Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02781-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02781-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02781-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02781-01
Accionante: LUIS ALBERTO VILORIA GUZMÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica
/ proceso ejecutivo / defecto fáctico /
desconocimiento del precedente / reajuste de la
asignación de retiro teniendo en cuenta las
variaciones del IPC desde 1997 a 2004
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el
apoderado judicial del señor Luis Alberto Viloria Guzmán en contra de
la sentencia del 23 de junio de 2023, mediante la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado rechazó por improcedente la solicitud de
amparo.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y seguridad jurídica formulada por la parte accionante, se
fundamenta en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02781-01
Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
1. HECHOS
1.1. El señor Luis Alberto Viloria Guzmán prestó su servicio en la Policía
Nacional desde el 28 de junio de 1979 hasta el 9 de abril de 2003.
1.2. Adelantó proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR,
con el fin de solicitar el reajuste de su asignación de retiro con
incremento del IPC para los años 1993 a 2004.
1.2. La demanda correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar que, a través de sentencia del 16 de
marzo de 2017, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y
ordenó a la entidad demandada que le fuera reconocida y cancelada la
diferencia del reajuste anual de sus asignaciones de retiro a partir del
21 de junio de 2008.
1.3. Inconforme con esta decisión, el apoderado judicial del señor
Viloria Guzmán presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por
el Tribunal Administrativo del Cesar a través de sentencia del 22 de
febrero de 2018, en la que confirmó parcialmente lo resuelto por el a
quo y le ordenó a la entidad pagarle al actor la diferencia en el reajuste
anual de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008, en la
medida en que dicho incremento resulte más favorable para el
demandante que el decretado para las asignaciones en actividad.
1.4. Posteriormente, el accionante indicó que la entidad demandada no
acató el fallo judicial antes mencionado, por lo que presentó demanda
ejecutiva con el fin de obtener el pago de la condena impuesta en contra
de CASUR.
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1.5. En primera instancia el proceso correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el cual mediante
sentencia del 13 de diciembre de 2020 desestimó las excepciones
propuestas por la entidad ejecutante y ordenó seguir adelante con la
ejecución del crédito.
1.6. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, por lo que
el Tribunal Administrativo del Cesar a través de sentencia del 24 de
noviembre de 2022, decidió revocar lo resuelto por el a quo y, en su
lugar, declarar probada la excepción denominada «Pago total de la
obligación», toda vez que evidenció que la asignación de retiro se
incrementó correctamente a partir del 2004, es decir, que para el 2008
la mesada que recibía el hoy accionante se encontraba debidamente
ajustada.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo del Cesar
incurrió en un defecto fáctico y un desconocimiento del
precedente, dado que «(…) basó su decisión en el dictamen contable
practicado por el profesional universitario de dicha Corporación, el cual
dista del realizado por otro profesional de la misma entidad, en el cual
se fundamentó el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, para
dictar sentencia donde se declaró no probada la excepción presentada
por CASUR; debiéndose señalar que el tribunal permitió que fuera el
contador el que decidiera de fondo el asunto puesto bajo su
conocimiento, con lo cual desconoció su propia decisión de fecha 22 de
febrero de 2018, en la que accedió a las súplicas de la demanda, y
reconoció que existía una obligación en cabeza de la entidad
accionada».
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3. PRETENSIONES
La parte accionante solicitó lo siguiente:
«PRIMERA: Solicito se amparen los derechos fundamentales del señor LUIS
ALBERTO VILORIA GUZMÁN, al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a
la administración de justicia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se deje sin efectos la
sentencia de fecha 24 de noviembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, que revocó la decisión del 13 de diciembre de
2020, expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, y en su lugar
se dicte una decisión de reemplazo, donde se garanticen mis derechos
fundamentales, confirmando la sentencia de primera instancia, reconociendo que la
accionada CASUR no ha pagado la obligación contenida en el titulo base de la
ejecución.» (sic en toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto del 26 de mayo de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Cesar como accionado y al Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional – CASUR como terceros interesados en las
resultas del proceso.
4.1. El Tribunal Administrativo del Cesar, por conducto de la
magistrada ponente de la providencia acusada, solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no se evidencia la
vulneración de ninguno de los derechos fundamentales invocados por
el accionante, ya que la sentencia objeto de censura fue proferida en
virtud de las normas jurídicas aplicables al caso y en el ejercicio de la
autonomía del juez competente para ello.
4.2 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
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solicitó declarar improcedente la presente acción de amparo y
desvincular a la entidad por no estar legitimada en la causa por pasiva.
4.3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, por conducto de la juez titular del despacho, solicitó negar
las pretensiones de la demanda en su contra, toda vez que el proceso
ejecutivo adelantado por el hoy accionante se encuentra finalizado en
virtud de la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
5. PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23
de junio de 2023 declaró improcedente la solicitud de amparo al
establecer que la misma no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, dado que el objeto de la presente acción es
reabrir un debate terminado y concluido.
Al respecto, sostuvo que si bien el actor enuncia la transgresión del
derecho fundamental al debido proceso y seguridad jurídica, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico.
6. IMPUGNACIÓN
Contra la decisión precitada el accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.
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Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que: «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo del Cesar con la expedición de la providencia del 24 de
noviembre de 2022, por medio de la cual revocó lo resuelto por el a
quo y, en su lugar, declaró probada la excepción denominada «Pago
total de la obligación» dentro del proceso ejecutivo con radicado
número 20001333300420140015204, incurrió en un defecto fáctico y
un desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
seguridad jurídica del accionante.
Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.
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Para dar respuesta a los anteriores planteamientos, se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; iii) desconocimiento del precedente; iv)
defecto fáctico y v) el caso concreto.
3. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
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3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia de segunda
instancia fue proferida el 24 de noviembre de 2022 y la acción de tutela
se presentó el 24 de mayo del 2023.
3.1.4. Finalmente, con respecto al requisito de relevancia
constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha
delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto
tiene una marcada importancia3. Así, en sentencia T-114 de 2002,
indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de
ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.
En efecto, ha señalado que:
«(…) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
3
Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.
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porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».4
Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto
a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un desconocimiento del precedente y un defecto
fáctico en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.
Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en
cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
3.2. Desconocimiento del precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma5. En ese sentido, el
precedente judicial6 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006,
T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
6
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores
a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de
emitir un fallo”.
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no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho7.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido8. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”9.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales10, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
7
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
8
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para
resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
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principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial11.
3.3. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional12 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa13, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva14, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
11
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»15.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
4. CASO CONCRETO
De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala observa que el
Tribunal Administrativo del Cesar, en la providencia del 24 de
noviembre de 2022, consideró lo siguiente:
«(…) El apoderado judicial de la parte ejecutante, se opuso a lo señalado en el
anterior informe, bajo el entendido que se debió aplicar el aumento decretado a favor
de su prohijado durante los años 1997 a 2004, lo que incidiría en el cálculo de su
mesada pensional.
En razón a lo anterior, en auto de 27 de octubre de 2022 se requirió al Contador
Liquidador adscrito a este tribunal, para que se pronunciara respecto a las
consideraciones expuestas por la parte ejecutante, obteniéndose la siguiente
respuesta:
“(...) Antes es bueno precisar algunos conceptos para poder entender lo referenciado en
este informe lo siguiente:
“...La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que surge de la
relación laboral administrativa existente entre el Estado y los miembros de la fuerza
pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), indicó la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
Al cese definitivo de la prestación de los servicios, estos miembros se hacen acreedores
al reconocimiento y pago en forma mensual y vitalicia de una determinada suma de
dinero que tiene como finalidad garantizar, al menos, la satisfacción de las necesidades
básicas del trabajador retirado y las de su familia.
En esos términos, la asignación de retiro es la consagración de un sistema pensional
especial para la fuerza pública y, por lo tanto, una de las formas en que se materializa
el derecho a la seguridad social en este sector, lo que determina que constituya un
derecho fundamental irrenunciable...”
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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Por lo que, como lo dije anteriormente el demandante adquirió la calidad de pensionado
y/o retirado a partir del 09 de julio de 2003 con una asignación de retiro del 82%
equivalente a $901.661,00, luego de esto para la mesada del año 2004, se procedió
aplicarle según lo ordenado el incremento más favorable entre el IPC y el autorizado
por CASUR (Ver tabla No.01), y se pudo comprobar que, tal como se puede observar,
SIEMPRE FUE MÁS FAVORABLE EL INCREMENTO AUTORIZADO POR CASUR,
por lo que no existe diferencia alguna para ninguna anualidad desde el 2004 hasta el
2018, por lo que la entidad demandada NO adeuda ningún valor al demandante.
Tabla No.01 -Cuadro Comparativo
Es de aclarar que tal como lo ordena la sentencia solo se debía reconocer y pagar al
actor la diferencia en el reajuste anual de su asignación de retiro del 21 de junio de
2008, sin embargo, como se demuestra en la tabla No.01, no existe diferencia entre la
asignación de retiro reconocida y la asignación de retiro ajustada toda vez que el
resultado es el mismo debido a que el porcentaje aplicado a la asignación de retiro fue
el más alto.
Con respecto al punto tercero, la parte demandante no tiene razón, toda vez que la
sentencia es clara, en decir que CASUR, debe reconocer y pagar al actor la diferencia
en el reajuste anual de su asignación de retiro del 21 de junio de 2008 y en ningún
momento se habla de reajustar los salarios desde 1997 al 2004 como lo aduce la
demandante, por lo que es este argumento, el que le genera la confusión a la parte
demandante. (…)”
(…)
De este modo, resulta necesario reiterar que en la providencia que sirve como título
ejecutivo, se condenó a CASUR, a reconocer y pagar al actor la diferencia en el
reajuste anual de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008, teniendo
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Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
en cuenta lo establecido artículo 14 de la Ley 100 de 1993, debidamente ajustado su
valor, en la medida que dicho incremento resulta más favorable para el demandante,
que el decretado para las asignaciones en actividad.
(…)
Cabe destacar que, en la aludida decisión, se indicó textualmente que se debía
incrementar la asignación de retiro del actor, siempre y cuando esto resultara más
favorable para éste.
De conformidad con lo anterior, se advierte que en ningún aparte de la providencia
que sirve como título ejecutivo se ordenó el reajuste del salario que devengaba el
señor LUÍS ALBERTO VILORIA GUZMÁN mientras se encontraba en servicio
activo, ya que la providencia en cuestión, ordenó expresamente el reajuste de su
asignación de retiro, siempre y cuando se constatara que no se había incrementado
esta prestación social en el porcentaje adecuado.
En caso tal que el demandante considerara que la decisión en mención no se ajustaba
a lo que pretendía, debió agotar los mecanismos contemplados legalmente para
obtener una corrección de la misma, o cuestionarla en sede de tutela, por tratarse de
una providencia de segunda instancia.
De este modo, al revisar los informes presentados por el Contador Liquidador
adscrito a este Tribunal, se encuentra que la asignación de retiro del ejecutante se
incrementó correctamente a partir del año 2004; es decir, que para el año 2008, a
partir de cuando se debía aplicar el aludido aumento, la mesada que recibía el hoy
demandante se encontraba debidamente liquidada.
En síntesis, la posición adoptada por CASUR se encuentra ajustada a derecho, ya
que no resulta procedente reconocer el pago de suma de dinero alguna a favor del
ejecutante.
Así las cosas, y ya que las pruebas recopiladas en esta instancia permiten corroborar
que CASUR cumplió a cabalidad con la obligación impuesta a favor del señor LUÍS
ALBERTO VILORIA GUZMÁN; por lo que, resulta procedente concluir que la
decisión recurrida, en la que se negaron las excepciones propuestas por la entidad
ejecutada, debe ser revocada, y, en consecuencia, la decisión de seguir adelante con
la ejecución correrá la misma suerte.» (Sic en toda la cita)
Conforme con lo anteriormente transcrito, la Sala observa que el
Tribunal Administrativo del Cesar, al desatar la controversia, precisó
que en la providencia que sirvió de título ejecutivo, se condenó a CASUR
a pagar al accionante la diferencia del reajuste anual de su asignación
de retiro a partir del 21 de junio de 2008, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando
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ACCIÓN DE TUTELA
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dicho incremento resulte más favorable que el decretado para las
asignaciones en actividad para el señor Viloria Guzmán.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada indicó que en la
sentencia del 22 de febrero de 2018 no se ordenó el reajuste del salario
que devengaba el señor Luis Alberto Viloria Guzmán mientras se
encontraba en servicio activo, ya que expresamente dispuso el reajuste
de su asignación de retiro, en la medida que dicho incremento resultara
más favorable para el accionante.
Por lo anterior, la autoridad judicial accionada, al revisar los informes
presentados por el Contador Liquidador de dicha entidad, evidenció que
la asignación de retiro del accionante se incrementó correctamente a
partir del 2004, es decir que el aumento autorizado por CASUR siempre
fue el más favorable hasta el 2018, por lo que concluyó que la entidad
demandada no adeuda ningún valor al accionante.
De esta manera, comoquiera que la decisión del Tribunal Administrativo
del Cesar contiene una carga argumentativa suficiente y razonable,
sustentada en las pruebas legalmente practicadas en el proceso, de las
que se concluyó declarar probada la excepción denominada «Pago total
de la obligación», no es dable considerarla como constitutiva de un
desconocimiento del precedente o un defecto fáctico, pues, por el
contrario, responde al ejercicio de la función prevista a cargo de los
jueces, conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial.
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad, toda vez que las conclusiones a las que
llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso no obedecieron
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a un capricho o arbitrariedad ni se fundaron en su simple voluntad, sino
que, por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de
interpretación normativa y probatorio integral, en consonancia con los
contornos fácticos del caso.
Por lo tanto, es menester recordar que las discusiones adelantadas en
el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la
tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en una
instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar los
argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez
constitucional se activa únicamente en los casos específicos en que se
evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o
inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección revocará la sentencia del 23 de junio de 2023 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual se declaró
improcedente la tutela para, en su lugar, negar el amparo
constitucional solicitado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2023
por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Luis Alberto Viloria Guzmán. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Luis Alberto
Viloria Guzmán contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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