Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00538-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00538-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00538-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
13 de julio de 2023
Demandante: Aidel Santana Donado
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00538-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00538-00
Demandante: AIDEL SANTANA DONADO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – Derecho fundamental de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la señora
Aidel Santana Donado contra la Presidencia de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia Grupo EPM - Empresa de Servicios
Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por la vulneración a su derecho
fundamental de petición.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito radicado el 3 de febrero de 20231, la señora Aidel Santana Donado
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia – Grupo
EPM -Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.- con el
fin de que sean amparados sus derechos fundamentales de “petición, la
administración de justicia, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a
la vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a
la defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe
confianza legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía”.
2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales dado que,
en su criterio i) la respuesta que se le otorgó mediante oficio N.º 202370024209 del
13 de enero de 20232, suscrito por la coordinadora central de escrito de Afinia –
Grupo EPM no constituye una solución de fondo, concreta y completa de la petición
que radicó ante dicha entidad el 10 de enero de 2023 y por cuanto ii) ni la
Presidencia de la República ni la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios han contestado la solicitud formulada ante ellos.
1 La tutela fue remitida por competencia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado con
Función de Conocimiento a la Secretaria General del Consejo de Estado el 6 de febrero de 2023.
2 La entidad le indicó que, la petición ya había sido resuelta a través del oficio N.° 202170202649 del
26 de julio 2021 en la cual se brindaron las claridades de su reclamación.
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo referido, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo y
excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE
DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA
SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE LA LEY 489 DE 1998
DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727 DEL 2000 , artículos
2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211, 365 al 370 de la
constitución ARTICULOS 75, DEN LA LEY 142 DE 1994, y de respuesta al
derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL
SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS , A EJERCER SUS
FUCIONES CONSAGARADA EN ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142
DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de
respuesta al derecho de petición ,así mismo el juez ordene a la superservicios y
a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición , debido que no es una
petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto
la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados
POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION.
(…) (Sic para toda la cita).
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 19 de julio de 2021 la accionante presentó petición ante la empresa Afinia
grupo EPM, con el fin de que decretara la ruptura de la solidaridad para el periodo
contractual de junio de 2017 a septiembre de 2019, dado que el arrendatario de su
inmueble no había cancelado por concepto de los servicios públicos.
5. La anterior petición fue negada mediante decisión del 26 de julio de 2021, bajo
los siguientes motivos:
-“Validada la información consignada de cada uno de los documentos, se constató que en
su escrito no se encuentra anexo (La propiedad del inmueble donde se encuentra ubicado
el suministro de energía. (En preferencia el Certificado de tradición y libertad vigente -
máximo 90 días de expedición). Si el certificado no presenta la dirección del servicio nos
debía aportar además el certificado de Agustín Codazzi, que reporte el número de matrícula
del predio y la dirección, por lo anterior, no se encuentra demostrada (la titularidad del
contrato o vínculo contractual con el inquilino), en consecuencia no se podría predicar la
figura de ruptura de solidaridad, teniendo en cuenta que se requiere de la probada
existencia de los sujetos solidarios, es decir, que el propietario del inmueble sea una
persona diferente al usuario del servicio.”
-“No procede la ruptura de solidaridad, toda vez que el cliente y usuario son solidarios en lo
que respecta a las deudas que se generen por la prestación del servicio de energía y usted
es garante ante la empresa en el cumplimiento de esta obligación por parte de su
arrendado, debido a que es el propietario quien se encuentra en la obligación de velar por
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las obligaciones contraídas por su inmueble y no puede alegar su propia falta como
beneficio y así pretender que se le refacture o condone su deuda.”
6. Contra la anterior decisión, el 30 de septiembre de 2021 la parte actora interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación.
7. El 4 de octubre de 2021, la entidad rechazó los recursos y expuso lo siguiente:
-Al hacer el análisis de los requisitos de procedibilidad del recurso presentado, hemos
verificado que la decisión recurrida hemos verificado que se notificó por correo el día
26/7/2021, entendiéndose como notificado el 26/7/2021 y con término máximo para la
presentación de los recursos el 02/08/2021.”
-“Ahora bien, la presentación del recurso se llevó a cabo el día 30/09/2021, habiendo
transcurrido más de cinco (5) días hábiles, superando el término legalmente concedido, de
conformidad con el Artículo 154 de la Ley 142/94, que a letra dice: “…los recursos deben
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del conocimiento de
la decisión.
-Por lo anterior, le informamos que CARIBEMAR S.A.S ESP rechaza el recurso presentado,
basados en que por expresa disposición del Artículo 153 de la Ley 142/94, las peticiones y
recursos se tramitan acorde con lo dispuesto por las normas vigentes sobre el derecho de
petición.”
-“Contra la presente decisión procede el recurso de queja, el cual debe interponerse
directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de esta decisión.” (Sic para
toda la cita.)
8. Por lo expuesto, la señora Aidel Santana Donado presentó recurso de queja. El
expediente fue remitido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el
28 de octubre de 2021.
9. Mediante Resolución N.º SSPD – 20228600377275 del 27 de abril de 20223, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de queja,
en el sentido de declararlo improcedente, por las siguientes razones:
3 “ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de queja interpuesto por el(a)
señor(a) a AIDEL SANTANA DONADO en contra de la decisión No 202170281477 del 04 de octubre
de 2021, proferida por la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor(a)
a AIDEL SANTANA DONADO quien recibe CARRERA 14 NRO. 17-33 BARRIO LA GRANJA-
VALLEDUPAR/CESAR, haciéndole entrega de una copia de la misma y en caso de no poderse surtir
la notificación personal, procédase a la notificación por aviso de conformidad con el artículo 69 de la
ley 1437 de 2011. de igual forma en el evento de existir autorización expresa para efectuar la
notificación por correo electrónico, se procederá conforme a lo que establece el artículo 67del
CPACA a la dirección electrónica melkiskammerer@hotmail.com.
ARTÍCULO TERCERO- Notificar personalmente de esta decisión al representante legal de la
empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S., o a quien haga sus veces, quien puede ubicarse en
la CR 3 B NO 26 - 78 ED CHAMBACU PISO 3 de la ciudad de CARTAGENA - BOLIVAR, haciéndole
entrega de una copia de la misma y en caso de no poderse surtir la notificación personal, procédase
a la notificación por aviso de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. de igual forma
en el evento de existir autorización expresa para efectuar la notificación por correo electrónico, se
procederá conforme a lo que establece el artículo 67del CPACA a la dirección electrónica
notificacionsspd@afinia.com.co A
RTÍCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra ella
no proceden recursos.”
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-“Es así, que dentro del análisis efectuado revisando si los recursos cumplen con los
requisitos de procedibilidad para el trámite correspondiente, se encontró en el caso bajo
estudio, que el usuario a AIDEL SANTANA DONADO, interpone recurso de reposición y en
subsidio apelación ante la entidad prestadora el 30 de septiembre de 2021 contra la
respuesta de. 202170202649 del 26 de julio de 2021, hemos verificado que fue notificada
por correo electrónico el 26 de julio 2021 como se observa a folio 08, Contando a partir del
día siguiente de esta fecha con cinco (5) días hábiles para interponer los recursos, es decir
hasta el día 02 de agosto de 2021, sin embargo, los recursos fueron presentados 30 de
septiembre de 2021, es decir de manera extemporánea.” (Sic para toda la cita).
-“Así las cosas, de las normas citadas conlleva a concluir que para efectos de la
interposición de los recursos en materia de servicios públicos deberá atenderse
forzosamente la exigencia contenida en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, así como lo
previsto en el numeral 1° del artículo 77 del CPACA que estable que los recursos deben
interponerse dentro del plazo legal”.
10. El 10 de enero de 2023, la señora Aidel Santana Donada presentó una petición
ante Afinia Grupo EPM, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
Presidencia de la República con el fin de solicitar nuevamente el reconocimiento de
la ruptura de la solidaridad para el periodo contractual de junio de 2017 a septiembre
de 2019.
11. El 13 de enero de 2023, dicha petición fue resuelta de manera desfavorable por
parte de Afinia Grupo EPM, por las siguientes razones:
-“El 19 de julio de 2021 ya se había presentado reclamación bajo el radicado No.
RE3110202131462 por ruptura de solidaridad por la deuda del suministro en el periodo
junio 2017 a septiembre 2019.”
-“Como respuesta a dicha petición nuestra empresa profirió la decisión N.º 202170202649
de fecha 26 de julio 2021 en la cual se brindaron las claridades de su reclamación.”
-“Conforme a los dispuesto por el artículo 159 de la ley 142 del 1994 en concordancia con
el contenido de los artículos 53, 56, 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se realizó notificación electrónica de la decisión
empresarial No. 202170202649 de fecha 26 de julio 2021.”
-“Por lo anterior, le confirmamos que no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos,
como quiera que la Compañía ya se pronunció al respecto, respondiendo de manera clara,
oportuna y de fondo a su reclamación inicial, concediéndole los recursos de ley. Por todo lo
anterior, no se accede a su petición.”
12. El 22 de febrero de 2023 la referida superintendencia también resolvió la
petición4, en el sentido de indicar que: “(…) encontramos que no se observa que usted
haya relacionado un número de consecutivo con el que inició su solicitud de “rompimiento
de solidaridad ante la empresa” ni un número de radicado que corresponda al trámite del
recurso de apelación, sobre el cual esta Dirección Territorial tendría competencia como
órgano funcional de segunda instancia. Por ello, es importante resaltar que, si su
4 Notificada a la usuaria al correo electrónico: melkiskammerer@hotmail.com.
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inconformidad está relacionada con las deudas que pudo haber dejado el arrendatario en
su inmueble, usted puede iniciar el proceso de reclamación por rompimiento de solidaridad
en sede del prestador del servicio, aportando todos los documentos necesarios para
demostrar la propiedad y/o posesión del inmueble, el vínculo solidario y los demás
requisitos para hacer exigibles sus derechos.”
13. Por su parte, la Presidencia de la República mediante OFI23-00048985 / GFPU
13150000 del 15 de marzo de 2023 remitió la solicitud por competencia a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios porque, a su juicio, carece de
competencia funcional para entrar a analizar de fondo los reclamos elevados.
1.4. Fundamentos de la vulneración
14. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales en atención
a que las entidades accionadas no le han dado respuesta de fondo a lo pedido, en
la medida en que no se ha resuelto sobre la ruptura de solidaridad elevada. Al
respecto, manifestó que es propietaria de un inmueble que arrendó y frente al que
el arrendatario no pagó el servicio de energía eléctrica, lo cual le generó un cobro
excesivo, razón por la cual tiene legitimación en la causa por activa y la entidad no
puede exigirle documentación que ya presentó al iniciar la petición de ruptura de
solidaridad en el año 2019.
15. Afirmó que ni el presidente de la República, ni el superintendente de Servicios
Públicos como superiores del gerente general de Afinia – Grupo EPM han ejercido
sus labores de vigilancia y control obligándolo a cumplir con el rompimiento de la
solidaridad conforme a la sentencia C -493 de 1997, lo que desconoce que no podía
exigirle requisitos que la Constitución ni la ley han previsto.
16. Adujo que el gerente de Afinia al no darle trámite a la solicitud del 10 de enero
de 2023 e indicar que no haría ningún pronunciamiento porque ya había dado
respuesta en una ocasión anterior, quebrantó su derecho fundamental de petición,
por cuanto la decisión adoptada no fue clara, expresa y de fondo, ya que no resolvió
todas las pretensiones sino que, por el contrario, se limitó a informar unos requisitos
que la ley no prevé para romper el principio de solidaridad.
17. Consideró que, el presidente de la República como superior jerárquico funcional
del Superintendente y, este a su vez, como superior del gerente de Afinia, debía
prohibir la exigencia que la ley no contempla “debido que no existe en nuestro estado
social de derecho , ni en la ley 142 de 1994 , donde esta ley es de orden público y es de
estricto cumplimiento por parte de la empresa y la super servicios público de público ni en
la ley 1755 del 2015 ley estatutaria sobre el derecho de petición ni en la ley 1437 del 2011
donde señor juez constitucional en el artículo 16 , de la ley 1755 del 2015 establece los
requisitos mínimo s que se debe cumplir al momento de accionar un derecho de petición,
donde SEÑOR juez constitucional SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUSTAVO PETRO
SEÑOR SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS, COMO SUPERIOR
JERARQUCO FUNCIONAL de las empresas de servicios públicos domiciliarios, donde los
requisito exigido por la empresa no se encuentran lo que exige la empresa, violando el
principio de legalidad y el debido proceso administrativos, principios de la función pública ,
donde estos requisito están prohibido por la constitución, en su artículo 84 y en la ley artículo
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16 de la ley 1755 del 2015 artículo 16 , articulo 9 de la ley 1437 del 2011,, ley 962 del 2005
decretos 019 del 2012 y 2106 delo 2019” (sic a lo transcrito)
18. Puso de presente que Afinia le exigió la presentación de documentos que ya
tenía en su poder, en concreto, la copia del certificado de libertad y tradición.
Circunstancia que está haciendo más gravosa su situación, en la medida en que la
entidad sabe que es la propietaria del bien.
19. De otra parte, adujo que no se presenta un hecho superado, como erróneamente
lo afirmó la entidad en la última respuesta otorgada, porque aunque la empresa
adujo que ya había respondido, en realidad no lo hizo debido que ni la empresa de
energía ni la Superservicios resolvieron plenamente y de fondo todas sus
pretensiones pues solo se “dedicaron fue a exigir requisito, adicionales y no autorizado
por la constitución y la ley para no darle tramite al derecho de petición debido que la
empresa declaro improcedente los recursos de ley alegando que yo presente los recursos
de forma extemporánea” (sic a lo transcrito).
20. Advirtió que en virtud del artículo 23 de la Constitución Política y del artículo 17
de la Ley 1755 del 2015, se encuentra facultada para iniciar nuevamente la petición,
debido a que la empresa no desarrolló los presupuestos de oportunidad, claridad,
precisión, y congruencia; así como los criterios de suficiencia y efectividad,
refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados.
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. Mediante auto del 20 de febrero de 2023, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante, a la Presidencia de la
República, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa
Afinia – Grupo EPM -Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P-.
22. Adicionalmente, requirió a: i) Afinia – Grupo EPM para que aportara copia de la
petición del 19 de julio 2021, bajo el radicado No. RE3110202131462 y el oficio del
26 de julio 2021, con radicado No. 202170202649, a través del cual presuntamente
resolvió la solicitud de la actora, con los soportes de envío respectivos y ii) la
Presidencia de la República y a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que aportaran los escritos de petición que haya radicado la
señora Aidel Santana Donado, junto con las respuestas y sus respectivos soportes
de notificación.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con la constancia visible
en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Afinia – Grupo EPM
23. Requirió que se declare la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto,
se deniegue, por los siguientes motivos:
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24. Hizo referencia a la reclamación RE3110202109931 del 19 de julio de 2021, a
su respuesta, a los recursos y la decisión de estos, así como a la reclamación con
radicado RE3110202301926 del 10 de enero de 2023. A su vez, mencionó el
procedimiento para la declaratoria de ruptura de la solidaridad conforme con la Ley
142 de 1994.
25. Sostuvo que lo pretendido por la accionante con el documento presentado el 10
de enero de 2023 es la declaratoria de ruptura de solidaridad respecto al suministro
NIC-7388882, por lo que queda claro que el trámite que le dio la empresa
corresponde a una reclamación, la cual ya había sido previamente estudiada por
esta, y que cuenta con la sede administrativa agotada.
26. Agregó que se declaró improcedente el recurso de queja, para lo cual, insertó
una imagen, en la que se puede observar que “Mediante Res N.º 20228602122701 del
27/04/2022 de la SSPD, declara IMPROCEDENTE el recurso de Queja contra decisión N.º
202170281477 – RE3110202121462 – 30/09/2021 RP 20218003079112…”
27. Indicó que la actora no ha demostrado siquiera sumariamente haber sufrido o
estar sufriendo un perjuicio irremediable que no le permita hacer uso de los demás
medios de defensa con que cuenta para el estudio de su pretensión. Señaló que no
se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues la accionante debe
instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a las
decisiones empresariales de las ESP, y las resoluciones de la Superintendencia de
Servicios Domiciliarios, el cual no agotó.
1.6.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
28. Solicitó que se declare la inexistencia de violación de los derechos
fundamentales por parte de la superintendencia o su improcedencia.
29. Refirió el trámite relacionado con la competencia de la superintendencia contra
los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que
realicen las empresas de servicios públicos domiciliarios.
30. Señaló que la Dirección Territorial Nororiente de la Superintendencia sí resolvió
de fondo la petición de la parte accionante. Para el efecto, mediante consecutivo
20238600803551 del 22 de febrero de 2023, informó al usuario lo siguiente:
En cuanto a su pretensión sobre ´DARLE tramite nuevamente al núcleo esencial
del derecho de petición, debido que no hubo hecho superado con la petición
anterior, debido que la empresa solo analizó el requisito exigido de forma
inconstitucional por la misma empresa para que procediera, resolver de fondo ,
clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible
y de fácil comprensión, atendiendo los solicitado, en sus totalidad, que no sea
aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones´, dicho esto, se observa
que usted no aporta copia la decisión empresarial que la empresa otorgó como
respuesta a su derecho de petición lo que impide determinar si somos o no
competente para tramitar en segunda instancia el recurso concedido por la
prestadora el cual puede ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo
resuelto por el prestador en cada actuación administrativa a recurrir, los cuales
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deben ser presentado (sic) de manera independiente toda vez que cada uno de
ellos resuelve tramites diferentes, por ejemplo el recurso de reposición en
subsidio al de apelación deben ser presentados en un mismo escrito ante el
prestador el cual es el órgano funcional de primera instancia tal y como lo
establece la ley 142 del 94 y situación diferente se presenta cuando la empresa
rechaza el recurso de apelación y concede el recurso queja, el cual debe ser
presentado ante esta Superservicios dentro de los de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la decisión empresarial, acompañando copia del
acto empresarial del rechazo.”
31. Precisó que dicha respuesta se comunicó al usuario al correo electrónico:
melkiskammerer@hotmail.com.
32. Aclaró que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que se
consideran violados no es ocasionada por la superintendencia, toda vez que las
órdenes de corte, reconexión y vinculación de un reclamo a la facturación, son una
actuación de exclusiva competencia de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. (Afinia Grupo EPM) y no es del resorte de la superintendencia, por lo que no
es posible vincular a este organismo a los efectos del fallo. Solicitó que se le
desvinculara de la presente acción por falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.7. Actuaciones procesales relevantes
33. Con providencia del 9 de marzo de 2023 la Sección Quinta dictó fallo y dispuso:
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora
Aidel Santana Donado y, en consecuencia, ORDENAR al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia - DAPRE
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, brinde respuesta a la solicitud elevada
por la mencionada ciudadana el 10 de enero de 2023 y se la notifique
debidamente. (Negritas propias)
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en
cuanto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por los
motivos descritos anteriormente.
CUARTO: DECLARAR la improcedencia de la acción presentada por la señora
Santana Donado en lo que concierne a los reparos expuestos contra Afinia
Grupo EPM - Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P., conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído.
34. Dicha decisión fue notificada el 22 de febrero de 2023 a la Presidencia de la
República –DAPRE al siguiente correo:
“notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.gov.co”.
35. Posteriormente, con auto del 31 de marzo de 2023 se concedió la impugnación
interpuesta el 14 de marzo de 2023 por la parte demandante, así como la
presentada por la Presidencia de la República – DAPRE, el 19 de marzo de 2023.
36. A través de auto del 11 de mayo de 2023 el magistrado ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, a quien le correspondió resolver las impugnaciones
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presentadas, ordenó devolver el expediente al a quo constitucional, ya que al revisar
el contenido del escrito presentado por la Presidencia de la República, encontró que
si bien informó sobre el cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia,
también advirtió sobre una posible nulidad por vicios en la notificación del auto
admisorio.
37. El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente de la Sección
Quinta para resolver dicha solicitud de nulidad, el 31 de mayo de 2023.
1.8. Auto que resuelve nulidad
38. La magistrada ponente mediante auto del 8 de junio de 2023 declaró la nulidad
de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela y retrotraer los
efectos de todo lo hecho para que se notificara en debida forma a la Presidencia de
la República - DAPRE, en calidad de entidad accionada. Lo anterior, al constatar
que se le notificó el auto admisorio a un correo electrónico que no correspondía, lo
que le impidió ejercer su derecho de defensa y contracción.
39. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General mediante correo enviado
el 27 de junio de 2023, notificó nuevamente el referido auto admisorio.
1.9. Contestación de la Presidencia de la República – DAPRE
40. Solicitó la improcedencia de la acción y subsidiariamente, negar las
pretensiones de la demanda. En primer lugar, informó que recibió y atendió la
petición elevada por la accionante de manera clara y en el marco de sus
competencias, lo que puede ser verificado en el OFI23-00048985 / GFPU 13150000
del 15 de marzo de 2023, por lo que no se le puede endilgar ninguna vulneración al
derecho de petición.
41. En segundo lugar, adujo que, al analizar los reclamos presentados por la
accionante, no es la autoridad competente para ejercer labores de inspección,
vigilancia y control por irregularidades que se han cometido en la expedición y cobro
de sus facturas de servicios públicos domiciliarios que expide la empresa AFINI, por
lo que solicitó su desvinculación por carecer de legitmación en la causa por pasiva.
42. Adujo que, por lo anterior, remitió por competencia la solicitud a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios porque carece de
competencia funcional para entrar a analizar de fondo los reclamos elevados.
1.10. Contestación Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
43. Pese a que no le fue solicitado, lo cierto es que la entidad reiteró lo dicho en el
primer escrito de contestación, lo cual se encuentra plasmado en los numerales 28
al 32 de este fallo, a saber, que ya resolvió de fondo la petición elevada por el actor,
mediante consecutivo 20238600803551 del 22 de febrero de 2023.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
44. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Aidel Santana Donado, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena
del Consejo de Estado No. 080 de 12 de marzo de 2019 (Reglamento Interno de la
Corporación).
45. Lo anterior, por cuanto una de las autoridades judiciales contra la que se dirige
la acción de tutela es la Presidencia de la República y, en tal sentido, debe aplicarse
el numeral 12° del Decreto 333 de 2021, por ser parte de esta Corporación.
2.2. Solicitud de desvinculación
46. Se tiene que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
Presidencia de la República - DAPRE solicitaron la desvinculación del presente
trámite constitucional, pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva. Sin embargo, estas peticiones serán denegadas en atención a que sus
vinculaciones obedecieron a que fueron incluidos dentro de las autoridades
demandadas y la parte actora indicó que envío su petición a dichas entidades, así
que era necesario que pudieran ejercer su derecho de defensa y exponer los
argumentos que consideraran pertinentes.
2.3. Problema jurídico
47. Corresponde a la Sala verificar si Afinia Grupo EPM - Empresa de Servicios
Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.- vulneró el derecho fundamental de
petición de la señora Aidel Santana Donado, por no resolver de fondo la solicitud
que elevó el 10 de enero de 2023 relacionada con el rompimiento de la solidaridad
de la deuda que dejó su arrendatario por no pagar el servicio público de energía
eléctrica y, si lo hizo la Presidencia de la República y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios al no emitir algún pronunciamiento respecto de
dicho petitorio.
48. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
i) generalidades de la acción de tutela, ii) derecho de petición y iii) análisis del caso
2.4. Generalidades de la acción de tutela
49. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.
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50. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.
51. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
2.5. Del derecho de petición
52. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, el derecho
de petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta.
53. Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se
deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones
técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho
que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización resulta
independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.
54. En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y
precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante
entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta;
iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad
fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera eficaz para su debida
materialización.
2.6. Caso concreto
55. Sea lo primero poner de presente que, por políticas de transparencia se
reiterarán algunas consideraciones expuestas en la sentencia del 2 de marzo de
20235 proferida por esta Sección, que versó sobre los mismos fundamentos fácticos
y jurídicos al presente caso, a saber, la vulneración al derecho fundamental de
petición en el cual solicitó la ruptura de la solidaridad de la deuda que dejó su
arrendatario por no pagar el servicio público de energía eléctrica.
5 Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia del 02.03.2023, rad. N.º11001-03-15-000-2023-
00494-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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56. En el asunto en estudio la actora consideró que el presidente de la República,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia Grupo EPM -
Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.- vulneraron su
derecho fundamental de petición, con ocasión de la solicitud que elevó el 10 de
enero de 2023, en los siguientes términos:
“PRETENSIONES PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición (...)
QUE EL PRESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS
PUBLICOS, COMO SUPERIOR JERARQUCO FUNCIONAL ORDENEN AL
GERENTE GENERAL DE AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA DARLE
tramite nuevamente al núcleo esencial del derecho de petición, debido que
no hubo hecho superado con la petición anterior, debido que la empresa solo
analizo lo requisito exigido de forma inconstitucional por la misma empresa
,para que procediera, resolver de fondo , clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo
los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y cada una
de las pretensiones, el núcleo esencial del derecho de petición, como es
certificado de libertad y tradición , certificado de nomenclatura, donde si la
dirección registrada en ambas certificaciones no coincide con la registrada en
la factura de energía, no se encontraba legitimada para accionar el derecho de
petición, sin que la empresa aportara la carta catastral y el levantamiento
catastral , debido que predomina la dirección de la empresa, violando los
artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994 , además exigían , el pago de la
factura solidarias, de forma absoluta (...)
SEGUNDO QUE el señor presidente doctor Gustavo petro, señor
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago ordene
al GERENTE GENERAL DE AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA que al
momento de dar respuesta a este derecho de petición , manifieste bajo la
gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales
y légale , para que exijan como requisito para conceder el rompimiento de
la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de
instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el
instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y nadie
está obligado a lo imposibles violando la sentencias de tutelas T-636 DEL 2006
Y T-281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021). Y el artículo 16 de la ley 1755 del 2015.
TERCERO señor presidente de Colombia reitero la denuncia contra ela
superintendencia de servicios públicos domiciliario que viene negando
más del 90% de los recursos de ley como entidad de segunda instancia ,
que juro cumplir la constitución y la ley , que es el mayor jerárquico funcional de
las empresas de servicios públicos domiciliarios (...)
Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
que conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE COMO
SUPERIOR JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA (...)
TERCERO señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la
empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones
del derecho de petición que yo le acciones tales como: conque fundamento
constitucional y legal la empresa de energía puede suspenderme el servicios
de energía si ante no expide un acto administrativo, como lo ordena el artículo
154 de la ley 142 de 1994,¿conque fundamento constitucional y legal la
empresa de energía, exige como requisito para darle tramite a un derecho de
petición de solidaridad, certificado de libertad y tradición, certificado de
nomenclatura expedido por el instituto de Agustín Codazzi, cuando este
organismo ya no lo viene expidiendo, además la empresa no tiene en su poder
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el levantamiento catastral y la carta catastral que definen la dirección del
inmueble?¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía
exige como requisito para conceder los recursos de apelación ante el superior
jerárquico funcional que es la superservicicios , que el usuario obligatoriamente,
y absolutamente debe pagar la factura solidaria y lo que no es objeto de
reclamo, donde esta exigencia no es obligatoria, como lo dejo claro la cortes
constitucional en la sentencia c-558 del 2001
CUARTO Que el SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de
energía eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión , atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y
resuelve todas y cada una de las pretensiones,, concediendo los recursos de
reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que es el control de
autotutela que se ve complementado con la revisión superior encomendada a
la Superintendencia de Servicios Públicos para la culminación de la vía
gubernativa (...).
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios
públicos domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad
de juramento ,¡cual es la ley ,señalándola numéricamente de forma
motivada , debido que siempre contesta, que ellos solamente exigen
requisito autorizado por la ley , pero no dicen cuál es la ley ,
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios
publico y al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a
este derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga
cuales son los fundamento constitucionales y légale , para que exijan
como requisito para darle tramite el proceso de rompimiento de la
solidaridad como son, certificado de libertad y tradición expedido por la
oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido
por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide ,
además no acepta al declaración de extrajucio y nadie está obligado a lo
imposibles
SEPTIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
dar respuesta a este derecho de petición, resolviéndole de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de
fácil comprensión , RESOLVIENDO TODOS LOS SOLICITADO
Pronunciamiento sobre todas y cada una de las pretensiones Obligación de
integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD (...)
OCTAVO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
se abstenga de exigirme el pago de la factura solidaria sino, hasta que se
encuentra agotada la vía gubernativa, por lo que la pongo en reclamo
también, debido que esa factura solidaria tiene que determinarla la
superservicios que es el mayor jerárquico de la empresa, por lo que se inaplique
se inaplique en este caso concreto el inciso segundo del artículo 155 de la ley
142 de 1994
NOVENO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo , el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un
acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,
donde la empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando
este artículo ue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada
en la sentencia c150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá
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garantizar el debido proceso administrativo, , ósea expidiendo el acto
administrativo, garantizando la demás garantía judiciales
DECIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
Que de conformidad con la constitución y la ley, manifieste bajo la gravedad de
juramento ¿con que fundamento constitucional, suspende el servicio de
energía,? ¿conque fundamento constitucional exige como requisito para
atender un derecho de petición de solidaridad exige como requisito certificado
de libertad y tradición, certificado de nomenclatura, ampliación de contrato de
arrendamiento, y no acepta la factura de energía y el extrajucio de tercero para
demostrar la posesión, y por ultimo digan conque fundamento exigen que el
usuario debe estar a paz y salvo , para poder presentar los recursos de ley sin
importar que la deuda es de 1998 , cuando la sentencia C-558 DEL 2001
ESTABLECE QUE NO ES OBLIGATORIO PAGAR LO QUE NO ESTA OBJETO
DE RECLAMO QUE es ovacionar.?
Décimo primero que el SEÑOR SUPERINTENDENTE, me garanticen el
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD y se PRONUNCIE sobre todas y cada una de las
pretensiones, de esta tutela , debido que es obligación del juez constitucional
debidamente el contradictorio (...)
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE COLOMBIA Y EL
SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS DOMICLIARIOS
ORDENE AL GERENTE GENERAL DE AFINA LE DE CUMPLIMIENTO A LA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021). (...) CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021, que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de
tutela T-636 DEL 2006, DECOMO PRIMERO SEÑOR PRESIDENTE SEÑOR
SUPERINTENDENTE la empresa de energía, viene violando el artículo 84 de
la constitución que prohíbe exigir requisito no autorizado por la constitución y
las ley, Y LE DE TRAMITE AL a los derecho de petición de solidaridad, sin exigir
requisito adicionales para demostrar la propiedad del inmuebles, teniendo en
cuenta la facturad de energía, y la declaración de extrajuicio, de igual forma que
se abstenga de seguir declarando improcedente los derechos de petición
alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer
en los certificado sin ante no presente como medio de prueba, la copia de la
carta catastral del inmueble, así mismo el levantamiento catastral, debido que
según la empresa, la dirección que poseen predominan sobre las direcciones
registradas en las entidades catastrales las cuales son las entidades facultadas
para determinar la dirección de cada inmueble según el plan de ordenamiento
territorial conforme a los articulos 101 al 104 de la ley 142 de 1994 (...)”.
(Destacado por la Sala - sic a toda la cita)
57. Del texto transcrito, se infiere que lo pretendido por la accionante es que el
presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en su calidad de “superior jerárquico funcional”, ordenen al gerente
general de Afinia Grupo EPM - Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P.- pronunciarse nuevamente respecto a la ruptura de la
solidaridad en el pago de la deuda que tiene con esa compañía, en el sentido de
indicar cuál es el fundamento constitucional y legal para exigir los certificados de
tradición y libertad de su inmueble, así como el de nomenclatura expedido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
58. Esto, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 27 de septiembre de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
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Subsección B y “la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, que el
señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006 (sic a toda la cita)”.
59. A su vez, la actora consideró transgredido su derecho fundamental de petición,
de un lado, porque el presidente de la República y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios no brindaron respuesta a la solicitud de 10 de enero de 2023
y, por el otro, al considerar que la coordinadora central de Afinia Grupo EPM -
Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., pese a que
ofreció una contestación, no resolvió de fondo lo requerido.
60. Frente a la Presidencia de la República: informó que la solicitud presentada
por la actora fue contestada de manera clara y allegó el oficio OFI23-00048985 /
GFPU 13150000 de 15 de marzo de 2023, en el que le explicó que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios era la competente para
resolver la petición, por lo que la remitió a dicha entidad.
61. De igual forma, allegó la constancia de trazabilidad del referido oficio, en el que
se avizora que el 15 de marzo de 2023 fue enviada la respuesta al correo de la
actora, a saber, deoficinadequejasyreclamos@gmail.com, así como el envió por
competencia efectuado a la entidad a su correo sspd@superservicios.gov.co.
62. En ese orden de ideas, se advierte que se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado en cuanto a la Presidencia de la República, teniendo en
cuenta que después de la presentación de la tutela, envío por competencia la
petición a la entidad encargada de resolverla, y notificó en debida forma al
accionante.
63. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que la terminación del proceso
de tutela por carencia de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud de amparo,
por lo que resulta innecesaria la intervención del juez constitucional tendiente a
impartir alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas.
64. Además, puntualizó que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos
de hecho: i) por hecho superado, ii) daño consumado y iii) por una situación
sobreviniente. Al respecto, señaló:
(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud
de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
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contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción (…)6.
(Negrilla fuera de texto original)
65. En relación con los referidos tres supuestos, la Sala precisó lo siguiente:7
i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales.
ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal Constitucional: “[l]a
segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la
vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad
de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
de tutela dé una orden al respecto”.8
iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión del
obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada. Sobre el particular,
la citada Corporación indicó que “ (…) el hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’
(…)”9
66. De modo que en el caso analizado desapareció la circunstancia que podía
originar algún quebranto al derecho fundamental de petición de la demandante por
parte de la Presidencia de la República - DAPRE, dado que en el transcurso de la
acción constitucional brindó respuesta a lo solicitado ante dicha entidad, de ahí que
cualquier orden que se imparta por esta Sala resultaría inane.
67. Por otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
explicó en su contestación que la Dirección Territorial Nororiente de la entidad
atendió la petición de la actora mediante oficio 20238600803551 de 22 de febrero
de 2023, la cual envío al correo electrónico “melkiskammerer@hotmail.com”, bajo
la siguiente línea argumentativa:
“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en ejercicio
de las funciones de control y vigilancia frente a las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios previstas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994,
modificadas por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y artículo 24 numeral 3 del
Decreto 1369 de 2020, le corresponde resolver los recursos de apelación que
6 Sentencias SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
7 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 2018-04225.
8 Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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interpongan los usuarios conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley
142 de 1994 modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001.
“El artículo 154 ibidem establece mecanismos que hacen posible la
defensa de los derechos de los usuarios y suscriptores, entre ellos los de
presentar reclamaciones ante las empresas prestadoras de servicios
públicos, mediante derecho de petición. No obstante, la defensa permitida
encuentra una limitante, en cuanto se establece que “En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber
sido expedidas por las empresas de servicios públicos (Subrayado fuera de
texto)”.
Es importante que tenga en cuenta que la Ley 142 de 1994, establece el
procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas, reclamos y recursos; además
esta ley establece que esta Superservicios es un órgano de segunda instancia,
que vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la
ejecución del contrato usuario–empresa existente; es decir, que la
Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones después
que las prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución
y/o respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el
mismo haya interpuesto los recursos de ley procedentes cuando no esté
de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera que la empresa
resuelva en primera instancia su reclamación.
(...) Ahora bien, relacionado a su solicitud se observa que usted no aporta
copia la decisión empresarial que la empresa otorgo como respuesta a su
derecho de petición lo que impide determinar si somos o no competente
para tramitar en segunda instancia el recurso concedido por la prestadora
el cual puede ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo resuelto
por el prestador en cada actuación administrativas a recurrir, los cuales
deben ser presentado de manera independiente toda vez que cada uno de ellos
resuelve tramites diferente ejemplo el recurso de reposición subsidio de
apelación debe ser presentados, en un mismo escrito ante el prestador el cual
es el órgano funcional de primera instancia tal y como lo establece la ley 142
del 94 y situación diferente se presenta cuan do la empresa rechaza el recurso
de apelación y concede el recurso queja, el cual debe ser presentado ante e
ésta Superservicios, dentro de los de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de la decisión empresarial, acompañando copia del acto
empresarial del rechazo.” (Negrilla del texto original - sic a toda la cita)
68. De este modo, se advierte que también se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado en cuanto a la superintendencia accionada, teniendo en cuenta
que se pronunció respecto al requerimiento de la actora durante el presente trámite
y puso en conocimiento de la accionante dicha decisión con mensaje enviado al
mismo correo a través del cual la señora Santana Donado radicó la acción de tutela
y su petición.
69. Por último, la tutelante controvierte la respuesta dada por Afinia Grupo EPM -
Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.- a la
solicitud elevada el 10 de enero de 2023, toda vez que no se accedió a la ruptura
de la solidaridad de la deuda que dejó su arrendatario por no pagar el servicio
público de energía eléctrica, sin indicarse cuál es el fundamento constitucional y
legal para exigir los certificados de tradición y libertad de su inmueble, así como el
de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
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70. La actora tampoco compartió que se supeditara la procedencia del recurso de
apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a que “el
usuario obligatoriamente, y absolutamente debe pagar la factura solidaria y lo que no es
objeto de reclamo, donde esta exigencia no es obligatoria, como lo dejo claro la cortes
constitucional en la sentencia c-558 del 2001 (sic a toda la cita)”.
71. Cuestionó el hecho de que i) se le exigiera presentar los mencionados
certificados del bien en el que se suministró el servicio pendiente de pago, dado que
en las facturas ella aparece identificada como la propietaria y en una declaración
extrajuicio, al igual que ii) se suspendiera la prestación de la energía eléctrica de
forma unilateral, sin que previamente se hubiera expedido el acto administrativo
correspondiente.
72. Sobre este punto, la Sala encuentra que en el oficio 202370024209 de 13 de
enero de 2023 la coordinadora central de Afinia Grupo EPM - Empresa de Servicios
Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. respondió los planteamientos de la
accionante (los cuales resultan coincidir con los propuestos en esta acción de
tutela), así:
i) Que no se accedía a su solicitud de rompimiento de solidaridad, toda vez que la
compañía se pronunció al respecto en el trámite que promovió el 19 de julio de 2021
bajo el radicado No. RE3110202131462, dentro del cual emitió respuesta el 26 de
julio de ese mismo año y explicó que no era dable acceder a su reclamo debido a
que “como propietaria dejó de hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la deuda
dejada por el inquilino (...)”
ii) Recalcó que los únicos requisitos para tramitar las reclamaciones de rompimiento
de solidaridad son: el certificado de tradición y libertad vigente (no mayor a 90 días).
“Si la dirección [plasmada allí] es distinta a la de la factura, debe anexar el Certificado de
Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi, que reporte el número de
matrícula del predio y la dirección” y el contrato de arrendamiento.
iii) Destacó que esa empresa “no solicita requisitos adicionales a los establecidos por la
ley”, teniendo en cuenta que es conocedora y respetuosa de los derechos de los
usuarios, por lo que todas las actuaciones que adelanta se llevan a cabo con plena
observancia de “los parámetros legales, respetando la legislación vigente y
aplicable a cada caso en concreto”.
iv) Señaló que no era posible conceder los recursos de ley, en atención a que estos
ya fueron concedidos en su momento, así que quedó debidamente agotada la vía
administrativa con la Resolución 202170202649 de 26 de julio 2021, “mediante la
cual se brindaron las claridades de su reclamación.”
v) En cuanto a que no se suspenda el servicio le comunicó a la peticionaria que
mientras las facturas se encuentren en estado reclamado, “el sistema no emitirá
suspensiones”, por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe el debido
proceso y si el cliente llegara a tener facturas que no son objeto de reclamación
pendientes de pago la empresa podrá suspender el servicio como lo dispone el
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artículo 140 de la Ley 142 de 1994 y la cláusula 64a del contrato de condiciones
uniformes.
vi) Indicó que esa compañía no ha sido renuente a cumplir con alguna decisión legal
u otra por ella emitida “que repercuta en las relaciones contractuales sostenidas con la
reclamante”, toda vez que ha dado respuesta de fondo a sus solicitudes por
rompimiento de solidaridad, tal como se informó anteriormente.
73. Además, se encontró demostrado que Afinia Grupo EPM - Empresa de Servicios
Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. notificó tal contestación a la parte
interesada el 13 de enero de 2023, para lo cual aportó el certificado de comunicación
electrónica de la empresa 4-72.
74. Para la Sala, no le asiste razón a la accionante al considerar vulnerado el núcleo
esencial del derecho fundamental de petición, toda vez que la solicitud elevada el
10 de enero de 2023 se dirigió principalmente al presidente de la República y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de que
ordenen al gerente general de la mencionada empresa de servicios públicos
resolver nuevamente el reclamo del rompimiento de la solidaridad en los términos
que, en sentir de la peticionaria, son los acertados.
75. Con todo, en el oficio 202370024209 de 13 de enero de 2023 la coordinadora
central de Afinia Grupo EPM - Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P. - explicó a la tutelante los motivos por los cuales no era posible
acceder a lo requerido, dado que ya se había pronunciado previamente en torno a
la ruptura de la solidaridad de la deuda que tiene la accionante con esa compañía,
mediante el oficio de 26 de julio 2021, contra el cual se agotaron los recursos de la
actuación administrativa.
76. Entonces, el debate planteado por la actora más allá de estar enfocado en si se
dio o no una respuesta de fondo a su solicitud, bajo la justificación de que no se
indicó el sustento normativo o constitucional de los requisitos establecidos para dar
trámite a su reclamación, en realidad radica en la inconformidad que tiene por no
accederse a la ruptura de la solidaridad, reparo que no procede por esta vía, pues
tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 13810 del CPACA.
77. Cabe precisar que el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política prevé la
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
10 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior.”
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un perjuicio irremediable”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.11
78. La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
79. De modo que, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
80. Quiere esto decir que la acción de tutela no es el mecanismo para imponer
interpretaciones normativas, en atención a que los actos administrativos proferidos
por las empresas de servicios públicos en desarrollo de un contrato son actos de
carácter particular y concreto, los cuales tienen control judicial 12, así como las
decisiones que emite la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
81. Adicionalmente, cabe señalar que el artículo 16113 ibid. prevé que, si las
autoridades no dan la oportunidad de interponer los recursos procedentes, tal como
sucedió en el oficio 202370024316 de 13 de enero de 2023, no será exigible el
agotamiento de estos para acudir ante el juez contencioso administrativo.
82. Así que el asunto que se analiza solo procedería la acción de tutela de manera
excepcional y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales; sin embargo, no se advierte que exista la posible configuración de
un perjuicio irremediable que amerite acceder al amparo deprecado por la
accionante de manera urgente, teniendo en cuenta que no se acreditó que sea un
sujeto de especial protección constitucional y que no se le está prestando el
suministro de energía eléctrica.
83. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia en lo que atañe a los reparos expuestos en contra de la aludida sociedad,
por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
11 “ARTICULO 6º. “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante (…)”.
12 En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 3 de febrero de 2022, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-10252-00.
13 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y
decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación
con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
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2.7. Conclusión
84. En consecuencia, esta Colegiatura declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto a los cargos elevados contra la Presidencia de la
República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ya que en el
trámite de la presente acción constitucional dieron respuesta a las solicitudes de la
tutelante, y declarará improcedente la acción de tutela de la referencia en lo que
atañe a los reparos expuestos en contra de Afinia Grupo EPM - Empresa de
Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y frente a la Presidencia
de la República – DAPRE, por los motivos descritos anteriormente.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción presentada por la señora
Santana Donado en lo que concierne a los reparos expuestos contra Afinia Grupo
EPM - Empresa de Servicios Públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.,
conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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