Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06494-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06494-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06494-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro1
Tema: Cosa juzgada constitucional y temeridad/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Alberto Viloria Guzmán contra
el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Valledupar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 24 de
noviembre de 2022; y ii) el Juzgado, al no hacer la “[…] Entrega del Título Ejecutivo
que reposa en la cuenta de su despacho por valor de $792.528.000 correspondiente
a la Sentencia […]”, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
radicación 200013333004201400152-04: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional – Casur por la suma de $792.528.000, frente a lo cual,
el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, mediante auto de
3 de mayo de 2019, libró mandamiento de pago contra Casur.
4. Sostuvo que, el Juzgado, mediante providencia de 13 de diciembre de 2020,
desestimó las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y ordenó seguir
adelante con la ejecución del crédito; decisión contra la cual Casur interpuso recurso
de apelación.
5. Indicó que, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia, en
segunda instancia, el 24 de noviembre de 2022, mediante la cual resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: REVÓQUESE la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, de fecha 13 de
diciembre de 2020, y en su lugar se declara probada la excepción denominada “i)
Pago total de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente decisión, y en consecuencia, dar por terminado el proceso ejecutivo de la
referencia. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] De este modo, resulta necesario reiterar que en la providencia que sirve como
título ejecutivo, se condenó a CASUR, a reconocer y pagar al actor la diferencia en
el reajuste anual de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008, teniendo
en cuenta lo establecido artículo 14 de la Ley 100 de 1993, debidamente ajustado su
valor, en la medida que dicho incremento resulta más favorable para el demandante,
que el decretado para las asignaciones en actividad […]”.
[…]
“[…] cabe destacar que, en la aludida decisión, se indicó textualmente que se debía
incrementar la asignación de retiro del actor, siempre y cuando esto resultara más
favorable para éste.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
De conformidad con lo anterior, se advierte que en ningún aparte de la providencia
que sirve como título ejecutivo se ordenó el reajuste del salario que devengaba el
señor LUIS ALBERTO VILORA GUZMÁN mientras se encontraba en servicio activo,
ya que la providencia en cuestión, ordenó expresamente el reajuste de su asignación
de retiro, siempre y cuando se constatara que no se había incrementado esta
prestación social en el porcentaje adecuado.
En caso tal que el demandante considerara que la decisión en mención no se
ajustaba a lo que pretendía, debió agotar los mecanismos contemplados legalmente
para obtener una corrección de la misma, o cuestionaría (sic) en sede de tutela, por
tratarse de una providencia de segunda instancia.
De este modo, al revisar los informes presentados por el Contador Liquidador
adscrito a este Tribunal, se encuentra que la asignación de retiro del ejecutante se
incrementó correctamente a partir del año 2004; es decir, que para el año 2008, a
partir de cuando (sic) se debía aplicar el aludido aumento, la mesada que recibía el
hoy demandante se encontraba debidamente liquidada.
En síntesis, la posición adoptada por CASUR se encontraba ajustada a derecho, ya
que no resulta procedente reconocer el pago de suma de dinero alguna a favor del
ejecutante.
Así las cosas, y ya que las pruebas recopiladas en esta instancia permiten corroborar
que CASUR cumplió a cabalidad con la obligación impuesta a favor del señor LUIS
ALBERTO VILORA GUZMÁN; por lo que, resulta procedente concluir que la decisión
recurrida, en la que se negaron las excepciones propuestas por la entidad ejecutada,
debe ser revocada y, en consecuencia, la decisión de seguir adelante con la
ejecución correrá la misma suerte […]”.
6. Indicó que, el 17 de enero de 2023, solicitó al Juzgado la entrega del título
ejecutivo por valor de $792.528.000, el cual reposa en la cuenta de ese Despacho;
sin embargo, manifestó que la autoridad judicial accionada se abstuvo de realizar la
entrega de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Cesar.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Ordenar a la Dra. […], Juez Cuarta Administrativa Oral del Circuito Judicial de
Valledupar o quien haga sus veces, expedir en un tiempo prudencial, perentorio una
ORDEN Y AUTORIZAVIÓN DE PAGO a nombre de LUIS ALBERTO VILORIA
GUZMAN […] por valor de $792.528.00 contra el Banco Agrario de Colombia S.A.
[…]”.
[…]
“[…] De conformidad en lo dispuesto a la Sentencia de Primera Instancia Acta N° 54
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho proferida por el Juzgado Cuarto
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Administrativo Oral de Valledupar el día 16 de marzo de 2017 Rad. N° 20-001-33-33-
004-2013-00152-00. y Sentencia de Segunda Instancia de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el día
22 de febrero de 2018 Rad. N° 20-001-33-33-004-2013-00152-01, Magistrada
Ponente Dra. […]”.2
7.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó lo siguiente:
“[…] Señor Juez Constitucional de Tutelas, queda demostrado en las anteriores
documentaciones adjuntas a la presente ACCIÓN DE TUTELA, que la señora juez
cuarta Administrativa Oral de Valledupar, Doctora […], accionada, no le ha dado
cumplimiento a lo ordenado en dichas sentencias, absteniéndose de expedir la
ORDEN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, según lo establecido en el ACUERDO
PCSJA21-11731-29/01/2021 – Artículo 13. Orden y autorización de pago. Los
depósitos judiciales se pagaran únicamente al beneficiario o a su apoderado, según
orden expedida por funcionario judicial competente “(…) “(…) del Banco Agrario de
Colombia S.A. […]”.
[…]
“[…] El día 24 de noviembre de 2022, en sentencia Ejecutiva de segunda Instancia,
el tribunal Administrativo del Cesar Radicado N° 20-001-33-33-004-2014-00152-04,
en su Artículo 1 declaro (sic) probada “La Excepción denominada pago total de la
obligación” repito, decisión de la Entidad accionada que no es cierta, riñe con la
verdad porque la Entidad Judicial demandada, accionada, nunca, jamás ha extendido
la ORDEN DE PAGO en el tiempo a favor del suscrito accionante contra el Banco
Agrario de Colombia S.A., para la cancelación de dicha obligación.
Así que queda demostrado en la certificación Bancaria que dicho dinero se encuentra
a mi nombre depositados para ser retirados de dicho Banco, repito solamente falta la
ORDEN DE PAGO expedida por el funcionario Judicial competente, por tanto la
señora Juez accionada le da una interpretación Jurídica errónea a la Sentencia
Ejecutiva de Segunda Instancia en comento […]”.
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de octubre de 2023; i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar y al Juez Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar; y iii) vinculó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
Casur, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres
(3) días para que rindieran informe sobre el particular.
2 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
9. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que:
“[…] en condición de Presidente de esta Corporación, atendiendo al auto de fecha 27
de octubre de 2023, notificado en el buzón de correo electrónico de la Corporación el
día 31 de octubre de 2023, proferido por su despacho, dentro del término estipulado
en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, de la manera más comedida me permito
contestar la tutela interpuesta por LUIS ALBERTO VILORIA GUZMÁN, informándole
que el señor VILORIA GUZMÁN ya había interpuesto acción de tutela por la decisión
proferida por esta Corporación mediante providencia del 24 de noviembre de 2022,
en la cual se revocó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Valledupar, de fecha 13 de diciembre de 2020, y en su lugar se declaró
probada la excepción denominada “i) Pago total de la obligación, y en consecuencia,
dió (sic) por terminado el proceso ejecutivo, dentro del expediente radicado No. 20-
001-33-33-004-2014-00152-04, siendo Magistrada Ponente, la doctora […]”.
[…]
“[…] En razón a lo expuesto, la solicitud de amparo de la referencia deviene
improcedente por haberse configurado una actuación temeraria. […]”.
10. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur solicitó i) declarar
la improcedencia de la acción de tutela; y ii) su desvinculación, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:
“[…] Para el caso en particular ya existió un pronunciamiento por parte del Tribunal
Administrativo Del Cesar, el cual ordeno (sic) revocar la sentencia proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, de fecha 13 de
diciembre de 2020, y en su lugar se declaró probada la excepción denominada “i)
Pago total de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente decisión…” y en consecuencia, dio por terminado el proceso ejecutivo. […]”.
[…]
“[…] Expuesta la jurisprudencia citada en precedencia, el trámite alegado por el
accionante en la presente tutela debe ser declarado improcedente, ante la
consagración del patrimonio público como un derecho colectivo, y ante el carácter
subsidiario de la acción de tutela. […]”.
[…]
“[…] Aunado a lo expuesto, Se solicita DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela y se proceda a DESVINCULARNOS, teniendo en cuenta que es una tutela que
cursacontra (sic) del Tribunal Administrativo Del Cesar y el Juzgado Cuarto
Administrativo Del Circuito Valledupar. […]”
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
11. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar allegó copia
digital del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 200013333004201400152-04
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20214 y el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión Previa
Falta de legitimación en la causa por pasiva
14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los
siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
17. La Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
Casur solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la
causa por pasiva.
18. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad obra como parte demandada
en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
200013333004201400152-04, razón por la cual se vinculó como tercero con interés
legítimo en la tutela de la referencia.
19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – Casur, le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional – Casur.
Problemas Jurídicos
21. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) establecer si existe cosa juzgada y temeridad respecto a esta acción
constitucional; en caso negativo, ii) determinar si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, iii) establecer si el
Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Valledupar desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad del actor dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 200013333004201400152-04.
22. Para resolver estos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y jurisprudencial de la
figura de la temeridad; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a
la igualdad; v) análisis del caso en concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales de procedibilidad y,
finalmente vi) las conclusiones de la Sala.
La cosa juzgada constitucional
23. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de 20188,
señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más acciones
de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi y objeto.
24. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el
mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la identidad
de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de causa y; iii) la
identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental9.
25. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la emisión
de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible de ser
valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una segunda
solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos […]”10. Estos casos
han sido definidos por la Corte de manera restrictiva, pues sólo se han considerado
como hechos nuevos, es decir los que justificarían la interposición de una segunda
acción sin desdibujar la cosa juzgada, aquellos pronunciamientos con efectos erga
omnes que tienen vocación de universalidad.
26. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que11:
8 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
9 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
10 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre
de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada12, cabe advertir que se le
ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por
la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por
lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo
que se ha disputado. […]”.13
Marco normativo y jurisprudencial de la figura de la temeridad
27. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199114 sobre
la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante varios
jueces. La referida norma jurídica señala:
“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.
28. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados
pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:
“[…] En Sentencia T-502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación
que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más
acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada constitucional,
por un lado, y la tutela temeraria, por otro.
En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes distintos
de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela de manera
repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona interpone la
acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta cuando,
después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es nuevamente
presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar el juez, para
el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben resolverse
desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio de cosa
juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en cualquiera
de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un motivo
expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las sanciones
previstas en la ley para esa eventualidad.
12 Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de
julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras
providencias.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22
de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
[…]
La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una
tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en
su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones15. La
verificación de esta triple identidad, prima facie16, torna improcedente la nueva
acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable17. Para la Corte, la necesidad de esa
verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil18, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica -en el sentido explicado-
con uno anteriormente decidido.19
Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de
tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional20 ha puntualizado
que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla
por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en la
medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones21; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”22; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción”23; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”24.
De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia, ‘[…] de la simple comprobación de
la coincidencia en partes, hechos y pretensiones, no puede colegirse la existencia
de temeridad como quiera que ésta comporta una actuación dolosa y torticera, de
manera que para su declaración, el juez de tutela debe analizar con especial cuidado
si la nueva acción de amparo constitucional viene orientada por dichos criterios o si,
por el contrario, atiende a otras motivaciones circunscritas dentro del principio de
buena fe que cobija al actor.’
En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que,
de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una
perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se
configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el
ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una
condición de ignorancia25 o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no
15 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería. “[…] En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de
partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la
acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las
condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso,
así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos
fundamentales […]”.
17 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
18 Ese artículo dispone que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada […]”.
19 Cfr. Sentencia T-1104 de 2008.
20 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
21 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
24 Sentencia T-001 de 1997.
25 Sentencia T-184 de 2005.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
por mala fe26; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho27, o, (iii)
la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante28. Adicionalmente, la Corporación se ha referido a la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una
sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo
de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos
y con la misma pretensión29.
En ese contexto, advierte la Sala que un criterio relevante para determinar la
existencia de temeridad es el hecho de si se manifiesta o no la existencia de tutelas
anteriores que puedan relacionarse con el mismo asunto. Sobre el particular hay un
mandamiento legal expreso, conforme al cual “[e]l que interponga una acción de
tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra
respecto de los mismos hechos y derechos”30. En general, quienes acuden a los
jueces para solicitar amparo constitucional, no pueden escudarse en matices que
puedan diferenciar las distintas acciones de tutela para eludir su deber de informar
al juez acerca de la existencia de una tutela anterior, sobre la misma materia, así
presente elementos que la diferencian en cierta medida. Ello no solo resultaría
contrario a la lealtad procesal, a la transparencia y la economía en la actividad
judicial, sino que, además, desde el punto de vista del interés mismo del accionante,
resulta útil para advertir al juez sobre la arista del problema en torno al cual ahora
se hace girar la solicitud de amparo constitucional, descartando aquellos elementos
que ya fueron objeto de decisión judicial.
Así, quien considere que, no obstante haber presentado una acción de tutela en
relación con un asunto determinado, existen elementos nuevos que le permiten
acudir de nuevo al juez constitucional, debe, en desarrollo de la obligación prevista
en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de criterios de elemental lealtad
procesal, expresarlo así al juez, para que sea el quien decida si sobre la materia
existe cosa juzgada, o si cabe una nueva solicitud debido a circunstancias que
impiden que el caso concreto opere dicho fenómeno.
En este sentido, reitera la Sala, no cabe que los accionantes, en particular cuando
son asistidos por profesionales del derecho, a partir de una reformulación de los
argumentos, o de la inclusión de nuevos sujetos demandados, o de la
fundamentación de las pretensiones en hechos que se consideran nuevos o
sobrevinientes, omitan el deber de manifestar la existencia de una tutela previa, sin
que, por otra parte, dicha manifestación implique, per se, la improcedencia de la
nueva solicitud de amparo, porque, como se ha dicho, el juez, en cada caso
concreto, debe valorar si se presentan tanto la cosa juzgada como la temeridad.
A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Sala que, en los procesos de
tutela, cuando en un mismo asunto se han presentado sucesivas solicitudes de
amparo, se pueden presentar situaciones en las que hay cosa juzgada y temeridad,
como cuando se presenta una acción de tutela sobre un asunto ya decidido
previamente en otro proceso de tutela, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud; otras en las que hay cosa juzgada, pero no temeridad, lo cual
puede ocurrir, por ejemplo, cuando, de buena fe y, usualmente, con expresa
manifestación de estar acudiendo al amparo por segunda vez, se interpone
26 Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de
1996, T-001 de 1997.
27 Sentencia T-721/03.
28 Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
29 Sentencia SU-388/05.
30 Decreto 2591 de 1991, artículo 37.
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Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
una segunda tutela debido a la convicción fundada de que sobre la materia no
ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, y, finalmente, casos en los cuales
hay temeridad, pero no cosa juzgada, lo que acontece cuando se presenta
simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo que presentan la triple
identidad a la que se ha aludido.
En todo caso, como se ha dicho, la apreciación de ambos fenómenos debe hacerse
a la luz de las circunstancias de cada caso en concreto, puesto que, en atención a
que lo que está de por medio es la afectación de derechos fundamentales, el juez
constitucional tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias en orden
a disponer la operancia de tales fenómenos [...]”31. (Resaltado de la Sala)
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a
las personas el ejercicio pleno de sus derechos […]” de manera que ha resaltado
que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales
del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas
las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y
libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
31 Sentencia T-560 de 2009.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
31. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
32. Atendiendo a que la Corte Constitucional33 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho
internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones
irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de
medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante
circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso en concreto
33. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 24 de
noviembre de 2022; y ii) el Juzgado, al no hacer la “[…] Entrega del Título Ejecutivo
que reposa en la cuenta de su despacho por valor de $792.528.000 correspondiente
a la Sentencia […]”, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de
33 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
radicación 200013333004201400152-04: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
36.1. Copia en medio digital del expediente del proceso ejecutivo adelantado con
el número único de radicación 200013333004201400152-04.
36.2. Copia en medio digital del expediente de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202302781-01.
Solución del caso concreto
Análisis de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en el caso concreto
37. Antes de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y abordar el
estudio del caso concreto, la Sala advierte que resulta necesario verificar si en efecto
se configuró la cosa juzgada frente a los reparos que el actor propuso contra el
Tribunal Administrativo del Cesar, en relación con la acción de tutela identificada con
el número único de radicación 110010315000202302781-01. Para tal efecto, se
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
analizará la identidad entre ambas acciones de tutela, cómo se observa a
continuación:
Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
110010315000202302781-01 110010315000202306494-00
(Proceso actual)
Partes Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo del Demandados: Tribunal Administrativo del
Cesar. Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito de Valledupar.
Causa La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en que,
que, a juicio del actor, el Tribunal a juicio del actor, i) el Tribunal Administrativo
Administrativo del Cesar, al proferir del Cesar, al proferir sentencia de 24 de
sentencia de 24 de noviembre de 2022, en noviembre de 2022; y ii) el Juzgado Cuarto
el proceso ejecutivo identificado con el Administrativo Oral del Circuito de
núm. único de radicación Valledupar, al no hacer la “[…] Entrega del
200013333004201400152-04, vulneró Título Ejecutivo que reposa en la cuenta de
sus derechos fundamentales. su despacho por valor de $792.528.000
correspondiente a la Sentencia […]”, en el
proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación
200013333004201400152-04: vulneraron
sus derechos fundamentales.
Objeto La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretende el amparo de
de los derechos fundamentales al debido los derechos fundamentales a la igualdad y
proceso, a la seguridad jurídica y de al debido proceso y, en consecuencia, i)
acceso a la administración de justicia y, dejar sin efectos la sentencia de 24 de
en consecuencia, dejar sin efectos la noviembre de 2022, proferida en el proceso
sentencia de 24 de noviembre de 2022, ejecutivo adelantado con el núm. único de
proferida en el proceso ejecutivo radicación 200013333004201400152-04; y
identificado con el núm. único de ii) se ordene al Juzgado Cuarto
radicación 200013333004201400152-04; Administrativo Oral del Circuito de
y ordenar que se confirme la sentencia Valledupar expedir título ejecutivo conforme
de primera instancia de 13 de diciembre se resolvió en la sentencia de 13 de
de 2020 “[…] (…) reconociendo que la diciembre de 2020 proferida por ese
accionada CASUR no ha pagado la despacho.
obligación contenida en el titulo base de
la ejecución […]”.
38. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, frente a los reparos propuestos
por el actor contra el Tribunal Administrativo del Cesar, existe identidad de partes,
puesto que coincide el actor en ambas acciones de tutela y la parte demandada, tal
cual se observa en el cuadro expuesto supra.
39. Igualmente, la Sala observa que, en relación con la autoridad mencionada
supra, coincide la causa entre las solicitudes de amparo, toda vez que en ambas
acciones de tutela la inconformidad del actor gira en torno a lo resuelto en la
sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida en el proceso ejecutivo identificado
con el núm. único de radicación 200013333004201400152-04, mediante la cual se
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
revocó la sentencia de 13 de diciembre de 2020 proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Valledupar.
40. Finalmente, la Sala encuentra que existe identidad de objeto, en tanto que en
ambas acciones de tutela se alegó la presunta vulneración del derecho fundamental
al debido proceso y, además, la pretensión es la misma frente al Tribunal
Administrativo del Cesar.
41. La Sala precisa que, el hecho de que el actor en la solicitud de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202306494-00 persiga
otra pretensión frente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar, no descarta que en ambas solicitudes se persigue una pretensión
idéntica, esto es, dejar sin efecto la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida
en el proceso ejecutivo identificado con el núm. único de radicación
200013333004201400152-04.
42. Sin embargo, la Sala descarta la existencia de la cosa juzgada, teniendo en
cuenta que el expediente del proceso de la acción de tutela identificado con el
número único de radicación 110010315000202302781-01, fue remitido a la Corte
Constitucional a efectos de determinar su selección para una eventual revisión, sin
que a la fecha se haya proferido auto que decida sobre la selección o no de dicha
providencia34.
43. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, pese a que se encuentra
demostrada la triple identidad, no hay lugar a declarar la existencia de la cosa
juzgada, teniendo en cuenta que la acción de tutela identificada con el número único
de radicación 110010315000202302781-01 se encuentra en trámite ante la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
44. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta del actor puede
ser calificada como temeraria.
45. Al respecto, según la jurisprudencia citada con anterioridad, una actuación es
considerada como temeraria en los eventos en que, además de advertirse la
34Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2023-
01-01&date4=2023-11-21&radi=Radicados&palabra=Viloria+guzman&radi=radicados&todos=%25
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
identidad estudiada en precedencia, el juez en el caso concreto observa mala fe del
actor, que puede entenderse en los siguientes eventos: i) cuando su proceder es
amañado, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; ii) se advierta un propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable; iii) deje al descubierto el “[…] abuso del derecho porque deliberadamente
y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción […]”; o iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.
46. En el caso concreto, en primera medida, tal cual como se expuso previamente,
frente a los reparos que el actor propuso contra el Tribunal Administrativo del Cesar
se configuró la identidad de partes, causa y objeto entre la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202302781-01 y la
presente acción de tutela.
47. Respecto de la actuación temeraria, la Sala considera que la actuación del
actor resulta temeraria, si se tiene en cuenta que no se configura ninguna de las
circunstancias excepcionales a las que hace referencia la Corte Constitucional para
la no configuración de una actuación temeraria ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de dos acciones de tutela.
48. En ese sentido, atendiendo a que el actor ya había presentado una acción de
tutela que tiene identidad de partes, causa y objeto respecto de la acción de tutela
de la referencia, la Sala considera que en el presente caso se configuró la temeridad,
razón por la cual, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199135,
la solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar será rechazada.
49. Sin embargo, la Sala considera innecesaria la sanción derivada de una
actuación temeraria, en la medida en que no se advierte un propósito desleal por
parte del actor de obtener la satisfacción de su interés individual a toda costa, ni se
evidencia una actuación de mala fe, toda vez que, dentro de la acción de tutela de la
referencia se advierte que el tutelante considera que formular una pretensión
35 “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” (Negrillas fuera del texto).
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
adicional contra el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar,
justifica la interposición de la presente acción constitucional.
50. Finalmente, la Sala advierte que, los reparos propuestos por el actor contra el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar relacionados con la
falta de “[…] Entrega del Título Ejecutivo que reposa en la cuenta de su despacho por
valor de $792.528.000 correspondiente a la Sentencia […]”, en el proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 200013333004201400152-04,
desbordan el ámbito de competencia del juez constitucional, toda vez que concierne
a un aspecto relacionado con el proceso ejecutivo objeto de debate y cuya
competencia radica en el juez natural de la causa, autoridad judicial que, de
conformidad con lo resuelto en dicho proceso, cuenta con los elementos necesarios
para determinar si hay lugar o no a la solicitud del actor.
51. La Sala precisa que, al respecto, no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales frente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar.
Conclusiones de la Sala
52. En suma, la Sala i) rechazará por temeridad la acción de tutela que presentó
el actor contra el Tribunal Administrativo del Cesar; y ii) declarará la improcedencia
de la acción de tutela que presentó el actor contra el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito de Valledupar.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: RECHAZAR por temeridad la acción de tutela que presentó el actor
contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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