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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00598-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00598-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela frente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y, a su vez, declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por los motivos descritos anteriormente. TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jubal López Pérez en lo que concierne a los reparos expuestos contra Afinia 15 En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 3 de febrero de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-10252-00. 25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jubal López Pérez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00598-00 Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00598-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

2 de marzo de 2023

Demandante: Jubal López Pérez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00598-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00598-00
Demandante: JUBAL LÓPEZ PÉREZ
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Petición y debido proceso administrativo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 3 de febrero de 2023 en el Sistema de Recepción
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial1, el señor Jubal
López Pérez, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Presidencia
de la República, la empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. - Afinia Grupo EPM y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Lo anterior, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición por
cuanto no se le ha brindado una respuesta de fondo a la solicitud que elevó el
14 de enero del presente año para que se declarara la “ruptura de la solidaridad
de la deuda” que dejó su arrendataria por no pagar el servicio público de
energía eléctrica.

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Remitido el mismo día al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación.

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Demandante: Jubal López Pérez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00598-00

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

“PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo
definitivo y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL
ORDEN[E] AL PRESIDENTE DE COLOMBIA REASUMIR LAS
COMPETENCIA[S], OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS CONFORME
ARTICULO 12 DE LA LEY 489 DE 1998 … y d[é] respuesta al derecho de
petición, ASIMISMO … ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE
SERVCICIO PUBLICOS, A EJERCER SUS FU[N]CIONES …así mismo
d{é] respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la
superservicios y a la empresa Afinia a darle tr[á]mite al derecho de
petición, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado
y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios
se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION
…

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor
superintendente de servicios públicos … manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cu[á]les son los fundamento constitucionales y [legales],
para que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la
solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de
instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el
instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide, y nadie
está obligado a lo imposibles …

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago,
manifieste bajo la gravedad de juramento diga cu[á]les son los fundamento
[s] constitucionales y [legales]para obligar a los usuarios que para
conceder los recursos de reposici[ó]n y apelación y de queja exige como
requisito absoluto el pago de la factura solidaria…

Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a
referirse de cada una de las pretensiones del derecho de petición que yo le
acciones tales como: con [qué] fundamento constitucional y legal la
empresa de energía puede suspenderme el servici[o] de energía si ante no
expide un acto administrativo…

CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de
energía eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión, atendiendo los solicitado, en sus totalidad, que no sea
aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones, concediendo los
recursos de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico
funcional que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios,
que es el control de autotutela …

QUINTO SEÑOR presidente ordene a [la] superintendencia de servicios
públicos domic[i]liarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad

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de juramento…cu[á]l es la ley, señalándola numéricamente de forma
motivada, debido que siempre contesta, que ellos solamente exigen
requisito autorizado por la ley, pero no dicen cuál es la ley …

SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a
REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS
CONFORME ARTICULO 12 DE LA LEY 489 DE 1998 …así mismo de
respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la
superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición ,
debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y
concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se
abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION …

…

DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL
GERENTE GENERAL DE AFINA, y al superintendente de servicios
públicos LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) …

D[é]cimo tercero, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO
DE OFICIOSIDAD…

DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de
tutela, debido que no existe[n] otros mecanismos judiciales para obligar a
estas entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición,
además todavía estamos en pandemia …

DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del
derecho de petición por parte del presidente de … y por el superintendente
de servc[i]cios públicos … as[í]i mismo ordenarles a ambos que en el
término no superior de dos meses realice en Valledupar un consejo
comunal con tod[a] la comunidad usuari[a] …

DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las
pretensiones que solicite a la empresa de energía que resolviera, y las que
ella resolvió, para determinar que si hubo o no peticiones reiterativa[s] para
que la empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente …

…” (sic para la cita)

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que es propietario del inmueble ubicado en la carrera 4B número 4B –
22, del barrio Jorge Eliécer Gaitán, del municipio de La Paz (Cesar), el cual le
arrendó a la señora Leonor María Larios desde el 10 de marzo de 2010. No
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obstante, la referida persona realizó un acuerdo de pago del servicio público
domiciliario de energía y, luego, se fue el 20 de mayo de 2021; con lo que, le
dejó una deuda pendiente por pagar.

Indicó que, por lo anterior, presentó una petición ante el presidente de la
República, así como del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, su
superior jerárquico y del gerente de la sociedad Afinia (Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P.), para que se diera la ruptura de la solidaridad para el pago de lo
debido; pero que, le respondieron de manera incompleta.

Señaló que presentó varias solicitudes, entre las que, identificó con los
consecutivos “202370044813 25/01/2023 y con radicado RE3111202300095”,
“202270538465, y radicado RE3111202204468 22/11/2022”. Hizo referencia, de
forma genérica, al trámite de los recursos en sede administrativa.

3. Sustento de la vulneración

La parte accionante manifestó que no ha obtenido una respuesta completa por
parte de las autoridades cuestionadas, ni clara, ni precisa ni congruente con lo
solicitado.

Adujo que las autoridades demandadas –empresa de energía y
superintendencia- no le pueden exigir requisitos que no se encuentran en la
Constitución y la Ley, para sustentar su petición frente a la ruptura de la
solidaridad de la deuda.

Mencionó que, tampoco se configuró un hecho superado, ni se trata de
solicitudes reiteradas, en tanto que, a su juicio, no ha obtenido una respuesta
de fondo, que reúna los presupuestos de tal garantía, respecto de lo pedido.
Resaltó el deber de conceder los recursos en sede administrativa.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto del 10 de febrero de 2023 se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación del presidente de la República, del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, de
los representantes legales de las empresas Afinia Grupo EPM y Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P., así como al superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios.

5. Argumentos de defensa

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:

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5.1. Presidencia de la República

Esta autoridad, a través de su Departamento Administrativo, solicitó que se le
desvincule por falta de legitimación en la causa por pasiva y que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se deniegue lo
pretendido por el actor, puesto que no ha vulnerado os derechos fundamentales
invocados.

Indicó que verificó su sistema de gestión documental y encontró que las dos
peticiones del accionante -comunicaciones radicadas bajo los números EXT22-
00090393 y EXT22-00090653-, por tratarse de los mismos hechos y
requerimientos fueron unificadas, y ya fueron contestadas a través del OFI22-
00124540 / GFPU 12000002 del 16 de octubre de 2022.

Precisó que, dado que eran comunicaciones similares, el DAPRE unificó su
trámite y emitió el oficio OFI22-00124545 / GFPU 12000002 del 16 de octubre
de 2022, mediante el cual comunicó a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios las peticiones del accionante.

Manifestó que contrario a lo señalado por el actor, el DAPRE recibió las
comunicaciones y las contestó de manera clara y en el marco de sus
competencias, indicándole que las mismas fueron trasladadas a la autoridad
que se encontró competente para resolver de fondo las inconformidades
planteadas.

Señaló que, al analizar el contenido de dichos escritos, advirtió que, no es la
autoridad competente para ejercer labores de inspección, vigilancia y control
por irregularidades que se han cometido en la expedición y cobro de sus
facturas de servicios públicos domiciliarios de las empresas AFINIA y
CARIBEMAR. Además de esta falta de competencia, el DAPRE no ha cometido
ninguna omisión que permita al accionante reclamarle la tutela de su derecho
de petición.

Aclaró que, si bien el presidente de la República manifestó mediante el Decreto
0227 de 2023 que asumiría el control de las políticas públicas o funciones de
carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas,
más no que asumiría las funciones de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Esto significa que los actos de contenido particular, los
reclamos y demás peticiones particulares, seguirán siendo del conocimiento de
las autoridades competentes para el efecto.

Destacó, en cuanto a los demás derechos invocados como la dignidad humana,
a la salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna y al debido proceso
administrativo, lo siguiente:
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i) El actor no aclara cómo la Presidencia de la República podría estar
vulnerando su debido proceso, puesto que ni siquiera se hizo alusión a que se
hubiera iniciado un trámite administrativo, ante qué autoridad, o qué derecho de
los que comprenden la aludida garantía que presuntamente le fue cercenada.

ii) La parte demandante no explicó cómo la Presidencia de la República le
puede estar vulnerando el derecho a la vida, la salud, o a una vivienda digna,
con ocasión de sus reclamos por el cobro de servicios públicos que le hace por
cierto otra entidad.

Consideró que, por lo anterior, la inexistencia de una omisión de su parte,
cuando lo que se reclama es la presunta vulneración del derecho de petición,
obliga a afirmar que falta un requisito esencial para que se pueda hablar de una
posible vulneración al derecho invocado.

Presentó como solicitud especial, lo siguiente:

“El H. Consejo de Estado, a través de sus distintos Magistrados, en virtud
de las múltiples sentencias de tutela que debe emitir frente a este mismo
tema, ya puede advertir, como nosotros lo hemos hecho, que el señor que
tiene por correo la dirección electrónica: melkiskammerer@hotmail.com, se
ha dedicado masivamente a dirigir acciones de Tutela contra la
Presidencia de la República por estos mismos hechos, pero respecto de
diferentes personas.

A esta persona, ya se le ha indicado que la Presidencia de la República no
es la competente para atender los reclamos que él enfila a nombre de
múltiples ciudadanos, en casos idénticos al de este expediente. Es más, en
varias de las acciones que él promueve por diversos temas, demanda a la
Presidencia de las República para que la competencia recaiga en las altas
Cortes…

En ese orden de ideas, el señor Melkis Kammerer, en su calidad de
abogado podría estar incurso en el incumplimiento del deber de todo
abogado contenido en los numerales 13, 16 y literal a) del numeral 18 del
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que al tenor literal preceptúan…
…

O en la en la falta contemplada en el numeral 8 del artículo 33 de la misma
codificación que al tenor literal señala…”

5.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Esta entidad se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, por lo que,
solicitó que se declare la inexistencia de violación de los derechos
fundamentales por parte de la superintendencia o su improcedencia.

Refirió el trámite relacionado con la competencia de la superintendencia contra
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los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación
que realicen las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Señaló que, la Dirección Territorial Nororiente de la Superintendencia sí resolvió
de fondo la petición de la parte accionante. Para el efecto, mediante
consecutivo 20238600656921 del 14 de febrero de 2023, informó al usuario lo
siguiente:

“En cuanto a su pretensión sobre ´DARLE tramite nuevamente al núcleo
esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho superado con
la petición anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido
de forma inconstitucional por la misma empresa ,para que procediera,
resolver de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los solicitado,
en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las
pretensiones, dicho esto, se observa que usted no aporta copia la decisión
empresarial que la empresa otorgó como respuesta a su derecho de
petición lo que impide determinar si somos o no competente para tramitar
en segunda instancia el recurso concedido por la prestadora el cual puede
ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo resuelto por el
prestador en cada actuación administrativa a recurrir, los cuales deben ser
presentado de manera independiente toda vez que cada uno de ellos
resuelve tramites diferentes, por ejemplo el recurso de reposición en
subsidio al de apelación deben ser presentados en un mismo escrito ante
el prestador el cual es el órgano funcional de primera instancia tal y como
lo establece la ley 142 del 94 y situación diferente se presenta cuando la
empresa rechaza el recurso de apelación y concede el recurso queja, el
cual debe ser presentado ante esta Superservicios dentro de los de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
empresarial, acompañando copia del acto empresarial del rechazo.” (sic
para la cita)

Precisó que dicha respuesta se comunicó al usuario al correo electrónico:
melkiskammerer@hotmail.com

Aclaró que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que se
consideran violados no es ocasionada por la superintendencia, toda vez que las
órdenes de corte, reconexión y vinculación de un reclamo a la facturación, son
una actuación de exclusiva competencia de la empresa Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM) y no es del resorte de la superintendencia,
por lo que no es posible vincular a este organismo a los efectos del fallo.
Solicitó se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.3. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM)

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o en
su defecto, se deniegue, por los siguientes motivos:

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Hizo referencia a la reclamación RE3111202101630 del 19 de julio de 2021, a
su respuesta, a los recursos y la decisión de estos, así como a la reclamación
RE3111202300095 del 14 de enero de 2023. A su vez, mencionó el
procedimiento para la declaratoria de ruptura de la solidaridad conforme con la
Ley 142 de 1994.

Sostuvo que lo pretendido por el accionante con el documento presentado el 14
de enero de 2023 es la declaratoria de ruptura de solidaridad respecto al
suministro 5840067, por lo que queda claro que el trámite que le dio la empresa
corresponde a una reclamación, la cual ya había sido previamente estudiada
por esta, y que cuenta con la sede administrativa agotada.

Agregó que se declaró improcedente el recurso de queja, para lo cual, insertó
una imagen, en la que se puede observar que mediante “Res No.
20228600111465 del 23/02/2022 de la SSPD, declara IMPROCEDENTE el
recurso de Queja contra decisión No. RE3111202101630…”.

Indicó que el actor no ha demostrado siquiera sumariamente haber sufrido o
estar sufriendo un perjuicio irremediable que no le permita hacer uso de los
demás medios de defensa con que cuenta para el estudio de su pretensión.

Señaló que no se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues el
accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho frente a las decisiones empresariales de las ESP, y las resoluciones de
la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, el cual no agotó.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19912 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20153, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

El Departamento Administrativo de la Presidencia, así como la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitaron sus
desvinculaciones, por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
3
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.

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Al respecto se observa que, el accionante no solo cuestionó lo relacionado con
la ruptura de solidaridad frente al pago de lo debido por el servicio de energía
eléctrica, sino que también cuestionó la falta de respuesta clara, precisa y
congruente con lo solicitado por parte de dichas autoridades, así como de la
empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

En consecuencia, se negarán tales peticiones, puesto que el sustento fáctico
expuesto por el demandante conlleva a que se les integre en el extremo pasivo
de la acción de tutela.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron el
derecho fundamental de petición de la parte actora. Asimismo, se analizará la
procedencia de la acción de tutela respecto de decisiones administrativas y
demás pretensiones del demandante.

4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19914, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

4.1. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas. Ley 1755 de 2015, por la cual se reguló el
referido derecho fundamental

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su

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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.»

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada5.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo6.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20007 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;

5
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
6
Sentencia T – 1075 de 2003.
7
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.

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vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa8 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.

A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

5. Caso concreto

La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental de petición por
cuanto no se le ha brindado una respuesta de fondo a la solicitud que elevó el
14 de enero del presente año para que se declarara la “ruptura de la solidaridad
de la deuda” que dejó su arrendataria por no pagar el servicio público de
energía eléctrica.

Las autoridades y empresa demandadas se opusieron a la prosperidad de lo
solicitado por la parte actora, de la siguiente manera:

5.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República:

Esta entidad precisó que identificó 2 peticiones radicadas bajo los números
EXT22-00090393 y EXT22-00090653-, que por tratarse de los mismos hechos y
requerimientos fueron unificadas, y ya fueron contestadas al accionante a
través del OFI22-00124540 / GFPU 12000002 del 16 de octubre de 2022, así:

Las peticiones:

a) EXT22- 00090393. No indica fecha. Requiere a la Presidencia de la
República revocar una resolución emitida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios donde ratificó unas facturas expedidas
por la empresa AFINIA y CARIBEMAR
8
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.

11

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b) EXT22- 00090653. No indica fecha. Requiere a la Presidencia de la
República revocar una resolución emitida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios donde ratificó unas facturas expedidas
por la empresa AFINIA y CARIBEMA

Como respuesta, a través del oficio OFI22-00124540 / GFPU 12000002 del 16
de octubre de 2022, el mencionado departamento le señaló al actor:

“Respetado señor López:

En nombre del señor Presidente de la República, reciba un cordial saludo.

Hemos recibido la comunicación enviada al Presidente de la República, en
la que nos pone en conocimiento actuaciones judiciales y manifiesta
Pretensiones 1 y 2: “(...) Requerimiento de Cumplimiento de conformidad
con el artículo 87 de la constitución (...)”. Pretensión 3: “(...) revocatoria de
resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos (...)”

Sobre el particular, es importante reiterarle que la Presidencia de la
República no puede intervenir en temas como el expuesto en su escrito,
teniendo en cuenta la autonomía de las ramas del poder público
contempladas en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el del artículo 21 de la
Ley 1437 de 2011... se ha dado traslado a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, para su consideración y fines pertinentes.”

La precitada autoridad, además, indicó que con el oficio OFI22-00124545 /
GFPU 12000002 del 16 de octubre de 2022, comunicó a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios las peticiones del accionante; lo cual, para la
Sala resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de
20119. En dicho escrito, se indicó:

“Doctor
SAMIR ANDRÉS GONZÁLEZ L.
Coordinador Atención al Ciudadano
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
sspd@superservicios.gov.co
OFI22-00124545 / GFPU 12000002

9
ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de
la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o
en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente.

12

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…

Respetado doctor González:

En nombre del señor Presidente de la República, señor Gustavo Petro,
reciba un cordial saludo

De manera atenta, le remito las comunicaciones radicadas en esta entidad,
suscritas por el señor Jubal López Pérez, en la que, por hechos expuestos
en el escrito, manifiesta Pretensiones 1 y 2: “(...) Requerimiento de
Cumplimiento de conformidad con el artículo 87 de la constitución (...)”.
Pretensión 3: “(...) revocatoria de resolución de la Superintendencia de
Servicios Públicos (...)”

Damos traslado del escrito en mención, para que, en el ámbito de sus
funciones y competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
21 de la Ley 1437 de 2011, se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar
el caso en el documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar.”

Al respecto, se advierte que, entre la documentación aportada por dicha
autoridad demandada, se incluyeron los reportes de trazabilidad de los envíos
de las mencionadas comunicaciones, visibles en la carpeta 21 del expediente
digital de Samai, con las identificaciones “OFI23-00026948 GFPUTrazabilidad
OFI22-00124540 GFPU” y “OFI23-00026948 GFPUTrazabilidad OFI22-
00124545 GFPU”.

Por tanto, en lo que respecta a dicho departamento administrativo, se denegará
la solicitud de tutela, puesto que, dicha autoridad siguió el trámite regulado para
garantizar el derecho fundamental de petición cuando se carece de
competencia.

5.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:

Esta autoridad señaló que respondió la petición del actor con consecutivo
20238600656921 del 14 de febrero de 2023, notificada al correo
melkiskammerer@hotmail.com y le informó al usuario lo siguiente:

“En cuanto a su pretensión sobre ´DARLE tramite nuevamente al núcleo
esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho superado con
la petición anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido
de forma inconstitucional por la misma empresa ,para que procediera,
resolver de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los solicitado,
en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las
pretensiones, dicho esto, se observa que usted no aporta copia la decisión
empresarial que la empresa otorgó como respuesta a su derecho de
petición lo que impide determinar si somos o no competente para tramitar
en segunda instancia el recurso concedido por la prestadora el cual puede
13

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ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo resuelto por el
prestador en cada actuación administrativa a recurrir, los cuales deben ser
presentado de manera independiente toda vez que cada uno de ellos
resuelve tramites diferentes, por ejemplo el recurso de reposición en
subsidio al de apelación deben ser presentados en un mismo escrito ante
el prestador el cual es el órgano funcional de primera instancia tal y como
lo establece la ley 142 del 94 y situación diferente se presenta cuando la
empresa rechaza el recurso de apelación y concede el recurso queja, el
cual debe ser presentado ante esta Superservicios dentro de los de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
empresarial, acompañando copia del acto empresarial del rechazo.”

Así las cosas, se advierte que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado en cuanto a lo pretendido frente a la superintendencia
acusada, en atención a que dicha entidad se pronunció respecto del
requerimiento de la parte actora durante el presente trámite y le puso en
conocimiento dicha decisión con mensaje enviado al mencionado correo
electrónico.

Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que la terminación del
proceso de tutela por carencia de objeto se presenta cuando la vulneración del
derecho fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud
de amparo, por lo que resulta innecesaria la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir alguna orden en aras de salvaguardar las garantías
constitucionales transgredidas.

Además, puntualizó que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos
de hecho: i) por hecho superado, ii) daño consumado y iii) por una situación
sobreviniente. Al respecto, señaló:

“…La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las
garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción …10”

En relación con los referidos tres supuestos, la Sala precisó lo siguiente:11

i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se

10
Sentencias SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
11
Sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 2018-04225.

14

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materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.

ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto”.12

iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión
del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada. Sobre el
particular, la citada Corporación indicó que “…el hecho sobreviniente remite a
cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez
de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto y por lo tanto caiga en el vacío’ …”13

De modo que en el caso analizado desapareció la circunstancia que podía
originar algún quebranto al derecho fundamental de petición de la demandante
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dado que
en el transcurso de la acción constitucional brindó respuesta a lo solicitado ante
dicha entidad, de ahí que cualquier orden que se imparta por esta Sala
resultaría inane.

En consecuencia, en lo atinente a la superintendencia demandada se declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado.

5.3. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM):

A su vez, la citada empresa refirió el trámite impartido frente a las
reclamaciones RE3111202101630 del 19 de julio de 2021 y RE3111202300095
del 14 de enero de 2023. Frente a esta última, indicó que lo pretendido por el
accionante con el documento presentado el 14 de enero de 2023 es la
declaratoria de ruptura de solidaridad respecto al suministro 5840067, el cual se
decidió con ocasión del reclamo anterior.

Caribemar sostuvo que mediante “Res No. 20228600111465 del 23/02/2022 de
la SSPD”, se declaró improcedente el recurso de queja contra la decisión

12
Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

15

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RE3111202101630. Por tanto, consideró que no se cumple con el requisito de
la subsidiariedad puesto que para cuestionar la legalidad de dichas decisiones
existe el medio judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, el
actor no acreditó haber agotado.

Para resolver, luego del análisis del escrito de tutela, junto con los informes
presentados por las demandadas y del material documental aportado, se
identifican las siguientes actuaciones:

El actor presentó el 19 de julio de 2021, bajo el radicado RE3111202101630
una reclamación por ruptura de solidaridad por el periodo comprendido desde el
10 de marzo 2010 (fecha de inicio en contrato de arrendamiento) hasta el 20 de
mayo 2021 (fecha de abandono del predio), por el suministro NIC 5840067.

Así, se encuentra que con la reclamación RE3111202101630 del 19 de julio de
2021 el actor solicitó:

“9. Dadas las consideraciones esgrimidas, y con fundamento en la Ley 142
de 1994, solo tengo lugar al pago de los tres primeros meses de prestación
del servicio, ya que la accionada perdió el derecho a exigir y/o recibir el
precio por no haber suspendido el servicio como consecuencia d ela mora
del usuario / arrendatario.”

Y con el escrito RE3111202300095 del 14 de enero de 2023, el accionante
pidió:

“…para que el PRESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS
PUBLICOS, COMO SUPERIOR JERAQU[I]CO FUNCIONAL ORDENEN
AL GERENTE GENERAL DE AFINIA …DARLE tr[á]mite nuevamente al
núcleo esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho
superado con la petición anterior…”

Al respecto, se encuentra que el escrito de tutela se inició de manera similar a
esta última petición, así:

“REF acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional PARA
QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE DE
COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA
SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE LALEY 489 DE 1998
DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727 DEL 2000 ,
artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211,
365 al 370 de la constitución ARTICULOS 75,DEN LA LEY 142 DE 1994, y
de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ
CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO
PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN
ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA
SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta
al derecho de petición ,así mismo el juez ordene a la superservicios y a la
16

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empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición , debido que no es
una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos
de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir
requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION …”

La empresa en cita le dio una respuesta inicial mediante comunicado de
consecutivo 202170206561 del 28 de julio de 2021, así:

“Señor:

JUVAL LOPEZ PEREZ
CARRERA 4A No. 4B-22 JORGE ELIECER GAITAN LA PAZ CESAR

NIC: 5840067

ASUNTO: Reclamación No. RE3111202101630 NIC No. 5840067

Estimado señor López:

En atención al escrito recibido en nuestro Centro de Atención Presencial el
día 19 de julio 2021, por concepto de ruptura de Solidaridad de las deudas
del suministro al respecto le informamos lo siguiente:

Realizando las validaciones correspondientes al contrato de arrendamiento
aportado, tiene como término de vigencia de 1 año, a partir de la fecha 10
de marzo 2010, por lo tanto, el periodo soportado a reclamar va desde 10
de marzo 2010 hasta 10 de marzo 2011, toda vez que no aporta una
prórroga o renovación del contrato de arrendamiento.

No obstante, a lo anterior, se procederá asociar a reclamo con el fin de
salvaguardar el debido proceso el periodo que va desde 10 de marzo 2010
(fecha de inicio en contrato de arrendamiento) hasta el 20 de mayo 2021
(fecha de abandono del predio).

Una vez revisada la documentación aportada por usted y validada a través
de nuestro sistema comercial, se pudo constatar la EMPRESA ha
efectuado varias acciones de suspensión a dicho suministro, en
consonancia a lo establecido en el Artículo 140 de la ley 142/94, por lo
tanto, no es procedente acceder a sus pretensiones.

De acuerdo con las normas legales vigentes, el suministro del servicio de
energía se entiende prestado al inmueble respectivo …

…

Le aclaramos que el arrendador es solidario con la primera factura dejada
de cancelar por el inquilino y corresponde al mes de diciembre 2010 por un
valor de $171.470 y las facturas de julio 2005, febrero, marzo y mayo 2006
que no hacen parte del periodo contractual, el cual debe ser cancelado en
su totalidad antes de la presentación de los recursos, y del cual hace parte
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del periodo contractual.

Por lo anterior, le informamos que su reclamación ha sido resuelta de
manera Desfavorable y en consecuencia se confirman los valores
facturados en el periodo reclamado.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
en subsidio, el de apelación para que sea resuelto por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios. La presentación de los recursos
deberá realizarla, por escrito y simultáneamente, ante Caribe mar S.A.S
E.S.P dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
conocimiento de la presente.

No obstante, de conformidad con el artículo 155 de la ley 142 del 94, para
presentar los anteriores recursos se deberá acreditar el pago de las sumas
que no son objeto de controversia. Los cuales para el reclamo
RE3111202101630 de fecha 19 de julio 2021 corresponden a $ 949.579;
valores que se detallan a continuación: - $949.579 por concepto de
energía, correspondiente a las facturas de los meses de julio 2005, febrero,
marzo y mayo 2006.

El pago deberá realizarlo en cualquiera de nuestros puntos de pago, los
cuales podrá encontrar en la página web
https://energiacaribemar.co/puntos-de-pago/.

…”

Dicho comunicado se notificó al actor personalmente el 4 de agosto de 2021,
quien en su contra presentó los recursos de reposición, en subsidio el de
apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El recurso de reposición lo decidido la empresa con decisión número
202170224168 del 17 de agosto de 2021 y se remitió el expediente a dicho ente
administrativo. En esta comunicación se indicó:

“En atención al Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación
presentado en nuestra oficina presencial el 11 de agosto del 2021
interpuesto contra la decisión con consecutivo No. 202170206561 de fecha
28 de julio del 2021, al respecto procedemos a informarle lo siguiente:

Al hacer el análisis de los requisitos de procedibilidad del recurso
presentado, hemos verificado que a la fecha se adeudan valores no objeto
de reclamo, correspondiente la primera factura solidaria del mes de
diciembre del 2010, por valor de $171.470 el anterior valor no fue
cancelado previa interposición del recurso en mención, se anexa estado de
cuenta.

De conformidad con el inciso 2º del Artículo 155 de la Ley 142 de 1994
para recurrir, el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas
que no han sido objeto de recursos, o del promedio de consumo de los
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últimos cinco (5) períodos de facturación.

Por lo anterior, le informamos que Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P
rechaza el recurso interpuesto, en la medida en que por expresa
disposición del Artículo 153 de la Ley 142/94, las peticiones y recursos se
tramitan acorde con lo dispuesto por las normas vigentes sobre el derecho
de petición.

Contra la presente decisión procede el recurso de queja, el cual debe
interponerse directamente ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
conocimiento de esta decisión.”

La anterior comunicación se notificó personalmente el 26 de agosto de 2021 y,
la referida superintendencia finalmente con la Resolución SSPD –
20228600111465 del 23 de febrero de 2022, decidió el recurso de queja
interpuesto por el actor, así:

“I. ANTECEDENTES

De conformidad con el acto administrativo de rechazo aportado por el(a)
usuario(a), se tiene que éste presentó una petición ante la empresa sobre
el Nic 5840067 y esta le respondió de manera desfavorable mediante
No202170206561 de fecha 28 de julio del 2021

Frente al rechazo del recurso de apelación en sede de empresa el
usuario(a) interpone ante esta Superintendencia de Servicio públicos
recurso de queja, el cual fue radicada bajo el No. 20218202469702 de
fecha, 3/9/2021

II. CAUSAL DE RECHAZO DEL RECURSO

La empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., mediante decisión
No 202170224168 del 17 de agosto de 2021 informa a JUVAL LOPEZ
PEREZ que rechaza el recurso de apelación teniendo en cuenta que el(a)
usuario(a) a la fecha se adeudan valores no objeto de reclamo,
correspondiente a la factura solidaria del mes de diciembre de 2010, por
valor de $171.470 el anterior valor no fue cancelado previa interposición
del recurso en mención, se anexa estado de cuenta.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE QUEJA

El(a) Señor(a) JUVAL LOPEZ PEREZ expuso que “es de notar que procedí
a cancelar las facturas que nuevamente me entregaron un Boucher por
valor de $171.470, de igual forma cancele las facturas por valor de
$611.569 cancelada el día 12 de agosto de 2021.
V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

…

19

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Teniendo en cuenta lo expuesto, en el caso que nos ocupa y revisando el
acervo probatorio, se tiene que la empresa le rechaza los recursos porque
a la fecha se adeudan valores no objeto de Reclamo, correspondiente a la
factura solidaria del mes de diciembre de 2010, por valor de $171.470 el
anterior valor no fue cancelado previa interposición del recurso en
mención, se anexa estado de cuenta.

Cabe resaltar que el usuario debió acreditar las sumas no objeto de
reclamo, esto con la finalidad de desvirtuar lo alegado por la empresa para
rechazar los recursos y después del análisis realizado al recurso de queja
allegado, se determina que si bien el usuario aporta el pago de la factura
solidaria folio (4), no es menos cierto que dicho pago no fue realizado en
oportunidad, toda vez que fue posterior a la fecha de presentación de los
recursos, toda vez que los recursos fueron presentados el día 11 de agosto
de 2021 y el pago fue realizado el 26 de agosto de 2021.

A su vez necesario precisar, que la carga probatoria recae sobre el usuario
y no logra desvirtuar lo manifestado por la empresa, incumpliendo de este
modo con lo establecido en el artículo 155 de la ley 142 de 1994.

…

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de queja
interpuesto por el(a) señor(a) JUVAL LOPEZ PEREZ en contra de la
decisión No 202170224168 del 17 de agosto de 2021 proferida por la
empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de conformidad con
los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

…”

La parte actora en su escrito inicial de tutela da cuenta de que conoce el
precitado acto, cuando aludió a la respuesta frente a la segunda reclamación,
así:

“…recurso de queja ante la Superintentende[n]cia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por lo que, el ente de control decidió mediante la resolución
No. 20228600111465 del 23 de febrero de 2022, declarar improcedente el
recurso de queja contra decisión No. RE3111202101630, en tal sentido,
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P se limitó a cumplir con lo ordenado…”

Asimismo, se advierte que la empresa en cuestión indicó que lo solicitado por el
actor con el escrito RE3111202300095 del 14 de enero de 2023, respecto de la
ruptura de la solidaridad del suministro 5840067 ya se resolvió con el trámite
administrativo precedente. Además, de que le respondió de la siguiente
manera:

Señor:

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jubal López Pérez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00598-00

JUBAL LOPEZ PEREZ
CORREO ELECTRÓNICO: melkiskammerer@hotmail.com
NIC: 5840067 ASUNTO: Petición No. RE3111202300095

Estimado señor López:

Con relación a su escrito presentado en nuestro centro de atención,
radicado bajo RE3111202300095 el día 14 de enero de 2023, mediante el
cual, solicita rompimiento de solidaridad desde el 10 de marzo de 2010
hasta el 20 de mayo de 2021, al respecto le informamos que, realizada la
investigación del caso, se constató lo siguiente:

En primera instancia, se observa que usted presentó escrito el día 19 de
julio de 2021, bajo el radicado No. RE3111202101630, mediante el cual
solicitó rompimiento de solidaridad desde el 10 de marzo 2010 (fecha de
inicio en contrato de arrendamiento) hasta el 20 de mayo 2021 (fecha de
abandono del predio).

Como respuesta a dicha petición nuestra empresa emitió la decisión con
consecutivo No. 202170206561 del 28 de julio de 2021 …

Ahora bien, en la presente reclamación solicita rompimiento de solidaridad
desde el 10 de marzo de 2010 hasta el 20 de mayo de 2021, no es posible,
toda vez que, parte del presente periodo reclamado ya fue objeto de
estudio en el radicado RE3111202101630.

…” (sic)

Adicionalmente, se observa que dicha empresa respondió cada uno de los
interrogantes o planteamientos del accionante (los cuales resultan coincidir
con los propuestos en esta acción de tutela, así:

a) No se accede a su solicitud de rompimiento de solidaridad, toda vez
que, no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera
que la compañía ya se pronunció al respecto, concediendo en su
momento los respectivos recursos de ley; asimismo no es posible que
exista dos contratos de arrendamientos simultáneos en el mismo
predio.

b) Caribemar no solicita requisitos adicionales a los establecidos en la ley,
para dar trámite a las solicitudes de los usuarios. Es preciso aclarar
que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de rompimiento
de solidaridad son:  Certificado de Libertad y Tradición vigente (No
mayor a 90 días). Si la dirección del certificado de tradición y libertad es
distinta a la de la factura, debe anexar el Certificado de Nomenclatura
expedido por el Instituto de Agustín Codazzi, que reporte el número de
matrícula del predio y la dirección.  Contrato de arrendamiento.

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c) se reitera que, Caribemar no solicita requisitos adicionales a los
establecidos por la ley, esto teniendo en cuenta que, la empresa es
conocedora y respetuosa de los derechos de nuestros usuarios, por
ende todas las actuaciones adelantadas por la empresa se llevan a
cabo con plena observancia de los parámetros legales, respetando la
legislación vigente y aplicable a cada caso en concreto, por lo anterior
le informamos que Caribemar ha respetado y continuara respetando los
derechos que como usuario le asisten.

d) No es posible conceder los recursos de ley, toda vez que, estos ya
fueron concedidos en su momento mediante el radicado
RE3111202101630, quedando debidamente agotada la vía
administrativa con la Resolución 20228600111465 del 23 de febrero de
2022 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
cual, resolvió confirmar la decisión de la empresa.

e) En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras
las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá
suspensiones, por lo cual se dará el trámite requerido para que se
efectúe un debido proceso, ahora, si el cliente llegare a tener facturas
no objeto de reclamación pendientes de pago la empresa podrá
suspender el servicio como lo dispone el artículo 140 de la ley 142 de
1994 y la cláusula 64ª del Contrato de Condiciones Uniformes.
Caribemar no ha sido renuente a cumplir con alguna decisión legal u
otra por ella emitida que repercuta en las relaciones contractuales
sostenidas con la reclamante, toda vez que nuestra Compañía ha dado
respuesta a su reclamo por rompimiento de solidaridad, tal como se
informó anteriormente.

f) Caribemar contesta de fondo, de forma clara y precisa a todas las
peticiones realizadas por sus usuarios.

g) Se reitera que, Caribemar no solicita requisitos adicionales a los
establecidos en la ley, para dar trámite a las solicitudes de los usuarios.

h) Se aclara que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
 Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la
dirección del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la
factura, debe anexar el Certificado de Nomenclatura expedido por el
Instituto de Agustín Codazzi, que reporte el número de matrícula del
predio y la dirección.
 Contrato de arrendamiento.

i) Se responde forma clara, precisa y congruente la petición del usuario,
esto conforme a los parámetros legales.
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j) Con relación al pago de la factura solidaria le informamos que la misma
corresponde a la primera factura dejada de pagar por el inquilino, la
cual, debió ser cancelada con la presentación de los recursos de la
reclamación con radicado RE3111202101630.

k) Nos permitimos informarle en lo que respecta a su petición que
Caribemar es una empresa conocedora y respetuosa de los derechos
de nuestros usuarios, por ende, todas las actuaciones adelantadas por
la empresa se llevan a cabo con plena observancia de los parámetros
legales, respetando la legislación vigente y aplicable a cada caso en
concreto, por lo anterior le informamos que Caribemar ha respetado y
continuara respetando los derechos que como usuario le asisten.

l) En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras
las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá
suspensiones, por lo cual se dará el trámite requerido para que se
efectúe un debido proceso, ahora, si el cliente llegare a tener facturas
no objeto de reclamación pendientes de pago la empresa podrá
suspender el servicio como lo dispone el artículo 140 de la Ley 142 de
1994 y la cláusula 64ª del Contrato de Condiciones Uniformes.

m) Caribemar se pronuncia de todas y cada una de las peticiones
expuestos en su escrito.

n) La compañía no solicita documentos adicionales a los establecidos por
la ley para dar trámite por rompimiento de solidaridad.

o) Es preciso aclarar que, los “únicos requisitos para dar trámite a
solicitudes de rompimiento de solidaridad son…”.

Al respecto, se encuentra que dicho comunicado se notificó el 25 de enero de
2023, para lo cual la Caribemar aportó el certificado de comunicación
electrónica de la empresa 472.

Así las cosas, lo que se observa es que el núcleo esencial de derecho
fundamental de petición no ha sido vulnerado por ninguna de las autoridades
demandadas, las cuales han contestado de manera congruente, clara y
precisa frente a los requerimientos del accionante, además de que se
notificaron a la parte interesada. Distinto es que tales contestaciones no
acepten lo pedido por el demandante.

De igual manera, tampoco se observa una vulneración al debido proceso
administrativo, puesto que el trámite se surtió conforme a lo dispuesto en las
normas aplicables al caso concreto, en especial, de las Leyes 142 de 1994 y
1437 de 2011.

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Ahora bien, se advierte que la inconformidad del demandante permanece a
pesar de las respuestas de las entidades demandadas, toda vez que, el
sentido de lo manifestado en dichas comunicaciones y decisiones
administrativas no corresponden a lo pretendido por este.

No obstante, la acción de tutela no es el medio judicial para cuestionar la
legalidad de los actos de la administración, bajo la justificación de que se
vulneró el núcleo esencial de la aludida garantía, cuando las respuestas no se
encuentran acordes con el querer el peticionario.

De modo que, se reitera que, la acción de tutela no es la vía para imponer
criterios ni interpretaciones normativas a las autoridades administrativas ni a
los prestadores de servicios públicos domiciliarios, cuyas decisiones pueden
controvertirse ante la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de los
medios de control ordinarios.

Por consiguiente, en cuanto a este planteamiento, se declarará la
improcedencia de acción de tutela, por los siguientes motivos:

En razón del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos relacionados
con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por las vías
ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente ante la
inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a esta
acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En este orden de ideas, se observa que el debate planteado por la actora más
allá de estar enfocado en si se dio o no una respuesta de fondo a su solicitud,
en realidad radica en la inconformidad que tiene por no accederse al
rompimiento de solidaridad de la deuda, reclamo que no procede por esta vía
pues tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 13814 de la Ley 1437 de 2011.

14
“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.”

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De manera que, en atención a que los actos administrativos proferidos por las
empresas de servicios públicos en desarrollo de un contrato son actos de
carácter particular y concreto, los cuales tienen control judicial15, así como las
decisiones que emite la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el asunto que nos ocupa solo procedería la acción de tutela de manera
excepcional y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales; sin embargo, no se advierte que exista la posible configuración
de un perjuicio irremediable que amerite acceder al amparo deprecado por la
accionante de manera urgente, teniendo en cuenta que no se acreditó que sea
un sujeto de especial protección constitucional y que no se le está prestando el
suministro de energía eléctrica al inmueble que tenía arrendado a una tercera
persona.

En lo atinente a este asunto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
de la referencia en lo que atañe a los reparos expuestos en contra de la aludida
sociedad, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

En consecuencia, se denegarán las solicitudes de desvinculación, se denegará
la solicitud de tutela frente al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de lo pretendido de la superintendencia demandada y se declarará la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de la
subsidiariedad en cuanto a los reparos expuestos contra Afinia Grupo EPM -
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela frente al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y, a su vez, declárase
la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, por los motivos descritos anteriormente.

TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Jubal López Pérez en lo que concierne a los reparos expuestos contra Afinia

15
En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 3 de febrero de 2022, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-10252-00.

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Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P., conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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