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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10252-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10252-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, por los motivos descritos. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ismael Espinel Cuellar en lo que concierne a los reparos expuestos contra la empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM, conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ismael Espinel Cuellar Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2021-10252-00 TERCERO: Ampárase el derecho fundamental al debido proceso administrativo del señor Ismael Espinel Cuellar, por las razones expuestas anteriormente. En consecuencia, ordénase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que resuelva el recurso de queja interpuesto por el actor, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10252-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

3 de febrero de 2022

Demandante: Ismael Espinel Cuellar
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10252-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10252-00
Demandante: ISMAEL ESPINEL CUELLAR
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir requisito de subsidiariedad. Mora en resolver recurso de
queja en vía administrativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Ismael Espinel Cuellar, en nombre propio, presentó acción de tutela 1
contra el presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la empresa Afinia Grupo EPM, Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.,
la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso
administrativo, a la administración de justicia y a la igualdad, así como el principio
de seguridad jurídica.

Lo anterior, por cuanto (i) la empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM no dio una respuesta favorable a la petición que
elevó el 28 de enero de 2021 para que se declarara el rompimiento de la
solidaridad de la deuda que dejó su arrendatario por no pagar el servicio público
de energía eléctrica y (ii) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
no ha resuelto el recurso de queja que presentó el 17 de marzo de 2021 contra la
decisión de la referida empresa.

1
Mediante escrito radicado el 19 de noviembre de 2021 en el Sistema de Recepción de Tutelas y
Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, remitido ese mismo día a la Secretaría General de
esta Corporación.

1

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Demandante: Ismael Espinel Cuellar
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10252-00

1.2. Pretensiones:

En consecuencia, el actor solicitó:

“Primero pretendo con esta ACCIÓN DE TUTELA como mecanismo definitivo y
excepcional para evitar un perjuicio irremediable a mí y a mi familia, para que el juez
constitucional tutele mis derechos fundamentales AL NUCLEO ESENCIAL DEL
DERECHO DE PETICIÓN, EN LA MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE UN
DEBER CONSTOITUCIONAL LEGAL, Y LA GARANTIA O RECONOCIMIENTO DE
UN DERECHO (ARTICULOS 129 Y 130 DE LA LEY 142 DE 1994 SENTENCIAS t-
230/20 AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ,PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA Y DE IGUALDAD,A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIAS, CONTRA EL
PRESIDENTE IVAN DUQUE COMO MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y
POR TENER LA POTESTAD DE VIGILANCIA Y DE CONTROL competencia para
la "regulación", las relaciones con los usuarios, en lo que atañe a sus deberes,
derechos, al régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y
fiscalización de las empresas que presten el servicio, la manera como el Estado
ejerce el control, la inspección y la vigilancia para asegurar su prestación eficiente
(arts. 1, 2, 56, 150-23, 365, 367, 368, 369 y 370 C.P.). contra la doctora NATACHA
GARCIA SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS, CONFORME A LOS
ARTICULOS 75,79, Y 159 DE LA LEY 142 DE 1994 entidad de creación
constitucional (art. 370) se le encomendó el ejercicio de las funciones presidenciales
de control, inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios
públicos domiciliarios. Y LA SENTENCIA C-263 DE 1996, artículos 14, 74 y 86 de la
ley 1437 del 2011.

SEGUNDO QUE juez constitucional prevenga de acuerdo al artículo 24 del decreto
2591 de 1991 Al presidente LA SUPERINTENDENCIA DE SERICICIOS PUBLICOS
DOMICLIARIOS LA DOCTORA NATACHA GARCIAS, y a la superintendencia zona
norte barraquilla CONFORME AL ARTICULO 10 de la ley 1437 del 2011,haga
extensiva los precedente y la jurisprudencia y el procedimiento que has establecido
la cortes constitucional ante de suspender el servicios de energía , prohibiendo la
suspensión de forma unilateral y mucho menos si en la vivienda donde habitan hay
persona sujeta de protección constitucional, como son niños, anciano,
discapacitados, desplazados, minusválidos, colegio, hospitales, cálceles mujeres
embarazadas, en lactancias, donde esta empresa lo vienen haciendo diariamente
en todas las costa y durante 26 años violando los artículos 130,140,141, y 154 de la
ley 142 de 1994 dichos artículos fueron declarado exequible por las sentencias C-
150 DEL 2003 (...).

TERCERO QUE juez constitucional ordene al presidente ivan duque y a la
superintendencia de servicios públicos la doctora Natacha García que conforme a
los artículos 365 al 370 de la constitución desarrollado por los artículos 75, , 79, y el
artículo 159 de la ley 142 de 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996, C-370/96,
C-278/2008, C-272/98, cumplan sus funciones ,debido que durante 26 años no lo
vienen haciendo, permitiendo que las empresas de servicios públicos violen los
artículos 128,129,130,140,141,154,155,159 de la ley 142 de 1994 y los precedente
(...).

CUARTO que el juez constitucional ordene al presidente y a la superintendencia de
servicios públicos la doctora Natacha García que se abstenga de seguir durando
hasta 900 días para fallar un recurso de apelación ocasionándole a los suscriptores
y usuarios un perjuicio irremediables, debido que cuando quiera fallar la
superservicios, ya los arrendatarios se han ido y dejando la deuda, además
actualmente hay cientos de personas que han vendido sus vivienda y los
compradores le tienen retenida dinero que se encuentra en reclamación, otros han
tenido que desistir de los recurso para pagar el reclamos, y entregar el paz y salvo
al nuevo propietario, por lo que esta demora es una falta disciplinaria , por violación
a los artículos 77 y 86 de la ley 1437 del 2011 que ordena a la superintendencia
fallar ante de los dos meses (...).

2

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Demandante: Ismael Espinel Cuellar
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10252-00

QUINTO que el juez constitucional ordene al presidente y a la doctora Natacha
García superintendencia de servicios públicos para que impartas funciones a las
superintendencia zona norte de barranquilla y a la empresa DE ENERGIA y
cumplan los mandatos constitucionales con sagrado en el artículo 84 de la
constitución ley 1755 del 2015,decreto 019 del 2012 , y la sentencia de tutela de
segunda instancia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021),y se abstenga de seguir exigiendo requisito no autorizado por la ley
para conceder el derecho de petición y decretar el rompimiento de la solidaridad ,
como es el certificado de libertad y tradición certificado de nomenclatura (...).

SEXTO QUE el juez constitucional SI DECIDE NO tutelar mis derechos
fundamentales de petición y el debido proceso administrativo, y los precedente y la
jurisprudencia de igualdad debe de motivar la razones que se aparta de los
precedente que de conformidad con las sentencias -450/18 C816/11 FUERZA
VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIAJurisprudencia constitucional , C-634/11
CARACTER VINCULANTE DE LOS PRECEDENTES DE LAS ALTAS CORTES-
Sentencia C-621/15, Sentencia C-539 de 2011 Sentencia SU354/17,Sentencia C-
836/01,Sentencia C-539/11, Sentencia T093/19 (...).

SEPTIMO que el juez constitucional ordene al presidente y a la superintendencia de
acuerdo a los artículos 365 al 370 de la constitución y los artículos 75 y 79 de la ley
142 de 1994 ¿cuáles son las funciones que deben ejercer? si entre ellas están
ordenarles a la empresas de servicios públicos que ante de suspender el servicio de
energías o aguas deben expedir un acto administrativo conforme a los artículos
130,140,141, y 154 de la ley 142 de 1994? debido que al contestar las tutelas el
presidente dice que los desvinculen, y la superservicios dice que ellos solo0actuan
en segunda instancia con los recursos? entonces señor juez constitucional
¡¿pregúnteles a ambos organismo a quien le corresponde ejercer estas función,
PARA OBLIGAR A ESTAS EMPRESA cumplir la ley 142 de 1994 la constitución y
los precedente de la cortes constitución en materia de servicios públicos (...).

OCTAVO que el juez constitucional ordene AL PRESIDENTE Y A LA
SUPERSERVCICIO haga extensiva DE ACUERDO AL ARTICULO 10 HAGA
EXTENSIVA , articulo 4,128,129,declarado exequible la sentencia Sentencia C-
1162/00, y C-636 /00, artículo 18 de la ley 689 de 2001, declarado exequibles por
las sentencias C-493 de 1997, C-690/02, C-389/02 Sentencia C-951/14 152, de la
ley 142 de 1994 , c-558 del 2001 C-493 de 1997, C-690/02 Y LAS SENTENCIAS DE
TUTELA Sentencia T-230/20sentencias T-927/99, T-1016/99, T-1432/00, T-334/01,
T-1225/01, T798/02, T-953/02 y T-011/03,t-490 del 2003 Sentencia T-581/08 T-
019/02 T-636 /06 T-1016 de 1999 T-500/03, T-525 de 2005 T-1432/00, T-723 de
2005, T-1006706 T-227/07 T-270/07 ORDENANDO A LA EMPRESA DE ENRGIA
ELECTRICA decretar el rompimiento de la solidaridad y garanticen mis derechos
fundamentales, de petición, la administración de justicia, debido proceso
administrativo, EIGUALDAD, PRINCIPIO DE Seguridad jurídica a, , y así cumplir un
deber constitucional o legal (...).

NOVENO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DECRETE QUE EL RECURSO DE
APELACION CON EL RADICADO No 20215290482552 DEL 17 DE MARZO DEL
2021, DONDE YA LLEVA 208 DIAS FUE NEGATIVO conforme a los artículos 77, y
86 de la ley 1437 del 2011 , por lo que si es procedente esta acción de tutela por
violación al derecho de petición, debido proceso, e igualdad, a una vivienda digna, a
la educación, principio de confianza legítima , debido que ya la empresa envió el
aviso de suspensión y en cualquier momento pueden suspenderme el servicio de
para obligarme a financiar la deuda, por lo que si es procedente decretar la medida
cautelar con urgencia manifiesta, al encontrarme en un estado de indefensión, al no
existir un organismo del estado que defienda mis derechos fundamentales y
humano, si no el juez constitucional de Bogotá, debido que lo del cesar, EL 99% de
las tutelas son fallada a favor de las empresas de servicios públicos domiciliarios , al
manifestar que procede es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando yo lo que reclamo es un derecho de petición, EXIGUENDO EL

3

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CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL adquirido ganado SENTENCIAS T-230
DEL 2020 y conforme al artículo 85 de la constitución es de cumplimiento inmediato
y muchos más que con la suspensión del servicios de energía se comprometen más
derechos fundamentales, como la dignidad humana, la salud, la vida.”2 (Sic en toda
la cita)

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos3

El actor relató que el 28 de diciembre de 2020 solicitó a la empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM que le
“explicar[a]” el monto que adeudada, debido a que su arrendatario no pagó las
facturas del servicio de energía, además requirió que se expidiera el respectivo
acto administrativo antes de realizar la suspensión.

Narró que el 13 de enero de 2021 la mencionada entidad le comunicó que no
procedían reclamaciones contra las facturas que tenían más de 5 meses de
expedidas, según lo previsto en el artículo 1544 de la Ley 142 de 19945, por lo que
solo era viable su requerimiento en cuanto a los meses de agosto a diciembre de
2020 y le brindó la siguiente información:

“Al verificar nuestro sistema de Gestión Comercial se constató que el suministro a la
fecha presenta los siguientes saldos pendientes:

Energía: saldo adeudado de $1.477.480 por las facturas de junio a agosto de 2018,
agosto de 2019 a octubre de 2019, enero, marzo y diciembre de 2020.

Impuesto de alumbrado público: saldo adeudado de $48.940 por las facturas de
enero, marzo y diciembre de 2020.

Servicio de aseo: saldo adeudado de $58.850 por enero y diciembre de 2020.

(...) Ahora bien, si al vencimiento del plazo para su pago el usurario no cancela la
obligación es procedente la suspensión del servicio.

Ahora bien, si lo pretendido es la ruptura de solidaridad debe aportar:

(i) Certificado de Tradición y Libertad vigente (máximo 3 meses de expedición). Si el
certificado no presenta la dirección del servicio nos debe aportar además el
Certificado de nomenclatura de[l] Instituto Agustín Codazzi, que reporte el número
de matricula del predio y la dirección.

(ii) La copia del contrato de arrendamiento y prorrogas.

En cuanto a sus pretensiones: Se confirma el monto adeudado de conformidad con
las razones expuestas en la presente.”

2
Según el escrito presentado por el actor para subsanar la acción de tutela.
3
Cabe precisar que algunos de los hechos fueros extraídos de las pruebas obrantes en el plenario,
pues en el escrito de la tutela no se expusieron a pesar de que son relevantes para lograr una
mayor comprensión del caso.
4
“(...) El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación
debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.
En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de
haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.”
5
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.”

4

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Refirió que el 28 de enero siguiente presentó los documentos exigidos para que se
ordenara el rompimiento de la solidaridad de la deuda por el suministro del servicio
de energía eléctrica durante el tiempo en que su inmueble estuvo arrendado (sin
precisar las fechas).

Indicó que la entidad cuestionada no accedió a lo reclamado, por medio de oficio
de 3 de febrero del mismo año, pues en el certificado de tradición y libertad
aportado se registró una dirección diferente a la que aparece en el sistema
comercial, aunado a que le solicitó allegar el certificado de nomenclatura expedido
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Adujo que el mismo día en que la empresa de servicios públicos Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM resolvió su requerimiento, procedió a
presentar la documentación que faltaba para continuar con el trámite; sin
embargo, el 4 de marzo de 2021 se le informó que no era procedente acceder a lo
pretendido.

Expresó que dicha decisión tuvo respaldó en que no se demostró que las facturas
de energía estaban a cargo del inquilino ni el periodo en que el predio estuvo en
arriendo, por el contrario, se evidenció que se suspendió el servicio cada vez que
se presentó el incumplimiento del pago.

Señaló que el 11 de marzo del mismo año interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, el de apelación, con respaldo en que la entidad demandada desconoció
los artículos “1306, 1407, 1548 y 1559 de la Ley 142 de 1994”, así como que en el
inmueble en cuestión viven personas de la tercera edad.

Comentó que la empresa de servicios públicos enjuiciada mediante comunicado
202170072943 del 12 de marzo de 2021 rechazó los recursos, pues primero debía
acreditar el pago de las sumas que no habían sido objeto de reclamo o del
promedio de consumo de los últimos 5 periodos de facturación, al tenor de lo
previsto en el inciso 2º del artículo 155 ibíd.

6
“ARTÍCULO 130. PARTES DEL CONTRATO. Son partes del contrato la empresa de servicios
públicos, el suscriptor y/o usuario. (...) El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los
usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios
públicos.”
7
“ARTÍCULO 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento del contrato por
parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las
condiciones uniformes del contrato de servicios (...)”.
8
“ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para
obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la
ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los
casos en que expresamente lo consagre la ley (...)”.
9
“ARTÍCULO 155. DEL PAGO Y DE LOS RECURSOS. Ninguna empresa de servicios públicos
podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con
ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin
que sea falla del servicio, tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya
notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido
interpuestos en forma oportuna.

<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del
consumo de los últimos cinco períodos.”

5

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Manifestó que el 17 de marzo del año pasado interpuso un recurso de queja ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, trámite que se identifica
con el radicado 20215290482552 y actualmente se encuentra en trámite.

1.4. Sustento de la petición

Según lo que se puede entender del escrito de tutela, el señor Espinel Cuellar
considera que la respuesta ofrecida por parte de la empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM a la petición presentada
el 28 de enero de 2021 transgrede sus derechos fundamentales invocados.

En su sentir, la aludida entidad debió ordenar la ruptura de la solidaridad entre el
arrendador y el arrendatario en el pago del servicio público de energía eléctrica,
toda vez que tal posibilidad se estableció en los artículos “12910 y 130 de la Ley
142 de 1994”, por lo que es un derecho adquirido.

Cuestionó el hecho de que en la contestación del 13 de enero de 2021 se le
exigiera presentar el certificado de tradición y libertad, así como el de
nomenclatura expedido por el Instituto Agustín Codazzi del inmueble en el que se
suministró el servicio pendiente de pago, dado que en las facturas él aparece
identificado como el propietario.

Resaltó que la empresa enjuiciada no podía suspender la prestación de la energía
eléctrica de forma unilateral y sin que previamente hubiera expedido el acto
administrativo correspondiente, irregularidad que a su juicio debe ser investigada y
sancionada.

Como respaldo de lo anterior, trajo a colación varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional11 en los que se abordó el tema de la suspensión de los servicios
públicos domiciliarios en los casos de mora en el pago de dos facturas sucesivas y
en los que se ordenó decretar el rompimiento de la solidaridad entre propietario y
arrendador.

De otro lado, adujo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vulneró sus garantías constitucionales debido a que no ha resuelto el recurso de
queja que interpuso en contra de lo decidido por la empresa Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM, pese a que el plazo que tenía para ello
era de “60 días”, conforme con lo establecido en los artículos “7712 y 8613 de la Ley

10
“ARTÍCULO 129. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. Existe contrato de servicios públicos desde
que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el
propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y
el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.”
11
Entre otras, las sentencias T-761/15, T-206/21, T-230/20, T-927/99, T-1016/99, T-1432/00, T-
334/01, T-1225/01, T-798/02, T- 953/02, T-011/03, T-490/13, T-581/08, T-019/02 T-636 /06, T-
1016/99, T- 500/03, T-525/05, T-1432/00, T-723 de 2005, T-10067/06, T-227/07 y T-270/07.
12
“ARTÍCULO 77. DIRECCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA. <Artículo modificado por el artículo
12 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La dirección y representación legal de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios. Este desempeñará sus funciones específicas de control, inspección y
vigilancia con independencia de las Comisiones de Regulación de los servicios públicos
domiciliarios y con la inmediata colaboración de los Superintendentes Delegados (...).”

6

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Demandante: Ismael Espinel Cuellar
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142 de 1994”.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 1º de diciembre de 2021, se inadmitió la acción constitucional de
la referencia para que el demandante indicara, con la mayor precisión posible, de
manera cronológica, organizada y sobre todo concreta, las acciones u omisiones
de cada una de las autoridades demandadas que dieron lugar la presunta lesión
de sus derechos fundamentales.

Con escrito enviado el 7 de diciembre siguiente, el demandante reiteró lo expuesto
en la solicitud de amparo, esto es, se abstuvo de efectuar las precisiones que
solicitó el Despacho; no obstante, en aras de garantizar el acceso a la
administración de justicia de la parte actora se admitió la tutela por medio de
proveído de 16 de diciembre del mismo año.

En dicha providencia se ordenó notificar al tutelante y como demandados al
presidente de la República, al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
a los representantes legales de las empresas Afinia Grupo EPM, y Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P., a la procuradora General de la Nación y al presidente del
Consejo Superior de la Judicatura.

Remitidas las respectivas comunicaciones14, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

La apoderada de la entidad, en escrito remitido el 18 de enero de 2022, se opuso
a las pretensiones de la tutela por cuanto las órdenes de corte, financiación y la
vinculación de un reclamo a la facturación es una actuación de exclusiva
competencia de la empresa prestadora del servicio público.

Indicó que el 17 de marzo de 2021 recibió el recurso de queja interpuesto por el
actor, al cual se le asignó el radicado 20215290482552 y se encuentra en este
momento en trámite de estudio y sustanciación para proferir la decisión que
corresponda.

Resaltó que el 5 de abril del año pasado tuvo que abrir un periodo probatorio y
requirió la copia del expediente a la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
– Afinia Grupo EPM, el cual fue remitido a esa corporación el 30 del mismo mes y
año, en cumplimiento del artículo 159 de la Ley 142 de 1994.

Hizo hincapié en que la acción de tutela no está establecida para afectar las
decisiones que por la vía administrativa se profieran y que en los trámites

13
“ARTÍCULO 86. EL RÉGIMEN TARIFARIO. El régimen tarifario en los servicios públicos a los
que esta Ley se refiere, está compuesto por reglas relativas a:
86.1. El régimen de regulación o de libertad (...)”.
14
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 14 de enero de 2022.

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sometidos a recurso de queja se aplica el efecto suspensivo, así que la aludida
empresa no podrá proferir alguna decisión hasta que no se resuelva el mismo.

1.5.2. Procuraduría General de la Nación

En respuesta enviada el 19 de enero del año en curso, la apoderada de la entidad
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no es ese órgano de control el que presuntamente vulneró los derechos
fundamentales invocados como transgredidos por el accionante.

Explicó que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para
resolver las pretensiones del señor Espinel Cuellar, dado que su función principal
es la de garantizar que la conducta de los servidores públicos y de los particulares
que ejercen funciones publicas se adecúe a los fines y funciones del Estado.

Aclaró que esa corporación no ha recibido peticiones del actor, tal como consta en
la certificación suscrita por la Secretaría de la Procuraduría Regional del Cesar y
que anexó a la contestación, por lo que solo tuvo conocimiento de la situación que
aqueja al tutelante por la vinculación que se dispuso en el presente trámite.

1.5.3. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM

Se pronunció por intermedio de apoderada judicial, con memorial de 19 de enero
de 2022, quien señaló que esa empresa agotó cada una de las etapas del proceso
administrativo, de modo que le garantizó al actor los derechos de defensa y
contradicción.

Informó que el predio objeto de controversia se encuentra con el servicio de
energía activo desde el 4 de marzo de 2021 y actualmente no existe orden para
que se suspenda, tal como se podía verificar en las imágenes contenidas en su
informe.

A su juicio, la tutela presentada por el señor Espinel Cuellar es improcedente,
teniendo en cuenta que pretende anular y modificar por esta vía constitucional un
acto administrativo expedido por esa sociedad, pese a que tiene otros medios de
defensa para hacerlo, como lo es el recurso de queja que se encuentra aún
pendiente de resolver por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En ese sentido, afirmó que si el actor considera que un acto administrativo –
decisión empresarial de una ESP o la resolución de la aludida superintendencia–
fue expedido irregularmente, tiene la posibilidad de acudir ante los jueces
administrativos para controvertirlo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

1.5.4. Consejo Superior de la Judicatura

La presidencia de la corporación, mediante escrito enviado el 26 de enero de la
presente anualidad, argumentó que no era viable endilgar alguna responsabilidad
en su contra toda vez que si lo pretendido por el actor es iniciar una acción

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disciplinaria, la autoridad encargada es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
(autoridad judicial que reemplazó a la extinta Sala Disciplinaria), según el artículo
257A de la Constitución Política.

Sostuvo que adelantó una búsqueda exhaustiva en los canales dispuestos para la
recepción y atención al público, sin embargo, no halló alguna solicitud presentada
por el tutelante ante el Consejo Superior de la Judicatura, por ello, consideró que
carece de legitimación en la causa por pasiva y pidió su desvinculación.

1.5.5. Presidencia de la República

Pese a que fue debidamente notificada15, no rindió informe.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala observa que la Procuraduría
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sobre el particular,
se advierte que su vinculación obedeció a que la parte actora las incluyó dentro de
las autoridades demandadas y, por ello, era importante que ejercieran su derecho
de defensa.

Sin embargo, una vez analizados los hechos acreditados con el material
probatorio obrante en el plenario, se advierte que la presunta vulneración de algún
derecho fundamental está en cabeza de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. – Afinia Grupo EPM, al ser la que resolvió de manera negativa la solicitud
de ruptura de la solidaridad y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la cual tiene conocimiento del recurso de queja pendiente por
resolver.

En consecuencia, se declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva, al
no existir ninguna acción u omisión de aquellas entidades que afecten los
derechos fundamentales invocados por el señor Espinel Cuellar.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si la empresa de servicios públicos Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM vulneró los derechos fundamentales

15
Mediante la notificación 2554 enviada el 14 de enero de 2022.

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del tutelante con la respuesta brindada a la petición que elevó el 28 de enero de
2021 para que se decretara el rompimiento de la solidaridad con el arrendatario
del inmueble y, si lo hizo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
al no resolver el recurso de queja que presentó el 17 de marzo de 2021.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibíd., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Caso concreto

Según se tiene, el problema jurídico planteado en la acción de tutela sugiere, de
un lado, una petición de amparo por cuenta de la presunta vulneración que deriva
de la respuesta desfavorable que dio Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia
Grupo EPM a la solicitud de rompimiento de la solidaridad de la deuda y, del otro,
la posible tardanza en la que incurrió la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en resolver el recurso de queja interpuesto por el actor, lo cual se
resolverá de manera independiente.

2.5.1. Controversia planteada contra Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. –
Afinia Grupo EPM

El señor Espinel Cuellar considera que la respuesta ofrecida por parte de la
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo
EPM a la petición que elevó el 28 de enero de 2021 vulnera sus derechos
fundamentales invocados, por cuanto debió ordenar la ruptura de la solidaridad
entre el arrendador y el arrendatario en el pago del servicio público de energía
eléctrica.

Al revisar la información contenida en las pruebas obrantes en el plenario se
constató que el actor interpuso recurso de queja contra la decisión que rechazó el
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación que presentó contra la decisión
que negó la ruptura de la solidaridad de la deuda, bajo la siguiente línea
argumentativa:

“(...)Hechos

Recurso de Queja

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En la empresa me rechazaron el recurso de apelación POR ADEUDAR VALORES
NO OBJETO DE RECLAMO DE 2018, 2019, 2020 Y 2021, CUANDO POR DICHAS
FACTURAS EXISTE UN PROCESO POR RUPTURA DE SOLIDARIAD QUE SE
PRESENTÓ, POR LO QUE NO VALE DICHA NEGACION DEL RECURSO.

Atentamente,

Nombre: ISMAEL ESPINEL CUELLAR”

A la vez, se encontró que el conocimiento del recurso le correspondió a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el radicado
2021529048255216, según lo previsto en el numeral 3 del artículo 74 del CPACA 17
y hasta el momento continúa en trámite, tal como se puede observar en la
siguiente imagen:

Ahora bien, el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla la
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, precepto reglamentado por el

16
“https://orfeoii.superservicios.gov.co/orfeo/consultaWeb/principal.php?fechah=270122_&PHPSES
SID=3md5jotfur308u40r154eqk1cd&ard=usWeb&pasar=no&verdatos=no&idRadicado=202152904
82552&estadosTot=4cd860c7bf88c019e991891b8fd439de#undefined”
17
“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general,
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
(...) 3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la
providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo
que sea del caso.”

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numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.18

La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.19

Así las cosas, el reclamo solicitado por la parte actora no procede por esta vía
constitucional al no cumplir con el aludido presupuesto, dado que no existe una
decisión definitiva respecto al rompimiento de la solidaridad de la deuda en tanto
que no se ha proferido un pronunciamiento respecto al recurso de queja
interpuesto contra el comunicado 202170072943 del 12 de marzo de 2021 emitido
por la empresa de servicios públicos enjuiciada.

Incluso, el actor tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 13820 del CPACA, toda
vez que los actos administrativos proferidos por las empresas de servicios
públicos en desarrollo de un contrato son actos de carácter particular y concreto,
los cuales tienen control judicial21, así como las decisiones que emite la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por lo expuesto, en el asunto que nos ocupa solo procedería la acción de tutela de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales; sin embargo, no se advierte que exista la posible configuración de
un perjuicio irremediable que amerite acceder al amparo deprecado por el
accionante de manera urgente.

18
“ARTICULO 6º. “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante…”.
19
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
20
“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.”
21
En este mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 11 de febrero de 2021, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 20001-23-33-000-2020-00474-01 cuando se hizo referencia
al concepto unificado No. 20 de 2010 de la Superintendencia de Servicios Públicos.

12

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Esto, teniendo en cuenta que no se no acreditó que el tutelante sea un sujeto de
especial protección del Estado por sus condiciones particulares y que la empresa
prestadora del servicio de energía en cuestión demostró que actualmente no
existe una orden de suspensión en su contra.

Quiere ello decir que el señor Espinel Cuellar no se encuentra en riesgo de quedar
sin el suministro de energía eléctrica hasta que se resuelva el trámite que inició,
como se puede verificar con la captura de pantalla contenida en el informe
presentado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM.22

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia en lo que atañe a los reparos expuestos en contra de la aludida
sociedad, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

2.5.2. Controversia planteada contra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

En el sub lite, el señor Espinel Cuellar le atribuye la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales invocados a esta entidad debido a que, en su sentir,
tenía “60 días” para resolver el recurso de queja que interpuso en contra de lo
decidido por la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM,
al tenor de lo previsto en los artículos “7723 y 8624 de la Ley 142 de 1994”.

Al revisar el trámite adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios se puede advertir que: (i) el 17 de marzo de 2021 el actor interpuso
el recurso de queja, (ii) el 5 de abril de 2021 se abrió el periodo probatorio y (iii) el
30 de abril siguiente la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia
Grupo EPM remitió copia del expediente.

Sobre el particular, cabe anotar que el numeral 3º del artículo 74 de la Ley 142 de
1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y
se dictan otras disposiciones” a la letra señala:

“(...)3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior
del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse
copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente,
y decidirá lo que sea del caso”.

22
La cual se encuentra visible en el siguiente link visible en el índice 17 de Samai:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202110252001100103
23
“ARTÍCULO 77. DIRECCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA. La dirección y representación legal
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios (...)”.
24
“ARTÍCULO 86. EL RÉGIMEN TARIFARIO. El régimen tarifario en los servicios públicos a los
que esta Ley se refiere, está compuesto por reglas relativas a:
86.1. El régimen de regulación o de libertad (...)”.

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Como se ve, dicha norma no establece de manera expresa un término para
responder el recurso de queja, razón por la cual se debe aplicar el régimen
general contenido en el CPACA, en el cual se prevé lo siguiente:

“ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si
a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la
decisión motivada que resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente
planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”

Conforme a lo anteriormente citado se infiere que para resolver los recursos
administrativos las autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de
15 días hábiles, de conformidad con los artículos 13 y 14 del CPACA, salvo
disposición legal especial en contrario. Y si no fuere posible resolverlos en dicho
término, por concurrir de manera excepcional las condiciones fácticas y jurídicas
descritas en el parágrafo del artículo 14, deberán resolverse en un plazo que no
exceda los 30 días desde su oportuna interposición.”

De este modo, se encuentra que la entidad en cuestión no ha surtido la actuación
correspondiente dentro de un término razonable, pues desde hace
aproximadamente 9 meses tiene la copia del expediente que contiene el trámite
adelantado ante Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM, pero no
ha emitido una decisión al respecto.

Aunado a que en su intervención no explicó los motivos por los que se ha
presentado dicha tardanza como, por ejemplo, que ello obedece a la cantidad de
quejas, recursos o reclamos que tiene a su cargo o por la complejidad del asunto,
pues simplemente se limitó a decir que “se encuentra en trámite de estudio y
sustanciación, para resolver el caso sometido a recurso de queja según
corresponda.”

La situación descrita permite a la Sala acceder al amparo deprecado, toda vez que
el derecho al debido proceso administrativo del actor se ha visto lesionado ante la
demora que se ha presentado en el trámite del recurso de queja y, en
consecuencia, ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera la decisión que corresponda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, por los
motivos descritos.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Ismael Espinel Cuellar en lo que concierne a los reparos expuestos contra la
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo
EPM, conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído.

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TERCERO: Ampárase el derecho fundamental al debido proceso administrativo
del señor Ismael Espinel Cuellar, por las razones expuestas anteriormente. En
consecuencia, ordénase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
que resuelva el recurso de queja interpuesto por el actor, dentro del término de
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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