8
21.- Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que carece
de competencia para declarar derechos individuales o decidir sobre controversias
jurídicas como las planteadas en la solicitud de amparo.
(vi) Fiscalía General de la Nación
22.- El Director Seccional de Fiscalías del Atlántico dio traslado de la acción de
tutela a los despachos que tienen o tuvieron conocimiento de noticias criminales en
los que aparece como denunciante el señor Johny Alfonso Romero Rocha, con el fin
de que rindieran informe sobre los hechos objeto de relato en la solicitud de amparo.
6 Intervención digital contenida en 4 folios.
7 Intervención digital contenida en 3 folios.
8 Intervención digital contenida en 2 folios.
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
23.- Las Fiscalías Primera y Cuarta Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito,
Trece y Quince Locales Delegadas ante los Jueces Penales Municipales y
Promiscuos, Sexta, Catorce y Treinta y Nueve Locales, Veintitrés, Treinta y Dos,
Cuarenta y Siete, Cincuenta y Uno, Cincuenta y Ocho y Cincuenta y Nueve
Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito, Diecinueve, Treinta y Seis,
Cuarenta y Dos, Sesenta y Sesenta y ocho Seccionales, informaron que la situación
fáctica que motivó la solicitud de amparo no guarda relación alguna con los hechos
que están siendo investigados por ellas.
24.- La Fiscalía Veintiuno Local indicó que el asunto sometido a su conocimiento,
se trata de una denuncia presentada por el accionante por el delito de estafa, que
tuvo origen en hechos ocurridos el 25 de junio de 2008 y que actualmente se
encuentra en etapa de juicio.
25.- La Fiscalía Cincuenta y Cinco Seccional de Administración Pública señaló que
dentro de los cuatro procesos que están a su cargo, el denunciante no ha presentado
ninguna petición, por lo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. En el
primero de ellos, se denunció una serie de irregularidades ocurridas al interior de un
proceso ejecutivo, el cual se encuentra en etapa de indagación, mientras que los
otros tres se encuentran inactivos por haberse ordenado su archivo.
26.- La Fiscalía Cincuenta y Seis Seccional de la Unidad de Patrimonio Económico
y Fe Pública manifestó que en dicho despacho cursan cuatro investigaciones en las
que figura como denunciante el actor, dos de ellas se encuentran en etapa de
investigación, mientras que otras dos fueron archivadas.
(vii) Senado de la República9
27.- El tercero con interés adujo que no vulneró derecho fundamental alguno de la
parte actora, comoquiera que, por medio del oficio SGE-CS-3033-2023 del 27 de
diciembre de 2022, dio traslado de la solicitud presentada por el accionante a la
Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la
Fiscalía General de la Nación y a Colfondos S.A., al estimar que carecía de
competencia para conocer de la misma. Lo cual fue comunicado en esa misma fecha
al correo electrónico del accionante, a través del oficio SGE-CS-3034-2023.
(viii) Contraloría General de la República10
28.- La entidad solicitó ser desvinculada del trámite de tutela, teniendo en cuenta
que, en el marco de las competencias a ella asignadas, no le corresponde intervenir
en las actuaciones administrativas objeto de reclamo, sin perjuicio de las facultades
de control posterior y selectivo de ese ente, sobre el desempeño de las funciones a
9 Intervención digital contenida en 5 folios.
10 Intervención digital contenida en 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cargo de las entidades accionadas sujetas a su control, siempre que las mismas
conlleven una gestión fiscal.
(ix) Johny Alfonso Romero Rocha
29.- El accionante allegó un memorial, en el que informó que, con posterioridad a
que se admitiera la acción de tutela, el 22 de junio de 2023, la Contraloría Distrital de
Barranquilla le remitió el Oficio 130-001-1382-2023, a través del cual dio contestación
a la solicitud presentada por él, reconociendo que adeudaba los aportes pensionales
objeto de reclamo, pero que en razón a la situación financiera que atraviesa la
entidad, no era posible pagar la obligación, por lo que su fondo de pensiones debía
reconocer los tiempos cotizados para acceder a la pensión y, posteriormente, realizar
el recobro de esos dineros a la entidad, a través de los mecanismos legalmente
previstos. El actor aseveró que esa respuesta no resuelve de fondo su solicitud, pues
no se le han consignado los aportes pensionales que se le adeudan, así como
tampoco se le ha reconocido las semanas cotizadas faltantes.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
30.- La Sala accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, dado que, en efecto, carece de
legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el actor no logró
acreditar haber radicado la solicitud objeto de reclamo ante dicha entidad. Además,
si bien se observa que el accionante aportó copia de una respuesta que le brindó el
ente territorial, la misma fue otorgada con respecto a otra petición que había
presentado previamente.
31.- Por el contrario, la Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación
planteadas por la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y la
Contraloría General de la República, en la medida que la parte actora sí demostró
haber radicado la solicitud que se cuestiona ante dichos entes y les endilgó una serie
de reproches ante la falta de respuesta a la petición.
D. El derecho de petición
32.- De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
33.- Así, el derecho de petición tiene una finalidad doble, por un lado, permite que
los interesados presenten peticiones respetuosas a las autoridades y a los
particulares y, por otro, garantiza una contestación oportuna, eficaz, de fondo y
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
congruente con los requerimientos que plantea el peticionario en el ejercicio de esta
prerrogativa constitucional.
34.- En esa línea, la Corte Constitucional11 ha señalado que el núcleo esencial del
derecho de petición conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y
efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado por el peticionario; (iii) contestar
oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto y;
(iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que el
contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.
35.- En ejercicio de tal prerrogativa, el peticionario cuenta con la posibilidad de
formular, entre otras cosas, quejas, denuncias y/o reclamos, conforme a lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 1755 de 201512.
36.- La jurisprudencia constitucional también ha precisado que no solo es necesario
que las peticiones sean presentadas en términos respetuosos, sino que, además, el
interesado debe interponer la solicitud -en forma debida-, es decir, se requiere que
la misma sea elevada ante la autoridad que tenga la competencia para pronunciarse
sobre la situación planteada. Ahora bien, si la petición se presenta ante quien no
corresponde, éste último tiene la obligación tanto de remitir la solicitud a la autoridad
que estime competente para pronunciarse de fondo sobre la misma, como de
comunicarle tal situación al peticionario.
E. Análisis del caso concreto
37.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la Presidencia de la República, al Ministerio del Trabajo,
a la Fiscalía General de la Nación, a la Superintendencia Financiera de Colombia, a
la Contraloría Distrital de Barranquilla, a la Alcaldía de Barranquilla, a la Procuraduría
General de la Nación y a Colfondos S.A., por la supuesta omisión en la respuesta de
fondo frente a una solicitud que presentó el 30 de noviembre de 2022, en la que
denunció una serie de hechos, que tuvieron origen en la mora de su ex empleador
en la consignación de aportes pensionales.
38.- En el curso del proceso, se constató que otras autoridades diferentes a las
mencionadas previamente, también conocieron de la solicitud en cuestión, a saber,
la Contraloría General de la República y el Senado de la República, por lo que fueron
vinculadas al trámite de tutela en calidad de terceros.
(i) Análisis de las pretensiones 1 y 3 – solicitud de una respuesta de fondo
11 Ver sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, -376 de 2017 y T206/18. entre
otras.
12 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
39.- La Sala observa que las aludidas pretensiones se encuentran orientadas a que
se ampare el derecho fundamental de petición de la parte actora y, en consecuencia,
se ordene a las entidades accionadas que brinden una respuesta de fondo frente a
la solicitud que presentó el 30 de noviembre de 2022.
40.- Así las cosas, corresponde verificar cada una de las actuaciones u omisiones
desplegadas tanto por las demandadas como por los terceros con interés, a fin de
determinar la posible vulneración del derecho de petición invocado por el accionante.
41.- Revisado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que el 30
de noviembre de 2022, a través de correo electrónico, el señor Johny Alfonso
Romero Rocha presentó la referida solicitud ante la Presidencia de la República, el
Ministerio del Trabajo, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Contraloría Distrital de Barranquilla, la Procuraduría
General de la Nación, Colfondos S.A., la Contraloría General de la República y el
Senado de la República.
42.- El 15 de diciembre de 2022, a través de correo electrónico, la Presidencia de
la República le comunicó al peticionario que carecía de competencia para atender
la solicitud y se abstendría de remitir la misma a las autoridades que consideró
competentes, teniendo en cuenta que el actor se dirigió a aquellas directamente.
43.- Asimismo, se logró constatar que el Senado de la República, por medio del
oficio PRE-CS-CV19-1844-2022 del 27 de diciembre de 2022, dio traslado de la
aludida petición a la Superintendencia Financiera de Colombia. Actuación que fue
debidamente notificada al peticionario, mediante correo electrónico.
44.- De esta manera, ante la falta de competencia para conocer del asunto, tanto la
Presidencia como el Senado de la República le impartieron el trámite respectivo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de Ley 1755 de 2015.
45.- Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que:
<< (...) cuando el peticionario ha presentado la solicitud ante funcionario incompetente,
la contestación de éste no puede consistir sino en la expresión oportuna de que
le es imposible resolver, procediendo, por tanto, a dar traslado a quien
corresponda la competencia. De todas maneras, para cumplir en estos casos con el
mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el expresado sentido; se violaría
el derecho si, basado en su incompetencia, el servidor público se olvidara del tema o,
aun remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al
peticionario>>.13
13 Ver sentencias T-595 de 1994, T-556 de 2000 y T-564 de 2002, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
46.- De acuerdo con lo expuesto, no se evidencia vulneración alguna del derecho
fundamental de petición del accionante por parte de la Presidencia ni el Senado de
la República.
47.- Si bien la Presidencia de la República únicamente se limitó a informar que
carecía de competencia, sin haber remitido la solicitud a los entes competentes, lo
cierto es que ello obedeció a que el actor también había radicado la solicitud ante
esas entidades. En ese sentido no se evidencia que dicho proceder se traduzca en
una vulneración del derecho fundamental de petición del accionante.
48.- Ahora, en el escrito de tutela, el demandante reprochó que el Primer
Mandatario, en su calidad de superior jerárquico, no hubiera resuelto de fondo la
petición iniciando una investigación disciplinaria contra la Superintendencia
Financiera de Colombia, por la presunta omisión de ejercer el control adecuado de
las actuaciones de su ex empleador y su fondo de pensiones. Sin embargo, dicha
inconformidad no es de recibo para la Sala, teniendo en cuenta que en la solicitud
que se cuestiona nunca se alegó un actuar omisivo por parte del ente de control,
respecto del cual se pueda inferir que la Presidencia se encontraba en la obligación
de emitir algún pronunciamiento.
49.- Por otro lado, se observa que la Superintendencia Financiera de Colombia
resolvió tramitar la solicitud como una queja y procedió a impartirle el trámite
respectivo en la misma fecha en que la recibió, asignándole el número de radicado
2310166984713149932. Lo anterior, fue comunicado al accionante ese mismo día,
a través de correo electrónico, en el que, además de informarle sobre la radicación
de la queja, le aclaró que la reclamación sería atendida directamente por Colfondos
S.A, igualmente le explicó el alcance de las competencias de la entidad respecto de
la atención de quejas.
50.- Posteriormente, en atención a lo previsto en la Circular 029 de 2014, la
Superintendencia procedió a verificar que la queja hubiera sido atendida y resuelta
de manera eficiente y oportuna por la entidad vigilada. Así, por medio del oficio
número 2023068169-000 del 22 de junio de 2023, requirió a Colfondos para que
informara sobre el trámite impartido a la solicitud y para que remitiera copia de la
respuesta brindada al consumidor financiero. Dicha decisión también fue
comunicada a la parte actora el 23 de junio siguiente.
51.- Esbozado lo anterior, la Sala no evidencia que la Superintendencia Financiera
de Colombia hubiere incurrido en vulneración alguna del derecho fundamental de
petición de la parte accionante, pues, una vez tuvo conocimiento de la solicitud
presentada por la parte actora, procedió -de forma oportuna- a impartirle el trámite
correspondiente, todo lo cual fue debidamente notificado al demandante, a la
dirección de correo electrónico que suministró para tal fin, incluso antes de que se
presentara la acción constitucional de la referencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
52.- Asimismo, se encuentra que, el 12 de diciembre de 2022, Colfondos S.A.
brindó una respuesta de fondo, clara, precisa y oportuna frente a la solicitud
formulada por el actor. Para tal efecto, le informó que, a través de oficio COB-SER-
0307-12-06 del 6 de diciembre anterior, procedió a realizar el recobro de los dineros
que adeuda su ex empleador por concepto de aportes pensionales durante los
periodos comprendidos entre noviembre de 2001 a agosto de 2002, noviembre de
2002 a febrero de 2003 y abril de 2003 a septiembre de 2004. A su vez, le indicó que
una vez recibiera el pago de los mismos, estos serían acreditados en su cuenta de
ahorro individual.
53.- Dicha respuesta, además, fue debidamente notificada al peticionario por correo
electrónico, con anterioridad a que se instaurara la solicitud de amparo, tal como
consta en el acervo probatorio. En ese sentido, tampoco se evidencia vulneración
alguna del derecho fundamental de petición de la parte actora en relación con la
actuación desplegada por Colfondos S.A.
54.- Por lo expuesto anteriormente, las pretensiones dirigidas a que se ordene a la
Presidencia de la República, a la Superintendencia Financiera de Colombia y a
Colfondos S.A. que emitan una respuesta de fondo frente a la solicitud presentada
por el actor el 30 de noviembre de 2022, no están llamadas a prosperar, pues, como
se vio, dichas entidades otorgaron una contestación oportuna, clara y de fondo.
55.- Es necesario aclarar que la inconformidad de la parte actora con la respuesta
emitida a su petición no es sinónimo de transgresión a sus derechos
iusfundamentales, comoquiera que el pronunciamiento de las autoridades no implica
per se la concesión de lo pretendido en su solicitud. En ese sentido, la Corte
Constitucional14 ha precisado que esta prerrogativa no conlleva que “el agente que
recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del
solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando
la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa”. En consecuencia, se negará el amparo.
56.- Ahora bien, respecto a la Contraloría Distrital de Barranquilla, se advierte
que aun cuando para la fecha en que se promovió la acción de tutela la entidad no
había brindado una contestación frente la solicitud en cuestión, lo cierto es que, tal
como lo informó el accionante, el 22 de junio del año en curso, el ente territorial
otorgó una respuesta de fondo y congruente con los requerimientos planteados por
el peticionario. Así, mediante oficio, Oficio 130-001-1382-2023, reconoció que
adeudaba los aportes pensionales objeto de reclamo, pero que en razón a la
situación financiera que atraviesa la entidad no era posible pagar la obligación;
motivo por el cual su fondo pensional debía reconocer los tiempos cotizados para
14 Corte Constitucional, Sentencia T-146 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
acceder a la pensión y, posteriormente, realizar el recobro de esos dineros a la
entidad, a través de los mecanismos respectivos.
57.- De esta manera, la Sala encuentra que en lo concerniente a la Contraloría
Distrital de Barranquilla, la solicitud de amparo se torna improcedente al configurarse
la carencia actual de objeto por hecho superado.
58.- Con todo, se debe reiterar que el núcleo esencial del derecho fundamental de
petición se entiende satisfecho una vez el peticionario obtenga un pronunciamiento
de fondo, claro y congruente con lo solicitado, sin perjuicio de que la respuesta sea
favorable o desfavorable. En esa medida, la inconformidad esgrimida por el
demandante respecto al contenido de la contestación tampoco tiene vocación de
prosperidad, pues aun cuando no se le concedió lo reclamado, la entidad si le brindó
una respuesta de fondo.
59.- Por el contrario, se constató que la Contraloría General de la República, el
Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección
Seccional de Fiscalías del Atlántico - Fiscalía General de la Nación, al no otorgar
una respuesta de fondo, clara y congruente frente a la solicitud que elevó el actor el
30 de noviembre de 2022, incurrieron en un actuar omisivo que constituye una
vulneración al derecho fundamental de petición del accionante.
60.- En efecto, de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el plenario, se
encuentra plenamente acreditado que las accionadas no emitieron ningún tipo de
respuesta al actor.
61.- Si bien en las contestaciones allegadas por el Ministerio del Trabajo y la
Contraloría General de la Nación, las entidades manifestaron que carecían de
competencia para atender lo pretendido por el actor, lo cierto es que, como se expuso
previamente, esa presunta falta de competencia también debe ser informada al
peticionario, y de igual forma la solicitud debe ser remitida a las entidades que
estimen competentes para conocer del asunto. Por ese motivo, aquellas se
encuentran en la obligación de otorgar una respuesta, incluso si eventualmente no
les correspondiera dar trámite a la solicitud. Sin embargo, no allegaron al expediente
ninguna prueba que dé cuenta de que emitieron alguna contestación frente a la
petición elevada por el actor.
62.- Asimismo, según los informes rendidos por las distintas fiscalías de la Seccional
del Atlántico, tampoco se logró acreditar que se hubiere otorgado algún tipo de
respuesta en relación con la referida solicitud o que se haya impartido el trámite que
en derecho correspondía ni que ello hubiese sido comunicado al demandante.
63.- Por su parte, se observa que la Procuraduría General de la Nación, además de
no haber brindado una respuesta respecto a la aludida solicitud, tampoco dio
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
contestación a la presente acción de tutela, por lo que, en aplicación del artículo 20
del Decreto 2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos de la demanda, lo cual
implica la constatación de la transgresión al derecho fundamental de petición de la
parte actora.
64.- En consecuencia, la Sala dispondrá la protección del derecho fundamental de
petición del señor Johny Alfonso Romero Rocha, a fin de que la Contraloría General
de la República, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la
Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico contesten la solicitud incoada por el
accionante el 30 de noviembre de 2022 y le impartan el trámite respectivo.
65.- Cabe precisar que el amparo de dicha prerrogativa no supone la concesión de
lo requerido en la solicitud, pues lo que se busca es que la accionante obtenga una
respuesta, sin perjuicio de que el contenido de la misma sea favorable o desfavorable
a lo solicitado.
66.- Por lo reseñado anteriormente, en lo relativo a las pretensiones primera y
tercera: la Sala: (i) declarará la improcedencia de la solicitud de amparo ante la
carencia actual de objeto por hecho superado en relación con las inconformidades
atribuidas a la Contraloría Distrital de Barranquilla; (ii) negará el amparo deprecado
en la demanda respecto a la Presidencia de la República, a la Superintendencia
Financiera de Colombia y a Colfondos S.A., ante la inexistencia de vulneración de la
prerrogativa iusfundamental invocada; y (iii) amparará el derecho fundamental de
petición del accionante frente al actuar omisivo de la Contraloría General de la
República, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la
Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico. Por lo tanto, se ordenará a dichas
autoridades que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, emitan una respuesta
frente a la solicitud presentada por el actor.
(ii) Análisis de la pretensión 2 – orden de pago por concepto de aportes
pensionales
67.- En la referida pretensión, el actor solicitó que se ordene a Colfondos S.A., a la
Contraloría Distrital de Barranquilla y a la Alcaldía de esa ciudad que paguen de
forma inmediata el dinero que le adeudan por concepto de aportes pensionales. Al
respecto, la Sala advierte que el asunto carece de subsidiariedad toda vez que el
accionante no ha agotado los medios judiciales, idóneos y eficaces que el
ordenamiento jurídico le otorga para obtener la protección de los derechos
invocados.
68.- En efecto, la parte actora cuenta con la posibilidad de acudir a la acción
ordinaria laboral o al contencioso administrativo, según sea el caso, -como
mecanismo judicial idóneo y eficaz- para reclamar los aportes pensionales que ha
omitido pagar su ex empleador. Sin embargo, el demandante no ha hecho uso de
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
dicho instrumento jurídico, así como tampoco expuso las razones que justifiquen
haber prescindido del mismo.
69.- Así pues, es claro que dicho conflicto se enmarca dentro de las competencias
atribuidas al juez natural, por lo que es evidente que el actor acudió a la acción
constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, pues la solicitud
de amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para
resolver los problemas jurídicos o controversias que por naturaleza deben resolverse
al interior de los procesos judiciales.
70.- Aunado a lo anterior, la parte actora no acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional, como mecanismo
transitorio, en asuntos que no son de su competencia, pues no se trata de un sujeto
de especial protección constitucional, así como tampoco ha cumplido con los
requisitos de edad para obtener el reconocimiento de su derecho a la pensión, por lo
que en la actualidad no se avizora alguna afectación a su mínimo vital que amerite
un pronunciamiento del juez de tutela.
71.- De acuerdo con lo expuesto, en lo concerniente a la pretensión segunda, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
72.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DESVINCULAR al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
del trámite de tutela de la referencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la Contraloría Distrital
de Barranquilla ante la carencia actual de objeto por hecho superado.
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo respecto a los reproches endilgados a
la Presidencia de la República, a la Superintendencia Financiera de Colombia y a
Colfondos S.A., ante la inexistencia de vulneración del derecho fundamental de
petición.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Johny Alfonso
Romero Rocha. En consecuencia, ORDENAR a la Contraloría General de la
República, al Ministerio del Trabajo, a la Procuraduría General de la Nación y a la
Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico para que, en un término de cuarenta y
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
ocho (48) horas, emitan una respuesta frente a la solicitud presentada por el actor el
30 de noviembre de 2022.
QUINTO: DECLARAR improcedente el amparo deprecado frente a la pretensión
segunda por no acreditar el requisito de subsidiariedad.
SEXTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SÉPTIMO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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