Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02793-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02793-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02793-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
21 de septiembre de 2023
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02793-00
Accionantes: Martha Jaqueline Méndez Carballo y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02793-00
Accionantes: Martha Jaqueline Méndez Carballo y otro
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual
se sancionó disciplinariamente a los aquí accionantes.
Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad y ausencia
de un perjuicio irremediable.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Jaqueline Méndez
Carballo y el señor Misael José Muñoz Arizmendi en contra de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de
Córdoba y de Sucre.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Martha Jaqueline Méndez Carballo y el señor Misael José Muñoz Arizmendi,
por intermedio de apoderado judicial, promovieron demanda en orden a que se tutelen
sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la
igualdad y, junto con ellos, a la presunción de inocencia y al principio de non bis in
idem.
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Accionantes: Martha Jaqueline Méndez Carballo y otro
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron lo siguiente:
«[…] 2. REVOCAR la sentencia en segunda instancia, proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados
Becerra, en la que se condena a mis representados con seis (6) meses de suspensión
sin ejercer la actividad profesional y al pago de ocho (8) SMMLV, por las razones que
fueron expuestas y las que se expondrán en la parte motiva de esta acción constitucional.
3. Como pretensión subsidiaria a la principal, solicito declarar la nulidad de todo lo
actuado por violación del Debido Proceso (sic) y falta de garantías de defensa y
contradicción, notificación y principio de publicidad, dado que mis representados no
fueron enterados de la actuación ni en primera ni en segunda instancia, no pudieron
defenderse y conocer materialmente las (sic) fundamentos de su sanción.
4. ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, que
investigue de oficio, por faltas al abogado Luis Eduardo Pérez pastrana que es quien,
con su actuar, y en compañía de su hermano Alfonso Pérez Ortiz se rebela contra la
ética profesional y las conductas que castiga la ley 1123 de 2007. Sin embargo, al tener
el primero calidad de abogado titulado, le compete a la referida entidad iniciar con la
investigación por los hechos que aquí se plasmaron, acompañado del acervo probatorio.
5. ORDENAR a la asociación Asolavamos y a su actual representante legal, retractarse,
por los mismos medios en que lo han hecho, de las afirmaciones deshonrosas y
calumniosas en contra de mis representados que han afirmado en los últimos seis (6)
años desde que se hizo la negociación con la Alcaldía de Montería, donde han afirmado
y han regado en toda la ciudad de Montería, que mis representados “son unos
ladrones” y les “robaron” su dinero producto del dinero que entregó el ente territorial
en el mes de noviembre del año 2017.
6. COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación de Córdoba y al Gaula
de la Policía Metropolitana de Montería, con el fin de que investiguen penalmente a
los señores Alfonso Pérez Ortiz y Luis Alfredo Pérez Pastrana, la presunta comisión
de delitos de falsa denuncia, fraude procesal, y en calidad de determinadores o
coautoría en otros tipos penales, como las que han cometido los miembros de la
agremiación: Amenazas, extorsión, Constreñimiento, lesiones personales, injuria y
calumnia agravadas y por vías de hecho, entre otras. Así mismo para que esas
entidades den impulso y celeridad procesal a las denuncias presentadas. En el
Gaula, reposa una denuncia penal por Extorsión desde el año 2020 que presentó mi
representado Misael Muñoz en contra de su victimario Juan Carlos Alzandre
González.
7. Solicito que se vincule a la Fiscalía General de la Nación de Córdoba, con el fin de
que aporte las pruebas de la investigación que fue presentada en contra de ellos por el
punible de Estafa. Así mismo del estado actual de las denuncias penales que han
interpuesto mis poderdantes en esa entidad contra sus victimarios.
8. Las demás que por facultades ultra y extra petita considere el honorable magistrado
ponente […]». (transcripción literal)
1.1.2. Los hechos
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El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
i) En el año 2009, la señora Martha Jaqueline Méndez Carballo y el señor Misael José
Muñoz Arizmendi fueron contactados por el señor José de Dios Alba (hoy fallecido),
quien fungía como líder de una comunidad de lavadores de carros y motos,
actualmente establecida como la asociación Asolavamos, por la problemática
suscitada entre dicha comunidad y la Alcaldía de Montería, debido a que esta última
los desalojó del espacio público ubicado en la Avenida 1a de Montería, con el fin de
continuar y expandir el parque Ronda del Sinú, sin prever una alternativa económica o
de reubicación que les permitiera seguir obteniendo el sustento para sus familias,
afectando, así, sus derechos fundamentales.
ii) Los abogados Méndez Carballo y Muñoz Arizmendi aceptaron representar a los
miembros de la agremiación precitada, para lo cual pactaron con el señor José de Dios
Alba la modalidad de honorarios a cuota litis, forma de pago con la que estuvo de
acuerdo el señor Julio César Pérez Suárez, como sucesor del señor José de Dios Alba.
iii) Como apoderados de dicha Asociación, los señores Méndez Carballo y Muñoz
Arizmendi instauraron acción de tutela en contra de la Alcaldía de Montería, con el fin
de obtener la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo de
los integrantes de dicha asociación, pues aquellos suplían sus necesidades básicas y
las de sus familias con lo que ganaban diariamente al ejercer su labor en el espacio
objeto de disputa, de tal manera que al ser desalojados sin mediar alguna alternativa
quedaban en una situación de desprotección y vulnerabilidad absoluta.
iv) Inicialmente, la solicitud de amparo fue negada en primera y segunda instancia; sin
embargo, en el año 2011, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-458 de
2011, revocó las anteriores decisiones y, en consecuencia, amparó los derechos de
los lavadores de vehículos y ordenó a la Alcaldía de Montería establecer un plan de
reubicación o alternativas económicas distintas para aquellos asociados que no estén
interesados en continuar con las actividades de lavado de vehículos, con el fin de
garantizar el derecho fundamental al mínimo vital.
v) A pesar del triunfo de la agremiación sobre la Alcaldía y de que estos fueran
reintegrados al lugar donde ejercían su actividad laboral, solo después de varios años
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de litigio desde que fue expedida la sentencia de la Corte Constitucional, lograron llegar
a un acuerdo económico con la Alcaldía por la suma de $ 450.000.000 para que los
lavadores de vehículos desalojaran ese espacio.
vi) De la cifra obtenida, los abogados Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael José
Muñoz Arizmendi, que para el año 2017 llevaban ocho años continuos trabajando con
la Asociación, sin obtener retribución alguna por su trabajo, descontaron sus
honorarios por la modalidad de cuota litis que previamente había sido pactada por el
50% de la suma conseguida, debido a la complejidad del litigio.
vii) El 17 de mayo de 2018, la señora Nurys Ester González Coavas formuló queja
disciplinaria en contra de los profesionales de derecho mencionados, puesto que en
su caso aquellos se apropiaron de la suma de $ 6.333.333 cuando solo les
correspondía, por el 20 % pactado, el monto de $ 1.666.666, hecho que, en su criterio,
constituye una actuación desleal.
viii) En el año 2020, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba sancionó
disciplinariamente a los abogados Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael José
Muñoz Arizmendi, por apropiarse de unos dineros que no les correspondían.
ix) El 31 de marzo de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial «en sentencia
de segunda instancia los sancionó con la suspensión del ejercicio de la profesión por
el término de seis (6) meses y el pago de una multa de ocho (8) SMMLV».
x) Los abogados precitados solo tuvieron conocimiento de la anterior sanción hasta el
9 de mayo de 2023 cuando revisaron unas actuaciones en la página web de consulta
de procesos de la Rama Judicial, ya que nunca fueron notificados en debida forma del
proceso disciplinario, con el fin de poder ejercer su derecho de defensa y contradicción.
1.1.3. Fundamentos de derecho
Los accionantes consideraron que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneraron sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la igualdad y, junto
con ellos, a la presunción de inocencia y al principio de non bis in idem. Para el efecto,
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afirmaron que aquellas autoridades incurrieron en las siguientes causales específicas
de procedibilidad:
1. Defecto sustantivo, al estar eximidos de responsabilidad, de conformidad con lo
previsto en el ordinal 2.° del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, comoquiera que
obraron en estricto cumplimiento de un deber constitucional de mayor importancia que
el sacrificado, «es decir, de conductas que les fueron endilgadas como la de indebida
apropiación de dineros».
Asimismo, por la indebida aplicación de la causal contenida en el numeral 5.° del
referido artículo, ya que existió una coacción ajena e insuperable, «debido a la presión
que ejercían los señores Alfonso Pérez Ortiz y Luis Alfredo Pérez para arrebatar el
negocio», pues estos son, «los autores intelectuales de todos los ataques que han
sufrido y los que han sembrado odio y cizaña a los lavadores, diciéndoles que los
estafaron y les robaron su dinero, porque [los accionantes] no debieron cobrar el
porcentaje que cobraron por sus honorarios sino el 20%; como si aquellos fueran una
autoridad para decir cuánto debían cobrar por concepto de honorarios o hubiesen
estado presentes en el momento en que se pactó esa cifra con la directiva, por lo que
simplemente son unos aprovechados que han pretendido sacar provecho de una
sentencia que ellos no consiguieron».
2. Error inducido, puesto que la quejosa ocultó información sobre los motivos por los
cuales recibió el dinero que le fue entregado, con la intención de que aquellos fueran
sancionados, y, adicionalmente, omitió suministrar la dirección del lugar de residencia
de estos, para que no pudieran defenderse en el proceso disciplinario.
3. Desconocimiento del precedente judicial, por cuanto las accionadas inobservaron
los pronunciamientos de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional, en los que se desarrollaron las
tablas de honorarios y se avaló la cuota litis en el cobro de honorarios profesionales
de hasta el 50 % de lo obtenido.
4. Violación directa de la Constitución Política, debido a que desconocieron (i) todas
las garantías de defensa y el principio de publicidad, puesto que las autoridades
accionadas tenían el deber de notificarlos del proceso disciplinario; (ii) la presunción
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de inocencia, comoquiera que en el encabezado de la información contenida en la
página de la Rama Judicial evidenciaron lo siguiente: «Apelación de providencia de
fecha 13 de mayo de 2020 que ordena sancionar con suspensión en el ejercicio de la
profesión por el término de seis (6) meses y multa de ocho (8) SMMLV a los doctores
MISAEL JOSÉ MUÑOZ ARISMENDI y MARTHA JAQUELINE MÉNDEZ CARBALLO
por presunta comisión de la falta descrita en el artículo 35 núm. 4 de la ley 1123 de
2007», por lo que no resulta lógico que se siga respetando su presunción de inocencia,
ya que no puede proferirse una sentencia condenatoria, sin haberse desvirtuado dicha
presunción y establecido la culpabilidad más allá de la duda razonable; y (iii) el principio
de non bis in idem, debido a que fueron sometidos a una investigación penal por el
delito de estafa, acusándolos de haberse quedado con dineros que, según el allí
denunciante, no les correspondían; sin embargo, dicha investigación fue precluida y
archivada al no encontrarse méritos para llevarlos a juicio, de tal manera que aquellos
no podían ser objeto de una nueva investigación por los mismos hechos y mucho
menos habérseles condenado.
5. Defecto procedimental, toda vez que no resulta claro cómo una sentencia
condenatoria que expidió la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba en
el año 2020, «es decir, una sentencia que quedó en firme o hizo tránsito a cosa juzgada
hace 3 años, pudo apelarse», sin mediar ningún tipo de notificación y sin brindar la
oportunidad de ejercer sus derechos y las garantías contempladas en el artículo 29 de
la Constitución Política de Colombia.
De otra parte, manifestaron que «al parecer también presentaron en contra de ellos
una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre» lo
cual, en caso de que sea cierto, vulnera su derecho fundamental al debido proceso y
la garantía de non bis in idem, puesto que nadie puede ser investigado o juzgado dos
veces por el mismo hecho. Además, señalaron que aquella autoridad incurriría en una
vía de hecho por error inducido, por la mala fe de los miembros de la asociación
Asolavamos y, en especial, de quienes ahora les brindan asesoría.
1.2. Actuación procesal
El 12 de julio de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la acción
de la referencia en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la
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Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, al haber conocido el proceso
disciplinario con radicado 23001-11-02-000-2018-00236-00/01, y de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, y (ii) ofició a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Córdoba, para que notificara a todos los sujetos que intervinieron
dentro del proceso precitado, a excepción de los señores Martha Jaqueline Méndez
Carballo y Misael José Muñoz Arismendi y, adicionalmente, remitiera copia digital del
expediente referido.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba
La magistrada María del Socorro Jiménez Causil afirmó que su despacho adelantó en
primera instancia el proceso disciplinario con número 23001-11-02-000-2018-00236-
00, en el que (i) el 13 de junio de 2018, profirió auto de apertura; (ii) el 13 de mayo de
2020, profirió sentencia de primera instancia, en la que sancionó a los abogados
Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael José Muñoz Arismendi con suspensión
del ejercicio de la profesión por el término de seis meses y multa de ocho (8) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, al encontrar acreditada la comisión de la falta
prevista en el numeral 4.° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, ante el
incumplimiento del deber consagrado en el numeral 8.° del artículo 28 de la referida
disposición; y (iii) el 10 de marzo de 2023, remitió el proceso a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial para que resolviera el recurso de apelación interpuesto por el
defensor de oficio de los disciplinados.
Por lo anterior, consideró que no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante, pues en el proceso se le otorgaron todas las oportunidades para
que concurriera a este. Además, advirtió que la sanción impuesta fue producto de lo
fáctico y probatoriamente acreditado en el curso de la investigación, la que se ciñó
rigurosamente a las previsiones legales contempladas en la Ley 1123 de 2007. En
consecuencia, solicitó negar el amparo constitucional deprecado.
1.3.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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El magistrado Juan Carlos Granados Becerra adujo que el 10 de marzo de 2023 la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial recibió el expediente disciplinario proveniente
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba para resolver el recurso de
apelación interpuesto por el defensor de oficio de los señores Martha Jaqueline
Méndez Carballo y Misael José Muñoz Arizmendi en contra de la sentencia del 13 de
mayo de 2020.
Asimismo, señaló que la Seccional, en el auto que concedió el recurso de apelación,
también puso de presente una posible dilación por parte de los empleados de la
Secretaría de esa corporación, ya que habiéndose presentado el recurso de apelación
el 19 de mayo del año 2020, este solo fue ingresado al despacho hasta el 9 de marzo
de 2023 para el estudio de su concesión, trascurridos más de dos años desde su
presentación, por lo que ordenó la remisión de una copia íntegra de esa actuación con
destino a la Comisión Nacional para que se adelantara la investigación disciplinaria
correspondiente contra los mencionados empleados.
Frente al trámite surtido en segunda instancia, indicó que el 30 de marzo de 2023 fue
asignado por reparto a su despacho el proceso disciplinario, para resolver el recurso
mencionado.
En ese orden de ideas, expresó que lo afirmado por los accionantes carece de
veracidad, puesto que no ha proferido sentencia de segunda instancia, en la que
condene a los disciplinados con seis (6) meses de suspensión sin ejercer la actividad
profesional y al pago de ocho (8) SMMLV y tampoco ha incurrido en error inducido o
en defecto sustantivo, debido a que la providencia que se cuestiona no existe. Por
tanto, solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional.
De otro lado, en caso de no accederse a lo anterior, requirió negar el amparo
deprecado, por cuanto no desconoció ninguna garantía constitucional y tampoco
incurrió en algún defecto constitutivo de una vía de hecho, pues si bien es cierto que
los peticionarios manifestaron que se vulneraron sus derechos fundamentales con
ocasión de la expedición de la sentencia del 31 de marzo de 2023, también lo es, que
como se explicó anteriormente, dicha providencia no existe, por lo que se está ante la
imposibilidad material de haber incurrido en la conducta alegada.
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para
conocer el presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 8.º del artículo 1.º
del Decreto 333 de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de
Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda
de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente
decreto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efectos de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantean los
accionantes en contra de las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba en el
proceso disciplinario con radicado 23001-11-02-000-2018-00236-00/01.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
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de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.3.2. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.
Por ello, el ordinal primero del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 establece como
causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observancia estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, se acuda a la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.
De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de
la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente disciplinario con número
23001-11-02-000-2018-00236-00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:
2.4.1. El 15 de mayo de 2018, la señora Nurys Ester González Coavas formuló queja
disciplinaria en contra de los abogados Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael
José Muñoz Arizmendi, debido a que estos últimos la representaron a ella y a 54
3 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T972
de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012,
entre otras muchas.
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personas más en un asunto administrativo en contra de la Alcaldía de Montería, para
lo cual pactaron como honorarios el 20 % de lo obtenido en el proceso.
Como fundamento de su queja, sostuvo que el 10 de noviembre de 2017 el ente
territorial precitado, mediante la Resolución núm. 1212, resolvió y ordenó pagar a la
Asociación Asolavamos la suma de $ 450.000.000, correspondiéndole a cada uno de
sus integrantes la suma específica de $ 8.333.333; sin embargo, el 1.° de diciembre
de 2017 los abogados precitados solo le consignaron a su cuenta bancaria la suma de
$ 2.000.000, apropiándose de $ 6.333.333, cuando solo les correspondía el 20 %, esto
es, $ 1.666.666.
2.4.2. El 13 de junio de 2018, la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba dio apertura al proceso disciplinario, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
2.4.3. El 13 de mayo de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Córdoba declaró disciplinariamente responsables a los
profesionales Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael José Muñoz Arizmendi de
la falta descrita en el numeral 4.° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de
dolo, por el incumplimiento del deber consagrado en el ordinal 8.° del artículo 28 de la
referida disposición y, en consecuencia, los sancionó con suspensión del ejercicio de
la profesión por el término de seis meses y multa de ocho salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
2.4.4. El 19 de mayo de 2020, el defensor de oficio de los abogados sancionados
interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.
2.4.5. El 9 de marzo de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba
concedió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación por reunir los requisitos de ley
y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
Adicionalmente, ordenó enviar copia íntegra de esa actuación a la corporación
precitada, para que se adelantara la investigación disciplinaria correspondiente en
contra de los empleados de la Secretaría de la Seccional mencionada, comoquiera
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que el expediente solo ingresó al despacho en la fecha mencionada, a pesar de que
el recurso de alzada fue formulado el 19 de mayo de 2020, por lo que transcurrieron
más de dos años desde la fecha de su presentación sin darle el respectivo trámite.
2.4.6. El 30 de marzo de 2023, fue asignado, por reparto, el proceso disciplinario al
magistrado Juan Carlos Granados Becerra de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
2.5. Análisis del caso en concreto
Los señores Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael José Muñoz Arizmendi
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra,
al debido proceso y a la igualdad y, junto con ellos, a la presunción de inocencia y al
principio de non bis in idem, los cuales estimaron vulnerados por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, al
expedir las sentencias del 13 de mayo de 2020 y del «31 de marzo de 2023».
Para soportar lo anterior, afirmaron que aquellas autoridades incurrieron en los
siguientes defectos: (i) defecto sustantivo, por no aplicar los numerales 2.° y 5.° del
artículo 22 de la Ley 1123 de 2007; (ii) error inducido, puesto que la señora Nurys Ester
González Coavas, con la intención de que aquellos fueran sancionados, ocultó
información sobre los motivos por los que recibió el dinero que le fue consignado y,
adicionalmente, omitió suministrar la dirección del lugar de residencia de estos, para
que no pudieran defenderse en el proceso disciplinario; (iii) desconocimiento del
precedente judicial, por cuanto las accionadas no tuvieron en cuenta los
pronunciamientos de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura y de la Corte Constitucional, en los que se desarrollaron las tablas de
honorarios y se avaló la cuota litis en el cobro de honorarios profesionales hasta el 50
% de lo obtenido; y (iv) violación directa de la Constitución Política, porque
inobservaron las garantías de defensa, el principio de publicidad, la presunción de
inocencia y el principio de non bis in idem; (v) defecto procedimental, puesto que no
resulta claro cómo una sentencia condenatoria que expidió la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Córdoba en el año 2020, pudo apelarse sin mediar ningún tipo
de notificación y sin brindar la oportunidad de ejercer sus derechos y las garantías
contempladas en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
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Pues bien, del recuento efectuado en el acápite de hechos probados, la Subsección
observa que, contrario a lo afirmado por la parte accionante, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no ha proferido sentencia de segunda instancia en el proceso
disciplinario con radicado 23001-11-02-000-2018-00236-00/01, comoquiera que solo
hasta el 30 de marzo de 2023 fue asignado por reparto el expediente al magistrado
Juan Carlos Granados Becerra, con el fin de resolver el recurso de apelación formulado
por el defensor de oficio de los señores Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael
José Muñoz Arizmendi, por lo que, al no haberse dictado la sentencia que buscan los
peticionarios discutir en esta sede, no existe ninguna actuación a la que se le pueda
endilgar la supuesta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados
y, partir de la cual, pudiera hacerse un juicio de reproche a la autoridad judicial
accionada.
Ahora, si los peticionarios del amparo pretenden cuestionar la sanción impuesta por la
hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, consistente en la
suspensión del ejercicio de la profesión por el término de seis meses y multa de ocho
salarios mínimos legales mensuales vigentes, al encontrarlos responsables de la falta
descrita en el numeral 4.° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, debe aclararse que
el proceso disciplinario se encuentra actualmente en trámite de segunda instancia ante
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de manera que mal podría el juez
constitucional invadir la órbita de la autoridad judicial que tiene a cargo el conocimiento
del proceso y anticiparse a adoptar una decisión, sin haber dado oportunidad al juez
natural de emitir una decisión definitiva sobre la sanción impuesta a los accionantes.
En ese sentido, debe recordarse que la acción de tutela no es un mecanismo alterno
o complementario a los procesos judiciales, por lo que no es factible acudir
paralelamente a este medio subsidiario de protección de derechos fundamentales,
para que sea en esta sede donde se resuelvan las discusiones que, en principio, deben
efectuarse al interior del proceso ordinario, pues ello implicaría desconocer las
competencias que le fueron atribuidas por el ordenamiento jurídico al juez natural de
la causa, lo que conllevaría inobservar el carácter residual y subsidiario que cobija este
tipo de trámite.
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Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que la acción
de tutela contra providencia judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad
cuando se verifica i) que el asunto está en trámite, ii) que no se han agotado los
medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como un
instrumento para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al
defecto no fue previamente alegado.4
Por tanto, al no haberse resuelto definitivamente el proceso disciplinario, no es dable
en esta sede analizar los argumentos de disenso planteados por los señores Martha
Jaqueline Méndez Carballo y Misael José Muñoz Arizmendi.
Adicionalmente, se denota que los accionantes también discuten que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba no los notificó en debida forma de la existencia del proceso disciplinario, sino
que solo se enteraron de aquel por «casualidad» cuando estaban revisando unos
procesos en la página web de la Rama Judicial, por lo que desconocieron todas las
garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política.
Al respecto, se repara en que la indebida notificación es una irregularidad que conlleva
la afectación de los derechos fundamentales de las partes que intervienen en el
proceso, en la medida en que les impide a estos conocer las decisiones proferidas por
la autoridad judicial y ejercer eficazmente su derecho de defensa y contradicción en
contra de aquellas. Así, se observa que la Ley 1123 de 2007, en su artículo 98, reguló
las causales por las cuales puede interponerse una solicitud de nulidad en el proceso
disciplinario, entre las cuales, se encuentra la falta de competencia, la violación del
derecho de defensa del disciplinable y la existencia de irregularidades sustanciales
que afecten el debido proceso.
En esa medida, se colige que los aquí accionantes cuentan con otro mecanismo de
defensa judicial para alegar la indebida notificación del proceso disciplinario, como lo
es la solicitud de nulidad contemplada en la disposición mencionada, puesto que la
misma resulta procedente cuando se considere que en el proceso se presentaron
4 Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018.
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serias anomalías que impidieron un ejercicio eficaz del debido proceso y del derecho
de defensa, como lo sería una indebida notificación de la actuación procesal, para lo
cual los peticionarios del amparo deben presentar su requerimiento de nulidad
conforme a lo descrito en los artículos 100 y 101 de la normativa en comento, los
cuales refieren la forma en que debe formularse esa solicitud y los principios que deben
orientar su trámite.
De esta forma, se concluye que la presente petición de amparo es improcedente,
comoquiera que no se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, como
causal genérica para la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, en la medida en que el proceso disciplinario se encuentra en trámite y los
accionantes disponen de otro medio de defensa judicial para cuestionar la indebida
notificación de este.
Adicionalmente, se repara en que los accionantes tampoco demostraron la probable e
inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, que permita, de manera transitoria,
la procedencia de la acción de tutela. Igualmente, de las pruebas obrantes dentro del
expediente, no es posible determinar alguna circunstancia de vulnerabilidad que les
hubiese impedido agotar el mecanismo de defensa judicial que tenían a su alcance
para discutir lo ventilado en esta instancia constitucional.
De otra parte, la Subsección aclara que no emitirá ningún pronunciamiento de fondo
con respecto al cargo formulado en contra de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Sucre, pues si bien es cierto que los accionantes afirmaron que
posiblemente en esa Seccional cursa un proceso disciplinario por los mismos hechos
que motivaron el trámite disciplinario adelantado ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Córdoba, también lo es que la acción de tutela no procede
cuando se acude a ella por meras suposiciones o hipotéticas transgresiones de
derechos fundamentales, máxime cuando en el presente asunto, en un memorial
aclaratorio, el apoderado de los accionantes afirmó que en el Sistema de Gestión de
Procesos Judiciales TYBA no aparece registrada ninguna actuación en la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Sucre relacionada con lo aquí expuesto.
3. Conclusión
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Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que la acción de tutela instaurada por los señores Martha Jaqueline Méndez Carballo
y Misael José Muñoz Arizmendi no superó la exigencia general de subsidiariedad aquí
estudiada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por los señores
Martha Jaqueline Méndez Carballo y Misael José Muñoz Arizmendi en contra de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial de Córdoba y de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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