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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02580-00

Fecha
4 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02580-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Luis Alirio Torres Barreto. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02580-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
IMPROCEDENTE - falta de legitimación en la causa por activa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por el señor Luis Alirio Torres
Barreto contra el Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 16 de mayo de 2023, el señor Luis Alirio Torres Barreto, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa y trabajo.
Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del fallo de
23 de noviembre de 20232, proferido dentro del proceso de reparación directa
(acumulado)3 que promovió la señora Martha Tovar Mancipe y otros4 contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

2.- Dicho proceso ordinario fue iniciado con el propósito de que se declarara a las
entidades demandadas administrativa y patrimonialmente responsables por la
muerte de Camilo Andrés Rodríguez y Diego Armando Guarín Daza, ocurrida el 7
de febrero de 2022, a manos de agentes de la Policía Nacional, en el municipio de
Chía.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 15 de diciembre de 2022.
3 25000-23-26-000-2003-02035-01 acumulado con 25000-23-26-000-2003-02299-01.
4 Los otros demandantes fueron: Sandra Mireya Rodríguez Tovar, Carlos Alberto y Daniel Eduardo Soto Tovar,

Alirio Rodríguez Zamudio, Johnnatan Fabián, Ingrid Carolina y Jimmy Santiago Rodríguez Bravo, María Inés
Zamudio de Rodríguez, Ereldys Esperanza Daza Salgado, Héctor Guarín Castrillón, Lady Catherine, Brian
Alexis e Ingrid Viviana Guarín Daza y María de Jesús Castillo Benítez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.- En primera instancia, el asunto lo conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, quien mediante fallo de 9 de
abril de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda.

4.- Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por El Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, quien por fallo de 23 de noviembre de 2022 revocó la decisión del a
quo, por estimar que no había prueba de una acción u omisión que pudiera ser
atribuible a la entidad demandada y que se catalogara como causa eficiente del
daño, lo que impedía declarar responsable a la Policía Nacional. Aunado a ello,
sostuvo que no puede hablarse de una responsabilidad genérica o por contexto de
orden público de la demandada por no prevenir los asesinatos en la población por
un periodo de tiempo, pues ello implicaría atribuirle la totalidad de los daños que se
ocasionaren con cualquier acción delictiva, sin la existencia de un nexo causal
entre el actuar de la entidad y el daño específico.

5.- El accionante señaló que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales
“al fallar subjetivamente y no objetivamente como debe ser y con base en los
medios de prueba legalmente aportados al proceso”. Concretamente indicó lo
siguiente:

<< Por el juzgador de segunda instancia se está violando el acceso a la justicia,
denegación de justicia y violación al debido proceso y al derecho de defensa y
porque no decirlo al derecho al trabajo, porque en este caso y en muchos de los que
he llevado los estoy trabajando a cuota litis, por ser una decisión contraria a derecho,
justicia, solidaridad y equidad, lo cual constituye arbitrariedad y vías de hecho al fallar
subjetivamente y no objetivamente como debe ser y con base en los medios de
prueba legalmente aportados al proceso.

No quiero que se piense que presento esta inconformidad por que se hayan perdido
mis honorarios profesionales en proceso a cuota litis, sino porque me duele que
estando las pruebas en el proceso debidamente aportadas se hayan desconocido y
se proceda a dictar una sentencia de manera subjetiva lo que conlleva a la
arbitrariedad y a las vías de hecho. Recuérdese lo que dice el aforismo romano
“dame las pruebas que yo te daré el derecho” >>.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

6.- Mediante auto de 19 de mayo de 20235, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, y dispuso vincular a Martha Tovar Mancipe, Sandra Mireya
Rodríguez Tovar, Carlos Alberto y Daniel Eduardo Soto Tovar, Alirio Rodríguez
Zamudio, Johnnatan Fabián, Ingrid Carolina y Jimmy Santiago Rodríguez Bravo,
María Inés Zamudio de Rodríguez, Ereldys Esperanza Daza Salgado, Héctor
Guarín Castrillón, Lady Catherine, Brian Alexis e Ingrid Viviana Guarín Daza y
María de Jesús Castillo Benítez, así como a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional en calidad de terceros interesados. Así mismo, requirió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que remitiera, en calidad de préstamo, el
expediente identificado con el radicado número 25000-23-26-000-2003-02035-
00/01.

5 Notificado el 26 de mayo de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(i) Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B6

7.- Manifestó que “la providencia y el expediente de la respectiva acción de
reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En
consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de titular del Despacho
ponente de la providencia objeto de esta acción de tutela, estaré presto a atender
lo que disponga la Sala que decida la acción constitucional”.

(ii) Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional7

8.- Sostuvo que la parte actora en el escrito de tutela se limitó a señalar que la
autoridad judicial que conoció la segunda instancia del medio de control reparación
directa vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en una presunta valoración
caprichosa y arbitraria del material probatorio del plenario, sin precisar como tal un
yerro valorativo en los argumentos de fondo tenidos en cuenta por el despacho a la
hora de adoptar la decisión de revocar el fallo del a quo. En razón a lo anterior,
indicó que la presente acción se torna improcedente.

9.- Por otra parte, manifestó que la autoridad judicial accionada realizó una
adecuada valoración del material probatorio allegado por las partes y, a partir de la
sana crítica, concluyó que no existía mérito para condenar al Estado. Así mismo,
adujo que no está probado un perjuicio irremediable, que haga posible la aplicación
de esta acción como mecanismo transitorio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Legitimación en la causa por activa

10.- El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos
específicamente previstos por la ley.

11.- En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591
de 1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece que
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante (…).”

12.- De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la solicite se encuentre
“legitimado en la causa por activa” para buscar la protección de sus derechos
fundamentales. Es decir, este requisito exige que los derechos a resguardar estén
en cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona. Sobre el particular, la
Corte Constitucional ha precisado:
6 Expediente digital, disponible en el aplicativo SAMAI, enviado el 29 de mayo de 2023, consta de 1 folio.
7 Expediente digital, disponible en el aplicativo SAMAI, enviado el 30 de mayo de 2023, consta de 5 folios.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<<La tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona
puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es
necesario, que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un
tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una de las
siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso,
o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal8.En específico: (i) representante
puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el titular de los derechos
sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra el
apoderado judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona
debe ser abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en
su defecto el poder general respectivo9 (ii) Como agente oficioso puede obrar un
tercero “cuando el titular de los mismos [es decir, de los derechos] no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá
manifestarse en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo
y los personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la
jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté indefenso10>>.

13.- Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer
la acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de
protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos de
procedibilidad como la legitimación en la causa por activa11. Al respecto,
sostuvo:

<<Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre ‘legitimado en la causa’ para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho
cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de
otra persona12. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de
las autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados13, destacando a la vez que su adecuada integración
persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos
que son materia de la controversia constitucional.

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en
causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente
acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de
tutela>>14.

8 Artículo 10, Decreto 2591 de 1991: “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
mismo o a través de representantes. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. […]
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales
9
Sentencia T-531 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte negó la acción de
tutela interpuesta por una persona, entre otras razones porque no tenía la condición de apoderado judicial.
Para sostener ese punto, señaló que el apoderamiento judicial sólo existía allí donde se daban las siguientes
condiciones: “[…] Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo
es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder
que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este
sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a
estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”.
10 SU-377 de 2014.
11 Corte Constitucional, sentencia T-417 del 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla.
12 Original de la cita: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”.
13 Original de la cita: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: ‘Artículo 13. La acción se dirigirá

contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental [...]’”.
14 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

14.- Ahora bien, la misma Corporación ha explicado que la legitimación en la
causa, “es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso. ‘Por tanto, cuando una de las
partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de
mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de
fondo’15”16.

15.- La jurisprudencia constitucional también ha precisado que, en los casos en los
cuales se ejerza la acción de tutela mediante representante judicial, el poder debe
ser otorgado mediante escrito que se presumirá auténtico, únicamente puede estar
dirigido a un profesional del derecho y debe ser especial. Por este último motivo, el
poder otorgado para iniciar un proceso judicial diferente no supone la facultad para
interponer una demanda de tutela por hechos derivados de él17.

16.- En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural
o jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro, el representante legal o judicial del
afectado o las autoridades expresamente autorizadas para ello en el ordenamiento
jurídico. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la ausencia de un
presupuesto para estudiar el fondo del asunto.

17.- En el caso objeto de estudio, se advierte que el señor Luis Alirio Torres
Barreto acude a la acción de tutela con el propósito de que se deje sin efectos la
sentencia de 23 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, dentro del proceso de reparación directa que
promovió Martha Tovar Mancipe y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional.

18.- Revisado el expediente, no se observa que los demandantes del proceso
ordinario de reparación directa con radicado número 25000232600020030203501
(53310) acumulado con el 25000232600020030229901, le hayan conferido poder
al accionante para interponer la tutela de referencia; aunado a que el señor Torres
Barreto indicó en el escrito de tutela que actuaba “en causa propia”. Además, se
advierte que los derechos que se debaten no son los del abogado, sino los de los
demandantes en el proceso de reparación directa, quienes constituyeron en su
momento apoderado para que los representara en aquel asunto.

19.- En materia de tutela, es cierto que el interesado puede acudir ante el juez por
medio de apoderado judicial, pero también lo es que, en ese caso, el profesional
del derecho debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar, pues, de lo
contrario, se configurará un auténtico caso de falta de legitimación en la causa por
activa. En cuanto a la especificidad del poder para ejercer la acción de tutela, esto
ha sostenido la Corte Constitucional:

˂˂La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento en
materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado

15 Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M. P. José

Gregorio Hernández.
16 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
17 Al respecto, ver la sentencia T- 531 de 2002.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder especial, debe ser
específico, de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los
intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado para la promoción de
procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en
el proceso inicial; (iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado
titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo
constitucional18˃˃.

20.- Queda claro, entonces, que la existencia del poder para intervenir en otros
asuntos –como el proceso ordinario de reparación directa– no habilita al apoderado
para ejercer la acción de tutela, que tiene como objeto específico la protección de
los derechos fundamentales, dado que «este mecanismo de defensa judicial no
admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada la representación
de otro y demandar protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que
caracteriza a la acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a
requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por
activa»19.

21.- En esa misma línea de pensamiento ya se ha pronunciado esta Subsección,
entre otras, en las sentencias del 5 de marzo de 202120, del 20 de mayo de 202221
y del 17 de junio de 202222, por lo que existe una tesis reiterada y consolidada de la
Sala en cuanto a que los apoderados judiciales no pueden reclamar la protección
autónoma de sus derechos fundamentales cuando se trata de la discusión de
actuaciones o decisiones que afecten a quien otorgó el mandato. De manera que
en estos casos es imprescindible que se aporte el poder especial, que se cumplan
las condiciones de la agencia oficiosa o que el verdadero titular de sus derechos
acuda directamente ante el juez constitucional.

22.- Lo anterior, lleva a la Sala a concluir que el señor Luis Alirio Torres Barreto no
tiene legitimación en la causa por activa, pues no es el directamente afectado con
la decisión adoptada por el Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección B en
la sentencia de 23 de noviembre de 2022, toda vez que la mencionada providencia
afecta únicamente a los demandantes del proceso ordinario de reparación directa,
los cuales son Martha Tovar Mancipe, Sandra Mireya Rodríguez Tovar, Carlos
Alberto y Daniel Eduardo Soto Tovar, Alirio Rodríguez Zamudio, Johnnatan Fabián,
Ingrid Carolina y Jimmy Santiago Rodríguez Bravo, María Inés Zamudio de
Rodríguez, Ereldys Esperanza Daza Salgado, Héctor Guarín Castrillón, Lady
Catherine, Brian Alexis e Ingrid Viviana Guarín Daza y María de Jesús Castillo
Benítez; sumado a que carece de un poder especial para promover esta acción.

23.- Por último, si en el caso hipotético de contar con legitimación en la causa por
activa; la Sala advierte que el asunto también carece por completo de relevancia
constitucional, por falta de carga argumentativa, pues el accionante se limitó a
señalar que la accionada le vulneró sus derechos fundamentales “al fallar
subjetivamente y no objetivamente como debe ser y con base en los medios de
18 Corte Constitucional. Sentencia T-194 de 2012.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.
20 Radicado 25000-23-15-000-2020-02851-01, M.P. María Adriana Marín.
21 Radicado 25000-23-15-000-2022-00120-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22 Radicado 17001-23-33-000-2022-00093-01, M.P. María Adriana Marín.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

prueba legalmente aportados al proceso”, sin cimentar algún yerro específico
contra la providencia que cuestiona en sede de tutela, ni profundizar o hacer
explicación alguna al respecto. En suma, el actor no enmarcó su exiguo argumento
a algún defecto, ni estructuró una tesis con el fin de determinar cuál o cuáles eran
los yerros cometidos por la autoridad judicial accionada en el fallo acusado.

24.- Además, no hay que perder de vista que, por tratarse de un fallo proferido por
una alta corporación, la exigencia en cuanto a la carga argumentativa es mayor;
pues de manera pacífica, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
enfática en señalar que cuando la providencia cuestionada fue proferida por una
alta corte, el examen de procedencia que debe adelantar el juez de tutela debe ser
más estricto. En ese contexto, la exigencia de una carga argumentativa cualificada
no riñe con el carácter informal de la acción de tutela, pues el papel de órganos de
cierre que la Constitución asignó a estas corporaciones en sus respectivas
jurisdicciones, les dota de competencias hermenéuticas de mayor alcance y exige
“aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias, aun cuando el juez de
tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión” 23 . En ese sentido, para este tipo de situaciones la procedencia del
amparo está supeditada no sólo al cumplimiento de los requisitos generales y
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, sino
también a que el accionante acredite “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”24, esto es, que
“la decisión riña de manera abierta con la Constitución y se torne definitivamente
incompatible con el alcance y límites de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la jurisprudencia constitucional”25.

25.- Visto lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado, por las
razones expuestas en esta providencia.

26.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Luis Alirio Torres Barreto.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

23 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.
24 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.
25 Sentencia SU-397 de 2019 de la Corte Constitucional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02580-00
Demandante: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE26
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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