RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02705-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02705-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02705-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de las demandadas, conforme con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela respecto de la protección del derecho fundamental de petición que invocó la señora Ana María Solano Hernández del presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y, la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM), por los motivos descritos anteriormente. TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la Procuraduría General de la Nación. CUARTO: Accédese al amparo de los derechos fundamentales de petición para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la empresa Air-e y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, respondan de fondo, clara y congruente lo solicitado por la accionante en su solicitud remitida vía electrónica el 8 de marzo de 2023, por los motivos expuestos. QUINTO: Declárase la improcedencia de la acción presentada por la accionante en lo que concierne a los reparos expuestos en contra de la Resolución SSPD - 20228600138345 del 1° de marzo de 2022, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído. SEXTO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela frente a las demás pretensiones. SÉPTIMO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02705-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

13 de julio de 2023

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02705-00
Demandante: ANA MARÍA SOLANO HERNÁNDEZ
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Petición y debido proceso administrativo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito remitido el 19 de mayo de 20231, la señora Ana María Solano
Hernández, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra la
Presidencia de la República, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la
Procuraduría General de la Nación, las empresas de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.2 (Afinia Grupo EPM) y Air-e, así como la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Lo anterior, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición,
al debido proceso, de defensa y contradicción3, con ocasión de la “petición,
quejas y denuncias” que, al parecer no fueron atendida debidamente por parte

1 Al correo “Recepción Tutelas Habeas Corpus - Bogotá
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co...”, con generación de tutela en línea 1437256.
2
En adelante Caribemar.
3 Asimismo, la demandante hizo referencia al “…núcleo esencial del derecho de petición, la

administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la
vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la
defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza
legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana, y a los
precedente[s] de la cortes…”

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

de las autoridades demandadas, relacionada esta con la prestación del servicio
público de energía eléctrica y su suspensión.

A su vez, la accionante pretende con la solicitud de tutela, entre otros asuntos,
que se ordene al superintendente de Servicios Públicos imponer las sanciones
contra las empresas Afinia y Air-e por suspender el servicio de energía de forma
unilateral sin la previa expedición de un acto administrativo y que se realice un
consejo comunal respecto de dicho servicio en el departamento del Cesar,
particularmente en el municipio de Valledupar.

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

“PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela con medida cautelar
urgente, para que no me suspendan el servicio de energía, y para que el
presidente y el superintendente asista al consejo comunal, y como
mecanismo definitivo y excepcional, para que el juez constitucional aplique
el bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la presidente de Colombia como
jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer sus competencia
en materia de servicios públicos domiciliarios, al superintendente de
servicios p[ú]blico ejercer sus funciones, la Procuraduría General de la
Nación ejercer sus funciones los demás funcionario de la superintendencia
… investigar esta denuncia y quejas contra la directora oriente … donde
más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en
contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución
Y LA LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos los consumos o
pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar trámite a los
recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICCION donde si estos documentos la dirección no coincide con la
registrada en la factura de energía no le dan tr[á]mite, donde predomina la
dirección de la empresa sin que este aporte la carta catastral y el
levantamiento catastral, conforme a los artículos 101 al 104 de la ley b142
de 1994, así mismo no aceptan la declaración extra proceso, para
demostrar que el inmuebles estuvo arrendado y para demostrar la
posesión del inmuebles , donde el único documento idóneos es la factura
de energía, pero tampoco la tienen encuentra, ASI MISMO que la
procuraduría conforme a los artículos, 1,2,3,40,103,270, de la constitución
ley 1757 del 2015 ordene al presidente y al superintendente, realice un
consejo comunal ,con sus presencia y las presencias de toda las delegada
de la superservicios, para que todos los usuarios del cesar y la guajiras
coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de
servicios públicos domiciliarios, y se garanticen los mecanismo de
participación ciudadana la administración de justicia, EL NUCLEO
ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION, DEBIDO POROCESO
ADMINISTRATIVO DEFENSA Y CONTRADICCION como los precedentes
de la Corte Constitucional Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA T-636 DEL 2006 , y la sentencia de segunda instancia
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

dos mil veintiuno (2021) así mismo el presidente de conformidad con el
artículo 3 numeral 1 de la resolución 108 modifique el artículo 37 Parágrafo
1º, de igual forma ordene al superintendente de servicios públicos iniciar
las sanciones contra las empresa Afinia y Air-e por estar suspendiendo el
servicio de energía de forma unilateral sin ante expedir un acto
administrativo, de igual forma de las tutelas que presenta diariamente la
oficina de queja y reclamo con el correo melkiskammerer@hotmail.com
sobre tutela por suspensión ilegal, se tome como denuncia para investigar
la empresa que omitió el artículo 154 de la ley 142 de 1994, así mismo el
presidente investigue el alto consumo del consumo de aseo en Valledupar
…

SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos fundamentales
y humano Al núcleo esencial del derecho de petición, al debido proceso
administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad tipicidad,
acceder a la administración de justicia, a las garantías judiciales
consagrada en los artículos 8 y 25 de la convención americana de derecho
humanos, a la salud a la vida, a una vivienda digna, al principio de la
buena fe confianza legítima acto propio a una vivienda digna a la
educación y ordene a darme una respuesta , de fondo clara congruente y
resuelva cada una de las pretensiones de la denuncia, así mismo
manifieste con que fundamento constitucional y legal el presidente y la
superservicios se niega asistir al consejo comunal realizado por nuestro de
defensor por más de 20 años Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
identificado con la cedula de ciudadanía No 77.027.967 de Valledupar , el
26 de mayo del 2023 en la cámara de comercio de Valledupar, donde él
fue el fundador de los comités de control social de los servicios públicos
mobiliarios , y necesitamos que estas autoridades estén presente en este
consejo comunal de conformidad con el art[í]culo 2,102 ,103 y 270 de la
constitución, para que los usuarios, vocales de control y comités de
servicios públicos reciban sus capacitaciones, hagan sus denuncia , contra
las empresa de servicios público, y contra la misma superservicios, por
muchas inconsistencia en sus fallo que más del 90% son a favor de las
empresa

TERCERO que el señor magistrado ordene al… presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, al…
superintendente de servicio públicos domiciliarios, asistan a este consejo
comunal de conformidad con el artículo[s] 2, 102, 103 y 270 de la
constitución, para que socialicen el porcentaje a tomar sobre cuál va hacer
la desviación significativa de los consumo[s] de energía eléctrica…

Cuarto QUE [se ordene]… al superintendente de servicio público y a los
doctores diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces
superintendente delegado para energía y gas combustible… manifieste los
siguientes:

A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para
darle trámite al núcleo esencial del derecho de petición prohibido por el
ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

16 de la ley 1755 del 2015, art[í]culo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011,
artículo 9 de la ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del
2019, como son el certificado de libertad y tradición y certificado de
nomenclatura, donde predominan la dirección de la factura de energía?...
…

QUINTO…le soliciten a la superintendencia de servicios público, QUE
manifieste la superservicios porque más del 90% de los recurso[s] de queja
y de apelación son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia
el superior jerarquice funcional de las empresas de servicios públicos, que
juro cumplir la constitución y la ley…

SEXTO…garanticen el núcleo esencial del derecho de petición dándome
una respuesta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los
solicitado, en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y cada una
de las pretensiones... concediendo los recursos de reposición y el de
apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia
de servicios públicos domiciliarios…

SEPTIMO … ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E y Afinia a no
suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo definitivo
sobre esta denuncia queja así mismo le advierta que de conformidad con
la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función
públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de
energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como
lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994…

OCTAVO … ORDENEN A ESTA SUPERINTENDENCIA PORQUE NO
FALLAN SUS RECURSO DE APELACION CONFORME A LA
RESOLUCION No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021…expedida
por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se
encuentran en poder de la empresa como es el certificado de libertad y
tradición, por lo que lo puede consultar en la página de la oficina de
instrumentos públicos…

NOVENO… DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE
ESTADO sala contenciosa administrativa SECCIÓN PRIMERA Consejero
ponente: Oswaldo Giraldo López Norma demandada: aparte que indica
“los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del
contrato” del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución número 108 de 3
de julio de 1997Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: La Nación – Ministerio de Minas y Energía, Comisión de
Regulación de Energía y Gas. Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil
veintiuno (2021) Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00…

DECIMO … QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON
PARA COBRAR EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que
se vienen recaudando 100 [veces] a lo que se gastan cobrando un alto

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

costo en las factura[s] de energía al sector comercial y de servicios…

DECIMO PRIMERO…[el] presidente ASISTA un consejo comunal de
servicios público aquí en Valledupar para que se invisten a todos los
vocales de control del Cesar y La Guajira, l[í]deres, asociaciones de
usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las delegadas
de la superservicios con la presencia también del presidente y el
superintendente de servicios públicos, donde el presidente debe de
contratar experto en la ley 142 de 1994...

DECIMO SEGUNDO … A DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la
superservicios y las empresa de energía eléctrica, por violación a la
constitución y la ley, así mismo ordenen a las empresa de servicios
públicos a retirar de la factura de energía la deuda, y se abstengan de
seguir suspendiendo el servicio de energía de forma unilateral , hasta tanto
no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia que son más de 140
usuarios que tenemos este problema, además se investiguen porque
funcionario de la superintendencia sus familiares hacen parte de la nómina
de las empresas de servicios público, por ese motivo más del 90% de los
recursos de queja y apelación son fallado a favor de las empresas

DÉCIMO TERCERO que el magistrado ordene a la Procuraduría General
de la Nación a pronunciase de la denuncia, que son 137 que fueron
accionada ante esa dependencia

DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL conforme al
principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad, RESUELVA DE FONDO
CLARA DESARROLLADO CADA UNA DE LAS PRETEN[S]IONES DE LA
TUTELA INTEGRANDO el contradictorio, para dar una solución a la
totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo
inescindible” …

DECIMO CUARTO …ordenen a la superintendencia de servicios público
ordenen a la empresa de energía que si va a continuar suspendiendo el
servicio de energía deberá expedir un acto administrativo que garantice el
debido proceso administrativo derecho de defensa contradicción legalidad,
a una tutela judicial efectiva, las garantías judiciales consagrada en los
art[í]culo 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos,
DANDOLE CUMPLIMIENTO al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y la
sentencia C-150 DEL 2003 , ASI MISMO inicie las sanciones establecida
en el artículo 81 de la ley 142 de 1994 por suspenderme el servicio de
energía de forma unilateral

DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL
ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION aplique el bloque de
constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un
fallo extrapetita conforme al principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad,
Y CONCEDA esta acción de tutela como mecanismo definitivo y
excepcional protegiendo el núcleo esencial de petición y los mecanismo de
participación ciudadana debido que el estado está en la obligación de

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

garantizarme la vida la honra y bienes, como garantizarme la participación
de todos en las decisiones que nos afecten”

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que, el 8 de marzo de 2023 vía electrónica presentó “una petición,
queja y denuncia” por la suspensión constante de su servicio de energía
eléctrica en el bien que le arrendó a un tercero, pero que no ha recibido
respuesta alguna.

Indicó que, también presentó un requerimiento para que la empresa prestadora
del servicio le diera cumplimiento al artículo 130 de la Ley 142 de 1994, pues la
arrendataria que tuvo del 1° de enero de 2020 al 16 de marzo de 2021, dejó una
deuda pendiente de $3.000.000 y ella nunca autorizó la financiación de lo
debido. Al respecto, agregó lo siguiente:

“…DONDE YO LE ARRENDE DE BUENA FE … DESDE 01 DE ENERO
DEL 2020 Y SE FUE EL 16 DE MARZO DEL 2021, DEJANDO UNA
DEUDA PENDIENTE Y UNA FINANCIADA POR MAS DE $3.000.000, DE
IGUAL FORMA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA YO AUTORICE A LA
EMPRESA PARA FINANCIAR LA DEUDA POR LO QUE SE LE DEBE
DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 44 DEL DECRETO LEY 019 DEL
2012 donde la empresa declara improcedente y concede los recurso de ley
ante la superservicios donde la superservicios según la resolución, No LA
RESOLUCION No SSPD 20228600138345 del 01-03-2022,(duro más de 7
meses, donde la ley solo exiguas dos meses, confor[me] a los artículos 77,
y 86) Y LA decisión 202170193962 del 16 de julio del 2021 donde la
superservicios [declaró] improcedente LOS RECURSO DE APELACION
alegando, que LA DIRECCION QUE APARECE EN EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO NO CONICIDE CON LA registrada en la factura de
energía ,VIOLANDO LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y EL DEBIDO
PROCEO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO DE PETICION DEBIDO
QUE ESTOS REQUISITOS FUERON ESTABLECIDO POR LAS
EMPRESAS Y LA SUPERSERVCICIO…”4

Informó que se identificada con la cédula de ciudadanía 26.988.339 de
Valledupar y ante la empresa con el NIC 7592669.

3. Sustento de la vulneración

La parte accionante manifestó que no ha obtenido una respuesta completa por
parte de las autoridades cuestionadas, ni clara, ni precisa ni congruente con lo
solicitado.

4 Subrayado fuera del texto original.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

Adujo que las autoridades demandadas no le pueden exigir requisitos que no se
encuentran en la Constitución y la Ley, para sustentar su petición frente a la
ruptura de la solidaridad de la deuda.

Resaltó el deber de conceder los recursos en sede administrativa y que, Afinia y
Air-e no pueden suspender su servicio de energía eléctrica de forma unilateral
sin antes expedir un acto administrativo.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto del 25 de mayo de 2023 se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación del presidente de la República y al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia,
así como de los representantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), de la Procuraduría General de la Nación, de la empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., Afinia Grupo EPM y de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Posteriormente, con providencia del 13 de junio de 2023 se dispuso la
vinculación del representante de la empresa Aire-e. A su vez, se requirió a la
demandante para que aportara las peticiones presentadas –con sus radicados-
ante las empresas Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia Grupo EPM y
Air-e, de conformidad con lo pretendido en el escrito de tutela.

5. Argumentos de defensa e intervenciones

5.1. Presidencia de la República y DAPRE

Esta autoridad solicitó que se le desvincule cualquiera que fuere el sentido de la
sentencia, pues esta es improcedente, dada la falta de legitimación en causa
por pasiva que existe en el presente caso y porque no se recurrieron a las vías
ordinarias disponibles.

Destacó que no se cumple con el requisito de legitimación en la causa por
pasiva y que, falta el requisito de subsidiariedad, pues no se aprecia que, la
accionante haya agotado las vías ordinarias para que se resuelvan sus
reclamos, ni que se encuentre ante un perjuicio inminente, que le impida acudir
a dichas vías.

Indicó que, de manera subsidiaria, ante la inexistencia de una acción u omisión
que pudiese generar alguna vulneración al derecho fundamental invocado por la
accionante, pidió que se nieguen las pretensiones de la presente acción de
tutela respecto de la Presidencia de la República.

Resaltó que en virtud de las múltiples sentencias de tutela que debe emitir
frente a este mismo tema, que el señor que tiene por correo la dirección
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

electrónica: melkiskammerer@hotmail.com,
oficinadequejasyreclamos@gmail.com y ahora fenadecu2021@gmail.com se ha
dedicado masivamente a dirigir acciones de tutela contra la Presidencia de la
República por estos mismos hechos, pero respecto de diferentes personas.

Informó que, a expresar su inconformidad con la conducta del señor Melkis
Kammerer, pues es increíble como una persona que tiene en este momento
abierta una investigación disciplinaria, donde incluso ya hay fijada una
“audiencia para el 9 de septiembre del presente año” por este mismo tema,
continúe incurriendo en las mismas conductas. Su solución fue crear un nuevo
correo electrónico para seguir abusando del derecho constitucional de tutela
que tienen las personas; por lo que, lo invitó a reflexionar.

Refirió que recibió y atendió la petición presentada por la accionante en el
OFI23-00049885 / GFPU 13150000 del 16 de marzo de 2023, por medio del
cual, le informó a la accionante la remisión realizada a la entidad que se había
encontrado competente, para que esta le respondiera su solicitud, tal como
consta en el OFI23-00049891 / GFPU 13150000; por lo que, no se le puede
endilgar ninguna vulneración a dicha garantía constitucional.

Expuso que, no obstante, al analizar los reclamos presentados por la
accionante, se observa que no es la autoridad competente para ejercer labores
de inspección, vigilancia y control por irregularidades que se han cometido en la
expedición y cobro de sus facturas de servicios públicos domiciliarios que
expide la empresa Afinia.

Agregó que, deberá esperarse que culmine la vía administrativa que se
adelanta ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que de
encontrarle razón podrá otorgarle las pretensiones que esgrimió en esta sede
constitucional.

Recalcó que, no puede compeler u obligar a la Superintendencia de Servicios
Públicos a que confirme o niegue su asistencia al consejo comunitario
mencionado por la parte actora pues esta entidad posee una independencia y
autonomía de la Presidencia de la República.

Señaló que, el DAPRE no ha cometido ninguna omisión que permita a la
accionante reclamarle la tutela de su derecho fundamental de petición y que por
el contrario se ha mostrado diligente al realizar el traslado a la autoridad
competente para responder su solicitud.

5.2. Procuraduría General de la Nación

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, e
indicó que una vez tuvo conocimiento de los hechos se revisó el sistema de
gestión documental de la PGN, en lo cual, encontró el reporte “P-2023-
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

2902087” con radicado del “08/03/2023”, relacionada con la queja presentada
por la actora en la oficina virtual.

Señaló que, establecido lo anterior, se requirió a la Procuraduría Delegada
Preventiva y de Control de Gestión Primera para la Vigilancia Preventiva de la
Función Pública, dependencia que mediante correo electrónico del 30/05/2023,
enviado por la funcionaria Katherine Julieth Aguilar Mendieta, informó lo
siguiente:

“ACTIVIDADES ADELANTADAS POR ESTA DELEGADA
1. La Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 1, Primera
para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, recibió tres radicados
remitidos por peticionarios diferentes con la misma petición, de la siguiente
manera:
…

Toda vez que las peticiones correspondían al mismo objeto y causa, y con el
fin de gestionar las solicitudes de forma oportuna esta Delegada, en función
de las competencias de carácter preventivo establecidas en el Decreto Ley
262 de 2000 y la Resolución 377 de 2022, acumula las peticionas e inicia
Asunto Abreviado No. IUC P-2023-2902087 IUS E-2023-140828.

La apertura del Asunto Abreviado se realiza con base en las actuaciones
establecidas en el Modelo de Gestión de la Función Preventiva de la
Procuraduría General de la Nación. La PGN, como órgano autónomo de
control del Estado colombiano, ejerce sus atribuciones constitucionales a
partir de un conjunto de funciones misionales: disciplinaria, de intervención y
preventiva.

…”

Alegó la carencia actual de objeto por la existencia de un hecho superado frente
al radicado E-2023-140792, allegó respuesta frente a lo pedido por la actora e
invocó su falta de legitimación por pasiva frente a las pretensiones principales
de la tutela.

Señaló que frente a la pretensión para que se investigue el motivo por el cual el
funcionario de la superintendencia hace parte de la nómina de las empresas de
servicios públicos, se encuentra en el ordenamiento jurídico la queja como el
instrumento idóneo para dar impulso a la acción disciplinaria.

Destacó que, la sola presentación de la solicitud no obliga a que la decisión sea
la de asumir el conocimiento de los hechos presuntamente irregulares, por lo
que por disposición legal esta entidad puede o no conocer de las diligencias, si
así lo considera procedente.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

5.3. CREG

Esta entidad solicitó su desvinculación porque frente a las pretensiones
planteadas por la actora, de acuerdo con las funciones, tanto generales como
específicas de la comisión, asignadas por las Leyes 142 y 143 de 1994,
ninguna tiene relación con la verificación y/o control sobre el cumplimiento de
las normas que rigen la actividad correspondiente a la prestación del servicio
público de energía, y por tal razón, no tiene competencia alguna para
pronunciarnos al respecto.

Resaltó que la función de vigilancia y control del cumplimiento de las leyes y
actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos
radica en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y su facultad
para imponer sanciones por infracción al régimen legal de los servicios públicos.

Precisó que el escrito de tutela gira en torno a la inconformidad de la accionante
frente a los recursos interpuestos contra su factura de energía eléctrica, y los
costos del servicio de energía en la ciudad de Valledupar, por lo que refirió el
procedimiento de reclamación ante las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios.

Mencionó que, en lo que respecta a la denuncia a la que la parte actora hace
mención en el escrito de tutela “una vez verificado el sistema de gestión
documental electrónica, por el área de tecnología, no se encontró recepción de
la misma, tal y como lo adjunta en el presente escrito”. Adjuntó documentación
relacionada con la “traza correo”.

Informó que, se encontró multiplicidad de correos del remitente
melkiskammerer@hotmail.com que generaron alerta de cuarentena, es decir,
debido al volumen de correos recibidos por el mismo remitente, los correos
electrónicos llegaron a la bandeja de correo no deseado, por considerarse
riesgosos. En ese sentido, solo se podían recuperar mensajes de la bandeja de
cuarentena 30 días atrás, por esta razón, al hacer la revisión del mismo, no
permitió realizar dicha acción, y por tanto, darle trámite a las mismas.

Consideró que, debido a las múltiples denuncias por asuntos similares, si bien
no tuvo acceso a la totalidad de los escritos, aquellas fueron radicadas y
contestadas, encontrando que respecto de estas, al igual que los escritos de
tutela, corresponden al mismo escrito presentado multiplicidad de veces por el
mismo correo remitente melkiskammerer@hotmail.com.

Advirtió que, de esta manera el derecho de petición, al igual que la acción de
tutela, está generando finalidades contrarias a las previstas para su ejercicio
ocasionando únicamente congestión en el sistema, pues ello corresponde a un
abuso del derecho que se refleja en el ejercicio desproporcionado tanto de la
garantía que representa el derecho fundamental de petición como en la
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

presentación de demandadas de esta naturaleza.

5.4. Caribemar (Afinia Grupo EPM)

Esta entidad se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, al considerar lo
siguiente:

Indicó que, consultado el Sistema de Gestión Comercial de la empresa, se
verificó que el Nic- 7592669, corresponde al predio de dirección Calle 4B No.
19C1- 46 Manzana C Casa 08 Conjunto Cerrado Citaringa -Valledupar Cesar.

Mencionó que, la actora presentó petición en el Centro de Atención Virtual con
el RE3110202121000 del 18 de mayo del 2021, ante Caribemar de la Costa en
la que solicita ruptura de la solidaridad de la deuda que corresponde desde el 1°
de enero del 2020 (fecha de inicio en contrato de arrendamiento) hasta el 15 de
julio del 2021 (fecha de reclamación).

Agregó que, la empresa el 24 de mayo de 2021, le envió a la tutelante
respuesta de consecutivo 202170136314, en la que le informó que al verificar el
cumplimiento de los documentos señalados, como requisito para dar trámite a
la petición, se observó que en los anexos debía aportar el certificado de Agustín
Codazzi, en el que se reportara el número de matrícula del predio y la dirección
ya que la dirección allegada en el certificado de libertad y tradición no coincidía
con la reflejada en sistema. Lo anterior para continuar con el trámite de solicitud
de ruptura de solidaridad.

Refirió que, la accionante el 15 de julio de 2021, presentó nuevamente solicitud
de ruptura de solidaridad RE3110202130930 y que, la empresa mediante
consecutivo 202170193962 del 16 de julio de 2021, le remitió respuesta en la
que le informó que procedería a asociar el reclamo con el fin de salvaguardar el
debido proceso al periodo que va desde 1° de enero del 2020 (fecha de inicio
en contrato de arrendamiento) hasta el 15 de julio del 2021 (fecha de
reclamación).

Indicó que, en la comunicación se le dio respuesta de fondo a cada una de las
pretensiones y solicitudes de la reclamación y que igualmente, se le informó
que contra esa decisión procedía el recurso de reposición ante la empresa, y en
subsidio el de apelación para que fuera resuelto por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y se le señaló también lo relativo al trámite de
los recursos.

Agregó que, a su vez, se le señaló que, verificados los documentos
presentados en la reclamación, la actora no demostró la titularidad del predio y,
en consecuencia, no se podía predicar la ruptura de solidaridad teniendo en
cuenta que se requiere probar la propiedad del predio, ya que es el propietario
el legitimado para reclamar la ruptura de solidaridad.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

Afirmó que, en la misma comunicación también se le comunicó que después de
revisada la documentación aportada y al realizar las validaciones respectivas
confrontadas con el sistema comercial se pudo constatar que al suministro de
energía se le han efectuado suspensiones en consonancia con lo establecido
en el artículo 140 de la ley 142 de 1994, por lo tanto, las pretensiones de
ruptura de solidaridad no eran procedentes. Asimismo, que se le dio claridad
sobre cada una de las pretensiones de su reclamación, tal como se demuestra
con la copia de la respuesta que se adjuntó a esta contestación.

Señaló que, en esa comunicación se le refirió a la demandante que no era
procedente la solicitud de ruptura de solidaridad, explicándole de manera
motivada cada una de las razones expuestas en la contestación de esa
reclamación y con fundamento en los artículos 130, 140, y 155 la Ley 142 de
1994, e igualmente se le señaló que contra esa decisión procedía el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios
Públicos.

Mencionó que, el 22 de julio del 2021 la actora presentó recurso de reposición
y, en subsidio, el de apelación contra la decisión de consecutivo 202170193962
del 16 de julio del 2021, del radicado RE3110202130930. El 22 de julio de 2021,
la empresa le envió respuesta de consecutivo 202170200354, al correo
electrónico aportado por la usuaria oficinadequejasyreclamos@gmail.com. El 27
de agosto de 2021, envió el expediente completo de 64 folios ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para surtir los efectos del
recurso de apelación con el radicado 20218202369752.

Aclaró que, en estos casos, si la dirección del certificado de tradición y libertad
es distinta a la de la factura, se debe anexar el certificado de nomenclatura
expedido por el Instituto de Agustín Codazzi, que reporte el número de
matrícula del predio y la dirección, contrato de arrendamiento, documentos
estos que a la fecha no han sido aportados.

Adujo que, la superintendencia es el ente de control con la competencia para
decidir la segunda instancia en la vía administrativa y que, en todo caso, el juez
natural para el estudio de la controversia en la vía gubernativa no es el
constitucional sino el ordinario de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Destacó que, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante
Resolución SSPD - 20228600138345 del 1° de marzo de 2022, expediente
2021860390100474 decidió el recurso de apelación, en el que resolvió
“ARTÍCULO PRIMERO. -CONFIRMAR la decisión administrativa Acto
Administrativo No. 202170193962 del 16 de julio del 2021, proferida por la
empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente decisión.”

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

Resaltó que, en el registro de órdenes de servicio del sistema comercial de la
empresa no se registra la de suspensión del servicio en las fechas indicadas,
como se demuestra con las imágenes que se aportó con la contestación y que,
consultado el histórico de visitas de revisiones e instalaciones y/o visitas de
inspección técnica se encontró que la última orden de suspensión 69220054 del
17 de noviembre de 2022, se generó por las facturas de consumo que
presentan al vencimiento en el pago de la obligación que no se ha cancelado y
a la fecha el predio se encuentra con energía.

Informó que, el suministro de Nic-7592669, se encuentra en situación correcta y
con el servicio de energía activo y que actualmente no existe orden de
suspensión del servicio.

Manifestó que, desconoce el motivo por el cual la accionante presentó la acción
de tutela en Bogotá, cuando la ubicación del inmueble sobre el cual recae el
reclamo constitucional se encuentra en Valledupar (Cesar); por lo que, solicitó:

“…se dirima la falta de competencia del Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Quinta Bogotá D.C. . por razones a la
ubicación del inmueble y del suministro del servicio de energía identificado
con el Nic- 7592669, que se encuentra localizado en la dirección Calle 4B
No. 19C1- 46 Manzana C Casa 08 Conjunto Cerrado Citaringa -Valledupar
Cesar.

Falta de competencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Quinta Bogotá D.C. para conocer el presente
trámite de tutela.

Revisado el sistema de información comercial de la empresa OPEN SGC
se evidencia que el suministro NIC- 7592669, del cual depreca la
accionante se ha vulnerado sus derechos, se encuentra ubicado en la
Calle 4B No. 19C1- 46 Manzana C Casa 08 Conjunto Cerrado Citaringa -
Valledupar Cesar.

(sic) que en la tutela ni en anexos la accionante demuestra la razón por la
cual interpone la presente acción de tutela en los despachos judiciales de
la ciudad de Bogotá, y no en donde se ubica el inmueble del cual
manifiesta hay afectación.”

Mencionó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la
inconformidad de la accionante radica es en la decisión de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Agregó que, la acción de tutela resulta improcedente en atención a que la
accionante pretende el cumplimiento a un acto administrativo expedido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que aún no ha sido
notificado a la empresa, siendo que para su solicitud existen otros medios de
defensa.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

5.5. Air-e

Esta sociedad solicitó su desvinculación porque aclaró que no presta el servicio
de energía en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, ello en
cuanto a la segmentación de los usuarios que se hizo entre dicha empresa y
Afinia.

Adujo que una vez revisado el NIC 7592669 se advierte que no registra en
sistema.

Informó que, el servicio en estos departamentos es prestado por Afinia, por lo
que, en atención a los hechos de la acción de tutela corresponden a un usuario
del servicio de energía de esta última empresa, que es la que puede responder
de fondo a la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19915 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20156, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.

2. Cuestiones previas

2.1. Competencia para conocer de la acción de tutela

Caribemar manifestó que desconoce el motivo por el cual la accionante
presentó la acción de tutela en Bogotá, cuando la ubicación del inmueble sobre
el cual recae el reclamo constitucional se encuentra en Valledupar (Cesar); por
lo que, solicitó:

“…se dirima la falta de competencia del Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Quinta Bogotá D.C… por razones a la
ubicación del inmueble y del suministro del servicio de energía identificado
con el Nic- 7592669, que se encuentra localizado en la dirección Calle 4B
No. 19C1- 46 Manzana C Casa 08 Conjunto Cerrado Citaringa -Valledupar
Cesar.

Al respecto, se precisa que, la acción de tutela se admitió con fundamento en

5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
6 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del

Derecho.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

las circunstancias fácticas y jurídicas que planteó la parte actora, dentro de lo
cual efectuó cuestionamientos frente al presidente y a la Presidencia de la
República.

De manera que, con sustento en el numeral 12 del Decreto 333 de 2021 7, se
asumió el conocimiento de la demanda de amparo, puesto que dicha norma
contempla que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del
presidente de la república serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado.

2.2. Solicitudes de desvinculación

El presidente de la República y al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República de Colombia, así como de los representantes de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Procuraduría General de la
Nación, de la empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. (Afinia Grupo EPM) y Air-e solicitaron sus desvinculaciones, por carecer
de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto se observa que, la parte actora relató que presentó una “petición,
quejas y denuncias” que al parecer no fue atendida debidamente por parte de
las autoridades demandadas.

En consecuencia, se negarán tales peticiones, puesto que el sustento fáctico
expuesto por la demandante conlleva a que se les integre en el extremo pasivo
de la acción de tutela.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron el
derecho fundamental de petición y debido proceso de la parte actora con
ocasión de su solicitud de ruptura de solidaridad de la deuda por el servicio de
energía eléctrica. Asimismo, se analizará la procedencia de la acción de tutela
respecto de decisiones administrativas y demás pretensiones de la
demandante.

4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que

7 12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República,

incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas,
políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o
entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su
conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19918, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

4.1. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas.

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.»

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada9.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo10.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.

8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
9 Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre

otras.
10 Sentencia T – 1075 de 2003.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 200011 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa12 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.

A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

11 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
12 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

5. Caso concreto

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales de petición,
al debido proceso, de defensa y contradicción13, con ocasión de la “petición,
quejas y denuncias” que al parecer no fueron atendida debidamente por parte
de las autoridades demandadas, relacionada esta con la prestación del servicio
público de energía eléctrica y su suspensión.

A su vez, la accionante pretende con la solicitud de tutela, entre otros asuntos,
que se ordene al superintendente de Servicios Públicos iniciar las sanciones
contra las empresas Afinia y Air-e por suspender el servicio de energía de forma
unilateral sin la previa expedición de un acto administrativo y que se realice un
consejo comunal respecto de dicho servicio en el departamento del Cesar,
particularmente en el municipio de Valledupar.

Para resolver, se precisa que entre los anexos que aportó la accionante con la
demanda de amparo, se encuentra que la petición la dirigió a las siguientes
autoridades:

“VALLEDUPAR 6 de marzo DEL 2023
Doctor
Gustavo petro
Presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de [energía] y
gas y agua potables
Doctor
Dagoberto Buitrago SUPERINTENDENTE DE SERVICIO PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, y superior jerárquico funcional de las empresa[s] de
servicios públicos domiciliarios
Doctor
DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE
DOCTORA
MAGDA YANETH CASTAÑEDA GUTIÉRREZ
JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICO[S] DOMICILIARIOS
SEÑORES
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA,
CORREO DE NOTIFICACIONES JUDICIALES:
PROCESOSJUDICIALES@PROCURADURIA.GOV.CO

13 Asimismo, la demandante hizo referencia al “…núcleo esencial del derecho de petición, la

administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la
vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la
defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza
legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana, y a los
precedente[s] de la cortes…”

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

Ref. derecho de petición, denuncia y queja de conformidad con los artículos,
1,2,3,4,6… el presidente y director de la comisión de regulación de energía y
gas conforme al artículo 3 numeral 1 de la resolución 108 de 1997 doctor
[G]ustavo [P]etro doctor Dagoberto Buitrago superintendente de servicio
públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus
veces superintendente delegado para energía y gas combustible, doctora
Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios p[ú]blico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de
la función pública, para que ordenen PARA QUE EL PRESIDENTE y director
de la comisión de regulación de energía y gas conforme … ordenen a la …
donde más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en
contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y
LA LEY…”14

Para tal efecto, la actora acreditó los radicados de tal “petición, quejas y
denuncias” ante todas las autoridades a las que aludió en el escrito de tutela,
así:

RE: denuncia 137 ANA MARIA SOLANO HERNANDEZ
MELKIS KAMMERER KAMMERER
Mié 8/03/2023 9:48 AM

Para:
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co
<notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co>;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
<notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co>;
serviciosjuridicos@afinia.com.co <serviciosjuridicos@afinia.com.co>;
oficiales creg <oficiales.creg@creg.gov.co>;
Procesos Judiciales - Oficina Jurídica
<procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>;
seguridaddigital@creg.gov.co <seguridaddigital@creg.gov.co>;
notificaciones.judiciales@creg.gov.co
<notificaciones.judiciales@creg.gov.co>;

creg@creg.gov.co <creg@creg.gov.co>;
notificaciones.judiciales@air-e.com <notificaciones.judiciales@air-e.com>

1 archivos adjuntos (640 KB)
DENUNCIA 137 COMISION POR DIRECCION ANA MARIA SOLANO
HERNANDEZ identificada con la cedula de ciudadanía No.26.988.339 de
Valledupar y ante la empresa con el NIC 7592669.pdf;

NOTIFICACIONES

14 Transcrito del original con posibles errores.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

La parte accionante recibe notificación en la CRA 14 No 17-33 Valledupar,
cesar, y autorizo el correo electrónico oficinadequejasyreclamos@gmail.com
3205241038

ANA MARIA SOLANO HERNANDEZ identificada con la c[é]dula de
ciudadanía No.26.988.339 de Valledupar y ante la empresa con el NIC
7592669

…”

Por lo anterior, se procederá al análisis de la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición de la accionante, luego frente al debido proceso
administrativo y sobre las demás pretensiones, así:

5.1. Frente al derecho fundamental de petición

Debido a lo extenso del escrito de tutela, así como la solicitud presentada por la
accionante, se procederá a identificar de cada escrito lo pretendido, para luego
cotejarlos con la información suministrada por las demandadas y sus anexos,
así:

5.1.1. Contenido de la petición

i) La actora solicitó que la Procuraduría le ordene al presidente de la República
y superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que realicen y asistan a
un consejo comunal y cumplan con sus funciones, que se investigue el motivo
por el cual más del 90% de los recursos de apelación y las quejas son decididas
en contra del usuario, a los que además, les exigen estar al día en el pago de
su servicio y para poder dar trámite a su recurso de apelación le exigieron el
certificado de libertad y tradición, y que el superintendente inicie los trámites
para sancionar a Afinia y Air-e por suspender el servicio de energía sin expedir
un acto administrativo, es decir, por la suspensión ilegal y el alto consumo de
aseo en Valledupar.

ii) Que el presidente de la República, el director de la CREG, el superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios y sus delegados y jefe de control interno
disciplinario, la Procuraduría General de la Nación “…le soliciten a la doctora
MARIA SIERRA MARIN, el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR
TERRITORIAL NORTE, CLAUDIA LEONOR JIMENEZ MARTINEZ
DIRECTORIA NORIENTE, KEIDY MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS
manifieste[n] los siguientes [interrogantes]… A) ¿con que fundamento
constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al núcleo esencial
del derecho de petición’…”15

15 Transcripción literal del original.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

iii) Pidió que se ordene a la superintendencia en cita a que manifieste el motivo
por el cual más del 90% de los recursos de queja y de apelación son decididos
en contra siendo la entidad de segunda instancia como superior de las
empresas de servicios públicos.

vi) Requirió que se garantice su derecho fundamental de petición, con la cual se
le concedan sus recursos de reposición y apelación ante la superintendencia en
mención.

v) Solicitó que, se ordene a los gerentes de Air-e y Afinia a no suspenderle el
servicio de energía hasta tanto no haya una decisión definitiva y que se le
advierta que debe mediar un acto administrativo.

vi) Pretendió que la superintendencia en cita decida su recurso de apelación
como lo hizo en la respuesta 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, en la
que, según su dicho, no es necesario aportar los documentos con los cuales
cuenta la empresa, como el certificado de libertad y tradición.

vii) Pidió que el presidente de la República y la CREG le den cumplimiento a la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 5 de abril de 2021,
expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00.

viii) Requirió que las demandadas le exijan al Concejo de Valledupar que
presenten la metodología que utilizaron para cobrar el impuesto de alumbrado
público debido que se vienen recaudando 100 [veces] lo que cobran en las
facturas de energía al sector comercial y de servicios.

ix) Pretendió que el presidente “realice” un consejo comunal de servicios público
en Valledupar.

5.1.2. Pretensiones de la acción de tutela

i) La actora solicitó que no le suspendan el servicio de energía eléctrica, que la
procuraduría le ordene al presidente y superintendente en mención que realicen
y asistan a un consejo comunal y cumplan con sus funciones y, que se
investigue el motivo por el cual más del 90% de los recursos de apelación y las
quejas son decididas en contra del usuario, a los que además, les exigen estar
al día en el pago de su servicio y para poder dar trámite a su recurso de
apelación le exigieron el certificado de libertad y tradición, que el
superintendente inicie los trámites para sancionar a Afinia y Air-e por suspender
el servicio de energía sin expedir un acto administrativo, es decir, por la
suspensión ilegal y el alto consumo de aseo en Valledupar.

ii) Se proteja su derecho fundamental de petición, con una respuesta clara,
congruente y de fondo que resuelva cada uno de los puntos de su “denuncia”.

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

iii) Que las autoridades en mención asistan al consejo comunal para que
socialicen el porcentaje a tomar sobre cuál va hacer la desviación significativa
de los consumos de energía eléctrica.

iv) Además, que las autoridades referidas en la pretensión cuarta respondan los
interrogantes que en dicho aparte. Estos interrogantes se encuentran
relacionados con el trámite administrativo y las “exigencias documentales” que
le hicieron a la accionante.

v) Requirió que la superintendencia en cita manifieste el motivo por el cual más
del 90% de los recursos de queja y de apelación son fallados en contra siendo
entidad de segunda instancia como superior de las empresas de servicios
públicos.

vi) Se garantice su derecho fundamental de petición, con la cual se le concedan
sus recursos de reposición y apelación ante la superintendencia en mención.

vii) Se ordene a los gerentes de Air-e y Afinia a no suspenderle el servicio de
energía hasta tanto no haya un fallo definitivo.

viii) Que la superintendencia decida su recurso de apelación como lo hizo en el
asunto identificado con el número 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,
en la que, según su dicho, no es necesario aportar los documentos con los
cuales cuenta la empresa, como el certificado de libertad y tradición.

ix) Solicitó que el presidente de la República y la CREG le den cumplimiento a
la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 5 de abril de 2021,
expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00.

x) Pidió que las demandadas le exijan al Concejo de Valledupar que presenten
la metodología que utilizaron para cobrar el impuesto de alumbrado público
debido al alto costo en las facturas de energía al sector comercial y de
servicios.

xi) Pretendió que el presidente “asista” un consejo comunal de servicios público
en Valledupar.

xii) Demandó que se ordene el retiro de la deuda de su factura de servicio de
energía y se abstengan de seguir suspendiendo el servicio de energía de forma
unilateral.

xiii) Reclamó que se le ordene a la Procuraduría General de la Nación a que se
pronuncie sobre su denuncia y, que el juez de tutela resuelva de fondo cada
una de sus pretensiones.

xiv) Pretende que se le ordene a la referida superintendencia que emita órdenes
22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

frente a la empresa del servicio de energía en cuanto al trámite de suspensión e
inicie el procedimiento para sancionar por suspenderle tal prestación.

xv) Pidió que bajo los principios de oficiosidad e informalidad se le conceda la
protección del “… núcleo esencial de petición y los mecanismo[s] de
participación ciudadana…”.

Así las cosas, se observa que los aspectos sobre los cuales la actora presentó
la demanda de tutela que resultan coincidentes con la petición que formuló ante
las entidades demandadas se refieren a su inconformidad respecto del trámite
administrativo y las decisiones frente a la solicitud de la ruptura de la solidaridad
por la deuda en el servicio de energía.

De manera que, el siguiente estudio se centrará en establecer si a la
demandante se le vulneró o no su derecho fundamental de petición en atención
a lo que considera corresponde a una “suspensión ilegal” de su servicio de
energía eléctrica y, lo atinente al debido proceso administrativo.

Conforme con lo anterior, se procederá a cotejar tales pretensiones con los
informes y anexos aportados por las entidades demandadas, así:

5.1.3. Informes de las demandadas

a) Presidente de la República y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República:

Al respecto, se advierte que, entre la documentación aportada obra el oficio
OFI23-00049885 / GFPU 13150000 del 16 de marzo de 2023 en el que la
Presidencia, ante la falta de competencia, le informó a la accionante la remisión
realizada a la entidad que se había encontrado competente, en este caso, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que esta le
respondiera de fondo su petición, así:

“Señora
ANA MARÍA SOLANO HERNÁNDEZ
melkiskammerer@hotmail.com;oficinadequejasyreclamos@gmail.com
OFI23-00049885 / GFPU 13150000

Asunto: EXT23-00042703.

Respetada señora Solano:

En nombre del señor Presidente de la República, reciba un cordial saludo.

En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en la que indica:

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

“(...) superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro
Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y
gas combustible … donde más del 90% de los recursos de apelación y de
quejas son fallada en contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado
por la constitución Y LA LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos
los consumos o pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar
trámite a los recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION…

En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedemos a dar respuesta a su
comunicación en los siguientes términos:

I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del
Poder Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer
Mandatario; en ese orden los ministerios, Departamentos Administrativos, las
entidades adscritas y vinculadas y las sociedades de Economía Mixta, son las
encargadas de brindar soporte y canalizar los temas como los que usted
menciona en su comunicación.

II. Asunto materia de consulta.

Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, … se ha
dado traslado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
entidad(es) legalmente facultada(s), para conocer del tema expuesto por
usted en su misiva(s), y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la
consideración y fines pertinentes.

Le sugerimos estar atento para recibir las respectivas respuestas. En caso de
presentar alguna inquietud, le invitamos a dirigirse directamente a esa entidad
a través de sus canales de atención y escribir al siguiente (s) correo(s)
electrónico(s): sspd@superservicios.gov.co

…”

Además, se encuentra que con el OFI23-00049891 / GFPU 13150000 del 16 de
marzo de 2023, el jefe de Relacionamiento con el Ciudadano de la Presidencia
remitió el asunto al señor Samir Andrés González Largo, en calidad del área de
Servicio y Participación Ciudadana de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, así:

“Asunto: EXT23-00042703
Respetado señor González:

En nombre del señor Presidente de la República, señor Gustavo Petro, reciba
un cordial saludo.

De manera atenta, le remito la comunicación radicada en esta entidad,
suscrita por la señora ANA MARÍA SOLANO HERNÁNDEZ, en la que, por
hechos expuestos en el escrito, indica:

24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

“(...) superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro
Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y
gas combustible, doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga
sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios p[ú]blico domiciliarios, la ordenen a la directora oriente … donde
más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en contra
de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y LA LEY
exigiendo como requisito, estar al día con todos los consumos o pagar la
factura solidaria de forma absoluta para poder dar trámite a los recursos de
apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION…

Damos traslado del escrito en mención, para que, en el ámbito de sus
funciones y competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011 … se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el
caso expuesto en el documento anexo, y tomar las acciones a que haya
lugar.

…”

Adicionalmente, se incluyeron los reportes de trazabilidad de los envíos de las
mencionadas comunicaciones. Por tanto, frente a dichas autoridades se
denegará la solicitud de tutela, puesto que, se siguió el trámite regulado para
garantizar el derecho fundamental de petición cuando se carece de
competencia.

b) Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM)

Al respecto, se encuentra que la precitada empresa allegó la respuesta a la
petición presentada por la demandante el 8 de marzo de 2023, así como las
constancias de su notificación, así:

“Consecutivo No.202370135870
VALLEDUPAR, 23/03/2023

Señora:
ANA MARÍA SOLANO HERNÁNDEZ
CARRERA 14 No. 17 - 33 VALLEDUPAR CESAR
NIC: 7592669

ASUNTO: Petición No. RE3110202315103 NIC No. 7592669

Estimada Señora Ana:

En atención a su petición presentada en nuestras oficinas el 08 de marzo de
2023, en donde solicita solidaridad de las deudas resolución
20228600138345 DEL 01/03/2022, al respecto le manifestamos lo siguiente:

En primera instancia, se observa que usted presentó escrito el día 15 de julio
de 2021, bajo el radicado No. RE3110202130930, mediante el cual solicitó
25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

rompimiento de solidaridad desde el 01 de enero de 2020 hasta 15 de julio de
2021.

Como respuesta a dicha petición nuestra empresa emitió la decisión con
consecutivo No. 202170193962 del 16 de julio de 2021 en la cual se le
informó y explicó que, no se accede declarar el rompimiento de solidaridad,
toda vez que como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de
arriendo y consintió la deuda dejada por el inquilino, por lo que, se
concedieron los respectivos recursos de ley.

En consecuencia, el día 22 de julio de 2021 fueron presentados los
respectivos recursos de ley…

Así las cosas, se observa en sistema que, en aras de garantizar el debido
proceso del usuario se procedió con el envío del expediente de su casa a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que, el ente de
control decidió mediante la resolución No. 20228600138345 DEL 01/03/2022,
confirmar la decisión No. 202170193962 - RE3110202121000, en tal sentido,
CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P se limitó a cumplir con lo ordenado.
Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición.
…”

En relación con la notificación, se advierte que tal diligencia se intentó realizar
de manera personal con la correspondiente citación dirigida a la “CARRERA 14
No. 17 - 33 VALLEDUPAR CESAR” el 23 de marzo de 2023, pero no fue
posible; por lo que se surtió por aviso enviado también a dicha dirección el 4 de
abril de la misma anualidad a esa dirección y se publicó en la misma fecha, lo
siguiente:

“PUBLICACIÓN DE CITACIÓN

Teniendo en cuenta que: a) El usuario ANA MARIA SOLANO HERNANDEZ
reportó como dirección de notificación para la respuesta a la petición
presentada el día 08/03/2023 00:00:00, radicada bajo el número
RE3110202315103, la siguiente dirección CARRERA 14 No. 17 - 33
VALLEDUPAR CESAR; b) La Empresa de correo reportó en su guía
certificada que esta no pudo ser entregada; c) Que en atención a lo anterior,
Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. declara que en este instante del trámite
de la petición desconoce la dirección actual del usuario y/o destinatario, razón
por la cual se procede a notificar la citación No. 202370135869 de fecha 23-
03-2023, mediante su publicación, tal como lo establece el artículo 68 del
(CPACA) Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así:

La presente citación se publica el día: 04/04/2023 00:29:06.0 y hasta por
cinco (5) días.

…”

26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

De igual manera, la empresa en mención aportó constancia de tales
documentos y de la entrega de la notificación por aviso recibida por “Melkis
K…”.

Así las cosas, se observa que Caribemar respondió de fondo la solicitud
presentada por la actora el 8 de marzo de 2023, en lo que a dicha empresa
correspondía. Por tanto, se denegará el amparo pretendido frente la referida
sociedad.

c) Procuraduría General de la Nación

Además, el ente de control informó sobre el trámite impartido respecto de la
queja promovida por la actora con radicado E-2023-140792, la cual acumuló
con otras dos de igual naturaleza y recordó que, la sola presentación de la
solicitud no obliga a que la decisión sea la de asumir el conocimiento de los
hechos presuntamente irregulares de naturaleza disciplinaria.

Al respecto, se encuentra que dicho órgano aportó la respuesta que le dio
respuesta a la accionante, con el radicado E-2023-140828, así como su
constancia de envío, así:

Bogotá D.C. 30 de mayo de 2023
SI No. 136-2023
Señor(a)
Leda Maria Marenco Vasquez melkiskammerer@hotmail.com
Ana Maria Solano Hernandez melkiskammerer@hotmail.com
Yolanda De Jesus Buitrago Muñoz melkiskammerer@hotmail.com

Asunto. Comunica requerimiento de información a autoridad pública por
presunta omisión en el trámite y respuesta a derecho de petición.

CONTROL DE GESTIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Reciba un cordial saludo,

La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública recibió en sus dependencias solicitud, queja u oficio elevado por:…

El peticionario ha manifestado, en síntesis, lo siguiente:

empresa afinia y air-e por estar suspendiendo el servició de energía de forma
unilateral sin ante expedir un acto administrativo

En este punto, sea lo primero manifestarle que la Procuraduría General de la
Nación tiene como objetivo primordial velar por el correcto ejercicio de parte
de los servidores públicos de las funciones encomendadas en la Constitución
Política y la Ley, misión que lleva a cabo a través de sus tres funciones

27

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

principales: La función preventiva, la función de intervención y la función
disciplinaria.

En especial, por medio de la función preventiva se vigila el actuar de los
servidores públicos con miras a advertir hechos o conductas que puedan ser
violatorios de las normas, sin que implique coadministración o intromisión en
la gestión autónoma de cada una de las entidades del Estado.

…

Finalmente, conviene precisar que las funciones preventivas y de control de
gestión que esta Delegada ejerce se llevan a cabo con total respeto de la
autonomía de gestión y administración que le compete a cada entidad, siendo
estas las responsables del ejercicio de sus respectivas funciones públicas.”

“Delivered: SI No. 136-2023
postmaster@outlook.com <postmaster@outlook.com>
Tue 5/30/2023 6:21 PM

To:
melkiskammerer@hotmail.com <melkiskammerer@hotmail.com>

1 attachments (61 KB)
SI No. 136-2023;
Your message has been delivered to the following recipients:
melkiskammerer@hotmail.com (melkiskammerer@hotmail.com)
Subject: SI No. 136-2023”

De igual manera, se advierte que la citada entidad con radicado E-2023-
140828 del 30 de mayo de 2023, le remitió al superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios lo relativo a tal petición, oficio en el que, también
recordó las funciones de carácter preventivo y de control de gestión, las
cuales se desarrollan de manera independiente de las demás funciones
misionales de la Procuraduría General de la Nación; lo cual se encuentra
acreditado con la documental aportada.

Al respecto, se precisa que la Corte Constitucional explicó que la terminación
del proceso de tutela por carencia de objeto se presenta cuando la
vulneración del derecho fundamental desaparece o se materializa en el
trascurso de la solicitud de amparo, por lo que resulta innecesaria la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir alguna orden en aras
de salvaguardar las garantías constitucionales transgredidas. Esta figura
jurídica puede proceder en tres supuestos de hecho: i) por hecho superado, ii)
daño consumado y iii) por una situación sobreviniente.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, se declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que la entidad en

28

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

mención le dio respuesta a la accionante en el trámite de la acción de tutela.

d) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Esta entidad no presentó su informe ni aportó documentación relacionada con
la petición de la accionante del 8 de marzo de 2023.

Por lo que, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991,
que establece como presunción de veracidad que cuando el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa.

En consecuencia, se accederá al amparo del derecho fundamental de petición
de la demandante en lo que corresponde a dicha entidad.

e) CREG

Esta entidad en su informe manifestó que en lo que respecta a la denuncia de la
parte actora, “una vez verificado el sistema de gestión documental electrónica,
por el área de tecnología, no se encontró recepción de la misma, tal y como lo
adjunta en el presente escrito”.

Informó que, se advirtió una multiplicidad de correos del remitente
melkiskammerer@hotmail.com que generaron alerta de cuarentena y solo se
podían recuperar mensajes de la bandeja de cuarentena 30 días atrás, por esta
razón, al hacer la revisión del mismo, no permitió realizar dicha acción, y por
tanto, darle trámite.

Para tal efecto adjuntó documentación relacionada con la “traza correo”, en la
que se puede observar lo siguiente:

Revisión Traza Correoit outsourcing <it.outsourcing@creg.gov.co>31 de
mayo de 2023, 15:02Para: andrea nathalia niño
<andreanathaliang@gmail.com>
Cc: Hugo Enrique Pacheco De Leon <hugo.pacheco@creg.gov.co>, Laura
Camila Grisales Garcia<laura.grisales@creg.gov.co>

Buenas tardes Andrea

Llegaron 41 correos a la bandeja de cuarentena desde el siguiente correo
melkiskammerer@hotmail.com

29

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

…”

Tal y como se puede observar en la imagen que antecede, la CREG sí recibió el
mensaje de la demandante Ana María Solano Hernández, de modo que, no son
válidas las justificaciones que presentó en su informe.

Por tal motivo, se accederá a la protección del derecho fundamental de petición
de la demandante para que dicha entidad responda de fondo, claro y
congruente acerca de lo deprecado por la accionante mediante petición enviada
el 8 de marzo de 2023.

f) Empresa Air-e

En relación con Air-e se observa que, según lo informado por tal empresa esta
no presta el servicio en la ciudad de Valledupar ni a la demandante, sino que le
corresponde es al grupo Afinia.

No obstante, se encuentra que la accionante también remitió la petición a dicha
empresa sin que exista una respuesta de fondo por parte de dicha sociedad;
por lo que, se accederá a lo pretendido respecto del derecho fundamental de
petición en lo que corresponde a dicha parte.

5.2. En relación con el derecho al debido proceso

La parte actora cuestionó la decisión administrativa con la cual Caribemar no
accedió a su solicitud de ruptura de la solidaridad en el pago de una deuda
por el servicio de energía eléctrica, así como lo del trámite de sus recursos.

En efecto, se observa que aludida empresa informó sobre las actuaciones
surtidas y aportó copia de las decisiones expedidas en el trámite
administrativo y, particularmente informó que la Superintendencia de Servicios
Públicos mediante Resolución SSPD - 20228600138345 del 1° de marzo de
2022, en el expediente 2021860390100474 decidió el recurso de apelación, al
confirmar su decisión administrativa 202170193962 del 16 de julio del 2021,
en la que señaló que no procedía la ruptura de solidaridad pretendida por la
accionante. En cuanto a esta resolución, la sociedad en cita informó que no le
había sido notificada.

Así las cosas, la Sala no observa una vulneración al debido proceso
administrativo respecto de Caribemar, puesto que el trámite al que hizo
referencia en su informe, el cual documentó con el material aportado al
30

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

plenario, dan cuenta de que, en lo que a la empresa correspondía el trámite
se surtió conforme a lo dispuesto en las normas aplicables al caso concreto,
en especial, de las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011.

A su vez, si bien se encuentra que la superintendencia en cita no presentó su
informe, ni algún documento relacionado con el cual lograra demostrar que
dicha resolución hubiese sido notificada a la demandante, esta sí conoce de
su existencia pues así lo manifestó en el escrito de tutela, específicamente en
el hecho primero de la demanda, de la siguiente manera:

“……donde la empresa declara improcedente y concede los recurso de ley
ante la superservicios donde la superservicios según la resolución, No LA
RESOLUCION No SSPD 20228600138345 del 01-03-2022,(duro más de 7
meses, donde la ley solo exiguas dos meses, confor[me] a los artículos 77,
y 86) …”16

Al respecto, se precisa que para cuestionar la presunción de legalidad que
recae en dicho acto administrativo, la demandante tiene a su alcance el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 17
de la Ley 1437 de 2011.

Además, debe indicarse que la acción de tutela no es el medio judicial para
cuestionar la legalidad de los actos de la administración, bajo la justificación de
que se vulneró el núcleo esencial de la aludida garantía, cuando las respuestas
no se encuentran acordes con el querer el peticionario.

Lo anterior, por cuanto los actos administrativos proferidos por las empresas de
servicios públicos en desarrollo de un contrato son actos de carácter particular y
concreto, los cuales tienen control judicial18, así como las decisiones que emite
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Finalmente, no se encuentra la configuración de un perjuicio irremediable. Esto,
en atención a que no se acreditó que la actora sea un sujeto de especial
protección constitucional y que, además no se le esté prestando el suministro
de energía eléctrica al inmueble, conforme con lo indicado por la empresa
Caribemar.

Por consiguiente, se declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto
de la protección de dicha garantía en cuanto a los reparos efectuados en contra

16 Subrayado fuera del texto original.
17 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se

crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.”
18 En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 3 de febrero de 2022, M.P.

Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-10252-00.

31

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

de la sociedad Caribemar y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, pues la accionante cuenta con otro medio judicial de defensa para
cuestionar la presunción de legalidad de la decisión administrativa definitiva, en
este caso, de la Resolución SSPD - 20228600138345 del 1° de marzo de 2022.

5.3. De las demás pretensiones

Al respecto, se observa que la accionante formuló otros planteamientos que, a
su juicio, implican una vulneración de las garantías constitucionales, como lo
son: 1) la realización y asistencia a un consejo comunal por parte del presidente
de la República, 2) que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
emita órdenes a las empresas de servicios públicos, 3) que las demandadas le
ordenen al Concejo municipal de Valledupar para que explique la metodología
para cobrar impuestos, 4) que el presidente y la CREG den cumplimiento a la
sentencia del Consejo de Estado19, 5) que se ordene explicar el motivo por el
cual, a juicio de la demandante, deciden de manera adversa los recursos, 6) y
que expliquen las razones de las “exigencias documentales” en dichos trámites
administrativos y el alto consumo de aseo en Valledupar.

No obstante, la Sala considera que con tales pretensiones se plantean
cuestiones que se encuentran regladas y para cuya inobservancia se establece
en el ordenamiento otro tipo de acciones o medios judiciales.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En este orden de ideas, se observa que el debate planteado por la actora más
allá de estar enfocado en si se dio o no una respuesta de fondo a su solicitud,
en realidad radica en la inconformidad que tiene no solo por la decisión en sede
administrativa frente a su solicitud de ruptura de solidaridad de la deuda, sino
con las funciones y competencias de las autoridades demandadas, para lo cual
no está consagrada la acción de tutela. Por tanto, en lo que respecta a dichas
pretensiones se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

En consecuencia, se decidirá así: i) se denegarán las solicitudes de
desvinculación, ii) se denegará la solicitud de tutela frente al presidente y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la sociedad
Caribemar; iii) se declarará la carencia actual de objeto frente a la Procuraduría
General de la Nación, iv) se accederá al amparo de los derechos fundamentales
de petición respecto de la CREG, la empresa Air-e y la Superintendencia de

19 Del “cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021) Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058

00…”

32

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

Servicios Públicos Domiciliarios, v) se declarará la improcedencia respecto de la
protección del debido proceso de la demandante en cuanto a la legalidad de la
Resolución SSPD - 20228600138345 del 1° de marzo de 2022 expedida por la
aludida superintendencia, vi) se declarará la improcedencia de la acción de
tutela frente a las demás pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de las demandadas,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela respecto de la protección del
derecho fundamental de petición que invocó la señora Ana María Solano
Hernández del presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República y, la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo
EPM), por los motivos descritos anteriormente.

TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en
cuanto a la Procuraduría General de la Nación.

CUARTO: Accédese al amparo de los derechos fundamentales de petición para
que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la empresa Air-e y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
respondan de fondo, clara y congruente lo solicitado por la accionante en su
solicitud remitida vía electrónica el 8 de marzo de 2023, por los motivos
expuestos.

QUINTO: Declárase la improcedencia de la acción presentada por la accionante
en lo que concierne a los reparos expuestos en contra de la Resolución SSPD -
20228600138345 del 1° de marzo de 2022, expedida por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme con lo señalado en las
consideraciones de este proveído.

SEXTO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela frente a las demás
pretensiones.

SÉPTIMO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

OCTAVO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
33

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ana María Solano Hernández
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02705-00

eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

34

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.