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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2003-02035-01

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2003-02035-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia dictada el 9 de abril de 2014 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por lo expuesto en la parte considerativa. TERCERO: Sin costas en esta instancia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente a su Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2003-02035-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

23 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado con
250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Muerte de civiles causada por terceros - responsabilidad del Estado por actos de
terceros. Ausencia de nexo causal.

Síntesis del caso: 2 jóvenes fueron asesinados como consecuencia de homicidios selectivos
por los denominados grupos de “limpieza social”. Los demandantes atribuyeron
responsabilidad a la entidad porque algunos miembros de la institución habrían participado
en los hechos.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada en contra de la Sentencia proferida el 9 de abril de 2014 por la
Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual accedió a las pretensiones de las
demandas.

La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 129
del CCA, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida por un tribunal administrativo. El tribunal era competente
para conocer el proceso en primera instancia por su cuantía, según el
numeral 6 del artículo 132 del mismo Código.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante 1.2. Posición de la parte demandada y
trámite relevante 1.3 Sentencia de primera instancia 1.4 Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 24 de septiembre de 2003, Martha Tovar Mancipe y otros1
demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2 con el
fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“La Nación colombiana Policía Nacional, es responsable de la totalidad de los daños
y perjuicios causados a los demandantes con la muerte de su hijo, hermano y nieto
Camilo Andrés Rodríguez Tovar, a manos de agentes de la Policía Nacional, en

1 Martha Tovar Mancipe en nombre propio y en representación de sus hijos Sandra Mireya Rodríguez Tovar, Carlos
Alberto Soto Tovar y Daniel Eduardo Soto Tovar; Alirio Rodríguez Zamudio en nombre propio y en representación
de sus hijos Johnnatan Fabián, Ingrid Carolina y Jimmy Santiago Rodríguez Bravo; y María Inés Zamudio de
Rodríguez.
2 Folios 7 a 23 del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado
con 250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca Sentencia – Niega
_______________________________________________________________

hechos sucedidos el día 6 de Febrero del 2002, en el municipio de Chía
(Cundinamarca), lo cual constituye una evidente falla del servicio público".

2. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se reconocieran y
pagaran los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Parentesco Monto
Lucro Todos los demandantes Salarios y prestaciones por la vida
cesante probable de la víctima, sumados
$409.000.000.
Lucro Todos los demandantes El equivalente en pesos a 4000 gramos
cesante de oro fino.
(subsidiario)
Daño Todos los demandantes “Por el valor de lo que cueste el pleito
emergente incluyendo claro está lo que le deben
pagar al abogado indispensable para
hacer valer procesalmente sus
derechos”.
Daño Moral Martha Tovar Mancipe Madre 1000 smlmv
Sandra Mireya Rodríguez Hermana 1000 smlmv
Tovar
Carlos Alberto Soto Tovar Hermano 1000 smlmv
Daniel Eduardo Soto Tovar Hermano 1000 smlmv
Alirio Rodríguez Zamudio Padre 1000 smlmv
Johnnatan Fabián Hermano 1000 smlmv
Rodríguez Bravo
Ingrid Carolina Rodríguez Hermana 1000 smlmv
Bravo
Jimmy Santiago Rodríguez Hermano 1000 smlmv
Bravo
María Inés Zamudio de Abuela 1000 smlmv
Rodríguez

3. El 10 de noviembre de 2003, Ereldys Esperanza Daza Salgado y otros3
demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional4 con el
fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“La Nación Colombiana Policía Nacional, es responsable de la totalidad de los daños
y perjuicios causados a los demandantes con la muerte de su hijo, hermano y nieto
Diego Armando Guarín Daza, a manos de agentes de la Policía Nacional, en hechos
sucedidos el día 6 de Febrero del 2002, en el municipio de Chía (Cundinamarca), lo
cual constituye una evidente falla del servicio público”.

4. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se reconocieran y
pagaran los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Parentesco Monto
Lucro Todos los demandantes Salarios y prestaciones por la vida
cesante probable de la víctima, sumados
$409.000.000.
Lucro Todos los demandantes El equivalente en pesos a 4000 gramos
cesante de oro fino.
(subsidiario)
Daño Todos los demandantes “Por el valor de lo que cueste el pleito
emergente incluyendo claro esta lo que le deben
pagar al abogado indispensable para
hacer valer procesalmente sus
derechos”.

3 Ereldys Esperanza Daza Salgado y Héctor Guarín Castrillón en nombre propio y en representación de sus hijos
Lady Catherine Guarín Daza, Brian Alexis Guarín Daza e Ingrid Viviana Guarín Daza, y María de Jesús Castillo
Benítez.
4 Folios 10 a 26 del cuaderno 3.

2 de 8

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado
con 250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca Sentencia – Niega
_______________________________________________________________

Daño Moral Ereldys Esperanza Daza Madre 1000 smlmv
Salgado
Héctor Guarín Castrillón Padre 1000 smlmv
Lady Catherine Guarín Daza Hermana 1000 smlmv
Brian Alexis Guarín Daza Hermano 1000 smlmv
Ingrid Viviana Guarín Daza Hermana 1000 smlmv
María de Jesús Castillo Abuela 1000 smlmv
Benítez

5. Según las demandas, el 6 de febrero de 2002, fueron encontrados sin
vida Camilo Andrés Rodríguez Tovar y Diego Armando Guarín Daza en la
vereda Tíquiza del municipio de Chía (Cundinamarca). Murieron a manos
de agentes de la Policía Nacional porque habían visto que algunos
miembros de la institución, entre ellos un agente de apellido Pino, habían
asesinado a otros muchachos y se lo habían comentado a Alirio Rodríguez
Zamudio.

6. Las víctimas fueron amenazadas y violentadas por los agentes Pino y
Forero días antes de su muerte. El día de los hechos fueron sacados del
casco urbano del municipio y llevados en una camioneta al lugar en que
fueron encontrados.

1.2. Posición de la parte demandada y trámite relevante

7. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó las
demandas5. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque no se
acreditó una falla en el servicio de la entidad pues no hubo participación
de miembros de la entidad en la muerte de los jóvenes. Propuso la
excepción de hecho exclusivo de un tercero.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la acumulación
de los procesos con radicado 2003-2035 y 2003-2299, originados por las
mencionadas demandas6.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. Mediante Sentencia de 9 de abril de 20147, la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de las demandas. Consideró que la muerte
de los menores era imputable a la Policía Nacional porque incurrió en falla
en el servicio al no realizar lo posible para evitar que se presentaran
homicidios selectivos en el municipio de Chía entre finales de 2001 y julio de
2002.

10. A pesar de que no se acreditó la participación de agentes de la
Policía en los homicidios, en el proceso penal se compulsaron copias para
que se investigaran los señalamientos que se les hicieron como integrantes

5 Folios 30 a 32 del cuaderno 1 y 36 a 42 del cuaderno 3.
6Estos procesos conforman el expediente con número interno en segunda instancia 53310. El Auto de acumulación
se encuentra en los folios 58 a 59 del cuaderno 1.
7 Folios 236 a 250 del cuaderno principal.

3 de 8

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado
con 250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca Sentencia – Niega
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de grupos de “limpieza social”. Además, a esa institución le era exigible velar
por la seguridad de la ciudadanía, máxime si se trataba de menores de
edad.

11. Condenó al pago de perjuicios morales para los familiares de las
víctimas8 y perjuicios materiales por la muerte de Camilo Andrés Rodríguez
Tovar9; negó los perjuicios materiales por la muerte de Diego Armando
Guarín Daza por no encontrarlos probados. Decretó de oficio, como
medidas de satisfacción, la publicación de la sentencia en un link de la
página web de la institución y que se pidieran excusas públicas a las familias.

1.4. Recurso de apelación

12. La parte demandada solicitó la revocatoria del fallo de primera
instancia10. Expuso que había una tendencia a condenar a la entidad, aun
sin que se hubiera demostrado su participación en los hechos. Que no era
cierto que la Policía no hubiera hecho nada para evitar lo ocurrido porque,
al contrario, la entidad investigó, recaudó pruebas y capturó a los
responsables para someterlos a la justicia.

13. Adujo que la violencia era generalizada en el país para la época de
los hechos, lo que hacía imposible evitar que se cometieran asesinatos. No
había amenazas contra las víctimas ni sus familias que hicieran previsible el
hecho. Señaló que, la compulsa de copias para investigar a miembros de la
institución no establecía responsabilidad personal ni institucional por los
hechos e insistió en que se declarara probada la excepción de hecho de
un tercero y se negaran las pretensiones.

2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala; 2.2. El daño; 2.3. La ausencia de
nexo causal; 2.4. Costas.

2.1 Exposición del caso y decisión de la Sala

14. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto porque encuentra
que las acciones se ejercieron en tiempo11 y satisfacen los presupuestos
procesales. Revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, negará
las pretensiones.

15. Está probado que Camilo Andrés Rodríguez Tovar12 y Diego Armando
Guarín Daza13 fueron asesinados el 7 de febrero de 2002 en zona rural del

8 100 smlmv para los padres y hermanos, y 70 smlmv para la abuela de Camilo Andrés Rodríguez Tovar.
9 Por lucro cesante $55.257.736,33 y por daño emergente $849.559.
10 Folios 252 a 260 del cuaderno principal.
11 Los hechos en que murieron Diego Armando Guarín Daza y Camilo Andrés Rodríguez Tovar ocurrieron el 7 de

febrero de 2002, la demanda del expediente 2003-2035 fue presentada el 24 de septiembre de 2003 y la demanda
del expediente 2003-2299 se presentó el 10 de noviembre de 2003.
12 De acuerdo con el protocolo de necropsia 17-2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

(Folios 96 a 98 del cuaderno 4).
13 De acuerdo con el protocolo de necropsia 18-2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

(Folios 8 a 10 del cuaderno de pruebas 2).
4 de 8

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado
con 250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca Sentencia – Niega
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municipio de Chía. Por la muerte de los jóvenes, entre otras víctimas, se
adelantó un proceso penal en contra de Jimmy Mauricio Garzón y Rodolfo
Moreno Herrera, quienes fueron condenados por homicidio agravado en
concurso con tentativa de homicidio y porte ilegal de armas14. En esa misma
decisión se ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía Seccional de
Zipaquirá para que investigara la conducta de los agentes Pino y Forero en
relación con los homicidios en el municipio de Chía 15.

16. El orden de las consideraciones que motivan esta decisión será el
siguiente: Primero se definirán los daños acreditados, luego se explicarán las
razones por las que esos daños no son atribuibles a la entidad demandada.
Finalmente, la Sala se pronunciará sobre la condena en costas.

2.2. El daño

17. Está acreditado que, el 7 de febrero de 2002, fueron asesinados
Camilo Andrés Rodríguez Tovar 16 y Diego Armando Guarín Daza 17 en la
vereda Tíquiza del municipio de Chía18.

2.3 La ausencia de nexo causal

18. La parte demandante adujo que el daño era atribuible a la entidad
demandada porque se trató de ejecuciones llevadas a cabo por agentes
de la Policía Nacional, entre ellos, los de apellido Pino y Forero, quienes los
habían maltratado y amenazado días antes de su muerte. En primera
instancia se imputó responsabilidad a la entidad demandada porque “el
daño antijurídico lo constituye la falla sistemática de la Policía Nacional”
durante más de 10 años en el municipio de Chía, que pretermitió acciones
efectivas para prevenir que se presentaran masacres, no se agilizaron las
investigaciones penales y, aunque se judicializaron 2 personas, no se hizo
nada para capturar a los demás integrantes de los denominados grupos de
“limpieza social”.

19. Al momento del homicidio de los menores Camilo Andrés Rodríguez
Tovar y Diego Armando Guarín Daza, sobre sus cuerpos se encontró un cartel
que decía “Por ladrones y viciosos, fuera bandidos AUC”19. En el oficio 129
de 7 de febrero de 2002, el jefe de la Unidad Investigativa de Chía informó
de la novedad al jefe seccional de policía e investigación – DECUN.
Relacionó como hipótesis (se trascribe):

14 La Sentencia de primera instancia fue dictada el 10 de febrero de 2004 por el Juzgado Penal del Circuito de
Zipaquirá (Folios 211 a 232 del cuaderno 4), confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cundinamarca (Folios 190 a 211 del cuaderno 5).
15 Ídem.
16 De acuerdo con el protocolo de necropsia 17-2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

(Folios 96 a 98 del cuaderno 4).
17 De acuerdo con el protocolo de necropsia 18-2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

(Folios 8 a 10 del cuaderno de pruebas 2).
18 También se tienen como pruebas de este hecho, los oficios 130 de 8 de febrero de 2002 y 148 de 9 de febrero

de 2002, mediante los cuales, el jefe de la Unidad Investigativa del Departamento de Policía de Cundinamarca
informó de lo sucedido al personero municipal de Chía (Folios 32 a 35 del cuaderno 4); así como el informe parcial
951 de 3 de junio de 2002 (Folios 47 a 52 del cuaderno 4).
19 Esto se encuentra consignado en los mismos protocolos de necropsia ya relacionados.

5 de 8

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado
con 250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca Sentencia – Niega
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“Se puede tratar al parecer de un grupo al margen de la ley dedicado a la limpieza
social, al parecer se vinculan con los mismos hechos por su Modus Operandi.
sucedidos el pasado 18-01-02, donde fueron ultimados tres persones se dedicaban a
cometer diferentes clases de ilícitos, ya que se registraron los antecedentes en los
diferentes Centros Carcelarios de la jurisdicción.

También se maneja la hipótesis que allá sido por venganzas personales en contra de
alguno de ellos por un hecho ocasionado anteriormente.

De igual forma y al realizar diferentes averiguaciones con personal uniformado
adscrito a la Estación de Policía Chía, hacen mención según el Modus Operandi, de
un hecho similar aproximadamente cinco años atrás en la Vereda Fagua, donde
fueron ultimadas cinco personas que eran reconocidas en el sector como personas
no deseadas por sus diferentes conductas delictivas.

Por los últimos hechos acontecidos en esta jurisdicción y según las labores
adelantadas al parecer los escritos y grafitis encontrados en los lugares de los hechos,
hacen deducir que están cometiendo los ilícitos a nombre de grupos de
Autodefensas "A.U.C." para desviar la posible veracidad de los hechos ocurridos”20

20. Dentro de las investigaciones realizadas por los hechos, dentro del
proceso penal21, se recopilaron las declaraciones de varias personas, entre
ellas, Jorge Édgar Ávila Baquero22, Rafael Antonio Orjuela Salgado23,
Hermenegildo Amarillo Bernal24, Carmen Rosa Torres 25, quienes no aportaron
elementos de juicio respecto de las circunstancias en que murieron Camilo
Andrés Rodríguez Tovar y Diego Armando Guarín Daza. También declaró
Jesús Omar Ardila Calderón, quien tampoco presenció lo ocurrido, pero
manifestó conocer que el autor del homicidio de Diego había sido una
persona conocida con el alias de “Maizena” y que le habían contado que
los agentes de policía Pino y Márquez cobraban un impuesto mensual para
dejarlos robar26.

21. En su indagatoria, Jimmy Mauricio Garzón, alias “Tuerto”, manifestó
que conocía a los agentes Pino y Márquez porque en una ocasión les
ayudaron a recuperar una motocicleta que les había retenido la entidad
por no portar papeles y que, alias “Milan” le había dado información en una
ocasión al agente Pino para que recuperara una camioneta robada y la
presentara como un resultado 27. En su diligencia de indagatoria, Rodolfo
Moreno Herrera, alias “Milan”, relató que conocía al agente Pino porque en
una ocasión le había dado su teléfono y le había dicho que si veía algo raro

20 Folios 29 a 21 del cuaderno 2. Esta misma información se trasladó al personero municipal de Chía (Folios 33 a 35
del cuaderno 2).
21 El traslado de las copias del proceso penal fue solicitado por la parte demandante, prueba que fue decretada

por la primera instancia mediante auto de 18 de marzo de 2004. El oficio fue respondido por el Juzgado Penal del
Circuito de Zipaquirá el 9 de mayo de 2006, al cual adjuntó la copia de las actuaciones y, dentro del término de
traslado, tanto la parte demandante (Folios 229 a 233 del cuaderno 1) como la demandada (Folios 226 a 228 del
cuaderno 1) hicieron mención a ellas en sus alegatos de conclusión de primera instancia para dar soporte a sus
respectivas tesis. Por esta razón, la Sala las apreciará sin más formalidades.
22 Folios 302 a 306 y 503 a 505 del cuaderno 5.
23 Folios 312 a 314 del cuaderno 5.
24 Folios 318 a 322 del cuaderno 5.
25 Folios 323 a 325 del cuaderno 5.
26 Folios 349 a 361 del cuaderno 5.
27 Folios 436 a 446 del cuaderno 5. Fue condenado por el homicidio de las víctimas directas en este proceso.

6 de 8

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado
con 250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca Sentencia – Niega
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lo llamara, que en una ocasión le dio información útil para recuperar una
camioneta, desmintió que Pino le hubiera ayudado a recuperar la
motocicleta pues expuso que quien le había ayudado había sido el director
de tránsito que era su amigo; que a Márquez lo conoció porque tenían unas
amigas en común28.

22. María Elena Espinosa Montaño 29 e Hilda Leonor García 30 tampoco
conocieron las circunstancias en que se presentaron los hechos. Las únicas
declaraciones que incriminan en los hechos a los agentes de policía son las
de Alirio Rodríguez Zamudio31, quien contó que su hijo Camilo Andrés
Rodríguez le había comentado que había visto cuando asesinaron a otros
muchachos y en el lugar se encontraba el agente Pino, quien lo había
amenazado; Ereldys Esperanza Daza Salgado dijo que su hijo Diego
Armando Guarín Daza le contó que los agentes Pino y Forero lo habían
retenido, maltratado y amenazado. También que le habían comentado que
esos agentes eran quiénes los habían asesinado32. No obstante, además de
ser testimonios de los mismos demandantes en esta causa, no aportan
conocimiento directo de ningún hecho, simplemente narran lo que sus hijos
les comentaron sobre otros hechos y dan su impresión de los posibles autores
estos.

23. Jimmy Mauricio Garzón y Rodolfo Moreno Herrera fueron condenados
por homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio y porte
ilegal de armas, entre otros hechos, por la muerte de Camilo Andrés
Rodríguez Tovar y Diego Armando Guarín Daza 33. Aunque se ordenó la
compulsa de copias para investigar la conducta de los agentes Pino y
Forero, en aquellas diligencias no se demostró que tales servidores, u otros,
hubieran participado en la producción de la muerte de los mencionados
jóvenes34.

24. De acuerdo con lo anterior, no hay prueba de una acción u omisión
que pudiera ser atribuible a la entidad y que se catalogara como causa
eficiente del daño, lo que impide declarar responsable a la Policía Nacional.
No puede hablarse de una responsabilidad genérica o por contexto de

28 Folios 474 a 483 y 509 a 514 del cuaderno 5. Fue condenado por el homicidio de las víctimas directas en este
proceso.
29 Folios 84 a 85 del cuaderno 4. Declaración rendida dentro del presente proceso de reparación directa.
30 Folios 86 a 88 del cuaderno 4. Declaración rendida dentro del presente proceso de reparación directa.
31 Padre de Camilo Andrés Rodríguez y demandante en este proceso, quien rindió declaración dentro del presente

proceso de reparación directa (Folios 65 a 68 del cuaderno 2).
32 Madre de Diego Armando Guarín Daza. Declaración recopilada en el presente proceso mediante despacho

comisorio al Juzgado 2 Promiscuo municipal de Chía, el 29 de julio de 2004 (Folios 80 a 85 del cuaderno 4) y ante
la Fiscalía 4 Seccional de Zipaquirá el 8 de agosto de 2002 (540 a 541 del cuaderno 5).
33 La Sentencia de primera instancia fue dictada el 10 de febrero de 2004 por el Juzgado Penal del Circuito de

Zipaquirá (Folios 211 a 232 del cuaderno 4), confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cundinamarca (Folios 190 a 211 del cuaderno 5). En el fallo de segunda instancia se concluyó
que: “los procesados hacían parte del grupo llamado de limpieza social, por cuanto la totalidad de las victimas
presentan un denominador común, de tratarse de personas con antecedentes penales, dedicadas al consumo y
venta de droga, es decir, que son homicidios selectivos basados en las condiciones socioeconómicas de las
víctimas, por lo tanto, el argumento de no existir prueba directa no resiste el menor análisis, pues como se ha
establecido el conjunto de la testimonial señala a los autores responsables de la ilicitud”.
34 El proceso contra los policías se encuentra en los folios 118 a 263 del cuaderno 4. Las copias aportadas dan

cuenta de que el proceso fue trasladado de la justicia penal militar a la ordinaria, la Fiscalía Segunda Seccional
de Zipaquirá avocó conocimiento, pero, hasta el momento en que se aportó la prueba, no se había adelantado
ninguna otra actuación por esa fiscalía.
7 de 8

Radicación número: 250002326000200302035 01(53310) acumulado
con 250002326000200302299 01
Actor: Martha Tovar Mancipe y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca Sentencia – Niega
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orden público de la entidad por no prevenir los asesinatos en la población
por un periodo de 10 años, pues ello implicaría atribuirle la totalidad de los
daños que se ocasionaren con cualquier acción delictiva, sin la existencia
de un nexo causal entre el actuar de la entidad y el daño específico.
Además, se trataría de una condena incongruente con los argumentos de
la demanda.

25. En conclusión, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en
su lugar, negará las pretensiones de la demanda por no encontrar probada
la causalidad entre el daño y el actuar de la entidad demandada.

2.4. Costas

26. No hay lugar a condenar en costas pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo requeridos
para imponerlas.

3. DECISIÓN

27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia dictada el 9 de abril de 2014 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por lo expuesto en la
parte considerativa.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el
expediente a su Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente

8 de 8

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