Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02702-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02702-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02702-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de septiembre de 2023
Demandante: Elizabeth Tique Triana
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02702-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02702-01
Demandante: ELIZABETH TIQUE TRIANA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 19 de
julio de 2023, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de acreditación del requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Elizabeth Tique Triana, por conducto de apoderado judicial, interpuso1
acción de tutela para que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 16 de noviembre de 2022, de la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la
decisión de primer grado de 3 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá que había negado las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra el
departamento de Cundinamarca, cuyo proceso se identificó con el radicado 25269-
33-33-003-2018-00310-01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas son las siguientes:
PRIMERA.- Se tutelen, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales al LA
IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICA además de todos aquellos que resultaron violentados y/o amenazados a mi
1 La demanda se presentó el 19 de mayo de 2023, enviada al buzón
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co, y remitida en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
1
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Demandante: Elizabeth Tique Triana
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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poderdante, por LA indebida valoración probatoria (defecto factico), violación directa
a la constitución, y desconocimiento e inaplicación del precedente judicial obligatorio
en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección segunda-
Subsección “C” M.P. Dra. Amparo Oviedo Pinto al emitir sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de radicado: 252693333003201800310-01 mediante la
cual, confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Judicial de Facatativá
SEGUNDA. En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguno la Sentencia de fecha
16 de noviembre de 2022 emitida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección segunda- Subsección “C” M.P. Dra. Amparo Oviedo Pinto dentro del proceso
de radicado 252693333003201800310-01 y en su lugar se le ordene emitir una
sentencia de reemplazo dentro del término que usted considere pertinente, en la cual,
se brinde el valor correspondiente a las pruebas, con apego al artículo 230 de la
Constitución Política de Colombia y aplique el precedente judicial obligatorio que
regula la materia (expuesto previamente)2. (Mayúsculas sostenidas y negrillas del
texto original)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:
1.3.1. La señora Elizabeth Tique Triana presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento de
Cundinamarca, con el fin de que le fuere reconocida y pagada la prima técnica por
evaluación del desempeño prevista en el Decreto 2461 de 1991, reglamentario del
Decreto Ley 1661 de 1991, «como derecho adquirido».
1.3.2. Del referido asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, autoridad judicial que, en
sentencia de 3 de marzo de 2021, negó las súplicas deprecadas, al advertir que, la
actora, en vigencia del Decreto Ley 1661 de 1991, no reunía los requisitos para el
reconocimiento de la prestación, esto es, un puntaje superior al 90% y estar inscrita
en el escalafón de carrera administrativa, además, que tampoco era beneficiaria de
esta prima conforme al Decreto 1724 de 1997, ya que fue creada solo para los
empleados del orden nacional.
1.3.3. Contra la anterior decisión la parte demandante elevó recurso de apelación,
el cual fue desatado por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en fallo de 16 de noviembre de 2022, mediante el
cual confirmó la providencia dictada por el a quo, al concluir que, si bien la señora
Elizabeth Tique Triana pudo ser acreedora de la prima técnica por evaluación del
desempeño del Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de 1991, por haber
adquirido derechos de carrera a partir del 19 de agosto de 1996, fecha de
terminación de su periodo de prueba, en realidad no le asistía el referido derecho,
en atención a que la sentencia del Consejo de Estado de 19 de marzo de 1998,
declaró la nulidad del artículo 13 de la última norma, que permitía el otorgamiento
de esta prestación a los funcionarios de las entidades territoriales.
2 Transcripción del texto original con posibles errores.
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Asimismo, precisó que contrario a lo señalado por la actora, no se podía hablar de
un derecho adquirido, comoquiera que no se acreditó que la entidad le hubiera
reconocido el mentado beneficio, luego, el escenario no corresponde a la situación
de la supresión del derecho por parte de la administración, sumado a que, conforme
a la regulación de la referida prima, tampoco se causó el beneficio a la prestación.
1.3.4. El anterior proveído se notificó el 18 de noviembre de 2022.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada trasgredió sus
derechos fundamentales, para lo cual inició con la referencia de los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, para advertir que la solicitud
de amparo cumplía con cada uno de ellos.
Enseguida, advirtió que en la sentencia de 16 de noviembre de 2022, se incurrió en
un defecto fáctico, pues, en su sentir, se valoró indebidamente el decreto de
nombramiento y el acta de posesión, documental que acreditaba que su vinculación
era de carácter nacional, requisito sine qua non para ser beneficiaria de la prima
técnica por evaluación del desempeño prevista en los Decretos 1661 y 2164 de
1991.
En este punto, resaltó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C no tuvo en cuenta que el Decreto 000603 del 29 de marzo
1996, fue emitido por la entonces gobernadora del departamento de Cundinamarca,
en calidad de presidenta de la Junta Administradora del FER, conforme a las
facultades otorgadas en el artículo 10 de la Ley 29 de 1989, es decir, lo hizo en
nombre de la Nación, razón por la cual, era empleada de dicho orden.
Asimismo, advirtió que dicha corporación no valoró las competencias que le dio la
mentada ley a la referida funcionaria, pues solo se limitó a establecer que era una
empleada del nivel territorial en atención a que fue nombrada por una autoridad de
la misma jerarquía, así como tampoco la naturaleza de la institución educativa, ya
que correspondía a un colegio nacionalizado, comoquiera que, para la fecha de su
posesión en el establecimiento de educación estaba vigente la Ley 43 de 1975, que
dispuso la nacionalización del servicio público de la educación, es decir que la
administración del plantel dependía directamente del Gobierno Nacional.
De otra parte, alegó que el tribunal censurado desconoció múltiples decisiones
dictadas por el Consejo de Estado en similares controversias, en las cuales ha
reconocido la prima técnica por evaluación del desempeño por cumplirse con los
requisitos exigidos por los decretos del año 1991, los cuales fueron acreditados en
su caso.
Al respecto, trajo a colación la sentencia de 21 de enero de 2016, dictada en el
expediente 73001-23-33-000-2014-00136-01 por la Subsección B de la Sección
Segunda de este cuerpo colegiado, en la cual, en su sentir, se estableció que los
servidores públicos del nivel nacional tendían derecho al reconocimiento de la prima
técnica por evaluación del desempeño si cumplían con los requisitos previstos en
los Decretos 1661 y 2164 de 1991, conforme al régimen de transición del Decreto
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1724 de 1997; así también como a la imprescriptibilidad de la referida prestación
por ser periódica.
Señaló en consecuencia que, al no atenderse el precedente obligatorio ni justificar
los motivos para separarse de este, se trasgredieron sus derechos fundamentales,
pues no se indicó algún criterio relevante para un trato desigual en su caso.
Finalmente, alegó que la corporación demandada incurrió en el yerro de violación
directa de la Constitución, comoquiera que, al interpretar erradamente lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 2194 de 1991, referido a las causales de la pérdida de
la prima técnica por evaluación del desempeño, vulneró el artículo 230 superior.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 30 de mayo de 2023, el a quo constitucional admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, le otorgó el término de dos días para que rindiera
el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Facatativá y al departamento de Cundinamarca – Secretaría de
Educación, para que si lo consideraban se manifestaran en el presente trámite.
Asimismo, dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
Finalmente, requirió a la autoridad judicial accionada y al juzgado vinculado para
que remitieran copia digital del expediente donde se dictó la providencia
cuestionada y, reconoció personería al abogado Augusto Gutiérrez Arias como
apoderada de la parte actora.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones3.
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
La magistrada ponente de la decisión cuestionada, en memorial enviado el 6 de
junio de 2023, manifestó que se sometía al juicio de valoración del juez
constitucional; señaló que invocaba como prueba la sentencia enjuiciada la cual
daba cuenta de que no vulneró los derechos fundamentales de la demandante.
1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá 4
La titular del referido despacho judicial, solicitó su desvinculación del presente
trámite y, en todo caso, que se denegara la petición de amparo, comoquiera que la
3 Notificaciones que se encuentra en el índice 7 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
4 Correo de 7 de junio de 2023.
4
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tutelante cuestionó la decisión de segunda instancia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, además, porque en el trámite de primera
instancia se respetaron todas las garantías de las partes y en la decisión se
observaron tanto la normatividad como la jurisprudencia aplicable al caso.
1.6.3. Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación
Mediante correo de 8 de junio de la presente anualidad, se pronunció el referido
ente territorial, para lo cual alegó la improcedencia de la tutela, en atención a que
se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 19 de julio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, toda vez que se trató de utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional.
En ese orden, después de traer a colación algunas actuaciones adelantadas en el
proceso ordinario y de transcribir los argumentos de la sentencia de segunda
instancia que se cuestionó en la tutela, advirtió que la accionante pretendió, en este
escenario, dar continuidad al debate ya superado por los jueces naturales que
conocieron del asunto, pues, iteró los argumentos tanto de la demanda como del
recurso de apelación, referidos al reconocimiento de la prima técnica por evaluación
del desempeño de que trata el Decreto 2164 de 1991.
Señaló igualmente que, si bien la actora le endilgó a la sentencia reprochada los
defectos fáctico, por indebida valoración probatoria, por desconocimiento de
precedente y de violación directa de la Constitución, lo que finalmente pretendió fue
reabrir la discusión jurídica sobre la prestación reclamada regulada en el artículo 11
del Decreto 2164 de 1991, lo cual fue resuelto en las dos instancias del proceso
ordinario, donde además se explicó que el Consejo de Estado anuló la mentada
disposición que consagraba dicha prima para los empleados territoriales.
Indicó, que la tutelante aseveró que se analizó de forma indebida el decreto de su
nombramiento y el acta de posesión, pues en su sentir, con estas documentales se
acreditaba que era servidora del orden nacional, sin embargo, advirtió que con estos
argumentos se buscaba traer a colación nuevamente el debate probatorio, que, en
las dos instancias concluyeron, por el contrario, que era funcionaria del nivel
territorial.
Finalmente, precisó que en atención a que la sentencia citada por la actora del
Consejo de Estado de 21 de enero de 2016, correspondía a un caso en el que la
demandante era una empleada de una institución educativa nacional, no era posible
realizar algún juicio de comparación para establecer la existencia de una presunta
trasgresión al derecho a la igualdad.
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1.8. Impugnación5
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 31 de julio de 2023, la parte
actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó
que se revocara la decisión de primer grado, se declarara la procedencia de la tutela
y, en consecuencia, se ampararan sus derechos fundamentales «al debido proceso,
al trabajo, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia».
Así, precisó que, en su caso, el mecanismo constitucional se interpuso contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por
indebida valoración probatoria y por desconocimiento del precedente judicial que
regula el tema de la prima técnica por evaluación del desempeño.
En ese orden, indicó que, si bien el decreto de nombramiento y el acta de posesión
fueron decretadas y valoradas como pruebas documentales en las dos instancias,
ello no significaba que se hubiera realizado de forma correcta, por cuanto en su
análisis no se hizo referencia a la Ley 43 de 1975, vigente al momento de dichos
actos, que disponía que el servicio educativo estaría a cargo de la Nación.
Advirtió en consecuencia que, no obstante, el juez de tutela debía respetar la
autonomía de los operadores judiciales que conocieron del caso, esto no implicaba
que se avalaran las irregularidades que se presentaron en la valoración de las
pruebas, más aún cuando eran evidentes y vulneradoras de sus garantías
superiores.
Señaló que, para los jueces del proceso ordinario fue lógico concluir que su
vinculación era de orden territorial por haber sido nombrada por una entidad del
mismo nivel, pero ignoraron las facultades otorgadas por la ley para hacer dichos
actos en nombre de la Nación, así como la disposición normativa que estableció la
nacionalización de la educación.
De otra parte, iteró la transgresión de sus prerrogativas constitucionales con ocasión
del desconocimiento y falta de justificación por apartarse del precedente judicial del
Consejo de Estado, reparo frente al cual insinuó, se dio cumplimiento a todos los
requisitos para que fuera analizado, luego, aseveró que no se trataba de continuar
con el debate sino de evidenciar la alegada trasgresión.
Por último, insistió en que careció de fundamento la conclusión sobre la falta de
relevancia constitucional en su caso, cuando esta corporación en asuntos recientes
y similares al suyo ha tenido por acreditado dicho requisito y, ha accedido a las
pretensiones de la solicitud de amparo. Al respecto, trajo a colación los fallos de
tutela dictados por la Sección Quinta y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en los expedientes 11001-03-15-000-2021-00619-00 y 11001-
03-15-000-2022-01830-01, respectivamente.
5 La sentencia fue notificada el 26 de julio de 2023.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de 19 de julio de 2023, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá y la
gobernación de Cundinamarca en sus intervenciones solicitaron su desvinculación
del presente trámite, frente a lo cual no hubo pronunciamiento por el juez a quo
constitucional, razón por la cual se decide en esta instancia en el sentido de
negarlas, en atención a que la presencia de la autoridad judicial y del ente territorial
en este escenario es como terceros con interés y, en ese sentido, debe garantizarse
su comparecencia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 19 de julio de 2023, a través de la cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Elizabeth Tique Triana contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C por falta de acreditación del presupuesto de la
relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial el de la relevancia constitucional, y de
superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple con el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional
en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara
a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
202210 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 11.
2.5.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
señora Elizabeth Tique Triana, tal como lo señaló el a quo constitucional, no
satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que, las
inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé
cuenta de las razones por las cuales el asunto implica la intervención del fallador
constitucional.
En efecto, revisado el escrito tutelar se tiene que, si bien la tutelante realizó unas
manifestaciones sobre algunas prerrogativas superiores, lo cierto es que no satisfizo
la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida
sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, además que
los reparos planteados en este escenario ya fueron resueltos por los jueces
naturales.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas
de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Demandante: Elizabeth Tique Triana
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02702-01
Asimismo, deviene de manera indiscutible, el hecho notorio correspondiente a que
la controversia propuesta por la accionante se circunscribe a un simple desacuerdo
con la valoración probatoria, al haberse cimentado en que el ad quem del proceso
ordinario realizó un indebido análisis del decreto de nombramiento y del acta de
posesión, en su sentir, por cuanto no se hizo referencia a la Ley 43 de 1975, que
había dispuesto que el servicio público de la educación estaría a cargo de la Nación,
lo cual, en consecuencia, le daba la calidad de empleada del orden nacional.
En efecto, conforme a los antecedentes consignados al inicio de este proveído, en
el proceso ordinario, la señora Elizabeth Tique Triana solicitó a título de
restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de la prima técnica por
evaluación del desempeño desde el año en que no estuviere prescrita y hasta el
retiro del servicio.
Como sustento de su pedimento, la demandante alegó que en su caso le era
aplicable lo dispuesto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, por cuanto ingresó en
julio de 1996, como auxiliar administrativo, en la Institución Educativa
Departamental Alonso de Olalla del municipio de Villeta y, para el periodo de
evaluación de 1. ° de marzo de 1996 al 28 de febrero de 1997, obtuvo un puntaje
de 1000 puntos, al igual que en los años siguientes este fue superior al 90%.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, negó las
súplicas deprecadas, en cuanto advirtió que, la actora, en vigencia del Decreto Ley
1661 de 1991, no reunía los requisitos para el reconocimiento de la prestación, esto
es, un puntaje superior al 90% y estar inscrita en el escalafón de carrera
administrativa, además, que tampoco era beneficiaria de esta prima conforme al
Decreto 1724 de 1997, ya que fue creada solo para los empleados del orden
nacional.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C al
desatar el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en sentencia
de 16 de noviembre de 2022, confirmó la decisión de primer grado, para lo cual,
precisó que, si bien la señora Elizabeth Tique Triana pudo ser acreedora de la prima
técnica por evaluación del desempeño del Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto
2164 de 1991, por haber adquirido derechos de carrera a partir del 19 de agosto de
1996, fecha de terminación de su periodo de prueba, en realidad no le asistía el
referido derecho, en atención a que la sentencia del Consejo de Estado de 19 de
marzo de 1998, declaró la nulidad del artículo 13 de la última norma, que permitía
el otorgamiento de esta prestación a los funcionarios de las entidades territoriales.
Asimismo, advirtió que la señora Elizabeth Tique Triana era empleada del nivel
territorial, a partir del acto administrativo de su nombramiento, emanado de la
Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, en el cargo de
ayudante de oficina, luego los mencionados decretos no le eran extensivos a la
entidad territorial a la cual se encontraba vinculada y, además la nueva regulación
ya no le era aplicable.
En el escrito tutelar, la accionante alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales y le endilgó a la providencia de segundo grado los defectos fáctico,
por desconocimiento del precedente y de violación directa de la Constitución, de los
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cuales iteró los dos primeros en la impugnación, por cuanto: i) se hizo una indebida
valoración del acto administrativo de su nombramiento y del acto de posesión, pues
se dejó de analizar la Ley 43 de 1975, que había dispuesto que el servicio público
de la educación estaría a cargo de la Nación, luego, era empleada del orden
nacional y por lo tanto beneficiaria de la prestación reclamada, y ii) por desatender
el precedente del Consejo de Estado que dispuso el reconocimiento de la prima
técnica por evaluación del desempeño, en los términos de los Decretos1661 y 2164
de 1991, para los servidores del nivel nacional y que se encontraban cobijados por
el régimen de transición previsto en el Decreto 1724 de 1997.
Así las cosas, es claro para esta colegiatura que lo pretendido por la parte actora
es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa, tornándose
la discusión, en este escenario, en un asunto exclusivamente de índole valorativo lo
cual torna en improcedente la tutela.
En efecto, lo que se vislumbra es una inconformidad o discrepancia de la tutelante
con la decisión adoptada por la autoridad judicial acusada, para lo cual busca, por
medio de este mecanismo de amparo que el asunto sea nuevamente estudiado, sin
realizar el respectivo ejercicio hermenéutico de carácter constitucional, pues, como
se advirtió en precedencia, itera los argumentos de la demanda y del recurso de
apelación, relacionados con la aplicación en su favor de los Decretos 1661 y 2164
de 1991, para efectos del reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación
del desempeño, en su sentir, dada la calidad de servidora del nivel nacional que
ostentaba, lo cual fue definido en sentido contrario en las dos instancias del
contencioso, esto es, que era una empleada del orden territorial.
Conforme a lo anterior, no es posible, en este caso, la intervención del juez
constitucional, pues como se indicó anteriormente, la línea argumentativa que se
trae en esta sede coincide con la que fue discutida y finalmente resuelta en el
proceso ordinario, luego el último fin que persiguió por la señora Elizabeth Tique
Triana fue que se creara una tercera instancia.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho
extremo procesal frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso
expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e
irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
En ese orden de ideas, se resalta que, lo que se vislumbra es una inconformidad o
discrepancia de la tutelante con la decisión adoptada por el fallador de segundo
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grado que confirmó la negativa de sus pretensiones, para lo cual busca, por medio
de este mecanismo de amparo, que el asunto sea nuevamente estudiado, sin
realizar el respectivo ejercicio hermenéutico de carácter constitucional y la
demostración, prima facie, de una actuación injusta o caprichosa de la accionada.
2.6. Conclusión
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia por falta de relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá y la gobernación de
Cundinamarca.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de julio de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de
amparo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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