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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02515-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02515-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 9 de agosto de 2023 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02515-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de noviembre de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02515 01
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02515 01
Accionante: JOHNY ALFONSO ROMERO ROCHA
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la parte
actora no ha hecho uso de los medios de defensa judicial
correspondientes, ni se acredita la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 9 de agosto de 2023 por la Subsección A,
Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Johny Alfonso Romero Rocha promovió acción de tutela en contra
de la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía
General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, la
Contraloría Distrital de Barranquilla, la alcaldía Distrital de Barranquilla,
la Procuraduría General de la Nación y Colfondos S.A., con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

pensión, de petición, vida digna y el principio de confianza legítima, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Ordenar a CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA,
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y COLFONDOS la CONSIGNACIÓN
INMEDIATA de mis aportes pensionales en MORA de 22 años, con
sus respectivos rendimientos, intereses moratorios e indexación a
mi cuenta de ahorros individual de COLFONDOS a nombre de JOHNY
ALFONSO ROMERO ROCHA CC 72.200.057

2. ORDENAR A FISCALÍA GENERAL DE COLOMBIA, PROCURADURIA
GENERAL DE COLOMBIA Y SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA a resolver de fondo las denuncias y quejas radicadas
porque hasta la fecha no han desarrollado ninguna actuación que
PROTEGA (sic) los derechos del accionante.

3. Ordenar a PRESIDENCIA DE COLOMBIA Y MINISTERIO DE
TRABAJO DE COLOMBIA a resolver de fondo las peticiones
impetradas y a garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos colombianos afiliados al sistema RAIS cuyos aportes
pensionales y semanas cotizadas fueron robados por el mismo
estado como es el caso de JOHNY ALFONSO ROMERO ROCHA CC
72.200.057 […]”. [mayúsculas del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que laboró desde el 6 de abril de 2001 hasta el 8
de septiembre de 2003 en la Contraloría Distrital de Barranquilla entidad
que, según afirmó, recibe ingresos por presupuesto de forma solidaria de
la alcaldía Distrital de Barranquilla.

Señaló que su último salario devengado en la Contraloría Distrital de
Barranquilla fue de la suma de $3.528.928 en el cargo de director de
planeación y que dicho salario al 2023 equivaldría a $8.902.817.

Manifestó que pertenece al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
– RAIS, reglamentado por la Ley 100 de 1993, y que está afiliado a
Colfondos S.A. desde el 1 de febrero de 2002. Agregó que, aunque
mensualmente se le descontaba de su salario el porcentaje

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

correspondiente para realizar la cotización obligatoria al fondo de
pensiones, el Distrito de Barranquilla y la Contraloría Distrital de
Barranquilla no realizaron las respectivas consignaciones de 24 meses del
tiempo laborado.

Indicó que las precitadas entidades no consignaron a Colfondos S.A. ni el
porcentaje del trabajador que se le descontaba de su nómina, ni el
porcentaje de los aportes obligatorios que correspondía al empleador de
los períodos comprendidos de noviembre y diciembre de 2001, de enero
a diciembre de 2002, y de enero a septiembre de 2003. En ese sentido,
aseveró que la Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito de
Barranquilla tienen más de 22 años de mora en sus aportes obligatorios
de pensión.

Sostuvo que “(…) el robo de mis dineros de aportes pensionales y la
negligencia de COLFONDOS en cobrarlos y recaudarlos me ha impedido
completar el dinero suficiente que me garantice por lo menos una pensión
mínima legal vigente sin embargo la Respuesta de CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA que anexo viola todos mis derechos ya que
declaran de forma descarada que ellos si bien me adeudan esos dineros
ellos no están obligados a consignar estos dineros a mi fondo de pensiones
porque yo tengo derecho a pensionarme es a los 62 años y con 1300
semanas, y actualmente solo tengo 50 años ósea que según la ley de la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y ALCALDIA DE
BARRANQUILLA yo debo esperar 12 años más para ver si ellos me hacen
el favor de consignar mis dineros que fueron robados por ellos mismos, y
peor aún desde noviembre de 2021 responden que están en saneamiento
contable y gestionando los recursos para consignar en COLFONDOS (…)”2.

Anotó que tanto Colfondos S.A., como la Superintendencia Financiera de
Colombia validan lo expuesto previamente, y han omitido presentar la
denuncia correspondiente por esos hechos y ejercer las acciones judiciales

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pertinentes, comoquiera que la ley obliga a Colfondos a cobrar y recaudar,
y a la Superintendencia Financiera a vigilar.

Resaltó que al pertenecer al RAIS puede pensionarse con la suma de
dinero que tenga ahorrada en el fondo, independientemente de la edad y
las semanas cotizadas, sin embargo, afirmó que la Contraloría Distrital de
Barranquilla y el Distrito de Barranquilla han sustraído hasta la fecha
trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000) de sus aportes
pensionales y rendimientos, y por esta razón no puede acceder a la
pensión.

Explicó que “(…) la Ley 100 de 1993 para los que pertenecemos al RAIS
nos otorga como segunda instancia que si no tenemos el dinero ahorrado
suficiente para pensionarnos entonces debemos tener mínimo 1150
semanas cotizadas y 62 años, pero tampoco puedo cumplir con esas
semanas porque la Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito de
Barranquilla me han robado 102 semanas y Colfondos no ha hecho nada
para recuperarlas y no me las contabiliza (…)”3.

Adujo que en noviembre del año 2022 radicó derecho de petición, queja
y denuncia ante la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la
Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Ministerio del
Trabajo, Colfondos S.A. y la Procuraduría General de la Nación y afirmó
que ninguna de estas entidades las ha resuelto de fondo, así como
tampoco han adoptado las medidas coercitivas correspondientes en
contra de la Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito de
Barranquilla.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

3.1. La tutela fue radicada el 15 de mayo de 20234 a través de correo
electrónico remitido a la Secretaría General de esta Corporación y
correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Tercera que, por auto
del 19 de mayo de 20235 la inadmitió al advertir que la solicitud de
amparo no era clara en la exposición de los hechos, no expresaba cuál
era la actuación u omisión en la que presuntamente había incurrido la
Presidencia de la República que el accionante consideraba como
transgresora de sus derechos fundamentales, así como tampoco allegó
soporte documental alguno que evidenciara la constancia de envío de las
solicitudes que adujo haber presentado ante las accionadas.

3.2. Mediante escrito remitido vía correo electrónico el 31 de mayo de
20236, el accionante manifestó que subsanaba el escrito de tutela al
señalar que el 30 de noviembre de 2022 radicó derecho de petición y
denuncia ante la Presidencia de la República y las demás accionadas, y
que el 15 de diciembre de ese mismo año recibió una respuesta por parte
de la Presidencia que no resolvió de fondo lo solicitado.

Indicó que “(…) el SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA es
nombrado por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y a su vez el
PRESIDENTE DE COLOMBIA es el jefe directo del SUPERINTENDENTE
FINANCIERO DE COLOMBIA, de tal forma que la PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DESESTIMA DE PLANO MI DERECHO DE PETICION Y
DENUNCIA y no abre investigación o remite investigación a CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO para que se investigue las omisiones del
SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA Y DE LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA en cuando (sic) a las
fallas en Controlar a COLFONDOS que ha evadido por 23 años realizar una
acción de cobro efectiva e instaurar las acciones judiciales y la jurisdicción
coactiva contra la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y EL

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02515 01
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

DISTRITO DE BARRANQUILLA por los aportes pensionales de 24 meses
de JOHNY ALFONSO ROMERO ROCHA CC 72.200.057 que hoy día suman
$350.000.000 trescientos cincuenta millones de pesos incluyendo
aportes, rendimientos financieros e indexación de 23 años (…)”.
(mayúsculas originales).

Finalmente, solicitó que (i) “(…) [se] ordene a la PRESIDENCIA DE
COLOMBIA RESOLVER DE FONDO MI DERECHO DE PETICION Y
DENUNCIA que incluya la APERTURA DE INVESTIGACION CONTRA EL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA por su OMISION en
sancionar a COLFONDOS por las conductas permisivas y omisivas que han
permitido que la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA se roben mis aportes pensionales de 24
meses y sus rendimientos financieros de 23 años que hoy suman
$350.000.0000 trescientos cincuenta millones de pesos (…)”, (ii) “(…)
[se] ORDENE A COLFONDOS, CONTRALORIA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA Y A DISTRITO DE BARRANQUILLA ALCALDIA DISTRITAL
DE BARRANQUILLA A CONSIGNAR DE FORMA INMEDIATA MIS APORTES
PENSIONALES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INDEXACION DE 23
AÑOS DE MORA EN MI CUENTA INDIVIDUAL DE COLFONDOS (…)”, y (iii)
“(…) [se] ordene a MINISTERIO DE TRABAJO, PROCURADURIA, FISCALIA,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, COLFONDOS,
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y DISTRITO DE
BARRANQUILLA RESOLVER DE FONDO MI PETICIÓN Y DENUNCIA (…)”.
(mayúsculas originales).

3.3. Por auto del 7 de junio de 20237, la Subsección A, Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso notificar8 a la
Presidencia de la República, al Ministerio del Trabajo, a la Fiscalía General
de la Nación, a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la

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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Esta orden se cumplió el 21 de junio de 2023. Visto en el índice 13 y 14 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
02515 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02515 01
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Contraloría Distrital de Barranquilla, a la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
a la Procuraduría General de la Nación y a Colfondos S.A., como partes
accionadas, así como vincular9 a la Contraloría General de la República y
al Senado de la República teniendo en cuenta que, según el escrito de
subsanación, ante dichas entidades también se radicó la solicitud objeto
de la tutela.

3.4. El contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones
Financieras de la Contraloría General de la República allegó escrito10 en el
que solicitó la desvinculación de dicho ente de control del trámite tutelar,
teniendo en cuenta que, conforme las competencias asignadas por la
Constitución Política a la Contraloría General de la República, no resulta
procedente que intervenga en las actuaciones administrativas en curso o
en desarrollo que le corresponde gestionar a las accionadas Presidencia
de la República y Superintendencia Financiera, en desarrollo de su misión
constitucional.

3.5. El director del departamento jurídico de la Contraloría Distrital de
Barranquilla rindió informe11 en el que explicó que dicha entidad se
encuentra en un proceso de saneamiento ya que su presupuesto se utiliza
en un 97% para gastos de funcionamiento y que los pasivos por razón de
obligaciones pensionales ascienden a la suma de $1.861.645.036, sin
dejar de lado las demandas de carácter laboral que se han presentado
desde 1.999 por un valor superior a $23.514.860.299, situaciones que
afectan el reconocimiento de otras obligaciones.

Reconoció que el ente de control se encuentra en mora del pago de los
aportes pensionales del señor Johny Alfonso Romero Rocha, sin embargo,
en virtud de su estado financiero, no puede cumplir con dicha obligación.

9
Ibidem.
10
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02515 01
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Precisó que lo anterior, no es óbice para que el accionante obtenga su
pensión, comoquiera que Colfondos debe reconocerla y posteriormente
realizar el recobro a la entidad de los aportes dejados de pagar, tal como
lo ha dispuesto la Corte Constitucional.

3.6. El secretario general del Senado de la República presentó escrito12
en el que informó que por medio del oficio SGE-CS-3033-2023 se dio
traslado de la petición radicada por el accionante a la Procuraduría
General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía
General de la Nación y a Colfondos, por ser los competentes para conocer
el asunto. Agregó que mediante oficio SGE-CS-3034-2023 se le dio
respuesta al señor Romero Rocha indicándole lo anteriormente expuesto.

En consecuencia, solicitó que se nieguen las pretensiones y se desvincule
al Senado de la República del presente trámite tutelar, al no existir
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.

3.7. El asesor de la dirección territorial Atlántico del Ministerio del Trabajo
radicó escrito13 en el que solicitó se declare la improcedencia de la acción
de tutela respecto de dicha entidad.

Manifestó que el Ministerio del Trabajo no tiene la facultad para declarar
derechos individuales ni decidir controversias jurídicas como la expuesta
en el escrito de tutela, por lo tanto, señaló que no puede pronunciarse
sobre los hechos de la solicitud de amparo.

3.8. La funcionaria del grupo contencioso administrativo dos de la
Superintendencia Financiera de Colombia rindió informe14 en el que
solicitó se niegue la acción de tutela y se declare su improcedencia porque

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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
13
Visto en el índice 18 y 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
14
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02515 01
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

no existe amenaza o vulneración de los derechos fundamentales del
accionante.

Indicó que el 30 de noviembre de 2022, el señor Johny Alfonso Romero
Rocha remitió al buzón electrónico super@superfinanciera.gov.co un
escrito en el cual formuló una denuncia contra Colfondos y la Contraloría
del Distrito de Barranquilla, en la que expuso la situación acaecidas con
el pago de aportes a pensión, sin embargo, no formuló ninguna solicitud
a esta Superintendencia.

Anotó que, una vez analizado el precitado escrito, concluyó que se trataba
de una reclamación que debía ser resuelta por parte del fondo de
pensiones, por lo tanto, se registró la solicitud y el mismo día, esto es el
30 de noviembre de 2022, se le envió al señor Romero Rocha una
comunicación a través de la cual se le i) informó sobre la radicación de la
queja, ii) se le aclaró que la reclamación sería atendida directamente por
Colfondos S.A, y iii) se le explicó el alcance de las competencias de la SFC
respecto de la atención de quejas.

Aseveró que “(…) no es cierto que la SFC no haya atendido la reclamación-
denuncia formulada por el aquí accionante, pues quedó demostrado que
esta Entidad hizo un análisis del escrito presentado, el cual no contenía
ninguna solicitud que recayeran sobre el ámbito de sus competencias, por
lo que procedió a formular una queja ante la vigilada por ser la llamada a
pronunciarse sobre los motivos de dieron origen a la inconformidad del
consumidor, actuación que se comunicó al quejoso (…)”.

Adujo que, con ocasión de la notificación del auto admisorio de esta acción
de tutela, procedió a verificar su sistema de documentación y encontró
que “(…) la queja No. 2310166984713149932 se encuentra cerrada sin
respuesta de Colfondos S.A. y que la entidad vigilada registró el 5 de
diciembre de 2022 una queja bajo el número 23102327071 que se
fundamentó en el mismo escrito enviado a esta Entidad, la cual contestó
el día 15 del mismo mes (…)”.

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Agregó que, mediante oficio nro. 2023068169-000 del 22 de junio de
2023, requirió a Colfondos para que informara el estado actual y el trámite
realizado para atender la queja formulada por el hoy accionante, y
remitiera copia de la respuesta otorgada. Además, le solicitó información
sobre el trámite que impartió frente a la presente acción constitucional.

Resaltó que, por medio de la comunicación nro. 2023068169-001 del 23
de junio de 2023, informó al señor Romero Rocha que “(…) hemos dado
traslado mediante oficio del 22 de junio del presente año, radicado bajo
el número 2023068169-000, a esa administradora de sus objeciones con
el objeto de que se atiendan sus inquietudes y se aporten las pruebas
necesarias que respalden las afirmaciones de Colfondos S.A., las cuales
una vez evaluadas serán puestas en su conocimiento (…)”.

Arguyó que no se evidencia ninguna amenaza o vulneración a los
derechos fundamentales del accionante que sea atribuible a la
Superintendencia Financiera de Colombia.

3.9. La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República – DAPRE, allegó informe15 en el que manifestó que, frente al
derecho de petición radicado por el accionante, se dio respuesta de forma
clara y en concordancia con las competencias atribuidas a dicha entidad
mediante el oficio OFI22-00165864/GFPU12000002 del 15 de diciembre
de 2022.

Señaló que la Presidencia de la República no es la autoridad competente
para determinar si existieron o no, irregularidades en el pago de los
aportes de pensión del accionante por parte de su empleador y de las
presuntas omisiones del fondo de pensiones al que pertenece. Aclaró que
el control y vigilancia de los fondos de pensiones es del resorte de la
Superintendencia Financiera.

15
Visto en el índice 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Agregó que su representada tampoco es competente para intervenir en
decisiones de la Fiscalía General de la Nación ni la Procuraduría General
de la Nación, así como tampoco tiene la potestad de requerir acciones y/o
intervenciones de la Superintendencia Financiera, como quiera que esta
última es una entidad que goza de autonomía administrativa.

Finalmente, solicitó que se desvincule a la Presidencia de la República del
trámite tutelar en virtud de la improcedencia de la solicitud de amparo,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.10. El accionante radicó memorial16 en el que informó que “(…) la
Contraloría Distrital de Barranquilla me notifica de acto administrativo
decisión mediante oficio anexo y es parte integrante de este memorial en
el cual (…) reconoce que adeuda los 24 meses de aportes pensionales a
Colfondos a nombre de Johny Alfonso Romero Rocha CC 72.200.057
incluyendo los rendimientos financieros generados durante 23 años de
mora y la indexación (…), sin embargo, informa la Contraloría Distrital de
Barranquilla que dado de que están en una presunta crisis económica,
informan que de acuerdo a la ley y a sentencias de la Honorable Corte
Constitucional no se puede perjudicar ni afectar los dineros y derechos
del trabajador y la ley ordena a Colfondos reconocer estos tiempos
cotizados, los aportes pensionales y el rendimiento financiero y la
concesión de la Pensión y es posteriormente Colfondos la que debe
realizar el recobro de esos dineros a la Contraloría Distrital de Barranquilla
mediante los mecanismos autorizados por la ley (…)”.

3.11. La apoderada del Distrito de Barranquilla presentó escrito17 en el
que solicitó se desvincule a dicha entidad de la acción de tutela y se
declare que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante,
comoquiera que no tiene trámite pendiente a su favor.

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Visto en el índice 27, 28 y 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Aclaró que, en virtud del Decreto 0289 de 2000, dicha entidad asumió los
pasivos de las entidades descentralizadas Contraloría, Personería y
Concejo Distrital de Barranquilla, de los períodos comprendidos entre el
66 de junio de 1995 hasta el 30 de enero de 2001, razón por la cual, las
fechas de los aportes relacionados en el escrito de tutela no se encuentran
dentro del precitado período.

3.12. La asistente de Fiscal de la Dirección Seccional de Fiscalías del
Atlántico dio traslado vía correo electrónico 18 de la acción de tutela a los
despachos que tienen o tuvieron conocimiento de noticias criminales en
las que actuó como denunciante el señor Johny Alfonso Romero Rocha,
con el fin de que rindieran informe sobre los hechos objeto de la solicitud
de amparo.

En ese sentido, las Fiscalías Primera19 y Cuarta20 delegadas ante el
Tribunal Superior del Distrito, Trece21 y Quince22 locales delegadas ante
los Jueces Penales Municipales y Promiscuos, Sexta23, Catorce24 y Treinta
y Nueve25 Locales, Veintitrés26, Treinta y Dos27, Cuarenta y Siete28,

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Visto en el índice 32 y 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 48 y 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 58 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Cincuenta y Uno29, Cincuenta y Ocho30 y Cincuenta y Nueve31 Delegadas
ante los Jueces Penales del Circuito, Diecinueve32, Treinta y Seis33,
Cuarenta y Dos34, Sesenta35 y Sesenta y ocho36 Seccionales, informaron
que la situación fáctica que motivó la solicitud de amparo no guarda
relación alguna con los hechos que están siendo investigados.

Por su parte, la Fiscalía Veintiuno Local37 indicó que el asunto sometido a
su conocimiento se trata de una denuncia presentada por el accionante
por el delito de estafa que tuvo origen en hechos ocurridos el 25 de junio
de 2008, y que actualmente se encuentra en etapa de juicio.

De igual forma, la Fiscalía Cincuenta y Cinco38 Seccional de Administración
Pública señaló que de los cuatro procesos que están a su cargo, el
accionante no ha presentado ninguna petición, por lo que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno. Precisó que en uno de los procesos se
denunció una serie de irregularidades presentadas al interior de un
proceso ejecutivo, el cual se encuentra en etapa de indagación, mientras
que en los otros tres se ordenó su archivo.

Adicionalmente, la Fiscalía Cincuenta y Seis39 Seccional de la Unidad de
Patrimonio Económico y Fe Pública informó que en dicho despacho cursan

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Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Visto en el índice 34 y 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

cuatro investigaciones en las que figura como denunciante el hoy
accionante, así, dos de ellas se encuentran en etapa de investigación, y
las otras dos fueron archivadas.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

4.1. La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 9 de agosto de 202340, dispuso lo siguiente:

“(…) PRIMERO: DESVINCULAR al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla del trámite de la referencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a la
presunta vulneración del derecho fundamental de petición por parte
de la Contraloría Distrital de Barranquilla ante la carencia actual de
objeto por hecho superado.

TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo respecto a los reproches
endilgados a la Presidencia de la República, a la Superintendencia
Financiera de Colombia y a Colfondos S.A., ante la inexistencia de
vulneración del derecho fundamental de petición.

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor
Johny Alfonso Romero Rocha. En consecuencia, ORDENAR a la
Contraloría General de la República, al Ministerio del Trabajo, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Dirección Seccional de
Fiscalías del Atlántico para que, en un término de cuarenta y ocho
(48) horas, emitan una respuesta frente a la solicitud presentada
por el actor el 30 de noviembre de 2022.

QUINTO: DECLARAR improcedente el amparo deprecado frente a
la pretensión segunda por no acreditar el requisito de subsidiariedad
(…)”. (mayúsculas y negrillas originales).

Para ello analizó, por una parte, las pretensiones orientadas a obtener
una respuesta de fondo frente a la petición y denuncia radicada el 30 de
noviembre de 2022 ante las autoridades accionadas y vinculadas, y por
otra, la pretensión encauzada a obtener el pago de sus aportes
pensionales dejados de consignar por parte de la Contraloría Distrital de
Barranquilla a Colfondos S.A.

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Visto en el índice 63 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Frente a lo primero, esto es, obtener una respuesta de fondo a la solicitud
del 30 de noviembre de 2022, expuso que, conforme con el material
probatorio obrante en el expediente, se observaba que el 15 de diciembre
de 2022 la Presidencia de la República le comunicó al hoy accionante que
dicha entidad carecía de competencia para atender la solicitud y que se
abstendría de remitirla a las autoridades que consideraba competentes
porque el actor se dirigió a ellas directamente.

Manifestó que “(…) se logró constatar que el Senado de la República, por
medio del oficio PRE-CS-CV19-1844-2022 del 27 de diciembre de 2022,
dio traslado de la aludida petición a la Superintendencia Financiera de
Colombia. Actuación que fue debidamente notificada al peticionario,
mediante correo electrónico (…)”.

Adujo que, ante la falta de competencia para conocer del asunto, tanto la
Presidencia como el Senado de la República impartieron el trámite
respectivo, conforme lo establecido por el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015.

En cuanto a la Superintendencia Financiera de Colombia, que se advertía
que dicha entidad tramitó la solicitud como una queja y procedió a
impartirle el trámite respectivo, asignándole el radicado nro.
2310166984713149932, lo cual fue comunicado al accionante a través de
correo electrónico, en el que también se le aclaró que la reclamación sería
atendida por Colfondos.

Agregó que “(…) en atención a lo previsto en la Circular 029 de 2014, la
Superintendencia procedió a verificar que la queja hubiera sido atendida
y resuelta de manera eficiente y oportuna por la entidad vigilada. Así, por
medio del oficio número 2023068169-000 del 22 de junio de 2023,
requirió a Colfondos para que informara sobre el trámite impartido a la
solicitud y para que remitiera copia de la respuesta brindada al
consumidor financiero. Dicha decisión también fue comunicada a la parte
actora el 23 de junio siguiente (…)”.

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Explicó que, conforme lo anterior, no se evidenciaba que la
Superintendencia Financiera de Colombia hubiere incurrido en vulneración
del derecho fundamental de petición del accionante, pues, una vez tuvo
conocimiento de la solicitud que presentó procedió a impartirle el trámite
correspondiente, lo cual fue debidamente notificado al peticionario a la
dirección de correo electrónico que suministró para tal fin, incluso antes
de que se instaurara la acción de tutela.

Respecto a Colfondos S.A. indicó que, el 12 de diciembre de 2022 dicho
fondo de pensiones brindó una respuesta de fondo, clara, precisa y
oportuna frente a la solicitud presentada por el actor al informarle que a
través del oficio COB-SER-0307-12-06 del 6 de diciembre de 2022, se
realizó el recobro de los dineros que su ex empleador adeuda por concepto
de aportes pensionales durante los períodos comprendidos entre
noviembre de 2001 a agosto de 2002, noviembre de 2002 a febrero de
2003 y abril de 2003 a septiembre de 2004. A su vez, se le indicó que
una vez recibiera el pago de los mismos, éstos serían acreditados en su
cuenta de ahorro individual.

Señaló que la precitada respuesta fue debidamente notificada al
peticionario por correo electrónico, razón por la cual concluyó que
tampoco se evidenciaba una vulneración al derecho fundamental de
petición en relación con la actuación desplegada por Colfondos S.A.

Por su parte, en relación con la Contraloría Distrital de Barranquilla,
advirtió que “(…) aun cuando para la fecha en que se promovió la acción
de tutela la entidad no había brindado una contestación frente la solicitud
en cuestión, lo cierto es que, tal como lo informó el accionante, el 22 de
junio del año en curso, el ente territorial otorgó una respuesta de fondo y
congruente con los requerimientos planteados por el peticionario. Así,
mediante oficio, Oficio 130-001-1382-2023, reconoció que adeudaba los
aportes pensionales objeto de reclamo, pero que en razón a la situación
financiera que atraviesa la entidad no era posible pagar la obligación;
motivo por el cual su fondo pensional debía reconocer los tiempos

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cotizados para acceder a la pensión y, posteriormente, realizar el recobro
de esos dineros a la entidad, a través de los mecanismos respectivos (…)”.
Por lo tanto, anotó que, en lo concerniente a dicho ente de control, la
solicitud de amparo era improcedente al configurarse la carencia actual
de objeto por hecho superado.

En relación con la Contraloría General de la República, el Ministerio del
Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Seccional de
Fiscalías del Atlántico - Fiscalía General de la Nación, aseveró que, al no
otorgar una respuesta de fondo, clara y congruente frente a la solicitud
que elevó el actor el 30 de noviembre de 2022, incurrieron en un actuar
omisivo que constituye una vulneración al derecho fundamental de
petición del accionante. Al respecto precisó que, de acuerdo con el acervo
probatorio obrante en el plenario, estaba acreditado que las precitadas
accionadas no emitieron ningún tipo de respuesta al actor.

Por último, en cuanto a la pretensión orientada al pago de los aportes
pensionales adeudados por la Contraloría Distrital de Barranquilla,
manifestó que el asunto no cumple el requisito de subsidiariedad toda vez
que el accionante no ha agotado los medios judiciales, idóneos y eficaces
que el ordenamiento jurídico le otorga para obtener la protección de los
derechos invocados.

Argumentó que “(…) la parte actora cuenta con la posibilidad de acudir a
la acción ordinaria laboral o al contencioso administrativo, según sea el
caso, -como mecanismo judicial idóneo y eficaz- para reclamar los aportes
pensionales que ha omitido pagar su ex empleador. Sin embargo, el
demandante no ha hecho uso de dicho instrumento jurídico, así como
tampoco expuso las razones que justifiquen haber prescindido del mismo
(…)”. Agregó que la pretensión del señor Romero Rocha se enmarca
dentro de las competencias atribuidas al juez natural, por lo que el actor
acudió a la acción de tutela como un reemplazo de las vías judiciales
ordinarias.

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Arguyó que “(…) la parte actora no acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional, como
mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia, pues
no se trata de un sujeto de especial protección constitucional, así como
tampoco ha cumplido con los requisitos de edad para obtener el
reconocimiento de su derecho a la pensión, por lo que en la actualidad no
se avizora alguna afectación a su mínimo vital que amerite un
pronunciamiento del juez de tutela (...)”.

4.2. A raíz de la sentencia proferida el 9 de agosto de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, el profesional de gestión III de
la Dirección Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación,
mediante correo electrónico del 17 de agosto de 202341, dio traslado de
la providencia a los despachos que tienen o tuvieron conocimiento de
noticias criminales en las que actuó como denunciante el señor Johny
Alfonso Romero Rocha “(…) con la finalidad de que se analice el fallo de
marras y se cumpla con lo ordenado por la Honorable Sala, otorgando y/o
reiterando una respuesta de fondo, clara y congruente frente a la solicitud
que elevó el actor el 30 de noviembre de 2022; respuesta que debe ser
dirigida directamente al petente, dando conocimiento de la actuación a la
Sala de Decisión que emitió el correspondiente fallo (…)”.

En ese sentido, la Fiscalía Catorce Local de Barranquilla42 y la Fiscalía
Sexta Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos43, remitieron
vía correo electrónico copia de la respuesta dada al accionante.

Por su parte, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla envió correo electrónico44 en el que
informó que “(…) conforme a la decisión proferida por el Consejo de

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Visto en el índice 67 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
42
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
43
Visto en el índice 79, 81 y 82 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
44
Visto en el índice 70 y 73 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Estado, en su numeral 59 - página 13, se procedió por parte de esta
Delegada, a revisar cada una de las principales piezas procesales dentro
de la indagación radicada bajo el No. 08 - 001 - 60 - 01257 - 2018 -
02064, seguido contra el Juzgado Séptimo (7º) Civil Municipal de Oralidad
de Barranquilla – Atlántico, por el presunto delito de PREVARICATO POR
ACCIÓN, donde aparece como denunciante JOHNY ALFONSO ROMERO
ROCHA y victima ALFONSO ROMERO JIMENEZ, en hechos relacionados
con el trámite de un proceso ejecutivo de mínima cuantía radicado bajo
el No. 2015 – 00346 promovido por el demandante JESÚS MIGUEL
CUADROS MARQUEZ, en contra de los demandados JUANA RAMONA
ROCHA DE ROMERO y ALFONSO ROMERO JIMENEZ, NO APARECE
SOLICITUD de DERECHO DE PETICIÓN presentada por el accionante
JOHNY ALFONSO ROMERO ROCHA dentro de la actuación de la referencia
(…)”.

Las Fiscalías Veintiuno Local de Juicios45, Veintiocho Seccional de delitos
contra la Administración Pública46 y Cincuenta y Uno Seccional de delitos
contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública 47, allegaron escrito en el
que informaron que los hechos que motivaron la solicitud de amparo no
guardan relación con las investigaciones que se adelantan en dichos
despachos.

De igual forma, la Fiscalía Cincuenta y Seis Seccional48 indicó que la
petición del 30 de noviembre de 2022 “(…) no se encuentra allegada a
ninguna de las investigaciones que cursan en este despacho por denuncia
formulada por el señor Jhony Alfonso Romero Rocha (…)”.

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Visto en el índice 80 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 85 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 78 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

4.3. Por medio del oficio nro. 2807 del 18 de agosto de 2023 49, la
Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico manifestó que el a quo
“(…) desconoce la respectiva contestación de la tutela que la suscrita
radicó oportunamente el 22 de junio de 2023, a través del correo de la
Secretaría General del Consejo De Estado
secgeneral@consejodeestado.gov.co el cual fue leído por el administrador
del correo destinatario (…)”.

No obstante, adujo que en cumplimiento a la orden impartida en el
numeral cuarto del fallo de tutela de primera instancia, dicho ente de
control envió al señor Romero Rocha el oficio nro. 2804 del 18 de agosto
de 2023, por medio del cual le comunicó que “(…) su queja presentada
contra la Contraloría Distrital de Barranquilla, donde solicita el pago de
sus aportes pensionales durante el tiempo laborado en la entidad, la
contraloría envío respuesta manifestando que se encuentran en un
programa de saneamiento contable y adelantan gestiones para la
consecución de recursos que le permitan atender las obligaciones
pendientes. Por lo anterior se practicó el informe de cierre del radicado
preventivo No E-2022-697234 el día 01/02/202 (…)”.

4.4. Mediante oficio nro. 20450-001-02-0249 del 22 de agosto de 202350,
el director seccional del Atlántico encargado de la Fiscalía General de la
Nación, señaló que “(…) se ha generado una denuncia por los hechos
plasmados por el señor Johny Romero Rocha en el escrito de fecha 22 de
noviembre de 2022, la cual ha sido asignada desde el 22 de agosto de los
corrientes a la Fiscalía 8 Local UIT, bajo el CUI 080016001257202318301
(…)”, información que fue suministrada al accionante mediante oficio nro.
20450-041-00-0014 del 22 de agosto de 202351.

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Visto en el índice 83 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 90 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Visto en el índice 88 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó52
manifestando lo siguiente:

Precisó que “(…) dentro de la demanda nunca declaré que para acceder a
mi pensión DEBO CONTAR CON 62 AÑOS DE EDAD Y 1300 SEMANAS
COTIZADAS, lo que declare fue que PERTENEZCO AL SISTEMA RAIS
REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL Y SOLIDARIDAD AFILIADO A
COLFONDOS, donde en primera instancia no se tiene en cuenta ni la edad
ni las semanas cotizadas solo el capital acumulado para acceder a la
pensión. Aclare también que es la CONTRALORÍA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA la que consigna en sus actos administrativos de respuesta
que ellos no acceden a consignar el dinero porque yo aun no cuento con
los 62 años de edad para acceder a pensión y adición porque están en
saneamiento financiero desde hace 23 años (…)”. (mayúsculas
originales).

Señaló que “(…) TAMBIÉN DECLARE Y DENUNCIE que CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA ME ADEUDA $350.000.0000 DE APORTES
PENSIONALES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 23 AÑOS DE MORA E
INDEXACION DEUDA RECONOCIDA POR LA CONTRALORÍA DISTRITAL
que sumados dan un total de $478.149.296 lo cual me permite
ampliamente acceder a mi pensión porque tengo el capital suficiente para
acceder a una pensión de 1 SMLMV, toda vez que el capital necesario para
acceder a una pensión mínima en Colombia para el sistema RAIS en 2023
está fijado en un capital de 300 SMLMV que equivalen a $348.000.000 y
a todas luces yo supero este capital, pero tal como lo denuncié en la
acción de tutela NO puedo acceder a mi pensión porque la CONTRALORÍA
DISTRITAL NO ha consignado mis aportes pensionales y rendimientos
financieros de 23 años de mora y COLFONDOS tampoco los asume y

52
Visto en el índice 69 y 71 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02515 01
Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

después hace el recobro a la CONTRALORÍA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA (…)”. (mayúsculas originales).

Alegó que en el escrito de subsanación expuso que interpone la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
y que en el escrito de tutela inicial declaró bajo la gravedad del juramento
que se encuentra en la pobreza absoluta porque no genera ingresos desde
hace años. Agregó que está registrado en el SISBEN IV en la categoría
C5, la cual, aseveró, es para personas vulnerables que sus ingresos no le
alcanzan para el mínimo vital. Al efecto, aportó un documento en el que
se evidencia lo siguiente:

Aseveró que es un sujeto de especial protección y que “(…) lo que estoy
pidiendo es precisamente para suplir la miseria en la que me tiene
sometido el mismo estado Colombiano por intermedio de la
CONTRALORÍA DISTRITAL, EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y
COLFONDOS SA que al no consignar mis $350.000.0000 de aportes
pensionales y rendimientos financieros de 23 años de mora NO puedo
entrar a disfrutar de mi pensión mínima ya ganada y poder tener un
ingreso que me permita vivir mínimamente de forma digna (…)”.

22

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

Finalmente solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales a la
seguridad social y vida digna, y se ordene el pago de sus aportes
pensionales y rendimientos financieros de 23 años de mora para, así,
poder disfrutar de su pensión mínima ya lograda por capital, vivir
dignamente y superar la miseria en la que aseguró se encuentra.

Por auto del 31 de agosto de 2023 se concedió la impugnación 53 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 14 de
septiembre de 202354.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199155, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201556, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 57, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201958 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

53
Visto en el índice 92 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
54
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 01.
55
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
56
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
57
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
58
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
23

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente59:

6.2.1. Acorde con la certificación suscrita por la Secretaría General de la
Contraloría Distrital de Barranquilla60, se evidencia que el señor Johny
Alfonso Romero Rocha laboró en dicha entidad desde el 6 de abril de 2001
hasta el 8 de septiembre de 2003.

6.2.2. Por escrito del 30 de noviembre de 202261 firmado por el señor
Johny Alfonso Romero Rocha, con asunto “DENUNCIA CONTRA JAIRO
ALBERTO FANDIÑO VASQUEZ CONTRALOR DE BARRANQUILLA, JAIME
PUMAREJO HEINS ALCALDE DE BARRANQUILLA Y MARCELA GIRALDO
GARCIA Y ALEXANDRA CASTILLO GOMEZ PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE COLFONDOS”, se acredita que dirigió escrito vía
correo electrónico62 en la misma fecha a la Presidencia de la República, a
la Superintendencia Financiera de Colombia, al Senado de la República,
al Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a
Colfondos S.A.

6.2.3. En comunicación del 12 de diciembre de 2022 suscrita por la
directora de servicio al cliente de Colfondos S.A.63, con asunto
“Requerimiento Superintendencia Financiera nro.
2310166984713149932”, se le informó al hoy accionante que “(…)
Colfondos S.A. en calidad de administrador de sus recursos pensionales
procedió a realizar el cobro de sus aportes (…) a la Contraloría Municipal
de Barranquilla mediante comunicado adjunto COB-SER-0307-12-06 del
6 de diciembre de 2022 (…)”.

59
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
60
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
61
Ibidem.
62
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
63
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
24

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6.2.4. Por oficio nro. OFI22-00165864/GFPU12000002 del 15 de
diciembre de 202264, la presidencia de la República dio respuesta a la
solicitud del señor Romero Rocha, indicándole que “(…) con relación a su
solicitud, sería del caso remitirla a las entidades legalmente competentes
para dar respuesta a su petición; sin embargo, como quiera que la
situación expuesta ya es conocida por las mismas, nos abstenemos de
enviarla nuevamente, en aras de facilitar la gestión de la administración
pública y evitar duplicidad en la información interinstitucional, en virtud
de los principios que rigen las actuaciones administrativas de conformidad
con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de
2015 (…)”.

6.2.5. Por correo electrónico del 27 de diciembre de 2022 65 el secretario
privado de la presidencia del senado de la República trasladó a la
Superintendencia Financiera de Colombia el escrito del 30 de noviembre
de 2022 suscrito por el señor Romero Rocha, con el fin de que, “(…)
conforme a su competencia, se sirva revisar la solicitud, y otorgar una
respuesta pertinente (…)”.

6.2.6. Por oficio nro. 130-001-1382-2023 del 22 de junio del 2023
suscrito por el director del departamento jurídico de la Contraloría Distrital
de Barranquilla66 y dirigido al accionante, se dio “(…) respuesta a su
petición (…) recibida en esta Contraloría bajo el radicado relacionado y
con fecha del día 16 de junio de 2023 (…)”.

6.2.7. Por oficio identificado con el radicado nro. 2023068169-001-000
del 23 de junio de 202367, el coordinador del grupo para inconformidades
uno de la Superintendencia Financiera de Colombia informó al accionante

64
Visto en el índice 8, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
65
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
66
Visto en el índice 27, 28 y 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
67
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
25

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que “(…) en atención a su comunicación radicada en esta Entidad bajo el
número de la referencia, mediante la cual presenta unas inconformidades
contra Colfondos S.A. Así mismo, la Acción de Tutela No. 2023-02515,
proferida por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A. Al
respecto, le informamos que hemos dado traslado mediante oficio del 22
de junio del presente año, radicado bajo el número 2023068169-000, a
esa administradora de sus objeciones con el objeto de que se atiendan
sus inquietudes y se aporten las pruebas necesarias que respalden las
afirmaciones de Colfondos S.A., las cuales una vez evaluadas serán
puestas en su conocimiento (…)”.

6.2.8. En el documento del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales – Sisbén, se reporta lo siguiente:

26

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6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala circunscribiéndose a lo que es motivo de impugnación, estima que
conforme lo señaló el a quo, en este evento no se cumple el requisito de
subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable68.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

En ese sentido, el juez constitucional debe apreciar 1) la existencia del
medio de defensa judicial, 2) su eficiencia en relación con las
circunstancias concretas del solicitante y 3) establecer si se acredita el
perjuicio irremediable69.

En cuanto a la existencia de otro medio de defensa judicial

En la impugnación, el accionante reiteró la pretensión expuesta en el
escrito de tutela en el sentido que se ordene “(…) el pago de mis aportes
pensionales y rendimientos financieros de 23 años de mora para poder
disfrutar de mi pensión mínima ya lograda por capital y poder vivir
dignamente y superar la miseria actual (…)”70. (se destaca).

68
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
69
Sentencia T- 554 del 20 de noviembre de 2019.
70
Visto en el índice 69 y 71 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
27

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Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

La Sala advierte que la acción de tutela, en principio, no procede para
ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones económicas de carácter
pensional, por tratarse de un asunto supeditado al cumplimiento de los
requisitos dispuestos previamente en la ley71.

En efecto, la Corte Constitucional ha explicado que la tutela es
improcedente “(…) para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones
económicas de carácter pensional, principalmente por dos razones.
Primero, porque se trata de un asunto supeditado al cumplimiento de
unos requisitos definidos previamente en la ley. Segundo, porque existen
otros medios judiciales para tal propósito. Por una parte, la Jurisdicción
Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social es competente para conocer de
“[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o
usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras”. Y, por la otra, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está habilitada para dar trámite a los procesos “relativos a
la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado,
y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté
administrado por una persona de derecho público” (…)”72.

En ese sentido, la parte actora puede hacer uso de los mecanismos legales
dispuestos por el ordenamiento jurídico para reclamar el pago de los
aportes pensionales que la Contraloría Distrital de Barranquilla reconoció
que le adeuda y, en consecuencia, pueda solicitar ante Colfondos S.A. el
reconocimiento de su pensión, en caso que cumpla con los requisitos
dispuestos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 para adquirir dicha
prestación económica.

71
Sentencia T- 352 del 2 de agosto de 2019.
72
Sentencia T-080 del 5 de abril de 2021.
28

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En cuanto a la eficiencia del medio de defensa judicial en relación
con las circunstancias concretas del solicitante

Frente a este punto, la parte actora alegó en el escrito de impugnación
que “(…) se encuentra en el SISBEN IV como C5 que es una categoría
para persona vulnerable (…)”73 y que, por lo tanto, es sujeto de especial
protección.

Al respecto, lo primero que se precisa es que, en cuanto al estado de
vulnerabilidad, la Corte Constitucional en sentencia T-672 de 2017 indicó
que “(…) la vulnerabilidad supone la acreditación de las siguientes tres
condiciones, cada una de ellas necesaria, y conjuntamente suficientes, en
el accionante: (i) pertenecer a un grupo de especial protección
constitucional, (ii) hallarse en una situación de riesgo (condición subjetivo
negativa) y (iii) carecer de resiliencia, esto es, capacidad para asumir sus
necesidades hasta tanto agota la vía judicial ordinaria (condición subjetivo
positiva) (…)”.

Por su parte, en la sentencia T-167 de 2011, la Corte Constitucional
explicó que la categoría de sujetos de especial protección constitucional
“(…) se constituye por aquellas personas que debido a su condición física,
psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para
efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que
entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran: los
niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y
sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por
la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza (…)”. (se
destaca).

En ese sentido, la Sala advierte que el señor Johny Alfonso Romero Rocha
no acreditó que se encuentre en estado de vulnerabilidad porque, si bien
aportó un documento del Sisbén en el que se indica que pertenece a la
categoría C5, al tenor de lo señalado por la Corte Constitucional no

73
Visto en el índice 69 y 71 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
29

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pertenece a ninguno de los grupos que se consideran como de especial
protección constitucional, comoquiera que la categoría que define a una
persona en pobreza extrema es la correspondiente al Grupo A, tal como
se indica en la página oficial de dicho sistema, así74:

En cuanto al perjuicio irremediable

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que el
perjuicio sea irremediable debe cumplir con las siguientes características,
(i) ser inminente o próximo a suceder; (ii) grave, esto es, que implique la
afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente
significativo para la persona; (iii) que requiera medidas urgentes para
superar el daño y (iv) que las medidas de protección sean
impostergables75.

En este punto, la parte actora alegó que acudió a la solicitud de amparo
para prevenir la consumación de un perjuicio irremediable porque se
encuentra en la pobreza absoluta y que “(…) sus ingresos NO le alcanzan
para el mínimo vital para sobrevivir dignamente (…)”76.

Respecto de este argumento, se recuerda que, la Corte Constitucional ha
dicho que, le corresponde al accionante demostrar la vulneración de su
mínimo vital, señalando qué necesidades básicas están siendo
insatisfechas, pues “(…) no sólo basta hacer una afirmación llana respecto

74
Visto en https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx.
75
Corte Constitucional. Sentencia T-318 de 2017.
76
Visto en el índice 69 y 71 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02515 00.
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de la afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir
acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación,
que le permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación”77. En
ese mismo sentido, ha establecido que la carga de la prueba en las
acciones de tutela le incumbe al actor de acuerdo con el principio “onus
probandi incumbit actori” de modo que “(…) quien pretenda el amparo de
un derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda su
pretensión, a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza
y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho”78.

Conforme con lo expuesto, en lo que es objeto de impugnación, la tutela
es improcedente comoquiera que, por regla general, no se trata del
mecanismo judicial para ordenar el reconocimiento y pago de
prestaciones económicas de carácter pensional, máxime cuando lo que se
pretende es el pago aportes obligatorios para el reconocimiento de una
pensión mínima de vejez. Además, no se acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, ni que el accionante se encuentre en un estado de
vulnerabilidad.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 9 de agosto de
2023 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela frente a la pretensión relacionada
con la orden de pago de los aportes pensionales, por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, por las razones aquí señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

77
Corte Constitucional. Sentencia T-237 del 26 de febrero de 2001.
78
Corte Constitucional. Sentencia T-571 del 4 de septiembre de 2015.
31

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 9 de agosto de
2023 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones explicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

32

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