RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02528-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02528-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02528-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el actor contra las entidades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02528-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y
Otro 1

Temas: Derecho fundamental al debido proceso/alcance

Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/ alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a cargos
públicos

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351
de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0042 de 16 de enero de 20233; y ii) la
Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no
correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de
méritos; ii) al no resolver de fondo la ampliación del recurso de reposición que
presentó el 11 de noviembre de 2022 “[…] en 8 PREGUNTAS: La 53, 62, 63, 69,
87, 89, 91 y 97 […]”: vulneraron sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso
administrativo […]”, “[…] derecho de defensa […], “[…] carrera administrativa y
acceso a cargos públicos […]”, “[…] principio de buena fe […]” y a la “[…] confianza
legítima […]”.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] Mediante acuerdo PCSJA18-11077 de 20181 se adelantó el
proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”.

4. Expresó que, “[…] Mediante la Resolución No CJR22-0351 del 1 de septiembre
de 2022, se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, y en
el anexo del acto, se asigna como puntaje de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
PUNTO VEINTISEIS (783,26) PUNTOS. […]”.

2 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al

concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
3 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351

de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial”.

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

5. Manifestó que, el “[…] día 21 de septiembre de 2022 presenté recurso de
reposición en contra de la Resolución CJR22-351 del 1º de septiembre de 2022,
pidiendo la exhibición de la prueba […]”.

6. Adujo que, “[…] El 11 de noviembre de 2022, conforme a lo señalado en el
cronograma establecido, presenté ampliación al recurso de reposición, señalando
como aspectos sustanciales los reseñados en el correspondiente escrito, y solicité
que por favor se analizara detenidamente, y de manera objetiva, los planteamientos
que se hacen, pues está en juego el derecho de carrera del suscrito, quien en verdad
considera seriamente que en muchas de las preguntas existen errores, que truncan
las aspiraciones de quienes queremos servir con ecuanimidad y dignidad a la
administración de justicia. […]”.

7. Señaló que, “[…] Mediante Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial,
decidió confirmar los puntajes obtenidos por los recurrentes en las pruebas de
aptitudes y conocimientos, por lo que los resultados no fueron modificados. […]”.

8. Refirió que, “[…] Nótese que en la ampliación del recurso hice especial énfasis
en 8 PREGUNTAS: La 53, 62, 63, 69, 87, 89, 91 y 97, respecto de las cuales ilustré
suficientemente porqué consideré y considero que son las respuestas acertadas,
haciendo una exposición rica en contenido jurídico, normativo y jurisprudencial, que
sustentan esas elecciones, sin embargo, no recibí respuesta concreta del porqué, e
incluso en algunos casos se citó como justificación la misma sentencia o
jurisprudencia que apoya mi criterio, pero haciendo una interpretación sesgada de
la decisión marco, sin analizar mi punto de vista […]”.

9. Indicó que, “[…] la actitud omisiva de no analizar, estudiar, revisar y contrastar
los cuestionamientos realizados, viola, flagrantemente, el principio y derecho
constitucional, fundamental y humano del debido proceso, en tanto parte
únicamente de la contemplación de las apreciaciones de la Universidad Nacional,
de forma que, abofetea componentes del debido proceso como son la contradicción
y defensa, en la medida en que, sin realizar un análisis objetivo de los
cuestionamientos tanto de la formulación de las preguntas en los componentes de

4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

aptitudes y conocimiento, la fórmula de calificación y la desviación aplicada, el
tiempo y las condiciones en que se realizó la prueba psicotécnica […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Tutelar mis Derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO, PETICION, DERECHO DE DEFENSA, CARRERA
ADMINISTRATIVA Y ACCESO A CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCURSO
DE MÉRITOS, al igual que el principio de buena fe y a la confianza legítima en el
marco del concurso de méritos, los cuales fueron vulnerados por UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
(UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL), con ocasión de la Resolución
CJR23-0044 del 16 de enero de 2023.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL), proceda a resolver de fondo analizar los
argumentos expuestos, y en consecuencia dar respuesta de fondo al recurso de
reposición presentado, y la ampliación del mismo del 11 de noviembre del mismo
año, modificando la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 y su
respectivo anexo emitida dentro de la convocatoria 27 - ACUERDO PCSJA18-
11077, por medio de la cual expide el listado de los resultados de la prueba de
conocimientos […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de junio de 2023: i) avocó
conocimiento, ii) admitió la acción de tutela; iii) ordenó notificar al Presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia; y iv) vinculó
a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm.
PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término
tres (3) días para rendir informe.

5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

Intervención de las demandadas y de los terceros con interés legítimo

12. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó negar la acción constitucional, toda vez que, “[…] no se ha vulnerado
ni afectado los derechos fundamentales invocados […]. Al respecto manifestó lo
siguiente:

“[…] La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
del accionante, pues se evidenció que, en la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero
de 2023 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados
contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes
al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo Municipal de la
Rama Judicial.”, se atendieron de fondo y de forma congruente las solicitudes
relacionadas con recalificación del examen, así como las preguntas objetadas en la
complementación del recurso, fueron atendidos en los puntos 18, y 35, aclarando que
si bien el punto 18 no fue marcado expresamente para el aspirante, fue resuelto en
atención a quienes expresaron el mismo interés frente los ítems en cuestión con base
en la información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como
operador técnico de la prueba, en cumplimiento de los numerales 262 y 293 de las
obligaciones generales y específicas del contratista, establecidas en el del Contrato
096 de 2018 al cual ya se hizo referencia.

En aplicación del artículo 209 de la Constitución Política, en especial de los principios
de eficiencia, celeridad y economía, este último desarrollado en el numeral 12 del
artículo 3.° CPACA y lo dispuesto en el artículo 22 ibidem, sustituido por el artículo 1.º
de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de petición, los recursos
fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante categorías numeradas
que agruparon cada uno de los temas planteados y con un análisis particular sobre
cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el
cuerpo del acto administrativo.

De este modo, cabe resaltar que los cuestionamientos efectuados por el accionante
sobre la calificación de la prueba y en relación con preguntas del examen por motivos
de construcción, redacción, formulación en su enunciado y opciones de respuesta,
múltiples claves de respuesta en el marco del recurso de reposición interpuesto contra
los resultados obtenidos, fueron respondidos con la Resolución CJR23-0042 de 16
de enero de 2023 en el punto 18 denominado “Preguntas capciosas, ambiguas,
confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fu53e excluido algún ítem –
Recalificar” y el punto 35 denominado “Objeciones a preguntas de aptitudes y
conocimientos generales y específicas”, con la respectiva marcación dentro del Anexo
1 del referido acto administrativo, tal como se evidencia realizando la búsqueda por
nombres y apellidos y/o número de cédula del aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0042+-
+ANEXO+1+-+Juez+Promiscuo+Municipal.pdf/2d84fcda-4070-41b6-9dc4-
2c9324ce5d06

Así las cosas, en el punto 18 “Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita
excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar” en la fila del Anexo
1 correspondiente al concursante, se le dio respuesta de manera particular,
indicándole de que luego de haberse realizado una revisión detallada de los ítems
incluidos se determinó que no eran susceptibles de modificación, exclusión o

6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

invalidación por no ser ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes, toda vez que
cumplieron con los requisitos y estándares técnicos requeridos para la elaboración de
pruebas en esta clase de procesos de selección y de otra parte, se aclaró que
respecto del cargo para el cual aplicó, se evidenció que NO hay preguntas con varias
opciones de respuesta o también denominadas multiclave, por lo que, no se encontró
razón alguna para modificar la calificación.

Finalmente, conforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de
2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer la pertinencia del
enunciado de la pregunta y la clave asignada, así como la justificación de las opciones
de la respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración
de las preguntas, en relación con las preguntas objetadas en el recurso y su
complementación. […]”

[…]

“[…] La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
invocados por el accionante puesto que, las objeciones presentadas por el accionante
en el recurso de reposición y su adición, fueron atendidas mediante la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, por lo que se configura la carencia de objeto
por hecho superado.

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
invocados puesto que, no se observó inconsistencia alguna en el proceso de
calificación de la prueba del tutelante, lo que dio lugar a que se confirmara el resultado
por él obtenido en la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.

La tutela no procede bajo el entendido que existe otro mecanismo de defensa idóneo
[…]”.

13. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la Universidad Nacional
de Colombia y los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en
esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

16. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se debe proteger los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a cargos públicos por el actor, los cuales considera vulnerados por la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque,
a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20228 y CJR23-0042 de
16 de enero de 20239; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro
del respectivo concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo la ampliación del
recurso de reposición que presentó el 11 de noviembre de 2022 “[…] en 8
PREGUNTAS: La 53, 62, 63, 69, 87, 89, 91 y 97 […]”.

5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al

concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
9 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351

de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial”.

8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos
públicos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; iii) análisis del caso concreto y finalmente las iv) conclusiones de la Sala.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

18. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

19. Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

10 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos

20. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.

[…]

“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.

21. Atendiendo a que la Corte Constitucional11 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo12, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos13, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos14, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.

Análisis del caso concreto

22. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

23. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del

11 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
12 Sentencia T-309 de 1993.
13 Sentencia T-313 de 2006.
14 Sentencia T-451 de 2001.

10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

24. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

24.1. Documentos anexos al escrito de tutela.

24.2. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

25. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351
de 1.° de septiembre de 202215 y CJR23-0042 de 16 de enero de 202316; y ii) la
Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no
correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de
méritos; ii) al no resolver de fondo la ampliación del recurso de reposición que
presentó el 11 de noviembre de 2022 “[…] en 8 PREGUNTAS: La 53, 62, 63, 69,
87, 89, 91 y 97 […]”: vulneraron sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso
administrativo […]”, “[…] derecho de defensa […], “[…] carrera administrativa y
acceso a cargos públicos […]”, “[…] principio de buena fe […]” y a la “[…] confianza
legítima […]”.

15 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente

al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
16 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351

de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial”.

11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

26. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por el actor contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio del actor esta respuesta no atendió de fondo
y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.

27. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y el actor radicó la solicitud de
amparo el 15 de mayo de 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida
dentro de un término razonable.

28. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que si
bien es cierto el actor solicita expresamente que se modifique, la Resolución núm.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es que dicha petición
surge porque a juicio del actor, las accionadas no resolvieron de manera clara, de
fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente a las
preguntas 53, 62, 63, 69, 87, 89, 91 y 97.

29.Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó
o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra, con ocasión
del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario resultaría
ineficaz para tal fin17.

30. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. 53, 62,
63, 69, 87, 89, 91 y 97, es decir, analizará si las autoridades demandadas
desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a cargos
públicos del actor, con ocasión a la falta de una respuesta congruente y de fondo al

17 Frente al cumplimento del requisito general de subsidiariedad en casos análogos al presente, ver entre otras:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2023,
C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2023-01122-00.

12

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

recurso de reposición promovido por Javier Antonio Contreras Herazo en contra de
la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.

31. Para tal efecto, a través de la siguiente tabla, la Sala confrontará lo manifestado
por el actor en el citado recurso de reposición y la respuesta remitida, mediante la
Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:

Solicitudes del actor de conformidad con el Respuesta de las accionadas conforme a
recurso de reposición la Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de
enero de 202318
Pregunta 53 – Clave: D – Respuesta “[…]Esta pregunta es pertinente porque
Marcada: C. para cualquier operador jurídico y, en
especial, para los jueces y magistrados,
Observación: “[…] La pregunta se refería es fundamental conocer los diferentes
literalmente a “normas que condicionan tipos de normas que integran un sistema
normas”. La supuesta respuesta era “los jurídico con el objeto de poder
valores”, sin embargo, los valores no interpretarlas y aplicarlas.
pueden considerarse “normas”, porque no
están contenidos en un ordenamiento La opción A no resuelve de manera
jurídico; en cambio, los “principios” sí lo adecuada el enunciado y por ende es una
están, y son estos los que condicionan la respuesta incorrecta porque las
aplicación de otras normas. Muestra de ello directrices ordenan o permiten que se
es que el artículo 11 y 12 del CGP cuando alcance un estado de cosas o fin general
se refieren a dudas o vacíos en la en la mayor medida de lo posible.
interpretación de normas, ordena que se
empleen los principios como reguladores La opción B no resuelve de manera
de esos imprecisiones legislativa s, de adecuada el enunciado y por ende es una
manera que regulan las normas positivas. respuesta incorrecta porque las reglas
son normas que tienen un supuesto de
Se debe calificar correcta o en su defecto hecho formulado de forma cerrada y
valer las dos respuestas. AMPLIÓ ordenan una consecuencia jurídica
SUSTENTACIÓN MAS ADELANTE”. definitiva, es decir, cuando se cumplen
determinadas condiciones, ordenan,
prohíben o permiten algo definitivamente.

La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque los principios
también son normas que condicionan las
demás normas, pero con mayor grado de
concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad
concreta, alcanzando por sí mismos
proyección normativa.

La opción D es la respuesta correcta
porque tanto la doctrina como la

18 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351

de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial”.

13

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

jurisprudencia constitucional han definido
los valores de la forma expuesta en el
enunciado […]”.

“[…] Pregunta No. 62 Esta pregunta es
Pregunta 62 – Clave: C – Respuesta pertinente porque revisar los ajustes de
Marcada: B. forma propuestos se propone elaborar
una pregunta que interrogue sobre la
Observación: “[…] La C era una respuesta naturaleza del significado de la carga de
ambigua e inexacta, dado que se refería a la prueba de acuerdo con el CGP, de
la “búsqueda de la verdad y el orden justo”, manera que las opciones de respuesta
como fundamento de la carga de la prueba, sean más precisas, al tiempo que se
lo cual es erróneo. La respuesta más puedan concretar y clarificar las
acertada era la B, referente al deber de justificaciones de las opciones de
“colaboración” en cuanto a la carga de la respuesta. Conviene señalar que,
prueba, tal como lo establece el artículo mientras que en el enunciado se toma
167, en concordancia con el numeral 8 del como referente el CGP, en las
artículo 78 del CGP. justificaciones de las opciones de
respuesta se cita la sentencia C- 086 de
Se debe calificar correcta. AMPLIÓ 2016 de la Corte Constitucional y la
SUSTENTACIÓN MAS ADELANTE […]”. Doctrina.

La opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la naturaleza
de la carga de la prueba es más bien la
de una carga procesal que para las partes
en el proceso “comportan o demandan
una conducta de realización facultativa,
normalmente establecida en interés del
propio sujeto y cuya omisión trae
aparejadas para él consecuencias
desfavorables, como la preclusión de una
oportunidad o un derecho procesal e
inclusive hasta la pérdida del derecho
sustancial debatido en el proceso”.
(Sentencia C-086-16). En cambio, la
obligación procesal, es una prestación de
contenido patrimonial que se impone a las
partes en virtud del proceso y “obedece[n]
al concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción
o del derecho de defensa”. (Sentencia C-
086-16).

La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la carga de la
prueba simplemente demanda de las
partes en el proceso “una conducta de
realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto y
cuya omisión trae aparejadas para él
consecuencias desfavorables, como la
preclusión de una oportunidad o un

14

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

derecho procesal e inclusive hasta la
pérdida del derecho sustancial debatido
en el proceso”. (Sentencia C-086-16). Por
el contrario, los deberes procesales “[s]e
caracterizan porque emanan,
precisamente, de las normas procesales,
que son de derecho público, y, por lo
tanto, de imperativo cumplimiento en
términos del artículo 6° del Código
(artículo 6° del CGP)”. (Sentencia C-086-
16).

En síntesis, los deberes procesales son
imperativos legales que impone la ley y
tienen como fin la adecuada realización
del proceso; por consiguiente, la
conducta “es exigible cuando no puede
ejecutarse el acto debido por intermedio
del juez o de otra persona”. (DEVIS
ECHANDIA, Hernando. Teoría general de
la prueba judicial. Bogotá: Temis. 2006, p.
397.

La opción C es la respuesta correcta
porque se consagra legislativamente la
carga de la prueba en el CGP tomando en
consideración que “[e]n efecto, responde
a fines constitucionalmente legítimos:
ejercer los derechos con responsabilidad
y colaborar con el buen funcionamiento
de la administración de justicia, contribuir
al esclarecimiento de la verdad en el
marco de un proceso judicial, asegurar la
prevalencia del derecho sustancial y velar
por la vigencia de un orden justo”. “Es
también una carga adecuada para lograr
esos mismos cometidos, si se tiene en
cuenta que quien invoca un hecho lo hace
–lo debe hacer- sobre la base de un
conocimiento previo del mismo y por lo
general dispone de algunos elementos
mínimos para dar crédito a sus
afirmaciones, en especial cuando
pretende obtener algún beneficio de ellos;
igualmente, contribuye eficazmente con
el juez en su tarea de dilucidar la verdad,
garantizar la primacía del derecho
sustancial y resolver los litigios dentro de
un término razonable (celeridad)”.
(Sentencia C-086-16).

La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la noción de
carga de la prueba debe entenderse en

15

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

su naturaleza como una carga procesal
que se destaca “porque el sujeto a quien
se la[s] impone la ley conserva la facultad
de cumplirla[s] o no, sin que el Juez o
persona alguna pueda compelerlo
coercitivamente a ello, todo lo contrario
de lo que sucede con las obligaciones; de
no, tal omisión le puede acarrear
consecuencias desfavorables. Así, por
ejemplo, probar los supuestos de hecho
para no recibir una sentencia adversa”.
(Sentencia C-086-16). Como
consecuencia esta opción al involucrar
los términos “imperativo” y “obligación”
excluye cualquier posibilidad de tenerla
por correcta, porque ellos no son
compatibles jurídicamente. En efecto,
como conclusión se señala que las
obligaciones procesales “obedecen al
concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción
o del derecho de defensa”. (Sentencia C-
086-16) […]”.

“[…] Pregunta No. 63 Esta pregunta es
Pregunta 63 – Clave: C – Respuesta pertinente porque el medio de prueba de
Marcada: B. confesión, se puede obtener de diversas
formas en la demanda, la contestación y
Observación: “[…] Es cierto que la otros actos procesales, así que es
confesión se desestima cuando se hace en fundamental para el administrador de
beneficio propio, pues así lo establece el justicia tener la suficiente claridad para
numeral 2o del artículo 191 del CGP, determinar cuándo se está frente a la
cuando indica que debe producir confesión. La valoración probatoria de los
consecuencias jurídicas adversas; pero diferentes medios de prueba practicados
también se debe desestimar cuando “se en el curso de un proceso judicial es muy
exija otro medio de prueba”, porque así lo compleja, especialmente con aquellos
establece también el numeral 3o del mismo medios indirectos como la confesión, por
artículo 191 del CGP, opción que estaba en lo cual es necesario tener claridad para
la respuesta B. Ejemplo s de ello son la aplicarlo.
muerte, la paternidad o la existencia de una
persona jurídica, hechos que no se puede La opción A no resuelve de manera
n probar con testimonios y mucho menos adecuada el enunciado y por ende es una
con la “confesión” de una de las partes, respuesta incorrecta porque este es uno
pues ello requiere n una prueba específica, de los requisitos de la CONFESIÓN
como lo sería, siguiendo esos ejemplos, el establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 1
registro civil de defunción o de nacimiento,
o certificados mercantiles . La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
Deben calificarse como correctas las dos respuesta incorrecta porque este es uno
respuestas (B y C). AMPLIÓ de los requisitos de la CONFESIÓN
SUSTENTACIÓN MAS ADELANTE […]”. establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 3.

La opción C es la respuesta correcta
porque esta opción es diametralmente
opuesta a la consagrada en el Art. 191

16

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

Núm. 2 del C.G.P., toda vez que la
confesión debe reportarle consecuencias
adversas al confesante y no favorables,
tal como está en la opción.

La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque esa opción
encierra los requisitos de la CONFESIÓN
establecido en el C.G.P., Art 191 Núm.
5,y por lo tanto debe estimarse como tal
[…]”.

Pregunta 69 – Clave: B – Respuesta “[…]Pregunta No. 69 Esta pregunta es
Correcta. pertinente teniendo en cuenta que los
jueces deben comprender y aplicar de
Observación: “[…] En la pregunta se forma correcta en el proceso, la operancia
plantea si es posible fijar el litigio en una del principio dispositivo en materia de
audiencia cuando “las partes ” no fijación del objeto litigioso, el cual está
concurrieron . Para empezar, la pregunta exclusivamente en cabeza de las partes.
es ambigua, pues no se determinada
realmente si la inasistencia es propiamente La opción A no resuelve de manera
de “las partes ” o de las partes y sus adecuada el enunciado y por ende es una
apoderados, lo cual es relevante. Además, respuesta incorrecta porque se ha
la supuesta respuesta es que no porque establecido “que cuando ninguna de las
ello hace parte del “principio dispositivo de partes concurre a la audiencia inicial y no
las partes”, sin embargo, esa respuesta no justifican su inasistencia dentro del
es del todo acertada, pues de acuerdo a lo término correspondiente, se tiene que
consagrado en el inciso 4º del numeral 7º declarar la terminación del proceso, pues
del artículo 372 del CGP, en la audiencia no habría manera de fijar el objeto del
no solo se interroga a las partes sino litigio (inciso segundo del numeral 4º del
también a “sus apoderados ” para artículo 372 del Código General del
determina r “los hechos en los que Proceso), toda vez que ni el juez ni los
estuvieren de acuerdo y que fueren apoderados pueden suplir esa función
susceptibles de prueba de confesión”, y es exclusiva de las partes. El juez orienta a
el juez quien fij a el litigio, de acuerdo a lo las partes en la fijación del objeto del
reconocido ahí . De manera que si no litigio, pero no está facultado para variar
asisten “las partes” , en todo caso el juez los límites trazados por ellas, porque tal
fija el litigio co n lo que adviertan los labor corresponde al ejercicio del principio
abogados, y lo que se extraiga de la dispositivo que rige el proceso civil; y para
demanda y contestación. Ahora, si el ello basta con asentar los temas
planteamiento era que nadie (ni partes ni controvertidos, entendiéndose que
abogados) concurrieron a la audiencia, aquéllas están conformes con todos los
entonces la respuesta correcta sería que demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
no se puede fijar el litigio, pero porque de marzo de 2020).
conformidad con el inciso 2º del numeral 4º
del art. 372 del CGP, el proceso debe La opción B es la respuesta correcta
terminarse . En conclusión, la pregunta no porque el proceso establecido
es precisa, y de considerarse precisa normativamente en el Código General del
(porque decía “partes”), entonces la Proceso se caracteriza porque se
respuesta no es la B, porque los abogados adscribe al principio dispositivo en el que
son interrogados sobre la fijación del litigio exclusivamente las partes disponen o
[…]”. determinan la forma y el momento en que
plantean su litigio ante el juez. Así las
cosas, de la señalada disposición que las

17

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

partes ejercen en torno a la oportunidad
en que deben presentar su problema ante
el juzgador, y de la correspondiente
imposibilidad de que éste de oficio intente
componer el litigio, se puede concluir que
el objeto del litigio también es delimitado
o fijado exclusivamente por las partes.
Conforme lo anterior, se ha establecido
“que cuando ninguna de las partes
concurre a la audiencia inicial y no
justifican su inasistencia dentro del
término correspondiente, se tiene que
declarar la terminación del proceso, pues
no habría manera de fijar el objeto del
litigio (inciso segundo del numeral 4º del
artículo 372 del Código General del
Proceso), toda vez que ni el juez ni los
apoderados pueden suplir esa función
exclusiva de las partes. El juez orienta a
las partes en la fijación del objeto del
litigio, pero no está facultado para variar
los límites trazados por ellas, porque tal
labor corresponde al ejercicio del principio
dispositivo que rige el proceso civil; y para
ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que
aquéllas están conformes con todos los
demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
marzo de 2020).

La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque vulnera el
principio dispositivo aplicado a la fijación
del objeto de litigio, el cual no
corresponde al juez. En efecto “[l]a
fijación del objeto del litigio no está
concebida para que las partes “ratifiquen”
los hechos y pretensiones narrados en la
demanda y la contestación, ni para
resumirlos; pues entonces esa actuación
no cumpliría ninguna función importante y
no sería más que una pérdida de tiempo;
dado que esa “síntesis” debió hacerse
desde un principio en la narración de los
hechos de la demanda y podría realizarla
el juez con posterioridad. La fijación del
litigio cumple una función de depuración
de la información contenida en esas esas
narraciones para conservar lo que resulte
estrictamente necesario para conformar
el tema de la prueba, que siempre debe
estar dirigido a demostrar los supuestos
de hecho previstos en la proposición
normativa que rige el caso. Todo lo

18

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

demás no es más que información
irrelevante, que distrae la atención sobre
lo que merece ser debatido y probado. La
mayoría de costos innecesarios que
vulneran el principio de economía
procesal, en términos de tiempo y de
recursos, se generan por no fijar
adecuadamente el objeto del litigio”.
(Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
2020).

La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque vulnera el
principio dispositivo aplicado a la fijación
del objeto de litigio, el cual no
corresponde al juez. En efecto “[l]a
fijación del objeto del litigio no está
concebida para que las partes “ratifiquen”
los hechos y pretensiones narrados en la
demanda y la contestación, ni para
resumirlos; pues entonces esa actuación
no cumpliría ninguna función importante y
no sería más que una pérdida de tiempo;
dado que esa “síntesis” debió hacerse
desde un principio en la narración de los
hechos de la demanda y podría realizarla
el juez con posterioridad. La fijación del
litigio cumple una función de depuración
de la información contenida en esas esas
narraciones para conservar lo que resulte
estrictamente necesario para conformar
el tema de la prueba, que siempre debe
estar dirigido a demostrar los supuestos
de hecho previstos en la proposición
normativa que rige el caso. Todo lo
demás no es más que información
irrelevante, que distrae la atención sobre
lo que merece ser debatido y probado. La
mayoría de costos innecesarios que
vulneran el principio de economía
procesal, en términos de tiempo y de
recursos, se generan por no fijar
adecuadamente el objeto del litigio”.
(Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
2020). El solo acceso a la administración
de justicia y a la contradicción en el
proceso, no autoriza la fijación del objeto
del litigio por parte del juez. En efecto, el
proceso establecido normativamente en
el Código General del Proceso se
caracteriza porque se adscribe al
principio dispositivo en el que
exclusivamente las partes disponen o
determinan la forma y el momento en que

19

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

plantean su litigio ante el juez. Así las
cosas, de la señalada disposición que las
partes ejercen en torno a la oportunidad
en que deben presentar su problema ante
el juzgador, y de la correspondiente
imposibilidad de que éste de oficio intente
componer el litigio, se puede concluir que
el objeto del litigio también es delimitado
o fijado exclusivamente por las partes.
Conforme lo anterior, se ha establecido
“que cuando ninguna de las partes
concurre a la audiencia inicial y no
justifican su inasistencia dentro del
término correspondiente, se tiene que
declarar la terminación del proceso, pues
no habría manera de fijar el objeto del
litigio (inciso segundo del numeral 4º del
artículo 372 del Código General del
Proceso), toda vez que ni el juez ni los
apoderados pueden suplir esa función
exclusiva de las partes. El juez orienta a
las partes en la fijación del objeto del
litigio, pero no está facultado para variar
los límites trazados por ellas, porque tal
labor corresponde al ejercicio del principio
dispositivo que rige el proceso civil; y para
ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que
aquéllas están conformes con todos los
demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
marzo de 2020).

“[…]Pregunta No. 87 Esta pregunta es
Pregunta 87 – Clave: D – Respuesta pertinente porque el funcionario judicial
Marcada: C. debe diferenciar las consecuencias de las
decisiones en los procesos que conlleven
Observación: “[…]En esta pregunta se a restituciones mutuas, teniendo en
planteó desde cuándo procedía la cuenta la distinción de poseedor de
restitución de los frutos en un proceso de buena fe y de mala fe, a fin de establecer
pertenencia, sin embargo, la pregunta no la clasificación de los frutos y las etapas
aclaró si se trataba de posesión de buena procesales para las condenas.
o mala fe, lo cual es determinante, a la luz
de lo establecido en el artículo 964 del CC. La opción A no resuelve de manera
Además, la supuesta respuesta adecuada el enunciado y, por ende, es
contemplaba un tiempo no previsto en la una respuesta incorrecta porque la Corte
norma (artículo 964 del CC ), pues en todo Suprema de Justicia, Sala Civil,
caso, cuando la posesión sea de “buena Sentencia SC-10326
fe”, los frutos se deben después “de la (25307310300120080043701), de agosto
contestación de la demanda ”, etapa que es 05 de 2014, Magistrado Ponente Arturo
diferente a la contemplada en la respuesta Solarte Rodríguez, precisó la
D , que era desde la “admisión de la diferenciación de la condena en frutos en
demanda” . En ese sentido, además de que esta clase de procesos para los
la pregunta no fue clara, la respuesta D en poseedores de buena y de mala fe. Así, la
ningún caso era acertada […]”. opción de respuesta es la consecuencia
en condena de restitución de frutos, pero

20

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

para el poseedor de mala fe, establecida
en el artículo 964 del Código Civil:
“artículo 964. Restitución de frutos: El
poseedor de mala fe es obligado a
restituir los frutos naturales y civiles de la
cosa, y no solamente los percibidos sino
los que el dueño hubiera podido percibir
con mediana inteligencia y actividad,
teniendo la cosa en su poder. Si no
existen los frutos, deberá el valor que
tenían o hubieran tenido al tiempo de la
percepción; se considerarán como no
existentes lo que se hayan deteriorado en
su poder. El poseedor de buena fe no es
obligado a la restitución de los frutos
percibidos antes de la contestación de la
demanda; en cuanto a los percibidos
después, estará sujeto a las reglas de los
dos incisos anteriores. En toda restitución
de frutos se abonarán al que la hace los
gastos ordinarios que ha invertido en
producirlos”.

La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque el
artículo 716 del Código Civil establece la
regla que los frutos le pertenecen al
poseedor de buena fe, sin embargo, el
momento procesal exacto para la
condena de la restitución de frutos es a
partir de la notificación de la demanda
(artículo 964 Código Civil). Es incorrecto
el momento procesal de la ejecutoria de
la sentencia y la entrega del bien al
verdadero dueño, para la restitución de
frutos.

La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque el
artículo 964 del Código Civil es claro en
determinar la restitución de frutos,
diferenciando el caso del poseedor de
buena y de mala fe. En igual sentido el
desarrollo jurisprudencial de la Corte
Suprema de Justicia realiza tal
diferenciación (ver referencias
bibliográficas). Sin embargo, la opción de
respuesta planteada no está establecida
en el Código Civil.

La opción D es la respuesta correcta
porque el artículo 716 del Código Civil
establece la regla que los frutos le

21

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

pertenecen al poseedor de buena fe, en
armonía con el artículo 964 que indica el
momento exacto en que se deben
restituir, así: “Artículo 716. Derechos
sobre los frutos naturales: Los frutos
naturales de una cosa pertenecen al
dueño de ella; sin perjuicio de los
derechos constituidos por las leyes, o por
un hecho del hombre, al poseedor de
buena fe, al usufructuario, al arrendatario.
Así, los vegetales que la tierra produce
espontáneamente o por el cultivo, y las
frutas, semillas y demás productos de los
vegetales, pertenecen al dueño de la
tierra. Así también las pieles, lana, astas,
leche, cría y demás productos de los
animales, pertenecen al dueño de éstos”.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,
Sentencia SC-10326
(25307310300120080043701), de agosto
05 de 2014, Magistrado Ponente Arturo
Solarte Rodríguez, precisó igualmente:
“(…) la Sala, en relación con el artículo
964 del Código Civil, ha observado que
dicha norma “establece una excepción a
la regla general desarrollada en el artículo
716 ibídem, pues hace dueño al poseedor
de buena fe de los frutos que haya
percibido con anterioridad al
enteramiento de la demanda, momento
hasta el cual puede atribuírsele dicha
condición -la de poseedor de buena fe-,
pues a partir de allí, en el supuesto de ser
vencido en el proceso, se le dará el
mismo tratamiento establecido para el
poseedor de mala fe y, por lo mismo,
estará obligado a la restitución de la
totalidad de los frutos que perciba” (Cas.
Civ., sentencia de 16 de septiembre de
2011, expediente No. 19001-3103-003-
2005-00058-01). No sobra destacar que
esta posición de la jurisprudencia que ha
sido constante desde hace varios lustros,
al precisarse en su momento que
“[c]uando los artículos 964 y 966 del
Código Civil hablan de contestación de la
demanda, no se refieren al hecho material
de la respuesta del demandado al libelo
con que se inicia el juicio, sino al
fenómeno de la litis contestatio, o sea a la
formación del vínculo jurídico-procesal
que nace con la notificación de la
demanda” (Cas. Civ. 3 de junio de 1954,
LXXVII, pág. 772) (…)”. En igual sentido
los tratadistas indican que “el poseedor

22

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

de buena fe vencido en juicio por el
verdadero propietario no está obligado a
restituir los frutos causados y percibidos
antes de la notificación de la demanda”
(Bienes. Luis Guillermo Velásquez
Jaramillo. 12 edición. Editorial Temis.
Pág. 155) […]”.

Pregunta 89 – Clave: B – Respuesta “[…]Pregunta No. 89 Esta pregunta es
correcta. pertinente porque la validez de los
negocios jurídicos y de los contratos está
Observación: “[…]En esta pregunta se determinada por varias causas; entre las
cuestionó sobre la posibilidad de las partes cuales existen unos vicios subjetivos
de renunciar al derecho a demandar la (error, fuerza y dolo) y otros de carácter
rescisión del contrato de compraventa, lo objetivo (la lesión enorme). La
cual de conformidad con el art. 1950 del diferenciación entre los unos y los otros
CC, no es posible. Sin embargo, en el caso es indispensable para poder solucionar
también se planteó que el acuerdo para la adecuadamente el problema planteado.
renuncia había sido posterior a la
realización de aquél contrato, lo cual sí es La opción A no resuelve de manera
posible, atendiendo a lo explicado de adecuada el enunciado y, por ende, es
manera pacífica por la Corte Suprema de una respuesta incorrecta porque tanto la
Justicia, entre otras, en las Sentencias SC jurisprudencia como la doctrina, de vieja
del19 de diciembre de 2005, rad. 08001 - data, han indicado el sentido en que debe
31 -03 -004 - 1996 -10274 -02, reiterada en interpretarse el artículo 1950 del Código
SC del 15 de diciembre de 2009, rad Civil, en ese orden, han sostenido que la
1100131030101998 -17323 - 01, así como ineficacia del desistimiento mencionado
en SC del 5 de septiembre de 2011, rad. tiene lugar cuando se pacta
25269 -3103 -002 -2005 - 00199 -01 […]”. exclusivamente en el contrato de
compraventa. Las partes, en uso de sus
facultades autonómicas, pueden disponer
de sus intereses patrimoniales (renuncia
a la acción de rescisión), pues la lesión
enorme no es un vicio del consentimiento,
tampoco es un asunto de capacidad, ni
supone una ilicitud de objeto o causa.
(Sentencia 1996-10274 de diciembre 19
de 2005 de la Corte Suprema de Justicia).

La opción B es la respuesta correcta
porque si bien es irrenunciable antes y en
el momento de la celebración del
contrato, una vez perfeccionado éste, la
parte afectada puede renunciar al
ejercicio de la acción. Esto último es lo
que enuncia en la pregunta, ya que se
hizo con posterioridad al otorgamiento de
la escritura pública.

La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque la acción
de rescisión por lesión enorme caduca a
los cuatro años. Tanto en materia civil
(artículo 1954 del Código Civil) como en

23

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

comercial (artículo 822 del Código de
Comercio). En el enunciado de la
pregunta claramente se dice que
demandó antes de vencidos los cuatro
años.

La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque las
nulidades absolutas prescriben a los 10
años, según el artículo 1 de la ley 791 de
2002, modificatoria de la ley 50 de 1936,
y la acción de rescisión por lesión enorme
no configura una nulidad absoluta, puesto
que no se funda en objeto o causa ilícitos
ni en la incapacidad absoluta ni en
ausencia de formalidades para el valor
del acto […]”.

“[…]Pregunta No. 91 Esta pregunta es
Pregunta 91 – Clave: B – Respuesta pertinente porque en el derecho
correcta. colombiano se predica la responsabilidad
civil tanto de las personas naturales como
Observación: “[…]La pregunta planeaba la de las jurídicas; como estas desarrollan
responsabilidad de una empresa en un sus actividades valiéndose de personas
accidente de tránsito. La supuesta naturales, los jueces deben conocer la
respuesta indicaba que la responsabilidad forma como estas personas jurídicas
era “propia”, sin embargo, lo correcto es responden por el daño ocasionado por
que la responsabilidad de esta es por un sus dependientes o empleados, conforme
hecho ajeno por culpa in eligendo e in la doctrina probable desarrollada por la
vigilando, tal como lo establecen los Corte Suprema de Justicia que tiene
artículo 2347 y 2349 del CC, y la amplia carácter vinculante.
jurisprudencia de la CSJ al respecto, dada
la dependencia del conductor para con la La opción A no resuelve de manera
empresa transportadora. adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque la
Se debe calificar correcta. AMPLIÓ responsabilidad de las personas jurídicas
SUSTENTACIÓN MAS ADELANTE […]”. en el ordenamiento colombiano es, desde
la sentencia del 30 de junio de 1962, una
responsabilidad por el hecho propio. La
teoría de la responsabilidad por el hecho
ajeno basada en la culpa in eligendo y la
culpa in vigilando predominó en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia hasta 1939.

La opción B es la respuesta correcta
porque desde la sentencia del 30 de junio
de 1962 la Corte Suprema de Justicia
admitió que la responsabilidad de las
personas jurídicas por el hecho de sus
empleados o dependientes es una
responsabilidad por el hecho propio en
todo caso. Interpretación que ha
mantenido ininterrumpidamente en

24

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

innumerables sentencias por lo que
constituye doctrina probable de carácter
vinculante (Ley 169 de 1896, artículo 4 y
Código General del Proceso, artículo 7).

La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque la teoría
organicista estuvo vigente en la doctrina
de la Corte Suprema de Justicia entre el
año 1939 y el año 1962, pero a partir de
esta última fecha se modificó para admitir
la teoría de la responsabilidad por el
hecho propio, por lo que constituye
doctrina probable (Ley 169 de 1896,
artículo 4 y Código General del Proceso,
artículo 7).

La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque la
connotación de actividad peligrosa tiene
sus propias regulaciones y efectos y no
determina la forma de responsabilidad
que se imputa por el hecho propio o por el
hecho ajeno. La Corte Suprema de
Justicia desde la Sentencia del 30 de
junio de 1962, ha entendido que
independientemente de la causa del daño
o actividad generadora del mismo existe
responsabilidad por el hecho propio de la
persona jurídica si el daño es causado por
un dependiente suyo, sin importar la
calidad que tenga […]”.

“[…]Pregunta No. 97 Esta pregunta es
Pregunta 97 – Clave: C – Respuesta pertinente porque La pregunta es
Marcada: A. pertinente toda vez que consagra la
improcedencia de la prescripción
Observación: “[…]Aquí se pregunta adquisitiva de mala fe respecto de los
explícitamente por el término para bienes inmuebles de una Empresa
presentar la oposición, y tanto la opción A, Industrial y Comercial del Estado, a través
como la opción C, contemplan que el plazo de una acción de oposición manifestada
vence al finalizar la audiencia de deslinde mediante un proceso especial de deslinde
de que trata el artículo 403 del CGP. La y amojonamiento. La opción A no
diferencia es que en la C, se adiciona a la resuelve de manera adecuada el
respuesta algo que no se estaba enunciado y, por ende, es una respuesta
preguntando, y es respecto a la posibilidad incorrecta porque “Si los interesados
“formalizar la oposición ” y la presentación exteriorizan estos reparos antes de
de la demanda, lo cual no se preguntó . En finalizar la diligencia de deslinde, y
consecuencia, deben valerse ambas formalizan su oposición dentro de los diez
respuestas, pues en el enunciado no se días siguientes (con la presentación de la
pedía establecer el término para correspondiente demanda)” (SC 3891-
demandar, sino el límite para oponerse. 2020), por lo tanto, la oportunidad para
Además, el lapso de los 10 días parte de sustentar y formalizar no precluye con la

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

que “se hizo” la oposición, siendo que el diligencia de deslinde y amojonamiento,
enunciado y la pregunta partían de la basesino dentro de los diez días siguientes a
de que NO se presentó en tiempo. De no su manifestación. La opción B no
valerse la respuesta, la pregunta debe serresuelve de manera adecuada el
excluida por superflua, imprecisa y enunciado y, por ende, es una respuesta
ambigua. incorrecta porque no se requiere certeza
en la delimitación de los fundos contiguos
Se debe calificar correcta, valer las dos en los títulos de propiedad. La Corte
respuestas o anularse la pregunta. señala: “es viable acudir al criterio de la
AMPLIÓ SUSTENTACIÓN MAS posesión de las partes sobre el terreno
ADELANTE […]”. que disputan, pero solamente cuando
exista «oscuridad en los títulos, o mejor
dicho, no dando luz ninguna los títulos
presentados en el juicio»” (SC 3891-
2020). De forma tal, la certeza otorgada
por los títulos es el punto de partida para
determinar que los predios son contiguos
y definir sus linderos. La opción C es la
respuesta correcta porque se requiere
oposición formal en el sentido legal. En
efecto, el artículo 404 numeral primero del
Código General del Proceso, indica que:
“Si antes de concluir la diligencia alguna
de las partes manifiestan que se opone al
deslinde practicado, se aplicarán las
siguientes reglas: 1. Dentro de los diez
(10) días siguientes el opositor deberá
formalizar la oposición, mediante
demanda en la cual podrá alegar los
derechos que considere tener en la zona
discutida”. La opción D no resuelve de
manera adecuada el enunciado y, por
ende, es una respuesta incorrecta porque
la franja del inmueble en disputa es
imprescriptible. En efecto: “Cuando uno
de los involucrados (una de las partes) en
la controversia es de naturaleza pública o
fiscal, por ser sus bienes imprescriptibles,
no es jurídicamente posible reconocer la
posesión alegada por el colindante.” (SC
3891-2020) “En adición, estimó que la
configuración de los inmuebles de
propiedad de empresas industriales y
comerciales del Estado, no puede ser
alterada por actos de posesión de
particulares, lo cual es apenas lógico,
dado que dichos bienes raíces son
imprescriptibles, y por lo mismo, no
pueden ser objeto de posesión.” (SC
3891-2020) Adicionalmente el artículo
375 numeral cuarto del Código General
del Proceso establece que “En las
demandas sobre declaración de
pertenencia de bienes privados, salvo
norma especial, se aplicarán las

26

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

siguientes reglas: 4. La declaración de
pertenencia no procede respecto de
bienes imprescriptibles o de propiedad de
las entidades de derecho público”.

En línea con lo anterior, el Código Civil en
el artículo 674 define como bienes de la
Unión, aquellos cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes. Por lo
tanto, dada la naturaleza jurídica del bien
esta opción es incorrecta […]”.

32. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0042 de 16 de enero de 2023, en su anexo 2: “[…] “Por medio de la cual se resuelven
los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de
septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la
provisión del cargo de Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial”. […]”, remitido
por la Universidad Nacional de Colombia, y anexado por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, resolvió uno a uno los requerimientos del actor
en la ampliación del recurso de reposición que presentó el 11 de noviembre de 2022.

33. La Sala evidenció del acervo probatorio allegado por el actor dentro de la
presente acción constitucional, que la Unidad de Administración de Carrera resolvió
el recurso de reposición, pues allegó la Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de
enero de 2023; y la Universidad Nacional de Colombia, el anexo 2 – Respuesta
Objeciones, a partir de lo cual se advierte que sí dio una respuesta congruente y de
fondo la ampliación del recurso de reposición.

34. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay lugar
a amparar los derechos fundamentales invocados por el actor, toda vez que, las
entidades demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta a el actor, a través
del Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas que
fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo Juez Promiscuo Municipal,
indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como la razón de
las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y
elaboración de las preguntas. […]”.

27

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

35. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales, invocados por el actor, en la medida en que la Unidad sí dio
una respuesta congruente y de fondo al recurso del actor, de conformidad con el
Anexo núm. 2 de la CJR23-0042 de 16 de enero de 2023.

36. Valga resaltar que la Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual “[…]
se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que dispone
lo siguiente:

“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la
página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos
Seccionales de la Judicatura.

De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso
de selección, incluidos los que resuelven los recursos […]”.

37. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición del actor haya
afectado el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra.

Conclusiones de la Sala

38. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.

28

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02528-00
Actor: Javier Antonio Contreras Herazo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el actor contra las
entidades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.